Inmigración - Los Retos A La Seguridad [web]

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Nuevas concepciones de la Paz y la Seguridad

INMIGRACIÓN – LOS RETOS A LA SEGURIDAD

Francisco Benavente Meléndez de Arvas

Inmigración – Los retos a la Seguridad

INTRODUCCIÓN. Las dos cuestiones principales que se tratan en este trabajo son las políticas públicas de seguridad y el fenómeno de la inmigración. No se trata de efectuar un desarrollo descriptivo de ambos asuntos sino tratar de discriminar cómo el segundo está afectando al primero y si se pueden encontrar pautas que permitan efectuar una prognosis para el futuro más o menos inmediato. Como el contenido de las políticas de seguridad se plasma en disposiciones normativas, generalmente leyes, estas políticas tienen un reflejo objetivo y normalizado, las fuentes empleadas en esta monografía han sido, casi en su totalidad, primarias sobre documentación oficial. El fenómeno migratorio lo he abordado de manera más «indisciplinada», lo que no empece su apropiado tratamiento si tenemos en cuenta que dicho proceso es inherentemente anárquico en su carácter y evolución. Por todo lo dicho mis conclusiones son personales y no están terciadas por fuentes secundarias. He intentado un ensayo preferentemente descriptivo o, si se quiere, informativodescriptivo. En el proceso de análisis he empleado el método inductivo, de lo particular a lo general. LA SEGURIDAD. SU IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA. Las políticas de prevención y seguridad son una parte de las políticas públicas. Cualquier Gobierno legítimamente elegido en una democracia debe promulgarlas y desarrollarlas, en cumplimiento del mandato salido de las urnas. Estas políticas públicas muestran una diferencia propia: implican, más que ninguna otra, el ejercicio de la coerción del Estado, cuyo objeto no es otro (o no debe ser otro) que garantizar la libertad y el libre ejercicio del conjunto de derechos de los ciudadanos. Es preciso diferenciar con nitidez los dos conceptos. «Prevención» es sólo una parte de la «Seguridad». Hay algo implícito y común a ambos: su necesidad de planificación, pues la trascendencia del concepto de seguridad determina que su tratamiento esté reñido con la improvisación. El concepto «seguridad», considerada como presupuesto del ejercicio del resto de derechos, tiene enorme alcance. La seguridad es un concepto extenso y multidisciplinar, que afecta a todos los aspectos de la vida social de un país, sea en situaciones de normalidad, o de excepción. Implica a los tres niveles del Estado e incumbe a los tres poderes constitu-

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cionales. En el caso del poder ejecutivo, está presente en todos los Ministerios. Además, está sometida en su determinación, en gran medida, a las directrices y legislación supraestatal, en nuestro caso europea e internacional. Es una derivada de la propia esencia del concepto que habrá tantas políticas de seguridad como sujetos activos puedan idearlas y promulgarlas. Dado que me voy a centrar en el fenómeno de la inmigración, las políticas de seguridad que debo tener en cuenta, para propiciar un análisis adaptado a la extensión del trabajo propuesto en este Curso, son substancialmente aquellas implementadas desde el Ministerio de Interior, aunque como he dicho la seguridad abarca a todos los ministerios. Una vía muy oportuna de aproximarnos al objeto de análisis consiste en comparar la planificación de la Seguridad tal como la desarrollo el Gobierno de la VII Legislatura (20002004) con aquellas posibles variaciones que haya podido introducir el Gobierno de la VIII hasta la fecha. El último Gobierno Aznar tenía, a este respecto, dos temas de agenda centrales: la política antiterrorista y el desarrollo del «Plan de Lucha contra la Delincuencia». Es necesario un recorrido por normas legales dictadas durante ese período, y es práctico analizar, para ello, sus exposiciones de motivos. Los texto de referencia base son: el Programa Electoral del año 2000 del Partido Popular, el Discurso de Investidura del Presidente de Gobierno del mismo año, y los Pactos suscritos por fuerzas políticas –Pacto Antiterrorista, Pacto de Estado por la Justicia—. No es necesario decir, pero es bueno recordar, que el Derecho es un expediente en constante adaptación a los cambios experimentados por la sociedad a la que se aplica, y de la que emana. Estudiando sus cambios se consigue una visión genérica y detallada de los problemas y preocupaciones de la sociedad y, en este caso en particular, de las amenazas percibidas como atentatorias y que afectan la normal convivencia. Insisto en el carácter subjetivo, pero basado en datos objetivos, de mi trabajo. Trato de proporcionar amplitud de miras al lector y una visión panorámica de los aspectos que han capitalizado las políticas de seguridad en relación con el fenómeno migratorio en el comienzo del tercer milenio.

Análisis de las Políticas de Prevención y Seguridad, de la VII y VIII Legislaturas. Gobierno de la VII Legislatura. Los factores subyacentes en la formación de las políticas de seguridad en la España de la

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VII Legislatura, que afectaran al asunto que nos ocupa, fueron: 1. Establecimiento de normativas y ajuste a los Tratados Internacionales suscritos. Se dieron disposiciones normativas fruto de Tratados Internacionales de carácter multinacional y bilateral – Tratados con Francia, Marruecos—. Esta normativa internacional, cuando el Estado ha prestado su consentimiento, tiene primacía sobre nuestro ordenamiento. En lo que nos toca se implementaron políticas en materia de extranjería. 2. Cambios estructurales en las condiciones de seguridad. Se reflejaron en las sucesivas reformas de la Ley Orgánica de Extranjería para adaptarse a los cambios experimentados por el fenómeno migratorio. 3. Adaptaciones a sentencias judiciales. Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo afectan con sus sentencias la acción legislativa. Así sucedió con la reforma de la Ley 8/2000, de Extranjería. 4. La opinión pública y la influencia de los grupos de presión. Ejemplos de estas políticas de seguridad «influidas» son la alarma provocada por diversas actitudes, como la ablación del clítoris o el maltrato infantil, que han provocado la aparición de nuevos tipos penales, y fomentado su penalidad. Lo más relevante para este trabajo son las actuaciones en materia de extranjería. Es indudable que el Programa Electoral del PP de 2000, contemplaba extensamente el fenómeno de la inmigración, al que dedica casi dos páginas, bajo el título “Trabajar por un país abierto”. Es revelador el hecho de que la inmigración no esté enmarcada en otros títulos, (justicia o seguridad ciudadana). El Programa parte de la idea de que el fenómeno no es negativo, sino necesario, y lo hace enunciando cuatro necesidades o ideas fuerza a tener en cuenta en su tratamiento: - adaptar nuestra normativa a la nueva política común de inmigración y asilo de la UE, - colaborar con los países de origen de los inmigrantes, - gestionar coordinadamente con éstos los flujos migratorios, e - integrar a los inmigrantes en nuestra sociedad. Durante la Legislatura, se produjeron dos ocasiones de gestión coordinada con el país de origen de la inmigración, Marruecos: 1ª. El «Memorando de Entendimiento para el retorno de menores marroquíes no acompañados», por el que los menores «irregulares» que estén solos residiendo en España, serán devueltos a Marruecos, para regresar a su casa, o a instituciones de custodia

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de menores de ese país. 2ª. El «Acuerdo para la realización de patrullas mixtas» entre ambos países, de 16 de enero de 2004. Un segundo impulso legislador fue necesario para adaptarse a los acontecimientos según se producían. Resultado de ello son las tres reformas que sufrió la LO 4/2000 de 11 de enero, de Extranjería, promulgada al final de la VI Legislatura Era necesario hacer frente a la creciente entidad y trascendencia de este fenómeno. Muchos analistas afirman que la inmigración ha sido la política más compleja del Gobierno de la VII Legislatura, por su génesis múltiple e interdisciplinaria (cumplimiento de la normativa internacional, compromiso electoral, circunstancias estructurales, adaptación a sentencias judiciales) y por la presión ejercida por la opinión pública. Es relevante que ha sido llevada a cabo por un gobierno que gozaba de mayoría absoluta, lo que muestra la manifiesta voluntad política de actuar, voluntad libre de cualquier interferencia provocada por presiones pactistas o exigencias de otras fuerzas políticas de coalición. Resultados. El fruto de esta voluntad política que afrontaba el reto inmigratorio percibido por el Gobierno Aznar se concretó en la oportuna acción legislativa. Además, como muestra de la complejidad y creciente protagonismo del fenómeno, el Gobierno creó, en los albores de la Legislatura, la Delegación de Gobierno para la Extranjería e Inmigración (DGEI), dependiente del Ministerio de Interior y con rango de Secretaría de Estado. Se trataba de coordinar las medidas en los ámbitos normativo, político, institucional, económico e internacional. Marco normativo: la LO de Extranjería 4/2000, de 11 de enero, y su Reglamento de ejecución. Las principales modificaciones a esta Ley provienen de tres textos: - LO 8/2000, de 22 de diciembre. Básicamente, instaura nuevas medidas contra la inmigración ilegal, como la introducción de la expulsión como sanción en casos de permanencia ilegal en España. - LO 11/2003, de 29 de septiembre. Su principal actuación es sustituir la pena impuesta al extranjero que ha sido autor de un delito y que se encuentra en estancia irregular, por su expulsión directa, cuando la pena de prisión sea inferior a los seis años. - LO 14/2003, de 20 de noviembre. Involucra a las compañías de transporte, obligándolas a proporcionar información a las autoridades de inmigración. También establece el reconocimiento mutuo de las resoluciones de expulsión en la UE. La pregunta que nos asalta es inmediata: dónde quedó aquel «colaborar-gestionar-

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integrar» del Programa Electoral si lo regulado sólo habla de expulsión? Marco de acción: Programa GRECO – Programa Global de Regulación y Coordinación de la Extranjería y la Inmigración en España—, cuya responsabilidad, coordinación, impulso y dirección corresponde a la DGEI. Incluye un total de 72 medidas, que abarcan todas las disciplinas existentes. Acción en el plano institucional: creación y reestructuración de órganos consultivos o de colaboración –el Consejo Superior de Política de Inmigración, el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, el Observatorio Permanente de la Inmigración, y las Subcomisiones de Coordinación de Canarias y Cataluña—. Marco internacional: quedó fijado por la negociación y firma de Convenios de Regulación de Flujos Migratorios con Ecuador, Colombia, Marruecos y República Dominicana. Políticas de Seguridad del Gobierno de la VIII Legislatura. La alternancia en el poder que se produce entre ambas Legislaturas quedará marcada irremisiblemente en la Historia por los sucesos del 11 de marzo de 2004. Ya que hablamos de Seguridad, esta circunstancia histórica va a afectar a la apreciación de la eficacia y resultados de las políticas de seguridad del último Gobierno Aznar, debido a la influencia que dichos sucesos han tenido en la percepción de seguridad de la sociedad española y por su alcance en el ámbito de la seguridad europea y mundial. Circunscribiéndonos a nuestro tema inmigratorio y haciendo abstracción de la tragedia mencionada, la política sobre inmigración de la VII Legislatura fracasó, desbordada por la intensidad creciente del fenómeno, intensidad que, ahora cuando la VIII entra en su recta final a 18 meses de finalizar su mandato, ha alcanzado dimensiones globales sobrepasando con mucho las previsiones de los gobiernos europeos y occidentales en general. Una muestra patente de la previsión defectuosa inicial del problema la tenemos en las continuas reformas legislativas llevadas a cabo durante el Gobierno Aznar. TODAS en el sentido de endurecer cada vez más los requisitos y condiciones de la inmigración. La respuesta a la pregunta «política de inmigración» en la web del Congreso de los Diputados (http://www.congreso.es/) da 55 entradas, a fecha de 24 de septiembre de 2006. Destaca una Proposición de Ley para la vinculación de la política de cooperación internacional para el desarrollo con la política de inmigración, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), presentado el 02/04/2004. También destaca la respuesta a una «Pregunta al Gobierno con respuesta escrita» (12/05/2005), del mismo Grupo, sobre la Política que impulsa el Gobierno para prevenir la inmigración de menores de edad marro-

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quíes no acompañados –tema ya tocado en la anterior Legislatura—. Hace ahora un año, en mayo de 2005, el Gobierno contesta lo siguiente (extracto): El Gobierno considera que son cuatro los pilares fundamentales sobre los que debe sustentarse la política de inmigración: 1. la canalización de los flujos migratorios de acuerdo con las necesidades del mercado de trabajo, 2. la lucha contra la inmigración clandestina, La acción de gobierno en estos dos primeros pilares tiene un elemento crucial atajar las causas desde su origen, es decir, en los países de origen y tránsito de la inmigración irregular. En este ámbito, y respecto a nuestro entorno geopolítico, Marruecos es un país con el que es preciso fomentar una cooperación creciente, y avanzar en este sentido es una de las prioridades del Gobierno. 3. la integración social de los inmigrantes, y 4. la cooperación con los países de donde proceden mayoritariamente los inmigrantes que llegan a España.

El trinomio «colaborar-gestionar-integrar» del Gobierno anterior sufre un giro copernicano porque ahora la inmigración YA NO SIEMPRE ES BUENA. Los aspectos que muestran el cambio de postura gubernamental más relevantes para este trabajo se concretan en la relación, expresamente declarada, entre inmigración y mercado (se supone que regulado) de trabajo y la internacionalización del problema migratorio políticamente percibida; ya no valen soluciones autárquicas. Para no extenderme más en este primer encaje del aspecto político, cabe mencionar la «Solicitud de comparecencia» del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, ante la Comisión de Asuntos Exteriores, para que informe sobre el despliegue del dispositivo de control de fronteras por parte de la Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores –FRONTEX—, (07/07/2006) del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias. Lo hago para introducir el concepto de «frontera preventiva» (producción propia) que suscita preguntas sobre la legalidad de la acción estatal, al tener muchos puntos de fricción con la Convención del Derecho del Mar. No entraré en los aspectos jurídicos, que no se trata de ello. Lo menciono para resaltar que, en ocasiones, la acción visible de los Gobiernos permiten un análisis más allá de las declaraciones a los medios de comunicación social y de las declaraciones en sede parlamentaria, expediente éste mucho más serio. En este caso, la operación FRONTEX muestra una acción propia del ámbito de las Rela-

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ciones Internacionales para atajar un problema que no debería ser de Política Exterior. La acción de fuerzas armadas en «alta mar» está nítidamente concretada por Convenciones internacionales que el Reino de España ha suscrito e integrado en su ordenamiento jurídico. Sorprende de qué modo estamos ejerciendo la acción exterior en el presente caso de prevención de la inmigración clandestina. Para cerrar este apartado, lo que trasciende es que la acción gubernamental, independientemente del color político del partido en el poder, es decidida y abarca los aspectos legislativos y ejecutivos de la acción política1. Todo ello nos lleva a la pregunta que nos introducirá en la segunda parte de este estudio: ¿qué es eso que llamamos inmigración que produce una respuesta gubernamental tan explícita? LA INMIGRACIÓN. RETOS AL ESTADO DE DERECHO. LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA. España ha sido proverbialmente un país emigrante ya desde los tiempos de la colonización de América. En nuestra era, hasta los años 70’s un gran número de españoles se desplazó a otros países de Europa y América Latina en busca de mejores oportunidades. Con el tiempo, este flujo se ha invertido y hoy está estancado. Se han dado casos de retorno y otros de permanencia definitiva en el país de acogida. Lo que se desprende de ello es que, como dice insistentemente Sami Naïr, todos tenemos un instinto natural que nos empuja a tratar de permanecer en nuestra patria de nacimiento; que si las vicisitudes de nuestras vidas nos empujan fuera de ella siempre sentiremos una tendencia imperiosa a volver a los orígenes. Más adelante veremos qué significado tiene esto último respecto de ciertas políticas que muchos estados se empeñan en implementar para su aplicación al fenómeno migratorio. Centrándonos en nuestros días, la situación de bienestar y progreso que se dan actualmente en España ha actuado como polo de atracción para los ciudadanos de otros países, llegando a ser el país europeo donde la inmigración está experimentando el mayor crecimiento, hasta el punto de que en pocos años el número de extranjeros en España ha superado al de nacionales residentes fuera de su territorio. Las variables endógenas que propician la inmigración hacia España son: estabilidad política y social, altos índices de crecimiento del PIB y del empleo y la especial ubicación geográfica de nuestro país. 1

En el anexo A se incluye la normativa reguladora y sus enlaces web, en vigor en España a fecha de hoy, 24 de septiembre de 2006.

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La variables exógenas son múltiples, por su intrínseca relación con el panorama internacional. Entre ellas cabe destacar: el reciente endurecimiento de las condiciones de entrada en los EE.UU., la pérdida de atractivo de otros destinos tradicionales como centro y sudamérica como receptores de inmigración, la crisis económica que en los últimos años ha afectado de manera especial a los países asiáticos e iberoamericanos, como emisores de emigrantes. Principales países de origen de los extranjeros residentes en España: Por dar unas cifras que nos muestren la magnitud de la cuestión, a 30 de junio de 2003 residían en España aproximadamente 2.400.000 extranjeros, de los que 1.400.000 lo hacían de manera legal mientras que el resto carecía del correspondiente permiso de residencia. Fechas 1980’s 1990’s 2000-2003 desde 2004

Procedencias

Porcentajes

países del Espacio - marroquíes = 30,85% Económico Europeo - ecuatorianos, colombianos y rumanos ≈ 20% países africanos - por su ritmo de crecimiento cabe esperar un fuerte incremento de presencia subsahariana Iberoamérica en los próximos años. países del Este de Europa subsaharianos

Distribución geográfica de los inmigrantes en España. No es perfectamente homogénea, pero tampoco se producen zonas de concentración excesiva. A excepción de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, los mayores porcentajes de inmigrantes se localizan en las regiones de mayor población y en aquellas con mayores índices de crecimiento o con necesidades de mano de obra intensiva. Así, las CCAA de Cataluña, Madrid, Andalucía, Valencia, Canarias y Baleares acogen el 80% de los extranjeros. Un dato relevante es que si se analizan las zonas donde preferentemente se asientan los ciudadanos de una determinada nacionalidad, no se obtienen datos significativos, salvo en el caso de aquellas colonias menos numerosas, que tienden a una mayor concentración, como la paquistaní en Barcelona o la argelina en la zona del Levante. CONCEPTOS POLÍTICOS Y ASPECTOS CULTURALES IMPLICADOS. El siglo XX fue un siglo de masas . El siglo XXI, a la vista de los sucesos de sus inicios, parece que va a ser el de las identidades . Podemos decir que «antes» hablábamos de nosotros en términos sociales y que «ahora» estamos empezando a hacerlo en términos culturales. La distinción no es baladí porque la variación de enfoque tiene serias connotaciones interpretativas. La deriva histórica nos llevó de un primigenio «mundo político» –

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tangible y mesurable— al «mundo cultural» de nuestros días –metafísico y evanescente— tras dejar atrás el «mundo social» que siguió al primero. La interpretación epistemológica basada en «lo cultural» nos dibuja un mundo mucho más maleable, en términos de poder. Partiendo del concepto de que el discurso nunca es inocente, el acceso a un mundo de identidades va a provocar una visión diferente de la Seguridad; y qué de la Paz ... ya veremos. De la globalización. Si la globalización ha alcanzado la importancia política central que ahora tiene es porque tiene base ideológica: se ha ido imponiendo la idea de que ningún modo de regulación social o política es posible, ni deseable, en una economía mundializada, si lo que buscamos es el mayor bienestar de la mayor ratio de población posible. De hecho, la idea-fuerza que subyace en el vocablo globalización tiene un fuerte componente económico. Dicho de otro modo, todos los factores de la globalización tienen como finalidad superior la defensa de un capitalismo extremo. El período histórico crucial donde se forjó la situación del presente escenario internacional es el que discurre desde la caída del Muro de Berlín hasta el ataque al WTC, momento en concluye el ciclo y EE.UU. pasa a ser «a nation at war» . La globalización ha estimulado extraordinariamente tres variables fundamentales para la evolución del escenario estratégico : 1.

La circulación acelerada de bienes y servicios,

2.

La tráfico vigoroso de obras y prácticas culturales, y

3.

La evolución radical de representaciones sociales y políticas.

Estamos en presencia de una transformación de modos de actuar en el escenario internacional. «Lo viejo» era una lógica impuesta por un modelo de sociedad en competición con su adversario: USA versus URSS. «Lo nuevo» parece que acabará siendo (que aún no ha llegado a término) una lógica de cruzada o una de imperio. Es preciso señalar que el factor más activo en esta transformación globalizadora ha sido el mercado financiero y no el de capital industrial. Esto nos señala una acción eminentemente «dominación», en contraposición a la que debería haber sido, «intercambio». La «resistencia» no se ha hecho esperar. Se concretó en posturas de multiculturalidad y altermundismo2. ¿En qué entorno estamos?, ¿Es el Fin de la Historia o una guerra de civilizaciones?. 2

Entendido como: «Cuando veo a otro ser humano veo simplemente eso: otro ser humano; con mis mismos derechos y obligaciones; sin distinción de ningún tipo».

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No pretendo una contraposición dialéctica entre ambas ideas. Existe la posibilidad de que la respuesta sea igual para ambas y sea: ni lo uno ni lo otro. Usarlas es una simple añagaza para atraer la atención del lector sobre este párrafo. La actualidad está trufada de discursos sobre el éxito o fracaso del modelo de sociedad sobre el que se construyó la Cultura Occidental. Como siempre, la realidad sigue resistiéndose a ser monocolor. Ni podemos fiarnos del optimismo del progreso imparable, ni tampoco de la sociología crítica. Lo que se observa es un individualismo, que sustituye progresivamente, como término central, al concepto de utilidad social en el pensamiento y acción políticas. Este individualismo es retado continua e intensamente por el entorno y los massmedia, y puede acabar por mostrarse tan exigente como lo hizo la idea de igualdad en la historia pasada reciente del «paradigma social». Los argumentos que usa en su autodefensa no son otros que egoísmo y ausencia de sentido de la historia, ni más ni menos. En este individualismo se basan las nuevas posiciones de los actores sociales. Propaganda y publicidad son expedientes cruciales. También el propio individuo ha alcanzado status de actor. Tampoco son menos cruciales otros expedientes como la sociedad de masas (en descomposición, ¿o no?), la impersonalidad del Mercado, y la violencia de la guerra. Esta decadencia de la visión utilitarista de la Sociedad, como organismo en el que cada uno cumple una función, es la que da entrada a la visión individualista que rechaza reglas colectivas y prefiere las leyes anónimas del Mercado. Sin embargo la idea-fuerza primordial que este movimiento ha traído a la palestra es el surgimiento de los derechos culturales que, de forma contradictoria, introduce el expediente de las colectividades, formadas por los sujetos directos de dichos derechos. El número de conflictos construidos sobre este concepto es grande. El final desgraciadamente desacertado del colonialismo decimonónico y el no mejor cerrado tras la Segunda Guerra Mundial, todo ello agravado por el resultado del desmoronamiento del bloque soviético, ha sembrado nuestro de mundo de «bombas de relojería» construidas con una letal mezcla de etnias y fronteras arbitrarias dibujadas con manifiesta intención de propiciar el acceso permanente a los recursos de las excolonias. El resultado ha sido una ingobernable mezcla explosiva de minorías sometidas, en demasiados países. A ello debemos añadir las posturas resistentes de las poblaciones de las fracasadas repúblicas islámicas de los 70’s, que han dejado el camino expedito a la divulgación fructífera de la ideología islamista radical de raíz religiosa. En resumen, nos enfrentamos a un escenario determinado por grupos definidos sobre

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ideas nación, etnia o religión, que antes no tenían tanta visibilidad social. Puede afirmarse que existe una relación dialéctica entre la afirmación proactiva de las nuevas identidades y la reacción de la unidad política en la que éstas surgen, con variados resultados. También podemos afirmar que se está produciendo un debilitamiento de las comunidades nacionales y un fortalecimiento de las comunidades étnicas. El enfrentamiento «ab intra» en la unidad política correspondiente, tiene un fuerte componente belígeno si la nueva identidad domina el escenario y acaba por enfrentarse al entorno que la acoge. Se puede decir que la energía desplegada en la afirmación de estas nuevas identidades, generalmente es difícil que encuentre forma de expresión apropiada en caso de culminar con éxito su propósito y es entonces muy probable que traslade su potencial reactivo al entorno. Subyacen, en este expedientes las estructuras comunitaristas que envuelven muchas de estas nuevas identidades. Se trata de unas estructuras que consienten, o mejor dicho legitiman, la acción de poder de sus dirigentes para imponer prácticas y prohibiciones limitando los derechos civiles –restricciones internas—. En tales términos, el comunitarismo es un ataque flagrante a las libertades individuales. Serían, todas éstas, razones para pensar que la relación entre culturas será inevitablemente de carácter beligerante. El hecho más relevante para abordar las cuestiones de Seguridad en un mundo globalizado es saber «de que pasta» está hecho este tipo de mundo en el que vivimos. Después será preciso saber qué seguridad queremos, y además ¿la seguridad de quién, o de quiénes? Está claro que el «riesgo cero» ni ha existido ni existirá nunca por lo que un concepto distributivo de seguridad se me antoja inalcanzable. El sistema global –la sociedad anárquica de B. Buzan— nos ofrece una controversia entre concepciones transnacionales y realistas que tratan de alcanzar una regulación internacional, desde la base de algún tipo de «sociedad internacional de Estados», que busque mejorar la propia seguridad mediante la consolidación de una seguridad común . Buzan nos ha aportado el análisis multisectorial , que no desprecia la postura neo-realista que sigue colocando al Estado como elemento central del sistema internacional. Este análisis permite comprender más profundamente la incertidumbre y azarosidad del medio internacional con la idea de propiciar su mejor control, regulación y manejo a través de instrumentos políticos mejor diseñados y no por la simple aplicación «vulgar» de la fuerza. Asistimos a un cambio que afecta a los parámetros de la política mundial, de dinamismo y complejidad extremos. Algunos teóricos son partidarios de interpretarlo como turbulencia del sistema y no como cambio, evolución, mutación u otro tipo de procesos más «rela-

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jados». Las fuerzas modificadoras siguen siendo las de siempre: tecnología dominadora, problemas derivados de la expansión tecnológica transnacional (terrorismo, tráficos ilícitos, crisis financieras, contaminación...); capacidad limitada (y decreciente) de los Estados para afrontar dichos problemas y generar soluciones; debilitamiento del sistema global y consiguiente reforzamiento de los subsistemas; y por último, la aparición del individuo como actor autónomo (grupos de opinión, lobbies, think-tanks, ...). En una Tierra en la que es posible describir, por vez primera en la existencia del hombre, redes amplias de relaciones humanas, existe una correlación lógica entre globalidad de problemas y de soluciones, propiciada por la inmediatez con que son conocidos los sucesos de nuestro mundo. Las crisis se instalan, propagan y reproducen de forma instantánea y transcienden todos los planos de las relaciones sociales. Y aquí tenemos una de las líneas de fractura de la seguridad: el funcionamiento del sistema actual pretende soluciones parciales o locales a crisis que son inequívocamente globales. De modo voluntarista, el sistema mundial, tal como lo observamos, trata de presentarse en el campo teórico como una unidad integrada –querencia cosmopolita— mientras la cruda realidad nos informa de algo más positivista que positivo, muy parecido a una totalidad compuesta que intenta abarcar todas las relaciones posibles y tratarlas «en red», pero que está fragmentada y, además, es fragmentadora. El «campo de batalla» del mañana –porque el futuro no será pacífico— es una arena definida por la confrontación entre dos características evolutivas de la sociedad internacional: la propiedad atributiva —orden, jerarquía, competencia, asimetría, libertad— y la propiedad distributiva –organización, función, cooperación, simetría, igualdad—. La solución vendrá de la mano de su posible convergencia o divergencia. Las preguntas que deberemos contestar pronto son si existen soluciones globales, si es coherente pensar en una globalidad generadora de un cosmopolitismo salvador y qué responsabilidad moral tiene Occidente en este proceso turbulento, acelerado y cambiante. ¿Hegemonía occidental? ¿Homogeneización y mestizaje? ¿Comunicación intercultural o lucha de civilizaciones? Todas estas preguntas, y muchas otras, deberán ser contestadas para percibir si el camino elegido lleva hacia la Paz –entendida como ausencia de todos los tipos de violencia— o estamos caminando por un sendero que nos va a exigir, en modo creciente, cada vez más esfuerzo de defensa para alcanzar un nivel de seguridad – siempre incompleta—, y ahora además menguante en un mundo globalizado. El reto de los flujos de inmigración. En este escenario la inmigración, parece asumir el papel del último reto. Ahora no se tra-

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ta de analizar el fenómeno sino sus consecuencias. Las mezclas de población, en un mundo cada vez más nómada, nos ofrecen tres opciones: -

absorción de los llegados por la identidad residente,

-

conflicto de identidades, o

-

comunicación intercultural3.

Es preciso comprender que la relación entre sociedades o culturas siempre tendrá carácter asimétrico en términos de poder (mayoría/minoría; colonizador/colonizado; etc). La asimetría se debe a la diferente percepción de las identidades. El dominado suele tener una clara-mente acertada; es inexcusable que también lo perciba la otra parte. Debe asumirse el hecho de que la posición actual de los países occidentales –tanto las posturas «oficiales» como la opinión pública— rechaza este pretendido monopolio de la cultura, que es entendida en términos de exotismo o especificidad, despreciando su potencial pacificador caso de llegar a establecerse un verdadero diálogo intercultural, con indiscutible capacidad para desarmar la belígena relación fuerte/débil preexistente. La comunicación intercultural debe ser un esfuerzo de mutua comprensión y, a la vez y sobre todo, un acto de conocimiento que nos lleve a discriminar cada grupo –conjunto histórico— definido con sus propios procesos de cambio y las relaciones de poder y con el poder. Hablamos de un diálogo entre individuos y colectividades autorreferenciados. Cualquiera que sea la solución que se adopte estará apoyada en factores extremadamente complejos, mutables y contradictorios. Generalmente, al flujo inmigrante difícilmente se le concederá espacio en el individualismo de la sociedad receptora. La tendencia será negarle el status de conciudadano y se tenderá a tratarlos como individuos pertenecientes a una unidad nacional distinta, aplicándole soluciones jurídica ad-hoc implementadas para cada caso particular. Contradictorio en sus propios términos, este individuo que se desliga progresivamente de su antigua identificación societaria en un acto de exigencia de sus derechos culturales, exige esta identificación al recién llegado para aplicar una fórmula jurídica que pacifique su conflicto interno entre los mandatos éticos y morales implicados en este triste expediente. ¿Es posible la integración?. Me limitaré al estudio del caso español. El estudio comparado que exige este expediente sobrepasa el tiempo, espacio y objetivos del presente Curso de doctorado, y es más propio 3

ALAIN TOURAINE, «Un nuevo paradigma...». 2005, Paidós.

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de una tesis doctoral. Como en otros muchos aspectos, el grado de integración social está íntimamente relacionado con la nacionalidad del inmigrante. El factor cultural es el más relevante. Generalizando, puede decirse que iberoamericanos y europeos del Este se adaptan y asimilan el modo de vida español con más facilidad. Por el contrario, las diferencias lingüísticas, culturales y religiosas de subsaharianos y magrebíes dificultan considerablemente este proceso. La sociedad española, aunque en su inmensa mayoría se autodefine como tolerante, a la hora de expresar sus preferencias se decanta por aquellos cuya integración está siendo más sencilla. La única excepción a esta regla es la colonia china que no provoca actitudes ni favorables ni desfavorables entre la población española a pesar de nivel de integración prácticamente nulo. La respuesta social a la presencia de colonias chinas no es asunto baladí y debe ser tenido cuidadosamente en cuenta cuando se consideren los factores propiciadores de respuestas negativas o violentas al fenómeno migratorio. Deben señalarse cuatro derechos fundamentales cuya conquista facilita notablemente la integración: 1. Un puesto de trabajo acorde a la cualificación. Índice de ocupación: muy elevado; crece progresivamente en los últimos años; las previsiones indican que la tendencia alcista continuará los próximos años. Principal desajuste: con frecuencia ocupan puestos de trabajo de nivel inferior a la propia cualificación y capacitación; provoca sentimiento de frustración. La causa principal es la falta de homologación de titulaciones. 2. Educación en igualdad de condiciones. En España, los extranjeros por el mero hecho de su presencia en el país tienen derecho a la educación obligatoria. 3. Asistencia sanitaria plena. Está reconocido este derecho en igualdad de condiciones que los nacionales con el simple hecho de empadronarse, independientemente de que se encuentren en situación ilegal. De hecho, en la actualidad, uno de cada tres nuevos beneficiarios del sistema sanitario español es extranjero. 4. Acceso a una vivienda digna. La escasez de viviendas y su alto coste es uno de los factores que más dificultan la integración plena de los inmigrantes y su dispersión geográfica. La tendencia al hacinamiento y la dificultad para justificar unos ingresos mínimos, provoca que

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existan reticencias por parte de la población española para alquilarles sus viviendas. LOS RETOS A LA SEGURIDAD: INMIGRACIÓN COMO AMENAZA. La percepción del fenómeno migratorio como amenaza es un expediente complejo. Se ha transformado en arma arrojadiza de la batalla electoral, lo que ha corrompido por dentro las percepciones originales a nivel social. Ya comenté cómo se nota esta triste situación en la evolución de las políticas de seguridad de las dos últimas Legislaturas en España, que tienden a endurecer progresivamente el tratamiento jurídico del expediente. En la primera jornada presencial del presente curso se señaló como uno de sus objetivos comprender la diferencia entre amenaza y riesgo. La distinción es relevante en el presente asunto porque en los discursos públicos se está tratando lo que sólo es riesgo como amenaza, y así es emitido para alimento de la opinión pública. La inmigración es una de las dimensiones no convencionales de la seguridad y la paz. Hoy por hoy, estamos hablando de escenarios interiores de los Estados, aunque empieza a desarrollarse una cooperación interestatal para el control de estos flujos. Si tuviéramos que precisar el tipo de violencia visible en el mencionado escenario sería sin duda violencia estructural que puede desembocar en episodios de violencia directa en forma de revueltas urbanas. El elemento perturbador deriva de los sucesos de violencia terrorista de la reciente historia: 11-S, 11-M, 7-J. La misma manera de nombrarlos –como si fueran carpetas en un archivo— presagia lo que sólo es, por ahora, una percepción anticipatoria: la hipotética y tenebrosa tendencia a su repetición futura. El mayor problema de la violencia terrorista es que está sin definir. No existe ningún tipo de consenso para ello en el nivel interestatal4. Está claro que el referente ya no es el Estado sino el individuo; que las amenazas son desacostumbradas, y ya no las clásicas; que lo que se percibe en la opinión pública es violencia física por lo que su resolución debe aportar «freedom for fear» a la ciudadanía. Esta solución pasa por la necesidad de reestructurar el tercer mundo para implantar in situ el necesario y suficiente crecimiento económica sostenido, así como un robusto Estado de Derecho en conexión con la Jurisdicción del Tribunal Penal Internacional. Ni más, ni menos. Como si esta utopía pudiera conseguirse de hoy para mañana. Dado que esta solución no será alcanzable en los próximos decenios será inevitable volver la vista al interior de los Estados.

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Ver «Definir el terrorismo» de George P. Fletcher en PROJECT SYNDICATE, en la página web http://www.project-syndicate.org

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Riesgos y Amenazas relacionados con la inmigración. En uno de los «Cuadernos» del «Instituto Universitario de Investigación Sobre Seguridad Interior», José María Fernández (Centro Nacional de Inteligencia) expone los aspectos conexos entre estos dos amplios expedientes. Lo cito por su concreción y correspondencia con lo aquí tratado. Estos aspectos relevantes son: -

Aprovechamiento por el «terrorismo internacional».

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Aprovechamiento por la Criminalidad organizada.

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Influencia negativa en las relaciones internacionales.

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Aprovechamiento por Servicios de Inteligencia de países potencialmente hostiles.

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Problemas derivados de la integración en las Fuerzas Armadas propias.

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Desajustes en la integración social.

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Racismo y xenofobia.

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Percepción progresivamente negativa de la inmigración por la sociedad española.

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Propagación de enfermedades ya erradicadas y aparición de otras nuevas.

Los resultados de todo ello, ya le he mencionado, son respuestas crecientemente hostiles de los Gobiernos de los países receptores, especialmente tras los acontecimientos de terrorismo internacional de nuestra reciente historia. Inmigración y Derechos Humanos. La integración social. Antes de seguir con este apartado quiero señalar que entiendo la integración como una acción humana dirigida en exclusiva a la supervivencia del individuo particular. Tratar de ver otro tipo de intenciones en los flujos migratorios es un error con importante capacidad manipuladora de la opinión pública. Estamos ante una situación que tiene fuertes connotaciones de filosofía política. Si atendemos a la ética estaremos obligados a salvar tantas vidas inmigrantes como podamos, que tal es el imperativo ético categórico. Si atendemos a la moral deberemos procurar la supervivencia de nuestra sociedad dado que ello es premisa de la supervivencia individual de cada uno de sus componentes y, para ello, tendremos que negar la entrada cuando una inmigración masiva la ponga en riesgo. ¿Qué hacer, pues? Si, como señala Sami Naïr5, el discurso político elude el análisis y debate subsiguiente sobre la etiología de la inmigración y tan sólo centra su atención en problemas relaciona5

«La verdadera causa de las migraciones no reside en el número de personas que se desplazan …sino en las causas de su huída», SAMI NAÏR et al «Las migraciones», citado por Blázquez-Ruiz, F.J., «10 palabras clave en racismo y xenofobia» 1996.

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dos con regularización o ilegalidad y la seguridad ciudadana, entonces el problema de la inmigración, probablemente permanecerá sin resolver sine die. Por usar un símil médico, al estilo de Galtung, ese planteamiento sería similar al proceso terapéutico, de intentar curar una enfermedad por sus solos síntomas, confundiendo su manifestación externa con el origen, y aplicando, en consecuencia, un tratamiento epidérmico únicamente, cuando la patología requiriese necesariamente una intervención quirúrgica. El problema actual es que el discurso político y, lo que es peor, las soluciones consiguientes a los problemas de agenda derivados, van por ese camino de «aplicar ungüentos» y cerrar los ojos a las causas profundas por la simple razón de que se sabe impotente para otro tipo de soluciones. Claro que, el poder político difícilmente nos dirá a la opinión pública: «no sabemos que hacer con todo este desastre». Yo lo llamo la «trampa de la competición electoral», la Oposición tiene derecho legal a poner en solfa toda acción política del Gobierno sin importar por qué o qué soluciones aporta ella. Mirando el presente momento político es de señalar una precaución: pese a su «inocencia» aparente, la idea de que la derecha identifica bien los problemas pero ofrece soluciones inaceptables, esconde una aberración de la reflexión democrática al enfrentar lo que dicen los movimientos populistas y autoritarios. Quede dicho para ser tenido en cuenta cuando se expongan las conclusiones del presente trabajo. En lo relativo a la integración, el poder político se encuentra ante una oportunidad histórica, como señala Naïr, de convertir el fenómeno de la inmigración en un verdadero reto político con el fin de elaborar y desarrollar una auténtica política de cooperación, tanto ad- intra como hacia los países de origen de los inmigrantes. Sami Naïr6 proclama allí donde va que rechaza la idea de integración, porque «nadie quiere perder para siempre los aromas de su tierra natal». En este sentido, uno de los objetivos no sólo razonable sino también viable y de carácter inmediato sería retomar el compromiso de cooperar al desarrollo de los países menos favorecidos. Reto que conlleva la necesidad de abrir los mercados y el comercio a los productos de estos países retirando aranceles y otras cortapisas (ahí es nada), por su carácter de obstáculo insalvable que condiciona de forma extrema su desarrollo socioeconómico. Más allá de ese razonamiento de máximos y poniendo los pies en el suelo de lo factible, conviene subrayar que la integración, mal menor para un inmigrante que perderá, tal vez para siempre, los aromas de su cuna, es un proceso bidireccional. En ese proceso intervie6

Tuve oportunidad de asistir a su conferencia, en Palma de Mallorca, en el «Foro del diario de Mallorca», en la que expuso lo que aquí señalo.

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nen factores muy diversos y de gran trascendencia, como pueden ser la educación, el reagrupamiento familiar, la inserción laboral, etc., así como el reconocimiento de los derechos fundamentales de los inmigrantes, en tanto que personas, mas allá de su situación legal y administrativa. Hasta aquí no nos salimos del expediente universal de los Derechos Humanos, que nadie se atreve a rechazar. Pero ¿qué hacer con la identidad del inmigrante? Considero indeseable buscar como solución única un modelo de coexistencia, una especie de cohabitación, porque llevará inexorablemente a la incomunicación y a la xenofobia. Se trata, por todo lo expuesto, de promover y elaborar un nuevo modelo de gestión de la inmigración, orientado a fomentar el proceso de integración, como mal menor. Un proceso que reconozca la condición de inmigrante como persona y teniendo presente tan sólo su condición de trabajador, en lugar de estigmatizarlo por extranjero. Una postura más amplia exigiría, como complemento inexcusablemente necesario para la resolución de este expediente, la inclusión en la agenda política de un debate para abordar y analizar todos los factores del fenómeno de la inmigración. Conviene señalar que actitudes inducidas ya señaladas tienen un carácter agresivo para las relaciones humanas en este asunto. Las actitudes xenófobas y racistas se fundamentan en el supuesto de que los valores propios son superiores y esta asimetría justifica dicha conducta. Posturas así surgen de un amplio proceso educativo, es decir, se enseñan y se aprenden. A partir de ahí se despliegan la discriminación, el prejuicio y la exclusión social, bajo diversas manifestaciones. Viene a cuento con total vigencia palabras de Norberto Bobbio: «la igualdad es la aspiración permanente de los hombres que conviven en sociedad». Desde el principio universal de igualdad es desde donde se reivindica la dignidad radical e indivisible de toda persona. La igualdad sigue siendo, históricamente, el sueño de muchos y constituye al mismo tiempo la pesadilla de unos pocos. La pregunta final que, de forma insistente y rebelde, retorna continuamente al primer plano del análisis es si desde la instancias gubernamentales se está pensando en el inmigrante tan sólo como productor económico y no como persona provista de Derechos Fundamentales, reduciéndolo a la triste condición de homo faber. Si así fuera, esta postura de nuestros gobernantes se compadecería muy mal con el expediente universal de los Derechos Humanos, como base misma y expresión de la Justicia en las democracias contemporáneas.

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CONCLUSIONES DEL PRESENTE TRABAJO. La primera, principal, y base de todo lo que después diga es que, al menos en España, se está cometiendo un grave error, a tenor de las políticas públicas que se están implementando. Es un hecho palmario que la magnitud del fenómeno migratorio ha alcanzado proporciones muy alarmantes en los últimos años. Todos los niveles sociales reciben fuerte impacto debido a este hecho. Baste decir que a fecha de hoy ocupa el primer lugar en la lista de los problemas más importantes que preocupan al ciudadano en España. No resulta fácil responder por qué ha ido creciendo la reluctancia de los Estados a recibir inmigrantes en su territorio. Los discursos oficiales mezclan de manera incoherente los términos de riesgo y seguridad. Según el «color» político varían de posturas enfocadas al esquema exclusivamente económico a posturas «buenistas» que combinan artificiosamente los conceptos más puramente sociales. Lo cierto es que hay un hecho generalizado: TODOS se han volcado en la impermeabilización de sus fronteras. En el caso español, y bajo predominio socialdemócrata hoy, no sólo las impermeabilizamos sino que las hemos «trasladado» de facto miles de millas al sur de nuestro territorio de soberanía. Aporto una reflexión de Sami Naïr7, quien tras largos años como Asesor del gobierno francés para las cuestiones de Integración y Desarrollo y más tarde como eurodiputado y miembro titular de la Comisión de Asuntos Extranjeros de los Derechos de las Personas, de la Seguridad Común y de la Política de Defensa, así como Delegado interministerial de Codesarrollo y Migraciones Internacionales, ha tenido una larga trayectoria de estudio del problema que nos ocupa. Para este filósofo, sociólogo y politólogo, la inmigración no es otra cosa que la búsqueda de la supervivencia y, si cabe, de la prosperidad por parte del hombre. Nos informa seriamente de que ahora se ha vuelto un sinónimo de peligro, amenaza e invasión, porque el poder no explica lo que es, sino que la acusa de todos los males de nuestra sociedad. Existe, siempre ha existido y existirá. Viene motivada por una brutal desigualdad socioeconómica –violencia estructural— entre el norte y el sur. Su única causa es económica. De hecho 7

El 24 de febrero de 2003 (CSCAweb: www.nodo50.org/csca) dijo: «No vivimos en un mundo sin leyes, vivimos en un mundo regido por las leyes estadounidenses y nuestros gobernantes se someten a esta situación unida al desarrollo de un sistema económico ultraliberal que destroza hasta la capacidad de respuesta social de la gente. Esto es algo absolutamente nuevo. La única manera de oponerse a este nuevo imperialismo que actúa como los imperialismos del siglo XIX es, precisamente, desarrollar cada vez más y de manera cada vez más fuerte la solidaridad con los pueblos víctimas de este imperialismo».

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todo el mundo ansía permanecer en su casa con su familia, si emigra por necesidad imperiosa. A uno de los puntos más delicados de este expediente, que he mencionado al citar la confrontación entre los imperativos éticos y morales aplicables a este caso, cuánta inmigración soporta una país, contesta: «No abogo por la apertura de las fronteras, ya que supondría una llegada masiva que pondría en peligro el modelo social y democrático. España está en crecimiento económico y no ha agotado sus capacidades de recepción de inmigrantes, otro problema es saber qué tipo de inmigrantes necesita. Nunca una inmigración ha cambiado la identidad de un país». Naïr piensa que estos flujos variará y que en los próximos diez años va a crecer la inmigración china (precisamente la que menos alarma social provoca en España), donde hay 450 millones de pobres. Hoy en día hay 200 millones de inmigrantes a escala planetaria, muchos en el África subsahariana. Es imprescindible potenciar y regular la inmigración legal si lo que queremos es minimizar y combatir la ilegal. Los efectos rebote que provoca la primera reacción de los Estados son: 1) Florecimiento de mafias que aprovechan el cierre de fronteras. 2) Rebrote e incremento de procesos de explotación humana: esclavitud, trata de blancas, etc. 3) Cambio de la propia conducta del inmigrante: a) Antes: conducta inicial emigrante pero que mantiene el deseo de retorno a su patria de origen una vez solucionada la situación que le forzó a la diáspora. b) Ahora: la dificultad creciente de traspasar las fronteras en ambas direcciones al endurecerse las políticas migratorias en los países del rico norte, unido a los costes crecientes del hecho de migrar por acción de las mafias mencionadas, ha provocado un giro copernicano en la conducta. El objetivo ahora es llegar a toda costa. Conseguido este primer objetivo crucial ya nadie piensa en volver sino en reagrupar a la propia familia en el nuevo «paraíso» alcanzado a costa de tantos sufrimientos. El segundo efecto provocado en los países receptores de inmigración está relacionado con el Gasto Público. La aplicación de las nuevas políticas mencionadas lo ha incrementado y este incremento ha sido visualizado por la opinión pública. En este caso el efecto rebote consiste en un aumento de la publicidad oficial sobre el problema, con nuevas acusaciones que pretenden demonizarlo. Por otra parte sectores cada vez más amplios de la sociedad perciben como incremento de su inseguridad la presencia,

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cada vez más notoria, del inmigrante. Cuando los recluíamos en los garitos de las plantaciones y áreas agrícolas tan alejadas de los lugares de nuestra rutina diaria la cuestión era otra cosa. Ahora asusta a los espantadizos. El tercer efecto es de carácter político. Al alcanzar los primeros puestos de la lista de asuntos relevantes para la opinión pública, ha provocado una modificación del comportamiento político de los partidos. El issue está empezando a ocupar lugares destacados y altos en las agendas políticas. La politización del fenómeno inmigratorio es ya irreversible en España, al menos hasta la celebración de las próximas Elecciones Generales, y sin duda lo seguirá siendo después a tenor de las tendencias disparadamente alcistas del alcance del problema. El efecto rebote es ahora derivado de la extremada polarización política que está sufriendo el expediente migratorio. La radicalización de posturas se debe más a la competencia electoral que al hecho en sí y su evolución. Este desenfoque será extremadamente perjudicial porque dejará de ser multisectorial, como recomienda Buzan para el análisis efectivo, y será «acientíficamente apasionado» y muy perjudicial para la obtención de resultados fiables de los que derivar apropiadas políticas públicas vitalmente necesarias en el próximo futuro. LA TERAPIA. Imitando a Galtung, ya que he osado hacer un pronóstico, tras un –no se si acertado diagnóstico—, este trabajo quedaría inconcluso si no aventurara una «terapia» para tanta crisis humanitaria, conflicto intercultural y percepciones de inseguridad. Me atrevo a afirmar que debemos conseguir un nuevo giro copernicano al tratamiento del fenómeno de la inmigración, que oriente nuestros pasos hacia una dirección totalmente distinta. Debemos intentar, como objetivo básico fundamental desde una perspectiva política y jurídica evitar a toda costa todo tipo de recorte de los derechos y libertades de los inmigrantes. Debemos avanzar coherentemente hacia el reconocimiento y garantía del principio de igualdad, esto es, tomar medidas no sólo para luchar contra la discriminación sino también para garantizar positivamente la igual aplicación de esos derechos, con especial atención a los derechos sociales, pero también a los políticos. Me atrevo a afirmar que realmente nos encontramos ante una oportunidad histórica, quizás única e irrepetible para evaluar y medir el grado de desarrollo económico que hemos

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alcanzado reconociendo cuánto han contribuido a él los países que ahora se desangran con la inmigración, y tras agradecérselo, devolver aunque sea el diezmo ahora que les negamos hasta un mísero 0,7%. La respuesta vendrá de la mano de nuestras acciones y omisiones. Es decir a partir de nuestro compromiso con principios, valores y cultura política de los Derechos Humanos que tanto le costó a Occidente construir. La solución, en definitiva, dependerá de nuestra participación y responsabilidad ciudadana, ¿o se impondrá nuestra actitud indolente como individuos gregarios e insolidarios? Debemos considerar que nadie desea abandonar para siempre sus orígenes. No caigamos en la trampa de las identidades enfrentadas. Ni ellos quieren imponernos las suyas ni mucho menos integrarse en las nuestras. Lo que se debe hacer, y pronto, es articular la forma de que los caminos de la vida y la supervivencia que un impresionante porcentaje de seres humanos –sobrecoge pensar en las cifras que esto representa— se ve obligado a recorrer hoy sea de ida y vuelta libre. Acabaremos con las mafias, progresaremos todos y no introduciremos en los complicados expedientes de la Paz y la Seguridad –bastante complicados de por sí— factores espurios que no tienen que ver ni con una ni con la otra. Suena kantiano, pero así lo siento y así lo expreso.

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ANEXO – A Normativa sobre inmigración, en vigor

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Normativa básica reguladora •

























Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, firmado en Madrid el 13 de febrero de 1992 (BOE núm. 100, de 25 de abril y núm. 130, de 30 de mayo). Instrumento de ratificación, de 23 de julio de 1993, del Acuerdo de Adhesión del Reino de España al Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen (art.28 a 38) (BOE núm. 81, de 5 de abril de 1994). Aplicación provisional del Acuerdo en materia de permisos de residencia y trabajo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, firmado "ad referéndum" en Rabat el 6 de febrero de 1996 (BOE núm. 129, de 28 de mayo). Entrada en vigor el 7 de marzo de 1997 (BOE núm. 211, de 3 de septiembre). Convenio entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra, relativo a la circulación y estancia en el Principado de Andorra de nacionales de terceros Estados hecho "ad referéndum" en Bruselas el 4 de diciembre de 2000. (BOE núm. 153, de 27 de junio de 2003). Convenio entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra, relativo a la entrada, circulación, residencia y establecimiento de sus nacionales, hecho "ad referéndum" en Bruselas el 4 de diciembre de 2002. (BOE núm. 153, de 27 de junio de 2003). Ley Orgánica 1/1992 , de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (BOE núm. 46, de 22 de febrero), en su redacción dada por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto (BOE núm. 186, de 5 de agosto) y por la Ley 10/1999, de 21 de abril (BOE núm. 96, de 22 de abril). Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (BOE núm. 10, de 12 de enero), en su redacción dada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre (BOE núm. 307, de 23 de diciembre), por la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre (BOE núm. 234, de 30 de septiembre) y por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre (BOE núm. 279, de 21 de noviembre). Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (BOE núm. 189, de 9 de agosto). Real Decreto 178/2003, de 14 de febrero, sobre entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (BOE núm. 46, de 22 de febrero). Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas (BOE núm. 256, de 25 de octubre). Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (BOE núm. 6, de 7 de enero de 2005). Orden de 22 de febrero de 1989, sobre medios económicos cuya posesión deberán acreditar los extranjeros para poder efectuar su entrada en España (BOE núm. 55, de 22 de febrero). Orden de 7 de febrero de 1997 por la que se regula la tarjeta de extranjero (BOE núm. 40, de 15 de febrero).

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Orden PRE/237/2002, de 8 de febrero, por la que se dictan instrucciones generales relativas al número de enlace de visado en materia de extranjería (BOE núm. 37, de 12 de febrero). Resolución de 4 de junio de 1998, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, por la que se dispone la publicación del Acuerdo entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio del Interior sobre encomienda de gestión para la expedición de visados en frontera (BOE núm. 139, de 11 de junio).

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