Situación de violación de derechos humanos en Haití La situación de los derechos humanos en Haití ha sufrido un grave deterioro. Las violaciones a los derechos humanos, tales como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos, extorsiones y la represión contra los medios de comunicación se incrementaron en un gran número. La mayoría de esas violaciones se generaron dentro de un contexto político propiciado por el Gobierno de facto en su empeño por consolidar el poder. Las violaciones a los derechos humanos, perpetradas de múltiples maneras por el Gobierno de facto, han pasado a formar parte de la vida cotidiana de los haitianos, provocando un estado de irregularidad y de total indefensión en la población, frente a las medidas que puedan adoptar en su contra los agentes del Estado. La práctica del Gobierno de facto ha consistido en detener a los opositores políticos y a todos aquellos que se sospeche de apoyar el retorno de la democracia. La acusación de "terrorismo" ha sido particularmente utilizada por los militares, para justificar ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias y registros intempestivos y violentos. La práctica institucionalizada e impune de la violencia y la corrupción, originada por los integrantes del ejército y la policía, cuya función es, precisamente, proteger las garantías de los ciudadanos, ha generado una serie de abusos en contra de la población haitiana. Las antiguas estructuras represivas de los jefes de sección y sus adjuntos, que fueran reinstaladas por las autoridades de facto, han excedido ampliamente sus funciones en tanto que agentes de policía, atemorizando a la población rural, quien se encuentra totalmente indemne y a su merced. Por otra parte, las autoridades judiciales no han mostrado eficiencia ni decisión en resolver las investigaciones sobre esas violaciones. Desde hace más de tres meses, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha venido solicitando reiteradamente la anuencia del Gobierno de Haití para visitar ese país y poder constatar en las numerosas denuncias recibidas de violaciones de derechos humanos atribuidas a las acciones represivas de las Fuerzas Armadas, de la Policía y de grupos de civiles auxiliares que operan bajo sus órdenes. Las denuncias presentadas por las propias víctimas y las informaciones provenientes de fuentes fidedignas indican que numerosas personas han sido ejecutadas sumariamente, detenidas ilegalmente, maltratadas y torturadas por miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía. En la mayoría de los casos las víctimas han sido partidarios del depuesto presidente Jean Bertrand Aristide y en otros casos se trata de gente que simplemente se sospecha de apoyarlo. Las manifestaciones y reuniones han sido suprimidas violentamente y no se ha permitido a los periodistas dar a conocer los hechos. Muchas de las víctimas de estas violaciones son líderes o miembros de organizaciones populares y de derechos humanos, estudiantes, periodistas, comerciantes, campesinos y miembros de la Iglesia Católica.
En las áreas rurales, la represión y la violencia se ha agravado con el restablecimiento de los "Jefes de Sección", quienes actúan con la aquiescencia de los militares y en completa impunidad. Tanto en la capital del país, como en la provincia, la población es víctima de la corrupción ejercida por las autoridades de facto, así como de las extorsiones practicadas por los militares a los civiles, quienes les exigen sumas de dinero para evitar ser detenidos o maltratados, o simplemente para mejorar las condiciones en que se encuentran en los centros de detención y algunas veces hasta para obtener su libertad. El clima de temor y de inseguridad que existe en el país ha propiciado que una gran parte de la población, especialmente aquella que apoya el retorno del Presidente Aristide, se desplace buscando refugio hacia el interior del país, viéndose así obligada a abandonar sus hogares y a esconderse en forma permanente. Esta situación ha forzado también a un gran número de haitianos a huir del país en inseguras embarcaciones para pedir asilo en los Estados Unidos. La práctica de la "represión preventiva" dirigida contra la población civil y la degradación de la situación política, han propiciado las continuadas violaciones a las garantías individuales, como el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad individual, a la libertad de opinión y de expresión y a la libertad de reunión y de asociación; todas ellas protegidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual la República de Haití es Estado parte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos continúa firmemente decidida a trasladarse a Haití a fin de investigar sobre el terreno las graves violaciones denunciadas, y ante la negativa del Gobierno de facto de cooperar con la Comisión, reitera su llamado a todos los organismos no gubernamentales de derechos humanos, particularmente los que operan en Haití, así como a las víctimas y sus familiares y en general a todos aquellos que con motivo de la crisis política hayan sufrido alguna violación a sus garantías individuales, para que tramiten sus denuncias ante la CIDH. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un llamado al Gobierno de facto y especialmente a las Fuerzas Armadas para que cesen sus sistemáticas violaciones a los derechos humanos, de la que es víctima la población haitiana.