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SEGURIDAD INFORMÁTICA La seguridad ha sido tradicionalmente un ámbito discrecional del Estado, una situación que ha cambiado paulatinamente en las últimas décadas para abrir paso al involucramiento de nuevos actores.

Distintos procesos explican el vertiginoso crecimiento de la seguridad privada: 1.

El cambio desde la concepción de la seguridad como servicio público a una concepción de la seguridad como bien público ha tenido una de sus consecuencias en la necesidad de incorporar otros actores, entre ellos al sector privado, para alcanzar una coproducción de la seguridad.

2.

Además los procesos de descentralización obligaron a los gobiernos locales a asumir cada vez mayores competencias en las problemáticas de seguridad.

3.

La seguridad privada también fundamenta su expansión en los fracasos de la seguridad pública, en la elevación de la demanda de seguridad frente a una limitada oferta pública y en la sobredimensión de la eficacia privada.

La proliferación se justifica como si “pública” y “privada” fueran términos referidos a ámbitos opuestos y extraños. Lo concreto es que no queda claro si hay dos seguridades, pública y privada, y cuál sería entonces la vinculación existente entre ellas.

La seguridad es un bien público responsabilidad del Estado mientras que la seguridad privada es un servicio público regulado por el Estado y prestado por empresas. La actividad desarrollada por la seguridad privada se ubica dentro del espacio jurídico y social propio de la seguridad pública y el orden público, pues realiza actividades que son inherentes y privativas del Estado y propias del sistema de control formal. Sin embargo la línea divisoria no es nítida.

En Argentina la respuesta inmediata a la demanda de seguridad la dieron los antiguos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía quienes, con base en los conocimientos adquiridos en el tiempo de servicio durante la dictadura, crearon empresas que ofrecían la seguridad como un servicio remunerable. La custodia del empresario Alfredo Yabrán estuvo compuesta por personas que habían estado en la Escuela de Mecánica de la Armada – ESMA mientras varios escuadrones policiales de la muerte desplegaron su accionar desde el retorno democrático.

Al igual que sucede en la problemática general de seguridad también en la seguridad privada funcionan los mecanismos delegativos: mientras que en algunas provincias argentinas el control de la seguridad privada está a cargo de una dependencia civil de gobierno (gobierno civil de la seguridad privada), en la mayoría de ellas las tareas de habilitación y control están a cargo de la Policía (gobierno policial de la seguridad privada). El conjunto de la seguridad privada puede ser entendido como una tercerización de la seguridad pública. Si el gobierno de la seguridad es una problemática de seguridad de primer nivel, el gobierno de la seguridad privada es una novedad preocupante que se agrega como un tema pendiente de la agenda de gobernabilidad de la seguridad.

La seguridad privada es un ambiente fértil para la reconversión de personal policial en calidad de mano de obra y de personal directivo y el modelo de gobierno policial de la seguridad es más proclive a amparar la profundización de relaciones informales entre controlador y controlado.

El control policial de estas empresas acarrea un beneficio importante: como todo despliegue territorial institucionalizado de personas y medios sobre rubros importantes de la vida social, acumula la obtención de información sensible que fortalece el poder territorial de quien la obtenga y negocie.

En la seguridad privada el monopolio legítimo de la fuerza, atributo esencial del Estado nación, deja de ser exclusivo para ser compartido con empresas privadas, en las que priman las reglas del libre juego de la oferta y la demanda del mercado.

La difusión de la frontera entre lo público y lo privado expresa una disyuntiva entre la responsabilidad por el bien público y la prestación de servicios privados. En el caso de la custodia de bancos, empresas y espectáculos por parte de miembros de la Policía se trata de un servicio privado realizado por la fuerza pública bajo la denominación de servicios adicionales mediante los cuales muchos de los uniformados cumplen funciones en instituciones privadas.

El surgimiento de estos numerosos espacios mixtos o híbridos, lugares en que se diluye el límite entre lo público y lo privado, tales como lugares privados de uso público (centros comerciales, teatros, estadios), ha desnaturalizado la noción de lo público al convertir la seguridad en protección personal en desmedro de la garantía del ejercicio de los derechos colectivos, que tienden a incumplirse y desconocerse.

Así, la seguridad privada actúa en lugares privados de uso público, en lugares públicos (guardias municipales que patrullan calles) y entidades públicas (edificios ministeriales, tribunales de justicia) mandatadas por la autoridad o en espacios privados de uso colectivo, como los condominios residenciales. Más aún, no sólo los espacios donde la seguridad privada desempeña sus tareas son híbridos o mixtos sino también sus acciones, como sucede cuando los vigilantes o guardias son contratados por una entidad pública (tribunales, ministerios, etc.) para resguardar sus edificios, personas y bienes.

La crítica a la seguridad privada proviene de dos vertientes. Por un lado, los vigiladores de seguridad se convierten en un cuerpo policial paralelo, generando cierta tensión entre los dos modelos de seguridad, el público y el privado. Por otro lado, la seguridad privada puede convertirse en un instrumento para limitar los derechos y libertades de los ciudadanos.

La dimensión solidaria de la seguridad entra en crisis ante la creciente demanda de seguridad personal y puntual dirigida al Estado, cuyas instituciones son incapaces de dar respuestas adecuadas y oportunas a las múltiples exigencias de la sociedad. Las personas y entidades privadas y públicas invierten en su propia seguridad, en montos muy superiores a la inversión pública, contratando guardias y tecnología para el resguardo de barrios, condominios cerrados, empresas, residencias particulares, personas y bienes. Y ante la incapacidad estatal de hacer frente a la delincuencia, las entidades públicas también se han visto en la necesidad de contratar seguridad privada para el resguardo de instalaciones públicas. El acceso a la seguridad privada, su calidad y sus limitaciones legales quedan supeditadas a las reglas del mercado. Cuando la seguridad es otro bien más disponible en el mercado se convierte en un nuevo factor de desigualdad en la resolución de los conflictos de la sociedad.

Con la proliferación de servicios de seguridad privados han emergido una serie de mandantes distintos al Estado: organismos internacionales, compañías privadas que operan en zonas de alto riesgo, ONGs y personas naturales. El dilema surge por la prosecución de fines no sólo distintos al bien común sino incluso contrarios, actuando como ejércitos privados al servicio de intereses particulares no públicos. Este grado absoluto de desnaturalización del concepto de seguridad es tan propio de las operaciones de protección de la construcción de infraestructura en zonas de combate como de la vigilancia en los locales bailables en las grandes ciudades.

Si bien el tema central radica en cómo adecuar o acercar de manera flexible y permanente la oferta pública a la demanda ciudadana de seguridad, la geopolítica de la seguridad puede afirmar en base a estudios científicos de campo ya desarrollados que la propia demanda de seguridad proveniente de los ciudadanos debe ser estudiada en profundidad. Las demandas de seguridad expresadas por la ciudadanía han sido comunicacionalmente construidas en beneficio de la adopción de políticas de securitización de largo aliento.