Diplomado en Gobierno Electrónico para la competitividad y el desarrollo
4.4 Marco legal y reformas estatales El estado cuenta con representantes e instituciones que emiten normatividad sobre las actividades económicas y sociales. En este sentido, es necesario que las funciones y usos del proyecto de gobierno electrónico tengan que apegarse al cumplimiento de esta normatividad. Muchas de estas disposiciones legales aplican a los procesos, es decir, las formas y los pasos en que se realizan actividades para generar servicios, tomar decisiones, usar información y presentar información. Similar al contexto nacional, si alguna funcionalidad de gobierno electrónico esta en duda o es inoperable por acatamiento legal, será necesario presentar una propuesta a la instancia correspondiente para su evaluación y viabilidad. Por ejemplo, en el estado de Sinaloa, el congreso estatal define los criterios para apoyar a los pequeños empresarios en infraestructura y tecnología. El esquema de apoyos descrito en la página de Internet del estado opera conforme a esta disposición, comunica a sus usuarios (PYMES Sinaloenses) sobre los requisitos y formas de adjudicación de los apoyos. En el caso de dependencias o unidades que estén incluidas en un estado, estas deben coordinarse con secretarías u oficinas estatales para entregar servicios y acreditar contenidos. Por ejemplo, una oficina municipal provee información sobre los trámites para obtener un pasaporte, en este caso el proyecto de gobierno electrónico municipal toma a referencia las disposiciones de la Secretaría de Gobernación y la Oficina Estatal de Relaciones Exteriores. Esto debido a que el servicio en realidad no lo otorga el municipio, sino una dependencia superior. El municipio provee la “bandeja” de servicios a sus ciudadanos buscando una mayor cobertura y atracción hacia formas de participación ciudadana convenientes para habilitar un desarrollo regional superior.
D.R. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México, 2006