Desarrollo Social Contemporaneo.docx

LA AGONÍA DEL DIFUNDIO Los gobiernos de Santos y de Uribe haciendo uso de los abundantes dineros que dejó la bonanza de precios en los mercados internacionales de materias primas como el petróleo y el carbón terminaron olvidándose de la agricultura campesina, mientras eran cómplices de la progresiva des-industrialización del país. Mientras la bonanza duró, estos gobiernos gastaron a manos llenas aumentando el gasto público y manteniendo bajo su control a las mayorías políticas en el congreso. La corrupción, encarnada en contratos de obras públicas que no se realizaban o se mal realizaban, en la entrega indiscriminada de dineros para senadores y representantes a través de los llamados “cupos indicativos”, en la feria de nombramientos en cargos públicos, se multiplicó. La caída de los precios del petróleo llevó al gobierno Santos a resolver la crisis en las finanzas públicas por medio de dos mecanismos fáciles de imponer y de recaudar. De un lado, aumentó impuestos como el IVA que paga toda la población y que lesiona, especialmente, los bolsillos de los más pobres, mientras apretaba a la clase media con el aumento de las retenciones en la fuente sobre los salarios y demás ingresos económicos. Del otro, acudió al endeudamiento tanto en el país como en el exterior. El gobierno Santos, a través de su ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, le deja una muy pesada carga a su sucesor. Una deuda externa e interna que sube a más de 450 billones de pesos= más de 150 mil millones de dólares y que en el presupuesto de este año 2018 le cuesta al Estado colombiano entre pago de intereses y amortización de capital no menos de 45 billones de pesos= 15 mil millones de dólares. Con un agravante que ha tratado de disimular el ministro Cárdenas. El mal desempeño de la economía nacional en el año 2017 se ha reflejado en un bajísimo porcentaje de crecimiento y aumentos de los déficits en la tesorería del gobierno y en la balanza comercial. Esta situación le ha ganado a Colombia una baja calificación de las firmas internacionales que califican los riesgos de los préstamos que se efectúan a los Estados en el mundo. Gracias a los tratados de libre comercio que los gobiernos de Uribe y Santos han firmado con diferentes gobiernos y bloques de países en el mundo, la agricultura y la industria locales se han visto desbordadas por la competencia de los productos traídos del extranjero

a muy bajos precios. Por ejemplo, el Tratado firmado con Estados Unidos autoriza a esa nación a vendernos parte de sus excedentes agrícolas y ganaderos de trigo, maíz, cebada, leche. Son excedentes que se venden a precios muy reducidos, porque, contra lo que se pudiera creer, en ese país la agricultura está subsidiada por el Estado. El Estado ofrece precios de sustentación a los agricultores y se hace cargo de comprar los excedentes de las cosechas que no pueden venderse en el mercado. Para deshacerse de ese inventario gigantesco, Estados Unidos ofrece esos productos a precios muy baratos. Para países como Colombia, cuyos gobiernos no piensan en el bienestar de la población campesina, resulta rentable aprovechar semejantes “gangas”. Lo curioso es que esta política de subsidios a los agricultores se dé en una nación que como Estados Unidos le ha impuesto a buena parte del mundo la doctrina neoliberal de la libre competencia entre los productores agrícolas y la prohibición de que sean auxiliados o subsidiados por sus respectivos gobiernos. En la industria muchas multinacionales y aún empresas con capital colombiano han optado por salir del país y abastecer nuestro mercado con bienes y mercancías elaborados en otros países de la región, aprovechando las facilidades que les brindan los tratados de libre comercio que se han firmado entre Colombia y esas naciones. Prefieren sacar sus fábricas de nuestro país por diferentes motivos, entre ellos, la inseguridad jurídica y el alza de impuestos que han creado las sucesivas reformas tributarias impulsadas por el gobierno Santos; los costos de producción; la inseguridad que se sigue viviendo en varias zonas de Colombia. Mientras se desaprovechan más de 20 millones de hectáreas de buenas tierras para producir los alimentos que consume la población colombiana, se sigue optando por importar cerca de 10 millones de toneladas de alimentos que cuestan más de 2 mil millones de dólares. Al mismo tiempo, el Congreso dominado por los representantes de los grandes hacendados y empresarios agrícolas del país, se niega a aprobar las leyes que permitirían la creación de un fondo de tierras para distribuir entre los campesinos empobrecidos; la actualización del catastro rural, es decir la actualización del valor de las propiedades agrícolas y el consiguiente aumento del impuesto predial que facilitaría el aumento de la inversión social en las áreas rurales. Leyes que hacen parte de los acuerdos de paz firmados con las FARC en Cuba y Colombia. Mientras pasa esto hay una concentración de la propiedad de la tierra

realmente escandalosa que marca un 0,88 en el coeficiente Gini de desigualdad, donde uno es la total desigualdad y cero la absoluta igualdad. El país se encuentra en una situación parecida a la que teníamos a principios del siglo veinte. Es como si las guerras civiles que se han tenido; los conflictos sociales y luchas por la tierra de parte de los sectores excluidos no hubieran podido conseguir el más mínimo cambio en unas estructuras agrarias anquilosadas, enmohecidas. En tanto esas estructuras no se modifiquen y permitan una democratización de la propiedad de la tierra será inútil creer que el conflicto político, social y militar que ha vivido el país podrá superarse. La existencia de esas estructuras es cómplice del auge, de la influencia que siguen teniendo fenómenos como el narcotráfico o la minería clandestina del oro y de otros minerales en el reciclaje de los grupos armados ilegales y la continuación de la violencia en muchas zonas de nuestro territorio. El gobierno Santos ha insistido en la continuación del modelo económico neoliberal basado en la exportación de materias primas como el petróleo y otros minerales. De las 10 principales empresas o compañías exportadoras de Colombia en el 2017, 8 hacen parte del sector minero que sigue respondiendo por casi el 70% del total de lo que vendemos al exterior. Esta economía “extractivista” como la llaman algunos, no crea empleo, ni cadenas de producción que generen nuevos empleos. Por el contrario, lo que ha creado es una poderosa red de contratistas de obras públicas, de empresarios, de políticos que se han enriquecido con los dineros de los impuestos y regalías que paga la minería, fortaleciendo el clientelismo y la corrupción en todos los niveles de la administración pública. Algunos analistas plantean que el efecto combinado de la corrupción y el clientelismo les cuesta a las finanzas del Estado colombiano no menos de 30 billones de pesos anuales= 10 mil millones de dólares. Santos, como presidente, no solo ha sido cómplice de esta poderosa red, sino que ha sido beneficiario de ella en sus campañas electorales del 2010 y el 2014. Esto explica, en parte, la incapacidad que ha mostrado el gobierno para impulsar en el Congreso muchas de las reformas firmadas en los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC.

LA LEY DEL REBUSQUE

El modelo “extractivista” impuesto en la economía del país ha impedido la creación de empleo estable y productivo en estos años. La población en capacidad de trabajar en Colombia se calcula en unos 22 millones de personas. De esos 22 millones, solo 6.800.000 trabajadores tienen empleo con todas las garantías incluyendo la afiliación a la seguridad social. Hay cerca de 1.500.000 inactivos, que son personas que se cansaron de buscar trabajo. Hay cerca de 2.800.000 desempleados y la inmensa mayoría de los trabajadores se encuentra en el llamado “rebusque”, en el subempleo; alrededor de 11.000.000 de personas. La tasa oficial de desempleo marca un 11,8% una de las tasas más altas dentro de los países latinoamericanos. Las cifras son todavía peores si se miran los ingresos mensuales de quienes tienen la suerte de contar con un empleo. El 75% de estas personas ganan menos de 2 salarios mínimos legales mensuales, es decir, menos de $ 1.600.000= 520 dólares aproximadamente. Solo el 4% de quienes tienen trabajo tienen sueldos superiores a los 10 millones de pesos mensuales= 3 .300 dólares aproximadamente. Sumando la población que está empleada y la que está en el “rebusque” los ingresos del 50% de todos ellos son inferiores a $ 700.000 mensuales= 320 dólares, es decir menos del salario mínimo legal. A esta situación debe sumársele la nueva carga social que representan miles de venezolanos que han emigrado al país y que en la desesperación por sobrevivir económicamente están haciendo trabajos u ofreciendo servicios a precios aún más bajos que los que reciben en la actualidad los trabajadores colombianos. Dentro de los desempleados hay un fenómeno que demuestra las incoherencias e irracionalidades del modelo económico y político que se ha impuesto en nuestro país. La mitad de los 2.800.000 desempleados son jóvenes menores de 25 años de edad. Y dentro de estos jóvenes desempleados se encuentran 488.000 que tienen títulos universitarios o tecnológicos, lo que demuestra el fracaso del sistema educativo actual como vehículo o medio de movilidad social, de mejoramiento en las condiciones de vida de las personas que logran terminar sus estudios profesionales o tecnológicos. En realidad, aunque el gobierno Santos pregone que en estos años le ha dado la máxima importancia a la destinación de recursos económicos para la educación, la realidad nos

muestra que sigue siendo un sistema excluyente, clasista, elitista. De cada 100 niños y niñas que inician el primer año de la primaria, solo 15 terminarán graduados en las universidades y de esos 15 solo 4 tendrán un puesto, un empleo con los ingresos económicos y las condiciones laborales acordes con las expectativas del joven profesional. El modelo económico tal como está montado, dependiente de la exportación de materias primas como petróleo, carbón, oro, no necesita, no requiere de la gran cantidad de mano de obra calificada que está saliendo graduada de las universidades. Le basta con una muy pequeña minoría de profesionales egresados de algunas universidades de élite para satisfacer sus necesidades. Diríamos que le basta con un 4% de los profesionales universitarios. El resto tiene que entrar a competir en las peores condiciones laborales por empleos o contratos a destajo generalmente mal pagados o que no ofrecen estabilidad o continuidad en el tiempo. En otras palabras, el “rebusque”, la informalidad predomina en las situaciones de trabajo que deben enfrentar la mayor parte de los graduados universitarios. Mientras no cambie el modelo económico no cambiará el mercado laboral en Colombia. El sistema educativo seguirá funcionando en medio de grandes contradicciones; continuará sacando semestre a semestre miles de profesionales a enfrentar una competencia laboral destructiva que termina, en la mayoría de los casos, por hundir los proyectos de vida y las legítimas expectativas de los graduados. A esto se le suma que la educación impartida en los diferentes ciclos del sistema es una educación aislada de la realidad social, que no promueve la curiosidad intelectual de los estudiantes, el afán investigativo y que se reduce en muchos casos a repetir esquemas teóricos y a imponer la memorización de fechas, datos, normas como prueba del “saber” del estudiante. Solo una minoría de estudiantes privilegiados tiene acceso a una educación diferente en la que abundan los recursos tecnológicos, investigativos, las propuestas culturales y los proyectos que pueden encausar y fortalecer los dones y talentos que puedan tener esos estudiantes. El gobierno Santos, a pesar de las muchas promesas hechas a lo largo de estos años, se negó a emprender una reforma integral del sistema educativo. Optó, más bien, por soluciones asistencialistas, por “parches de agua caliente”, para tratar de disimular los profundos desequilibrios y desigualdades que presenta

el sistema. Entre estas soluciones está el programa de “Ser pilo paga”, que premia con becas en las mejores universidades del país a una minoría de estudiantes de sectores populares que se hayan destacado por los altos puntajes en sus exámenes. Aunque para los estudiantes beneficiados con el programa es un éxito personal tener acceso a universidades que por sus costos resultan inalcanzables para el 80% de los jóvenes del país, en la práctica lo que se logra es perpetuar, de un lado, la división existente entre una educación de élite para unos cuantos privilegiados y la educación mediocre que recibe la mayoría del estudiantado. Del otro, subsidiar a las universidades de élite con los miles de millones de pesos que paga el Estado por las matrículas de los estudiantes participantes en “Ser pilo paga”.

ENTRE TEMORES Y ESPERANZAS Las recientes elecciones para renovar el Congreso de la República y definir los candidatos de dos coaliciones multipartidistas de sectores de la izquierda y de la derecha, arrojan luces, pero también muchas incertidumbres.

La consulta entre los partidos y movimientos que hacen parte de la coalición de derecha liderada por los ex presidentes Uribe y Pastrana, dio como resultado un amplio triunfo del candidato arribista, Iván Duque sobre Marta Lucía Ramírez y el ex procurador, Alejandro Ordóñez. Duque, sacó el 68% de los votos de esa consulta, pero lo que preocupa no es su triunfo sino la gran cantidad de electores que tuvo la consulta en todo el país, cerca de seis millones. En la consulta interpartidista de algunos sectores de izquierda tal como se esperaba Gustavo Petro superó con el 85% de los votos a su único rival, el ex alcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo. Aunque la votación por Petro y, en general, por esta consulta fue bastante grande, alrededor de 3 millones trescientos mil votos, si se comparan las votaciones de ambas consultas hay una diferencia de cerca de 2 millones setecientos mil votos a favor de la consulta derechista, diferencia que puede ser difícil de remontar en los resultados finales de las elecciones presidenciales. La derecha quedó fortalecida con el resultado de la consulta. Duque escogió a su principal rival, Marta Lucía Ramírez como su compañera de fórmula a la vicepresidencia y han

conformado, así, una apuesta electoral que puede atraer también a ciertos sectores del Centro. Duque, dentro del Uribismo, ha sido, aparentemente, uno de los líderes más moderados, más dialogantes. Ha evitado caer en polémicas y controversias innecesarias lo que ha aumentado las posibilidades de atraer votantes no necesariamente identificados con todas las posiciones del Uribismo y de su partido, Centro Democrático. El ser un hombre relativamente joven, 42 años, y haber demostrado como senador sólidos conocimientos en temas de economía ayuda también a aumentar su atractivo electoral. Su compañera de fórmula, Marta Lucía Ramírez, tiene una imagen de mujer capaz, de grandes cualidades ejecutivas demostradas en su trabajo en varios ministerios y en la empresa privada. Fue candidata hace cuatro años a nombre del partido Conservador y se presume que ahora logrará atraer a buena parte de ese electorado que oficialmente no participó en la consulta multipartidista de la derecha. En este sentido parecen soplar buenos vientos para la coalición de la derecha.

Gustavo Petro, a pesar de la magnífica votación que obtuvo en la consulta, necesita el apoyo de los sectores de centro y de izquierda que no están alineados con su candidatura para poder tener posibilidades de ganarle en segunda vuelta al candidato Uribista. En otras palabras, necesita el apoyo de los sectores que apoyan a candidatos como Sergio Fajardo, Humberto de La calle, Piedad Córdoba. Y aquí, como se dice popularmente, es cuando Cristo empieza a padecer. Sergio Fajardo, candidato de la coalición Colombia que encabeza el Partido Verde, se ha negado reiteradamente a aceptar cualquier tipo de acercamiento político con Petro. Rechazó la posibilidad de participar en una consulta multipartidista de centro izquierda y ese rechazo, a juzgar por la gran votación obtenida en las consultas, se ve ahora como un gran error político. Fajardo, que hasta hace unas semanas lideraba las encuestas de opinión ha visto perder ese liderazgo en buena parte por la misma forma como ha orientado su campaña. Si en un principio la falta de definiciones en temas claves de la situación política y social del país parecía favorecerlo en las encuestas, esa misma indefinición, ambigüedad y pasividad han terminado por volverse en su contra. Enfrentado a un Gustavo Petro que habla con claridad, que plantea sin ambigüedades fórmulas para entrar a resolver las profundas desigualdades

de la sociedad colombiana y, sobre todo, que tiene una gran conexión emocional con sus electores, Fajardo ha quedado mal parado. Petro, es una figura que atrae grandes amores y grandes odios, que aporta lo que les falta a Fajardo y a otros candidatos en este espectáculo en que se han convertido las campañas electorales modernas, pasión, emoción para el votante. Aparte, claro está, de estar denunciando con mucha lucidez los males que el sistema clientelista corrupto que gobierna la política nacional le ha traído al país. Esto explica, que ahora sea él y no Fajardo quien aparezca arriba en las encuestas. La buena votación para el congreso que obtuvieron las listas que apoyan la candidatura de Fajardo, especialmente la del Partido Verde, puede representar un “nuevo aire” para el candidato. Por lo menos, le permite hacer el resto de la campaña hasta la primera vuelta con la esperanza de obtener buenos resultados y ser uno de los dos candidatos que pase a la segunda vuelta. Esa misma esperanza va, por ahora, en contra de los deseos de Petro de armar una gran coalición de centro izquierda que pueda enfrentar con buenas posibilidades al candidato de la derecha, Iván Duque. Sin duda, una forma de fortalecer las posibilidades electorales de Fajardo sería pactar una alianza con el otro candidato centrista, Humberto De la Calle. De la Calle, el candidato del partido Liberal, cuya campaña no termina de despegar recibe los resultados electorales de su partido con alivio. No se dio la hecatombe, la catástrofe que muchos pronosticaban. Aunque perdieron dos senadores, conservaron el mismo número de representantes a la cámara donde siguen siendo el partido con la “bancada” más grande y, sin embargo, lo que opinan muchos analistas es que sería preferible unir las fuerzas centristas para esa primera vuelta alrededor de un solo candidato lo que aumentaría las posibilidades de este sector político de pasar a segunda vuelta. Muy posiblemente tendremos para esta primera vuelta presidencial un panorama con cinco o seis candidaturas, de las cuales dos, las de Duque y Petro, por ahora, aparecen bastante fortalecidas electoralmente. En la derecha y centro-derecha subsiste la incógnita, la pregunta sobre el verdadero potencial electoral de Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente y jefe del partido “Cambio Radical”. Su partido tuvo una gran votación para el Congreso y de nueve senadores pasa

ahora a tener 16. Es el partido que más ganancias tuvo en estas elecciones, porque también aumentó el número de sus representantes. ¿Bastará este buen resultado para reimpulsar la candidatura de Vargas Lleras que venía cayendo en las encuestas? Es dudoso porque la candidatura de Iván Duque, repotenciada con la gran votación en la consulta, amenaza ahora con hacerse a la inmensa mayoría de los votos de tendencia derechista o conservadora despojando a Vargas de buena parte de sus posibilidades electorales. Si bien, “Cambio Radical” tuvo una muy buena votación en la Costa Atlántica, en Bogotá, no sacó la votación esperada, mal síntoma para el candidato que años atrás tenía el liderazgo electoral en la capital. Sin embargo, todavía Vargas Lleras, hábil operador político, tiene posibilidades de dar la sorpresa y pasar a segunda vuelta si logra concretar el apoyo del partido Conservador y el de la U, partidos sin candidatos oficiales y que ahora pasan a ser muy importantes en la definición de los ganadores de la primera vuelta presidencial.

UN CONGRESO PARA ARMAR Los resultados de las elecciones al congreso 2018-2022 señalan un gran equilibrio de las diferentes fuerzas políticas que harán parte del mismo. Si bien, la derecha y la centroderecha aumentaron su participación y ahora controlan el 48% de las curules en el senado, los sectores alternativos incluyendo los de la izquierda mostraron también grandes avances apropiándose del 25% aproximadamente del total de senadores. El Centro Democrático, el partido del ex presidente, Álvaro Uribe, fue el más votado para las elecciones en el Congreso con unos 2 millones y medio de votos. Sin embargo, a pesar de que aumentó en casi 400 mil votos su votación con respecto a la de hace cuatro años tuvo que conformarse con el mismo número de senadores que tenía, 19. El segundo partido más votado fue “Cambio Radical” de centro-derecha, liderado por Germán Vargas Lleras y que hasta hace unos meses hacía parte de la coalición de gobierno del presidente Santos. Vargas Lleras, experto en maquinarias clientelistas, logró integrar en sus listas para el congreso a un grupo de caciques políticos regionales, muchos de ellos implicados en escándalos de corrupción, que colaboraron para que el partido duplicara la votación obtenida hace cuatro años. En ese sentido, si puede hablarse de partidos triunfadores en la jornada electoral, “Cambio Radical” es el primero de ellos.

El Partido Conservador logró mantener 15 de las 18 curules que tenía en el senado pese a que anda dividido entre los dirigentes que quieren acompañar en su campaña a Vargas Lleras y los que prefieren alinearse con el Uribista, Iván Duque. Han hecho parte de los gobiernos de Uribe y de Santos y en estos meses han empezado a distanciarse de la administración Santos y de la coalición de gobierno “Unidad Nacional” entendiendo que los vientos políticos corren ahora en otras direcciones. Dentro de las fuerzas que todavía permanecen leales al gobierno se ubican, de un lado, los liberales encabezados en esta campaña por el ex presidente Gaviria y el candidato Humberto De la Calle y, del otro, los Santistas del partido de la U que fue uno de los partidos más golpeados por los resultados electorales. De tener 22 senadores deben ahora conformarse con 14; así mismo perdieron buena parte de los representantes que tenían en la cámara. En el caso de la U es muy probable que, con la llegada al poder de un presidente con una ideología política muy diferente, se acelere el proceso de desintegración de esta agrupación. Este partido se formó originalmente en el gobierno de Uribe para reunir a los políticos más cercanos al presidente y, a la vez, más favorecidos con las prebendas burocráticas, cargos y contratos oficiales. Fieles a este carácter oportunista cuando Santos rompió “cobijas” con su antiguo protector, el ex presidente Uribe, se alinearon con el poderoso del momento, con Santos, que ha garantizado hasta ahora la lealtad de estos políticos entregándoles dineros y posiciones en el Estado. A propósito de las Farc, su votación rondó los 85 mil votos, menos del 1% del total de casi 18 millones de votos depositados en las elecciones para el Congreso. Sin embargo, los acuerdos de paz les garantizan 5 cupos en el senado y 5 en la cámara y esos cupos dado el equilibrio de fuerzas políticas que se registra en el nuevo Congreso sin duda alguna serán claves en la definición de muchas iniciativas legislativas en los próximos años. El verdadero Centro independiente en estas elecciones estuvo representado por el partido Verde, que presentó listas al congreso en coalición con el movimiento del candidato Sergio Fajardo. Gracias a la presencia en las listas al senado de personajes como el ex alcalde de Bogotá, Antanas Mockus o la líder del movimiento de la diversidad sexual, Angélica Lozano, lograron un alto porcentaje del llamado voto de opinión en ciudades como Bogotá. Esto les

permitió duplicar el número de senadores que tenían, pasando de 5 a 10 y este fortalecimiento sin duda los convertirá en protagonistas muy destacados del nuevo Congreso, un congreso, mucho más variopinto, más complejo en su conformación política que el anterior. La izquierda participó en estas elecciones, de un lado, a través del Polo Democrático, que hace parte de la coalición alineada con la candidatura de Sergio Fajardo y, del otro, con la lista de la “decencia” donde estaban representados, entre otros grupos, los seguidores del candidato Gustavo Petro. A estas listas deben sumarse las listas de las Farc, que por primera vez participaban en elecciones como partido legal. Dentro del Polo se destacó la notable votación obtenida por su líder, el senador Jorge Enrique Robledo, el tercer senador más votado del país después de Álvaro Uribe y Antanas Mockus. Conservaron sus cinco senadores, pero perdieron curules en la cámara de representantes. La lista de la “decencia” tuvo una votación bastante significativa superando el umbral obligatorio de l3% del total de votos. Sacaron más de 500 mil votos y esto les permitió quedarse con cuatro puestos en el senado. Esta votación, así como la obtenida por el Polo y otros sectores progresistas como los Verdes, fortalece la esperanza en la posibilidad de lograr cambios políticos y sociales en el país que le den piso, base, solidez a los acuerdos de paz firmados con las FARC.

PROMESAS DE PAZ La negociación con el grupo guerrillero, ELN, ha tenido muchas dificultades en este período. Tras la terminación de la tregua unilateral del ELN en los primeros días de enero vino una etapa de intensos operativos militares por parte de la guerrilla con un saldo trágico de policías y soldados asesinados o heridos. Estos ataques, a su vez, despertaron un profundo rechazo de muchos sectores políticos y obligaron al gobierno a no aceptar la reiniciación de las conversaciones con los delegados del grupo insurgente, en Ecuador. Finalmente, el comando central del ELN, oyendo las solicitudes y reclamos de voceros de la llamada sociedad civil convino en cesar sus operaciones militares para permitir la realización pacífica de

las elecciones al congreso. Este gesto de buena voluntad fue correspondido por el presidente Santos quien autorizó el viaje de los delegados del gobierno a Ecuador para reiniciar las negociaciones con la organización guerrillera. Sin embargo, a pesar de esta buena noticia lo que parece claro es que no habrá firma de acuerdo alguno con el ELN en los pocos meses que restan del gobierno Santos. La continuación de este muy complejo proceso de negociación le corresponderá al próximo presidente y si quien llega al gobierno es algún representante de la derecha o la centro derecha es muy posible que la negociación se vaya a pique y se reanude en toda su intensidad el conflicto político-militar. Este conflicto dista de haberse terminado en muchas regiones del país. En muchas zonas donde antes operaban las FARC, ahora hacen presencia nuevos grupos armados ilegales. Entre ellos se cuentan los llamados disidentes de las FARC, guerrilleros que no aceptaron los acuerdos de paz, que se están haciendo fuertes en departamentos como Guaviare, Meta, Caquetá, Cauca, Nariño en el Sur Oriente y Sur occidente del país. En estas y en otras regiones como Urabá, Chocó, el nordeste de Antioquia, Córdoba, Norte de Santander, grupos paramilitares han entrado a pelearse las rentas, las gigantescas ganancias de negocios como el narcotráfico o la minería ilegal del oro con el ELN, con los disidentes de las FARC, o con grupos residuales del EPL, un movimiento guerrillero que se desmovilizó a principios de los años 90 del siglo pasado. Algunos de estos grupos paramilitares son financiados o tienen conexión directa con los grandes carteles mexicanos que controlan el negocio de la exportación de cocaína a los Estados Unidos. Lo peor es que la población civil en esas regiones está sufriendo las violencias y los abusos de estos grupos armados pese a las esperanzas de paz que se crearon con la firma de los acuerdos entre el gobierno y las FARC. A esto se suma el asesinato sistemático de líderes populares, de defensores de los derechos humanos que continúa en buena parte del país sin que el gobierno parezca tener una verdadera voluntad política para frenar esta sangría y perseguir a los responsables de esta oleada criminal.

GOTAS DE REALIDAD En general, los sectores más afectados por las realidades socio-políticas del país son los niños, las niñas y las mujeres. Un reciente estudio habla de un promedio de 869.000 niños y

niñas entre los 5 y los 17 años de edad trabajando por fuera de sus hogares. En las áreas rurales o campesinas hay cerca de 404.000, pero según otros análisis el verdadero número de niños y de niñas trabajadores es de 1.396.000. El 12% de los niños que estudian en escuelas y colegios, también trabajan. Esta situación es a todas luces ilegal; es violatoria de los derechos de la infancia que el Estado colombiano se comprometió a defender. De otro lado, aunque salen más mujeres que hombres graduadas de las universidades, las mujeres tienen una más alta tasa de desempleo. En efecto, el desempleo para las mujeres es del 12,8%, mientras para los varones es del 8,8%. La brecha salarial, la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres a favor de los hombres oscila entre el 8 y el 18% en trabajos iguales. El 60% de las mujeres trabajan, pero alrededor del 40% ganan salarios menores de dos salarios mínimos legales mensuales, 1.500.000 pesos= 500 dólares.