EL GOBIERNO AGUIRRE DEBE TRABAJADORES DE JUSTICIA
CUMPLIR
LO
ACORDADO
CON
LOS
El Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, anunció en la Comisión de Presupuestos que tiene previsto renegociar el acuerdo sectorial de Justicia que se firmó el 11 de diciembre de 2007. Un hecho gravísimo, “no podemos generar esa inseguridad en los trabajadores, cuando una administración firma un acuerdo debe cumplirse”, afirmó Javier Gómez, portavoz del área de Justicia del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid. Madrid, 28 de noviembre de 2008.Cuando se va a cumplir un año desde la firma del acuerdo sectorial de los trabajadores de la Administración de Justicia, éste ha sido roto de forma unilateral por parte del Gobierno regional bajo la excusa de que “no hay dinero y son trabajadores muy bien pagados”, según manifestó el consejero Granados. Para el diputado regional Javier Gómez, “la credibilidad de la Administración regional queda en cuestión si firma un acuerdo y luego lo rompe de forma unilateral, una ruptura que conduce a que entraremos en una etapa de conflicto laboral que perjudicará a los ciudadanos madrileños. Además, según las expectativas del consejero, se iniciará una renegociación cuya consecuencia será la parálisis de la Consejería durante todo este tiempo”. Gómez indicó que desde la crisis de gobierno que realizó Aguirre en junio, la Consejería de Justicia “ha entrado en estado comatoso” y es incapaz de dar respuesta a los retos que tiene por delante. No se ha dado respuesta a las innumerables demandas que realiza año a año la memoria de actividades del Tribunal Superior de Justicia de Madrid –se demandan por ejemplo salas de vistas, el incremento de la plantilla de los registros civiles, funcionarios cualificados como psicólogos, educadores y asistentes sociales, dotar a los juzgados de un sistema informático adecuado y moderno integrado en un sistema de red-. Otro dato importante es el retraso en la construcción de los Palacios de Justicia: de los 10 que comprometió Aguirre en su programa electoral para la legislatura, no habrá más de 3 funcionando en 2011. “La lentitud es la nota dominante en este tipo de infraestructuras, el Palacio de Justicia de Navalcarnero debería haber entrado en funcionamiento el pasado mes de febrero y, a día de hoy las obras siguen paralizadas. El de San Lorenzo del Escorial, que también está paralizado se incluyó en los presupuestos por primera vez en 2003”, afirmó el diputado socialista. A su juicio es necesario cumplir y desarrollar el acuerdo firmado entre los trabajadores de la Administración de Justicia y el Gobierno regional, porque en él se establecían además de las cuestiones retributivas, compromisos indispensables para el buen funcionamiento de las Justicia, como un plan de choque para mejorar los registros civiles, ampliar la plantilla de forenses y técnicos del Instituto de Medicina Legal, mejorar la formación o regular la bolsa de trabajo. “De hecho la actitud del Gobierno regional es de tal irresponsabilidad que fueron los trabajadores los que remitieron un documento que desarrollaba el acuerdo la pasada primavera sin que hasta la fecha haya habido respuesta por la administración”. Por ello, según Gómez, “hemos solicitado la comparecencia del Director General de Justicia en la Comisión para exigirle que cumpla lo acordado, como también se lo exigiremos al Consejero Granados en el pleno del Parlamento regional”, concluyó.