20060523 H Absolucion Casoyesa

HERALDO DE ARAGON 23/051 2006

Los seis acusados por el caso Yesa, absueltos de todos los cargos El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza todos los argwnentos de Artieda y del fiscal La asociación Río Aragón anuncia ., que se recurnra la sentencia ante el Tribunal Supremo MADRID. Todos absueltos. En el llamado caso Yesa ni hubo prevaricación, ni falsedad documental, ni actividades prohibidas a funcionarios, ni actuación que pudiese provocar un riesgo catastrófico. Así lo estima el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ayer dictó la sentencia por el juicio penal interpuesto por el Ayuntamiento de Artieda contra los seis funcionarios y altos cargos que estuvieron relacionados con la tramitación del recrecimiento del embalse. Esta decisión, que acaba con seis años de odisea para los acusados, puede ser recurrida ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el plazo de cinco días. En este sentido, el Ayuntamiento de Artieda informó ayer de que ha avisado a sus servicios jurídicos que estudien el recurso y la Asociación Río Aragón incidió en que "la sentencia se recurrirá". El Tribunal, en una prolija sentencia de 67 páginas, analiza de forma pormenorizada todo el procedimiento y estima que, en todo momento, los acusados actuaron conforme a derecho. Considera que la decisión de recrecer Yesa fue "política" (es decir, tomada por las Cortes Generales) y en ningún caso promovida por los acusados en busca de un beneficio que en ningún caso la acusación logra probar. De hecho, la sentencia llega a decir que en algunos de los acusados ni siquiera es posible lanzar hipótesis sobre posibles intereses económicos relacionados con la realización de la obra. Los estudios de seguridad

Además, explica que sí se hicieron todos los estudios necesarios para medir los posibles riesgos de la presa, al contrario de lo que aseguraron la defensa de Artieda, llevada por los abogados José Luis y María José Beaumont, y el fis- . cal, Emilio Valerio, durante el juicio. "No cabe hablar de falta de estudios de seguridad o de impacto ambiental", afirma la sentencia judicial. Otro punto que fue foco de polémica es el efecto sobre el Camino de Santiago. Sin embargo, la sentencia da por válidos los argumentos del Gobierno de Aragón y destaca las posiciones tan diferentes que mostraron los peritos que las partes llevilron para tratar la incidencia que tenía el recrecimiento en el citado Camino. La sentencia empieza por analizar la actuación de la ex direc-

DECLARADOS INOCENTES

LAS CLAVES • Una detallada relación de hecho probados. La defensa

• Carlos Escartín Era dírector general de Obras Hidráulicas y se le acusaba de prevaricación, falsedad de documento público, riesgo catastrófico y contra el patrimonio. El Tribunal ha validado toda su actuación.

• Tomás Sancho Ocupaba la presidencia de la CHE. Aunque acumulaba varios cargos, durante la sesi6n aralIa acusación apenas cuestionó su labor, por lo que la Fiscalía tuvo que retirar todos los cargos menos uno.

• D. Carrillo Era la directora general de Evaluación Ambiental y la clave de todo el proceso. De la legalidad o no de su actuación dependía buena parte de las acusaciones que se hicieron contra los otros imputados.

ENRIQUE CIDONCHA

• Carlos Vázquez Era el secretario general técnico del Ministerio de Medio Ambiente. El Tribunal acredita que en realidad nunca escribió unas frases por las que la acusación justificaba su procesamiento.

• Ángel Núñez Era funcionario de la CHE. En el juicio apenas reparó en él la acusación particular ni la Fiscalía. El Tribunal estima que su actuación fue plenamente correcta y que procedió de acuerdo a la legalidad.

• J.L. Uceda También era funcionario de la CHE. Igual que Núñez, apenas fue citado durante el juicio, a pesar de que el fiscalle llegó a acusar de riesgo catastrófico. Se considera probadaía legalidad de sus actos.

de los acusados pidió al Tribunal que, además de absolverlos, incluyese en la sentencia una detallada enumeración de hechos probados. La Tribunal ha atendido la petición de la defensa e incluye unjllarga exposición de todo el trámite administrativos. Estas 11 páginas de hechos probados que la sentencia considera acordes con la legalidad suponen un blindaje ante el recurso al Supremo. • Las costas. Cada parte debe asumir sus costas. Todas se centran en la parte del Ayuntamiento de Artieda, ya que los acusados estaban defendidos por la Abogacía del Estado. El Ayuntamiento tendrá que satisfacer ahora a sl\s letrados el pago o pactar e~pe­ rar al recurso y ver qué resuelve el Supremo. • El Camino de Santiago. La acusación consideraba a los imputados culpables de un delito contra el patrimonio del Camino de Santiago. Sin embargo, la competencia es autonómica y no estatal, pese a lo que no se dirigió la acusación contra la DGA. •

Evaluación de los riesgos.

Una de las claves del juicio es si los funcionarios analizaron de manera suficiente los riesgos sísmicos y de otros tipos. Un el juicio hubo polémica ya que la defensa hizo referencia a unos estudios del inicio de la tramitación que la acusación decía no conocer. El juez los admitió como prueba.

LAS REACCIONES

"Hemos pasado seis años muy malos, pero se ha hecho justicia" El Estado ejerció la defensa de los funcionarios para "protegerlos" ante la judicialización de las obras hidráulicas MADRID. Alivio después de seis años pendientes de un juicio que parecía no llegar a su fin. Carlos Escartín y Tomás Sancho, los dos principales acusados del caso, mostraron ayer su "satisfacción" por la sentencia absolutoria. Coincidieron en señalar que la espera "ha sido dura", pero que "lo importante es que se ha·hecho justicia". A pesar de que el Ayuntamiento de Artieda ya ha anunciado que recurrirá la sentencia, no se mostraron preocupados. Ahora ya no habrá más juicios orales y el proceso se limitará a una tramitación por escrito. "No nos merecíamos los años que hemos pasado", señaló Escartín. "Estábamos con la conciencia tranquila, a mí lo que me tocó como presidente de la CHE fue impulsar una deman-

da aragonesa que estaba plasmada en el Pacto del Agua, y es lo que me propuse". Eso sí, Escartín señala que "aunque la jugada les ha salido mal, se han quedado por el camino muchas cosas". En este sentido, explica que la mayoría eran "funcionarios que pasaban por ahí", y lo que han conseguido ahora los demandantes, "a pesar de perder claramente el juicio", es que los funcionarios se cuestionen si firman o no cualquier papel relacionado con los expedientes hídricos aunque estén plenamente seguros de su legalidad. Precisamente esta situación es la que llevó al Gobierno central a asumir plenamente la defensa de los acusados por el "caso Yesa". Fuentes institucionales explican que la estrategia de los demandantes de acusar a todo func\onario implicado mínimamente con un expediente hidráulico es paralizar todas las obras consideradas polémicas. La sentencia provocará bastante tranquilidad en la Confederación Hidrográfica del Ebro. Sus funcionarios han se-

guido muy atentamente este proceso. Cautela en la acusación

Por otra parte, la reacción de la acusación fue de cautela. El Ayuntamiento de Artieda, a la espera de una lectura más profunda de la sentencia, no entra a calificarla. Sí explica que el tribunal no considera que "los acusados no hayan perseguido fines distintos del servicio público" y avanza que en los próximos días realizará una valoración más detallada. Por su parte, la Asociación Río Aragón manifestó su "apoyo incondicional al Ayuntamiento de Artieda en todas las acciones judiciales que lleven a cabo". Además, recordaron que también hay otros procesos abiertos en los tribunales, por lo que "seguimos esperanzados en conseguir ante los tribunales la paralización del proyecto de Yesa". Por su parte, IU consideró que "desaparecen los problemas que obstaculizaban el recrecimiento a su cota media".

l·M.

tora general de Evaluación Ambiental, Dolores Carrillo. Ella fue la responsable de aprobar la declaración de impacto ambiental que daba vía libre a la obra. A JUIcio del Tribunal, nada acredita que se "hubiera confabulado" con .los otros acusados "para que la DIA se formulara en un determinado sentido". En este punto, deja también claro que no está probada la acusación del fiscal de que "hubiera apartado del proyecto a los disidentes". Una vez estimado que Carrillo no cometió ningún delito, el resto de las acusaciones pierden ya bastante consistencia. De hecho, el testimonio de esta acusada se consideró clave durante el juicio. Sin embargo, ni los abogados de Artieda ni el fiscal consiguieron crear una mínima duda sobre su testimonio, según muestra la sentencia. También sale bien parado el ex secretario general técnico del Ministerio, Carlos Vázquez. En este caso, el Tribunal dice que las imputaciones que sobre él hicieron el Ayuntamiento de Artieda y el fiscal "no corresponden a la realidad". Si la sentencia detecta poca consistencia en las acusaciones a Vázquez, menos aún en lo que se refiere a los dos funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Ángel Núñez y José Luis U"Ceda, quienes parece que su única culpa es haber sido dos de los técnicos sobre los que pasó la tramitación del expediente. Cumplimiento formal

La sentencia se extiende algo más sobre Carlos Escartín y Tomás Sancho. Tampoco hay rastro de actitud delictiva en sus actuaciones, según el fallo. En el caso de '. Escartín -que era director general de Obras Hidráulicas-, la Fiscalía y el Ayuntamiento de Artieda le acusaban de haber querido benefic¡ar a la constructora ACS -adjud~cataria de la obra- y de cometer irregularidades en su paso a esta empresa privada, que duró unos meses. La sentencia señala que "el acusado, formalmente, respetó todos los trámites" y realiza una exposición de hechos en la que clarifica la falta de relación entre ambos hechos. Además, sobre la irregularidad detectada porque él firmo una autorización aunque tenía que haberlo hecho el secretario de Estado, el Tribunal estima que en absoluto es una actuación concreta para esta obra sino que fue un error que cometieron diferentes directores generales al considerar los servicios jurídicos que la competencia estaba en un órgano inferior al que en realidad estaba. Por último,la sentencia analiza "la actuación de Tomás Sancho, entonces presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro. A Sancho se le imp'utada por haber fundado previament~una sociedad que más tarde -cuando él ya no era socio y ocupaba el puesto de alto cargo- fue subcontratada para realizar algunos trámites. El juez rechaza esta acusación y además incide en que el volumen de contratación entre la CHE y la consultora señalada fue mínimo. En el caso de Sancho y de Escartín, el Tribunal explica que se han investigado sus patrimonios, además de haber movilizado a la Agencia Tributaria para detectar si había irregularidades. Ambos encausados superaron este detallado examen y, según la sentencia, en ninguno de los casos se ha detectado "un enriquecimiento excesivo o desproporcionado".

JESús MORALES