Aclarando Proyectos - Toto Balestri

Aclarando proyectos ToTo BaLesTri Después de la andanada ideológica que realizaron instituciones y dirigentes vinculados al comercio de granos después de haber conocido que el Gobierno trabaja en un ente controlador del mismo, aparecen en el ruedo algunos de los escribas del modelo. Personas que a la ideología le cargan un saber técnico y venden su mensaje como inapelable verdad científica. El día 2 de marzo Clarín saco a la cancha al Ing. Héctor Huergo. Justificador y difusor del modelo agroexportador tecnológico acorde a la globalización hegemónica. Debía convencer, desde su posición de vocero de todo lo bueno que habíamos conseguido con la eliminación de los organismos reguladores. El argumento utilizado fue elemental: sin Junta Nacional de Granos la producción granaria argentina se triplicó y esto es verdad. Lo que no toma en cuenta, y en esto, como ingeniero agrónomo es un buen discípulo de los economistas liberales, son los costos sociales de ese desarrollo. Dice Kapp “el término costos sociales abarca todas las pérdidas, directas o indirectas, soportadas por terceras personas o por el público en general, como resultado del desarrollo ilimitado de actividades económicas”. El mismo autor aclara que la definición “es lo suficientemente amplia como para abarcar ciertos costos sociales de oportunidad que presentan la forma de despilfarros evitables y de ineficiencias sociales de distinta clase”. Finamente redondea su concepto “mediante la traslación de parte de los costos de producción a terceras personas o a la comunidad entera, los empresarios pueden apropiarse de una proporción de producto nacional mayor que la parte que normalmente le correspondería”[1]. Que autoridad tiene el autor citado. Es precisamente, junto con Misham[2] uno de los primeros que cuestionaron la metodología de estudio de la economía después de la síntesis neoclásica y que comenzaron a plantear las parcialidades de sus verdades que intentan elevar a la categoría de leyes científicas. Han sido rescatados del olvido por parte de los economistas ecológicos y su lectura nos permite encontrar elementos para avanzar en la demostración de las falacias interesadas de los economistas al uso del sistema. Es cierto que se triplicó la producción y, también, que para algunos actores obtuvieron márgenes exagerados e impensados. Rentabilidades que superaron las históricas. Pero engañosas, porque la mayoría de los costos no fueron tomados en cuenta. Fueron transferidos a otros sujetos de la sociedad o, lo que es peor, a las generaciones venideras. ¿Cuáles son algunos de los costos sociales de la triplicación de la producción granaria? Primer dato elemental: un 20% de los productores y sus familias dejaron de serlo. El Censo Agropecuario 2002 indica que en total había 333.533 explotaciones agropecuarias. El mismo relevamiento realizado en 1988 informa que las explotaciones eran de 421.221. En el lapso de los 14 años donde se desarrolló la profunda transformación de la producción agropecuaria se extinguieron 87.688 establecimientos agropecuarios. Casi un 21%. Vale una aclaración: el porcentaje se ve disminuido por provincias que poco tuvieron que ver con el cambio tecnológico

productivo. En la Provincia de Buenos Aires la extinción de explotaciones fue del 32,3% y en la Provincia de Córdoba del 35,8%. Otro dato desde donde intentar calcular costos tiene que ver con la desocupación. En mayo del 1990 era de 8,6% y para mayo del 2002 llegaba a 21,5%. Entre otros factores, este incremento de la desocupación está relacionado con el modo de producción agropecuaria impuesto después de la disolución de la JNG. Del mismo modo, podemos afirmar que el modelo productivo tiene serio compromiso con la pavorosa cantidad de hogares pobres que para el segundo semestre del 2003 ascendía al 36,5% del total. Puedo seguir con la lista de casos a partir de los cuales estimar costos sociales del modelo productivo. ¿Por qué? El desarrollo tecnológico, a través de un mercado desregulado, libre, sin el “estado gendarme” del que hablaba Adam Smith, significó el aprovechamiento de los más poderosos, de los mejor posicionados, y provocó la desaparición de aquellos productores que no podían alcanzar por sí solos el umbral tecnológico y de tamaño que suponía el cambio. Lentamente fueron desapareciendo, perdiendo sus tierras, con lo que se acentuó el creciente proceso de concentración de explotaciones, en nuestro caso agravado por la desnacionalización de sus nuevos propietarios. Recuerdo que ésta fue la gran preocupación de Federación Agraria en el 2004, donde tuve posibilidades de participar en unas jornadas nacionales y reconozco que nunca fue oída en sus reclamos para regular el acceso a la tierra. Recuerdo también haber escuchado, por otros partícipes en ese congreso, críticas a lo parcial de su análisis: nunca se metió con la soja y allí estaba la principal de la causas. Quienes perdían su campo, no tenían posibilidades de conseguir trabajos acordes y al igual que muchos trabajadores rurales debieron emigrar hacia otros horizontes. Expulsados desde el campo se volcaban a centros urbanos locales, después a la periferia de Rosario o Córdoba y finalmente al conurbano bonaerense. Muchos de ellos, sin posibilidades de nueva ocupación, porque tampoco la industria agonizante generaba trabajo, pasaban a engrosar las filas de quienes pugnan por un subsidio de desempleo o una dádiva política. Empezaron a ser fáciles presas del “clientelismo” que, vale aclarar no es exclusividad de un solo partido político, sino de todos quienes ejercen la discrecionalidad de decir quien lo recibe o quien no. Así, terminaron sumados a otros trabajadores que eran expulsados desde industrias también impactadas por el cambio tecnológico y la falta de protección. Empezaban a aparecer los “excluidos”, una categoría que nunca habíamos tenido en Argentina. Los economistas al uso y los tecnólogos optimistas plantean que no había opción a la estrategia planteada y que no asumir las nuevas tecnologías significaría llegar tarde al proceso de inserción mundial. No estamos en contra del avance tecnológico, sólo planteamos que sus beneficios sean socialmente distribuidos y si ellos se hacen a través del mercado habrá muy pocos favorecidos y muchos más perjudicados. El mercado sólo y autónomo genera costos sociales, más que los beneficios.

Sin posibilidades de construir un proyecto personal, de “pertenecer” socialmente, sólo les quedó el camino del delito. Después, aprovechando las consecuencias de la globalización, cuando comenzaron a instalarse las organizaciones ilegales también globalizadas (drogas, armas, prostitución, entre otras), algunos empezaron a vislumbrar un camino, una salida: integrarse en ellas. Para poder hacerlo es necesario demostrar sangre fría, capacidad de matar. Quizás por aquí también estemos explicando la mayor violencia y la saña con que actualmente se realizan los hechos delictivos. No digo que estos “costos sociales” sólo son productos del desarrollo agropecuario que ocurrió después de la desaparición de la JNG. Los factores que lo ocasionaron son más complejos y, en última instancia, se trata de un verdadero “antiproyecto”[3], del cual la mirada de Huergo sobre la producción agropecuaria constituye un subsistema. Quizás el más importante, pero subsistema al fin y como subsistema contribuyó y mucho al resultado del todo. Las condiciones internacionales y el impulso tecnológicos daban para que este proceso pudiese haberse hecho de otro modo, con más justicia social. Sólo había que poner voluntad política y capacidad estratégica. Sin protección estatal, el mercado asignó los recursos todo lo regresivamente que podía. Huergo sigue repitiendo los mismos justificativos de los 90. ¡Eran necesarias las desapariciones! Había una razón de eficiencia económica. Dejemos que el mismo escriba nos explique como el “antiproyecto” pudo soltar amarras: “la desaparición de la JNG fue acompañada por la desregulación del sistema portuario. Al permitirse una operación más plena de los agentes globales del negocio, fluyó una gigantesca corriente de inversiones hacia el sistema agrícola argentino”. Bien. No solo se desregularon, también fueron privatizados los puertos. Y los ferrocarriles, para que los nuevos titulares puedan financiar el transporte de sus mercaderías a precios inferiores a los costos, recuperando la pérdida por precios diferenciales que deben pagar quienes no son propietarios. Regresaba el viejo mecanismo que denunciara Scalabrini Ortiz, aunque también se siguiera con las metas de destruir el sistema ferroviario. Y se privatizaron bancos, sólo dos o tres bancos provinciales escaparon del signo de la época. Con la desaparición del crédito de promoción, del crédito orientado, decían que no tenía sentido sostener bancos estatales. Cerraba de este modo el proceso que se inició en 1976. Aquella ley de entidades financieras fue el origen de la primera extinción de productores agropecuarios y la primer “oleada de mortandad de cooperativas”[4]. El llamado “proceso” fue la etapa “dogmática” de la contrarrevolución, donde se sembraron las simientes del antimodelo. El período que defiende Huergo fue la institucionalización del mismo. En ese concepto de “agentes globales del negocio”, Huergo describe los principales actores, a los que pudo sumarse algún comercializador o alguna agroindustria local. Y hasta la vieja oligarquía, la rancia oligarquía empezó a sentir el impacto del cambio. En los primeros puestos del ranking de terratenientes han desaparecido “los patricios”. Hoy son algunos “agentes globales” que se han integrado regresivamente en la cadena y compraron campo. Ellos son los dueños del negocio y los argentinos pusimos la tierra.

Dice un viejo principio de la comercialización que quien coordina un complejo se queda con la mejor tajada y define “el modo de acumulación”. Los “dueños” del negocio, las viejas corporaciones transnacionales, forman los precios en un “mercado internacional” de naturaleza oligopólica y suelen trasladar los costos hacia ambos extremos de la cadena. A los propietarios de la tierra les toca una tajada más pequeña. Cuando comenzaron a sentirse las consecuencias de las crisis que siempre acompañan al mercado libre y empezaron a avizorarse los costos sociales de este modo de comercializar, hasta el Estado reclamó su tajada. Al estallar la crisis del corralito se asoció a la cadena mediante las retenciones. También lo dice Huergo “la expansión sojera fue crucial para superar las dificultades de los 90, salir de la crisis del 2002 y permitir la recuperación económica posterior”, y aún sigue siendo un socio del negocio agroexportador, porque su estructura está intacta. Las retenciones no cambian las reglas de juego, sólo permiten que el Estado se asocie, que se apropie de un porcentaje de la renta que va desde la coordinación del complejo a la base productiva. La aplicación de retenciones, sin más intervención, dio lugar a manejos oscuros por parte de los exportadores, ya que todo parece demostrar que se quedaron con parte de lo que correspondía a productores. El Ing. Huergo termina afirmando su ideología “todo esto ocurrió en un marco de creciente libertad comercial. Se expandió la operación de los Mercados a Término. En síntesis, el sector privado aprendió a operar en un mercado ágil y moderno”. Lo aprendió de un modo tan rápido y eficaz que hasta cedieron viejos postulados. El mercado libre y sin estado gendarme permitió la “invasión” del capital financiero a la producción agropecuaria. Fue a través de los llamados pooles de siembra, que en el fondo no son más que estructuras similares a los fondos comunes de inversión con formas jurídicas diversas. El tema fue permitir que los capitales puedan realizar colocaciones cortas (el tiempo de una siembre – cosecha) a través de mecanismos que permitiesen una rápida salida del negocio cuando la rentabilidad no diera. La afluencia de fondos fue muy importante, obteniendo durante un buen tiempo ganancias superiores a otras colocaciones financieras. Este mismo capital financiero que se colocaba en el mercado físico, especulaba en el mercado a término para atenuar el riesgo asumido. La demanda de partes de los fondos y paquetes de activos financieros de aquí y, sobre todo, de los principales centros comerciales del mundo, más la presión sobre las coberturas impulsaron los precios hacia arriba. Quienes solemos ser críticos del capitalismo global estimábamos que al menos un tercio del precio de un commodity estaba originado en la especulación financiera que en algún momento iba a estallar. Los economistas al uso del sistema pregonaban que la mejora de precios había venido para quedarse y lo fundamentaban en una sola de las causas que forman los precios de los commodities: la demanda. Al igual que en otras burbujas la especulación iba hacia arriba generando confianza, hasta que el día menos pensado, por esas cosas de las expectativas y los temores advino la crisis, la migración de los capitales y el desplome de los precios. Habría que llamarlo a Broda, Cachanosky, Melconian y compañía para que justifiquen el mensaje errado que dejaron en unas cuantas jornadas de difusión del sistema.

Eran tiempos donde el margen daba para todos. La tecnología reclamaba más extensión y cuando la compra de tierra no fue suficiente comenzaron a arrendar. Muchos pequeños y medianos propietarios, imposibilitados de llegar individualmente al “umbral tecnológico” alquilaron y les fue muy bien. Algún grandote de aquellos que le gusta ganar fácil, aunque sea algo menos, también. Ninguna producción alternativa podía garantizar un ingreso similar al alquiler para soja. Salvo aquellos comprometidos emotivamente con una producción, muchos chacareros fueron dejando sus viejas actividades como sembradores, ganaderos o lecheros para transformarse en “rentistas”. Los feed lots, los megatambos iban garantizando un piso productivo. Y nótese que hablo de ingreso y no de rentabilidad. Los economistas al uso hablan de rentabilidad, pero yo prefiero obviarla porque otra vez aparecen los costos sociales no computados: cuantos componentes del suelo se van en el grano producido, cuanta biodiversidad se pierde por el uso del pesticida, cuanta toxicidad se agrega al agua y a los alimentos humanos. Y no me meto con el balance energético, porque entonces la supuesta rentabilidad sería negativa. Todo es una distorsión en la formación de los precios y en la no valorización de muchos componentes de los costos y el no tomar en cuenta los activos ambientales y sociales. Una hipótesis: quizás haya entre los dirigentes de Federación Agraria algunos que entraron en la moda del alquiler y participaron de las migajas del sistema, pero que consideradas desde el ingreso personal era importante. Es posible que esta situación de locatarios rentísticos justifique que se hayan hecho los distraídos frente a la “sojización”. Quizás también quepa la sospecha para algún dirigente de CONINAGRO. He realizado investigaciones[5] sobre el tema en la Provincia de La Pampa donde el cambio productivo y la desaparición del pequeño productor aparecen como los factores principales de la “segunda ola de mortandad de cooperativas agropecuarias”. Digamos que sobre más de 25 entidades solidarias existentes en el momento de desaparición de la JNG, hoy no deben quedar más de 5. Y las cooperativas sobrevivientes, que en muchos casos son la principal actividad de un pueblo, están muy preocupadas por el advenimiento de los pooles. Chacarero que alquila es chacarero que no les entrega la cosecha, no les compra insumos, ni contrata servicios en el pueblo. ¿Dejaremos seguir migrando a los grandes centros urbanos? En tiempos del viento de cola, cuando los precios de los commodities impulsados por la demanda de carnes y la especulación financiera treparon a niveles increíbles, todos los socios subieron sus tajadas del festín. Hoy que la crisis provocó la caída de los precios, la tajada bajó. Una vez más, después de la confusión que provocó el estallido de la burbuja, vemos que los “agentes globales” se reorganizan y vuelven a operar en nuevos valores. Serán ellos quienes decidirán cuanto les toca a cada uno. El mercado desregulado y sin estado gendarme funciona así, asimétricamente. El que tiene más poder define el “modo de acumulación”, el margen que obtendrá cada agente de la cadena por las funciones que le toquen prestar. La lógica induce a pensar que siempre será más para él y menos para quienes están en los extremos: los productores pequeños y los consumidores. No hay que ser adivino para darnos cuenta que en los valores actuales, el negocio interno tiene muy poco margen para el arriendo. ¿Qué harán quienes reciban nuevamente el campo y hayan vendido sus equipos?

Pero todavía hay más. En el centro de su artículo, Huergo dice que la soja “es el producto más dinámico desde hace veinte años, como consecuencia de la explosión de la demanda mundial de carnes de todo tipo”. Estima que “la mitad es soja”. Lamentablemente para quienes aprendimos a considerar los costos sociales, hoy más de la mitad es soja. ¡Más de la mitad de nuestra producción granaria! Una producción que supo ser muy diversificada porque tenemos condiciones para producir casi de todo. ¿Será necesario que comencemos a contar los costos sociales de un monocultivo? Quizás merezca otro artículo. Para ir cerrando, es claro que existen dos modelos productivos, dos formas diferentes de tomar las decisiones sociales sobre que y como producir y sobre que y como gastar, porque la producción está inevitablemente vinculada al modo de consumir. Uno tiene que ver con trasladar esas decisiones a unas instituciones anónimas llamadas “mercado” (que como vimos no son tan anónimas, sino que en su seno se realiza ejercicio de poder). El segundo supone llevar esas decisiones a estructuras populares de modo que sea el pueblo quien decida. Entre uno y otro hay infinitas variables de combinación entre mercado y participación, con roles diferentes para el Estado, que a mi entender no puede estar ausente. Aunque resulte difícil reconstituir los viejos estados nacionales, en estas cosas de decidir por donde ir, aún débil y famélico, el Estado no puede faltar. Las consecuencias de las decisiones del mercado están a la vista. Si las tomo sólo por el incremento productivo parecen geniales. Si las mido en términos de beneficios y costos, incluyendo en éstos los costos sociales evidentemente no van. Y nótese que para no agregar complejidad a este trabajo no hablé del subsidio energético que reciben estas formas productivas. No me cabe ninguna duda que para evitar catástrofes y esta forma productiva, como nos enseñó Lewkowicz[6], fue una gran catástrofe, es necesaria una mayor ingerencia estatal. Pero esa mayor ingerencia requiere de la reconstrucción del estado. Un estado que fue vapuleado ideológicamente y destruido en sus capacidades. Un estado que requiere de una legitimidad diferente, mayor que la conferida por un proceso electoral. Un Estado que necesita otra concepción de la política, con miradas que escapen al cortoplacismo, recuperen la planificación y prevean la participación en sus decisiones. Quizás, la sabiduría de Perón le había permitido comprender hace 50 años las dificultades de llevar adelante este debate sobre modelos en el marco de las legislaturas y más aún si el debate se plantea en una instancia mediática y abierta.. Por ello, en su última y monumental obra cumbre proponía la creación de un Consejo para el Proyecto Nacional[7]. A lo mejor conviene su relectura. ToTo BaLesTri

[1] Kapp, K. William: Los costes sociales de la empresa privada. Ediciones Oikos. Barcelona. 1966. [2] Mishan, E. J.: Los costes del desarrollo económico. Ediciones Oikos. Barcelona. 1971. [3] Proyecto Umbral. Resignificar el pasado para conquistar el futuro. SADOP y SUTERH. En especial, Poratti, A. “El proyecto de sumisión incondicionada al Norte imperial y globalizador (1976- …)

[4] Barbero, Gutiérrez y Gorenstein. El impacto de los cambios institucionales en el cooperativismo agropecuario pampeano. Universidad Nacional del Sur. [5] Balestri, Allasia y Coller: Las cooperativas agropecuarias pampeanas en la década del 90. Un estudio de casos. Editorial Intercoop. Buenos Aires, 2005. [6] Lewkowicz, I.: Estado de gracia. 2003. Ediciones del GRR. [7] Perón, J. D.: Discurso de inauguración de sesiones ordinarias de 1974.