Revista De Cabecera Municipal Numero 15

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Editorial Pablo del Valle Medina

Director General / Coordinador Editorial

Mercedes del Valle

Dirección de arte, diseño y diagramación

Ruth García-Lago Velarde Corrección de Estilo

Archivo RCM (photos.com) Pablo del Valle BAL-ONDEO Fotografía

Alberto Aguilera G. Producción

Jarqui Impresiones, S.A. de C.V. Imprenta

[email protected] tel./fax: (01 55) 55 74 58 73 Comercialización y suscripciones

Domingo Morales Distribución

Revista de Cabecera Municipal,

año 3, número 15, revista bimestral, c orresponde a julio agosto 2007. R e s e r va ante el Instituto Nacional de Dere chos de Autor 04-2004-042110252400-102. Certificado de Licitud de Título en trámite. Certificado de Licitud de Contenido en Trámite. Editada por Pablo Rafael del Valle Medina, Campeche 215-16, Col. Hipódromo Condesa, C.P. 06100, México, D.F. Tel. 5574 5873. Revista de Cabecera Municipal investiga sobre la seriedad de sus anunciantes, mas la responsabilidad del contenido de los mismos, es del anunciante.

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na ciudad que funciona mal es consecuencia de una serie de condiciones equivocadas que no son obra de la casualidad. Todas ellas responden a mecanismos políticos concretos que permiten (o permitieron en el pasado) beneficios inmediatos para algunos y desincentivan soluciones de beneficio común, aún y cuando todos lo sepan. Los mitos, las inercias y las mezquindades saturan el cuello de botella de la administración de nuestros municipios justo en el terreno de la política. Es muy fácil pensar que sería excelente que en lugar de asentamientos irregulares hubiera colonias bien planeadas; que en lugar de desorden vial hubiera buen transporte público; o que en lugar de ensuciar agua, desecharla, tratarla, bombearla y entubarla, hubiera un sistema lógico y eco-lógico administrado para cada microcuenca. Lo difícil es desatorar en el terreno político los cambios necesarios. Ése es el reto de los presidentes municipales, síndicos, regidores y los Gobiernos de los estados. Una de las áreas en donde se atora la política es justamente en el diseño de las fórmulas de distribución de participaciones federales. Existe una total desvinculación en nuestras ciudades entre la demanda de servicios y la capacidad real de los Gobiernos municipales para proveerlos. Los municipios no cuentan con las capacidades fiscales para ingresar recursos que reflejen la actividad económica verdadera de su localidad. Con ese desaliento a la planeación, aunado a los periodos cortos, la imposibilidad de reelección y la falta de capacitación técnica, los municipios quedan a merced de inercias que ya son insostenibles: desde trabas a la inversión privada, hasta un desperdicio de oportunidades de cooperación internacional por la inercia de creer que eso corresponde a la federación. Esperamos que este número de Revista de Cabecera Municipal contribuya a poner la atención sobre estas trabas que por años venimos posponiendo a un costo muy alto.

Pablo del Valle Medina

Índice Servicios ¡No, no y No ...porque lo digo YO! Mitos y realidades de las Asociaciones Público-Privadas Por: Hugo Contreras

Compromiso, reglas claras y escrutinio público Cómo se conforman las Asociaciones Público Privadas Por: Hugo Contreras

Nada nuevo. La historia de la participación privada en servicios de agua y saneamiento Por: Ana Espina

Saneambiente Restaurar la ciudad a partir del agua Por: Jorge Ponce Amezcua y Valente Souza Saldivar

p.4 p.8 p. 12

p. 18

Global-local Federalismo, identidad regional e intereses internacionales en América Latina p.17 Por: Ofelia Zaavedra Archundia

Recursos Federales Y nadie ...hizo nada. Las terribles consecuencias de las fórmulas de distribución de las participaciones federales por parte de los estados a los municipios.

p.36

Por: Rubén Monroy Luna

Quién es...



p.46

Por: Hugo Contreras / [email protected]

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¡no, no y NO Mitos y realidades de las Asociaciones Público-Privadas

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uando estamos hablando de las Asociaciones Público-privadas (APP) para prestar servicios de agua y saneamiento el principal mito que existe es que el agua puede privatizarse, o sea, la creencia popular de que la propiedad del líquido se transfiera a una empresa privada. El agua es un bien común, cuya propiedad corresponde a la nación. Las asignaciones de pozos o fuentes superficiales de donde se extrae el agua que se utiliza como insumo para prestar el servicio, siempre son adjudicadas a los municipios o estados pero, en ningún caso, a una empresa

Las tarifas son autorizadas por los cabildos o congresos estatales, en ningún caso la empresa privada tiene la atribución de fijar las tarifas

prestadora del servicio. Esto quiere decir que siempre es un error decir que se trata de una transferencia de la propiedad del agua a una empresa privada. Las autoridades tienen en todo momento el derecho de retomar la operación de dichas fuentes y de establecer reglas para su utilización. Ahora bien, al usuario común normalmente le surge la duda de que la empresa decide a quién dar agua, cuándo y a qué precio. Las tarifas son autorizadas por los cabildos o congresos estatales, y en ningún caso la empresa privada tiene la atribución de fijar las tarifas. En los contratos que las empresas firman con las autoridades se establecen con claridad las zonas que serán atendidas por el privado, las actividades que deberá realizar, las metas a lograr, los parámetros de calidad y las sanciones por el no cumplimiento. Por lo tanto, quien decide a quién dar agua o no, siempre es el Gobierno. Precisamente una de las razones por las que las autoridades buscan el apoyo del sector privado es para acelerar el crecimiento en la cobertura y para mejorar la eficiencia del sistema de agua, nunca para recortarla.

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Por lo mismo que las empresas privadas han sido un apoyo en inversión para los Gobiernos, a menudo se piensa que las empresas tienen un fondo inagotable de recursos financieros para invertir en la mejora de los sistemas de agua. Las empresas utilizan recursos de sus accionistas y de los bancos para financiar las inversiones para lograr los

el Gobierno, el pago de los recursos invertidos por la empresa sólo puede obtenerse de dos fuentes: el cobro de las tarifas y de subsidios. Así, el monto de las inversiones que puede aportar una empresa privada, siempre está directamente relacionada con la capacidad para recuperar el dinero a través de mejorar la eficiencia comercial, de reducir los costos de operación o de recursos fiscales.

…porque lo digo YO! compromisos establecidos en los contratos. Al final del día, al igual que si el sistema de agua fuera manejado enteramente por

Otro mito es pensar que las Asociaciones Público-Privadas (APP) son un mecanismo para que el Gobierno le transfiera a una empresa la responsabilidad de asegurar servicios de agua y saneamiento a la población y se desentienda del tema. El Gobierno puede delegar funciones pero nunca responsabilidades. De hecho, las

El Gobierno puede delegar funciones pero nunca delegar responsabilidades. De hecho, las experiencias más exitosas se dan cuando la autoridad fortalece su función como regulador

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mitosrealidades Las Asociaciones Público-Privadas son un mecanismo para complementar las capacidades del Gobierno, para ayudarlo –no sustituirlo-

Realidades: ¿Qué es una Asociación Público-Privada y para qué sirve en el caso de los servicios de agua y saneamiento? La participación privada es una herramienta y no un objetivo en sí mismo. Una herramienta muy poderosa para: • Incrementar la eficiencia en la operación del sistema de agua. Las empresas privadas son especialistas en la gestión de los servicios de agua; utilizan y desarrollan tecnología; trabajan sistemáticamente en la reducción de costos como fuente para asegurar que obtendrán ganancias, y emplean las mejores prácticas para cumplir efectivamente con sus compromisos de desempeño de la manera más eficiente. • Ampliar la cobertura de los servicios. Las empresas privadas tienen incentivos para buscar sistemáticamente ser más eficientes, es decir, prestar los servicios que le son encomendados al menor costo posible. Esto implica que la empresa tendrá incentivos también para conectar a más personas dado que con ello obtendrá mayores ganancias.

experiencias más exitosas de las APP se dan cuando la autoridad fortalece su función como regulador y trabaja conjuntamente con la empresa para lograr los objetivos trazados en el contrato. Los temas más comunes que se incluyen en la regulación son: el establecimiento de metas cuantitativas y cualitativas; calidad de servicio y atención a usuarios; tarifas e inversiones. Algunas voces incluso dicen que las APP no deben aplicarse al caso de México porque las experiencias no han sido exitosas. Actualmente existen sólo tres ciudades en las que los servicios de agua son prestados por empresas privadas. En los tres casos, el desempeño relativo de las empresas y los resultados en calidad y cobertura están muy por encima del promedio nacional. Existen muchas otras ciudades donde los privados aportan sus capacidades en proyectos de tratamiento de aguas residuales, desalación y operación de acueductos.

• Mejorar la calidad del servicio prestado a los usuarios. Las empresas privadas prestan sus servicios a partir de contratos donde se especifican las obligaciones que tienen. En caso de no cumplir con dichas obligaciones, los contratos prevén sanciones para asegurar su cumplimiento. Este mecanismo de definición de obligaciones y supervisión por un tercero, genera una garantía a los usuarios de que los servicios serán prestados de acuerdo con el contrato. Cuando no hay contrato, los usuarios no tienen la certeza respecto al servicio que se les brindará, ni tendrán los elementos para exigirlo. • Dar continuidad y estabilidad a los servicios en el largo plazo (despolitizar). Las empresas son especialistas cuya única función es prestar los servicios, para ello trabajan con horizontes a largo plazo. Son entidades técnicas y no políticas que asumen riesgos técnicos y su resultado depende de la capacidad para manejarlos bien. Adicionalmente, los periodos de recuperación de las inversiones comúnmente son largos, lo que es un incentivo adicional para realizar una buena planeación a largo plazo.

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Por: Hugo Contreras / [email protected]

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compromiso, reglas claras y escrutinio público

CÓMO SE CONFORMAN LAS ASOCIACIONES PÚBLICO–PRIVADAS EXITOSAS

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omúnmente los bajos niveles de eficiencia y calidad de los servicios de agua y saneamiento prestados por los Gobiernos se atribuyen a la falta de recursos para invertir en la rehabilitación y ampliación de la infraestructura, instalación de mejoras tecnológicas o capacitación. El Gobierno estima que los requerimientos de inversión, para lograr servicios sostenibles, son superiores a los 38 mil millones de pesos anuales, por lo menos por los próximos 10 años. Esto implica un déficit de cerca de 18 mil millones anuales si tomamos como base el presupuesto ejercido en 2006.

Más allá de los requerimientos financieros, está claro que el reto de dotar de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad y a un costo razonable a todos los mexicanos es enorme. Por un lado se requieren recursos económicos, y por otro –quizá más importante– de la adopción de prácticas de gestión avanzadas; de la incorporación de tecnologías modernas; de la capacitación del personal; de procesos de planeación de largo plazo y de la continuidad en la ejecución de dichos planes.

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Las Asociaciones Público-Privadas constituyen un instrumento poderoso que puede ayudar a las autoridades y a la sociedad a mejorar el desempeño de los servicios de agua y saneamiento. Las empresas aportan capacidades técnicas, gerenciales y financieras que complementan las fortalezas del Gobierno. Estas empresas adquieren compromisos de colaboración a largo plazo, con alcances claramente definidos que se rubrican en con-

tratos que están abiertos al escrutinio de la sociedad. Las APP se formalizan a partir de tres elementos que tienen por objeto definir las responsabilidades de las partes, asegurar el cumplimiento de los compromisos y facilitar el seguimiento y supervisión del desempeño. Para dejar esto en claro podemos esquematizarlo de la siguiente manera:

Elementos de las Asociaciones Público-Privadas

Elementos de las Asociaciones Público-Privadas 1 El contrato Es una de las mayores fortalezas de las Asociaciones PúblicoPrivadas, ya que a través de estos instrumentos se pueden definir con precisión las obligaciones y derechos tanto de las empresas como de los Organismos Operadores (OO), así como de las poblaciones atendidas. Asimismo, permite establecer candados para asegurar el cumplimiento de los objetivos.

2 La regulación Una de las principales atribuciones no delegables del Estado es su capacidad de regulación. A través de ella garantiza el acceso universal a los servicios y deja en manos de profesionales la función de operar las infraestructuras. El mejor aliado de los usuarios, pero también de las empresas es una regulación clara y un ente regulador fuerte. Algunos de los fracasos de las APP en el mundo se han debido a que el Estado ha delegado a los privados no sólo la operación, sino también la regulación de los servicios y se ha sustraído completamente de esta responsabilidad.

3 La supervisión El complemento natural del contrato y de la regulación es verificar que éstos se cumplan. En toda APP se contempla una figura específica cuya función es la supervisión de que las cláusulas contractuales y las reglas se estén cumpliendo. Esta función comúnmente recae en lo que se denomina “ente regulatorio”.

Las empresas participantes adquieren compromisos de colaboración a largo plazo, con alcances claramente definidos que se rubrican en contratos abiertos al escrutinio de la sociedad

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Modelos de colaboración Si bien existe una infinidad de contratos mediante los cuales las autoridades en todo el mundo le han delegado a empresas privadas la función de prestar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, éstos se pueden agrupar en los siguientes modelos de colaboración:

a) Asistencia técnica (de 3 años en adelante)

c) Concesión (de 10 años en adelante)

El privado pone los medios humanos y técnicos a disposición del OO a cambio de una retribución. De este modo, el privado transmite sus competencias y experiencia al OO, sin hacerse cargo de las responsabilidades operativas de la prestación del servicio, ya que éstas las realiza la autoridad pública.

La autoridad pública encarga al operador privado la responsabilidad completa de la gestión del servicio, así como de las nuevas inversiones. La remuneración procede directamente del consumidor final. Es importante señalar que en todo momento la autoridad pública siempre ejerce un estrecho control y toma las decisiones primordiales, tales como las tarifas y los objetivos a alcanzar.

Estos contratos constituyen una solución ideal cuando la autoridad desea fortalecer sus propias capacidades y lo que busca es una guía por parte de los expertos privados. Estos contratos permiten transmitir al OO una experiencia práctica específica, por ejemplo, para los aspectos de: calidad, gestión comercial o comunicación con los usuarios.

La concesión constituye la fórmula más avanzada de transferencia de responsabilidades y de riesgos al operador privado, ya que permite sacar provecho de todas las ventajas de la colaboración público-privada.

b) Operación y mantenimiento (de 5 años en adelante)

d) Construir-operar-transferir (BOT por sus siglas en inglés)

El operador privado se hace cargo de la operación diaria y del mantenimiento del servicio, en un sector geográfico preciso y acorde a un nivel de responsabilidad limitado.

En este caso, el operador privado tiene la responsabilidad del diseño, la financiación, la ejecución y la gestión de un equipo durante un plazo determinado. Como contrapartida, recibe su remuneración de la autoridad pública, que puede, por ejemplo, comprometerse a adquirir la producción de este nuevo equipo. Este tipo de contrato funciona muy bien cuando los proyectos se refieren a un equipo único (por ejemplo, una planta de tratamiento de aguas residuales).

Bajo este tipo de contratos, se le puede conferir al operador privado cierta autoridad sobre el personal bajo estatuto público a cargo de la prestación del servicio. La autoridad pública retribuye al operador privado de acuerdo a las actividades efectuadas. Esta retribución se puede matizar según los criterios de resultados obtenidos, identificados y evaluados.

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Por: Ana Espina

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NADA NUEVO La historia de las Asociaciones Público-Privadas en los servicios de agua y saneamiento

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l Gobierno tiene la responsabilidad de garantizar el acceso de todos los mexicanos a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad y a un costo razonable. Sin embargo, también es cierto el hecho de que la sociedad civil y el sector privado pueden ayudarlo a cumplir con esta responsabilidad. Aún cuando el Gobierno no puede transferir dicha responsabilidad, sí puede delegar algunas de las funciones operativas. Sin perder el control de los recursos hídricos que pertenecen a todos los mexicanos, es posible buscar aliados en el sector privado para allegarse de recursos y capacidades para hacer realidad el acceso universal y de calidad a lo esencial en la vida. Pero ¿qué nos dice la historia acerca de las Asociaciones Público-Privadas? Las Asociaciones Público-Privadas (APP), no son algo nuevo. Algunos señalan que nacieron en los años ochenta y noventa, sin embargo, la historia nos muestra que las alianzas entre los sectores público y privado se remontan muchos años más atrás. Aún y cuando las empresas privadas han colaborado desde hace muchos años con las autoridades en proyectos destinados a ofrecer servicios de agua y saneamiento, nos parece que persisten algunos malentendidos respecto al alcance de las APP. A continuación, aportamos elementos históricos, conceptuales

Ciudades como Querétaro, Culiacán, Mazatlán y Monterrey contaron por primera vez con un sistema de abastecimiento de agua gracias a la unión de los sectores público y privado. y prácticos sobre las APP que permitirán comprender cuáles son los valores que aportan estas alianzas, las formas que éstas pueden tomar para hacer frente a proyectos específicos y las condiciones necesarias para que tengan éxito.

Desde tiempos de la Colonia hasta nuestros días Algunos acontecimientos que marcaron la historia del mundo no hubiesen sido posibles de no haber existido una alianza o una conjunción de esfuerzos entre uno o varios particulares y el Estado. Uno de los mejores ejemplos de ello es la Conquista de América.

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El acueducto de Querétaro, construido en 1726, antecede a la Compañía Abastecedora de Agua de Mazatlán y la Empresa de Agua de Sinaloa, creadas en 1887, mientras que Monterrey Water-Works and Sewage se fundó en 1906, consesiones todas ellas para operar servicios de agua. Muchas obras de infraestructura hidráulica de nuestro país también han sido posibles gracias a estas asociaciones. Ciudades como Querétaro, Culiacán, Mazatlán y Monterrey contaron por primera vez con un sistema de abastecimiento de agua gracias a la unión de los sectores público y privado.

1. Acueducto de Querétaro En 1726, para que iniciase la construcción del acueducto, Don Juan Antonio de Urrutia y Arana, marqués de la Villa del Villar de Águila aportó el 67% del costo y el 33% restante se conformó por las aportaciones de la población y los fondos de la ciudad. En 1738, al finalizar la construcción del acueducto, el marqués mandó construir 4 de las 70 fuentes públicas de la ciudad para que los ciudadanos pudiesen surtirse de agua. Asimismo, introdujo el agua a cuantos vecinos se lo solicitaban.

trabajos, don Miguel Tarriba se colocó al frente de la empresa de agua ante la imposibilidad económica de Harper. La Empresa de Agua construyó pozos, instaló bombas y tendió las tuberías que conducían el líquido a las casas. Dado que la mayoría de los habitantes eran pobres, el señor Tarriba estableció una tarifa muy baja sin restricciones por volumen consumido. En 1902, en vista de que el número de usuarios había aumentado, don Miguel Tarriba acordó ampliar la red de agua potable.

4. Concesión de los servicios de agua potable y alcantarillado de Monterrey En octubre de 1904, el Gobierno del estado de Nuevo León otorgó un contrato de concesión a favor de James D. Stocker y William Walker para que construyeran el primer sistema de suministro de agua y drenaje de la ciudad de Monterrey, creándose la compañía Monterrey Water-Works and Sewage Limited, que quedó formalmente constituida en 1906.

5. Concesión de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Cancún e Isla Mujeres Ante un panorama de crecimiento acelerado y de elevadas necesidades de inversión que sobrepasaban la capacidad financiera del estado, en 1993 el Gobierno de Quintana Roo tomó la decisión de iniciar una alianza con una empresa privada para desarrollar la infraestructura y prestar los servicios de agua y saneamiento. De esta forma, el 1 de enero de 1994 iniciaron las operaciones de Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC) como concesionaria integral para ofrecer durante 30 años los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres.

2. Compañía Abastecedora de Agua de Mazatlán A principios de 1855, Mazatlán carecía de servicios públicos adecuados, por lo que, en 1887, Francisco Echeguren y de la Quintana, junto con un grupo de inversionistas formaron la Compañía Abastecedora de Agua de Mazatlán, con el objetivo de hacer todas las inversiones y trabajos que fueran necesarios para dotar de servicio de agua a la ciudad. Este grupo solicitó al ayuntamiento que autorizara a la compañía introducir por su cuenta agua para la población y explotar el negocio por un periodo de 99 años. Por su parte, la empresa se obligaba a empezar los trabajos inmediatamente y a terminarlos en los siguientes 20 meses, así como a entregar al ayuntamiento todo el agua que necesitase durante los primeros 8 años por una suma mensual fija. Gracias a esta alianza, el 4 de mayo de 1890, llegó caudal de agua potable, permitiendo a Mazatlán contar por primera vez con agua limpia y suficiente.

3. Empresa de Agua de Sinaloa En 1887, Guillermo Harper obtuvo la concesión del Gobierno de Sinaloa para que la Empresa de Agua de Sinaloa introdujese a Culiacán el agua del Río Humaya. Aunque Harper inició los

Fuentes: APPENDINI Ida y ZAVALA Silvio. Historia Universal Moderna y Contemporánea. Editorial Porrúa, S.A., México, D.F. p.p 10 http://es.wikipedia.org/wiki/Acueducto_de_Quer%C3%A9taro http://www.queretaro-mexico.com.mx/turismo/acueducto.html http://www.eluniversal.com.mx/estados/60603.html http://www.mexicodesconocido.com.mx/espanol/centros_y_ monumentos_historicos/centro/detalle.cfm?idcat=4&idsec=26&ids ub=0&idpag=3605 http://www.sadm.gob.mx/antecedentes.html http://www.nl.gob.mx/ ?Article=16220&ArtOrder=ReadArt&P=leerarticulo&Page=1 http://www.elalmanaque.com/carnaval/mexico.htm http://www.vivemazatlan.com/index.php?option=com_content&ta sk=view&id=217&Itemid=31 http://www.mazatlan.gob.mx/modules.php?name=News&file=arti cle&sid=392 http://www.vision.com.mx/cms/images/japac/CuliacanyelAgua.pdf

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www.inesur.com.mx

Alcaldes, Regidores, Síndicos

SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE SUELO URBANO , 17, 18Y 19 DE OCTUBRE DEL 2007 OBJETIVO Promover y provocar una discusión abierta sobre el fenómeno de la informalidad y la operación de sus mercados y submercados de tierra. Revisar las políticas públicas de regularización y las prácticas que se aplican en las ciudades del país, enfatizando los fenómenos que ocurren en las ciudades fronterizas del norte de México. DIRIGIDO A A políticos y funcionarios, miembros de organizaciones sociales, de la iniciativa privada, de la academia y ciudadanos interesados en esta materia y en dialogar y debatir sobre la gravedad que ha adquirido el fenómeno de la irregularidad en la tenencia del suelo y las políticas públicas necesarias para enfrentarlo, con énfasis en el contexto de las ciudades fronterizas. El II CONGRESO NACIONAL DE SUELO URBANO; IRREGULARIDAD Y SUELO IRBANO se organizará en cuatro grandes temas correspondiendo cada uno a una mesa de debate: a) El fenómeno de la irregularidad en la tenencia del suelo: causas, magnitudes, submercados y actores sociales. b) Irregularidad y políticas públicas: los programas de regularización de las instituciones federales, estatales y municipales. c) Las ciudades fronterizas frente a la irregularidad: Prácticas sociales y políticas públicas en los procesos de urbanización. d) Buenas prácticas y alternativas de manejo de la irregularidad en las ciudades mexicanas.

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PONENTES MAGISTRALES Dr. Pedro Abramo Instituto de Pesquiza e Planejamento Urbano e Regional. Universidad Federal do Rio de Janeiro, Brasil Dra. Nora Clichevsky Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas -CONICET- Instituto de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Argentina Dr. Peter Ward Universidad de Texas, Estados Unidos Dr. Tito Alegría Colegio de la Frontera Norte. México Dr. Emilio Duhau Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. México Dr. Antonio Azuela IIS-Universidad Nacional Autónoma de México. México Dr. Alfonso Iracheta Cenecorta Colegio Mexiquense. México OTRAS ACTIVIDADES • Conferencias Magistrales • Mesas de debate • Talleres sobre instrumentos de suelo urbano y temas afines • Exposición de carteles • Presentación de libros • Área de Exposición y venta de libros y materiales El programa definitivo del Congreso se dará a conocer a partir del 5 de AGOSTO de 2007 y estará disponible en la página web del Congreso.

SEDE El II Congreso Nacional de Suelo Urbano, se realizará en las instalaciones de Expo Chihuahua, ubicadas en Avenida Tecnológico y Escudero, C.P. 31120, Colonia Industrial, en la ciudad de Chihuahua, Chih. En la página web del Congreso, los interesados contarán con información sobre alojamiento (costos, calidades, direcciones…) y otras informaciones de interés. Igualmente, se contará con un programa especial para acompañantes que podrá consultarse e inscribirse en la página web del Congreso. Cualquier duda debe dirigirse al Comité Organizador Permanente y el Comité Organizador Local. Mtro. Jesús Alfonso Vargas González Coordinador del Comité Organizador Local Ángel Trías 2006, Colonia Mirador, C.P. 31205, Chihuahua, Chihuahua, México [email protected] [email protected] Teléfono: 01 (614) 4103712 Fax: 01 (614) 4103712 CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Público en general: $1,200.00; estudiantes de licenciatura, maestría y/o doctorado con credencial vigente $500.00. Los participantes con ponencia seleccionada, quedan exentos del costo de inscripción. Se otorgará reconocimiento de asistencia y participación. ACOMPAÑANTES: El precio de inscripción será de $700.00

Por: Arq. Jorge Ponce Amezcua Arq. Valente Souza Saldivar

MW Arquitectura Hidráulica [email protected]

Saneambiente

Restaurarlametrópoli apartirdelagua

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uando Watson y Crick identificaron la hélice del DNA y sus cuatro letras químicas hace 54 años, Crick corrió a la cantina del Águila anunciando el descubrimiento del secreto de la vida. Con el tiempo, se descubrió al primo inmediato, el RNA, el verdadero origen de la vida, que con agua y carbón a temperaturas presentes en la Tierra tejieron todo lo vivo que nos rodea y finalmente su gran artífice, la fotosíntesis. El respeto casi místico que tenemos a este evento del siglo XX se dio gracias a la molécula de H2O. El Plan de Restauración Ambiental de la Ciudad de México y su Región®, pretende fomentar una nueva visión para el manejo del agua y desarrollar una alternativa productiva para los lagos del Anáhuac, sin la cual este espacio nodal de la nación mexicana tendrá un colapso por agua en un futuro posiblemente cercano y siempre incierto. Reconocemos el sentido de urgencia que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard Casaubón, ha impreso a su gestión del agua. Esta propuesta ayudará a resolver los criterios de gestión y obra pública necesarios para lograr esta meta impostergable. En este resumen ejecutivo se describe a grandes rasgos un Plan Maestro para la restauración ambiental de la Ciudad de México y de su región 1. Si bien en él se incluyen una serie de factores ambientales y productivos, el manejo del agua es el asunto preeminente, así como disminuir el factor de riesgo y dispendio de recursos del actual sistema. Este plan ha sido metodológicamente diseñado con el fin de poder desarrollar el Plan Estratégico de largo alcance2 y, simultáneamente, poder enfocar y actuar en la gran variedad de asuntos puntuales que tienen lugar en circunstancias territoriales ciertamente complejas . Uno de los principales objetivos de este proyecto es el de reinundar con agua limpia, mediante una serie de lagunas, estanques, acequias y canales, el antiguo sistema de lagos3 artifi-

cialmente drenados, con el fin de convertirlos en elementos centrales para la organización de un nuevo sistema de manejo del agua en la ciudad y aprovechar su gran potencial productivo4. Mediante la construcción de cuatro sistemas lacustres con el fin de adaptarse a las condiciones topográficas actuales y eliminar los riesgos de inundación, permitiendo así la rehidratación paulatina del suelo, evitar las pérdidas por evaporación y promover la integración social a un nuevo sistema productivo y sustentable. Esto implica nuevos planteamientos en la planeación urbana (regional, hidráulica y ambiental). En este Plan se hacen siete nuevos distritos hidráulicos, cinco de los cuales estarían conectados directamente a un lago o a una sección de lago5 y dos a vertientes serranas, con el fin de establecer siete grandes circuitos de abastecimiento, utilización, producción y reciclaje. Cada uno de estos nuevos distritos se dividiría a su vez en núcleos hidrosanitarios® interdependientes o Núcleos Verdes® , que se pueden definir como segmentos territoriales (urbanos y/o rurales), cuyas dimensiones y extensión corresponden a sus usos del suelo, localización y características de población. Los tipos de núcleos son industriales, lacustres, urbano-lacustres, domésticos, comerciales, etc. y que atenderían segmentos urbanos de 5,000 a 20,000 habitantes cada uno. A cada núcleo corresponde uno o varios sistemas compactos de colección de agua de lluvia, tratamiento de aguas residuales, separación de residuos sólidos, producción de energía y otras funciones. La ciudad y su región estarían divididas en unos 800 núcleos que formarían un sistema complejo de elementos interconectados e interdependientes, en lugar del actual gran sistema “con un tubo a la entrada y otro a la salida”, resultado de decisiones históricas inerciales y que representa grandes riesgos para la viabilidad misma de la ciudad y de otras regiones. Adicionalmente, se incluye la construcción de un sistema de micropresas y pequeñas lagunas de regulación de afluentes en

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la vertiente oriental de la Sierra de las Cruces y en la occidental del Iztaccíhuatl y del Popocatépetl, así como la construcción de Núcleos Verdes® para el tratamiento y manejo de todos los residuos de las pequeñas ciudades y pueblos asentados en las faldas de las montañas, conectados al sistema general. Adicional al sistema de captación de agua pluvial y de abastecimiento en las zonas montañosas y en los lagos, se plantea un entramado de tanques de almacenamiento de agua. Es importante señalar que otros objetivos básicos en relación a la estructuración de un sistema más complejo y sofisticado para el tratamiento de las aguas residuales, la Norma NOMECOL-003 en núcleos interdependientes y con varias etapas de tratamiento, son los de reducir sustancialmente los volúmenes de lodos residuales y el de contar con un sistema mediante el cual se pueda ejercer control estricto en la calidad del tratamiento y sus usos subsecuentes. Existen equipos con tecnologías probadas y en funcionamiento para el tratamiento de aguas residuales en los que las partículas orgánicas son aprovechadas para la producción de energéticos, a diferencia de los propuestos tratamientos primarios cuyos principales productos son lodos activados que requieren tratamientos ulteriores y grandes áreas para su confinamiento. Desde el punto de vista financiero tiene más sentido la construcción a mediano plazo de un sistema compuesto de muchos microsistemas amortizables y redituables, con esque-

mas de financiamiento flexibles y variados, en lugar de un único sistema imposible de financiar sin recursos, caro y necesariamente subsidiado. Así, se debe considerar al agua como el vehículo de riqueza por excelencia y no, como sucede a menudo, como una rueda de molino en el cuello del gasto público. Un sistema coherente desde el punto de vista financiero es aquel que procura la eficiencia en el manejo de sus propios recursos y establece un precio razonable y justo, en lugar del que utiliza ineficientemente recursos ajenos a su territorio y, a la vez, traslada el incremento del siempre alto costo –en este caso el subsidio –al impuesto para así “equilibrar” el precio. Por supuesto que un buen objetivo económico debe tener como características bajos costos, precios justos, alto rendimiento para la expansión y mejoramiento del sistema y calidad en el producto. Para lograr esos objetivos es crucial considerar al agua como elemento para la producción y la generación de riqueza y no como un gasto sin límite previsible, pagadero por el contribuyente. Es necesario establecer la espiral de crecimiento mediante la producción –el único motor económico conocido– en lugar de reforzar el círculo vicioso del gasto inercial y siempre creciente. La utilización eficiente de los propios recursos da como resultado la armonía regional, un asunto importante que no siempre se toma en cuenta en los cálculos económicos. El plazo de construcción del sistema completo es de 25 años, y desde el primer año se podrían “desconectar” partes de la ciudad del gran sistema único de abastecimiento y descarga y, en algunos casos, del sistema de generación de energía, por lo menos para iluminación pública autónoma de la red eléctrica, aunque conectada a ella en caso de emergencia. El sistema completo –el mediano plazo – coincide con el 700 aniversario de la fundación de México-Tenochtitlan. Entre los proyectos asociados al Plan, se propone la construcción de un sistema multimodal de transporte (navegable y de superficie) desde la zona de habitación obrera (Neza, Iztapalapa, Chalco, Los Reyes, Chimalhuacán) hasta las zonas industriales del Edomex (Tlalnepantla, Naucalpan, Ecatepec), mediante la conexión del Canal de la Compañía con el Río de los Remedios. Otro factor toral corresponde a la inversión de recursos en la investigación aplicada al tratamiento de agua, para contar con tecnologías propias a corto y mediano plazos y limitar la dependencia tecnológica en el manejo del principal recurso estratégico.

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Principales alcances del Plan de Restauración Ambiental de la Ciudad de México y su Región: •

Reestructuración de los sistemas de abastecimiento y tratamiento de agua.

•

Redistritación hidráulica regional.

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Restauración mediante rehidratación o reinundación de 480 km2 de hábitat lacustre degradado en las zonas lacustres de Texcoco, Zumpango, Xaltocan, Tláhuac, Chalco y Xochimilco y su reconversión en zonas abastecedoras de agua y alimentos para la macrópolis.

•

Reconversión productiva de los lagos a base de unidades de producción lacustre (lagunas, estanques, acequias, canales, lagunas de regulación, etc.).

•

Establecimiento de fronteras productivas alrededor de la ciudad y de las zonas de protección ecológica.

•

Construcción de un extenso sistema de captación, conducción, almacenamiento y distribución de agua pluvial utilizando los lagos y las vertientes de las sierras al oriente y poniente como elementos principales.

•

Una nueva división hidrosanitaria regional a base de Núcleos Verdes (núcleos hidrosanitarios interdependientes) con el fin de aprovechar los residuos; establecer pequeños sistemas con límites definidos administrativa y socialmente, técnica y financieramente manejables y, principalmente, reducir el factor de riesgo del gran sistema.

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Conexión, mediante un sistema de transporte multimodal (fluvial-terrestre), entre las principales zonas industriales y las zonas de vivienda obrera de la megalópolis.

•

Segregación de las zonas industriales y su conversión en Núcleos Verdes industriales para un mejor manejo de sus aguas residuales, sistemas de reciclaje o reuso, riesgos y manejo de residuos industriales peligrosos.

Alcances inmediatos: •

Estudio de factibilidad técnica,

•

Estudio de factibilidad financiera,

•

Mapeo y plan de la región hidráulica o cuenca,

•

Elaboración de un Plan de manejo ambiental regional

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Conclusión: En términos generales, la idea es construir sistemas complejos para el manejo ambiental y energético formados por núcleos interdependientes donde tengan lugar los procesos básicos para el reuso del agua, su reciclaje, la captación de agua pluvial y diversas funciones relacionadas con el manejo del agua, así como otros aspectos importantes como la generación de energía, el manejo de residuos sólidos, la segregación de las zonas industriales y, principalmente, la producción de alimentos y productos, con el fin de transformar la serie de grandes asentamientos humanos, en gran medida entidades parásitas de recursos extrarregionales, en elementos sustentables e interdependientes de un sistema continuo y de bajo riesgo. Finalmente, es importante señalar que el problema histórico de la Ciudad de México y su región es el agua y que hay que resolverlo. El agua no es sólo un elemento del paisaje o un recurso

incoloro, inodoro e insípido. Es el elemento indispensable para la vida y, en la medida en que enfrentemos el reto de resolver los graves problemas que su manejo nos plantea, estaremos en camino de restaurar el corazón de la gran ciudad vibrante y dinámica en la que convivimos. MW Arquitectura Hidráulica y Planeación, SA de CV Arq. Jorge Ponce Amezcua Arq. Valente Souza Saldivar PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE MW Arquitectura Hidráulica y Planeación, SA de CV t. (01 55 ) 5533 6804 [email protected]

notas 1. La región considerada corresponde al Valle de México, territorio comprendido entre los parteaguas de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl hacia el oriente, las sierras del Chichináutzin y del Ajusco hacia el sur, la sierra de Las Cruces hacia el poniente y la Mesa Grande, Hidalgo, hacia el norte. Administrativamente corresponde con parte del estado de Hidalgo, parte del estado de México y el Distrito Federal completo. 2. Lo que implica el desarrollo de un Plan Integral para la Ciudad de México y su región. 3. El sistema de lagos comprende los siguientes: Chalco-Tláhuac, Xochimilco, Zumpango, Xaltocan y Texcoco. La extensión rehidratable es de aproximadamente 450 km2 (45,000 has.); con una capacidad de almacenamiento de alrededor de 1,350 Mm3, equivalentes al 70% del consumo anual de la ZMCM. 4. La rehidratación implica la organización de una operación paulatina de construcción de elementos interdependientes (lagunas, estanques, resorvorios, acequias, canales, etc.), cuyo diseño y estrategia de crecimiento permitan la circulación del agua y su uso continuo en diferentes estancias y con diversos objetivos, entre otros: la producción acuícola (peces, algas, crustáceos, etc., e industrialización asociada); el tratamiento biológico complejo (polishing); la producción de biomasa; la reducción de los volúmenes de lodos residuales; la producción de compostas de calidad destinadas a paliar el problema de la erosión ex terminis; la organización de un sistema complejo de tratamiento que permita su potabilización; el almacenamiento de agua (1,350 Mm3); la generación de energía, et alt., sin mencionar su potencial recreativo y turístico asociados. El interés fundamental es la reconversión productiva y poder llegar a contar con un sistema lo menos vulnerable posible, tanto desde el punto de vista ambiental como de seguridad. 5. Los distritos propuestos son: 1): Zumpango; 2): Xaltocan; 3): Chalco-Tláhuac; 4): Xochimilco; 5): Texcoco Oriente; 6): Texcoco Poniente y 7): México Poniente.

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Por RCM con información de: Bombas Grundfos, [email protected]

Tecnología que funciona para el manejo eficiente de

Aguas residuales

Recomienda

U

n componente importante en las empresas que diseñan y fabrican equipos de bombeo es la innovación. Por esto Grundfos ha afrontado la gestión actual de aguas residuales con un enfoque novedoso, eficiente y profesional; una estrategia que les permite ofrecer soluciones con tecnología segura, confiable y probada. Después de años de investigación, desarrollo y fabricación, Grundfos ahora dispone de una gama profesional de bombas para el manejo de aguas residuales: desde las potentes bombas de 700 hp hasta los modelos portátiles de 2 hp. Grundfos ofrece una completa variedad de bombas de gran capacidad, extremadamente confiables, diseñadas para el manejo eficiente de aguas residuales en las condiciones más adversas o desfavorables. Esta experiencia les ha permitido identificar lo que los clientes necesitan en las plantas de tratamiento, siguiendo la tendencia del futuro y procurando ofrecer la mejor solución: Más alta eficiencia durante más tiempo. El ajuste inteligente (Smart TrimR) para ajustar el claro axial entre la boca de succión y el impulsor, que proporciona un bajo costo de propiedad al obtener la mayor eficiencia en la operación del equipo. Disminución de tiempo de parada. El diseño de libre obstrucción de las bombas Super-Vortex y la excelente capacidad para el manejo de sólidos en los canales de éstas, garantizan un tiempo máximo de operación.

Confiabilidad. Las bombas Grundfos están diseñadas para el bombeo continuo bajo las más difíciles condiciones de operación. Nuestro probado diseño está basado en una larga experiencia en el manejo de aguas residuales. Los procesos de las plantas de tratamiento son complejos y a veces difíciles, por ello Grundfos ofrece flexibilidad de instalación. Las bombas para aguas residuales pueden ser instaladas vertical u horizontalmente, de tipo húmeda o seca. Todas las bombas de aguas residuales Grundfos son 100% herméticas, a prueba de inundaciones. Esto es entender las necesidades del cliente y diseñar soluciones.

La importancia del enfriamiento

En aplicaciones en seco o en instalaciones sumergidas, el enfriamiento eficiente es esencial. En las bombas Grundfos se logra a través de una cubierta enfriadora del motor o por medio de la construcción de conductores de calor. Esto se encarga de transportar el calor fuera del motor de manera eficiente, alargando su vida útil y garantizando su funcionamiento óptimo.

Bombeo continuo

Las bombas de aguas residuales Grundfos están diseñadas para un bombeo continuo bajo las más difíciles condiciones de operación. Su probado diseño está basado en la amplia experiencia de Grundfos en el negocio de bombeo de plantas de tratamiento de aguas. Solamente de esta forma se puede construir una sociedad perdurable con el clien-

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te, compromiso de Grundfos, en el que se basa su negocio.

Asesoría profesional

Todas las soluciones de bombeo se ofrecen con la asesoría profesional que el cliente requiera, desde una red

de distribuidores nacionales hasta el soporte internacional que permite intercambiar experiencias en todo el mundo y garantizar siempre la mejor solución. Esta solución se ha comprobado en importantes hoteles de Cancún y la Riviera Maya, por ejemplo, donde las bombas se utilizan para procesos de recuperación de agua de riego en los campos de golf. Su funcionamiento contínuo y eficiente, con ahorros en los costos de energía, brindan a Grundfos su reconocida reputación. Y este compromiso se ha mantenido a lo largo del tiempo, por ello Grundfos es reconocido hoy como uno de los líderes en el campo de bombeo. La gama de soluciones que Grundfos ofrece para el manejo de aguas residuales sigue marcando esta tendencia de innovación y confiabilidad, ya que son expertos del negocio y ofrecen las soluciones profesionales que las plantas de tratamiento requieren.

Después de años de investigación, desarrollo y fabricación, Grundfos ahora dispone de una gama profesional de bombas para el manejo de aguas residuales.

Global-local

Por: Ofelia Zaavedra Archundia *

federalismo, identidad regional e intereses internacionales de américa latina >>

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istintos Gobiernos latinoamericanos han mostrado esfuerzos de descentralización en los últimos veinte años y, en consecuencia, han despertado expectativas en la opinión pública internacional. Las presiones del exterior han acelerado el proceso de democratización de la zona pero han sacado a la luz la complejidad que representa el otorgar poder a las provincias y estados al interior de cada nación y las grandes diferencias de desarrollo existentes en el caso de los municipios que integran esta franja del hemisferio occidental. Si bien la mayoría de los países latinoamericanos habían nacido en el siglo XIX con ánimos federalistas, hasta fechas recientes la tendencia había sido dirimir los problemas de sus unidades administrativas de forma centralizada en las capitales. El centralismo fue la vieja receta para combatir los cacicazgos regionales, la coordinación de programas de desarrollo en Ofelia Saavedra es especialista en Federalismo internacional y procesos de empoderamiento municipal. [email protected]

poblados distantes con difícil acceso a las vías de comunicación, y la respuesta administrativa de los Gobiernos a males contemporáneos como la guerrilla, el narcotráfico e incluso como una justificación para prevenir los golpes de Estado. Los primeros pasos hacia la descentralización de los regímenes latinoamericanos se dieron ciertamente con la caída de las dictaduras militares a lo largo de los años ochenta. Entonces, tampoco podía pensarse en el otorgamiento de poder a los Gobiernos locales en territorios como Centroamérica, en donde vastas regiones vivían en la anarquía o bajo los embates de guerras civiles. Los procesos de democratización, la extensión de las garantías individuales y la libertad de prensa, por ejemplo, tuvieron un efecto generalizado en América Latina hasta la década de los noventa. En cuanto a las relaciones internacionales de los Gobiernos latinoamericanos, la descentralización no había sido un tema prioritario. En las últimas dos décadas del siglo XX, sus Gobiernos tuvieron coincidencias en conceptos políticos generales pero múltiples divergencias en sus intereses nacionales

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La vocación federalista y democrática se contagia más por el intercambio de experiencias y vivencias políticas que cuando es presentada por agentes del exterior como recetas gubernamentales o credos exportables

particulares. Por ello sus agendas de gobierno parecen ser comunes en algunos puntos pero al mismo tiempo son contrapuestas en otros. Por un lado, fue fácil establecer metas comunes relacionadas con proyectos muy generales como la desmilitarización nuclear de la región, o avanzar en la pacificación de sitios en conflicto de la mano de la destitución vía democrática de los regímenes militares. En contraparte, no ha sido sencillo conciliar los intereses económicos de cada país en un “proyecto latinoamericano” ni dar prioridad a la integración regional frente a las relaciones bilaterales de cada país con Estados Unidos, los países de Europa y Japón. En este contexto también es destacable el bajo perfil en que se ha tenido la relación con Canadá como un aliado latinoamericano y promotor de los intereses de la zona en el mundo. Las exigencias políticas del exterior han influido en dos direcciones opuestas: por un lado, han ejercido una influencia que limita en América Latina un mayor protagonismo o empoderamiento de sus regiones, estados, provincias y municipios y, por otro, lo han promovido. Es decir, por razones pragmáti-

cas y de funcionamiento burocrático, las llamadas “potencias occidentales” tienden a conciliar sus intereses geopolíticos y económicos directamente con el aparato burocrático de los Gobiernos centrales-nacionales, estableciendo relaciones en el plano interestatal, lo que implica que las visiones políticas que se intercalan son las de sus metrópolis. Por ejemplo, las visitas oficiales al interior de un país se limitan a considerarse como eventos protocolarios. Otro caso es el relativo a la cooperación en materia de seguridad, donde la mayoría de las diligencias las siguen concentrando los poderes ejecutivos toda vez que es virtualmente imposible para cualquier nación mantener un ejército sin una organización jerárquica y toma de decisiones centralizada. Por el contrario, prácticas diplomáticas como las entrevistas interparlamentarias y acercamientos de los Gobiernos locales con organizaciones no gubernamentales y miembros de la sociedad civil de otros países promueven la toma de decisiones con un espíritu más federal, es decir, considerando la importancia de las provincias y las regiones. Con el paso del tiempo se ha visto, en el caso de América Latina, que la vocación federalista y democrática se contagia más por medio del intercambio de experiencias y vivencias polí-

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Es ya un avance que múltiples actores internacionales conozcan la geopolítica y las identidades de la región. Los propios actores internacionales son quienes mejor pueden interactuar en ella.

ticas que cuando es presentada por agentes del exterior como recetas gubernamentales o credos exportables. Diversos actores latinoamericanos que representan el nivel local de Gobierno, como municipios, estados y provincias, en sus respectivos poderes; legislativos, ejecutivos, judicial, órganos electorales, partidos, etc., comienzan a concretar una vocación federal en la medida en que existen las condiciones para llevarla a cabo. Por ejemplo, una mejor inserción de estos actores en el plano nacional e internacional es posible gracias a la comunicación de poblados aislados por medio de carreteras y, lo mismo puede decirse de la construcción de hospitales, centros de educación y aeropuertos en las provincias lejanas de la mayoría de los países latinoamericanos. El empoderamiento de las regiones por medio de instituciones, —entiéndase con ello la clarificación de atribuciones y competencias, pero también la canalización de presupuestos antes centralizados, hacia los estados, provincias y municipios—, avanza a la par de una identidad federalista que se afianza con herramientas como las lecciones sobre “cultura federal” incluidas en los programas educativos. En esta dirección, es importante una adecuada difusión que dé a conocer los beneficios que brindan tanto el consenso en los distintos niveles de Gobierno como la toma inmediata de decisiones en asuntos que no requieren de un trámite burocrático intermediado por los Gobiernos centrales; por ejemplo el enfrentar emergencias con prontitud. En la medida en que los agentes externos, así sean empresas, organismos internacionales, públicos, privados, de cooperación, etc., entiendan que en América Latina la identidad federal se está desarrollando de manera gradual y hermanada con los valores nacionales, se armonizarán de mejor manera sus agendas con las latinoamericanas. Es ya un avance que múltiples actores internacionales conozcan de la geopolítica y las identidades de la región. Los propios actores internacionales son quienes mejor pueden interactuar en ella y acercarse a los actores nacionales que promueven un papel protagónico y un empoderamiento de sus estados, provincias, distritos y municipios. Finalmente, el reto de los tiempos venideros es que las voces del ámbito local se hagan escuchar no sólo en las grandes demarcaciones administrativas dentro de sus respectivas naciones sino que el diálogo municipal y de las pequeñas comunidades trascienda al escenario internacional de una manera fluida y constante.

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Ventanilla gestión

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Por: Jorge Egren Moreno Troncoso y Diego Ernesto Díaz Iturbe *

LA PAJA EN EL OJO AJENO los diputados piden transparencia pero ¿la están aplicando en casa?

L

a transparencia es una herramienta invaluable en la procuración efectiva de la rendición de cuentas, permite reafirmar el control de los ciudadanos sobre el ejercicio del poder público y generar confianza en las instituciones. La transparencia implica un enorme reto a nuestras instituciones, desde transformaciones legales y administrativas hasta de diseño institucional y hábitos burocráticos. Una adecuada legislación en la materia debe evitar la ambigüedad en sus definiciones, establecer procedimientos sencillos y expeditos para la actualización, manejo, archivo, resguardo, entrega y acceso a la información. La legislación sobre transparencia y acceso a la información es muy reciente en México. La primera incursión en la materia

*

fue en 1977 cuando se agregó al artículo 6º de la Constitución la frase: “El derecho a la información será garantizado por el Estado”. Sin embargo, fue hasta el 11 de junio de 2002, con la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) –aprobada por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso-, cuando se abrió un nuevo episodio en la rendición de cuentas de los poderes de la Federación y de cualquiera de sus órganos, al ordenarse la garantía del acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión y de otros sujetos obligados de la administración pública.

Jorge Egren Moreno Troncoso es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Actualmente se desempeña como funcionario de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral del Instituto Federal Electoral y es colaborador de Monitor Legislativo (www.monitorlegislativo.org.mx). Contacto: [email protected] Diego Ernesto Díaz-Iturbe es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por el CIDE. Actualmente se desempeña como Coordinador de Investigación y Análisis de Monitor Legislativo (www.monitorlegislativo.org.mx). Además se encuentra a cargo del proyecto Métrica para la Transparencia (IFAI-CIDE). Contacto: [email protected]

La LFTAIPG tiene como objetivos principales:

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1) Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos. 2) Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados. 3) Garantizar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados. 4) Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados. 5) Mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos. 6) Contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la vigencia plena del Estado de Derecho. Actualmente, la transparencia se encuentra en vísperas de reafirmarse a nivel constitucional, pues se han agregado cuatro párrafos al artículo 6º buscando estandarizar un piso mínimo para todos los estados.

Finalmente, a casi cinco años de la publicación de la Ley Federal, con la aprobación del Congreso de la Unión y el aval de 24 legislaturas estatales, el pasado 20 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 6° de la Constitución que tiene por objeto fijar los principios fundamentales que den contenido básico al derecho al acceso a la información.

La transparencia en los estados Las entidades federativas se han ido integrando a la corriente de apertura de la información en distintas modalidades. Algunas han convocado a foros de consulta, pero la mayoría de las leyes han surgido de iniciativas de los ejecutivos estatales, prácticamente, en ninguna se produjo un debate similar al que se vivió para la promulgación de la Ley federal y ésta se ha convertido en la referencia del desarrollo de varias leyes estatales. El avance a nivel federal contrasta con los progresos dispares en el ámbito local. La diversidad de las normas estatales promulgadas hasta ahora no sólo se traduce en un derecho diferenciado según el lugar de residencia de los ciudadanos, sino que también plantea obligaciones distintas a los poderes de cada entidad

(Merino, 2005: 14). La calidad de la legislación local es demasiado irregular. No puede hablarse de un criterio de transparencia compartido. En la actualidad, conviven legislaciones de avanzada en la materia, con otros instrumentos legales que lejos de promover la transparencia y proteger el acceso a la información, paradójicamente, logran lo contrario (Alatorre, 2005). El proceso de apertura a la información pública en las entidades federativas de México es todavía incipiente, incompleto y fragmentado (Merino, 2005). A pesar de que casi todos los estados cuentan con una ley de transparencia, no todas han entrado en vigor (Hidalgo y Oaxaca), ni cuentan aún con los procedimientos reglamentarios necesarios para darles cumplimiento. El objetivo de este estudio consiste en identificar las variaciones entre cada una de las leyes estatales, contrastar las carencias y señalar los avances con el fin de contribuir a fortalecer el derecho de acceso a la información pública emanada del Poder Legislativo. El estudio refleja el contenido y las variaciones de las leyes en relación a las demás, así como también una evaluación del grado de cumplimiento de las obligaciones de los Congresos locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) en sus sitios oficiales de internet. Los estudios sobre transparencia hasta ahora publicados se han centrado en discutir la transparencia de manera general (IFAI, 2006) o de los ejecutivos locales en particular (Gutiérrez, 2005). El informe que a continuación se presenta ofrece una perspectiva comparada del avance en materia de transparencia de las legislaturas locales, factores de poder real y creciente poco estudiados en México. En la primera parte del estudio se realiza un diagnóstico de la amplitud de los marcos normativos de las entidades federativas. En los textos legales se explora y detalla la existencia de obligaciones sustantivas del Poder Legislativo en el marco jurídico destinado a garantizar el acceso a la información pública.

La información se encuentra dividida en seis rubros: 1) Administración de la información. 2) Función administrativa. 3) Información financiera. 4) Labor legislativa. 5) Controles internos.

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Tabla 1. Evaluación de la amplitud de las leyes de transparencia locales según los criterios de Monitor Legislativo

6) Contrataciones, concesiones y permisos. Para la clasificación de la información se identificaron aspectos relevantes de la vida parlamentaria de los órganos encargados de legislar y gestionar demandas de la ciudadanía. A partir del marco de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental –artículo 7- y el Reglamento y Acuerdo Parlamentario para la aplicación de la Ley en la Cámara de Diputados y el Senado, respectivamente, se identificó información genérica y específica de los órganos legislativos con la cual se llevó a cabo el diagnóstico de la amplitud de las leyes estatales de acceso a la información pública. Asimismo, estos criterios fueron utilizados para evaluar la información publicada en los portales de internet de los congresos estatales, que no necesariamente coinciden con los requerimientos de su ley, pero que el estudio los tomó como un marco de referencia básico.

Amplitud de las leyes locales de acceso a la información pública La revisión de amplitud de los marcos jurídicos destinados a garantizar el acceso a la información pública de las entidades federativas tiene dos conclusiones. Primero, el proceso de apertura ha sido incompleto y gradual. Y segundo, las leyes no contemplan a cabalidad las principales funciones del los Congresos, en especial aquellas referentes a la propia labor legislativa. A continuación se presentan los resultados para las 31 entidades federativas que cuentan con ley de acceso a la información pública.

Metodología En la evaluación se asigna una calificación de uno (1) si la información de cada rubro se encuentra definida claramente en la ley. Si algún tipo de información no se encuentra detallada dentro de la ley de transparencia

Entidad Federativa

Amplitud de la ley

Jalisco Morelos Chihuahua Baja California Chiapas Coahuila Estado de México Zacatecas Colima Oaxaca Quintana Roo Sonora Tlaxcala Baja California Sur Michoacán Hidalgo Querétaro San Luís Potosí Aguascalientes Distrito Federal Campeche Nayarit Sinaloa Tamaulipas Yucatán Guerrero Durango Guanajuato Puebla Nuevo León Veracruz Promedio

9.20 8.00 8.00 7.60 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.00 6.00 6.00 6.00 5.60 5.60 5.60 5.20 5.20 4.80 4.40 2.40 6.37

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Tabla 2. Evaluación del cumplimiento de las leyes locales y de los criterios establecidos por Monitor Legislativo. Febrero 2007

Cumplimiento de la ley

Monitor Legislativo

Estado de México Guanajuato Jalisco Coahuila Distrito Federal Chihuahua Morelos Puebla Baja California Sonora Durango Yucatán Nuevo León Nayarit San Luís Potosí Michoacán Quintana Roo Veracruz Guerrero Querétaro Zacatecas Campeche Tamaulipas Sinaloa Aguascalientes Colima Chiapas Oaxaca Tlaxcala Baja California Sur Hidalgo Tabasco

8.88 10 8.69 10 10 8.25 7.75 7.91 7.36 7.64 9.23 6.78 8.18 6.00 5.62 6.56 6.17 8.33 5.71 4.68 5.83 5.66 5.71 5.66 4.06 3.33 2.77 3.52 3.23 2.05 2.50

8.8 8.4 8.4 8.2 7.8 7.2 7.2 7.2 6.8 6.8 6.4 6.2 5.8 5.6 5.6 5.4 5.2 5.2 5.0 5.0 4.8 4.4 4.4 4.2 3.0 3.0 2.4 2.4 2.2 1.8 1.6

Promedio

6.40

5.40

Entidad Federativa

Evaluación del cumplimiento de las leyes en los portales de internet Como señala Mauricio Merino (2005), la promulgación y publicación de leyes de transparencia y acceso a la información pública gubernamental no es condición suficiente para garantizar la calidad de los datos que se publican gratuitamente en las páginas electrónicas de los sujetos obligados de las entidades federativas. Por ello, el principal objetivo de la evaluación es revisar el tipo de información que está disponible en los sitios de internet de los órganos legislativos y si ésta corresponde a lo que obliga la ley a publicitar o si ofrecen una mayor cantidad de información sobre sus principales funciones.

Metodología La publicación de la información fue verificada para los Congresos estatales y la ALDF, sujetos obligados según las leyes locales. La evaluación se concentró en revisar si la información requerida por ley es: i) De fácil acceso. ii) Está completa. iii)Se encuentra actualizada. iv)Si se cuenta con un archivo histórico o un acervo de los documentos más importantes de años previos en los sitios de internet de los Congresos de las entidades federativas. En la evaluación se asigna una calificación de uno (1) cuando la información contenida en la página de internet i) sea de fácil acceso para el público usuario y ii) está completa. Cuando cualquiera de las dos especificaciones sobre la información no está adecuadamente cubierta se penaliza con medio punto (0.5) y no se asigna ningún punto cuando la información no se encuentra disponible, cuando la página de internet visitada está fuera de servicio, en construcción o mantenimiento

Municipal

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Conclusiones Los Congresos de los estados cumplen parcialmente con sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública. Los Congresos tienen áreas de opacidad en los rubros de la labor legislativa, los controles internos y la asignación de los recursos materiales y financieros. Los avances logrados con la publicación de las 31 leyes locales están seriamente limitados por la falta de compromiso de los órganos legislativos para renovar sus sitios de internet y brindar un mejor acceso a la información que los ciudadanos demandan y tienen derecho a recibir. La heterogeneidad de las leyes locales ha traído ventajas en el diseño institucional, ya que la capacidad de innovar a partir de la experiencia ha evitado curvas de aprendizaje costosas. Sin embargo, también la heterogeneidad limita al principal beneficiario de las leyes: el ciudadano. Con la homologación de los criterios se asegura que todos los mexicanos puedan pedir información desde cualquier punto de la República. La diversidad de requisitos, estructuras, leyes y procedimientos que rigen la transparencia en las entidades es el principal reto para integrar un sistema electrónico de solicitudes de información. Sin embargo, los estados enfrentan la falta de recursos y de infraestructura para que el acceso a información sea expedito. La mayoría de los estados carecen de los recursos necesarios para implementar de inmediato un sistema electrónico de peticiones de acceso. Por lo tanto, es necesario que en los próximos años

Gráfico 1. Comparación entre la amplitud de las leyes locales y su cumplimiento en los sitios de Internet de los órganos

las entidades federativas inviertan mayores recursos financieros y capital social a la causa de la transparencia y la difusión de la información generada por los órganos legislativos. Si bien el incumplimiento puede deberse en gran medida a la falta de recursos destinados a ese rubro, asociados con la brecha temporal natural de adaptación institucional, también es consecuencia de normas incompletas y poco específicas. Existen algunos pendientes importantes. Primero, usar todas las herramientas para entregar la información, incluidas las electrónicas, sancionar a los funcionarios que se nieguen dolosamente a informar, crear organismos de transparencia y asegurar la protección de los datos personales. Segundo, reforzar la autonomía e independencia financiera, operativa y de decisión de los órganos encargados de resguardar el derecho a la información. La constitucionalización y la posterior reglamentación del artículo 6º coadyuvarán a generar un compromiso irrefutable con la transparencia. La rendición de cuentas debe ser permanente, desde el municipio hasta la federación. El acceso a la información a partir de solicitudes formuladas directamente por el ciudadano, sin mediación institucional alguna, configura una forma de control directo del gobernado sobre el gobernante. La corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanos no se limita en el derecho estipulado en las leyes, sino en el fortalecimiento de la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas.

BIBLIOGRAFÍA Alatorre, Jorge (2005), “Transparencia o apariencia: una mirada a la composición de las Comisiones e Institutos de transparencia en los estados de México”, Santiago, Chile, 2005. Instituto Federal de Acceso a la Información (2006), “Estudio comparativo de las leyes de acceso a la información pública”, IFAI. Gutiérrez, Iñaki (2005) “Estudio comparativo de la información que debe publicarse de acuerdo a las leyes estatales y federal de transparencia”, Axitia-Inteligencia en Internet. Disponible en www.axitia.com Gutiérrez, Iñaki (2005) “Estudio comparativo de portales estatales gubernamentales”, Axitia-Inteligencia en Internet. Disponible en www.axitia.com Leyes de transparencia y acceso a la información pública de las entidades federativas disponibles en: www.ifai.gob.mx/test/eym/estatales.htm Merino, Mauricio (2005), “El desafío de la transparencia. Una revisión de las normas de acceso a la información pública de las entidades federativas de México”, CIDE, Documento de Trabajo No. 169. Villanueva, Ernesto (2004) “Derecho de acceso a la información pública estatal: una aproximación al estado de la cuestión en México”, en Concha, Hugo, López, Sergio y Tacher, Lucy (coords.), Transparentar al Estado: La experiencia mexicana de acceso a la información, México, UNAM-IIJ.

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y nadie... hizo nada

Recursos Federales

Por: Rubén Monroy Luna / [email protected] *

Las terribles implicaciones de la dependencia financiera y las fórmulas estatales de transferencias federales: el secreto que todos callan

Lasterribles terribles implicaciones implicaciones de y las fórmulas as delaladependencia dependenciafinanciera financiera y las fórmude de transferencias federales: el secreto que todos asestatales estatales transferencias federales: el secreto que callan todos callan

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carecen de control alguno sobre las variables que inciden en los montos de recursos que les son asignados anualmente. Si bien en las últimas décadas diversas reformas a la Ley de Coordinación Fiscal han otorgado mayor certidumbre a los municipios sobre la conformación de los montos y mecanismos de distribución de las transferencias federales, al reducir los espacios de discrecionalidad en la asignación de los recursos y establecer diversas medidas de transparencia en el proceso, las finanzas locales permanecen vinculadas al comportamiento de variables como el precio del petróleo, la recaudación federal, así como a los ciclos económicos nacional e internacional.

Bajo este esquema, se puede deducir que los municipios se encuentran en un marco de alta vulnerabilidad financiera, ya que

En México, una economía regional que presenta niveles de crecimiento por arriba del promedio nacional, o que ha alcanzado un periodo de crecimiento en un marco donde la economía nacional se encuentra en recesión –por ejemplo, una zona turística–, cuenta con menos herramientas y posibilidades de traducir su comportamiento contracíclico en el fortalecimiento de sus capacidades financieras locales. En otras palabras, si una

as terribles impliaciones de la depenencia financiera y s fórmulas estataLas terribles implicaciones

os municipios dependen en gran medida de las transferencias federales. En la mayoría de los casos, los Gobiernos locales no sólo requieren de las participaciones y aportaciones federales para mantener un grado importante de inversión en obra pública, sino también para dar viabilidad a sus administraciones e incluso cumplir sus obligaciones laborales y administrativas mínimas. Así, tenemos que en términos generales la capacidad de inversión local está determinada casi en un 100% por los recursos federales, mientras que el gasto corriente, también se encuentra supeditado a legislación, políticas, fórmulas y criterios de asignación de recursos que se ubican más allá del ámbito de competencia municipal.

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Un mayor crecimiento económico de su municipio no necesariamente se traduce en mayores participaciones federales. Esto provoca desvinculación entre la demanda por servicios públicos y la capacidad del municipio para proveerlos...

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Rubén Monroy Luna es Maestro en Desarrollo Económico Local por la London School of Economics, Reino Unido, estudios que cursó como becario del British Council. Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. Ha sido Director de Coordinación Operativa y Programas de Apoyo a los Gobiernos Locales en el INAFED/ SEGOB. Actualmente es Asesor de la Oficialía Mayor de la Secretaría de la Función Pública.

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Los municipios se encuentran en un marco de alta vulnerabilidad financiera, ya que carecen de control alguno sobre las variables que inciden en los montos de recursos que les son asignados anualmente.

economía local va bien, no necesariamente el Gobierno municipal contará con más recursos para atender, regular y potenciar su crecimiento económico. Es más, en algunos casos, el crecimiento económico regional o local se traduce en más problemas que beneficios para la administración municipal, ya que puede generar un incremento importante en la demanda de servicios públicos, crecimiento urbano y asuntos de seguridad pública muy difíciles de atender. Este fenómeno no es meramente teórico. Basta observar los problemas de urbanización y de seguridad pública, tales como los que se presentan en las ciudades de la frontera norte del país, y en algunos municipios turísticos, que sin duda son territorios de alto dinamismo económico. A diferencia de lo que sucede en otros países, en los municipios donde se presentan altas tasas de crecimiento económico, no se incrementan en la misma proporción los ingresos locales, lo que genera una desvinculación entre la demanda por servicios y la capacidad municipal para proveerlos. De esta forma, se abre una brecha financiera que por lo regular es atemperada con recursos estatales o federales. Entonces tenemos que muchas veces “conviene” tener una economía municipal con niveles de crecimiento económico bajo para mantener bajo control el crecimiento del gasto a partir del incremento de necesidades de servicios públicos.

Además de las capacidades limitadas para financiar y potenciar el crecimiento económico local, otras implicaciones de la alta dependencia financiera de los municipios respecto a las transferencias federales se refieren a la falta de mecanismos e incentivos para planificar a mediano plazo, para establecer esquemas de modernización administrativa, fortalecer la recaudación de ingresos propios y generar políticas públicas específicas para el entorno local.

• ¿Cómo establecer sistemas de planeación en los Gobiernos locales cuando no se conocen con certeza los recursos financieros con los que contará el municipio el siguiente ejercicio fiscal? • ¿Para qué invertir en la modernización de las instituciones y procesos administrativos municipales si de cualquier forma el Gobierno federal seguirá enviando las participaciones y aportaciones mensualmente? • ¿Cuál sería la razón de emprender un programa de fortalecimiento de ingresos locales si las transferencias federales representan el 90% de los ingresos totales del municipio? A estos elementos debemos agregar el hecho de que una parte importante de las transferencias federales –concretamente el Ramo 33– establecen etiquetas de gasto específicas, que no necesariamente corresponderán con las prioridades y necesidades más apremiantes de determinado municipio. Por lo tanto es clara la dificultad que tiene un Gobierno local altamente dependiente de los recursos federales, para desarrollar políticas y programas propios que atiendan las características específicas de la localidad, ya que la ley establece la obligación de destinar las aportaciones a las etiquetas establecidas en la misma. Así pues, se tiene que la forma en que las transferencias federales se encuentran estructuradas no genera incentivos para el desarrollo local ni para el fortalecimiento de las finanzas municipales.

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Criterios resarcitorios:

Alternativas Existen diversas alternativas para revertir esta tendencia de creciente dependencia financiera de los Gobiernos municipales. En primera instancia, resulta evidente la necesidad de incrementar los ingresos propios de los municipios pero, ¿cómo lograrlo en un contexto donde todos los incentivos tienden a la dependencia de las transferencias y a no asumir el costo político de cobrar contribuciones locales? Si entendemos que el sistema de transferencias no es conveniente para la Federación y, por las razones expuestas, tampoco lo es para los municipios, ¿por qué la distribución de las participaciones y aportaciones no se ha reformado en los últimos años? En otras palabras, todos sabemos que el sistema de asignación de recursos está mal, pero nadie hace nada por cambiarlo. Una clave importante para entender esta problemática, se encuentra en las fórmulas de distribución de los recursos. En general, los estados y los municipios se quejan de las fórmulas de participaciones y aportaciones, aunque no se sabe con certeza cuáles son las alternativas de solución. De manera simplista, sabemos que a algunos municipios les conviene la asignación de los recursos de acuerdo a criterios de pobreza, a otros por dinamismo económico o número de habitantes, por tamaño de territorio, mientras que para otros lo ideal es que los esquemas de distribución no cambien del todo. ¿Qué es lo que conviene al interés común de fortalecimiento del federalismo y del desarrollo local? Antes que nada, es importante conocer las opciones que existen para construir una fórmula de distribución de transferencias. Existen cinco criterios principales que pueden utilizarse para repartir recursos entre municipios:

Son las fórmulas o mecanismos de distribución que toman en cuenta el nivel de recaudación o el dinamismo y las características de una economía local para distribuir las transferencias. Se trata de “resarcir” lo que cada estado o municipio aporta a la hacienda, a la economía nacional o estatal, y por tanto, el territorio que “aporta más” a las arcas nacionales o estatales, recibe más recursos y viceversa. También se considera como resarcitorio, el esquema de distribución que considera los costos que tiene un municipio que asumir como parte de su desarrollo económico, como vialidades o tránsito vehicular. De ahí que se pueda decir que las transferencias federales distribuidas bajo criterios resarcitorios favorecen más a los estados y municipios “ricos”, donde se recauda más y se tienen economías más dinámicas.

Criterios distributivos:

Son las fórmulas o mecanismos de distribución que toman en cuenta criterios demográficos o territoriales para asignar las transferencias federales. Se trata de fórmulas que asignan más recursos a los municipios más poblados, o a los que tienen un territorio más grande. Incluso pueden existir fórmulas que tomen en cuenta una combinación de ambos criterios en indicadores como el de densidad poblacional. El supuesto detrás de los criterios distributivos es que donde hay más población, se requieren más recursos para atender las demandas de la ciudadanía; en el mismo sentido, los municipios con territorios más grandes, necesitan más recursos para urbanizar y dotar de servicios públicos a las distintas localidades que lo componen. Estos criterios favorecen a los estados y municipios con el mayor número de habitantes y con mayor extensión territorial.

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Criterios compensatorios:

Son las fórmulas y mecanismos de distribución que toman en cuenta el nivel de rezago, marginación o pobreza como criterio para asignar las transferencias federales. Son fórmulas que asignan más recursos a los estados o municipios que tienen mayores índices de marginación, pobreza, rezago en infraestructura, o cualquier otro elemento que ponga en evidencia su mayor condición de vulnerabilidad. Con estos esquemas de distribución, se trata de “compensar” a los estados y municipios con más rezagos, de forma que se reduzca la brecha entre los de mayor y menor desarrollo. Este tipo de fórmulas favorecen a los estados y municipios con mayores niveles de pobreza y marginación.

Criterios históricos o inerciales:

Son los que toman en cuenta los montos distribuidos en años pasados para asignar los recursos en el ejercicio fiscal presente. En algunos casos, los montos pueden actualizarse a partir de la inflación para darle un valor en términos reales al monto, o también puede establecerse un fondo de transferencia “de garantía”, para asegurar a los estados y municipios que van a tener al menos la misma proporción de recursos que el año pasado. Estos criterios no toman en cuenta ninguna característica del municipio para distribuir los recursos; simplemente se asignan en los porcentajes que se ha hecho en años anteriores. Estos criterios favorecen a los estados y municipios que recibieron una mayor proporción de recursos en ejercicios fiscales pasados.

Criterios de avance programático:

Son los que consideran el grado de avance, cumplimiento u obtención de metas establecidas en programas, convenios o estrategias específicas para asignar los mayores montos de transferencias. De esta forma, los estados y municipios que se beneficiarían de este criterio son los que estén en las mejores condiciones y tengan más capacidades para tener un buen desempeño en un programa específico.

de las 31 fórmulas estatales de distribución de participaciones federales a los municipios, predomina el criterio inercial en la distribución de los recursos federales

En suma

De acuerdo a un análisis realizado por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, de las 31 fórmulas estatales de distribución de participaciones federales a los municipios, predomina el criterio inercial en la distribución de los recursos federales. Hay una razón “buena” y otra “mala” para que se presente este fenómeno. La razón buena es que al asignar los mismos recursos que en años anteriores, se otorga mayor certidumbre a los municipios sobre el monto que tendrán disponible para los años subsecuentes. La razón mala, es que al distribuir los recursos en los mismos montos no se generan incentivos para la mejora institucional ni para el desarrollo local, es decir, independientemente de los resultados de una administración, ésta seguirá recibiendo los mismos recursos que en años anteriores. Si bien con los criterios inerciales se evitan conflictos políticos que pudieran surgir entre municipios que demandan fórmulas de distribución contrapuestas, lo cierto es que con los criterios inerciales se pierde gran parte de la utilidad de los fondos de transferencias federales, como política pública para incentivar el desarrollo y el fortalecimiento institucional local. Quizás una buena alternativa para estructurar las fórmulas de distribución estatales es establecer un monto mínimo bajo criterios inerciales, de tal manera que no se ponga en riesgo la viabilidad de la administración municipal. Sin

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embargo, los incrementos de las participaciones e incluso un porcentaje creciente del monto base debería distribuirse bajo criterios eminentemente resarcitorios de forma que se premie al municipio más competitivo, al que más recauda y al que más aporta a la economía estatal. Los criterios compensatorios y distributivos deberán evitarse en la medida de lo posible, ya que las fórmulas federales del Ramo 33 ya los contemplan. Si las participaciones se distribuyeran bajo dichos criterios, se duplicarían en cierta medida las fórmulas de distribución y se castigaría a los municipios que fortalecen sus ingresos propios o que generan desarrollo económico. De cualquier manera, si se considera necesario establecer criterios compensatorios, sería recomendable establecer términos temporales definidos, de forma que se incentive un gasto eficaz (reducir los niveles de marginación), y no se genere “una beca” permanente para los territorios más marginados. Las fórmulas de distribución de recursos no son solamente un mecanismo para asignar recursos, sino también una herramienta clave de políticas públicas federalistas. Con las fórmulas adecuadas se puede incentivar la modernización institucional, la transparencia, el incremento de los ingresos propios municipales y, sobre todo, se puede impulsar el desarrollo local. De cualquier forma, por muy buenas fórmulas que existan, lo ideal no es que los Gobiernos locales dependan en gran medida de las transferencias. Por el contrario, se deberá encontrar un equilibrio entre la autonomía financiera de los municipios, de forma que cada Gobierno local pueda diseñar e implementar políticas y programas adecuados para sus características, y la necesidad de reducir la brecha entre los municipios de mayor y menor desarrollo, tarea que sólo puede ser llevada a cabo desde el Gobierno federal. Las transferencias sirven para ambas cosas: impulsar la competitividad local y buscar la equidad interregional.

Falta de mecanismos e incentivos para planificar a mediano plazo, para establecer esquemas de modernización administrativa, fortalecer la recaudación de ingresos propios y generar políticas públicas específicas para el entorno local

Las fórmulas de distribución de recursos no son solamente un mecanismo para asignar recursos, sino también una herramienta clave de políticas públicas federalistas

Generalmente la atención del federalismo fiscal, en su vertiente de transferencias, se enfoca a las fórmulas federales. Muy pocos son los análisis y debates que se centran en las fórmulas estatales que finalmente son las que determinan los montos de participaciones federales que le corresponden a cada municipio. Es importante que, bajo ejercicios participativos, los Gobiernos estatales incluyan a los municipios en la discusión de fórmulas de participaciones que clarifiquen los incentivos para los Gobiernos locales, de forma que se impulse la competitividad regional, y se apoye más a los municipios que más lo necesiten.

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Reseña Monroy Luna, Rubén. Federalismo y Relaciones Internacionales. La vinculación de las entidades federativas mexicanas con el ámbito internacional, 2007, Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal / SEGOB.

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e manera recurrente, las relaciones internacionales se conciben como una actividad propia de los Gobiernos nacionales. Bajo esta perspectiva, la participación de los estados y municipios puede convertirse en un factor disruptivo en la política exterior, que incluso puede poner en riesgo la coherencia de la actividad diplomática y hasta la seguridad nacional. Sin embargo, el análisis de la realidad sobre la vinculación internacional de las entidades federativas resulta contrastante con la teoría. Es innegable que los nexos de los estados mexicanos con el ámbito internacional son crecientes tanto en volumen como en complejidad, a través de canales formales e informales y para una diversidad de temas económicos, sociales, políticos, ambientales y culturales. La mayoría de los estados han desarrollado oficinas especializadas en asuntos internacionales, además de que las giras por el exterior de los gobernadores se han multiplicado. La competencia entre estados por atraer inversión extranjera e impulsar sus exportaciones se ha intensificado, y se pueden contar ya por cientos el número de acuerdos firmados por entidades federativas mexicanas con Gobiernos locales de otros países. ¿Cuáles son las causas de este fenómeno?, ¿cómo son las relaciones internacionales de los Gobiernos subnacionales de otras federaciones?, ¿cómo se inscriben las vinculaciones internacionales de las entidades federativas en el marco del federalismo?, ¿por qué apareció este fenómeno en México de manera tardía y por qué adquirió sus características particulares? Éstas son algunas de las preguntas que el estudio de Rubén Monroy pretende responder, bajo una perspectiva doble: desde la visión de las relaciones internacionales, y desde un enfoque analítico del federalismo. De esta forma, el libro pretende abrir brecha en el estudio de un fenómeno relativamente reciente en nuestro país, el cual resulta útil para entender la participación activa de “nuevos actores” en la arena internacional, así como la dinámica de nuestro régimen federal cada vez más abierto y con mayor equilibrio de poder entre los órdenes de Gobierno. Entre los hallazgos más importantes del libro se encuentra la afirmación de que, la participación internacional tardía de los Gobiernos de las entidades federativas mexicanas, correspondió con los tiempos de la alternancia política a nivel estatal, y con el cambio de modelo económico, que abrieron la posibilidad y generaron estímulos para la multiplicación de sus contactos

internacionales. Así también, se señala que el esfuerzo mayoritario de relaciones internacionales de los Gobiernos estatales se ha enfocado a temas económicos, sin perder de vista las agendas personales de los gobernadores que resultan fundamentales para comprender las características propias del activismo internacional de cada estado. Federalismo y Relaciones Internacionales. La vinculación de las entidades federativas mexicanas con el ámbito internacional, constituye un estudio muy útil para identificar dinámicas locales detonadas por procesos internacionales como la globalización, así como para entender que los marcos de referencia tradicionales del federalismo deben reformularse, bajo un enfoque de mayor flexibilidad y apertura. Finalmente, a partir de la investigación se puede concluir que las relaciones internacionales de los estados no presentan ningún riesgo para la política exterior nacional, siempre y cuando existan los canales intergubernamentales de comunicación y canalización del disenso, propios de cualquier régimen federal.

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