Manifiesto Contra La Barbarie, El Genocidio Y El Memoricidio

Manifiesto contra la barbarie, el genocidio y el memoricidio 9 de Septiembre, Día Aciago de la Destrucción de la Memoria Cruceña A la opinión pública nacional y mundial: Los archivistas, documentalistas, bibliotecarios, historiadores, investigadores e intelectuales, reunidos en la Sala de Lectura de la Biblioteca y Archivo Histórico del Congreso Nacional, denunciamos ante la opinión pública boliviana y mundial el genocidio y el memoricidio que asoló a varias ciudades bolivianas entre el 9 y el 12 de septiembre de 2008. El 9 de septiembre será recordado por el saqueo, quema y destrucción de las instalaciones instituciones públicas y privadas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, provocando la destrucción del Archivo del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la quema de la Biblioteca del Centro de Estudios Jurídicos y de Investigación Social (CEJIS), delito de lesa cultura provocado por grupos violentos que emplean métodos fascistas, que responden a la Unión Juvenil Cruceñista (brazo paramilitar del Comité Pro Santa Cruz), adscritos a la Prefectura del Departamento de Santa Cruz, que actúa en abierta sedición contra el estado de Derecho y la democracia en Bolivia, desacatando la ley y usurpando funciones del Gobierno Nacional hechos que constituyen delitos penados por ley. El 11 de septiembre de 2008, sicarios armados, provocaron una matanza de campesinos e indígenas y estudiantes normalistas en el municipio Porvenir del Departamento Pando, hecho tipificado como delito de genocidio en la querella interpuesta de oficio por el Fiscal General de la Nación, contra el prefecto Leopoldo Fernández. Las cifras aterradoras señalan aproximadamente 30 muertos y 50 desaparecidos. El 12 de septiembre, el mismo grupo incendió la Alcaldía de Filadelfia, por su afinidad con el partido de gobierno. El 9 de septiembre de 2008 será recordado como una fecha negra contra la memoria cruceña. La destrucción del Archivo del INRA y otras instituciones como la Superintendencia Agraria, Forestal, Servicio de Impuestos Nacionales, Aduana Nacional, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, provocados por latifundistas, agroexportadores y el capital financiero asociado a la agroindustria en Bolivia, que se resisten al proceso de cambio democrático, particularmente en el caso de la tenencia de la tierra y la plena participación de la población indígena en la gestión del Estado y la sociedad, impulsando un golpe de Estado cívicoprefectural, denunciado por autoridades de gobierno.

El ataque y destrucción de archivos, bibliotecas y centros de documentación el 9 de septiembre, han sido cometidos en el curso del desarrollo de esta estrategia de sedición contra el estado de Derecho y la Democracia. Los atentados han sido selectivamente dirigidos contra documentaciones con valor fiscal o legal, para destruirlos con el fin de sostener así la ilegal ocupación de tierras de comunidades indígenas y fiscales. No podemos olvidar que durante la dictadura del General Hugo Banzer (1971-1978), se adjudicaron millones de hectáreas para favorecer a estos grupos de poder. Nosotros, consideramos que el resguardo, la conservación y acceso de/a los documentos institucionales es un objetivo primario en el ámbito profesional y del servicio a la sociedad. Al mismo tiempo, sostenemos el interés supremo de preservar la vida de las personas, el estado de Derecho y la Democracia, condiciones sin las cuales los fines y valores profesionales que sostenemos carecerían de genuina veracidad y valor.

Por lo expuesto, la Asamblea de Emergencia declara: 1. Nuestro dolor por el genocidio perpetrado en el municipio Porvenir, Departamento Pando, el 11 de septiembre de 2008. 2. Declaramos al 9 de septiembre de 2008 como “Dia aciago de la destrucción de los archivos institucionales y la Biblioteca del CEJIS en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra”, crimen de lesa cultura que debe ser sancionado. 3. Exigimos a las autoridades nacionales, departamentales, locales y/o institucionales, a erigirse en parte civil en procesos judiciales para sancionar tanto a los autores intelectuales, materiales, cómplices y encubridores del genocidio de Porvenir, como al memoricidio provocado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 4. Denunciamos ante el Consejo Internacional de Archivo, el Comité de la Memoria de la Humanidad, la UNESCO, la Asociación Latinoamericana de Archivos, la IFLA, y otras organizaciones de profesionales del mundo, la destrucción de los archivos y la quema de la biblioteca del CEJIS, para que estos delitos de lesa cultura no queden en la impunidad. 5. Constituir en el territorio de la República, Comités de Defensa de la Memoria de la Nación, participativo e inclusivo de profesionales y miembros de la sociedad civil, con el propósito de documentar y denunciar los actos de destrucción, depredación, robo, incendio y cualesquier otra forma de atentar contra su integridad. 6. Repudiamos la violencia política que históricamente ha determinado como objetivos insanos la destrucción de archivos, bibliotecas y centros de documentación en Bolivia y cualquier otro lugar del mundo, cuando estas deben ser conservadas por el interés público y los derechos de la Humanidad. 7. Llamamos a hombres y mujeres del país y el mundo a defender el estado de Derecho y la Democracia en Bolivia, que sigue costando sangre de los más humildes, como son los pueblos indígenas de Pando. La Paz (Bolivia), 15 septiembre de 2008 Luis Oporto Ordóñez, Juan Carlos Fernández Peñaranda, Galo Jaime Illatarco Peñarrieta, Luis Reynaldo Gómez, Martha Paredes Oviedo, Simón Orellana Chávez, Olga Mogro Moreno, Miriam Agramont, Carola Campos Lora, Mónica Montesinos Rojas, Norka Raquel Lara Gómez, Gaby Gutiérrez Ramos, Lourdes Peñaranda Morante, René Armando Santos Vargas, Liz Quiñones Vargas, Fernando Chuquimia Bonifaz, Gonzalo Molina Echeverría, Demetrio Frontalilla, Juan Carlos Zurita, Ludmila Zeballos Avendaño, Javier Saravia Gutiérrez, Patricia Suárez Veintenillas, José Flores Mamani.