5 de febrero del 2009. Señor Felipe Pérez Roque Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. Señor Ministro: El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas examina hoy el Informe nacional de la República de Cuba, presentado por el gobierno cubano el pasado 31 de octubre, documento en el que se declara defensor de la “verdad y la justicia”. Entiendo que al faltar a ésa prédica las autoridades cubanas se distancian de una notificación justa que pudiera emanar del órgano. El gobierno cubano, miembro del actual Consejo, no acata la mayoría de los puntos de la Resolución 60/251 aprobada por la Asamblea General. La desobediencia de las decisiones 2, 3, 4, 5, 9 y 12 de dicha resolución demuestra la falta de voluntad de las autoridades cubanas para proteger y promover todos los derechos humanos y libertades fundamentales reafirmados por la Asamblea. Según la introducción del citado informe, el gobierno cubano insiste en desacreditar las denuncias formuladas a la extinta Comisión de Derechos Humanos por ciudadanos cubanos que fueron y son víctimas de violaciones de derechos humanos en éste país, demandas que cataloga injuriosamente como “viejas prácticas de manipulación política y confrontación”. La introducción señala, además, que el informe “es el resultado de un proceso amplio y participativo de consultas”, aún cuando hace tan solo una semana es que el citado texto, en formato de tabloide, está a disposición del pueblo. El 28 de julio del 2008 once personas entregaron en la cancillería cubana una carta dirigida a usted, pidiendo que sean atendidas las solicitudes que les favorecen -los permisos de salida definitiva del país-, hechas por la Sección de Intereses de los Estados Unidos en La Habana al Departamento de Inmigración del Ministerio del Interior, ya que están autorizadas a entrar en territorio estadounidense acogidos por el Programa de Refugiados de ése país. Usted no ha hecho acuse siquiera. El gobierno cubano está violando nuestros derechos contemplados en los Artículos 13 y 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como los acuerdos migratorios firmados con los Estados Unidos en 1994. Nosotros, las víctimas, no somos manipuladores. El gobierno cubano, al negar a personas la salida del país de manera ordenada y segura, alienta la inmigración ilegal. Por ello, sin pretensiones de confrontación, me pronuncio nuevamente contra ésta arbitraria política de estado. Sea, también, una llamada de atención al Consejo para que anticipe la revisión de su labor y su funcionamiento. La Sección de Intereses de los Estados Unidos en La Habana me informó el pasado14 de enero que 238 personas autorizadas a emigrar a los Estados Unidos habían reportado hasta el cierre del año fiscal 2008 que el gobierno cubano les niega los permisos de salida. Nuestros casos demuestran una vez más las contradicciones que afectan el juicio del gobierno cubano. Nosotros somos ciudadanos cubanos, vivimos en Cuba y hemos decidido, libremente, salir del país de manera legal, conforme a los derechos que les asisten a la persona humana.
Por todo lo anteriormente expuesto, y a tenor de lo que establece el Artículo 63 de la Constitución de la República de Cuba reformada en el año 2002, exijo que a partir de hoy, en el marco de la examinación del informe de La Habana que realiza el Consejo de Derechos Humanos, nuestras diligencias sean consideradas por el gobierno y finalmente seamos liberados. Atentamente,
Juan Mario Rodríguez Guillén. N. I. 62062401048. Calle 10 No. 10 e/ 1ra y 5ta, reparto Alcázar, Arroyo Naranjo, Ciudad Habana, Cuba.