459-bucr-09. Ley Modifica Ley 2727 Estabilidad Fiscal Y Laboral

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS ENTRO: 26/08/2009 HORA: 16:45 PROY Nº: 459 BLOQUE UNION CIVICA RADICAL

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Articulo 1º.- MODIFICASE el inciso a) Artículo 2º de la ley Nº 2727, que quedará redactado de la siguiente manera: a)

Organizar y disponer los alcances de los actos de licitación, elaborar los Pliegos de Condiciones, fijar valores de los pliegos y las fechas y lugares de dichos actos. En los pliegos se establecerá como obligación para las adjudicatarias, que la liquidación de regalías hidrocarburíferas no podrá ser inferior a la mejor liquidación rendida durante los doce (12) meses inmediatos anteriores; y que durante la concesión deberá mantener el plantel de personal afectado a los trabajos, en relación de dependencia directa o mediante terceros, debiendo suplirse las bajas de personal producidas por cualquier causa, dentro de los treinta (30) días de extinguido el vínculo laboral, dándose prioridad a los postulantes con mayor tiempo de residencia en la provincia.

Artículo 2º.- De Forma.-

Firma el Señor Diputado: Jorge Fernando CRUZ.-

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Venimos por el presente proyecto de Ley, a proponer la modificación del marco regulatorio de los contratos de concesión de áreas hidrocarburíferas en la Provincia de Santa Cruz, estableciendo nuevas pautas que deberán ser cumplidas al momento de prórroga o renovación de los contratos en vigencia, y por las cuales las empresas concesionarias o permisionarias asumirán como obligación contractual, el mantenimiento de un nivel estable de liquidación y pago de regalías, cuya liquidación mensual no podrá ser inferior a la mejor liquidación rendida en los 12 (doce) meses inmediatos anteriores, y por otro lado el mantenimiento de la planta de personal afectado a las tareas propias de su actividad objeto del contrato, ya sea bajo relación de dependencia directa o mediante terceros, la que no podrá ser disminuida en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, debiendo cubrirse las vacantes producidas por bajas de personal en un plazo de 30 (treinta) días de producida la extinción del vinculo laboral, dándose prioridad a los postulantes con mayor tiempo de residencia en la provincia. Para tal fin, proponemos la modificación de la Ley Provincial n° 2727, insertándose estas obligaciones a cargo de las empresas concesionarias y permisionarias, estableciéndose una suerte de ‘estabilidad fiscal’ a favor del Estado Provincial, y de ‘estabilidad social’ a favor de los trabajadores del petróleo y gas, así como de las comunidades locales del interior de nuestra provincia, que no permanecen indiferentes ante los avatares del mercado de hidrocarburos y contingencias de la actividad. En estos días observamos con suma preocupación el desarrollo de un conflicto sindical entre los obreros petroleros y las operadoras, que ponen en vilo tanto a las cuentas provinciales por la merma en la actividad productiva que ello implica, comprometiendo los ingresos por regalías hidrocarburíferas, por un lado, y la incertidumbre que se infunde en el seno de miles de familias santacruceñas, y de varias comunidades que tienen en la actividad del petróleo y sus actividades conexas, tal vez el principal sostén de sus economías locales. Este conflicto, que venia perfilándose desde principios del año 2009, con la puesta en escena que fue la frustrante ‘mesa de concertación petrolera’, ante la reticencia de las empresas operadoras de las aéreas en el cumplimiento de las inversiones comprometidas, es una consecuencia previsible y natural de un acto de gobierno nefasto en materia de política de hidrocarburos, como fue la aprobación de la prórroga hasta el año 2047 a favor de PAN AMERICAN ENERGY LCC en marzo de 2008 (por ley N° 3009), una negociación establecida en términos leoninos a favor de la multinacional de Bulgheroni y la British Petroleum, que nos quisieron seducir con promesas de espejitos de colores como becas estudiantiles y financiamiento para pymes, pero que en realidad suponía la entrega definitiva del recurso hidrocarburífero hasta su agotamiento.

Este antecedente, es el que le permite hoy a las demás operadoras, principalmente la más importante en nuestra provincia como YPF S.A. plantarse frente al gobierno provincial en una posición de ‘chantajista’ según los propios dichos del gobernador Peralta, exigiendo prebendas privilegiadas para la futura prórroga de las áreas adjudicadas, del mismo tenor a las otorgadas en 2008 a favor de Pan American Energy LLC. Según la lógica de la empresa, por qué motivo el Gobierno Provincial les daría un tratamiento menos ventajoso, cuando la prórroga del contrato de la PAE fue lo mejor que se podía lograr para los intereses de Santa Cruz –como se dijo repetidas veces durante el debate previo a la sanción de la ley N° 3009 -. Acaso, si el convenio arribado con la PAE por cuarenta años fue algo tan bueno para las partes, porqué no tendría YPF S.A. derecho a aspirar a negociar su vínculo en las mismas condiciones y bajo los mismos términos?. Las respuestas a estas preguntas son las que están hoy pendientes, y que el Gobierno Provincial no puede atender con sinceridad, sin reconocer el irreparable perjuicio para los intereses de Santa Cruz que significó la prórroga de los contratos con Pan American Energy LLC. Hoy el pueblo de Santa Cruz está sufriendo sus consecuencias, y las continuaremos padeciendo durante todo el proceso que demande la negociación de prórroga de contratos aún pendientes de vencimiento, y con las operadoras más poderosas como YPF S.A, PETROBRAS ENERGIA S.A –años 2016 y 2017-. Especialmente, si quienes negocien por los intereses de Santa Cruz, son los mismos que lo hicieron con la PAE, y con el patriotismo y compromiso con las futuras generaciones que demostraron en esa ocasión. Pensamos que aún estamos a tiempo de prevenir males mayores para los intereses de Santa Cruz, esta coyuntura es la oportunidad ideal para establecer nuevas pautas jurídicas de negociación con las empresas concesionarias y permisionarias de aéreas hidrocarburíferas que son de NUESTRA propiedad. Tenemos la oportunidad de establecer un marco regulatorio contractual que nos ponga como Estado Provincial a buen resguardo de las intrigas de las operadoras, y que brinde una estabilidad laboral a los trabajadores de la actividad que consolide una auténtica PAZ SOCIAL. En el caso de las regalías devengadas por la producción de hidrocarburos en nuestra jurisdicción provincial, significan un importantísimo recurso económico para solventar las necesidades presupuestarias del Estado Provincial, ascendiendo en el año 2008 al 43,5 % de los recursos corrientes presupuestados de la provincia, con una suma de $ 918 millones. Ahora bien, el presupuesto de ingreso por regalías hidrocarburíferas se redujo sensiblemente para el ejercicio 2009, en que según la Ley de Presupuesto Nº 3050 se prevé que ingresarán $ 698 millones por tal concepto, lo que significa una disminución en más de un 24 % respecto del año anterior. Sin perjuicio de esa previsión negativa, según datos de la Secretaría de Energía de la Nación, hasta el mes de Abril de 2009, se liquidaron regalías a nuestra Provincia por u$s 88 Millones (u$s 70 M por petróleo y u$s 18 M por gas natural), datos que conducen a prever un ingreso proyectado para 2009 de u$s 234 Millones, los que convertidos a moneda nacional arrojan unos $ 819 Millones, vale decir más de $ 100 Millones por sobre lo previsto en el presupuesto de este año. Y, según las últimas declaraciones del gobierno provincial, que

acusan una perdida diaria de u$s 800 mil, la expectativa oficial de ingresos por regalías hidrocarburíferas para todo el año sería mayor a los $ 1.000 Millones. Ahora bien, esta expectativa favorable de mayor recaudación, podría verse disminuida por la prolongación del conflicto sindical en curso, y por la reticencia a cumplir debidamente con las inversiones comprometidas en producción y exploración por las distintas operadoras, fenómeno que se reflejaría de inmediato en el escenario económico y social provincial, con la perdida de fuentes de trabajo, según las pautas imperantes actualmente en esta fluctuante actividad. Respecto del fiscalmente sensible tema de las regalías, especialmente en estos tiempos de escasez de recursos genuinos del Estado – escasez que se busca suplir con endeudamiento -, el gobierno provincial ha manifestado su preocupación por la falta de controles respecto del caudal de la producción de petróleo y gas, y en consecuencia de la fidelidad de las declaraciones juradas confeccionadas por las empresas. Según declaraciones del titular del Ejecutivo Provincial en julio de 2008, se acusaba insostenible en el tiempo este sistema de liquidación mediante declaraciones juradas –El Periódico Austral, 29 de julio de 2008: “Basta de declaraciones juradas”, manifestó el mandatario, quien sostuvo que “hace cinco años que están cayendo exponencialmente la producción y la exploración en la provincia y nadie ha hecho nada al respecto, ni los que ganan plata ni los gobiernos que han pasado”-. Con fundamento en esta observación, por decreto 3179/08 se ordenó el llamado a licitación nacional e internacional Nº 01/09 para la Contratación de servicios de control de medición de la producción hidrocarburífera de los pemisionarios y/o concesionarios de la Provincia de Santa Cruz. A dicho concurso se presentaron cuatro empresas oferentes, con ofertas que significaban sumas millonarias a cargo de la Provincia, por la prestación del servicio de medición durante 5 (cinco) años. Luego, a poco de la apertura de los sobres se dejó sin efecto la licitación pública 01/09 con fundamento en dificultades presupuestarias para atender dicho servicio, en atención a los altos costos ofrecidos. Sin perjuicio de prever sistemas de medición y control de producción de hidrocarburos, asunto que nos ha ocupado en el afán de hacer un aporte concreto a la gestión de gobierno, como lo hicimos mediante el Proyecto de Ley N° 300-09, entendemos que no es razonable que el flujo de recursos fiscales provenientes de regalías por petróleo y gas, queden sujetas a variables fluctuantes muchas veces imprevisibles, como son las declaraciones juradas unilaterales de las empresas y los recurrentes conflictos sindicales entre las operadoras y las organizaciones sindicales de la actividad, hechos eventuales que sirven de excusa para justificar mermas en las liquidaciones de el regalías, que la autoridad de aplicación no tiene la voluntad de corroborar posteriormente, o por parte de la Administración, para justificar presuntos déficits también de difícil comprobación. En función de tales premisas, arribamos a la conclusión de que imperiosamente debe existir una ESTABILIDAD en el tiempo, tanto en la liquidación, pago y percepción de las regalías, como así también en la permanencia del personal afectado a las operaciones en las áreas objeto de

concesión, que permita consolidar una auténtica PAZ SOCIAL, que traiga sosiego a los hogares de los operarios del petróleo, en cuanto a la conservación de su fuente laboral, y un clima propicio para el desarrollo de las demás actividades económicas conexas al petróleo, en cada una de las localidades de las zonas productoras. Por ello, proponemos: primero, que las liquidaciones mensuales de regalías por extracción de hidrocarburos, en ningún caso sean inferiores al promedio del período anual inmediato anterior; y segundo, que los planteles de personal afectado a las tareas de exploración, explotación y servicios, se mantengan en el tiempo, consagrándose una ‘estabilidad laboral propia’, vale decir que dichos planteles no podrán ser reducidos bajo ninguna circunstancia, debiendo cubrirse las vacantes producidas por muerte, renuncia, jubilación o despido, en un plazo de treinta (30) días de producida la extinción del vínculo laboral precedente. En efecto, la realidad de esta actividad demuestra que la merma en la actividad económica, se debe exclusivamente a la decisión propia de las empresas operadoras, que discrecionalmente regulan el flujo de las inversiones comprometidas, según su conveniencia, pero que trasladan sus efectos nocivos inmediatamente, tanto en las cuentas provinciales mermando sus recursos, como en la estabilidad de las fuentes laborales, comprometiendo la tan anhelada paz social, y en franco desmedro de la responsabilidad social empresaria que las petroleras tanto se esfuerzan en exaltar. Efectivamente, observamos en esta actividad la clásica vocación de lucro comercial al apropiarse de las ganancias, pero una inadmisible vocación de socializar las perdidas. Esta probado que las fluctuaciones del mercado de hidrocarburos no inciden significativamente en la rentabilidad de las empresas operadoras, que siempre han mantenido su solvencia financiera, prueba de ello es el adelanto de regalías al Estado Provincial por sumas multimillonarias, y aún en medio del actual conflicto colectivo sindical. Las modificaciones propuestas, encuentran sustento jurídico en las facultades reconocidas a la autoridad de aplicación, por la ley nacional nº 17.319 artículo 70º, y 75º a 78º, ley provincial nº 2727 artículo 2º incisos d), e), f) y g), a los fines de la ley 26.197 Artículo 6º apartado III) – exigir el cumplimiento de las obligaciones legales y/o contractuales que fueran de aplicación en materia de inversiones, explotación racional de los recursos, información, y pago de cánones y regalías -. Por todo lo expuesto, en atención a la naturaleza de cuestión de Estado que reviste la actividad de explotación del recurso hidrocarburífero, atento su carácter de recurso natural no renovable y su fundamental trascendencia económica por su participación en los recursos presupuestarios del Estado Provincial y de las localidades ubicadas en las cuencas productoras, y trascendencia social en razón de la gran cantidad de santacruceños que se desempeñan laboralmente en dicha actividad, es que propiciamos el acompañamiento de nuestros pares en la sanción del presente proyecto de Ley. DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD Firma el Señor Diputado: Jorge Fernando CRUZ.-