Historia Trabajo De Corrupcion.docx

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, CONTABLES Y SOCIALES ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL ASIGNATURA: HISTORIA CRITICA DE LA REALIDAD PERUANA. TEMA

: LA CORRUPCIÓN EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PERU.

DOCENTE

:

ESTUDIANTES:  

CUELLAR MINAURO LUCERO RAMOS TELLO

Abancay – Apurímac 2018

DEDICATORIA RESUMEN INTRODUCCION INDICE DESARROLLO Capítulo 1 LA CORRUPCION EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PERU 1.1. Definición de la corrupción. 1.2. Antecedentes históricos de la corrupción. 1.3. Elementos de la corrupción. 1.3.1.1. Comportamiento deliberado 1.3.1.2. Tipos de corrupción 1.4. Causas y consecuencias de la corrupción en las instituciones públicas del Perú. 1.5. La corrupción en el sector público: vínculo con el desarrollo económico y social. 1.6. Los principios de actuación de las instituciones públicas frente a la corrupción. 1.7. El agotamiento del funcionamiento del sistema burocrático. 1.8. Instituciones públicas más corruptas del Perú. Capítulo 2 LA CORRUPCION EN LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN EL PERU 2.1. Indicadores del grado de corrupción en el Perú instituciones públicas y empresas privadas. 2.2. Mapas de la corrupción. 2.2.1. Delitos con mayor incidencia que involucran a autoridades y exautoridades regionales y locales.

Capítulo 3 INCIDENCIA DE LA CORRUPCION EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO 3.1.

OBRAS PUBLICAS

3.2.

BIENES Y SERVICIOS Capítulo 4 REDES DE CORRUPCION

4.1.

CASO ODEBRECHT.

4.2.

CASO LOS CUELLOS BLANCOS DEL CALLAO.

4.3.

CASO LA CENTRALITA.

4.4.

LOS TOPOS DE LIMA SUR

4.5.

LOS LIMPIOS DE LA CORRUPCION

4.6.

CASO SAN BARTOLO

4.7.

CASO ANTALSIS

4.8.

BIENES Y SERVICIOS

CONCLUSIONES SUGERENCIAS Y/O RECOMENDACIONES REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS Y/O BIBLIOGRAFIA CONSULTADA ANEXOS ANEXO 1 ANEXO 2 ANEXO 3 ANEXO 4

DEDICATORIA

Dedico este trabajo principalmente a Dios, por haberme dado la vida y permitirme el haber llegado hasta este momento tan importante de mi formación profesional. A mi madre, por ser el pilar más importante y por demostrarme siempre su cariño y apoyo incondicional sin importar nuestras diferencias de opiniones. A mi padre, a pesar de nuestra distancia física, siento que estás conmigo siempre y aunque nos faltaron muchas cosas por vivir juntos, sé que este momento hubiera sido tan especial para ti como lo es para mí. A mis compañeras del grupo académico que formamos, no hubiéramos logrado esta meta.

INTRODUCCIÓN

La corrupción es un fenómeno que afecta la gobernabilidad, la confianza en las instituciones y los derechos de las personas. Se trata de un fenómeno que no es unitario ni unidireccional, en tanto no se concentra en un solo sector económico, en una sola institución, y no se explica por un solo factor. Por el contrario, la corrupción tiene diferentes formas y aparece de manera diversa en el escenario social, político y económico de nuestro país. Desde la afectación en el acceso a servicios ocasionados por prácticas de pequeña corrupción, hasta los grandes desvíos de fondos públicos que la gran corrupción ha producido en los últimos años, es claro que la corrupción afecta a la economía del país y a la economía doméstica de los ciudadanos, pero también afecta derechos, acceso a servicios, así como a la gobernabilidad y la confianza en el Estado y en sus funcionarios. El Estado es incapaz para responder a las exigencias de la sociedad, sus respuestas no corresponden a las expectativas de los grupos sociales o de los individuos o no respetan el procedimiento debido. Muchas veces, aun cuando este procedimiento es respetado y la respuesta es la adecuada, la intervención del Estado genera, a causa de la corrupción, resultados diferentes de los que deberían producirse regularmente. Los medios a través de los cuales la corrupción es provocada son irrelevantes: pagos ilegales, chantaje, extorsión, connivencia, exacción. Es igualmente indiferente el hecho que aquellos que participan en la corrupción se encuentren dentro o fuera de la administración del Estado. Lo que es decisivo para caracterizar la corrupción es la valoración que permite considerar que la actuación o la intervención del Estado no es conforme, ni en el fondo ni en la forma, a las normas establecidas previamente y de acuerdo a las vías regulares.

Capítulo 5 LA CORRUPCION EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PERU 1.1.

DEFINICIÓN DE LA CORRUPCION

Corromper significa dañar, alterar, echar a perder, viciar, pervertir. Cambiar el propósito originario de una cosa, que deviene en algo negativamente considerado por la moral social. Siguiendo ese sentido la definición actual, generalizada entre los expertos en la materia, la corrupción es el uso de la posición y el poder públicos para fines ilegítimos, inmorales, ilegales o diferentes a lo formalmente establecido. Creemos que para una más exacta definición, se debe tener en cuenta, un sentido laxo de lo que corresponde a lo público. Pues lo público no necesariamente es un ministerio de gobierno de una nación que debe decidir el destino de los fondos encomendados por su pueblo. Público también es la dirección de un gremio o un sindicato, o el accionar de una empresa de servicios públicos, aunque sea una empresa privada. Es decir, todas aquellas funciones y estructuras que tienen que ver con lo público y la política. Esto es, el bien común, la cosa pública, sino de "todos", por lo menos de "los muchos”. No hay que olvidar tampoco que la mayoría de las veces en un hecho de corrupción están involucradas personas que no pertenecen al mundo de lo público, sino al mundo privado. Como es la tipología clásica del "cohecho". En cuyo caso esos privados serían corruptores y por lo tanto también susceptibles de derecho penal. Muchas veces hemos escuchado decir en nuestro país Perú, que el problema de nuestro país es la corrupción y que ésta ha invadido al Estado. De esta forma, sostienen, se ha conformado un Estado perverso, manejado por una clase política también perversa cuyo objetivo es llenarse los bolsillos y estafar a la sociedad. Sostenemos aquí en cambio, que estas proposiciones nos dejan una imagen distorsionada de la realidad. Una imagen en la que nuestra sociedad, ingenua y pasiva, se encuentra condenada al fracaso debido al mal manejo que de ella hacen un grupo "los políticos" y a una institución "el Estado”. Como parásitos que viven y manipulan a nuestra sociedad, esta "clase" política no ha sabido llevar a la sociedad al puerto que merece. De esta manera, con una visión muy conveniente a una sociedad que se victimiza a sí misma, que quiere transferir su culpa, se soluciona el difícil problema que significa comprender la complejidad de la situación argentina en todas sus dimensiones. Permitiéndonos, por otro lado, volver a la cómoda y calmada resignación de nuestros asuntos privados. Sostenemos aquí que la causa de la corrupción que reina en nuestro sistema no debe buscarse solo en el Estado, sino en la sociedad.

Palabras Clave: corrupción – anti corrupción – ética pública -gobernabilidad democrática soborno – enriquecimiento ilícito – transparencia – administración pública – burocracia – políticos – política - estado. 1.2.

ANTECEDENTES HISTORICOS

La corrupción en el Perú y países latinoamericanos aparece con la invasión y conquista española, (1532) en donde la clase política dominante y gobernante es corrupta, dejándonos caudillistas, jefes, cúpulas militares, cúpulas religiosas y no Líderes honestos, patriotas, capaces. La sociedad peruana tiene raíces pasadistas y es cultivadora del pasado, lo cual es muy honroso, pero existe muy poca valoración del futuro. Convirtiéndose en depredadores del futuro (Harina de Pescado, el Guano, etc.) El poder reside y emana del pueblo, ante la falta de una adecuada educación cívica patriótica, filosófica, ideológica, ética moral, etc. renovación de la sociedad apoyada en valores éticos, en principios como el de la democracia del pueblo, como la defensa de los derechos humanos, como el valor del medio ambiente Genera la ausencia de ciudadanos capaces de sentirse sujeto de derechos y de obligaciones, de actuar, exigir y de cumplir como tal, actuando con indiferencia ante el autoritarismo, ante esto se aprovechan la Clase política que ve al Estado como fuente de riqueza, clase política que ante la oportunidad de realizar la Reforma Constitucional, clama por la Asamblea Constituyente, como si los nuevos congresistas serían los sabios idóneos para tal finalidad. Donde es notorio que se apegan a su Ley, y no a la Justicia. Su ley de hierro de la oligarquía partidaria: quienes están en el poder van a tratarse de mantenerse en él, arbitrando todo tipo trabas para impedir la renovación. Que no forman dirigentes o líderes, no forman cuadros, ni organizan al pueblo .No tienen vinculación con el pueblo. Recordemos el desborde popular en la marcha de los 4 suyos. Con participación del sector sindical, empresarial y político. 1.3.

ELEMENTOS DE LA CORRUPCION

Los elementos de la corrupción son:     

COMPORTAMIENTO DELIBERADO: Se encuentra lo siguiente: ACCIÓN: acto intencional para cometer un acto de corrupción. OMISIÓN: no denunciar o actuar contra la corrupción .al no hacerlo, eres cómplice. INSTIGACIÓN: acto de provocar o incitar a otras personas a cometer corrupción. INVOLUCRADOS: Personas Como:   

Funcionarios públicos Empresarios Miembros de organizaciones o individuos de la población.

1.3.1.2. TIPOS DE CORRUPCIÒN.

Existen diversas tipologías de la corrupción desde la que hace sólo referencia a la extorsión y el soborno, hasta las que se refieren a tipos específicos y especiales. Estos tipos son:



EXTORSIÓN: Es cuando un servidor público, aprovechándose de su cargo y bajo la amenaza, sutil o directa, obliga al usuario de un servicio público a entregarle también, directa o indirectamente, una recompensa.



SOBORNO: Es cuando un ciudadano o una organización, entrega directa o indirectamente a un servidor público, determinada cantidad de dinero, con el propósito de que obtenga una respuesta favorable a un trámite o solicitud, independientemente si cumplió o no con los requisitos legales establecidos.



PECULADO: Es la apropiación ilegal de los bienes por parte del servidor público que los administra.



COLUSIÓN: Es la asociación delictiva que realizan servidores públicos con contratistas, proveedores y arrendadores, con el propósito de obtener recursos y beneficios ilícitos, a través de concursos amañados o, sin realizar estas (adjudicaciones directas), a pesar de que así lo indique la ley o normatividad correspondiente.



FRAUDE: Es cuando servidores públicos venden o hacen uso ilegal de bienes del Gobierno, que les han confiado para su administración.



TRÁFICO DE INFLUENCIAS: Es cuando un servidor público utiliza su cargo actual o sus nexos con funcionarios o integrantes de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial, para obtener un beneficio personal o familiar, o para favorecer determinada causa u organización.

1.4.

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA CORRUPCIÓN

CAUSAS DE LA CORRUPCION: Las causas pueden ser endógenas (internas) o exógenas (externas): Entre las muchas causas endógenas (las que tienen que ver con el individuo) podemos enlistar las siguientes: CAUSAS ENDÓGENAS: Las causas que hacen posible este problema se podrían clasificar en los niveles sociales, económico y político. En lo social, la falta de un servicio profesional que fiscalice los actos de los gobernantes; insuficiente participación ciudadana en actos de fiscalización y evaluación de la gestión pública. En lo económico, el insuficiente pago a los trabajadores públicos genera un descontento y hace posible que la corrupción tenga cabida en las acciones públicas; asimismo, el desinterés de conocer que hacen las autoridades con nuestros recursos, el cual conlleva a que dichas autoridades manejen los recursos públicos sin ninguna inspección. Algunas de estas causas endógenas son:          

Ambición Codicia Falta de valores Falta de conciencia social Desconocimiento de lo legal e ilegal. Falta de valores humanistas Carencia de una conciencia social Falta de educación Desconocimiento legal Baja autoestima.

CAUSAS EXÓGENAS: La impunidad de los actos de corrupción. Los modelos sociales que trasmiten ideas erróneas creando anti-valores. El soborno internacional. Salarios demasiados bajos. El control económico o legal sobre los medios de comunicación que impiden se exponga a la luz pública y de los procesos de decisión. Falta de transparencia en la información concerniente a la utilización de los fondos públicos y de los procesos de decisión.

Paradigmas distorsionados y negativos (materialistas Como elementos exógenos de la corrupción (los que dependen de la sociedad), tenemos.          

Impunidad en los actos de corrupción Modelos sociales que transmiten anti valores (valores negativos). Excesivo poder discrecional del funcionario público Concentración de poderes y de decisión en ciertas actividades del gobierno. Soborno internacional. Control económico o legal sobre los medios de comunicación que impiden se expongan a la luz pública los casos de corrupción. Salarios demasiado bajos. Falta de transparencia en la información concerniente a la utilización de los fondos públicos y de los procesos de decisión. Poca eficiencia de la administración pública. Extrema complejidad del sistema.

CONSECUENCIAS DE LA CORRUPCION

CONSECIENCIAS POLÍTICAS:  Pueden perjudicar el funcionamiento de las instituciones públicas.  Se pueden eliminar leyes que pueden ser de gran ayuda en la sociedad. CONSECUENCIAS ECONÓMICAS:  Menos inversionistas quisieran invertir en nuestro país. CONSECUENCIAS SOCIALES:  Las personas humildes tienen que vivir en la informalidad para subsistir.  Puede perjudicar gravemente el buen funcionamiento de las instituciones públicas.  Muchas veces este tipo de soborno sirve para la manipulación de aprobación o no de leyes en beneficio de la corrupción.  Excedan a la regla.  Sin embargo estos aparentes "beneficios" a largo plazo solo generarían que menos inversionistas quieran invertir en nuestro país.  Actualmente la corrupción generalizada en los gobiernos contribuye a la crisis en el sistema.

1.5.

CORRUPCIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO: VÍNCULO CON EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

La corrupción es un fenómeno estructural y uno de los obstáculos más importantes para el desarrollo económico y social de nuestro país. Actualmente, existen diversos indicadores, como el Índice de Percepción de la Corrupción o el Barómetro Global de la Corrupción, los cuales demuestran que existe una correlación negativa entre el desarrollo de los países, medido en términos de ingreso per cápita, y los índices de corrupción (Tanzi & Davoodi, 2001). Por lo tanto, esto nos indica que al controlar las raíces sistémicas o institucionales de la corrupción, habría mayores posibilidades de que se produzca un desarrollo económico sostenido. Mucho se ha escrito sobre este tema en el Perú; sin embargo, pocos son los resultados obtenidos. La corrupción también afecta la eficiencia y eficacia de las organizaciones estatales, lo que genera desconfianza en las instituciones y pérdida de valor público y cohesión social. La situación peruana actual, en la cual recientemente se ha iniciado un nuevo período de gobierno, requiere que sea imprescindible poner este tipo de temas en la agenda política. En consecuencia, el presente artículo tiene por objetivo dar a conocer el efecto de la corrupción estatal en la administración pública, pero también en la economía y la sociedad, para luego brindar un acercamiento a las posibles soluciones a partir de la ciencia de la gestión. Para empezar, la gestión del Estado peruano se basa en una multiplicidad de sistemas administrativos: gestión de recursos humanos, abastecimiento, presupuesto, tesorería, endeuda- miento, contabilidad, inversión, planeamiento estratégico, defensa judicial del Estado, control y modernización de la gestión pública. Dichos sistemas se han desarrollado, principalmente, a partir de inicios del presente siglo, en el contexto de la descentralización y de la llamada Reforma del Estado. Esta Reforma implica procesos de cambio en la organización y redistribución del poder político, pero también en las reglas que rigen a los trabajadores del sector público para mejorar sus resultados. En ese sentido, se pueden identificar algunos avances en cuanto a la reforma del Estado durante los últimos años. Por ejemplo, en el 2005 se crea el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), órgano rector del sistema nacional de planeamiento estratégico; años después, en el 2013 se promulga la Ley del Servicio Civil (Servir), tendiente a lograr un mejor servicio público. Ahora bien, la corrupción puede clasificarse en distintos enfoques y formas. Una definición inicial se refiere al “mal uso del poder político – burocrático por parte de funcionarios, con el fin de obtener ventajas contrarias a las metas del desarrollo social, mediante la malversación o desvío de recursos públicos, junto con la distorsión de políticas e instituciones” (Quiroz, 2013: 30).

No obstante, la corrupción no se limita al mal uso de recursos públicos por parte de funcionarios. En efecto, de acuerdo al investigador y docente de la PUCP, José Távara, existe un enfoque más amplio para entender la corrupción, pues argumenta que “el problema central es la conspiración de empresas con funcionarios públicos para obtener beneficios indebidos en perjuicio de los ciudadanos, y la ‘captura del Estado’ como decisión estratégica de agentes económicos vinculados al poder político” (Távara, 2005: 202). La corrupción, en términos individuales, tiene diferentes formas. Para ello, podemos mencionar algunos delitos contra la administración pública, por ejemplo, según la Procuraduría Anticorrupción, el 92% de los alcaldes del país estuvieron siendo investigados por presuntos actos de corrupción en el 2014 (Macera, 2015); entre ellos, se hallaban los delitos de peculado (apropiación indebida de fondos públicos), malversación de fondos, negociación incompatible y colusión (favorecer a un proveedor privado). Por otro lado, la corrupción tiene un impacto negativo en el desarrollo económico y social. En el ámbito económico, dicho fenómeno promueve una situación general de ineficiencia administrativa haciendo que los contratos se adjudiquen a contratistas equivocados y que los planes no lleguen a cumplirse, por mencionar un ejemplo. En un reciente estudio realizado por Jorge Daly y Oscar Navas de CENTRUM Católica en el 2015, se encuestaron a funcionarios del sector privado para conocer su percepción o visión acerca de la corrupción. En relación a los pagos irregulares que se efectúan en los contratos que adjudica el Estado se halló que el 35% de los encuestados declararon que los sobrecostos indebidos corresponden al 1% del valor del contrato; además, 31% de los funcionarios señalan que estos sobrecostos están entre el 10% y 25% del valor de los mismos; lo cual podría decir que la corrupción implica mayores costos de transacción entre Estado y empresa. Es importante mencionar que, además, este problema se refleja en la fuga de capitales nacionales a paraísos fiscales, que representa una pérdida neta para los países en vías de desarrollo (Nye, 1967). Asimismo, según el docente de la PUCP Álvaro González (2010), se desalientan las inversiones, principalmente las extranjeras, pues la corrupción representa un riesgo en el que el costo no oficial para iniciar una empresa es muy alto para ser rentable. Según el mismo estudio mencionado previamente, entre las modalidades de corrupción con mayor impacto sobre las operaciones de la empresa, se resaltan: sobornos exigidos para conseguir licencias y permisos con un puntaje ponderado de 14%; le siguen sobornos relacionados con los trámites municipales, concesiones de contratos públicos y los fallos judiciales, con el 10.3%, 10.2% y 10%, respectivamente. Las consecuencias de este problema se evidencian, por ejemplo, en los Reportes de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, donde Perú retrocedió 21 posiciones en los últimos cinco años.

De lo cual se desprende que la corrupción está relacionada a un aspecto similar al problema de agencia, conocido como información asimétrica, que podría darse no solo en la esfera pública sino también dentro del mercado, pudiendo generar que aquellas empresas que logran obtener concesiones de contratos públicos lleguen a perder eficiencia y competitividad. En el ámbito social, las consecuencias de la corrupción serían peores en un país de renta media como el nuestro, ya que agudiza la pobreza y la desigualdad. Según los investigadores de la Universidad de Harvard, Jong You y Sanjeev Khagram, “mayores niveles de desigualdad son social y estructuralmente conducentes a mayores niveles de corrupción, a través de mecanismos materiales y normativos” (You & Khagram, 2005: 138).En otras palabras, hay una relación positiva y estadísticamente significativa entre la des- igualdad, medida por el coeficiente de Gini, y los índices de percepción de la corrupción (2005). Cabe mencionar, que este flagelo influye en el aumento de inequidad para el acceso a servicios públicos. Efectivamente, teniendo en cuenta que los problemas que más preocupan a la ciudadanía son la delincuencia y la corrupción (PROÉTICA, 2013), los investigadores Gustavo Yamada y Ricardo Montero (2011) realizaron un estudio al respecto, donde se comprueba que instituciones como la Policía y el Poder Judicial, presentan tasas muy altas de pago de coimas, así como una baja proporción de usuarios que culminan exitosamente sus trámites, afectando principalmente a los más pobres. De esta manera, salvo el caso de los centros educativos estatales, “los pobres tienen menor probabilidad de acceso a todos los demás servicios públicos tales como la policía, el Poder Judicial y los servicios de infraestructura” (Yamada & Montero, 2011: 8). También los pobres “tienden a gastar una proporción mayor de sus ingresos por concepto de coimas exigidas por los funcionarios públicos en servicios tan importantes como seguridad (policía) y servicios de salud, además de aquellos provistos por los gobiernos regionales y los ministerios” (2011: 8). En conclusión, el costo de la corrupción va más allá de los montos robados del Tesoro Público. De acuerdo a la Contraloría General de la República, el costo económico de la corrupción en el 2013 ascendió alrededor de S/ 10 000 millones- 1.6% del PIB más que la inversión en educación a nivel nacional- equivalente a treinta veces el presupuesto del programa Cuna Más (Macera, 2015). En consecuencia, la corrupción estatal implicaría un costo de oportunidad que afecta a los ciudadanos, pues se reduce grandemente la inversión efectiva en sectores tan urgentes como educación, salud, seguridad, infraestructura, entre otros. Finalmente, el Perú durante los últimos años ha estado gozando de una mayor bonanza económica en comparación con décadas pasadas; sin embargo, ello también ha originado un mayor riesgo en la incidencia de corrupción y falta de transparencia en la administración pública. Por tal motivo, es imprescindible que desde el sector público se tomen medidas para eliminar o minimizar dicho problema.

En primer lugar, se necesita un Estado más transparente y abierto, desde los más altos niveles de gobierno, para que los ciudadanos puedan conocer, en todo momento y en tiempo real, cómo se gasta su dinero; por ejemplo, las licitaciones, los sueldos de los funcionarios, las contrataciones, la agenda de los ministros y presidente de la república. En segundo lugar, es necesario ir más allá de la lógica punitiva ex post, para enfocarse en la prevención y el análisis o control de los procesos en la gestión y para conocer las fallas y factores que desencadenan la corrupción. Para ello sería pertinente que el Contralor General de la República sea seleccionado por concurso público; además de fortalecer y dar mayor autonomía a las oficinas de control interno, pues hoy dependen administrativa y presupuestalmente de las entidades y funcionarios que precisamente fiscalizan. Visto esto, ahora pasaremos a analizar el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) – Consulta Amigable del MEF, donde es posible comprobar que a mayores niveles de ingresos por Canon, existe menor nivel de eficiencia o ejecución presupuestal de proyectos de inversión en gobiernos regionales, en comparación con aquellos que no cuentan o que presen- tan menores ingresos por dicho concepto, pero, a la vez, en dichos gobiernos regionales con mayor Canon, hay más reportes o casos por presuntos actos de corrupción. En ese sentido, se podrían condicionar los presupuestos al cierre de la brecha de infraestructura, priorizando una gestión por resultados. Para terminar, es esencial el cambio de recompensas y sanciones, haciendo que el descubrir actividades corruptas valga la pena. Por ejemplo, recompensar “con dinero, encomio y mejores perspectivas de ascenso a funcionarios de bajo rango que rechazan sobornos y que denuncian al cliente que quiere pagarlos” (Klitgaard, 1990: 135). Esto representaría una medida útil para minimizar el famoso problema de agencia descrito inicialmente. No obstante, para tal fin, es necesario mejorar e implementar la Ley Servir en todos los niveles de gobierno, pues hoy en día tiene carácter voluntario. Asimismo, sería positivo otorgar incentivos tributarios a ciudadanos y empresas que denuncien actos de corrupción y que posteriormente sean comprobados, con la debida protección de los denunciantes. En definitiva, la lucha anticorrupción no es responsabilidad exclusiva del Estado, sino también de la sociedad civil y hasta del sector privado. Se requiere liderazgo por parte del Presiden- te de la República, pero a la vez la ciudadanía debe asumir una actitud más crítica y participativa en los asuntos públicos, donde el cambio cultural y la educación en valores éticos poseen un rol fundamental. 1.6.

LOS PRINCIPIOS DE ACTUACION DE LAS INTITUCIONES PUBLICAS FRENTE A LAS CORRUPCION

Es responsabilidad de las organizaciones anticipar cualquier evento que pueda afectar sus objetivos. Es así que se desarrollan mecanismos de control para evitar la ocurrencia de sucesos que ocasionen impactos negativos.

Asimismo, debemos considerar que la confianza entre los actores genera beneficios inmediatos que redundan en la disminución de costos. Las organizaciones del lado de la oferta verán cómo crece la demanda de su producto; y los de la demanda, obtendrán el producto deseado en la oportunidad debida y al mejor precio de mercado. Por el contrario, la ausencia de confianza incorporará controles en las transacciones, produciendo demoras y sobrecostos que afectan los intereses de ambos. Encontrar el exacto equilibrio entre anticipación y confianza es el objetivo de una gestión eficiente. Sin embargo, encontramos perspectivas y prioridades diferentes, situación que genera la presencia de brechas que pueden ser aprovechadas por inescrupulosos para originar eventos de corrupción. Esta situación demanda la mejora en sistemas de control buscando anticipar la ocurrencia de hechos que impedirán la atención adecuada, su objetivo principal es la optimización de los recursos disponibles. El uso de la Cadena de Suministros para la identificación de riesgos de corrupción es una herramienta eficaz para blindar aquellos momentos en los que las transacciones son más vulnerables, permitiendo al gestor: (I) Identificar a los actores participantes, permitiendo reconocer los riesgos de actividades monopólicas o informales. (II) Recoger información sobre el producto, con el propósito de asegurar su idoneidad. (III) Considerar las utilidades financieras empleando análisis comparativos para determinar los precios de mercado. (IV) Comunicar y cumplir la planificación, a fin de que la información sea correctamente empleada y genere valor. (V) Mantener trazabilidad sobre los contratos, para evitar distorsiones que afecten el bien público. La existencia de normas y el trabajo de instituciones anticorrupción contribuyen a la lucha contra este problema mundial; sin embargo, nuestro planteamiento busca anticipar las brechas en que se puede presentar el fenómeno, protegiendo e impulsando prácticas eficientes para combatir con éxito la corrupción, logrando así disminuir los costos de transacción y recuperar la confianza entre el sector público y la sociedad. 1.7.

EL AGOTAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA BUROCRATICO

La burocracia es la organización o estructura que es caracterizada por procedimientos centralizados y descentralizados, división de responsabilidades, especialización del trabajo, jerarquía y relaciones impersonales. El término es utilizado en la sociología, en la ciencia administrativa y, especialmente, en la de administración pública. Podría definirse como un conjunto de técnicas o metodologías dispuestas para aprender o racionalizar la realidad

exterior (a la que pretende controlar el poder central) a fin de conocerla y llamarla de forma estandarizada o uniforme. Un claro ejemplo de esta característica de las burocracias, particularmente de las de gobierno, es la contratación y asignación o remoción de personal, es decir, funcionarios, de acuerdo a criterios explícitos y relevantes al desempeño de funciones. En la base de todo aparato burocrático hay algún tipo de disciplina. Por tal razón, la burocracia sirve como articulación de la simplificación. Se podría argumentar que por la burocracia es posible la división de trabajo promovida por el poder central, que a su vez busca dominar a los funcionarios. 1.8.

INSTITUCIONES MÁS CORRUPTAS DEL PERU

En el Perú nos regimos por un Estado democrático. Eso significa que nuestro sistema político está integrado por tres poderes. Sin embargo, esos tres están en la lista de las instituciones más corruptas a nivel nacional. La X Encuesta Anticorrupción revela que en los últimos años algunas percepciones sobre cuáles son las instituciones más corruptas no han cambiado mucho. Por ejemplo, el podio lo comparten una vez más el Poder Judicial, el Congreso y la Policía Nacional. Si bien la Policía ha bajado esta percepción negativa en un considerable 16% en los últimos cinco años, no es el mismo caso de las otras dos instituciones. En el 2012, el 56% de los peruanos consideraban que el Poder Judicial era la institución más corrupta; mientras que 47% pensaba lo mismo del Congreso en el mismo año. En la galería de fotos encontrará cuáles son las 8 instituciones que son percibidas como las más corruptas del Perú

Capítulo 2 2.1. LA CORRUPCION EN LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN EL PERU Esta investigación analiza el fenómeno de la corrupción en algunas regiones del Perú y su dinámica. A partir del estudio de cinco gobiernos regionales se pone énfasis en los mecanismos de corrupción que se desarrollan en las contrataciones de obras públicas en estos niveles de gobierno. El análisis de estos casos brinda evidencias sobre el funcionamiento de la corrupción en la política y gestión pública su nacional, y colabora, de esta manera, con el conocimiento de la política local. Solo con un mejor aprendizaje de la realidad regional se pueden plantear mejores recomendaciones y políticas públicas para prevenir y combatir este grave problema. Sin duda cada región tiene sus particularidades en la gestión pública, sus propios desafíos, como la reconstrucción en la Región Piura, las amenazas como el narcotráfico o la minería ilegal en Ayacucho y Madre de Dios. Sin embargo, también se pueden encontrar líneas comunes en su actuación, como el uso extendido de la construcción de obras por administración directa. Estos son problemas que se repiten, que se parecen mucho y que se pueden prevenir. La investigación está dividida en dos capítulos. En el primero se desarrolla un panorama de la corrupción en el Perú con énfasis en la percepción ciudadana sobre este tema y en los datos que nos brinda la Procuraduría Pública sobre los delitos y casos de corrupción en las regiones. Asimismo, se hace una introducción sobre las contrataciones de obras públicas del Estado describiendo su evolución, reglamentación actual e información estadística de algunos indicadores relevantes en las regiones. En el segundo capítulo se desarrolla el círculo de la corrupción en las regiones sobre la base de las entrevistas con los actores e información de casos de corrupción. En cada etapa de las contrataciones de obras se subrayan los riesgos y actos de corrupción que se han realizado en los últimos años. Finalmente, se han desarrollado algunas conclusiones y recomendaciones muy breves sobre este complejo tema.

2.1. INDICADORES DEL GRADO DE CORRUPCIÓN EN EL PERÚ INSTITUCIONES PÚBLICAS PRIVADAS

2.2. MAPA DE LA CORRUPCIÓN

2.2.1 .DELITO CON MAYOR INCIDENCIA QUE INVOLUCRAN A AUTORIDADES Y EX AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES El informe temático la corrupción del gobierno regional y local elaborado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, revela que existen 4,225 casos por delitos contra la administración pública que involucran a 2,059 gobernadores y alcaldes provinciales y distritales, electos entre los años 2002 y 2014. Los casos de corrupción se registran en las 24 regiones del país y en la Provincia Constitucional del Callao, evidenciándose que Junín, Cusco y Lima registran el mayor índice con más de 400 casos de corrupción cada una, entre los que figuran procesos seguidos en contra de sus actuales Gobernadores Regionales Ángel Unchupaico Canchumani, Edwin Licona Licona y Nelson Chui Mejía, respectivamente. De la cifra total de autoridades y ex autoridades vinculadas a delitos de corrupción, 205 se encuentran sentenciados, cuyos actos ilícitos han generado un perjuicio económico total al Estado de S/.7´727,744.23. Los delitos con mayor incidencia que se registran en las denuncias son los de peculado y colusión, es decir, cuando el funcionario público se apropia o utiliza bienes o dinero del Estado, y cuando el funcionario interviene en los procesos de adquisición o contratación pública, concertando o acordando con interesados para defraudar al Estado. Para la procuraduría, además, genera preocupación que 29 de los procesados se encuentran con orden de captura en los siguientes supuestos: prisión preventiva, sentencia condenatoria a pena privativa de libertad efectiva o haber sido declarado reo contumaz. Entre los casos figura el del ex alcalde de Urubamba y vacado congresista de la República, Benicio Ríos. La presentación de la publicación estuvo a cargo del procurador especializado en delitos de corrupción, Amado Enco, y la coordinadora de la Unidad de Análisis de la Información de la PPEDC, Giovanna Vélez. Además, se contó con la presencia del viceministro de Justicia, Fernando Castañeda, del Secretario del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Martín Mijichic, el presidente de Proética, José Ugaz, entre otros.

Capítulo 6 INCIDENCIA DE LA CORRUPCION EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO Un estudio reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre el soborno internacional, respecto a 427 procesos judiciales de corrupción en 17 países entre los años 1999 y 2014, señala que el 57% de los casos de corrupción analizados estaban relacionados con contrataciones públicas. De lo expuesto y con el fin de desarrollar este Informe se solicitó a las sedes descentralizadas de esta PPEDC precisen los casos de corrupción que involucren a gobernadores regionales y alcaldes en relación con procesos de contratación con el Estado, así como, se indique la fase en la que se habría producido el/los actos(s) de corrupción, ya sea en: i) Fase de programación y actos preparatorios, y/o ii) Fase de selección, y/o iii) Fase de ejecución contractual. Al respecto, de la información remitida se pudo evidenciar que, de los 4,225 casos de corrupción analizados en el presente Informe, el 58% de estos se encuentra relacionado con los procesos de contratación que efectuaron las autoridades regionales y locales desde sus respectivas Instituciones. Gráfico N° 03

De los 4225 casos en trámite en la PPEDC, al mes de mayo del 2018, el 58% se encuentra relacionado a contrataciones del Estado efectuadas por Autoridades Regionales y Locales. Fuente: PPEDC / Elaboración: PPEDC

Ahora bien, de la totalidad de casos de corrupción relacionados a contrataciones del Estado que involucra a gobernadores regionales y alcaldes, se advierte una mayor incidencia en el objeto de contratación de bienes y servicios, seguido por obras públicas, tal como se muestra en el siguiente gráfico: Gráfico N° 04

Del total de casos de corrupción relacionados con contrataciones del Estado vinculadas a Autoridades Regionales y Locales, el 53% corresponde a adjudicaciones de Bienes y Servicios.

Con respecto a las fases en las contrataciones del Estado, se pudo evidenciar una mayor incidencia de delitos contra la administración pública en la fase de EJECUCIÓN CONTRACTUAL (en la cual las partes se obligan al cumplimiento de cada una de sus prestaciones, es decir de una parte el Estado se obliga a pagar por una prestación a cargo del Contratista, y este último se obliga a ejecutar la obra y/o suministrar el bien y/o prestar el servicio en los términos establecidos en el contrato, tal como se muestra a continuación:

Gráfico N° 05

Del total de casos de corrupción relacionados con contrataciones del Estado vinculadas a Autoridades Regionales y Locales, el 51% se presentan en la fase de ejecución contractual, 28% en fase de actos preparatorios y un 21% en fase del proceso de selección.

Es así que, la defraudación al Estado en la fase de ejecución contractual o el interés indebido de favorecer a privados por parte del funcionario se materializa en9: a) Financiamiento y/o liquidez ilegal a favor del Contratista, mediante adelantos y/o pagos indebidosapesarquelaprestaciónaún nose haejecutadoy/o culminado. b) Liberar al Contratista de la parte más compleja de la obra y/o servicio y/o bien en menoscabo para el Estado, a través de Reducciones ilegales. c) Mayor costo de la prestación a causa de:  Ampliaciones de plazos simuladas y/o aprobadas ilegalmente, con la finalidad de evadir la aplicación de penalidades y/o generar el pago al Contratista de mayores gastos generales.  Modificaciones al contrato simuladas y/o aprobadas ilegalmente, que afectan el equilibrio económico financiero del mismo en detrimento del Estado.  Adicionales simulados y/o aprobados ilegalmente.

Es importante precisar, que en los casos donde el bien, servicio u obra a contratar está vinculado a un proyecto de inversión pública (en adelante PIP), el mayor costo de tales objetos de contratación se encuentran directamente vinculados con el incremento del monto de inversión del PIP declarado viable por encima del porcentaje permitido, sin sustento técnico legal respectivo, lo cual conlleva a una pérdida económica para el Estado sustentada en la afectación de la sostenibilidad, rentabilidad y demás criterios por los que el PIP fue declarado viable. La fase de actos preparatorios también concentra un gran porcentaje de casos de corrupción (28%), es en ésta que se producen :  Los sobornos por parte de los proveedores a los funcionarios de los Gobiernos Regionales y Locales mucho antes que se inicie el proceso de selección, ello con el fin de direccionar el otorgamiento de la buena pro o que se permitan los actos de defraudación antes identificados durante la fase de ejecución contractual.  El favorecimiento a proveedores "allegados", con quienes se contrata pese a que están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las contrataciones menores a 3 UIT11 y 8 UIT12. En ese sentido, para tener un mejor panorama sobre los actos de corrupción perpetrados por las autoridades regionales y locales en los procesos de contrataciones con el Estado, desarrollaremos casos que evidencian cómo dichos funcionarios públicos se coluden con los proveedores o contratistas a fin de beneficiarlos con el otorgamiento de la Buena Pro de diversas obras públicas a cambio de recibir “diezmos”, como el caso del ex Gobernador Regional de Pasco, señor Klever Meléndez Uribe Gamarra o como el caso del ex Alcalde Distrital de Jequetepeque, señor Pablo Martín Álvarez Castañeda, quien junto a un grupo de funcionarios de la misma Entidad, se habrían coludido para favorecer a una empresa en un proceso de selección para la adquisición de insumos alimenticios para el abastecimiento del programa “Vaso de Leche”, conforme se puede advertir en el acápite 3.2 del presente informe.

OBRAS PÚBLICAS El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) a través de la Opinión N° 0562017/DTN, en el marco de lo regulado en la Ley N° 30225 y su Reglamento, ha señalado sobre el objeto de contratación “OBRA” lo siguiente13: “1.1. En primer lugar, debe indicarse que el Anexo Único del Reglamento define como "obra" a la "Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.". Así, al definir "obra", el referido anexo enumera una serie detallada de actividades o trabajos que recaen sobre inmuebles y que requieren de dirección técnica, expediente técnico, mano de obra y/o equipos para su ejecución. En este punto, es importante precisar que la definición de obra señalada por el Reglamento se asemeja a lo que en doctrina es objeto de un contrato de construcción14. De esta manera, para convocar la “ejecución de una obra” la Entidad deberá determinar (i) si las actividades se ejecutarán sobre un inmueble, (ii) si lo que debe desarrollarse es alguna de las actividades establecidas en la definición de “obra”, y (iii) si para ello debe contar con dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos; debiendo considerar estos tres requisitos como concurrentes.” A continuación, se desarrollarán, a manera de ejemplo tres tipos de casos en trámite que tienen como base la imputación de delitos de corrupción en los que habrían participado autoridades regionales y locales, evidenciando supuestos actos de colusión con empresas privadas para favorecerlas en la adjudicación de obras públicas o consultorías a cambio de recibir un beneficio económico “soborno”.

PASCO: Pago de “diezmos” a cambio de obras públicas En el año 2014, se denunció que el ex gobernador regional de Pasco, Klever Uribe Meléndez Gamarra jun-to a su asesor Juan Boza Pullido se habría reunido con un grupo de empresarios, aparentemente, para coordinar la adjudicación de un paquete de obras públicas a cambio de un beneficio econó-mico, ascendente a la suma de 100 mil dólares. La ex autoridad de Pasco habría construido una organización delictiva dedicaba a cobrar sumas de dinero ("diezmo') a cambio de la entrega de la ejecución de obras de infraestructura y de servi-cios a empresarios constructores, quienes habrían constituido sus empresas con la finali-dad de defraudar al Estado peruano, según la hipótesis de la Fiscalía. Cabe señalar, que estos hechos se encuentran en etapa de Juicio Oral ante el Juzgado Unipersonal de la Sala Penal Nacional de la Corte Superior de Justicia de Lima por los presuntos delitos de asocia-ción ilícita para delinquir y negociación incompatible.

AMAZONAS: Pagos injustificados por adicionales y ampliaciones en obras públicas

Se advierte que el Gobierno Regional de Amazonas, en el año 2011, durante la gestión de José Ber-ley Arista Arbildo, se contrató al Consorcio Alto Marañón a efecto que realice la obra pública “Mejoramiento de la carretera Bagua Grande – Cajaruro- Bagua – Cruce IV Eje Vial”, por el monto de S/ 37’547,772.00. Al respecto, según el “Informe de valorización de adicionales y adelantos de pago”, en la etapa de ejecución de esta obra pública se habría abonado al mencionado Consorcio hasta 8 adicionales por mayores gastos generales y por ampliaciones de plazo injustificados, haciendo un to-tal de S/ 3'177,228.71 y S/. 970,825.66, hechos que evidenciarían una enorme sobrevaloración de la obra en perjuicio del Estado. Cabe señalar que estos hechos se encuentran en etapa de Investigación Preparatoria ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Amazonas, por el delito de colusión agravada en con-tra, entre otros, del señor Edilberto Delgado Peña en su condición de Gerente Subregional de Bagua, quien actualmente es candidato al Gobierno Regional de Amazonas.

AREQUIPA: Favorecimiento a consorcio durante la construcción de Carretera La Joya El ex Gobernador Regional de Arequipa, Juan Guillén Benavides, es acusado del presunto delito de colusión agravada, junto a otros 21 investigados, por favorecer a la empresa Jack López In-genieros S.A.C. y otras compañías que formaron un consorcio a fin de ganar la licitación para la elaboración de los estudios definitivos de la carretera a La Joya. De acuerdo a la investigación fiscal, el Gobierno Regional, a cargo de Guillén Benavides, direccionó el proceso de licitación para que salga ganador el consorcio integrado por las empresas españolas Clothos, EPYPSA y la peruana Jack López Ingenieros SAC. El estudio estaba valorizado en S/ 9 millones 900 mil. El GRA canceló 6 millones 435 mil soles al con-sorcio (españoles) y adeudan S/ 3 millones.

BIENES Y SERVICIOS Los numerales 3 y 48 del Anexo Único del anterior Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2008-EF, definen a los “bienes” y al "servicio en general" como: i) “Son objetos que requiere una Entidad para el desarrollo de sus actividades y el

cumplimiento de sus funciones y fines”, y ii) "La actividad o labor que realiza una persona natural o jurídica para atender una necesidad de la entidad, pudiendo estar sujeta a resultados para considerar terminadas sus prestaciones.", respectivamente.

Ahora bien, la citada definición de “bienes” es la misma que la establecida en el Anexo Único del Reglamento vigente, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF; sin embargo, la definición de "servicio en general" si bien es la misma que la establecida en el Anexo de Definiciones del derogado Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM, ha sido modificada en la normativa vigente quedando establecida como: “Cualquier Servicio que puede estar sujeto a resultados para considerar terminadas sus prestaciones.” En consecuencia, se exponen los siguientes casos de corrupción, considerando que los casos sobre “bienes” se encuentran vinculados con la vigente y anterior normativa de contrataciones

del Estado, y el caso de "servicio en general" bajo el derogado TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante D.S. No.083- 2004-PCM y su Reglamento, aprobado por D.S. No.084-2004-PCM: PASCO: Defraudación al Estado en adquisición de ambulancias En el año 2016, el Gobierno Regional de Pasco adquirió 22 ambulancias valorizadas en casi 6 millones de soles a la empresa Automotores Mopal S.A., ganadora de la licitación pública. Sin embargo, una pericia fiscal destapó una serie de actos ilícitos ocurridos durante este proceso. Los bienes adquiridos fueron entregados con desperfectos (grietas y fisuras), incumpliéndose las especificaciones técnicas, a pesar de ello, fueron recibidas por los representantes de la enti-dad regional que, en concertación con el Gobernador Teódulo Quispe Huerta, habrían de-fraudado patrimonialmente al Gobierno Regional de Pasco, autorizando que se desembolse la suma de S/ 5’885,990 (cinco millones ochocientos ochenta y cinco novecientos noventa soles), a favor de la empresa. En julio del presente año, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Pasco formalizó la investigación contra la máxima autoridad regional y otros por los presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible. PASCO: Irregularidades en alquiler de maquinaria pesada y equipo para construcción El entonces alcalde de la Municipalidad Distrital de Paucartambo, Klever Uribe Meléndez Gama-rra, en complicidad con funcionarios del Comité de Contrataciones, el Gerente de Asesoría legal del municipio y otros, se habrían coludido para favorecer al Consorcio Paucar, durante el año 2007, a fin de adjudicar la buena pro para el alquiler de maquinaria pesada y equipo para la construcción de una carretera, ocasionando un perjuicio al Estado ascendente a S/ 3’ 277,448, según una pericia de Contraloría. El caso se encuentra en etapa intermedia en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Pasco. Los funcionarios antes mencionados son procesados por los presuntos delitos de co-lusión agravada, falsedad ideológica, otros.

LA LIBERTAD: Irregularidades en adquisición de insumos para el Programa Vaso de Leche El ex alcalde de la Municipalidad Distrital de Jequetepeque, Pablo Martín Álvarez Castañeda, junto a un grupo de funcionarios de la entidad edil, se habrían coludido para favorecer a la empresa Procesadora de Alimentos Perú S.A.C., en un proceso de selección para la adquisición de insu-mos alimenticios para el abastecimiento del Programa Vaso de Leche, correspondiente al periodo 2011 - 2012. Estos hechos perjudicaron a la población beneficiaria con estos insumos. Cabe precisar, que de acuerdo al Reglamento y Funciones de esta entidad edil, el burgomaestre presi-día el Comité de Administración de este programa social, instancia máxima responsable de la organiza-ción, administración de recursos y ejecución. Ante las graves irregularidades, la autoridad edil está siendo procesada por el presunto delito de negociación incompatible y otros. Actualmente, el caso se encuentra en Juicio Oral, no obstante, desde el 2016, Álvarez Castañeda afronta un pedido de captura en su contra, sin em-bargo, a la fecha está prófugo de la justicia.

Capítulo 7 REDES DE CORRUPCION 4. 1. CASO ODEBRECHT EN PERÚ El Caso Odebrecht en Perú se refiere a la prolongación en este país del escándalo de corrupción protagonizada por la empresa constructora brasileña Odebrecht, que ha involucrado a varios políticos, funcionarios y empresarios en la recepción de coimas para favorecer a dicha empresa en la licitación de obras públicas (cohecho, colusión y tráfico de influencias), así como en la entrega de dinero ilícito a favor de las campañas electorales de

diversos candidatos presidenciales (lavado de activos). Ha ocasionado graves consecuencias en el ambiente político y empresarial en el Perú.1 Un ex presidente (Ollanta Humala) se halla con comparecencia restringida por lavado de activos, luego de haber estado nueve meses con prisión preventiva (acusado de recibir, junto con su esposa Nadine Heredia, dinero ilícito para financiar sus campañas electorales de 2006 y 2011); otro con orden de captura (Alejandro Toledo Manrique) por tráfico de influencias, colusión y lavado de activos (se le acusa de recibir una coima de 20 millones de dólares para favorecer a Odebrecht en la licitación de la Carretera Interoceánica); otro (Pedro Pablo Kuczynski) se halla con impedimento de salida del país y bajo investigación por supuesto conflicto de intereses y corrupción cuando fue ministro de Estado en el gobierno de Toledo; y otro (Alan García) se halla bajo investigación por el asunto de las coimas que recibieron funcionarios de su segundo gobierno con respecto a la obra emblemática de su gestión, el metro de Lima. En el caso de Kuczynski, la revelación de que su empresa unipersonal había hecho consultorías a empresas relacionadas con Odebrecht cuando fue Ministro de Estado entre 2004 y 2006, acentuó la crisis política entre el 2017 y 2018, propiciada por la mayoritaria oposición fujimorista en el Congreso. Kuczynski fue sometido a dos procesos para vacarlo del cargo de presidente de la República, por incapacidad moral permanente (esto último, según sus acusadores, por haber mentido reiteradamente sobre su relación laboral con Odebrecht, y por presunto conflicto de intereses y corrupción cuando fue ministro bajo Toledo). Finalmente, Kuczynski se vio obligado a renunciar a la presidencia, tras revelarse que sus allegados habían intentado comprar la voluntad de congresistas de la oposición para favorecerlo en la votación en el Congreso por la vacancia.

También han sido involucrados tres ex presidentes regionales por recepción de coimas (Félix Moreno, César Álvarez y Jorge Acurio, el primero con orden de comparecencia y los dos últimos con prisión preventiva); la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán (investigada por recibir dinero ilícito en tres casos: la campaña del No a la Revocatoria, su campaña para la reelección y por Rutas de Lima) con su ex Gerente Jose Miguel Castro; el parlamentario andino Mariano González por las consultorías hechas a la Vía Evitamiento del Cuzco; los dueños de las contratistas más grandes del Perú (Graña y Montero, JJ Camet, ICGSSA, Obrainsa, etc.); funcionarios y ex ministros del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del gobierno de Toledo (por el caso de la Interoceánica) y del gobierno aprista de 20062011 (por el caso del tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima); empresarios de la clase alta limeña como José Zaragozá (abogado), Gustavo Salazar (presidente del club Regatas), Miguel Atala (ex presidente de Petro Perú), Gabriel Prado (ex gerente de la caja Metropolitana), Susana de la Puente (Ex Embajadora de Londres) y Ricardo Briceño (ex presidente de la CONFIEP); además de la lideresa del partido Fuerza Popular Keiko Fujimori y otros miembros de la cúpula fujimorista (Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya) que son investigados por financiar su campaña electoral del 2011 con dinero ilícito. 4.1.1 CASO LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA El tren eléctrico, ahora Metro de Lima, fue proyectada durante el primer gobierno de Alan García. Sin embargo, por razones al parecer políticas, gobiernos posteriores no lo continuaron y no fue sino hasta el segundo gobierno de mismo Alan García que fue relanzada, convirtiéndose en la obra emblemática de su gestión.

Por un decreto de urgencia se encargó al ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), encabezado por Enrique Cornejo, a hacerse cargo de la concesión de la obra; la Municipalidad de Lima simultáneamente acordó firmar un convenio con el MTC para viabilizar la obra. La licitación la ganó la empresa Odebrecht. Se creó Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE), presidida por Oswaldo Plasencia, que tuvo una serie de atribuciones en la ejecución del contrato, como prescindir del aval de la Contraloría de la República, del Ositrán e incluso del MTC, así como aprobar de adendas, adicionales de obras y expedientes técnicos. La primera Comisión Lava Jato del Congreso, presidida por Juan Pari en 20152016 encontró irregularidades en el desarrollo de la mega obra.22 Cuando se desveló el escándalo Odebrecht en diciembre de 2016, la empresa brasileña confesó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos haber dado 1.400.000 dólares «a un funcionario de alto nivel del gobierno peruano y a miembros del comité de licitaciones» del Metro de Lima para ganar la adjudicación. Luego, el 20 de enero del 2017, Odebrecht entregó a la fiscalía peruana información reservada sobre el caso, como parte de un acuerdo preliminar para colaborar con la justicia peruana, en el que reveló que el pago en coimas fue por 8.100.000 dólares (1.400.000 para el tramo 1 y 6.700.000 para el tramo 2). Los implicados eran funcionarios de segundo nivel, siendo el más importante Jorge Cuba Hidalgo, ex viceministro de Comunicaciones, subordinado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El primer arrestado fue Edwin Luyo Barrientos, ex miembro especial del comité de licitación del tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, que de acuerdo a la fiscalía recibió 300.000 dólares. Después se detuvo a Miguel Navarro, extrabajador del viceministerio de Comunicaciones, es decir, subordinado de Jorge Cuba.

Navarro había sido distinguido en el 2010 con la «Orden al Mérito de Transportes y Comunicaciones» por sus gestiones para que el Metro de Lima se edifique. Admitió su delito el 26 de enero de 2017 y decidió acogerse a la confesión sincera. «Señor juez, yo he aceptado los cargos que se me imputan y estoy muy arrepentido. Me acojo a la confesión sincera. Estoy muy arrepentido y pido perdón al Estado peruano y a la sociedad. Lo siento mucho», dijo. Sin embargo, después se desdijo. 4.1.2. CASO KEIKO FUJIMORI Y FUERZA POPULAR Ya desde dos años antes del estallido del escándalo Odebrecht, el partido Fuerza Popular, encabezado por Keiko Fujimori, se hallaba en investigación por el tema del financiamiento de su campaña electoral previa a las elecciones del 2011, cuando participó con el nombre de Fuerza 2011. Una parte del millonario financiamiento de dicha campaña había sido sustentado ante la ONPE con supuestos aportes voluntarios de numerosos simpatizantes, a través de la realización de cócteles y rifas.En octubre de 2015, un estudiante de Derecho, David Apaza Enríquez, al constatar que las cuentas entregadas por Fuerza Popular a la ONPEno cuadraban, presentó ante la Fiscalía la primera denuncia contra dicho partido, bajo la tesis de que el financiamiento de la campaña electoral del 2011 se había hecho en realidad con dinero ilícito («aportes fantasmas») y por lo tanto se trataría de un caso de lavado de activos. La Fiscalía abrió investigación el 2 de noviembre de 2015. Fue el inicio del llamado Caso Cócteles. Surgieron otras denuncias contra Fuerza Popular, todas bajo la presunción de lavado de activos. También surgieron denuncias contra la misma Keiko Fujimori y su esposo Mark Vito Villanella, tras revelarse que este último había hecho una compra de terrenos en Chilca por 617 329 dólares. En marzo de 2016, el fiscal Germán Juárez Atoche abrió una investigación preliminar a Keiko Fujimori y a su esposo.

El revelación del caso Odebrecht dio más pistas a la investigación por lavado de activos. El colaborador eficaz Jorge Barata, representante de Odebrecht en el Perú, reveló que sostuvo reuniones con la ex candidata presidencial Keiko Fujimori durante la campaña electoral del 2011. En mayo de 2017, Marcelo Odebrecht confirmó que entregó dinero a los principales candidatos presidenciales del 2011, entre ellos a la candidata fujimorista. Más tarde, la situación de Keiko se complicó cuando se reveló que en la agenda de Odebrecht había una nota con el nombre de la ex candidata presidencial junto a un monto (el texto decía: «Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita»). Se dijo que la cifra aludía a quinientos mil dólares y que era un aporte para su campaña electoral de 2011.29 En septiembre de 2017 el fiscal de la Nación Pablo Sánchez ordenó que un solo fiscal titular se encargara de investigar todas las denuncias aparecidas contra Keiko Fujimori y su partido, que quedaron bajo la competencia del subsistema especializado en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio. El fiscal designado fue José Domingo Pérez, que en octubre del mismo año adecuó la investigación a la Ley de Crimen Organizado y amplió a 36 meses el plazo para la investigación. En noviembre de 2017, los fiscales peruanos viajaron a Brasil, donde escucharon el testimonio de Marcelo Odebrecht de haber entregado dinero para la campaña de Keiko Fujimori, aunque señalando que Barata era el único que podía confirmar el monto exacto. También reveló que las iniciales AG que aparecen en su agenda se referían al expresidente Alan García, quien estaba muy interesado que Odebrecht ganara la licitación del gaseoducto del Sur Peruano, entre otras obras

4.1.3CASO ALEJANDRO TOLEDO El juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de Perú, dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo, haciendo lugar a la solicitud presentada por el fiscal Hamilton Castro, cabeza del equipo especial encargado de investigar las ramificaciones del caso Lava Jato en Perú. Toledo es acusado de recibir 20 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para favorecerla en la licitación de la Carretera Interoceánica Sur, que une Perú y Brasil. Hay que señalar que ya desde años antes, Toledo y su esposa Eliane Karp tenían abierto un proceso por lavado de activos, el llamado caso Ecoteva, por una cuenta offshore que estaba a nombre de la suegra de Toledo, Eva Fernenbug, en la que estaban depositados millones de dólares que se usaron para adquirir inmuebles en el Perú (una casa en Las Casuarinas valorado en $ 3.800.000 y el Edificio Omega de Surco de $ 882.000), así como para pagar las hipotecas de dos casas de Toledo (en Camacho y Punta Sal). Al no poder sustentar el origen de esos fondos, la fiscalía de lavado de activos abrió la investigación que lo llevó a rastrear que el dinero fue traspasado desde una cuenta de la compañía Confiado Internacional Corp., de propiedad de Josef Maiman, empresario peruano-israelí y amigo cercano de Toledo, por lo que el expresidente quedaba así seriamente involucrado. El caso Ecoteva se destapó en el 2013; luego, en el 2016 sobrevino las revelaciones de Barata sobre la coima de los 20 millones cobradas por Toledo a Odebrecht, con lo que la investigación de Ecoteva tomó una nueva perspectiva. La tesis de la fiscalía es que el dinero de Ecoteva es producto de la coima cobrada por Toledo a Odebrecht u otras empresas como Camargo y Correa, y que sirvieron de testaferros Maiman y Fernenbug. El caso Ecoteva estaría así enlazado con el caso Odebrecht, e incluso hubo un pedido para fusionar ambos casos.

De hecho, de los 20 millones señalados como la coima de Odebrecht a favor de Toledo, la fiscalía ha rastreado depósitos por más de 11 millones en las cuentas de Maiman, en el Citibank y en el Barclays Bank PLC de Londres. Alejandro Toledo, que al momento de la orden de su detención estaba en paradero desconocido, a través de su abogado Heriberto Benítez reclamó la comparecencia restringida como condición para entregarse, lo que se le negó. La justicia peruana lo declaró prófugo e incluso el gobierno ofreció cien mil dólares de recompensa para quien informara de su paradero. Conocida su ubicación en los Estados Unidos, se le abrió un cuadernillo de extradición. Para sustentar este pedido ante las autoridades estadounidenses, el Ministerio Público hizo un informe detallado sobre las diversas medidas que Toledo habría dado a favor de la empresa brasileña y que lograron dificultar la intervención y competencia de otras empresas. Entre estos actos, estarían la emisión de resoluciones y decretos relacionados con el proyecto de la Carretera Interoceánica, exoneración del SNIP y reducción de exigencias normativas. El 15 de marzo de 2018, la Corte Suprema declaró procedente el pedido de extradición, siendo luego aprobado por el Poder Ejecutivo, que publicó la resolución suprema respectiva el 21 de marzo. Luego se procedió a traducir el cuaderno de extradición al inglés. Tras algún tiempo de espera, la Fiscalía envió el expediente a la Cancillería, que lo remitió a los Estados Unidos. Se calcula que el proceso para la extradición de Toledo podría durar tres años.Asimismo, en febrero de 2018, Barata declaró haber aportado setecientos mil dólares para la campaña electoral de Toledo del 2001, y que el intermediario para la entrega fue Avraham 'Avi' Dan On, el jefe de seguridad del expresidente y su hombre de confianza (involucrado también en el caso Ecoteva, igualmente como supuesto intermediario en la recepción de los dineros).

4.1.4. CASO ALAN GARCÍA El expresidente Alan García es investigado por el Caso del Metro de Lima, en el que se habría favorecido a la empresa Odebrecht en la concesión de los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima. Así lo dispuso el fiscal anticorrupción Hamilton Castro Trigoso, quien abrió una investigación preliminar contra Alan García por los delitos contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias, tras encontrar nuevas pistas como las iniciales AG en la agenda de Marcelo Odebrecht junto a un monto de 100 000 de dólares, por el proyecto Olmos en Cajamarca, y otras pistas como las reuniones que sostuvo con Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, junto con el expresidente de Brasil Lula da Silva. García se ha mostrado dispuesto a colaborar con las investigaciones, acudiendo a las citas con la Fiscalía anticorrupción; siempre ha negado haber recibido coimas u otros beneficios para favorecer a las empresas en obras públicas y siempre ha recalcado que nadie le ha imputado directamente a él, ni Barata ni ningún colaborador eficaz, a diferencia de lo que ocurre con otros expresidentes o exfuncionarios. «Otros seguramente estarán implicados, yo no», suele decir siempre.En febrero de 2018, trascendió que Barata había revelado la entrega de un aporte de doscientos mil dólares para la campaña electoral de García del 2006 (en la que ganó la presidencia), por intermedio de Luis Alva Castro, el antiguo ministro de Economía del primer gobierno de García (y que luego, ya en el segundo gobierno, fue ministro del Interior). Otra versión dice que fue para la campaña aprista de 2011, cuando postuló a la presidencia de la República Mercedes Aráoz, como invitada por el partido aprista.

El 31 de mayo de 2018, el fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez Gómez, dispuso reactivar la investigación sobre Alan García por el presunto delito de lavado de activos, en el caso de la supuesta recepción de dineros de Odebrecht para financiar sus campañas electorales. En el mismo sentido se abrió investigaciones preliminares a los ex presidentes Toledo y Kuczynski 4.1.5. CASO OLLANTA HUMALA Y NADINE HEREDIA Según las primeras declaraciones de Jorge Barata, la empresa Odebrecht habría entregado tres millones de dólares para financiar la campaña electoral de Ollanta Humala del 2011, por intermedio de Nadine Heredia, la esposa de Humala. Posteriormente, se precisó que el montó exacto fue de $ 2.800.000.9 La entrega del dinero habría sido autorizada por el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y habría salido de la caja que la empresa tenía con el Partido de los Trabajadores, que manejaba el ex ministro Antonio Palocci, conocido como ‘Italiano’. En mayo de 2017, el dueño de la empresa, Marcelo Odebrecht, confirmó la entrega de ese dinero. El 13 de julio de 2017, el juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de Perú, dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente y su esposa, hasta que terminen las investigaciones. Al día siguiente, Humala fue internado en el penal de la Diroes (Ate), el mismo lugar donde se hallaba entonces preso Alberto Fujimori. En cuanto a Nadine Heredia, fue internada en el penal Virgen de Fátima, anexo al penal de Mujeres de Chorrillos. Ambos presentaron sendos recursos de apelación para que se revocasen sus prisiones preventivas, lo que fue rechazado por la Sala de Apelaciones, el 4 de agosto de 2017.

Como fundamento de la prisión preventiva, se adujo que había una probabilidad de obstrucción a la justicia (se mencionaron como ejemplo unos audios referidos a otro caso contra Humala, el de Madre Mía, en la que este supuestamente intenta comprar a los testigos) y un peligro de fuga (se recordó el viaje de Nadine a Europa por la FAO y el hecho de que la pareja enviara a sus hijas a los Estados Unidos cuando ya había un pedido de la fiscalía de 18 meses de prisión preventiva). Humala y Heredia presentaron un habeus corpus ante el Tribunal Constitucional, que después de evaluar el caso, decidió, con cuatro votos a favor y tres en contra, ordenar la libertad de ambos, para que sigan sus procesos judiciales en comparecencia restringida. Dicho dictamen se dio el 27 de abril de 2018 y se sustentaba en que no hubo una adecuada fundamentación del riesgo procesal para que el juez dictara la prisión preventiva.54 Tras una semana de su liberación, la Fiscalía ordenó la incautación de seis inmuebles de la ex pareja presidencial, además de cuentas bancarias y autos de lujo comprados supuestamente con dinero recibido de las empresas Odebrecht, OAS y con dinero de la dictadura chavista. 4.1.5. CASO KUCZYNSKI El ex presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski, que había asumido ese cargo en julio de 2016, pocos meses antes del estallido del escándalo, también fue incluido en la investigación del Caso Lava Jato, por haber sido primer ministro bajo el gobierno de Toledo (cuando se dio la adjudicación de la carretera interoceánica a la empresa Odebrecht) y por el presunto financiamiento que recibió de parte de la misma empresa en su campaña a la presidencia del 2011. Al respecto, PPK envió en octubre de 2017 un oficio a la comisión Lava Jato del Congreso en el cual explicaba los asuntos en las que podría ser consultado, y que respondería por escrito.

La negativa de Kuczynski de recibir en persona a la Comisión, se debía a que, según su versión, cuando en febrero de 2017 recibió a la Comisión de Fiscalización (presidida por Héctor Becerril), había recibido una serie de insultos. Sin embargo, la bancada fujimorista exigió que las explicaciones los diera en persona e incluso impulsó un proyecto de ley para que un presidente de la República esté obligado a comparecer ante las comisiones del Congreso, lo cual, según los expertos constitucionalistas, no tiene sustento en la Constitución. En sus declaraciones a los fiscales peruanos en noviembre de 2017, Odebrecht dijo que contrató a Kuczynski como consultor de su empresa luego de que este dejara de ser primer ministro en 2006, como una manera de reparar una relación que se había roto debido que PPK se había negado a ejecutar la Interoceánica.30 Esta declaración tuvo mucha resonancia y alimentó la exigencia de que el presidente debía responder en persona ante la comisión del Congreso. Este, sin embargo, negó tajantemente haber tenido algún vínculo laboral con la empresa Odebrecht y que tampoco recibió aportes de la misma para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016. En diciembre de 2017, la presidenta de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra, insistió en que Kuczynski respondiera en persona ante dicha comisión, dándole como una especie de ultimátum. Ante la reiterada respuesta de PPK de que solo respondería por escrito, Bartra hizo la revelación de los pagos que la empresa Odebrecht había hecho entre 2005 y 2006 a las empresas de consultoría Westfield Capital y First Capital, vinculadas al presidente Kuczynski, en ese entonces ministro de Estado.

Cabe destacar sin embargo, que ninguno de esos pagos eran coimas, sino que eran todos legales; lo que se cuestionaba era el hecho de Kuczynski los recibiera a través de su empresa unipersonal siendo ministro de Estado, algo prohibido constitucionalmente. Apremiado por las revelaciones, Kuczynski aceptó haber recibido un pago de consultoría por el proyecto H2 Olmos, de la misma empresa brasileña, en el 2012. Ello no hizo sino más que aumentar la tensión política por las supuestas contradicciones y mentiras de Kuczynski. 4.2. CASO CUELLOS BLANCOS DEL CALLAO El 29 de julio de 2018 se detuvieron a 11 presuntos miembros de la organización "Los Cuellos Blancos del Puerto". Entre los implicados se encuentra al gerente de Iza Motors, Antonio Camayo; el ex funcionario de la ONPE Luis Cavassa, el empresario textil Mario Mendoza, el vocal superior Victor León y servidores públicos de la Corte del Callao. Según la indagación fiscal se les acusa de presunta comisión de los delitos de criminalidad organizada, tráfico de influencias, cohecho pasivo propio y otros ilícitos en agravio del Estado. La organización estaría presuntamente diseñada mediante tres: red interna (jueces y personal administrativo), red externa (abogados litigantes y empresarios) y la tercera red (juez supremo y exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura). Según el informe de la fiscal Sandra Castro tomado como base las declaraciones de los colaboradores eficaces incluyó como 12 presuntos integrantes de la organización criminal –a jueces supremos, fiscales supremos y ex integrantes del CNM– entre ellos estarían señalados los jueces supremo Martín Hurtado, Aldo Figueroa y Ángel Romero; los fiscales supremo Pedro Chávarry, Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza. El 19 de agosto de 2018, El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado en Corrupción dictó 36 meses de prisión preventiva contra 12 implicados.

En el caso del presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, la Oficina de Control de la Magistratura inició investigación en su contra. así como la suspensión y apartar de sus funciones hasta que culmine su proceso disciplinario. El 13 de julio de 2018 renunció al cargo de la Corte del Callao. El 16 de julio de 2018, la policía allanó el domicilio y detuvo al juez Walter Ríos a pedido del fiscal Jaime Velarde y autorizado por el juez Luis Cevallos. La Fiscalía solicitó 36 meses de prisión preventiva. El juez Luis Cevallos dictó 18 meses de prisión preventiva. En el caso de los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, el mismo organismo inició un proceso de vacancia contra el consejero Julio Gutiérrez Pebe y pedido de destitución contra consejero Iván Noriega Ramos. Luego que se difundieran los audios que los implicaban, los consejeros Guido Águila, Julio Gutiérrez e Iván Noguera renunciaron al CNM. Asimismo se sumaron la renuncia de Orlando Velásquez (presidente de la institución) y accesitarios. El Poder Judicial ordenó el impedimento de salida del país por 4 meses a Guido Aguila, Orlando Velásquez y Sergio Noguera. Por otra parte, el juez supremo César Hinostroza fue suspendido por acuerdo del CNM. La Fiscalía solicitó el impedimento de salida del juez supremo. El juez instructor de la Corte Suprema ordenó el impedimento de salida del país. 4.2.1. RENOVACIÓN A MIEMBROS DE LA CONGRESO DEL CONGRESO NACIONAL DE MAGISTRATURA El 10 de julio de 2018 la Junta de Portavoces del Congreso acordó encargar a la Comisión de Justicia el análisis sobre la aplicación el artículo 157 de la Constitución a miembro de Consejo Nacional de la Magistratura. El informe de la Comisión de Justicia que recomienda la remoción fue aprobada el 19 de julio de 2018. El 17 de julio de 2018, el presidente de la

República, Martín Vizcarra convocó un pedido de legislatura extraordinaria para que se debata la remoción de los miembros del CNM apelado el artículo 157 para el 20 de julio de 2018, siendo aceptada la admisión por la Junta de Portavoces del Congreso. La remoción fue aprobada por el Congreso con 118 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones a los consejeros Orlando Velásquez, Iván Noguera, Julio Gutiérrez Pebe, Baltazar Morales, Hebert Marcelo Cubas, Guido Aguila y Maritza Aragón

4.3.

EL CASO ‘LA CENTRALITA’

Capítulo 8 Esta investigación se originó tras la denuncia de un presunto centro de espionaje en Chimbote, luego involucró acusaciones de supuesta extorsión a empresarios y terminó convirtiéndose en un caso internacional luego de que la constructora brasileña Odebrecht reconociera que había pagado coimas al ex funcionario ancashino.

el colaborador 02-2017 detalló cómo se realizaron los presuntos pagos ilegales para Álvarez. Así, narró que el ex funcionario de Áncash Dirsse Valverde Varas –a quien se atribuye ser el cajero de la organización– se reunió con los representantes de Odebrecht Ricardo Paredes Reyes y Raymundo Serra, a fin de acordar la forma de pago.

Valverde fue derivado con el brasileño Eleuberto Martorelli, quien era el director de inversiones de la concesionaria Iirsa Sur y Norte, y que por su cercanía con el ex director ejecutivo de Odebrecht en el Perú Jorge Barata “determinó que se celebrarían unos contratos por el concepto de asesorías técnicas”.

Cada contrato sería de S/60 mil. Estos se hicieron entre el 2010 y el 2012 por un total de S/463.333 o US$160.322 al cambio. A ello se suman otros cuatro pagos por US$600 mil realizados a la cuenta de la empresa Cirkuit Planet Limited , ubicada en Hong Kong, cuya titularidad

sería

del

empresario

israelí

Mauricio

Fatelevich.

El colaborador eficaz 03-2017 sostiene que Dirsse Valverde –por orden de Álvarez– le entregó la cuenta a Martorelli, quien a su vez se la entregó a Barata. En total, estas transferencias fueron por US$2,4 millones.

“El ingeniero Ricardo Paredes Reyes le informaba al ingeniero Eleuberto Martorelli que ya se le había efectuado el débito al consorcio vial Chacas-San Luis, desde el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht Brasil”, sostuvo este colaborador.

Fuentes allegadas al proceso comentaron que el mismo Dirsse Valverde había solicitado ser colaborador eficaz. Sin embargo, su situación legal no se definió

4.3.1.Diezmos Además de la confirmación de los presuntos sobornos de la empresa brasileña por la carretera Chacas-San Luis, el fiscal ha logrado que otros colaboradores se refieran a la entrega de ‘diezmos’ que otras empresas pagaron por algunas obras públicas ancashinas. Según la declaración del colaborador eficaz de clave S14042014, los ‘diezmos’ eran manejados por el ex alcalde del Santa Luis Arroyo, por encargo de César Álvarez. Estos montos, según el documento obtenido por El Comercio, “oscilaban entre S/80 mil y S/100 mil”.

“Los denominados ‘diezmos’ eran traídos de manera encubierta en tápers de comida y en algunas ocasiones eran entregados directamente a Roy Castillo por la puerta posterior de la Subregión Pacífico”, se lee en el documento.

El mismo colaborador señala, por ejemplo, que se recibieron ‘diezmos’ por las obras “Enrocado de la defensa ribereña de Chimbote” (valorizada en S/5 millones), “Pistas de la avenida Industrial” (valorizada en S/40 millones), “Mejoramiento del sistema de agua en el A.H. Miraflores (S/9 millones), “Pistas y veredas en el A.H. Miraflores” (S/5 millones) y otras.

Si bien hace poco la Corte Suprema resolvió que Álvarez había cumplido exceso de carcelería por el Caso ‘La Centralita’, este no saldrá libre, pues tiene vigente la orden de prisión por el asesinato de Ezequiel Nolasco.

4.4.

LOS TOPOS DE LIMA SUR

La organización criminal denominada “Los Topos de Lima Sur” se habría instalado en el aparato administrativo de la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo, tan pronto como el entonces teniente alcalde Ángel Ignacio Chilingano Villanueva asumió el cargo de burgomaestre, luego de haberse declarado la vacancia del alcalde electo Carlos Alberto Palomino Arias.Es precisamente en esta situación, que aprovechándose del máximo cargo edil, Ángel Chilingano, conjuntamente con su hermano Fortunato Chilingano Villanueva, habrían organizado y promovido desde la administración de la entidad una estructura delictiva con la finalidad de obtener beneficios económicos y otras ventajas a través del municipio, en complicidad con funcionarios y servidores públicos.

Entre los presuntos propósitos de esta red estaba el recuperar, mediante acciones ilícitas, el dinero invertido en la presunta campaña de desprestigio en contra del entonces alcalde Carlos Palomino con la finalidad de sacarlo del cargo. Según las declaraciones públicas del investigado Fortunato Chilingano, la cantidad ascendía a un millón de soles.

Las operaciones delictivas de esta organización, de acuerdo a la investigación fiscal, habrían comenzado a gestarse en febrero del año 2017, materializándose mediante cobros indebidos efectuados a discotecas, centros comerciales y mercados. Asimismo, operativos contra

empresas de transportes, madereras, avícolas, instituciones educativas particulares, además de los cobros indebidos por concepto de multas.

Estas acciones se realizaron a través de las diversas sub gerencias la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo, entre otras, la de Fiscalización, Transportes, Gestión de Riesgo de Desastres, en las cuales se accionaban los operativos para coaccionar a los empresarios formales e informales a entregar dinero o especies a cambio de permitir que trabajen en el distrito. El dinero recaudado mediante estos actos delictivos era entregado a los hermanos Ángel y Fortunato Chilingano Villanueva.

SITUACIÓN ACTUAL

El proceso que se encuentra a cargo de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur investiga a 17 personas que integrarían esta red delictiva por los presuntos delitos de Organización criminal, Cohecho activo, Concusión, entre otros. El perjuicio económico ocasionado al Estado ascendería a 2 millones de soles aproximadamente, según lo considerado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción.

4.5.

LOS LIMPIOS DE LA CORRUPCIÓN

Entre los años 2007 y 2014, la Municipalidad Provincial de Chiclayo fue escenario de diversos hechos delictivos. La administración de la entidad edil fue usurpada por una red de funcionarios que se habría apropiado ilícitamente del dinero del tesoro público afectando gravemente los intereses del Estado, repercutiendo negativamente en el desarrollo de esta ciudad, ubicada en la región de Lambayeque.

Esta organización criminal, denominada “Los Limpios de la Corrupción”, fue liderada por el entonces alcalde de Chiclayo Roberto Torres Gonzales, que en complicidad con trabajadores del municipio, de la Empresa Prestadora de Servicios Lambayeque (EPSEL), del Servicio de Administración Tributaria (SATCH), entre otras entidades estatales, habrían cometido actos de conversión, ocultamiento y transferencia de bienes y dinero producto de acciones relacionados con el delito de Corrupción de Funcionarios. Torres Gonzales fue electo alcalde de Chiclayo en las Elecciones Regionales y Municipales del año 2006, siendo reelecto en los comicios del año 2010, como candidato del Movimiento Regional Manos Limpias, del cual es líder fundador. Pese a las denuncias y procesos en su contra que registra desde que inició su gestión edil, el entonces burgomaestre aspiraba a un tercer mandato, propósito que se vio frustrado con su captura. La forma de operar de “Los Limpios de la Corrupción”, según la investigación del Ministerio Público, se efectuó de la siguiente manera: 1) Contratación de bienes y servicios a través de compras fraccionadas, adjudicadas a empresas de reciente creación, que no presentan ninguna garantía y además no otorgan el bien o servicio pagado, 2) Creación de empresas fantasmas para adjudicarse licitaciones de bienes y servicios, las mismas que aparecen a nombre de familiares o amigos cercanos de algunos funcionarios públicos, 3) Adjudicación de la buena pro a empresas constructoras y otras empresas previo pago de un porcentaje del valor del dinero a pagar y 4) Obtención de Licencias, pago de tributos municipales y otros sin registrar el ingreso al SATCH y/o a las arcas de la Municipalidad de Chiclayo y 5) Pago total de las deudas judiciales (beneficios

laborales) y remuneraciones atrasadas, a ex servidores o funcionarios públicos previo desembolso de una suma dinerario, a favor de algún miembro de la organización. A consecuencia de estas acciones delictivas, el patrimonio del entonces alcalde de Chiclayo Roberto Torres se incrementó considerablemente, al igual que el de su pareja Kattiuska del Castillo y el de su hija Nataly Torres Alarcón, asimismo, el de sus principales colaboradores. Los integrantes de esta red habrían invertido el dinero proveniente de la corrupción en bienes como vehículos, inmuebles, propiedades y otros, que registraban a nombre de testaferros. En algunos casos, realizaron traslados de dinero al extranjero, que posteriormente eran depositados en cuentas en países conocidos como paraísos fiscales. En el año 2014, el Poder Judicial ordenó la captura del entonces alcalde de Chiclayo Roberto Torres, de su pareja Kattiuska del Castillo y de otras 20 personas, siendo procesados por los presuntos delitos de Peculado Doloso, Cohecho Pasivo Propio, Cohecho Pasivo Especifico, Tráfico de Influencias, Colusión Agravada, Cohecho Activo Genérico, Negociación Incompatible Omisión de Actos Funcionales, Lavado de Activos, Asociación Ilícita para Delinquir, entre otros, en agravio del Estado, que en este caso se encuentra representado por la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Situación actual El presente proceso se encuentra a la fecha dividido en dieciocho expedientes, que a su vez se encuentran en etapa intermedia (Controles de Acusación), otros en Juzgamiento, apelaciones, en casación y uno en ejecución de sentencia.

4.4

CASO SAN BARTOLO

El ex alcalde Jorge Luis Barthelmess Camino, ocupaba la alcaldía de San Bartolo desde enero de 2003, habiendo sido reelegido en tres oportunidades. Durante su gestión, se cometieron diversas irregularidades que formaron parte de investigaciones por presuntos actos de tráfico de terrenos, contratación de trabajadores fantasmas, servicios y obras

inexistentes. Según las cifras, son más de 20 investigaciones que se le sigue al ex burgomaestre, por delitos de Peculado, Negociación incompatible y Falsedad Ideológica. Las investigaciones fiscales más transcendentes en contra de Barthelmess Camino y sus funcionarios de confianza giran en torno a hechos ocurridos durante sus 4 periodos ediles. El modus operandi que usaba el mencionado para sustraer y apropiarse del dinero de la referida Municipalidad era la utilización de cheques, que en complicidad con servidores públicos de confianza, giraban y cobraban más de 15 cheques a nombre de proveedores fantasmas, bajo la modalidad de simulación de servicios, apropiándose de una suma aproximada en más de S/. 300 mil soles. Entre los cómplices del ex alcalde de San Bartolo figuran los servidores públicos de la entidad Nancy Eugenia Matías Ramírez, encargada de tesorería; Eric Robles Arone, Jefe de la Oficina de Obras; María Rosario Ferrico Salazar, Jefa de la oficina de Parques y Jardines; Judith Janet Vilca Santos, Jefa de la oficina de Asesoría Legal; Dionicio Sabino Astudillo Higidio, encargado de la oficina de imagen institucional; es así que durante la investigación se pudo evidenciar que la mayoría de cheques fueron girados a nombre de los propios funcionarios de la Municipalidad. Otro hecho transcendental que involucra a Barthelmess Camino, es respecto a la irregularidad en la adjudicación de dos lotes ubicado en el distrito de San Bartolo, sin contar con la aprobación del Concejo que apruebe la subasta pública, para lo cual valiéndose de dicha condición en un actuar interesado directo, habría modificado el reglamento de subastas públicas para transferir, ceder o disponer de la propiedad de bienes inmuebles de dominio privado de la Municipalidad Distrital de San Bartolo, conllevando a que se vea beneficiado un único postor.

Como consecuencia de los ilícitos penales cometidos, el ex alcalde de la Municipalidad de San Bartolo Barthelmess Camino y los servidores de la comuna edil son procesados por la comisión de los delitos de Peculado doloso, Falsedad ideológica y Negociación incompatible. El ex burgomaestre ha sido declarado responsable del delito de Falsedad ideológica y

Negociación incompatible, el Poder Judicial le ha impuesto 7 años de pena privativa de libertad; así como el pago por concepto de reparación civil en la suma de S/. 500.000.00 soles, a favor del Estado. Situación actual

A la fecha, el sentenciado Jorge Luis Barthelmess Camino se encuentra prófugo de la justicia habiendo sido requisitoriado por el Primer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. 4.5

CASO ANTALSIS

El caso “Antalsis” involucra a más de una autoridad regional en delitos de Corrupción de Funcionarios. La denominación de este proceso adopta el nombre de la empresa de propiedad de Martín Belaunde Lossio que, en complicidad con los entonces Gobernadores Regionales de Madre de Dios, de Junín y de Cusco, José Luis Aguirre Pastor, Vladimir Roy Cerrón Rojas y Jorge Isaacs Acurio Tito, respectivamente, habrían integrado una organización criminal destinada a defraudar al Estado, a través de delitos contra la administración pública. La participación de las ex autoridades regionales desde la administración pública fue fundamental, debido a que contaban con el poder para disponer de presupuesto, especialmente, destinado a las obras públicas. La forma de operar de esta organización, liderada presuntamente por Belaunde Lossio, era la de apoyar las campañas políticas de los candidatos, es el caso de los antes mencionados, a través de publicidad gratuita o dádivas durante los comicios. Una vez instaurados en los cargos públicos, Belaunde Lossio se habría coludido con los entonces Gobernadores Regionales de Madre de Dios, de Junín y de Cusco, para que adjudiquen los contratos de obras públicas a empresarios que integraban la mencionada organización criminal, entre las cuales figuraba Antalsis.

Las acciones delictivas se gestaron en el interior de la administración pública por lo que la estructura de la red también involucró a servidores públicos de confianza de las entonces autoridades regionales. Estas personas se encargarían de direccionar los proyectos a favor de los particulares. A cambio, toda la organización obtenía un beneficio económico en agravio de los intereses del Estado. Situación actual El caso “Antalsis” se encuentra en etapa de investigación preparatoria y está siendo investigado por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Lima por los delitos de Tráfico de influencias, Asociación Ilícita para Delinquir, Colusión, cohecho, entre otros. 4.6

CASO GREGORIO SANTOS

El ex GOBERNADOR regional de Cajamarca Gregorio Santos Guerrero, es acusado de haber liderado una presunta organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares, gestada dentro de la Unidad Ejecutora de Programas Regionales (PROREGION), mediante la cual se favoreció a empresas en procesos de contratación pública, a cambio de beneficios económicos, entre los años 2011 y 2012.Santos Guerrero, en su condición de máxima autoridad regional, habría colocado como funcionarios en PROREGIÓN a personas de su confianza con el propósito de gestionar la creación de proyectos de inversión y la transferencia de presupuesto de esta Unidad Ejecutora, que es la más importante del Gobierno Regional de Cajamarca en lo que a gastos de inversión se refiere.Asimismo, habría determinado la ubicación y rol de los principales miembros de su red, el objeto o proyecto de su corporación delictiva, así como el porcentaje de las ganancias delictivas que percibiría y la forma en la que sus subalternos se verían beneficiados, según precisa la investigación del Ministerio Público.A consecuencia de estos hechos, en los procesos de contratación pública (designación del comité especial, elaboración de bases de la convocatoria, evaluación de las propuestas técnicas de los postores, otorgamiento de la buena pro y durante la

fase de ejecución contractual), se favoreció a empresas vinculadas al señor Wilson Manuel Vallejos Díaz, aportante de las campañas electorales de Gregorio Santos. El ex Gobernador Regional habría sido quien negoció con Vallejos Díaz, determinando que fuera este contratista el favorecido con los actos de colusión cometidos por él y los funcionarios y servidores de PROREGION que conformaron la organización criminal que lideró. De los doce (12) procesos de contratación pública que forman parte de la investigación fiscal, las diversas compañías vinculadas al empresario Vallejos Díaz ganaron la buena pro en once (11) obras, valorizadas en S/. 132,243,596.30 (Ciento treinta y dos millones doscientos cuarenta y tres mil quinientos noventa y seis y 30/100 soles). La ex autoridad regional es procesada, junto a otros funcionarios y particulares, por los presuntos delitos de Asociación ilícita, Colusión simple y agravada, Cohecho y otros. Situación actual El presente caso se encuentra en etapa de juicio oral y la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, en su condición de actor civil, ha solicitado una reparación civil ascendente a S/ 59’000,000.00 (cincuenta y nueve millones con 00/100 soles)

CONCLUSIONES * Es un problema de carácter económico, por cuanto los bajos salarios que normalmente se paga a los funcionarios y empleados públicos constituyen un aliciente importante a las prácticas corruptas. * Es también un problema de carácter administrativo, por cuanto la existencia de estructuras y procesos administrativos arcaicos y anacrónicos dificultan la relación entre el Estado y el contribuyente o el ciudadano, promoviendo con ello la existencia de mecanismos alternativos, informales e ilegales, a través de los cuales se supera esa dificultad. * Es un problema de carácter legal, por cuanto la ausencia de leyes o la existencia de leyes débiles y atrasadas permiten que ciertos comportamientos no puedan ser perseguidos y sancionados o no puedan serlo adecuadamente. Si bien es cierto que la aplicación de las leyes depende en gran medida de la voluntad política para hacerlo, no es menos cierto que a veces sucede que hay voluntad política, pero no existe un marco legal adecuado para aplicar las leyes correspondientes. * Es un problema de gestión, por cuanto la ausencia de controles o la existencia de controles obsoletos promueven la existencia de sistemas caracterizados por el dispendio, la ineficiencia y la corrupción. ANEXOS ANEXO

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