Discurso De Jorje Subero Isa, 23 De Febrero 2009

Discurso pronunciado por el Dr. Jorge A. Subero Isa, Presidente de la Suprema Corte de Justicia en ocasión de la Juramentación de Jueces 23 DE FEBRERO DE 2009

Estimados magistrados: Quiero aprovechar la juramentación de 37 nuevos jueces de paz, egresados de la Escuela Nacional de la Judicatura luego de un período de formación de 2 años, así como la de magistrados ascendidos y trasladados, para exponer algunos puntos de vista del actual acontecer judicial dominicano. Gracias a los ajustes, al control del gasto y a las medidas de austeridad que hemos implementado, siendo la última la de no encender en todo el territorio nacional los acondicionadores de aire hasta las 8:30 a.m. y apagarlos a las 3:30 p.m., la incorporación de los nuevos jueces de paz a la carrera judicial, sólo significa un aumento de RD$222,000.00 mensuales, y a pesar de que estamos recibiendo la misma partida presupuestaria de hace tres años, todos nuestros compromisos económicos serán cubiertos satisfactoriamente dentro del programa establecido como consecuencia de las medidas de austeridad dispuestas. Obviamente, los programas de inversión y desarrollo se han visto sustancialmente afectados a consecuencia de la misma situación que nos afecta a todos. Deseo recordarles, magistrados presentes, que al momento de prestar el juramento de ley, asumen valores y principios éticos fundamentales, entre los cuales debemos recordar los siguientes: a) La lealtad, consistente en la fidelidad a los principios, valores y objetivos del Poder Judicial dentro de los límites de la ley, la ética y la moral. De esto se deriva que todos los jueces y servidores judiciales deben estar comprometidos y aplicar los valores y principios éticos de la institución;

así como manifestar su identificación y orgullo de pertenencia al Poder Judicial, a través de una actuación coherente con los valores y principios éticos que rigen a la institución; Quiero agregar, que quien no es leal con la institución a la cual sirve, no es leal con su familia, con sus amigos, ni es leal con la sociedad. La lealtad es una virtud que debe ser alimentada todos los días. b) De igual manera, el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial nos obliga, entre otras cosas: 1.- El juez debe cumplir con sus obligaciones específicas de carácter individual y asumir un comportamiento activo en el buen funcionamiento de todo el sistema judicial. El juez debe denunciar ante quién corresponda los incumplimientos graves en los que puedan incurrir sus colegas. También el juez debe estar dispuesto a promover y colaborar en todo lo que signifique un mejor funcionamiento de la administración de justicia. 2.- La integridad del juez fuera del ámbito estricto de la actividad jurisdiccional, contribuye a una fundada confianza de los ciudadanos en la judicatura. El juez íntegro no debe comportarse de una manera que un observador razonable considere gravemente atentatoria contra los valores y sentimientos predominantes en la sociedad en la que presta su función. El juez debe estar consciente de que el ejercicio de la función jurisdiccional supone exigencias que no rigen para el resto de los ciudadanos. 1

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3.- La honestidad del juez es necesaria para fortalecer la confianza de los ciudadanos en la justicia y contribuye al prestigio de la misma. El juez tiene prohibido recibir beneficios al margen de los que por derecho le corresponden y utilizar abusivamente o apropiarse de los medios que le corresponden para el cumplimiento de su función. El Juez debe adoptar las medidas necesarias para evitar que pueda surgir cualquier duda razonable sobre la legitimidad de sus ingresos y de su situación patrimonial. El magistrado de menor edad de los recién egresados de la Escuela Nacional de la Judicatura, quien responde al nombre de Vladimir Rosario García, tiene 24 años de edad, y no creo que cuando asumimos la presidencia de la Suprema Corte de Justicia él pensara en estudiar Derecho. Posiblemente él, al igual que los jóvenes del país de esa misma o menor edad, desconozcan, y tal vez algunos mayores de edad, que hasta hace 13 años el Poder Judicial de la República se encontraba totalmente desacreditado y desprestigiado, que hasta un Presidente de la República llegó a decir que los tribunales eran mercados públicos, donde se vendían y compraban sentencias; que la moral de los jueces era tan baja como el salario que percibían. El tiempo transcurrido ha sido largo, por lo que considero oportuno recordar a muchos desmemoriados lo que existía antes. Es posible que no sepan o hayan olvidado que: - La judicatura dominicana se encontraba en tal situación de descrédito que un Presidente de la República tuvo que crear mediante Decreto una Comisión para estudiar cuáles sentencias podían ser acatadas y cuáles no, sin importar que esas sentencias hubieran adquirido o no la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Con esta medida desaparecía la autoridad de los jueces.

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Que la cantidad de presos preventivos era uno de los grandes problemas que llamaba la atención permanentemente de los principales medios de comunicación. Hoy la queja es que los jueces son inflexibles al adoptar medidas de coerción consistentes en prisión preventiva o como condenas definitivas.

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Que las redadas policiales, muchas de ellas auxiliadas por las Fuerzas Armadas de la Nación, eran frecuentes y constituían fuertes abusos a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

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Que los juzgados de instrucción, con su fase secreta y jueces inquisidores, donde el acusado no tenía derecho a la asistencia técnica de un abogado, eran verdaderos órganos que contribuían a la indefensión de los justiciables.

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Que la libertad de expresión y difusión del pensamiento, la libertad de tránsito y otros derechos fundamentales eran pura y simplemente enunciados constitucionales.

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Que la interceptación telefónica extrajudicial era una regla, pues la protección que la propia Constitución establece en ese aspecto era letra muerta.

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Que los expedientes se eternizaban en los tribunales y despachos de los jueces, apostando cada abogado al que más incidentes promoviera para dilatar los procesos. La mora judicial era alarmante.

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Que cualquier persona era detenida sin autorización judicial y estaba presa hasta que lograra interponer un recurso de hábeas corpus que el juez apoderado no se atrevía a conocer y mucho menos fallar a su favor, salvo honrosas excepciones de jueces que

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cuando actuaron conforme al derecho, perdieron la posición. -

Que todas las cámaras penales del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional estaban presididas por oficiales activos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

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Que muchas sentencias se redactaban en oficinas de abogados, estableciéndose entre muchos jueces y algunos abogados una alianza que ostensiblemente perjudicaba a una de las partes del proceso.

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Que los tribunales carecían de material gastable y los jueces carecían de condiciones de vida digna de su investidura y las instalaciones físicas de los recintos judiciales eran desastrosas.

Algunos sectores de nuestra sociedad que se han visto afectados por las decisiones dictadas por los tribunales judiciales del país, después de haber transcurrido más de 20 años de vergonzosa impunidad, han manifestado su inconformidad contra toda la judicatura dominicana y con ella contra todo el Poder Judicial, con acusaciones de corrupción, amiguismo, miedo y subordinación. Sin embargo, otros igualmente afectados, han asumido con gallardía y respeto la sanción impuesta, acudiendo solamente a los recursos legales establecidos para atacar las decisiones adversas, contrario a los primeros que en más de una ocasión inflaron una burbuja de corrupción y presión en espera de que algún miembro del Poder Judicial la pinchara con un alfiler para que toda esa inmundicia recayera sobre sus miembros. El temple, la honestidad, la seriedad, el compromiso y la integridad de todos se impuso una vez más. La verdad es que el traje de gente seria no le queda bien a muchos. La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia ha sido el blanco preferido de esos sectores, queriéndose empañar su accionar con imputaciones que si no fuera por la prudencia de

sus componentes, hace tiempo que habrían recurrido a los mecanismos establecidos en la Constitución y las leyes para pedir cuenta de tales infundios. Sus acusadores ignoran expresamente que sus miembros, jueces probos y honestos: un Hugo Alvarez Valencia, Julio Ibarra Ríos, Víctor José Castellanos Estrella, Edgar Hernández Mejía, y una dama de las condiciones morales de Dulce María Rodríguez de Goris, merecen respeto. Si hubiera corrupción, amiguismo, miedo y subordinación a otros poderes, como malsanamente se afirma: 1.- No se hubieran logrado las sanciones a sectores que nunca pensaron que el brazo de la justicia los alcanzaría, en un país donde esos sectores todo lo podían. 2.- Los principales líderes sindicales del país no hubiesen sido sancionados por haber cometido actos violatorios de la ley, por esos mismos jueces a quienes se les atribuye tales calificativos. 3.- No se le hubiera dicho al Gobierno dominicano, independientemente del mandatario de turno, que existían disposiciones establecidas mediante decretos que eran contrarios a la Constitución de la República, o que determinados contratos de préstamos ineludiblemente debieron de remitirse al Congreso Nacional para su aprobación. 4.- No se le hubiera dicho al principal partido político de la oposición del país, que éste carecía de calidad para interponer determinadas acciones. 5.- Los crímenes de Estado cometidos en el pasado, como el caso del periodista Orlando Martínez, no se hubieran resuelto. 6.- No se hubiera dispuesto la extradición de uno de los principales implicados en el narcotráfico internacional; así como dictar medidas de coerción consistentes en prisión preventiva contra los presuntos autores de la droga de Paya; o recientemente como el de la droga de Puerto Plata o el asalto Parmalat. En estos casos la única autoridad pública que ha salido limpia ha sido el Poder Judicial.

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7.- No se hubiera ordenado al Estado Dominicano a entregar información pública a requerimiento de un particular. 8.- No se hubiera sancionado a un Diputado al Congreso Nacional ni a un Embajador dominicano radicado en el extranjero. 9.- No existiría un Poder Judicial que revolucionó radicalmente y de manera positiva el acceso a la justicia con decisiones como la que amplió el concepto de parte interesada a los fines del artículo 67 de la Constitución de la República, contario a la interpretación vigente hasta 1997. La que declaró inconstitucional el solve et respete, y la que reglamentó desde el año 1999, aún en ausencia de legislación interna, el concepto de Recurso de Amparo. 10.- No hubiera un Poder Judicial que está revolucionando la jurisdicción inmobiliaria del país, con un proyecto de modernización que instaura una nueva cultura y concepto de los derechos inmobiliarios, y que supera más de 80 años de atrasos. 11.- No existiría un Poder Judicial que, luego de la reforma de 1997, año en el cual la inversión extranjera directa era de US$420,600.000.00, contribuyera a que esta se elevara a unos niveles de US$12,266.900.00 en el año 2008, sin tomar en consideración las inversiones nacionales que se han desarrollado, obviamente a consecuencia de la confianza en el sistema de justicia. 12.- No tendríamos un Poder Judicial que en 2 años realizó el trabajo de más de 25 años de casos penales acumulados. Que preparó a la Nación con unas medidas anticipadas para evitar que se produjera un trauma en el tránsito del viejo Código de Procedimiento Criminal al Código Procesal Penal. Siendo ese proceso referente obligatorio en toda América por su eficiencia. 13.- No fuéramos una institución cuya pulcritud y transparencia en el manejo de los fondos nunca ha sido puesta en duda por ninguna de las auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas ni por los auditores independientes.

14.-No hubiésemos establecido como política institucional y de manera voluntaria la rendición de cuentas por ante el Congreso Nacional de los fondos recibidos del Estado y de esa manera ser ejemplo para la sociedad en general del uso racional de los mismos, en beneficio de una mejor administración de justicia, para garantizar el derecho de la ciudadanía a tener una justicia pronta, transparente, accesible y probada. Rendición que haremos por segundo año en esta misma semana. 15.- Que de existir los vicios que nos atribuyen, no hubiésemos sancionado disciplinariamente a más de 30 jueces con la destitución, así como a 9 con la suspensión. 16.- No hubiera un Poder Judicial donde todos los empleados administrativos ingresan a un sistema de carrera administrativa judicial que les garantiza su permanencia, asegura su desarrollo y promueve su realización personal. Donde los jueces para ser promovidos no tienen que recurrir a padrinos o amigos, pues tienen un sistema de carrera con un escalafón judicial que garantiza y respeta sus derechos y reconoce su labor, méritos y desempeño. 17.- No hubiera una judicatura capaz, proba, honesta y comprometida con el país, donde para su ingreso basta con someterse a los procesos de concursos. El mejor ejemplo lo tenemos hoy con la juramentación de 37 nuevos jueces, formados bajo el más estricto rigor académico, de capacidades humanas, valores, ética, lealtad y decoro, siendo ésta la más numerosa promoción desde el inicio del Programa de Formación de Aspirantes a Juez de Paz, en el año 2002 y con el ingreso del magistrado más joven, que responde al nombre de Vladimir Rosario García, con 24 años de edad, como dije anteriormente. Este proceso de reforma judicial es producto y pertenece a la sociedad dominicana, razón por la cual todos estamos comprometidos a defenderlo. Pero sobre todo, los jueces y más ustedes, jóvenes magistrados de la Nación, porque su futuro en la judicatura depende del respeto al escalafón judicial vigente.

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Continuamente los jueces somos injuriados, difamados y recriminados, sin que se aporte prueba alguna de las imputaciones formuladas, violentándose las más elementales normas de prudencia y de respeto y de apego a la ley, olvidándose que los jueces tenemos familiares que, conocedores de lo injusto de las alegaciones, sufren y padecen al igual que los propios jueces por la injusticia que contra nosotros se comete. El propio Presidente de la Suprema Corte de Justicia, ha sido acusado de actos de corrupción y de ser un corrupto, ignorándose de mala fe, que en más de once años en la posición, posee el mismo vehículo del año 1997 en que llegó a la misma. Que nunca ha recibido el beneficio que por ley le corresponde de dos exoneraciones de vehículos de motor. Que vive en la misma casa en que lo ha hecho por más de 30 años. Que tiene los mismos bienes inmuebles que poseía al asumir la posición. Que todos los bienes que posee los puede justificar con el salario que percibe exclusivamente del Estado. Que tiene una familia con valores morales que pocos de sus detractores tiene. Que ha sido hombre de una sola familia y un hombre de principios. Que nunca durante más de 20 años de vida docente universitaria fue cuestionado por ningún acto deshonesto. Que ha recibido el reconocimiento de la mayoría de los sectores de la sociedad. Ninguno de mis detractores tiene más prendas morales que el actual Presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ni ha sido más fiel a la institución de quien recibe sus únicos ingresos.

Los jueces, defensores públicos, abogados de oficio, docentes y aspirantes de la Escuela Nacional de la Judicatura, así como funcionarios y empleados del Poder Judicial, todos debemos defender el proceso de reforma judicial que actualmente se está registrando en todo el país. No hemos alcanzado todos nuestros objetivos, pero estamos reemprendiendo vuelo para satisfacer la necesidad de justicia que tiene el país. Pero esto es una labor de todos. Es un compromiso de todos y entre todos lo lograremos. Quiero terminar diciendo que a veces pienso que hay sectores que no les interesa la existencia de una judicatura independiente, pues ésta constituye un serio obstáculo para que se retorne a un pasado donde todo se podía y donde había

muchos expertos que vivían del desorden imperante y la lenidad de los jueces. Muchas gracias! Jorge A. Subero Isa Presidente Suprema Corte de Justicia Santo Domingo, República Dominicana 23 de febrero de 2009.-

Es cierto que al juez le está vedado de conformidad con nuestra legislación, ofrecer consultas y opiniones sobre temas de los cuales se encuentra apoderado o que pudieran ser controvertidos por ante su tribunal, pero nada ni nadie le puede impedir al juez que defienda su honor y reputación, y que defienda sus decisiones una vez son pronunciadas. No vamos a propiciar que los jueces emprendan acciones legales contra aquellos que los difamen o injurien, pero tampoco vamos a coartar ese derecho de ellos.

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