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Privatización de los servicios sanitarios: el caso de Aguas Barcelona y Aguas Andinas 1. Sobre el proceso de privatización Si bien el sector sanitario fue uno de los últimos en ser foco de las políticas neoliberales, la Dictadura logró amarrar en 1988, mediante el DFL N°70, los destinos del acceso al agua potable y la salubridad. Dicho decreto inició el proceso de privatización garantizando por ley un mínimo del 7% de rentabilidad para las empresas que se harían cargo del sector. El 19 de enero de 1998 se promulga la Ley 19.549 que profundiza el régimen jurídico que regulaba a los servicios sanitarios desde 1988 para adecuarlo al nuevo ciclo de privatizaciones iniciado por el entonces presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Algunos elementos que considerar son: a) la continuidad de la garantía del 7% de rentabilidad; b) la privatización de casi la totalidad de las empresas estatales mediante la venta de activos o bajo modelo de concesión. Se venden Esval (V Región) y Emos (Región Metropolitana). El 2003, se derogó el 35% de participación accionaria que mantenía el Estado, allanando el camino para la total venta de activos que mantenía en Aguas Andinas (Región Metropolitana), Esval (Valparaíso), Essbio (O’Higgins y Biobío) y Essal (Los Lagos). El 2011 Piñera culminó con el proceso de privatización, dejándole solo el 5% de participación al Estado. 2. El imperio AGBAR Bajo el marco de reformas estructurales que promocionaron la entrada del capital a sector sanitario, Chile se constituyó en una mina de oro para una multinacional en particular: la Sociedad General de Aguas Barcelona (AGBAR S.A), quienes a través de su filial Aguas Metropolitanas S.A, son los accionistas mayoritarios de Aguas Andinas con un 50,1%. El directorio de la sanitaria más grande del país lo completan el Banco de Chile, Itau-Corpbanca, Santander y Bci, quienes conjuntamente suman un 28,69%, la Corporación de Fomento de la Producción con un 5%, y otros accionistas minoritarios. Dentro del directorio destacamos a Herman Chadwick Piñera y a Guillermo Pickering (actual presidente de Aguas Andinas), subsecretario del Ministerio de Obras Publicas en el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, y participante activo del proceso de privatización de los servicios sanitarios. La transnacional AGBAR, además de ser los accionistas mayoritarios de Aguas Andinas, se instalaron en Chile con una serie de otras empresas para proveer a Aguas Andinas de diversos bienes y servicios: adquisición de materiales y servicios de construcción y mantención, sistemas computacionales de facturación, capacitaciones, desarrollo de planes estratégicos y asesorías a equipos directivos. Al no pertenecer al sector sanitario, La Ley General de Servicios Sanitarios no permite fiscalizar a las empresas relacionadas a Aguas Andinas, lo que permitiría al imperio de AGBAR, entre otras cosas, distribuir las utilidades de sus empresas del sector entre las filiales no reguladas, impidiendo que se transparenten las reales ganancias. Además de que recursos de las propias sanitarias, subsidiadas por el Estado, se transfieran a las filiales. Los propios trabajadores de Aguas Andinas señalan que es habitual que funcionarios de las sanitarias realicen trabajos para otras empresas de AGBAR (desarrollar propuestas de negocios, capacitaciones, etc.). Por ende, el gasto de trabajo para otras filiales, al ser sueldos pagados por Aguas Andinas, terminan asumiéndolo los propios consumidores.

3. Lucro y alza de cuentas El metro cúbico de Agua en Santiago es más caro que en Lima, Sao paulo, Caracas y Roma. La SISS indica que la tarifa podría ser más baja, pero el Decreto con Fuerza de Ley N°70, promulgado en plena dictadura cívico-militar, lo impide. Dicho decreto, destinado a promover e incentivar el ingreso de capitales privados, garantiza un 7% de ganancias mínimas para las empresas sanitarias. En 2013, las utilidades de las 25 sanitarias más grandes del país fueron $261.000 millones, siete veces más que las obtenidas por las ISAPRES el mismo año. De dicho monto, $116.000 millones (44%) los concentraba Aguas Andinas. El 2013 su rentabilidad alcanzó el 10,6%. Lo anterior sin considerar las utilidades provenientes de otras empresas del imperio AGBAR. A la par del proceso de privatización de las sanitarias descrito anteriormente, se percibe el alza de las tarifas que los usuarios pagan mensualmente. En el año 2000, las ganancias de todas las empresas alcanzaron $86.000 millones. En 2005 fueron $180.000 millones y en 2013 llegaron a $261.000 millones. Particularmente las utilidades de Aguas Andinas han aumentado considerablemente. Así, en 2002 las utilidades fueron de $59.523 millones, subiendo el 2012 a $121.738 millones. A pesar de caer el 2013 a $116.675 millones (a causa de multas por cortes de agua), el 2016 llegaron a la suma de $150576 millones. A pesar de que todos los fines de mes se efectúa el cobro por los servicios de Aguas Andinas, pocas claridades existen sobre lo que realmente se está cobrando. Un elemento que explica esta opacidad es el costo, negociado confidencialmente con la SISS, orientado a producir y distribuir los 435 mil millones de litros de agua potable (aproximadamente) que llegan a los usuarios. En segundo lugar, los usuarios pagan un monto para financiar el plan de inversiones que asegura la continuidad del servicio. Otra fracción de la cuenta estaría destinada a reponer toda la red, de modo que la sanitaria disponga de los dineros para remplazar la infraestructura al término de su vida útil. Y en último lugar, pero más importante, el 7% mínimo asegurado para las utilidades de las sanitarias. La parte del cobro a los usuarios que está destinada a reponer cañerías y así asegurar que el sistema siga funcionando, equivale a un total aproximado de US$10 millones ($323 aproximado por cuenta). El pago de la cuenta de agua, en teoría, supondría entonces no tener problemas con la infraestructura ni menos con el suministro, pero los últimos años ponen en cuestión la real intención de reinvertir y asegurar el servicio por parte de Aguas Andinas. Quizás el ejemplo más claro sucedió el 9 de junio de 2016, cuando la avenida Providencia se transformó en un verdadero río que trajo costos materiales que aún no terminan de calcularse. Agrava la situación el hecho que el 28 de abril, 42 días antes, la Municipalidad de Providencia advirtió la aparición de una filtración en el mismo lugar que a la postre se habría producido la rotura de matriz. Negligencia pura por parte de la Sanitaria, la cual no cumplió adecuadamente con las medidas comprometidas con el Estado para prevenir el deterioro de las matrices y restituirlas antes de una rotura. La SISS, en su rol de fiscalizador no actuó a tiempo, lo que es equivalente a no actuar. Los propios trabajadores señalan que, por los altos costos que implica reparar, las empresas en vez de reponer matrices y cañerías esperan a que se rompan o fallen. El modelo de concesiones impide a la SISS fijar a las sanitarias el nivel de reposición de las redes. Las propias empresas diagnostican el estado de su infraestructura, por ende, cuánto y qué reponer. En realidad: ¿qué podemos esperar si el proceso de privatización permite que las empresas funcionen prácticamente fiscalizadas y regidas por sí mismas?

4. Aguas Andinas y las platas políticas Por un lado, el mundo privado con sus intereses, y por otro, el sector público. Así al menos se representa hegemónicamente el escenario de la política nacional. No obstante, los hechos demuestran que no existe tal línea divisoria, y sus actores no tienen el menor resquemor a la hora de representar uno u otro interés. La participación de las empresas del grupo AGBAR en Chile están sujetas a un “código ético”, el cual se basa en los principios de integridad, el respeto, la honradez y el cumplimiento de las leyes y normativas institucionales. Sobre la integridad señalan: “la política del grupo consiste en abstenerse de financiar cualquier actividad política”. El estallido en 2014 de la trama de “las platas políticas” o “financiamiento ilegal de la política”, muestra la hipocresía ética y los verdaderos intereses de Aguas Andinas. El pago de boletas y facturas falsas incluyo a Aguas Andinas como una de las tantas empresas bajo sospecha. Dentro de algunos de los “beneficiados”-la lista es larga- se encuentran: $430 millones a tres sociedades del abogado Pedro Yaconi, yerno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y miembro del comité de finanzas de su campaña electoral en 2009; $27 millones a una sociedad de Pablo Longueira y $53,5 millones a Vox Comunicaciones, empresa querellada por el SII por recibir dineros de Penta para la campaña presidencial de Laurence Golborne. Además de $420 millones a diversos centros de pensamiento vinculados a partidos políticos de derecha y centroizquierda, desde la Fundación Jaime Guzmán (UDI), pasando por el Instituto Libertad (RN), a Chile 21 (PRO-PS-PPD). Si recordamos la participación del subsecretario del Ministerio de Obras Públicas, Guillermo Pickering -actual presidente de Aguas Andinas- en uno de los proyectos de ley que profundizo la privatización de los servicios sanitarios, el chiste de mal humor se cuenta solo. La línea divisora entre los organismos públicos y privados no existe. Diversos personeros van de un lado a otro, defendiendo un solo interés; el del gran empresariado nacional y transnacional.

A modo de conclusión Proponemos avanzar en reivindicaciones con perspectiva anticapitalista, que den salida hacia una “socialización y gestión pública y democrática de los bienes comunes”. Creemos que es necesario pensar momentos. Por ejemplo, la propiedad pública como primer paso para la propiedad comunitaria. En ese sentido una política orientada en un primer momento a destrabar el negocio lucrativo del acceso al agua potable y su tratamiento. Eliminar ese 7% garantizado de utilidades debería ser una primera demanda que nos permita desplegar un escenario conflictivo. Instalarlo como un debate ideológico-ético. No pueden lucrar con un bien básico para la subsistencia humana. No será llamativo para los privados un sector en el cual no existan garantías de utilidades. Otro marco de acción es develar el carácter cómplice de los servicios de fiscalización estatal. Por tanto, la necesidad urgente de su reconfiguración. No basta con pedir más fiscalización. No necesitamos que regulen el mercado. Para lo anterior, es necesaria la articulación de un actor colectivo dispuesto a hacer suya dichas reivindicaciones. Necesitamos dar cuenta, mediante problemas concretos como lo son los cortes de agua o el alza de cuentas, de un conflicto ideológico como es el lucro de un bien común. Por ende, de la necesidad de reapropiarse de él. De eso creemos trata la gestión pública y democrática; de la capacidad del pueblo trabajador de gestionar democráticamente el uso y acceso de los bienes comunes que le permiten su propia reproducción.