Memoria Historica

La memoria histórica es un concepto historiográfico de desarrollo relativamente reciente, que puede atribuirse en su formulación más común a Pierre Nora,1 y que viene a designar el esfuerzo consciente de los grupos humanos por entroncar con su pasado, sea éste real o imaginado, valorándolo y tratándolo con especial respeto. Existe un programa de la UNESCO denominado Memoria del Mundo. Memoria histórica en España Lugares de enterramiento no convencional, como los que más arriba se indican, son las fosas comunes y las cunetas donde terminaban los fusilados en la Guerra Civil Española, cuya localización y destino son uno de los objetos principales de debate de la memoria histórica en España en los últimos años, siendo un caso particularmente divulgado el de Federico García Lorca; incluso con motivo del 70 aniversario (2006) se ha desatado una guerra de esquelas. Previamente se había producido cierta polémica con la retirada de la estatua ecuestre de Franco que continuaba frente a los Nuevos Ministerios de Madrid. El destino del Valle de los Caídos también es puesto en cuestión, todo ello mientras se debate en el Congreso una ley para la recuperación de la memoria histórica que pretende compensar el olvido de las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo. A raíz de la aplicación del concepto, convertido en un instrumento de movilización intelectual y social por Emilio Silva y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 5 se ha suscitado un debate historiográfico muy vivo sobre la oportunidad del propio concepto de memoria histórica, que es rechazado por algunos. •

«Memoria histórica» ni es memoria ni es historia. Lo que se llama «memoria histórica» o «colectiva» no es tal cosa, sino una versión, o versiones, creadas por publicistas, patriotas, activistas políticos, periodistas o hasta por algunos historiadores interesados. Se trata esencialmente de mitos o leyendas creados acerca del pasado. Pueden tener alguna dosis de verdad empírica, o ninguna. La memoria es individual y subjetiva, nunca es «histórica» o «colectiva» como tal. La historia, en cambio, no se basa en memorias individuales subjetivas, sino en la investigación intelectual de los datos empíricos que sobreviven del pasado. Hay algunos estudiosos e investigadores que están excavando fosas y llevando a cabo investigaciones serias. Eso es siempre importante, y en cuanto es investigación seria debe ser aplaudida. Pero esto es totalmente diferente de querer imponer una versión sesgada y partidista, que rechaza los resultados de la investigación. «Revisionismo» es una palabra empleada muy mal, actualmente en España, para describir a los que disienten de la corrección política. La verdad es que una «revisión» es la función de la mayor parte de la investigación seria. Si no se quieren descubrir datos nuevos que pueden enriquecer y «revisar» nuestro entendimiento, ¿por qué investigar? Pero la versión meramente politizada de la promoción de la «memoria histórica» no quiere revisar sino repetir e imponer una versión. El movimiento político sencillamente no tiene interés en la

historia, y así no se trata de su revisión sino de su politización o anulación. 6

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¿Y qué es memoria histórica en un país dividido a muerte por una guerra, en la que hermanos -de sangre, nada de metáforas- tomaron partido contra hermanos? Cuando un país se escinde, la memoria compartida sólo puede construirse sobre la decisión de echar al olvido el pasado: ése es el sentido de la amnistía general, como Indalecio Prieto y José María Gil-Robles lo comprendieron ya desde los primeros años de la posguerra.7

Desde una perspectiva opuesta, el forense Francisco Etxeberria, que ha exhumado a más de 500 fusilados de la Guerra Civil reflexiona lo siguiente: •

No puede ser que todavía haya personas en España que cuando hablen de la Guerra Civil y de la represión lo hagan con miedo. A esa gente hay que decirle que aquello fue injusto, que les comprendemos y que les apoyamos. No puede seguir existiendo miedo8

Los Papeles de Salamanca Además de todo ello, el punto álgido de la confrontación llegó en la Legislatura 2004-2008, cuando se reactiva el proceso de devolución de los llamados papeles de Salamanca,9 como resultado de una reclamación planteada desde mucho tiempo atrás por Instituciones y entidades desde Cataluña. El objeto de esta reclamación es la documentación requisada por el ejército nacional a su entrada en Cataluña, y depositada en un Servicio centralizado en Salamanca con fines represivos. Allí se procesaba durante la Guerra civil documentación que pudiera proporcionar informaciones sobre personas y grupos objeto de persecución por las fuerzas franquistas. Algunos de aquellos materiales sirvieron para la Causa General contra la Masonería y el Comunismo, proceso judicial con el que se justificó el llamado Alzamiento Nacional al acusar y condenar a todos los vinculados al bando republicano por rebelión militar -paradójicamente- y todo tipo de crímenes. También se preveía el uso propagandístico, de lo que es ejemplo la reconstrucción física del espacio y la parafernalia simbólica de una logia masónica, instalada en el edificio del antiguo Colegio de San Ambrosio, que fue sede de aquel Servicio desde la Guerra Civil y que en 2007 todavía albergaba el Archivo. Terminada la Guerra Civil aquel Servicio permaneció en Salamanca y siguió proporcionando informes sobre antecedentes de personas hasta varias décadas más tarde. Perdida su función represiva pasó a constituir un Archivo histórico, que acabó adquiriendo la denominación de Archivo General de la Guerra Civil Española. La ciudad de Salamanca, y en concreto su ayuntamiento, son uno de los lugares donde el debate sobre la memoria histórica se muestra con mayor viveza: en los últimos días de diciembre de 2006 se seguían debatiendo

apoyos o rechazos de la corporación municipal,10 con textos presentados por los concejales del Partido Popular y el PSOE, a la posible devolución de papeles del Archivo (en este caso al País Vasco) y a la rehabilitación póstuma de Miguel de Unamuno como concejal, cargo del que fue desposeído como consecuencia de su famoso enfrentamiento con el general Millán Astray el 12 de octubre de 1936, al comienzo de la Guerra Civil Española.11 La memoria en el franquismo Los elementos simbólicos de la memoria del bando vencedor presidieron España desde 1939, y en buena medida siguen existiendo: las placas de "Caídos por Dios y por España", que se colocaron en todos los pueblos, la mayor parte de ellas en el exterior de las iglesias -consistentes en una lista de nombres de los muertos de ese pueblo pertenecientes al bando nacional, cerrada por el marcial grito ¡PRESENTES!-; el ya citado valle de los Caídos, donde se enterró a José Antonio Primo de Rivera -el ausente- después de un traslado a hombros desde Alicante a El Escorial -símbolo de la memoria de la monarquía católica-; el Alcázar de Toledo, cuyo asedio y liberación fueron hábilmente utilizados por Franco para asegurar su predominio entre sus propias filas, y que dio nombre al principal periódico "ultra" -El Alcázar-; el Monumento al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, centro geográfico de España, que le está consagrada, y que fue profanado por las tropas republicanas con una pantomima de fusilamiento, para ser convenientemente desagraviado tras la Victoria; por último, tras la muerte de Franco, fueron las conmemoraciones del 20 de noviembre (20-N), con manifestaciones en la plaza de Oriente -masivas en los años 70-. La memoria de la época sigue siendo la función de la Fundación Francisco Franco, privada pero sostenida con fondos públicos, que custodia documentación histórica de forma que algunos historiadores han discutido.12

Algunas noticias referentes a la Memoria Historica en España 'Mártires del Siglo XX' El desaguisado ya se ha producido. La decisión no tiene vuelta de hoja, por aquello de que quien manda, manda. A los cristianos de a pie sólo nos queda el derecho al pataleo. Pero precisamente por esto es justo que quede constancia de que no todos los creyentes católicos aplauden la beatificación de 498 mártires del Siglo XX, eufemismo encontrado a última hora para no hablar claramente de mártires de la Guerra Civil española. No son éstos los primeros beatos de aquellos trágicos días y no serán los últimos. Por el momento unos 10.000 más figuran en lista de espera. Y se sabe el porqué. Pablo VI, gran conocedor de España y de la tremenda convulsión espiritual originada por la guerra fratricida del 36-39, había ordenado en buena hora la congelación de todos los procesos canónicos abiertos con miras a una

posible beatificación de los miles de obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y seglares a los que se les había arrebatado la vida por odio a la fe. El Papa Montini, hijo de periodista político, contaba con mucha información y con información muy sensible sobre el desgarrón que laceraba el alma y la pasión de los testigos y herederos de la Guerra Civil. Entendía que no estaba aún el horno para bollos y, aunque no abrigaba la menor duda sobre la cualidad eclesial de tantas muertes, juzgaba que la Iglesia no debía invocarlas como martiriales porque el hacerlo, lejos de servir a la causa de la reconciliación, reabriría las heridas que aún no habían cicatrizado lo suficiente. Los cristianos que hoy se manifiestan contrarios a las beatificaciones de ese medio millar de mártires no pueden ser tachados de católicos menos fervorosos. Piensan y sienten como Pablo VI porque el paso de los años no ha sido demasiado largo ni lo bastante clarificador como para poner punto final a la tragedia. Todo lo contrario. El clima que se respira en la actualidad es de mayor crispación y enfrentamiento que el padecido en la época montiniana de los 60. De hecho, ya han sido beatificados en años anteriores no menos de 468 mártires y se han celebrado en su honor no menos de 11 solemnes ceremonias litúrgicas en el Vaticano. Hubo sus más y sus menos, justo es reconocerlo; pero la contestación popular no alcanzó ni el tono ni la contundencia de la actual. Las beatificaciones de los mártires se vieron siempre por muchos católicos con ojos menos claros, pero al presente se ven con muy malos ojos. Se aprecia un nuevo factor de división de la comunidad nacional. Hay quienes tratan de poner en duda la naturaleza martirial de las muertes que la Iglesia acaba de honrar.. Recuerdan que son muertes acaecidas en una guerra civil y sacan de este lamentable hecho dos conclusiones: la primera, que, al igual que se beatifican las muertes de un bando, podrían y deberían beatificarse las del otro porque, al fin y al cabo, en ambos hubo gentes buenas; la segunda, que la persecución contra la Iglesia surgió porque los católicos, su mayoría, pertenecían a las clases burguesas o estaban en estrecha relación con ellas. No es cosa de rebatir estos infundios. Que en los dos bandos hubo gentes buenas es innegable; pero para la beatificación se exige algo más que ser buena gente. La conclusión referida a la unión de la Iglesia con las clases pudientes también es innegable, aunque habría que introducir muchos distingos. Pero mártir es sólo aquél que es arrancado de esta vida por ser cristiano. A la Iglesia de España le tocó comer las uvas amargas de una etapa

histórica marcada por la revolución y más en Rusia que en ninguna otra parte. Las crónicas de la Iglesia ortodoxa rusa hablan de unos 100.000 mártires. Y Rusia, guste o no, era el modelo a reproducir en tierras de España. Manuel de Unciti es sacerdote y periodista.

El PP niega a la Iglesia la bula para tener iconos franquistas El PP ha sorprendido al resto de grupos parlamentarios al pedir que se retire del proyecto de ley de memoria histórica --que ya fue aprobado por el Congreso, y que está ahora en trámite en el Senado-- la enmienda que exime a la Iglesia de retirar símbolos de la época franquista por razones "artísticas, religiosas y arquitectónicas protegidas por la ley". Los populares quieren que la Mesa del Congreso contemple, el próximo martes, la posibilidad de que esa enmienda transacional, pactada por CiU y PSOE, salga del texto legislativo antes de que sea debatido y votado por los senadores. LOS "MOTIVOS" Y es que, según la versión popular, los parlamentarios dirigidos por Eduardo Zaplana podían haber vetado ese texto en el pleno del 31 de octubre, de no ser por un supuesto error del presidente de la Cámara baja, Manuel Marín, y las malas artes de Convergència i Unió. Así, en el escrito que ha remitido a la Mesa del Congreso, el PP alega que el reglamento de esta cámara establece que, para que una enmienda pueda ser votada en pleno, tiene que haber acuerdo de todos los grupos. Y que, a su juicio, era deber de Marín cerciorarse de que nadie quería vetar, pero no lo hizo. ERROR DEL PP Los populares también critican que CiU diese el paso de someter a votación esa transacional sobre los símbolos y la Iglesia, a sabiendas del rechazo por parte del PP. Sin embargo, los nacionalistas catalanes apuntan que se limitaron a cumplir con su obligación y que el verdadero error lo cometió el PP, que no comunicó de antemano su veto, algo que sí hicieron otros partidos con respecto a otras enmiendas. "No hubo mala fe", enfatizó Jordi Xuclà, diputado de CiU. El representante popular Jorge Fernández Díaz señaló que su grupo podría haber apoyado la enmienda de CiU que libera a la Iglesia de retirar símbolos si el texto de la transaccional hubiera esgrimido únicamente "motivos religiosos". También si, además, se hubiera garantizado la autonomía de los ayuntamientos para decidir qué hacer en cada localidad, una sugerencia que IU-ICV se encargó de vetar. Fernández Díaz no cree que la petición que hace ahora el PP de que se retire esa enmienda pueda, en caso de prosperar, afectar negativamente a la Iglesia, puesto que considera que populares y nacionalista aún pueden llegar a entenderse en el Senado. Sin embargo, Xuclà augura que la maniobra que pretende hacer el PP en la Mesa será estéril, e insiste en que la solución a la que se llegó en el Congreso, con el respaldo de PSOE y las firmas de PNV y Coalición Canaria,

es "satisfactoria" para conciliar los objetivos de la norma con la conservación del patrimonio.

Rescatar la memoria, honrar a las víctimas Artículo de Gaspar Llamazares. Diario Público 11 de noviembre de 2007 “Francisco Franco, caudillo de España, debe de estar revolviéndose en su tumba”. Con esta frase comenzaba The Economist un artículo sobre la ley de Memoria Histórica. El Congreso, por fin, la aprobó con el apoyo de una amplia mayoría. Sólo el PP y ERC se han quedado fuera del acuerdo, por distintos motivos. Pero el camino hasta llegar aquí no ha sido de rosas. En el debate de investidura de 2004 obtuvimos del presidente del Gobierno el compromiso de aprobar una ley de Memoria en la presente legislatura. Para respaldar nuestra propuesta, el Grupo Parlamentario de IU-ICV presentó ya aquel año su proposición de ley. Pasó el tiempo y hasta julio de 2006, cuando ya no tenía más remedio, el Gobierno no presentó su propuesta, tardía, descafeinada e injusta con las víctimas. El Ejecutivo socialista partía de un planteamiento histórico erróneo, de una falsa equidistancia entre las “dos Españas”, al definir a la República legítima como un “bando” similar al de los golpistas que se sublevaron contra ella. El texto se limitaba a defender un concepto reducido a la memoria personal y familiar de cada individuo, exonerando al Estado de su responsabilidad de impulsar políticas públicas para la recuperación de la memoria democrática. Aquel proyecto inicial reconocía la supuesta legalidad de los tribunales represivos. Además, a las víctimas y a sus familiares que reclaman justicia y reparación les invertía la carga de la prueba y les forzaba a comparecer ante un Comité de Notables para demostrar que las ejecuciones, condenas y sanciones fueron injustas. Sordo a las protestas y descontento de las víctimas, el PSOE dilató su tramitación por meros cálculos electorales y de oportunidad política. Existía un riesgo evidente de un nuevo cierre en falso, como ocurrió en la transición. Entonces se consideró que era demasiado pronto. Ahora, que demasiado tarde. En palabras de José Antonio Martín Pallín: “Más que una ley parecía un conjunto de paliativos, seguramente bienintencionados, pero desoladoramente ajenos a cualquiera de los valores que son el nervio de nuestra Constitución”. A nosotros nos hubiese resultado más fácil encastillarnos en nuestra propuesta y acabar la legislatura sin aprobar la ley, arrojando sobre el PSOE la responsabilidad del fracaso. Pero al oportunismo electoral de algunos le

pusimos el contrapunto de la responsabilidad histórica. Era ahora o nunca, pero no a cualquier precio. Tras varios meses de incertidumbre, el acuerdo básico del pasado abril entre IU-ICV y el PSOE desbloqueó una ley que muchos ya daban por enterrada. Se le dio un vuelco total y el resultado está a la vista. Tal y como han reconocido observadores imparciales y analistas políticos, nunca un grupo tan pequeño ha influido tanto, arropado en el peso de nuestra rica memoria antifranquista y el de las organizaciones de la Memoria. Estamos ante una ley histórica, la primera que condena tajantemente la última dictadura y anula las bases jurídicas de la represión. Destaca la derogación expresa de los bandos de guerra y de las normas dictadas bajo la dictadura desde julio de 1936 hasta 1975, manifiestamente represoras y contrarias a los derechos fundamentales. Su objetivo es doble: proclamar su formal expulsión del ordenamiento jurídico e impedir su invocación por cualquier autoridad administrativa y judicial. La ley declara la ilegitimidad de los tribunales franquistas y sus sentencias, es decir, su nulidad de hecho. Ello servirá como instrumento jurídico para quienes quieran utilizarla ante los tribunales en las reclamaciones de anulación de sentencias, sin que los jueces puedan invocar normas de la dictadura para rechazarlas. Por nuestra parte, además, pediremos al fiscal general del Estado que inicie de oficio los recursos de revisión de sentencias. Del proyecto inicial del Gobierno hicimos desaparecer las referencias a los dos bandos y el Comité de Notables, y facilitar el acceso a la documentación de los archivos. Por primera vez en democracia se honra a colectivos de luchadores por la libertad que nunca habían sido reconocidos: los guerrilleros, el Cuerpo de Carabineros o los militares de la clandestina UMD, excluida de la Ley de Amnistía por temor al “ruido de sables”. También se proclama la injusticia que supuso el exilio y se reconoce el derecho de los exiliados y de sus descendientes directos a recuperar la nacionalidad española. El Estado está obligado a garantizar que las víctimas sepultadas en cunetas y fosas comunes donde yacen en el anonimato sean identificadas y enterradas en los cementerios. La norma establece la responsabilidad de las instituciones sobre las exhumaciones, símbolos y archivos. Con la ley en la mano, los alcaldes podrán retirar los símbolos de la sublevación militar y la dictadura. El Valle de los Caídos ya no podrá ser escenario de actos de exaltación, aunque el PSOE –mediante un pacto con CiU y el apoyo del PP– descartó transformarlo en un espacio de explicación de la represión franquista. Sin duda estamos ante una ley de reconocimiento, no de venganza. Los partidarios del silencio y el olvido también lo son de la impunidad. Se entiende que quienes, como Mayor Oreja, vivieron el franquismo con naturalidad y placidez no quieran remover el pasado. A la derecha no le interesa contar la historia como fue. Mientras el franquismo ensalzó y sacralizó a las víctimas de su propio bando, excluyó a los demócratas de la memoria pública de los españoles.

Asumir la herencia del pasado no es fácil, pero esta ley debe servir para promover la confianza, con la voluntad de reforzar la democracia asumiendo los errores y los horrores del pasado. Rescatar la memoria de aquellos lamentables episodios y honrar como se debe a las víctimas olvidadas ha de servir de lección para el presente y para el futuro de la democracia española.