El Orden Conservador 1.docx

EL ORDEN CONSERVADOR - La política argentina entre 1880 y 1916 (Natalio Botana).Lo que hace el autor es analizar los mecanismos institucionales de funcionamiento del poder pco en el período de 1880-1916. La hipótesis es la tesis alberdiana (estadio de república posible) que se materializa entre 1880-1910. Es durante ese momento en el que se lleva a cabo de modo flexible la república posible bajo un orden conservador, que es la característica fundamental de la composición de una dominación o gbo oligárquica. Para él, el concepto de oligarquía, es un concepto polisémico, lo toma desde el lado de lo pco.En su hipótesis quiere demostrar cómo a través de una fórmula prescriptiva (de Alberdi) el rég oligárquico al materializarla crea una fórmula pragmática u operativa.Tb analiza empíricamente el funcionamiento de la pca a escala nacional, pcial para demostrar que en este período atendiendo a la fórmula de Alberdi se pone en marcha un mecanismo institucional que a través de la conformación del régimen electoral, del poder que se le da al P.E. a través de su alianza con la Cámara Alta (senado nacional) se conforma un gbo elitista u oligárquico que Botana denomina Gbos Electores. Que en ello son piezas claves los gobernadores, presidentes y senadores, que son los 3 instrumentos claves y que en definitiva son los que manejan el control de la sucesión presidencial y demás, que ahí está la clave de funcionamiento de la oligarquía (sistema de dominación gubernamental hegemónico).En su cap. 4 Botana expone que entre 1880-1910 funcionó a la perfección la idea de república conservadora propuesta por Alberdi. Que a partir de 1910 empieza a consolidarse el grupo de reformistas que en realidad era una escisión de los conservadores, o sea que en pcpios de S. XX la oligarquía se había % entre conservadores (Roca) y reformistas (liberales, antiroquistas que tratan de seguir el proceso de descentralización de Juárez Celman, buscando reformas en lo electoral y pco para modernizar el estado, entendían que con la reforma en lo pco se iban a legitimar. Sáenz Peña, F. Alcorta, Joaquín V. González, terminan llegando al poder en 1904).-

La hipótesis que se defiende presenta la formación definitiva del Estado Nacional y del régimen político que lo hizo manifiesto, como un fenómeno tardío que sucedió a la guerra civil de la década del cincuenta y a las presidencias fundadoras de Bartolomé Mitre (1862-1868), Domingo F. Sarmiento (1868-1874) y Nicolás Avellaneda (1874-1880). Tuvo dos rasgos distintivos: la constitución de un orden nacional, al cual quedaron subordinados los arrestos de autonomía que, sobre todo, sobrevivían el Bs. As., y la fórmula política que otorgó sentido a la relación de mando y obediencia privilegiando algunos valores en detrimento de otros. El diseño de esta fórmula política

proviene de una obra de Juan Bautista Alberdi. La “fórmula alberdiana” tradujo en 1880 una concepción del orden político que latía desde los albores de la organización nacional. Los actores de la fórmula implantaron un principio de legitimidad, pusieron en marcha un sistema de dominación, lo conservaron, lo defendieron y hasta lo reformaron.

Cap. II.- La República Posible. Regímenes políticos y legitimidad Un régimen político puede ser entendido como una estructura institucional de posiciones de poder, dispuestas en un orden jerárquico, desde donde se formulan decisiones autoritativas que comprometen a toda la población perteneciente a una unidad política. Dos interrogantes a los que un régimen político debe responder: a) qué vínculos de subordinación establecerá el poder político con el resto de los sectores de poder presentes en la sociedad; b) qué reglas garantizan el acceso y el ejercicio del poder político de los futuros gobernantes. La primera hace hincapié en la organización y en la distribución del poder; la segunda en el modo de elecciones de los gobernantes y en los límites que se trazan entre éstos y los gobernados. La estructura institucional de un régimen se asienta sobre una constelación de intereses materiales y de valores que justifican la pretensión de algunos miembros de una unidad política de gobernar al resto. Consistente en traducir intereses y valores en una creencia compartida que haga de norma para regular las relaciones de poder, podría dividirse en dos tramos: consagrar una fórmula prescriptiva o principio de legitimidad que no sólo pretende gratificar intereses materiales reivindicados por grupos y clases sociales. Los actores procuran traducir las fórmulas en una creencia compartida con respecto a la estructura institucional del régimen y en un acuerdo de las reglas de sucesión. De esta serie de acciones puede resultar una fórmula operativa o sistema de legitimidad que vincula las expectativas, valores e intereses de los actores con las instituciones del régimen y las reglas de sucesión. Creencia y acuerdo, dos conceptos analíticos que calificarían el proceso de legitimación. Estas nociones limitan nuestro análisis histórico a ciertos rasgos de la acción política más significativos. Un régimen, en efecto, puede ser analizado a través de políticas específicas (economía, educación, emigración, etc.) que permiten medir los resultados de la acción de un grupo gobernante. El régimen político semeja, de este modo, un conjunto de decisiones gubernamentales que definan metas, seleccionan medios y alternativas, imponen recompensas y sanciones. Otro punto de vista que no excluye al anterior, trata de entender el marco que produce dichas decisiones para determinar quiénes ejercerán el poder político. Régimen político como un

orden de dominación donde algunos –y no todos- tienen el privilegio de fijar metas, elegir medios y alternativas, adjudicar recompensas y sanciones. Alberdi y su fórmula prescriptiva Desde la independencia, los criollos que asumieron la conducción de las antiguas colonias españolas enfrentaron la grave contradicción entre el principio de legitimidad de la monarquía hereditaria y el principio de legitimidad de la república electiva. Cuando se quebraron los vínculos con la corona española, asumieron la tarea de construir una legitimidad de reemplazo. La fórmula que algunos llamaban republicana y otros demócrata, hacía residir el origen del poder en una entidad más vasta que proponía una operación mucho más complicada para elegir a los gobernantes. Pueblo y elecciones podían representar los términos de un proyecto de solución posible. La búsqueda de fórmulas que conciliaran la desigualdad del antiguo régimen con los principios igualitarios emergentes fue el propósito de Alberdi. Alberdi fue el autor de una fórmula prescriptiva que gozó del beneficio de alcanzar una traducción institucional sancionada por el Congreso Constituyente en 1853. La fórmula perduró en el tiempo y otorgó un marco valorativo que sirvió de guía –explícita o difusa- del régimen político implantado en el 80. Ésta tiene la particularidad de justificar un régimen político en cuanto hace al origen del poder y a su programa futuro. Los campos específicos sobre los cuales se proyecta son: la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la explotación de los ríos interiores. Para alcanzar estos fines es dable advertir en Alberdi la intención deliberada de provocar un trasplante cultural. Alberdi rechaza una cultura tradicional, la hispánica, que impide el cambio y la innovación, y opta por otro modelo: el de los países europeos en trance de edificar una sociedad industrial que libere al hombre de la servidumbre de la naturaleza. La población es el agente privilegiado del cambio cultural, pero no el único. El ferrocarril y el vapor, las industrias y los capitales, son los agentes complementarios e imprescindibles. El medio para alcanzar estas metas es el régimen político. La figura del legislador va delineando una concepción acerca de la organización y distribución del poder, del modo de elección de los gobernantes y de las garantías otorgadas a los gobernados. Esta fórmula otorga el ejercicio del gobierno a una minoría privilegiada, limita la participación política del resto de la población, y

asegura a todos los habitantes, sin distinción de nacionalidad, el máximo de garantías en orden a su actividad civil. Preocupaba a Alberdi organizar un poder central fuerte para controlar los poderes locales y suficientemente flexibles para incorporar a los antiguos gobernadores a una unidad política más vasta (Fusión entre dos tendencias contradictorias, la centralización y la descentralización). La idea de federación evoca, un medio adaptado a nuestra circunstancia histórica para alcanzar una unidad de régimen. De aquí deriva el carácter mixto del gobierno. “divisible y dividido en gobiernos provinciales, limitados, como el gobierno central, por la ley federal de la República”. Este gobierno mixto que expresa el término federación demuestra que no hay pues ruptura definitiva con un orden tradicional; esa ruptura vendrá después, cuando la población nueva, la industria y la riqueza den por tierra con la cultura antigua. Allí emergerá un papel político inédito que habrá de integrar lo nuevo y lo viejo: el control racional de la ley y los símbolos de dominio y soberanía. Ese papel privilegiado, recreado por la Constitución de 1853 es el papel del Presidente. De esta manera, la figura monárquica reaparece bajo la faz republicana. En la fórmula alberdiana el presidente materializa el poder central, pero no detenta todo el poder. El gobierno responsable deriva de la legitimidad del presidente investido por una Constitución. El presidente adquiere así legitimidad no por su calidad intrínseca de gobernante, sino en razón del cargo superior que él ocupa. Se observa una distinción tajante entre el rol y el ocupante. Impedir la tiranía es la finalidad básica del gobierno republicano y de esa finalidad se deduce la teoría normativa de las limitaciones del poder: si el poder puede degenerar en despotismo es preciso prevenir esa tendencia a la corrupción y para prevenir es necesario encumbrar el ejercicio gubernamental dentro de límites temporales precisos, otorgando a magistraturas diferentes la tarea de legislar, ejecutar y sancionar. La no–reelecciòn del presidente y la distribución de la actividad legislativa y judicial en cámaras y tribunales donde el poder central y el de las provincias estén debidamente incorporados, serán entonces dos limitaciones fundamentales concordantes con el argumento republicano. En este punto la formula alberdiana, no se aparta de las pautas fijadas por el modelo norteamericano: un senado y una cámara de diputados representaran a las provincias y a la Nación en el proceso legislativo, en tanto tribunales de provincias y tribunales federales adjudicarán sanciones, todo ello ordenado, en última instancia, por la Corte Suprema de Justicia a quien corresponde el control constitucional de las leyes. Libertad política para pocos y libertad civil para todos.

El problema era saber quiénes y bajo qué reglas podrán ejercer el gobierno. Alberdi rechazó toda forma derivada de la herencia; se apartó en este sentido del modelo bolivariano, y optó por la posición democrática. (La expresión “modelo bolivariano” hace referencia a una forma concreta de régimen político expuesta por Simón Bolívar en su Carta de Jamaica -1815). La posición democrática hace derivar el titulo de legitimidad del gobernante de la elección realizada por el pueblo; no hay, en rigor, legitimidad posible para el demócrata si ella no proviene del consentimiento popular. El modo de expresión del consentimiento popular puede traducirse de múltiples maneras si se deja de lado la manifestación directa, los medios elegidos deben hacerse efectivos a través de alguna forma de representación, vista como una serie de actos mediante los cuales un actor político autoriza a otro a obrar en su nombre o le impone el deber de dar cuenta de su acción, arrastra consigo nuevos riesgos. Pueden emerger de los conflictos entre facciones adversas o de la demagogia del actor con vocación de representante. Para prevenirlos es preciso mediatizar los modos de elección. De esta manera, la fórmula alberdiana fiel al modelo norteamericano, prevé que el diputado será directamente elegido por el pueblo, mientras que el senador y el presidente detentarán su título de una elección de segundo grado realizada en las legislaturas provinciales o en el seno de un colegio electoral. Cualquiera fuera el camino el pueblo es siempre la fuente de la cual deriva la legitimidad del gobernante. La cuestión reside en saber cuáles son las fronteras que encuadran esa entidad llamada pueblo, quiénes lo componen y quiénes permanecen marginados. Las respuestas se dividen en los que conciben al gobierno como algo donde pocos intervienen de aquéllos que lo imaginan como un proceso donde participan muchos ciudadanos. Esta oposición entre “pueblo chico” y “pueblo grande” está fundada en argumentos que asignan a unos pocos la virtud de saber elegir y a la muchedumbre la ignorancia. El punto de vista alberdiano es en este sentido restrictivo. La cuestión que preocupaba a Alberdi era cómo hacer de un pueblo sumergido en la miseria y en la ignorancia, una colectividad federativa apta para el ejercicio del gobierno republicano. El camino indicado por los ejemplos de Grecia y Roma, “donde el pueblo sufragante sólo constaba de los capaces, es decir, de una minoría (…)” (Alberdi). Esta minoría es la única calificada para ejercer la libertad política: “(…) es tomar parte en el gobierno; gobernar, aunque no sea más que por el sufragio (…)” (Alberdi).

El resto, la mayoría, que hizo mal uso de la libertad política favoreciendo despotismos populares, sólo tiene derecho al ejercicio de la libertad civil. Puede afirmarse que la fórmula alberdiana prescribe la coexistencia de dos tipos de república federativa: La república abierta y la república restrictiva. La abierta estaría regida por la libertad civil; tienen cabida todos los ciudadanos, nacionales y extranjeros, que hagan uso de las garantías consagradas por la garantía constitucional. La abierta es una contradicción pues los miembros que la integran (nuevos inmigrantes y viejos criollos) no intervienen en la designación de los gobernantes; no son electos ni representantes; permanecen marginados del núcleo político capacitado para ser gobierno y para ejercer controlo. Esta es la república restrictiva, construida sobre el ejercicio de la libertad política: la participación en el gobierno se circunscribe a un pequeño número de ciudadanos. La totalidad, sin embargo estará dada en la fórmula alberdiana, por la república restrictiva más la república abierta, y mientras en una los que participan, mediante el uso de la libertad política, delegarán de modo voluntario su capacidad potencial de mando, en la otra, los habitantes afincados en un territorio permanecerán dirigidos por un sistema de control impuesto desde afuera.

Cap. III - La oligarquía política La república restrictiva (mediatizar y circunscribir el sufragio a unos pocos) tal como proponía Alberdi, no presentaba ningún medio práctico para llevarla a cabo. Era como si Alberdi hubiese apostado a favor de la prudencia de los notables habilitados, en función de su educación, prestigio, poder, etc. para ejercer la libertad política. Sin embargo, Alberdi no se hacía ilusiones con una república armoniosa: confiaba en el valor ordenador de las nuevas instituciones pero al mismo tiempo tenía un razonable pesimismo acerca de la implementación de un orden constitucional.Ante una propuesta restrictiva, había que legitimar “con hechos” una estructura de papeles políticos dominantes y una regla de sucesión (quién gobernaría después). Para ello, había que construir una base de dominación efectiva. Esta fórmula operativa cobró verdadera relevancia a partir de los 80 y perduró hasta la reforma política de Roque Sáenz Peña (sufragio secreto, universal, para varones mayores de 18), en 1912. No es fácil entender el principio básico que gobierna esta fórmula pero se puede hipotetizar que Alberdi entabla un diálogo interior en el que su parte de legislador define mediante normas una fórmula prescriptiva y, por otro, su dimensión de sociólogo, observador de la realidad que descubre una fórmula operativa subyacente.

El control de la sucesión Las observaciones de Alberdi como sociólogo son fruto de una crisis y una experiencia política fallida. En 1879, Alberdi llega a Buenos Aires después de 40 años de ausencia para asumir una banca como diputado nacional, por Tucumán. En el país impera un clima de violencia, teme las consecuencias irreparables que podría acarrear un enfrentamiento armado y adopta una actitud conciliadora entre Roca y Tejedor. Vota en contra de la ley de federalización de Buenos Aires que él había alentado como indispensable desde 1859. En el verano que sigue a los sucesos del 80, Alberdi siente necesidad, como intelectual, de explicar los acontecimientos. Con la adhesión pública de Roca, Alberdi escribe su última obra: La República Argentina consolidada en 1880 con la ciudad de Buenos Aires por Capital. Sugiere en ella que el presidente y el gobernador de Bs. As. son los dos únicos electores y que éste último está subordinado al primero. Se observa un cambio radical para referirse a la república electiva. La combinación de la forma republicana con el principio electivo de gobierno, puede adoptar múltiples traducciones institucionales pero ambos principios imponen una distinción tajante: la república distingue entre la esfera pública y la esfera privada y ambos órdenes de actividad son protegidos por derechos y garantías explícitos. Si la república rechaza la designación burocrática, como medios de elección de sus magistrados más importantes y opta por la elección del pueblo, una segunda distinción se sumará a la primera: la entidad donde reside el poder de designar a los gobernantes, es causa y no efecto de la elección de los magistrados. (ej.: si el pueblo vota a los gobernantes, estos son causa de la elección y no efecto de la misma como cuando se ponen a los sucesores “a dedo”). El elector tiene una naturaleza política diferente de la del representante; éste último depende del elector, el cual por una delegación que va de abajo hacia arriba, controla al gobernante que él mismo ha elegido. Estos son los argumentos teóricos. La realidad que se había gestado durante las presidencias anteriores al 80 demuestra lo contrario y convoca al observador a expresar un lenguaje inédito que mantiene las palabras tradicionales con significados opuestos. Habrá siempre electores, poder electoral, elecciones y control pero los electores serán los gobernantes y no los gobernados, el poder electoral estará en los recursos represivos o económicos de los gobiernos y no en el pueblo, las elecciones consistirán en la designación del sucesor por el funcionario saliente y el control lo ejercerá el gobernante sobre el gobernado, antes que el ciudadano sobre su magistrado. Lo que se advierte es una unificación de poderes y de concentración del control nacional, previo a la cuestión de limitar y democratizar el gobierno.

Por lo tanto, según Alberdi, la fórmula operativa del régimen del 80 era una sistema de hegemonía gubernamental que se mantenía gracias al control de la sucesión que es la que mantiene el sistema hegemónico. Por la sucesión se mantiene la estructura institucional de un régimen sin tener en cuenta la trayectoria personal de un gobernante. Primaron la fuerza y la elección. La elección a cargo del gobernante saliente y la fuerza se concentró en los titulares de los papeles dominantes, que fueron los “grandes electores”. La hegemonía gubernamental Los únicos que podían participar en el gobierno eran aquellos habilitados por la riqueza, la educación y el prestigio. A partir del 80, el extraordinario incremento de la riqueza consolidó el poder económico de un grupo social cuyos miembros eran “naturalmente” aptos para gobernar. El poder económico se confundía con el poder político; esta coincidencia originó una palabra: oligarquía que desde Platón y Aristóteles significa “corrupción de un principio de gobierno”, la decadencia de los ciudadanos que no servían bien a la polis sino al interés de un solo grupo social. Para los historiadores, oligarquía puede describir a una categoría social dominante o bien calificar una dimensión económica, como la clase terrateniente empleada por Halperín. Oligarquía puede también derivar su significado de la corrupción histórica de un grupo dirigente que deja de ser representativo durante la crisis de los 90, como señala Grondona. También el término oligarquía puede representar a la clase dominante, unida por un propósito nacional o reflejar el carácter de un grupo de notables cuyo ambiente natural es el club y su método de acción, el acuerdo (Floria). En la Argentina, el fenómeno oligárquico se componía de tres puntos de vista: era una clase social determinada por su control económico, era un grupo político, en su origen representativo, que se corrompe por diversos motivos; era una clase gobernante con espíritu de cuerpo y con conciencia de pertenecer a un estrato político superior integrada por “notables” (ES EL SENTIDO EN QUE LO TOMA BOTANA). Los opositores usaban la palabra oligarquía en sentido crítico, para manifestar el rechazo al régimen del 80 y que valoraba los gobiernos anteriores a Roca. La consolidación del régimen político no sólo coincidió con un desarrollo espectacular de los medios productivos sino también con el “consumo ostensible”, es decir, con el consumo notorio, sobre todo en Buenos Aires. Para los que reaccionaban contra este estado de cosas, los gobiernos anteriores a Roca habían tenido moral política, conciencia cívica y estilo sencillo. Los dirigentes parecían representar esos valores. Estos tiempos de vida cívica vigorosa y de partidismo de buena fe, se oponían a lo que pasó después: silencio, clausura y corrupción: en una palabra, oligarquía.

Para desentrañar la dimensión política del fenómeno oligárquico hay que acordar en dos cosas: a) que hay oligarquía cuando un pequeño grupo se apropia de los resortes fundamentales del poder. B) que ese grupo tiene una posición privilegiada en la escala social. Pero además, la oligarquía puede entenderse como un sistema de hegemonía gubernamental que Alberdi observaba desde antes y después de 1880. Este sistema hegemónico se organizaría sobre las bases de una unificación del poder electoral de los cargos gubernamentales que deberían tener un origen distinto. Esto se manifestó a través de los nombramientos de sucesores por parte del gobierno nacional y por el control de éste sobre el nombramiento de los gobernadores de provincia, los cuales, a su vez, designarían diputados y senadores e integrantes de las legislaturas provinciales. (ver cuadros página 76 de Botana). En las elecciones y el control, hay un tercer elemento: el por qué y el para qué del control: porque el control permite perdurar a través del tiempo. Las instituciones pueden tener un propósito de control pero también son el punto de arranque de una empresa histórica más complicada y persiste más allá de los cambios. Este doble movimiento de cambio y persistencia está presente en todo proceso de desarrollo institucional. Pero es preciso tomar conciencia de algunos riesgos teóricos: la hipótesis alberdiana de la sucesión presidencial llevada hasta sus últimas consecuencias podría crear imágenes simplificadoras, según las cuales todos los presidentes fueron designados por su antecesor. Generalizar así sería ingenuo y también sería violentar la historia. Los regímenes políticos oligárquicos se caracterizan por tener actores o tendencias que se enfrentan o se ponen de acuerdo. Resulta bastante claro que los mecanismos de control intraoligárquicos poco tienen que ver con una imagen de designación burocrática, trasladada sin sentido crítico, desde otros contextos históricos, según la cual el de arriba nombra al que le sucede. El camino interpretativo es otro: la oligarquía logró dos cosas: excluir a la oposición considerada peligrosa para el mantenimiento del régimen y cooptar (atraer) a través del acuerdo, a la oposición moderada con la que se transaban cargos y candidaturas. Así la oligarquía se sirvió de las instituciones: evitando conflictos y tejiendo alianzas. Botana defiende la coexistencia de dos fórmulas: la prescriptiva y la operativa, entrelazando Constitución y realidad.-

Cap. IV. Rasgos institucionales de un régimen. Electores, gobernadores y senadores.Entre 1880 y 1910, las sucesiones presidenciales se procesaron a través de Juntas de Electores. Así, Alberdi y los constituyentes de 53, se mantuvieron fieles a las Constitución de los EEUU. El artículo

81 de la Constitución señalaba que para elegir presidente y vice, la Capital y cada una de las provincias nombraban por votación directa, una junta de electores igual al duplo del total de diputados y senadores que enviaban al Congreso, con los mismos requisitos que para la elección de diputados. Estos electores no podían ser ni diputados ni senadores ni empleados del Gobierno Nacional. Cuatro meses antes de que el presidente terminara su mandato, elegían presidente y vice a través de cédulas firmadas (una para decir a quién votaban como presidente y otra, para el vice). En presencia de las dos Cámaras, los candidatos que obtuvieran la mayor cantidad de votos, serían nombrados inmediatamente presidente y vicepresidente. Y si no hubiera habido mayoría absoluta, el Congreso elegiría entre los dos candidatos. (art. 82 y 83) La institución de las Juntas Electorales tenía un doble propósito: Por un lado, “mediatizar” el ejercicio de la soberanía popular dándole a un grupo de ciudadanos únicamente, el derecho a elegir. Por el otro, mantener el equilibrio entre Nación y provincias pues si bien los electores serían elegidos del mismo modo que los diputados, debían deliberar y elegir aisladamente en pequeñas juntas que se instalarían en la Capital Federal y en la de cada provincia. Los constituyentes americanos habían ideado esta institución para dar la menor oportunidad posible al “desorden y al tumulto” donde el aislamiento que tendrían los electores los alejarían de la influencia de aquellos que estuvieran demasiado apegados al presidente en funciones. La característica de esta institución era la autonomía y el elitismo porque se suponía que la libertad para decidir era más fructífera alejada de la demagogia popular. La lógica central de esta idea era que los electores eran “libres de elegir”, no dependían de un mandato imperativo del pueblo para designar a uno u otro candidato y se suponía que los ciudadanos le habían otorgado ese derecho y esa libertad. Un propósito así está mejor adaptado al ejercicio electoral de una república restrictiva donde son pocos los que participan de la vida política. En una república restrictiva cobra importancia el sistema de negociaciones, recompensas y sanciones que se establece entre el puñado de “notables” para ejercer la libertad política y una institución como las Juntas era lo que iba mejor. En 30 años, las juntas argentinas perdieron la autonomía que los norteamericanos habían querido asignarle. Entre 1880 y 1910, el Colegio Electoral estuvo compuesto por entre 200 y 300 electores designados mediante el sistema de lista completa, sin representación de las minorías. En cada distrito, los ciudadanos votaban por una lista de electores y las que obtenían el mayor número de

votos (no la mayoría) se le asignaba la totalidad de los electores correspondientes. Así, los distritos más grandes, tenían más electores. (Ver cuadro comparativo Botana, pág. 88) La federalización de la capital, partió el número de electores de Buenos Aires que de 54 pasaron a 36. Los restantes votaban por la Capital Federal. Así Bs. As. no tuvo un peso tan abrumador sobre el resto de las provincias. En las elecciones de 1898, 1904 y 1910, los bloques de electores comenzaron a distribuirse con otras pautas que se mantendrían. Así Bs. As. duplicó el número de sus electores y marcó una diferencia de 52 electores con provincias como Jujuy y la Rioja. Algunas pautas de predominio son que Bs. As. detentó un grupo de electores predominante, al que sumó a partir de 1898, la Capital Federal. A partir de 1880, los distritos grandes tuvieron un peso mayor a partir de 1880. Los distritos medianos crecieron en importancia durante las elecciones de 1886 y 1892 pero luego fueron descendiendo, a medida de que creció la participación de los distritos grandes. El conjunto más numeroso de los distritos chicos no superó el 50 %. La federalización del 80 produjo una redistribución en los bloques de electores que trajo como resultado la composición más equilibrada de las juntas. Esto se prolongó durante dos elecciones. A partir de 1898, Bs. As. retomó y acentuó su predominio. Se podría pensar entonces que quien controlara Bs As y la capital en votos y en electores y adquiriera peso político en Córdoba y Santa Fe tendría la victoria presidencia, sin embargo, el juego de alianzas introduce matices que contradecirán tal afirmación. El comportamiento de las Juntas Electorales Desde 1880, se observa cada vez mayor unanimidad de los bloques electorales que se suponía, tendrían que discutir y estar divididos. De allí que Roca obtenga el 69 % de los electores en 1880 y 85 %, en 1898 (segunda presidencia). Se nota una ausencia de oposiciones efectivas ya que una coalición de provincias, invariablemente, dieron su apoyo a la fórmula que ganó. Esta coalición estaba integrada por: Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe y Santiago del Estero. (La pregunta es si habían hecho acuerdos anteriormente). El comportamiento de la coalición conformó un núcleo oficialista que pudieron controlar a las provincias rebeldes que manifestaron su voluntad opositora: Mendoza, Entre Ríos, Corrientes (se opusieron en alguna que otra votación) Tucumán, Capital Federal y Buenos Aires (se opusieron permanentemente). A diferencia de lo ocurrido con las provincias de apoyo permanente en la que todos los electores votaban igual, las provincias de oposición no siempre se opusieron con la totalidad de sus

electores. Ya que las provincias de la coalición no llegaban a la mayoría de votos, se hacía necesario atraer algunos votos de los electores de las provincias rebeldes. Las juntas electorales tenían un propósito de control que se relacionaba con negociaciones que tenían lugar fuera de su recinto. Pero la particularidad del método electoral otorgaba a las provincias y a los gobernadores, un peso político que no se puede desconocer ya que protagonizaban el momento decisivo en el que se jugaba el papel presidencial. El Senado Nacional Era un lugar de encuentro entre el poder nacional y el provincial. En un primer punto de vista, constituía un recinto adecuado para preservar la igualdad de los estados intervinientes en el pacto federal, cualquiera fuera su dimensión de territorio o población, para evitar una república unitaria. Pero si se analiza profundamente, en un segundo punto de vista, se observa que el Senado estaba pensado como un medio de comunicación para nacionalizar a los gobernantes locales ya que si los estados colaboraban en la formación del gobierno federal, éste tendría autoridad respetada sobre ellos. Un tercer punto de vista plantea que el Senado era visto como un original sistema de control, al servicio de una élite, amparada por la edad y la distancia electoral sobre tumultuosas multitud. Se creía que era un cuerpo tranquilo y respetable de ciudadanos que evitaba el “golpe” que el propio pueblo podía tramar contra sí mismo. Éste último punto sería el que tuviera mayor importancia porque el Senado también daba respuesta a dos cuestiones decisivas que estaban presentes en un régimen republicano con división de poderes. A) Había que establecer un cuerpo que controlara a funcionarios del gobierno y al presidente. B) Esta cuestión tenía que ver con la dificultad de la naturaleza misma del régimen presidencial. Una de las diferencias más notables entre este régimen y el parlamentario era la confusión que existe entre el Jefe de Estado y el Jefe de Gobierno, problema que podía observarse en las monarquías europeas del siglo XIX. En estas, el jefe del Estado era el rey y el Parlamento votaba al Jefe de Gobierno, a través de un acuerdo con la corona. La lógica del régimen parlamentario hacía que el gobierno dependiera del Parlamento que podía derrocarlo cuando cesaba la confianza de la mayoría, pero también la corono podía disolver al Parlamento si lo consideraba necesario o estratégico, haciendo un nuevo llamado a elecciones. El Jefe de Estado no estaba solo en esto, lo acompañaban el Jefe de Gobierno y sus ministros, como representantes del pueblo. ¿Pero qué se hacía si el jefe de Estado concluía en su cargo y se ubicaba en el gobierno a un jefe electo? Aquí había dos caminos: o se hacía como en Francia, donde el papel de primer magistrado desaparecía ya que presidía pero no gobernaba y quienes

gobernaban era un gabinete responsable ante el Parlamento o se elegía el régimen presidencial, aunque había que ver cómo lograr la representación popular. En el régimen presidencial, la fragmentación de la soberanía que proponía el sistema federal se combinaba con una rígida separación de poderes en la que el presidente no podía disolver el Congreso ni éste podía derrocar al presidente y a su gabinete. Cuando el predominio presidencial era fuerte, como en el caso argentino, ¿era más seguro un presidente solo que no tenía primer ministro ni gabinete responsable? La fórmula alberdiana salvaba esta dificultad: el presidente era elegido por una junta; los senadores, también y el origen de ambos (edad y elección indirecta) los hacía aptos para integrar una corporación conservadora. De ahí, que el Senado era un verdadero Consejo Ejecutivo dotado de atribuciones para ejercer control sobre el nivel judicial, el religioso, y los niveles más altos del sistema burocrático. El presidente necesitaba el acuerdo del Senado para nombrar a los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores, para designar o remover ministros, para elegir las cabezas del ejército, para proponer obispos, etc. Las relaciones entre los gobernadores y el Senado La elección de sucesores en el gobierno, por parte del presidente saliente o de una corporación muestra el estilo propio de ésta, amparada por el secreto. Algunos historiadores sostienen que en la oligarquización existía una dependencia absoluta de los gobernadores (Rivarola), que había pactos secretos en los que el presidente, junto a otros actores, nombraba a los gobernadores de provincia y se ponía de acuerdo en la sucesión del mandato presidencial. Rivarola era unitario y decía en una República Unitaria, así debía ser y que el Presidente nombraría a los gobernadores públicamente y no en secreto, como se había hecho hasta el momento, en la oligarquización. Matienzo, el otro historiador, era más federalista y hablaba de autonomía provincial. Explicaba que los gobernadores hacían y deshacían cargos locales en sus provincias. Como remedio a la oligarquización, recomendaba volver a la Constitución del 53 que otorgaba al Senado el poder de juzgar políticamente a los gobernadores. Después de la federalización del 80, se entablan nuevas relaciones entre presidentes y gobernadores. El gobernador ejercía el control electoral sobre el personal político de su provincia: designaba legisladores provinciales y nacionales, se reservaba para sí mismo una banca en el Senado, confeccionaba con empeño la lista de electores para Presidente y vice. Pero esta influencia se hacía bajo el amparo presidencial, es decir, el Presidente apoyaba al gobernador. Esto

explica el intercambio de protecciones entre Nación y Provincias ya que sin el apoyo de los gobernadores, el presidente perdía autoridad pero sin el resguardo del poder presidencial, los gobernadores no podían mandar en sus respectivas provincias. A partir de la reforma constitucional de 1860, los gobernadores tenían poder de veto en la elección presidencial. A partir de los 80, el gobernador perdió estatura política y empezó a actuar como “agente del presidente”. Para muchos gobernadores, la gobernación era el primer paso para llegar luego, a los ámbitos de poder nacionales: la presidencia de la Nación, el Gabinete nacional o ambas cámaras legislativas, aunque sólo dos llegaron a la presidencia (Juárez Celman y Figueroa Alcorta que llegó por el atajo de la vicepresidencia). El Senado fue pensado como una institución conservadora y su composición entre 1880 y 1916, confirmó este propósito por dos razones: a) porque acogía a un número importante de expresidentes B) porque acogía a los gobernadores salientes quien desde este ámbito, velaba por los intereses de su provincia. El Senado era una institución que agrupaba a los que habían concentrado el poder en la provincia y que, luego, volcaban esa capacidad de control y experiencia en el ámbito nacional. El Senado comunicaba oligarquías, las hacía partícipes en el manejo de los asuntos nacionales y las cobijaba con la garantía de un mandato extenso y renovable. Allí convivía un grupo de notables. El mandato duraba nueve años y una reelección los llevaba a 18. Una tercera, a 24 años en ejercicio del poder senatorial. Así quedaba garantizada la duración y la permanencia. (“Guárdame esa banca, yo te reservo esta gobernación, después cambiamos”). Este cuadro de estabilidad en los puestos, se trastocó por una serie de conflictos que se dieron en el poder político nacional y las provincias. Regresó entonces un instrumento de control que duró con bastante fuerza: la intervención federal.

Cap. VII Del orden oligárquico a la democratización Analiza como funcionaron los controles institucionales en el país. Se pregunta el por qué el ocaso del régimen que la sociedad calificó como oligárquico. La experiencia de Alberdi dentro de la republica chilena, de Diego Portales, los elementos pcos e institucionales adoptados por Alberdi de la misma, como orden, jerarquía y disciplina, respeto sacral por pcpio de autoridad. Entiende que en la fórmula alberdiana se daba una contradicción: la tradición y el orden quedaban reservados a la pca; el progreso y la democratización social, a los cambios que debían sobrevenir en la sociedad civil. Los hombres del régimen del 80 marcharon por ese camino. Conservaron las

instituciones de la república restrictiva, abrieron las puertas a la inmigración, al capital y a la cultura universal. Defendieron un orden pco conservador, alentaron el desarrollo de una sociedad más igualitaria. Tb refiere a la llegada a la presidencia de Sáenz Peña. Del proceso reformista que lleva a cabo a través de leyes imperfectas, discutidas. Los reformadores emprendían un plan que poco desmentiría el ritmo vertiginoso. Inmersos en una sociedad distinta, los nuevos gobernantes asumían la tarea de reparar una fórmula y un régimen. Buscaron un método: la reforma deliberada; quizá definieron una meta: la conservación del poder y de su posición social, ambas cosas reconciliadas, esta vez con una práctica institucional menos imperfecta o más coherente con los pcpios proclamados.-

Cap. IX ¿Plan estratégico o salto al vacío? La ley electoral fue sancionada. No se logró perfilar una real autonomía del congreso frente al P.E., ya que Sáenz Peña presionó a los legisladores desde su lugar de presidente. A pesar de que muchos creían que el P.E no iba a lograr la sanción de la ley. Nada torció la voluntad reformadora. Así tras el convencimiento de la victoria fue posible diseñar el esbozo de un plan estratégico basado en el uso de todos los resguardos institucionales.La ley regulaba exclusivamente las elecciones de diputados nacionales, electores de presi y vice y electores de senadores para el distrito de la Capital. El senado nacional quedaba fuera del circuito reformista.Qué pasó con el método de elección propuesto para los electores de presi y para los diputados nacionales.-