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Nombre: Gabriela Tobar Palacios Fecha: 3/12/18 “Delitos de Propiedad Intelectual” En el presente trabajo se va a realizar un análisis de los delitos de propiedad intelectual que se han reincorporado en el Código Orgánico Integral Penal a través de las enmiendas realizadas en septiembre del 2015, y como estás tienen relación con las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual actualmente derogada y el nuevo Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos. Además, se realizará un breve estudio de cómo se contempla la sanción penal en este tipo de delitos derivados de la propiedad intelectual y cuál es su tratamiento. Más adelante se determina el alcance de estas nuevas disposiciones y los efectos que genera. La configuración de los delitos de propiedad intelectual en la regulación vigente del COIP permite asegurar que el objeto primordial de protección son las facultades o derechos patrimoniales de la propiedad intelectual. Más concretamente, de modo inmediato, la tutela penal se refiere al derecho exclusivo de los titulares a la explotación económica de las obras o prestaciones en todas sus formas o variedades. La reforma del Código Penal operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo, constituye un paso más en la misma dirección. Los tipos básicos y agravados de los arts. 270 y 271 del Código Penal anterior, se mostraron particularmente inhábiles para afrontar los nuevos retos que planteaban los avances tecnológicos en la era digital e internet, revelándose en su conformación tradicional con claras dificultades para dar respuesta a las nuevas tipologías. Sobre esta situación ha incidido la reforma de 2015, introduciendo cambios sensibles que han transformado tanto el tipo objetivo como el tipo subjetivo de la figura base medular contemplada en el primer apartado del art. 270 Código Penal y, lejos de detenerse en ello, el legislador ha implantado nuevas figuras típicas y ha remodelado las preexistentes. Se ha

conformado con ello un nuevo diseño de la protección penal que acompaña a la reciente reforma efectuada en el ámbito jurídico privado y administrativo a través de la Ley 21/20143 y que se caracteriza por un claro designio de expansión en cuanto a su alcance típico objetivo y subjetivo, como dispone la enmienda en sus consideraciones generales. La trascendencia y valor económico de la propiedad intelectual explica que en el escenario internacional su protección normativa y práctica haya sido asumida y sea gestionada a nivel institucional por dos organismos internacionales de tan alto relieve y amplia integración de Estados como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), que administran numerosos convenios y llevan a cabo una continua actividad de evaluación de los resultados que sus Estados miembros obtienen en su tutela. Estas reformas se realizan en función de que el Estado ecuatoriano ha ratificado determinados tratados internacionales de derechos de propiedad intelectual, donde se acoge al principio pacta sunt servanda, en virtud de lo cual Ecuador está obligado a cumplir de buena fe sus compromisos internacionales; de incluir y prever medidas cautelares y sanciones penales respecto de la violación de los derechos de autor y derechos conexos en su legislación penal, la tipificación como infracciones penales que provengan de la propiedad intelectual, entre los cuales se ha incorporado los siguientes: 1. De los casos de falsificación dolosa de las marcas de fábrica o de comercio; y, 2. De los casos de piratería lesiva de los derechos de autor a escala comercial; En relación con el COESC se puede determinar que en lo que respecta a la tipificación de delitos y penas referentes a propiedad intelectual existe anomía en sus normas, pues carece de tipificación en este cuerpo normativo, la nueva regulación del COIP mantiene el modelo remisorio de modo que, si bien contiene una descripción completa de los tipos, estableciendo supuestos de hecho y consecuencias jurídicas de manera acorde con las exigencias derivadas de los principios de legalidad y seguridad jurídica, permanece la necesidad de interpretar, integrar y aplicar las figuras penales recurriendo incesantemente a la

regulación extrapenal de naturaleza jurídico-privada y, en algunos casos, administrativa, que resulta por ello predeterminante del alcance y significado típico, y además no es estática, sino cambiante, de forma que las modificaciones que se operen en la normativa extrapenal afectarán necesariamente a la esfera de prohibición penal. Este escenario no ocurría con la derogada Ley de Propiedad Intelectual, pues en el libro IV Capítulo III se dedicaba a la tipificación de las sanciones y penas de carácter penal, de tal forma que el COIP podía remitirse a este cuerpo normativo para configurar una conducta penal punible. El Derecho Penal es un derecho subsidiario, fragmentario y basado en el principio de intervención mínima. Con la nueva regulación se trata, bien a las claras, de reforzar el control de los titulares originarios o derivados sobre las facultades de explotación de obras y prestaciones en cualquier espacio, ya sea físico o digital, con plena conciencia de que son los incesantes desarrollos tecnológicos el principal factor de debilidad y fragilidad en una sociedad avanzada donde los usuarios demandan cada vez con mayor intensidad el consumo inmediato de productos culturales y de entretenimiento, lo que no se desarrollaba en el anterior Código Penal ni tampoco se dada mayor énfasis en la Ley de Propiedad Intelectual, pues la protección de los bienes jurídicos tutelados no se extendía a las todas las áreas especialmente a la digital. De todo lo analizado es necesario exigir al legislador que tenga en cuenta esta problemática y proceda a una mejor y más precisa definición de las respectivas parcelas de protección y una mayor coordinación de los instrumentos, en especial en el COESC, que les son propios con una visión práctica y operativa que parta de la valoración de la eficacia real de cada uno de ellos. Entretanto no cabe sino esperar que las reformas en materia de enjuiciamiento criminal en propiedad intelectual den frutos positivos en la aplicación uniforme que incremente el grado de previsibilidad de los ciudadanos en la programación de sus comportamientos y de los perjudicados en la vía de protección a emplear.