Doctrina Jurisprudencial Vinculante.docx

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DOCTRINA JURISPRUDENCIAL VINCULANTE

SALA PENAL PERMANENTE Fecha de emisión: 17 de octubre de 2013. Fecha de publicación: 30 de abril de 2014

Extracto: Conversión de la Pena 2. En efecto, si en un proceso penal se determinó la responsabilidad penal de una persona respecto al delito cometido, siendo condenado a pena privativa de libertad suspendida bajo ciertas reglas de conductas, resulta imperativo que ésta deba ser cumplida en el plazo y modo señalado en la ley; toda vez, que la conversión de pena es una alternativa que establece el Código Penal frente a la imposición de una pena efectiva de corta duración y de descarte de la suspensión de la ejecución de la pena o reserva del fallo condenatorio. Entonces, se tiene que por expresa disposición normativa la conversión de pena se efectúa al momento de emitirse sentencia; toda vez que opera residualmente, es decir, cuando no procede la condena condicional o reserva del fallo, y como éstas se determinan al emitirse sentencia, la conversión de pena por otra alternativa se realizará al momento de emitirse sentencia. FJ. 2 Desde nuestra perspectiva la solución al problema se halla en diferenciar las medidas alternativas adoptadas por el Código Penal al momento de su aplicación, lo cual determinará sus efectos durante la fase de ejecución de sentencia. En efecto, al momento de emitir sentencia el Juez valora las circunstancias genéricas que prevén los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis del Código Penal, para imponer una medida drástica que es la prisión efectiva, momento en el cual si descarta la condena condicional o la reserva del fallo condenatoria, convencido que la pena concreta a imponer debe ser efectiva, revalorará el pronunciamiento, y optará por las medidas alternativas, esto es, multa, prestación de servicios a la comunidad o limitación de días libres. FJ. 5 De lo mencionado, es evidente que la actividad realizada para la conversión de pena por el Magistrado es referida al momento de la determinación judicial de la pena concreta, ya que en ese momento realiza una actividad estrictamente jurisdiccional y porque en el fallo debe fijarse la pena impuesta y a continuación debe acordarse la conversión sostener que se pueda realizar en un momento posterior, implicará que se alteraría la autoridad de cosa juzgada, ya que se emitiría pronunciamiento sobre circunstancias no conocidas al momento que se determinó la pena concreta. FJ. 6 Esta interpretación se ampara en que la conversión de pena es una institución con presupuestos y requisitos preestablecidos porque una de sus funciones es evitar que una persona ingrese a prisión, no sacarla de prisión. FJ. 7

Sobre las consideraciones precedentes, se concluye que la conversión de pena opera al momento de la emisión de la sentencia. La razón radica en el tipo de valoración que hace el Juez al momento de la determinación judicial de la pena concreta, puesto que al emitir el fallo valora la personalidad del agente y las circunstancias que rodean al hecho punible, para luego de un proceso intelectivo, declarar si procede o no la conversión de pena. La conversión de la pena, prevista en el artículo 52 del Código Penal, permite al juzgador imponer en los delitos leves una pena distinta a la prevista originalmente. Así, puede modificarse penas de cárcel de hasta cuatro años por otras de multa o de limitación de días libres. Sobre el particular, la Corte Suprema ha precisado que la facultad del juzgador de convertir la pena deriva de la valoración que realiza al momento de la determinación judicial de la pena concreta. Por lo tanto, no es posible la conversión luego de emitida la sentencia. Y es que al emitir un fallo, el juzgador valora la personalidad del agente y las circunstancias que rodean al hecho punible, para decidir si, previo proceso intelectivo, procede o no la conversión de la pena aplicable al caso concreto. Así lo ha dispuesto la Corte Suprema en la Casación N° 382-2012-La Libertad, en donde rechazó la decisión de la Sala Penal de Apelaciones de La Libertad de convertir una pena privativa de libertad con carácter de efectiva por una de limitación de días-libres. El caso Un sujeto condenado por el delito de omisión a la asistencia familiar solicitó la conversión de su pena al sostener que ya había cumplido con cancelar los devengados. Sin embargo, en primera instancia se le rechazó el pedido. La Sala Superior, en contraste, declaró fundada su solicitud y convirtió la pena en una de prestación de servicios a la comunidad. El fiscal superior consideró la decisión como una interpretación errónea de las instituciones jurídicas e interpuso recurso de casación. Finalmente, la Corte Suprema declaró fundado el recurso de casación interpuesto por el fiscal superior y, en consecuencia, confirmó la resolución de primera instancia porque la conversión de la pena la Sala Superior no se encontraba facultada realizar la conversión. Otrosí En esta misma casación, la Suprema recalca que a diferencia de las causales de revocación de la pena -como la omisión del pago de la multa, la prestación de servicio o la limitación de días-libres-; la revocación de la suspensión de la pena radica en el incumplimiento de las reglas de conductas impuestas por el juez de la sentencia.

LA CONVERSION DE PENA: PROBLEMATICA 1. Introducción. En la Exposición de Motivos se sostiene que “La Comisión Revisora, a pesar de reconocer la potencia criminógena de la prisión, considera que la pena privativa de libertad mantiene todavía su actualidad como respuesta para los delitos que son incuestionablemente graves. De esta premisa se desprende la urgencia de buscar otras medidas sancionadoras para ser aplicadas a los delincuentes de poca peligrosidad, o que han cometido hechos delictuosos que no revisten mayor gravedad. Por otro lado, los elevados gastos que demandan la construcción y el sostenimiento de un centro penitenciario, obligan a imaginar formas de sanciones para los infractores que no amenacen significativamente la paz social y la seguridad colectivas” La norma sustantiva vigente ha considerado cinco modalidades de medidas alternativas que son las siguientes: 1. 2. 3. 4. 5.

Sustitución de Penas Privativas de Libertad. Conversión de Penas Privativas de Libertad. Suspensión de la Ejecución de la Pena. Reserva del fallo condenatorio. Exención de Pena.

De estas la que tiene mayor aplicación en el sistema judicial es la suspensión de la ejecución de la pena y en un menor grado la reserva del fallo condenatorio y en un porcentaje casi nulo la sustitución, conversión y exención de la pena; ello como se dijo en un comentario anterior debido a la falta de difusión en la comunidad jurídica de la posibilidad de aplicación de estas penas alternativas; siendo lo que motiva el presente, la aplicación de la conversión de la pena privativa de libertar y su problemática. 2. La conversión de la pena. Este sustituto penal puede ser definido como la conmutación de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia, por una sanción de distinta naturaleza. En el caso del derecho penal peruano la conversión de la pena privativa de libertad puede hacerse con penas de multa, de prestación de servicios a la comunidad y de limitación de días libres. En otros países, en cambio, la conmutación suele realizarse únicamente con penas de multa. Y para que proceda esta medida alternativa se exige como condiciones: a) Que la pena impuesta en la sentencia condenatoria no exceda entre dos a cuatro años de pena privativa de libertad; y, b) Que en el caso concreto no sea posible aplicar al sentenciado una suspensión de la ejecución de la pena o una reserva de fallo condenatorio. 3. Diferencia con la sustitución de la pena. La Sustitución de Penas Privativas de Libertad se encuentra regulada en el artículo 32º y 33º del Código Penal. Ella está vinculada con la operatividad de dos clases de penas limitativas de derechos: la prestación de servicios a la comunidad y la limitación de días libres.

Siguiendo el razonamiento de COBO-VIVES estamos ante un auténtico sustitutivo penal, ya que la medida que analizamos involucra, como efecto, la aplicación en lugar de la pena privativa de libertad, de otra pena de naturaleza distinta y no detentiva del condenado. Resultan ser las principales características y diferencias existentes entre la conversión con la sustitución de la pena: 





La conversión de la pena opera cuando la pena impuesta en la sentencia condenatoria no exceda entre dos a cuatro años de pena privativa de libertad; mientras que en la sustitución de la pena lo cual la pena a imponer no supere los cuatro años de pena privativa de libertad. En la conversión de la pena en el caso concreto exige como requisito especial que no sea posible aplicar al sentenciado una suspensión de la ejecución de la pena o una reserva de fallo condenatorio; y en la sustitución de la pena no se requiere requisito alguno. Los tipos de pena sustituidos en la conversión de la pena son: multa, prestación de servicios a la comunidad y limitación de días libres; para la sustitución de la pena lo son únicamente la prestación de servicios a la comunidad y limitación de días libres.

4. Problemática para la aplicación de la conversión de la pena. El juicio de valoración que realiza el juez para emitir una sentencia, no sólo se limita a determinar o no la producción del hecho denunciado y de ser el caso establecer al responsable del mismo; sino que una vez convencido de la participación del agente, debe elaborar otro procedimiento destinado ahora a determinar la pena a imponer, y establecer si cabe una pena alternativa y escoger entre el abanico de posibilidades la pena acorde con el hecho cometido. Como se comentó en un artículo anterior, se señaló que uno de los principales motivos por los cuales no se aplicaba la pena de prestación de servicios a la comunidad, era por que no existía la logística adecuada para realizar el seguimiento y control de la ejecución de la pena. En cuanto a la Limitación de Días libres no se aplica por falta de infraestructura o locales adecuados y personal especializado (psicólogos, educadores) para su debido cumplimiento; situación que ahora ha variado ya que en la actualidad el Instituto Nacional Penitenciario, cuenta con suficientes entidades receptoras, así como personal especializado[6]. Por lo que, corresponde ahora a los Jueces valorar la posibilidad de asumir el compromiso de convertir las penas privativas de libertad en penas de prestación de servicios de la comunidad y/o limitaciones de días libres, en los delitos de escasa relevancia penal y social, y vencer la cultura de la pena privativa de libertad; por lo que superado este obstáculo, corresponde analizar si existen otras dificultades para la aplicación de esta pena alternativa. A diferencia de la sustitución de la pena la que como se dijo se trata de un auténtico sustituto penal, la conversión de la pena presenta ciertas dificultades para su aplicación, advirtiéndose entre estas dificultades las siguientes: 

En primer lugar encontramos, lo expresado en el artículo 52 del Código Penal, el que refiere “En los casos que no fuera procedente la condena condicional o la reserva del fallo condenatorio, el Juez podrá convertir la pena privativa de libertad no mayor de dos años en otra de multa, o la pena privativa de libertad no mayor de



cuatro años en otra de prestación de servicios a la comunidad o limitación de días libres, a razón de un día de privación de libertad por un día de multa, siete días de privación de libertad por una jornada de prestación de servicios a la comunidad o por una jornada de limitación de días libres.” Literalmente la norma señala “En los casos que no fuera procedente la condena condicional o la reserva del fallo condenatorio el Juez podrá convertir la pena…”; lo que implica que el juez después al hacer una valoración de la pena a imponer, concluye que no son procedentes las penas de la condena condicional o reserva del fallo; y si estas penas no resulta procedentes, entendiéndose que no están de acuerdo al derecho, resulta como consecuencia lógica que la pena a dictarse es una de mayor gravedad (detención); por lo que mal podría convertirse una pena privativa de libertad efectiva, a que el juez concluyo en aplicar, en una de limitación de días libres o de prestación de servicios a la comunidad, si se entiende que estas son más beneficiosas para el condenado, que presenta un pronóstico favorable de conducta futura; por lo que la redacción del artículo 52 del Código Penal implica una motivación especial por parte del operador judicial, a diferencia de las otras penas alternativas. El artículo 53 del Código Penal contempla como causales de revocación de la conversión de la pena, que el condenado no cumpla en forma injustificada con el pago de la multa o de la prestación de servicios signado a la jornada de limitación de días libre, ello a diferencia de las penas suspendidas o reserva del fallo, que señalan una serie de reglas de conducta impuestas por el juez en la sentencia; es consabido que dentro de las pretensiones de la parte afectada por un acto ilícito, es de que le sea resarcido la restitución del bien, así como el daño y perjuicio causado[7], lo que se plasma en la reparación civil; y si esta se halla comprendida como una regla de conducta (reparar el daño ocasionado por el delito), quien puede ser requerido por el órgano jurisdiccional a instancia de la parte para que cumpla con su obligación, estando facultado el juez los requerimiento o amonestaciones expresas, llegando incluso a la revocación de la pena (sea suspendida o reserva del fallo) cuando el obligado se mantiene firme o constante en no reparar el daño, habiéndose pronunciado en tal sentido la Corte Suprema.

5. A manera de conclusión. Es evidente que el objetivo primordial de las penas alternativas, es de la aplicación de una pena justa, con percepción favorable por la sociedad, venciendo la cultura de pena privativa de libertad, que ha mostrado no ser eficiente; pero que las alternativas que se den tampoco constituyan penas simbólicas y conseguir más bien una buena recepción social, con respecto a los tipos de delitos que encajen dentro de un catálogo idóneo para la aplicación de las penas alternativas.

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