Diplomado en Gobierno Electrónico para la competitividad y el desarrollo
4.4 Marco legal y reformas locales En este contexto, la normatividad se enfoca mucho a la operación, es decir, en como los servicios de gobierno se deben y pueden entregar a los usuarios. Cada oficina o municipio de gobierno tiene su propia normativa, ya sea construida internamente o heredada de una dependencia de nivel superior. Una iniciativa de gobierno electrónico requiere normatividad para poder operar. No es posible traducir servicios a los usuarios si se desconocen las fuentes de información, no están definidos los tiempos de ejecución, no hay asignación de responsabilidades, no están explícitos los procedimientos operativas y no están definidos los entregables. Estos elementos los provee el marco operativo de la dependencia. Si tomamos en cuenta el tema de transparencia en un municipio, este debe tener dictaminadas las leyes y criterios para publicar información acerca de las cuentas financieras y decisiones presupuestales. Antes de publicar cualquier información, se tiene que tomar en cuenta las leyes competentes para definir el grado de profundidad, los formatos y documentos de evidencia. Esta función de transparencia aunque es básica, lamentablemente muchas oficinas no la hacen argumentando que existe el marco legal para presentarla. Para solucionar este punto sería necesario ampliar la normatividad en beneficio del mismo ciudadano. El marco legal es absolutamente necesario para la operación de una iniciativa de gobierno electrónico. Uno de los primeros pasos antes de una propuesta integral, es revisar las leyes que aplican a la creación del proyecto y a la operación del mismo. Debido a que los servicios a los diversos clientes involucran a varias instancias gubernamentales (internacionales, nacionales, estatales, locales), es necesario mantener una integración que facilite una actuación a beneficio de los ciudadanos, empresas y organizaciones.
D.R. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México, 2006