Análisis y reflexión sobre la corrupción en el Perú Actualmente, la corrupción es uno de los problemas más relevantes de nuestra realidad nacional. En sentido contrario a la definición común que la mayoría de ciudadanos tiene, el término corrupción abarca más que solo la entrega ilícita de dinero para ganar una ventaja. Según la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción del Perú, la corrupción es el abuso del poder público o privado para obtener un beneficio privado indebido, vulnerando los principios y deberes éticos, normas y derechos fundamentales. En consecuencia, este fenómeno desestabiliza la gobernabilidad democrática del país, afecta la confianza en las instituciones y es causa de conflictos sociales y políticos. Según la ONG Transparencia Internacional, en su vigésimo quinta edición del Índice de Percepción de la Corrupción, el Perú fue calificado con 37 puntos de 100 en el ranking1, en una escala de cero (percepción de muy corrupto) a cien (percepción de ausencia de corrupción). En algún momento, todos hemos sido partícipes de algún acto de corrupción, ya sea directamente o como testigos, debido a que este tipo de conductas se dan con mucha naturalidad en la sociedad peruana. En este sentido, sería oportuno formularse las siguientes preguntas: ¿Cómo afecta la corrupción al desarrollo de nuestro país? ¿Cómo enfrentarla en la vida diaria? En mi experiencia, la corrupción está presente en todos los ámbitos de la cotidianeidad. Por ejemplo, en el ámbito privado, se puede experimentar la corrupción cuando un ciudadano quiere pasar por encima de la ley. Verbigracia, cuando una persona, al ser detenida por un policía, le entrega dinero para que éste incumpla su función y lo deje ir. Por otro lado, en el ámbito público es común ver las noticias de funcionarios corruptos que, abusando del poder público que les fue encomendado, se involucran en casos de sobornos, peculado, colusión, tráfico de influencias y/o enriquecimiento ilícito para obtener beneficios propios. Considero lamentable la actual situación de nuestro país, en donde la gran mayoría de las autoridades han cedido ante el vicio de la corrupción. Al ver las noticias de estos casos, me indigna saber que, en la mayoría de casos, se hará poco o nada para que se sancione a los responsables. Esto se debe 1
(América Noticias, 2018)
principalmente a que nuestro sistema judicial tiene varias falencias: los jueces y fiscales pueden ser sobornados, existen demoras en los procesos o no son juzgados por falta de evidencia. Por consiguiente, las autoridades no tienen reparo alguno en seguir siendo corruptos, ya que no hay precedente de que se castigue este delito con cárcel. Pero, sobre todo, me siento defraudada porque desde chica me ha interesado la política y he visto cómo es que en cada campaña presidencial, los candidatos prometen hacer un cambio. Y, sin embargo, siempre nuestros gobernantes terminan velando por sus intereses personales, en vez del bienestar colectivo del país. Al momento de discurrir en el tema, pude llegar a la conclusión de que la corrupción es uno de los más grandes problemas que tiene el país, sobre todo porque impide el desarrollo. En primer lugar, esta problemática es uno de los principales obstáculos para reducir la pobreza y la desigualdad. Y es que, si bien es cierto que el Perú ha presentado un crecimiento económico elevado en las últimas décadas, este no ha sido aprovechado eficientemente debido a los esquemas de corrupción. Es decir, que el dinero que pudo haber sido usado para beneficiar a los peruanos mediante la realización de diversas obras públicas, fue malversado y utilizado para el beneficio propio de las autoridades. En efecto, de acuerdo a datos del 2016 de la Contraloría General de la República, el Perú pierde por corrupción estatal 3,000 millones de dólares al año2. Además, otro aspecto que resalto preocupante es que la corrupción es aceptada en el sistema político por parte de algunos peruanos. Esto se ve evidenciado cuando se trata de justificar que los funcionarios roban, pero al menos realizan obras. Al reflexionar sobre este punto, se puede afirmar que esta tolerancia es el resultado del conformismo de la población ante la falta de confianza en el sistema. De acuerdo con Robert Klitgaard, profesor estadounidense experto en el tema, la corrupción es el resultado del monopolio y de la discrecionalidad de la función pública y la ausencia de control y transparencia en el ejercicio de la misma función3. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, como ciudadanos,
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(Redacción Gestión, 2016) (Klitgaard, 2003)
para enfrentar este problema en la vida diaria? A nivel personal, podemos comenzar por tomar conciencia de que ningún Estado puede derrotar a la corrupción sin el apoyo de los ciudadanos. Es el deber de cada uno de nosotros denunciar estos actos, no más silencio ni tolerancia. De esta manera, construiremos un país con integridad. A nivel de gobierno, el Perú es signatario de diversas convenciones que lo obligan a tomar medidas preventivas y punitivas contra la corrupción. Estimo que, si bien el diseño de las políticas anticorrupción es un proceso complejo y multidimensional, es preciso que se haga un análisis integral al problema para que se den normas eficaces que den resultados. En este sentido, las políticas que yo propondría estarían orientadas a garantizar la transparencia y acceso a la información pública en las entidades del estado; consolidar un plan de gestión de la información en la administración pública, para que de esta manera se tenga un nivel de detalle que permita fiscalizar y alertar irregularidades en la gestión de recursos públicos y reformar el sistema electoral para que haya transparencia en el financiamiento y sanciones a los candidatos corruptos. Además, como parte de la campaña anticorrupción, se debe dar una educación en una cultura de integridad y valores éticos para revertir la tolerancia ante las prácticas corruptas y fortalecer los mecanismos de acción ante este tipo de denuncias. En conclusión, debido a la situación actual del país debido a la corrupción, resulta necesario reafirmar el compromiso del Estado y la ciudadanía en la lucha anticorrupción, adoptando las políticas necesarias para extirpar las causas y aminorar los efectos.