Fracking En Colombia.docx

GEOGRAFIA HUMANA Y ECONOMICA DE COLOMBIA

ENTREGADO A: MERCY LORENA URBANO

ENTREGADO POR: YAIR FERNANDO MENESES CORREA

UNIVERSIDAD DEL CAUCA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES PROGRAMA DE GEOGRAFÍA POPAYÁN 2017

El presente texto es una análisis de la normatividad colombiana sobre el fracking, normas que aún no está completamente desarrollada en Colombia, pero la actividad petrolera si está desarrollado este modo de extracción de petróleo, que se ha demostrado en diferentes países que es perjudicial para las aguas subterráneas y repercute en la salud de las personas residentes en las zonas de extracción, tal es el caso del video Gasland. Colombia es el cuarto mayor productor de petróleo de América Latina con un horizonte de reservas de apenas seis años. Aun así, el Gobierno define este sector como uno de los pilares de su economía, y de ahí la necesidad de aumentar sus reservas. El camino trazado por el Ejecutivo son los yacimientos no convencionales, el fracking. El informe de la ALFF denuncia que el Ejecutivo colombiano “ha venido construyendo un escenario para facilitar” la exploración y explotación de estos recursos. Y no solo incluyéndolo en su Plan nacional de Desarrollo 2014-2018 sino adecuando su legislación. Una legislación que, para el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (CCALCP), es “laxa, confusa e irregular y está generando incertidumbre”. Camilo Prieto advierte que el desarrollo del fracking no se ha disparado hasta ahora porque su rentabilidad es muy baja, dado el alto coste por barril producido. Un ejemplo que ponen desde el CCALPC es cómo en 2014 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos flexibilizó los términos requeridos, es decir: cómo este tipo de proyectos demandan muchos recursos y tienen más costes, entonces seamos flexibles, “se mira el bolsillo, el interés particular sobre el general”. Con este acuerdo lo que se permitió fue que las empresas que tenían contratos para yacimientos convencionales pudieran suscribir los no convencionales en términos más favorables. Es el caso de San Martín, donde la empresa ha querido actuar sobre el yacimiento no convencional con el permiso que ya tenía para el convencional, justo lo que la Contraloría está cuestionando ahora. El colectivo de juristas también advierte de que no hay una verdadera separación de funciones ni fiscalización de la actividad entre la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y la de Hidrocarburos. “No hay una autoridad ambiental que regule la situación de los yacimientos no convencionales en Colombia”. “Desde 2008 se promueve una normativa que favorece regalías para crudos no convencionales bajo el argumento de que esa extracción es más costosa para la empresas, sí, pero también [es más costosa] ambiental y socialmente. Las únicas beneficiadas son las empresas extractivas”, apostilla Tatiana Roa, quien también critica el “secretismo” con el que se manejan todos los proyectos. El Ministerio de Ambiente insiste en que la regulación expedida junto al de Minas “se articula entre sí y está formulada de manera que tanto desde el punto de vista técnico como ambiental y social complementan para la prevención y mitigación de

los riesgos asociados a la actividad, en especial en materia de protección del agua subterránea”. Esa normativa se refiere, explican, a protección del agua subterránea, fuentes hídricas superficiales y protección del suelo y del aire. Once senadores de cuatro partidos diferentes, en una carta de apoyo a los vecinos de San Martín, exigían al Gobierno la aplicación del principio de precaución -es la empresa la que debe garantizar y probar que no hay riesgos- y criticaban la “débil y laxa” regulación y “la insuficiente información” sobre la actividad en Colombia y sus afecciones a los acuíferos y riesgos sísmicos. Como ejemplo de esto, la senadora Claudia López se mostró “totalmente en contra” del fracking, por los estudios que alertan de que es “una practica peligrosa” y por los ejemplos de prohibición en otros países. A su juicio, “Colombia en lo mínimo debería actuar con responsabilidad y aplicar el principio de precaución del medio ambiente para evitar un grave problema a futuro”. La senadora también critica las abusivas acciones del Gobierno por evitar cualquier tipo de movilización en contra del fracking y que no haya mostrado “un mínimo interés por solucionar las inconformidades que tienen los sanmartinenses frente a este modelo energético, cuando se les solicitó la instalación de una mesa interinstitucional”. Claudia López también reclama una legislación adecuada para esta práctica e informes rigurosos y opina que la fracturación hidráulica no es una salida económica viable porque “los riesgos sociales, económicos y para la salud son muy altos y, por el contrario, los medios para mitigar o prevenir los efectos negativos de este método no cuentan con evidencia cierta sobre su eficacia, eso nos saldría carísimo”. En este mismo sentido, la ALFF afirma que en Colombia el licenciamiento ambiental es “particularmente inestable y en constante debilitamiento”. Desde el año 1994 el marco regulatorio ha tenido por lo menos 21 modificaciones, tanto en sus procedimientos como en sus plazos y las reformas “se han caracterizado por ser parte de un proceso progresivo de flexibilización y debilitamiento de las obligaciones y estándares ambientales”. Tanto el Gobierno como las petroleras insisten en que el país está preparado para aplicar el fracking de forma correcta, afirmación con la que no están de acuerdo las organizaciones ambientales que insisten en el riesgo para los acuíferos en un país donde el 75% de los recursos hídricos se encuentran en las fuentes subterráneas. Los movimientos ambientalistas y de ciudadanos inciden en las aguas subterráneas y los residuos tóxicos y sustancias radioactivas que llegarían a ellas y que pueden ocasionar cáncer o el gas metano que puede generar que el agua se vuelva inflamable.