Aguirre Impone Convenio Violencia De Género A Municipios 10.11.08

Asamblea de Madrid Grupo Parlamentario Socialista

Los municipios asumen desde hace años los costes contra los malos tratos a pesar de que es competencia del Gobierno regional

AGUIRRE IMPONE A LOS MUNICIPIOS UN CONVENIO CONTRA EL MALTRATO A LAS MUJERES AL QUE SÓLO APORTA HASTA UN 20% DE FINANCIACIÓN Los socialistas han denunciado esta mañana que el Gobierno de Esperanza Aguirre obliga a los ayuntamientos de la región a desembolsar de sus propios fondos aproximadamente el 80% de las actuaciones de la lucha contra la violencia de género si éstos quieren recibir el dinero que la Comunidad de Madrid les pone a su disposición para este fin. Esto es lo que se recoge en los convenios con los ayuntamientos, lo que a juicio de la portavoz socialista de Mujer en la Asamblea, Josefa Pardo, “es un atropello a los ayuntamientos. En esta Comunidad la voluntad política de acabar con la violencia machista es sólo de boquilla. Se exige que se realicen actuaciones que no se van a financiar”, como ocurre en Fuenlabrada, donde la Comunidad sólo aporta el 1% de los costes. Lunes, 10 de noviembre de 2008 “Para combatir la violencia contra las mujeres y para conseguir mayores cotas de igualdad se necesita funcionar con transversalidad. Esto es lo que dice el Gobierno regional, pero cuando hay que derivar actuaciones a los ayuntamientos no dialogan con ellos. Difícilmente se puede hacer un proyecto para combatir la violencia en la Comunidad de Madrid si no se parte de las concejalas que son las responsables de aplicar estas medidas en el ámbito municipal, el más cercano a las mujeres”, denunció hoy Josefa Pardo, que estuvo acompañada por un grupo de concejalas socialistas y de la secretaria de Igualdad del PSM, Carmen Toledano. En este sentido, la diputada socialista explicó que los convenios que establece el Gobierno regional carecen de flexibilidad y de consenso a la hora de establecer las exigencias a los municipios. “Plantean una exigencia global de compromiso igual para cada municipio de la que la Comunidad sólo financia exclusivamente una parte muy pequeña, la relacionada con las mujeres que tienen órdenes judiciales para ser atendidas por los municipios”, afirma Pardo. Quedan fuera todas las demás actuaciones que establece el convenio, sobre todo aquellas relacionadas con la prevención de la violencia machista. “O se quita del convenio esa responsabilidad que recae sobre los ayuntamientos de que tienen que hacer todas las políticas, o se financia”, reclamó la diputada, que explicó que “los municipios no tienen ningún inconveniente en realizar estas actuaciones –que por otra parte se han estado realizando de manera unilateral y con dinero municipal a pesar de ser competencia regional- siempre que vayan a recibir la financiación de los compromisos reflejados en el convenio”. “Denunciamos que no hay forma de cambiar el contenido del convenio, que sigue siendo una exigencia global de compromisos y que sólo se financia una parte muy pequeña de estos compromisos. Un ayuntamiento hoy puede asumir el 100% de estos compromisos, pero mañana se puede enfrentar a una situación económica que no lo haga posible”, advirtió.

Un marco inflexible de políticas de Igualdad para diferentes realidades Por su parte, la concejala de Mujer e Igualdad de Getafe, Sara Hernández, criticó la falta de compromiso del Gobierno regional en la lucha contra la violencia de género. “Carecen de planificación y asfixian a los ayuntamientos. Obligan a cubrir bajo un sólo convenio todas las políticas de igualdad que tradicionalmente ya venían realizando los ayuntamientos”. “La Comunidad de Madrid, desconociendo las realidades sociales de nuestros municipios, obliga a todos a llevar a cabo las mismas políticas de igualdad, sin tener en cuenta las necesidades específicas de cada ciudad”, denunció. En este sentido, la concejal de Igualdad y Empleo de Fuenlabrada, Raquel López, denunció que los fondos que la Comunidad de Madrid aporta a su municipio es de sólo el 1% de los costes de las políticas de igualdad y contra la violencia de género. “Los ayuntamientos no podemos rechazar recursos, aunque sean escasos, porque sería una falta de respeto a nuestros ciudadanos”, explicó al miso tiempo que recordó que “todos los ayuntamientos atienden a las mujeres, independientemente de que tengan orden judicial de protección”. Por otro lado, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Móstoles, Paz Martín, recordó que este convenio se aplica a todos los municipios, independientemente de su color político. “La diferencia está en que los ayuntamientos socialistas lo denuncian, mientras que los del PP –como es el caso de Esteban Parro en Móstoles- lo aceptan en perjuicio de los ciudadanos”. Por último, la secretaria de Igualdad del PSM, Carmen Toledano, pidió “flexibilidad” al Gobierno regional “y que los ayuntamientos aporten sus experiencias y opiniones sobre el contenido del convenio, ya que cada municipio vive una realidad y una demanda específica”.