Se Agudiza La Crisis De Desahuciados En Ciudades De Ee.uu..docx

Escasez de vivienda: se agudiza la crisis de desahuciados en ciudades de EE.UU. Hay derechos humanos en el mundo que se están viendo cada vez más vulnerables ante los conflictos que enfrenta cada país. La vivienda digna y adecuada es un derecho humano proclamado por la ONU y es reconocido por el derecho internacional. Sin embargo, hay situaciones alrededor de todo el planeta en los que este derecho no se ve respetado e, incluso, muchas personas se ven cada vez más afectadas porque no se encuentra una solución posible al tema. Reconocido como un derecho universal en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, el acceso a una vivienda digna debe ser prioridad para los diferentes países y gobiernos. Asimismo, una vivienda digna debe acoplarse a los modos de vida tradicionales y la cultura de una manera armoniosa. No obstante, actualmente en Estados Unidos se vive una seria situación con respecto a esto que debe ser arreglado. Antes de meternos de lleno en el tema, es importante tener claro a que se refiere la declaración cuando habla de “una vivienda digna y adecuada”. Una vivienda adecuada según la Organización de las Naciones Unidas La Declaración Universal de Derechos Humanos surge como una necesidad patente en el mundo de tener una base sólida en la que los países pudieran llegar a un consenso. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países estaban completamente destruidos y las naciones necesitaban, de algún modo, renovar su fe en la humanidad -habida cuenta de que el proyecto de modernidad y los beneficios de la modernidad de la era industrial sólo habían traído guerras y movimientos totalitarios.

De ahí parte la ONU, en defensa de los derechos humanos de todos en el planeta. Como ciudadanos del mundo, tenemos deberes que nos comprometen a considerar al otro y a no dejarlo solo en medio del caos. Asimismo, también surgen los derechos. Ahora, especifícamente el derecho a la vivienda se origina por la enorme crisis que se vive en el mundo tras la cual muchas personas pierden sus casas diariamente. Es una separación forzosa y obligada, que los hace alejarse completamente de lo que conocen. En la declaración, por tanto, debe considerarse la vivienda adecuada como “el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte”. Esto significa que la situación en Estados Unidos de todas esas personas en condición de calle se agudiza mucho más. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? El problema está en que en Estados Unidos no hay una garantía de que la gente pueda comprar o alquilar una vivienda. A los ciudadanos se les hace cuesta arriba costearse un techo digno donde puedan descansar por las noches y hacer su día a día, vivir su privacidad. En el 2008, el país sufrió una crisis inmobiliaria que dejó profundamente marcada a la nación. Desde entonces, es cada vez más complicado para las familias comprar una vivienda. Sobre todo para aquellas personas de bajos recursos que no tienen una entrada estable. Los precios ahora, dadas las fuerzas del mercado; estos son establecidos por el libre mercado ;la dinámica entre la oferta y la demanda de cada vivienda. De esta forma, las cifras manejadas por el país son las siguientes: “35 viviendas asequibles esta disponibles por cada 100 hogares con ingresos muy bajos, lo que representa una insuficiencia de 3.9 millones de viviendas en todo Estados Unidos, aunque la cantidad excluye el grupo de alquileres en el presupuesto que son ocupados por hogares de más altos ingresos” (NLIHC, 2017).

¿Qué está haciendo el Estado por esto? Lo cierto es que desde los años 80, muchos alcaldes y políticos se han preocupado por esta situación irregular con las viviendas de los estadounidenses. Sin embargo, en los últimos seis años, la crisis ha aumentado en 75%. La situación es altamente preocupante, ya que la cantidad de personas que viven en las calles y en los refugios de las ciudades ha aumentados en números desorbitantes. Actualmente, se manejan cifras de 55.000 individuos nada más en la ciudad de Los Ángeles, comparándolo con las últimas cifras sacadas que arrojaban un total de 32.000. Lo cierto es que 3 de cada 4 personas que no tienen ningún tipo de hogar o vivienda en el país deciden dormir en sus carros, o en auto caravanas, en tiendas de acampar y en cobertizos que deben improvisar para intentar solventar un poco la condición en la que viven. La ciudad de L.A. tiene la mayor cantidad de desamparados en la nación. Esto llama mucho la atención. Sobre todo porque no existe una legislación clara que se encargue de aportar soluciones al respecto y cada vez son más las familias que se ven afectadas. Muchas de estas personas podrían haber encontrado un hogar provisional en otro tiempo, en hoteles o viviendas que se encontraran derruidas. Pero, estos edificios han ido desapareciendo con el auge de la economía. Asimismo, muchas de estas personas no tienen las mismas oportunidades de trabajo que otros jóvenes, por sus avanzadas edades y por las enfermedades que han generado vivir bajo estas condiciones, generando círculos viciosos de pobreza que dan lugar a formas de pobreza estructural. Por lo tanto, es importante y fundamental que el gobierno se encargue de plantear una solución al respecto. Se han intentado muchas medidas pero la mayoría ha fracasado. Es una situación complicada al que el gobierno sigue dándole muchas vueltas y largas al asunto, y las leyes del mercado no son suficientes para que el problema desparezca por sí sólo. A este respecto, cabe resaltar al especialista en desarrollo Dani Rodrik, quien propone que el Estado y el libre mercado deben trabajar de manera conjunta bajo funciones y atribuciones

muy bien delimitadas. En el caso de la crisis de vivienda, se trata de un problema que de no resolverse generará consecuencias en el largo plazo. El gobierno de Trump debe comprometerse a subsanar todo esto y atender las demandas de los ciudadanos norteamericanos desahuciados a través de políticas públicas que logren restablecer el equilibrio del mercado, minimizando el daño social. Asimismo, las alcaldías también deben considerar diferentes soluciones con las cuales llegar a un acuerdo con el gobierno federal para poder solventar toda la situación.