Origen Y Desarrollo De Las Tarjetas De Crédito Investigado.docx

Origen y desarrollo de las tarjetas de crédito El origen de las tarjetas de crédito se remonta a principios del siglo XX, cuando en 1914 la empresa Western Union crea una tarjeta para sus clientes más selectos, que no sólo les permitía acceder a un trato preferente, sino a una línea de crédito sin cargos. Hasta finales de los años 40, una gran cantidad de empresas comenzaron a emitir sus propias tarjetas de crédito, pero que solo tenían validez en sus establecimientos, como un método para atraer clientes y facilitar las compras a través del crédito. En 1924, por ejemplo, la General Petroleum Corporation emite su primer tarjeta de crédito para la compra de gasolina, y en 1929, la American Telephone & Telegraph emite la tarjeta Bell. Tras el éxito de la Diners’ Club, las entidades financieras de todo el país empezaron a emitir tarjetas de crédito que se podían utilizar en múltiples establecimientos. El primero fue el Franklin National Bank de Long Island, en Nueva York, en 1951, aunque el año clave para la eclosión de las tarjetas de crédito fue 1958, año en el que se lanzaron la tarjeta American Express, de la compañía de servicios financieros homónima, que ya emitía giros y cheques de viaje, y Bank AmeriCard, la tarjeta de crédito del Bank of América, el banco más importante del estado de California. El éxito fue tal, que en 1965 el Bank of America llegó a acuerdos con grupos de bancos de fuera de California para que emitieran Bank Americard, desistiendo estos a sus propios sistemas. Sin embargo, otro grupo de bancos de todo el país se unieron para formar Master Charge, que luego pasaría a llamarse MasterCard, y para finales de la década, más de 1.400 bancos ofrecían una u otra tarjeta en Estados Unidos, y también había dado el salto a Europa. Origen y desarrollo el cheque, cuando surgió, quien lo uso por primera vez El cheque es uno de los documentos que han evolucionado con gran rapidez, como consecuencia de su combinación con cuentas bancarias disponibles a la vista. En una palabra, el cheque no tendría la importancia que tiene si los Bancos y otras entidades de crédito no hubieran empleado esta forma de orden

de pago para que sus clientes dispusieran de fondos depositados o crédito concedido. Su utilización, en la misma forma que en la actual o con muy escasas diferencias, se inicia en Inglaterra hacia 1780. Sin embargo, la primera regulación como cheque se encuentra en la Ley de 14 de junio de 1865 en Francia. Posteriormente otros países regularon esta materia (Bélgica, 1873; Suiza, 1881; Inglaterra, 1882, etc.). Es sustentada la teoría de que el impulso del cheque proviene de la expansión bancaria que tiene lugar en el siglo XIX, por todos aquellos Bancos que no acceden al privilegio de emitir billetes o cuando éste se convierte en monopolio de un solo Banco. Los hechos parecen avalar tal teoría, pero, aun sin este estímulo, se hubiera extendido el uso del cheque por las evidentes ventajas que tiene para el pago de muchas transacciones. Si no se ha expandido más su uso es porque la regulación del cheque, muy dispar de un país a otro, no ha encontrado en ninguno una fórmula equitativa para asegurar en grado suficiente la calidad del título, pese a la Ley Uniforme.

Es en Estados Unidos donde ha tenido un uso más espectacular, y en las décadas 60 y 70 el volumen de cheques ha crecido a razón del 7 por ciento anual, si bien este crecimiento hubiera sido todavía mayor de no haber surgido otros instrumentos de pago, como consecuencia especialmente de los desarrollos tecnológicos, y así, por ejemplo, la tarjeta alcanzaba en dicho país en 1989 un volúmen equivalente al 18 por ciento de los cheques. La masificación del uso de cheques despertó bien temprano la necesidad de utilizar medios mecánicos y más tarde electrónicos para el tratamiento bancario de estas operaciones. Son numerosos los sistemas desarrollados para simplificar y acelerar los procesos sobre estos documentos. En 1897, el legislador de los Estados Unidos de Norteamérica, adoptó el estatuto de los Ingleses, utilizando por primera vez el título de INSTRUMENTOS NEGOCIABLES e introduciendo algunas reformas, entre ellas la locución "a la orden", como distintivo especial para calificar de

negociable un instrumento, en lo cual se separaba del sistema Inglés que presumía la negociabilidad. La quiebra de Baninter 2003 causas y consecuencias Definitivamente, valen la pena las aclaraciones. Cuando recibimos las reacciones de los distintos sectores a raíz de la publicación de nuestro artículo sobre la crisis bancaria de 2003 del 12 de octubre pasado, percibimos que fueron reconocidos los argumentos que esbozamos como causantes de la crisis, en cuya línea se inscriben incluso los comentarios del propio Dr. Andy Dauhajre de su artículo “De regreso al 2003”, publicado el pasado 18 de octubre en El Caribe, en el que admite que la causa de dicha crisis no fue el endeudamiento en dólares de la banca, si no la gran cantidad de operaciones que sustentaron los fraudes bancarios de las entidades colapsadas. A diferencia de la reacción del Sr. Arturo Martínez Moya que, con comentarios un tanto imprecisos en otras publicaciones, queda como el único que sigue encasillado en una tesis totalmente desmontada con evidencias documentales, el Dr. Dauhajre plantea con argumentos técnicos de mayor profundidad algunas aseveraciones que van alineando los tópicos del debate, contribuyendo así al esclarecimiento de la verdad que, aunque no nos consideramos dueños de ella, tratamos con estos esfuerzos de acercarnos a ésta. No obstante, todavía quedan algunos detalles relevantes que sería interesante aclarar, a los fines de seguir eliminando “mitos mal fundamentados” que podrían distorsionar las posiciones y expectativas de los agentes económicos y el público en general. Uno de esos temas lo constituye el de las motivaciones reales que tuvieron las autoridades del Banco Central del período 1996-2000 para promover el endeudamiento en dólares de la banca. Realmente no fue para “allanarle el camino a los bancos, a fin de que éstos se endeudaran en el exterior con miras a que las empresas tuvieran acceso a dinero más barato”, sobre la base de aplicar una política monetaria restrictiva, que apuntara a mantener elevados niveles en las tasas de interés locales, para beneficiar la acumulación de reservas. La motivación real responde, básicamente, a aspectos asociados a la reforma financiera, promovida desde inicios de la década de los 90, es decir, mucho antes del período de gobierno al que se hace alusión (1996-2000).

Visión del enfoque de regulación financiera prevaleciente Recordemos que en el inicio de esa década de los 90, luego de haberse agotado el modelo tradicional de banca especializada, se propició en el marco de dicha reforma, la ampliación y diversificación de operaciones bajo un esquema más eficiente, en términos de lograr sinergias y economías de escala, propugnando la figura de la banca múltiple o universal. Nuestra banca tenía que dar ese salto, a tono con los estándares internacionales y a los nuevos productos que ya demandaba el mercado local, de lo contrario, se quedaba rezagada, aislada. Por ello reiteramos que las autoridades del 1996-2000 fueron cautas al promover este esquema concomitantemente con los controles y límites prudenciales correspondientes que, en detalles y con resoluciones de Junta Monetaria presentamos en nuestro artículo anterior, y que en síntesis, para que no se olvide, resumimos a continuación:

 -Establecimiento de un límite de un 30% del capital y reservas de los bancos múltiples, a los endeudamientos en moneda extranjera (segunda resolución del 7 de octubre de 1999)  -Exigencia de que las inversiones y préstamos en dólares deban estar previamente calificados en categorías A o B, es decir deudores de muy bajo riesgo. (Resolución anterior)  -Tope prudencial transitorio a la cartera de préstamos en dicha moneda por un plazo de 60 días, para desacelerar el ritmo de crecimiento del crédito en dólares, medida extendida por 60 días más (primera del 21 junio 2000 y segunda del 12 de octubre de 2000)  -Establecimiento de las normativas sobre riesgos de mercado, es decir, de liquidez, tasas de interés y cambiario. (Cuarta resolución del 9 de enero de 2001)  -Exigencia de que las captaciones en dólares del público y los financiamientos del exterior no podían ser canalizados a los sectores no generadores de divisas por montos que excedan el 40% de la cartera en moneda extranjera. (Cuarta resolución del 20 de agosto de 2002)

Nos permitimos detallar estas medidas prudenciales, esperando que con esta reiteración de una evidencia documental histórica tan clara, disponible en la secretaría de la Junta Monetaria, el Sr. Martínez Moya no cometa nueva vez el error de afirmar que “los endeudamientos en dólares se promovieron en el 1996-2000, sin tomar las medidas precautorias de lugar y que había una desregulación total” pues, muy por el contrario, en adición a las innovadoras normativas establecidas al amparo de Basilea I, hubo todo un “set de regulación prudencial en moneda extranjera”, que por su acertado diseño, sigue prácticamente vigente, aún después de la crisis, y a más de 10 años de su establecimiento, lo que demuestra, pues, que eran las medidas de corte prudencial correctas para las operaciones en dólares.

De ahí que volvemos a diferir con el amigo Martínez Moya, quien ahora plantea que “era que la banca no estaba preparada para ello”, ¿pero cómo es posible que ahora formule este nuevo argumento?, cuando previamente, ya desde el 1992 y 1993 las autoridades habían establecido las normas prudenciales y las normas bancarias de evaluación de activos, precedentemente indicadas, a los fines de fortalecer patrimonialmente la banca, y preparar la zapata de esta necesaria diversificación de sus operaciones, sobre la base de un nuevo sistema de aprovisionamiento para cobertura de riesgos, en consonancia con las recomendaciones del omité de Basilea I. Por tanto, no fue una improvisación, ni una precipitación, la reforma financiera fue un proceso arduo, que conllevó años de estudios previos para readecuar las tendencias internacionales al caso dominicano, lo cual se hizo con asesoría del Banco Mundial, del FMI y el BID, y el propio sistema financiero, ávido por tener una mayor competitividad para sobrevivir, clamaba por esas transformaciones desde finales de la época de los 80. Recordemos que el llamado “Código Monetario y Financiero” conllevó más de 10 años de discusión. Adicionalmente, cabe recordar que las autoridades monetarias de ese momento encabezadas por el Lic. Héctor Valdez Albizu, actual Gobernador del Banco Central, con miras a profundizar en el conocimiento de la solvencia

real del sector financiero, y de asegurarse de que esas normativas estuvieran siendo adecuadamente implementadas por las entidades, contrataron los servicios de los connotados expertos internacionales Aristóbulo de Juan y Julio Arranz, para que mediante inspecciones in situ, hicieran un diagnóstico de la situación real de la banca. Estos estudios arrojaron luz, evidenciando por un lado las fortalezas de algunas entidades y las debilidades de otras, básicamente por la baja calidad de sus carteras de préstamos con relación a los estándares internacionales, a pesar de que disponían de una gradualidad para la constitución de las provisiones correspondientes desde diciembre del 1992, previo al aludido período 1996-2000.

De ahí que, de inmediato, las autoridades del citado período 1996-2000 adoptaron los correctivos de lugar, y coordinaron la elaboración de un nuevo borrador de normas bancarias, cuyo conocimiento por parte de la Junta Monetaria fue pospuesto a sugerencia de las más altas instancias de la propia banca, bajo el argumento de que nos encontrábamos en un período de transición derivado del cambio de gobierno en agosto del 2000, por lo que el momento no era el más oportuno. No obstante, dando continuidad institucional a las referidas enmiendas, la Junta Monetaria, apenas 4 meses después aprobó, en enero de 2001, el nuevo texto de dichas normativas para seguir robusteciendo el sistema financiero nacional, las cuales también tuvieron que ser aprobadas con gradualidad, ante los reiterados reclamos de la propia banca.

Otra fehaciente muestra de que la banca fue previamente preparada para ofrecer estos nuevos productos financieros lo constituye el hecho de que el resto de la banca, la que no colapsó, la que ofreció esos servicios con más prudencia y se ajustó a los límites, no se vio afectada, superó la situación y hoy puede exhibir una mayor competitividad, capitalización y solvencia que hace 10 años atrás. Y es que amigos, si no sembramos para el futuro, nunca podremos cosechar; ¡lo importante es sembrar bien!

En otras palabras, estos argumentos revelan no sólo el verdadero sentido que primó en las autoridades para promover con prudencia estos nuevos productos financieros, sino también la PREPARACION PREVIA QUE SE IMPLEMENT” PARA QUE LA BANCA INCURSIONARA EN EL OFRECIMIENTO DE ÉSTOS, por lo que de modo alguno se podría endilgar a dichas autoridades del 1996-2000 el querer embarcar a la banca en un endeudamiento en dólares sin previsiones, con el objetivo perverso de acumular reservas sobre la base de una política restrictiva que generase, a propósito, un diferencial de tasas de interés proclive a auspiciar dicho endeudamiento en dólares, sobre todo cuando éste, como hemos dicho, apenas representaba un 10.1% del pasivo total.

Visión del enfoque monetario prevaleciente También por el lado de la aplicación de la política monetaria de ese período podemos evidenciar que las conclusiones de nuestros colegas, en ese sentido, no han estado bien fundamentadas del todo. Si bien el Dr. Dauhajre reconoce de manera puntual que, ante la posición del Gobierno del 1996-2000 de no ajustar los precios de los combustibles, el Banco Central, bajo la gobernación del Lic. Valdez, actuó de inmediato efectuando el ajuste por el lado de la política monetaria, es preciso agregar otros elementos adicionales de mayor peso que también inducían a la aplicación de una política restrictiva. Al respecto vale recordar que en una gran fase de dicho período el ritmo de crecimiento del crédito privado de la economía se aceleró significativamente y rondaba, como todos recordarán, por un 27% en promedio, aún con la existencia de aquellas “altas” tasas de interés que fueron tan criticadas, que como bien señala el Dr. Dauhajre oscilaban en promedio entre 23% y 28%, por lo que fue necesario restringir la política monetaria a los fines de contener los niveles de inflación y mantener la estabilidad relativa del tipo de cambio. Esta doble motivación constituye una evidencia más de la adecuada coordinación entre la política fiscal y monetaria con la que se trabajó en el gobierno del Dr. Leonel Fernández del 1996-2000, en el que se preservó, como siempre, la estabilidad macroeconómica.

A pesar de que ante este escenario esa era la orientación correcta de la política monetaria, ésta fue “satanizada” por la oposición bajo la denominada “represa financiera”, cuando los valores en circulación o certificados del Banco Central apenas representaban en el período 1996-2000 un 1.4% del PIB en promedio, y en el 2003, por las razones conocidas, llegaron a representar un 9.4% del PIB. Asimismo, si se analizan dichos valores en circulación como porcentaje del medio circulante y de la emisión monetaria en promedio, éstos arrojan un 14% y 17% respectivamente, porcentajes muy inferiores a los que existían a principios de la década de los ‘90. Si se les excluyen los certificados de la banca comercial que realmente correspondían a un “encaje legal remunerado” transitorio, esos porcentajes se reducirían a un 10.6% y 12.9% respectivamente, todos los cuales distan años luz de los registrados en 2003 y años posteriores, cuando por el “pecado original” del inadecuado manejo monetario de la crisis bancaria de 2003, dichos valores en circulación sobrepasaron tanto la emisión monetaria como el medio circulante en más de un 130%. He ahí la causa primaria de la generación del déficit cuasifiscal que registró el Banco Central luego de esa crisis; he ahí un mejor ejemplo de “verdadera represa financiera”, por las razones expuestas, que si bien se ha reducido, en términos de los gastos financieros que se pagan por los referidos certificados, de un 4% del PIB en 2004 a un 1.3% del PIB en 2009, gracias a la exitosa implementación del Plan de Solución Integral, aplicado desde agosto del 2004 por las actuales autoridades lideradas por el Lic. Valdez, todavía se amerita de un período gradual para su total eliminación, vía la aplicación de la Ley de Recapitalización del Banco Central, por las grandes magnitudes de aquella “hemorragia financiera” de 2003, que lamentablemente representó para el país un pérdida global equivalente a un 20% del PIB.

De igual modo, en cuanto al diferencial entre las tasas de interés local y externa, precisa indicar que si bien es cierto que existía, y aún se mantiene de manera secular por una serie de razones estructurales, las tasas de los certificados del Banco Central que en aquel período 1996-2000 inducían a la

restricción del crédito, oscilaron entre un 14 y 16%, muy inferiores aún a las que rigieron en los períodos 1982-1986 y principios de los ‘90 , pues llegaron a situarse entre un 38% y 36%, distando aún más de las que prevalecieron en el 2003 y 2004 del 60%. Por tanto, amigos, no es cierto que hubo en 19962000 una política monetaria deliberada para propiciar un alto diferencial de las referidas tasas de interés, con el propósito dirigido de acumular reservas. Recordemos también que, impulsado por ese comportamiento del crédito, la economía crecía en promedio anual a un 7-8% en el citado período, favorecido por ese ambiente de estabilidad macroeconómica, independientemente de que la afluencia de recursos en dólares originada por los referidos endeudamientos en dólares, contribuyera a engrosar los niveles de ingresos de divisas que en aquella época entraban al país. Sin embargo, en esa tesitura vale recordar, que esos ingresos en dólares por endeudamiento en dólares de la banca, junto con la deuda privada de corto y largo plazo, apenas representaba alrededor de un 1-3% del total del flujo de divisas percibido por el país, pues el verdadero peso de dicho flujo en el citado período, y aún en la actualidad, se concentraba en los ingresos por concepto de turismo, zonas francas, remesas e inversión extranjera, los cuales oscilaban en conjunto entre un 96-98% del total recibido. Por tanto, desde el punto de vista monetario, cambiario y de flujos de la balanza de pagos, tampoco es cierto que las autoridades del 1996-2000 indujeron un “endeudamiento barato en dólares de la banca” y auspiciaron un diferencial de tasas de interés, con el fin exclusivo de acumular reservas, a costa de debilitar al sector financiero. Si el modelo o estrategia implementada funcionó en dicho período, hasta el grado de pensar que dichas autoridades “se la estaban comiendo”, recordemos también que fue un trabajo de equipo, con participación de asesores locales contratados por el Poder Ejecutivo, que también tenían su cuota de participación, aunque no se trata de un asunto de ego; es que simplemente primó la necesidad de tomar decisiones responsables para mantener la estabilidad macroeconómica. Demostrado con distintos enfoques, que no fue el endeudamiento en dólares de la banca el que provocó la crisis bancaria de 2003, ahora en un nuevo artículo de fecha 1 de noviembre del presente año, el Sr. Martínez Moya

plantea que el problema fue la alta deuda privada en el exterior, al parecer, incluyendo ahora, a las empresas privadas en adición a la banca.

Parecería entonces que no recuerda los requisitos exigibles por la banca del exterior para ser sujeto de crédito, como lo son los avales bancarios, los depósitos previos entre otros requerimientos que limitaban aún más ese tipo de financiamientos, a los cuales no todas las empresas privadas locales podían tener acceso. ¿Pero de qué estamos hablando amigos?, ¿es de la proporción irrisoria que indicamos anteriormente de apenas un 1 ó 3% que representan los ingresos en divisas por concepto de endeudamiento privado de corto y largo plazos en el exterior con respecto al total de flujo de divisas, que en promedio recibía el país en el período 1996-2000? También esa representatividad era insignificante como para ser el detonante de la crisis, por favor no sigamos como “Leoncio, que cuando lo enfrentaban por un lado decía, huyamos hacia la derecha...”

Sobre el proceso de “pesificación” de 2003 Otro elemento que también se amerita traer a colación es el comentario que indica que si las empresas no hubiesen estado tan endeudadas en dólares en el 2003, el proceso de pesificación que se produjo a raíz de la referida crisis bancaria no hubiera sido un elemento que atizara la devaluación, y ésta hubiese sido menor. Pero Dios mío, tratemos de ser coherentes, si ya se ha reconocido que el endeudamiento en dólares no fue la causante de la Crisis Bancaria, reconozcamos también que ese proceso de pesificación del público se produce por una falta de CONFIANZA, ante la volatilidad del tipo de cambio, que se produce por una expansión monetaria monumental, cuya sobre liquidez en pesos inducía a su vez, a una “dolarización” de ahorros y fuga de capitales, de una gran masa de recursos, no necesariamente asociada al nivel del endeudamiento en dólares de la banca; en otras palabras, era la “clásica corrida de tantos pesos detrás de dólares” para cobertura de riesgos. Y es que como ya vimos, ese endeudamiento en moneda extranjera constituyó tan solo un 10.1% del pasivo total de ésta, lo cual demuestra que realmente no

tiene un peso preponderante como para provocar una situación económica de las magnitudes que vivió el país en el 2003. Pero más aún, el endeudamiento en dólares de los 3 bancos fallidos, el que “supuestamente hizo mayor presión para la pesificación”, apenas representaba un 3% del pasivo total de la banca múltiple, y si se incluyera la proporción fuera de libros que las entidades colapsadas tenían como exceso a su nivel permitido de endeudamiento en el exterior, argumento alegado por el Sr. Martínez Moya, el referido porcentaje apenas sube un 7%, lo cual por su baja cuantía y poca significación con respecto a las otras grandes violaciones de magnitudes monumentales que explicamos en nuestro primer artículo, sigue evidenciando que el endeudamiento en dólares de la banca, aún con la proporción que excedió el límite establecido, no fue el detonante de la crisis bancaria, ni mucho menos el catalizador de la crisis económica que se generó después, tal y como lo ha admitido el propio Dr. Dauhajre.

De tener asidero ese tipo de comentarios sobre las razones de la pesificación, entonces ¿podríamos decir que si los bancos colapsados no hubieran prestado el dinero del público y lo hubieran “guardado debajo del colchón”, entonces la crisis bancaria hubiera sido de menor impacto? De ninguna manera, no es el hecho de dejar de hacer algún tipo de operación, y negarse a crecer, pues toda acción implica riesgos, se trata de que las que se hagan, se ajusten al marco regulatorio, minimizando riesgos.

Sobre el pago a los depositantes

Otro aspecto que también resulta interesante esclarecer es el relativo al pago a los depositantes de las entidades colapsadas utilizado por las autoridades en 2003, pues aunque ya el Dr. Dauhajre de manera muy puntual admite que lo criticable fue la “modalidad” de pago, con lo cual coincide con la posición expresada en ese sentido por el Lic. Héctor Valdez en aquella oportunidad, sin embargo justifica dicha acción sobre la base de argumentar que se trataba de un caso de altísimo riesgo sistémico, apoyándose en que esa teoría fue

corroborada en los resultados de las inspecciones asistidas realizadas por equipos contratados por el FMI-BM-BID. Sobre el particular, nos permitimos hacer una pequeña acotación, pues en base a los términos de referencia para la contratación de las referidas inspecciones asistidas, los objetivos de éstas estaban orientados a verificar si la doble contabilidad que se detectó primeramente en el caso de Baninter, se había convertido en una práctica generalizada en el resto de las entidades del sistema, por lo que dichos trabajos no tenían previsto asumir juicios, ni ofrecieron opinión sobre ese particular. En ese mismo orden de ponderar la citada acción, en el artículo anterior hicimos una comparación que diferencia el manejo de la crisis bancaria de nuestro país, con el que se le confirió a la crisis financiera de EEUU, más sin embargo, también fue distorsionada su interpretación, cuando el Sr. Maríinez Moya hace precisiones que no formulamos, pues no juzgamos ni las causas ni las consecuencias de la crisis de EEUU, sólo nos limitamos a comparar las MODALIDADES DE PAGO o FORMA EN QUE SE INYECT” LIQUIDEZ a las economías, como una manera de desmontar el nuevo “mito” de que en el 2003 se actuó correctamente con el pago directo y en efectivo a los depositantes, porque EEUU también hizo lo mismo, y precisamente demostramos, sin enjuiciarlos, que fueron manejos incomparables por sus respectivas naturalezas. Por tanto, yerra nueva vez el Sr. Martínez Moya, al afirmar imputaciones y juicios de valor que no externamos en nuestro primer artículo.

Ante estos contundentes comentarios, en los que se evidencia como antes indiqué, que el Sr. Martínez Moya cabalga solitario con su tesis del endeudamiento en dólares como causante de la crisis bancaria, quedan sin consistencia alguna sus argumentos cuando posteriormente, en el marco del análisis de la deuda total del Estado, también debatida en la prensa nacional, osa en plantear que dicha deuda subió a un 43.8% en 2003 y 2004, como consecuencia del referido endeudamiento en dólares de la banca.

Esto así, en vista de que quedó claramente demostrado que en síntesis, fueron los fraudes bancarios los causantes de dicha crisis bancaria, y que si bien la deuda interna del gobierno considera la emisión de los bonos para la recapitalización del Banco Central, como consecuencia del conocido pecado original del 2003, la estrategia diseñada por el actual gobierno para gerenciar esta problemática, atenúa las presiones al mismo, ya que éste sólo tiene que presupuestar anualmente el pago de los intereses de dichos bonos, no así el capital, en razón de que éste será íntegramente cubierto con el superávit que al término de los 10 años previstos para documentar esa deuda, le transferirá al Estado el Banco Central, todo lo cual contribuye a sustentar la posición del actual gobierno, en el sentido de que su deuda total es manejable y sostenible.

Sobre la decisión final caso Baninter Como último tópico, me permito abordar el relativo a las diferentes posiciones de los “asesores” contratados y “técnicos” del Banco Central (BC), previo al momento de la toma de decisión del manejo del caso Baninter, pues no me perdonaría callar ante lo planteado sobre el particular por el amigo Dauhajre. Ciertamente reitero mis comentarios en torno a sus recomendaciones en esa oportunidad, en el sentido de no pagar a los depositantes en efectivo, si no mediante certificados del BC a mayores plazos y menores tasas de interés, lo cual compartimos en su momento como una alternativa preferible, pero no por ello ahora resultaría que los “técnicos del BC” fueron los que propusieron la modalidad de salvamento en efectivo de inmediato y con certificados de corto plazo, para ahora transferir ese dardo, desequilibradamente, sobre los que reciben instrucciones. Tratemos de ser justos, no todos los “técnicos del BC” tenían al unísono una misma posición, ante una decisión tan delicada, se ponderaron varias opciones en largas jornadas de trabajo; recordemos que los que vivimos la experiencia de Bancomercio advertimos la necesidad de que si se utilizaba la modalidad de pago a los depositantes con efectivo, debía neutralizarse concomitante o preferiblemente de manera previa, el monto de las facilidades otorgadas para esos fines, tal y como se estuvo haciendo hasta mediados de marzo del 2003, lo cual puede verificarse entre el monto de facilidades de liquidez concedidas

hasta ese momento y el nivel de certificados del BC colocados a esa misma fecha, para no generar problemas macroeconómicos. Aparentemente el Dr. Dauhajre pudiera estar confundiendo la secuencia de los eventos, al afirmar que “los técnicos del BC” sustentaban su supuesta propuesta de pagar en efectivo y con títulos de corto plazo, “bajo el argumento de que la banca necesitaba liquidez, y que esa era una vía efectiva para proveerla”. Realmente las disposiciones adoptadas demuestran, que esto no fue exactamente así. Posterior al hecho de haber usado la modalidad de pago seleccionada, si bien “los técnicos del BC” se concentraron en tratar de neutralizar la expansión monetaria generada, esa desmonetización no pudo lograrse en la magnitud requerida por un problema magnitudes y/o de confianza, lo cual evidenció la necesidad de adoptar otras medidas, por lo que los “asesores” propusieron un aumento del encaje legal de la banca. En vista de que algunas instituciones tenían deficiencias de encaje, “los técnicos del BC” se pronunciaron en contra de esta segunda medida, planteando, en ese otro contexto, es decir unos meses después de haberse tomado la decisión de pagar a Baninter con la modalidad seleccionada, la necesidad de que la banca dispusiera de adecuados niveles de liquidez, por lo que el argumento de esa “falta de liquidez” no fue el que primó en “los técnicos del BC”, en ocasión de su recomendación previa a la decisión adoptada para el pago de depositantes de Baninter, si no que se circunscribió a otro contexto posterior. No se trata de buscar culpables, no somos jueces, ni dueños de la verdad, y ya los tribunales del país se pronunciaron, pero seamos humildes cuando acertemos, tratemos de comprender a los que tenían sobre sus hombros la decisión final, pero no tiremos “lodo” de manera indiscriminada sobre los demás, como diría nuestro gran amigo Ricardo Rojas León. Reflexiones finales

Ahora deseo referirme a los comentarios vertidos en la sección El País del diario “7 Días” del pasado 24 de octubre, por el Lic. José Lois Malkun, ex Gobernador del Banco Central, a quien le tocó la gran responsabilidad en el 2003 de enfrentar el colapso de esos 3 bancos por sus prácticas fraudulentas, y a quien respeto y agradezco por su alta distinción y excelente trato a mi persona durante su estadía en dicha institución. Pero sobre todo, a quien siempre he reconocido como un ser humano honesto, serio y responsable, al igual que nos lo ha manifestado en varias oportunidades el Lic. Héctor Valdez y otros gobernadores y funcionarios, pues en momentos críticos para el país, supo actuar con valentía y gallardía en una de las tomas de decisiones más trascendentales para el sistema financiero y la economía dominicana. Indudablemente, esta acción constituyó un gesto responsable, asumido con las mejores intenciones por el bien de los depositantes y del sistema, pero lamentablemente generó un costo a la población por ciertas imprecisiones de índole monetario, pues a pesar de los esfuerzos realizados para neutralizar la liquidez concedida, no se completó a tiempo esa necesaria desmonetización, tal vez por las grandes magnitudes envueltas y/o las presiones y desconfianza existentes en aquel momento tan coyuntural para la economía dominicana. Por ello, viene a mi memoria en este instante, el dicho popular que reza, “una cosa es torear el toro y otra verlo torear”. En ese tenor, tiene sentido el Sr. Malkun en sus comentarios, cuando asegura que nadie es dueño de la verdad absoluta, pero no obstante entiendo que a todos nos asiste el derecho de defender el trabajo institucional que con tanto esfuerzo y sacrificios hemos venido realizando como servidores públicos, en apego a las mejores prácticas de profesionalidad y ética, y más aún cuando tenemos disponibles las evidencias documentales para sustentarlo. De ahí que, ante la absurda acusación pública que recientemente formulara el Sr. Martínez Moya, en el sentido de que la causa de la crisis bancaria de 2003 fue el deliberado endeudamiento en dólares propiciado por las autoridades del 1996-2000, me sentí y me siento en la obligación de dar la cara, responsablemente, como ex Directora del departamento Financiero del Banco Central de ese período, para refutar con argumentos sólidos esa gran falacia que ya tuvimos la oportunidad de desmontar, y que nos llevó a tener que profundizar sobre las verdaderas causas y consecuencias posteriores.

Asimismo, aunque algunos quieran minimizar nuestro trabajo, supuestamente por no haber detectado a tiempo esos fraudes bancarios, sobre todo, los mismos que han indicado que la banca no estaba preparada para ofrecer servicios en dólares, nos permitimos señalar que no nos sentimos aludidos por eso, en razón de que es del conocimiento público, que no es competencia del Banco Central el detectar fraudes bancarios, ya que el rol que le confiere la ley en el ámbito financiero, es el de ente regulador, es decir el que propone a la Junta Monetaria las regulaciones y normativas que han de regir al sector financiero dominicano.

Y justamente sobre esa concepción legal, es que hemos actuado y presentado las medidas de controles y límites prudenciales que estableció oportunamente (1996-2002) el Banco Central, mediante resoluciones de Junta Monetaria para cautelar los riesgos de esas operaciones en moneda extranjera. Ese tipo de fraudes bancarios por operaciones ocultas y otras violaciones, sólo pueden detectarse mediante supervisión “in situ” o inspecciones de campo en las propias instituciones y/o a través de auditorías de sistemas, cuya ejecución no forma parte de las funciones del Banco Central, sino del órgano supervisor, es decir la Superintendencia de Bancos. No obstante cabe indicar, que la complejidad de esos fraudes fue tal, que ni la Superintendencia de Bancos, ni los auditores externos, ni las calificadoras de riesgo, ni los organismos internacionales, pudieron detectarlos a tiempo, sólo cuando se intervinieron los bancos colapsados y se tomó el control de los mismos fue que se verificó su existencia. Por ello, podemos hablar con propiedad en el ámbito de nuestra competencia, la cual se circunscribió a la responsabilidad de los aspectos normativos. Para concluir, reitero que vale la pena hacer precisiones de manera oportuna y “desmontar mitos” que juegan a hacerse eco en el sentir de la población, no solo porque con ello cubrimos una responsabilidad como dominicanos de contribuir a afinar equilibradamente la historia, sino para que de cara al futuro, podamos eliminar fantasmas que pretenden distorsionar, con fines políticos, el clima de inversión de nuestro país, generando expectativas perturbadoras entre los agentes económicos y la ciudadanía en general.