Dictadura Diapositivas.odp

La dictadura cívico-militar

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Se dio entre 1973-1985 A causa del golpe de estado el 27 de Junio de 1973, en donde se declaró la prohibición de partidos políticos.

Antecedentes ● ●

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En 1955 existió una crisis económica En 1960 se dio un deterioro social y económico con un aumento en la conflictividad Las Fuerzas Armadas asumieron el protagonismo hasta que la falta de apoyo político al presidente genera un golpe de estado por parte de él.

Sucesos de Febrero 1973 ●

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Bordaberry queriendo devolver a los militares a los cuarteles y someterlos nuevamente al poder civil, nombró al General Antonio Francese como ministro de defensa Nacional. El ejército y la fuerza aérea responden emitiendo los Comunicados 4 y 7, en los cuales “desconocen” la autoridad del ministro argumentando que el mismo se proponía desarticular a las Fuerzas Armadas.

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El Presidente Juan María Bordaberry, propone a la junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas una reforma del sistema institucional del país. El presidente es reemplazado por Alberto Demicheli, quien suspende las elecciones de noviembre y nombra como nuevo presidente al ex Ministro de Salud Pública, Aparicio Méndez. En las cárceles existieron más de un centenar de prisioneros políticos muertos y otros 200 desaparecidos

Consecuencias ●

Al asumir el nuevo parlamento en febrero de 1985, se aprobó rápidamente una ley de indulto a los presos políticos encarcelados en Uruguay, entre los que había personas que habían cometido o sido cómplices de crímenes de sangre.

Consecuencias ●

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Se estableció que debía computarse por tres cada día pasado en prisión, a los efectos de la nueva pena, en atención a las reconocidas condiciones inhumanas de prisión padecidas. Esto, sumado a los largos años de reclusión que todos ellos habían sufrido, determinó que en ningún caso se produjera la vuelta a prisión de quienes estaban en esta situación. En diciembre de 1986 durante la presidencia de Julio María Sanguinetti se dictó la ley de la Caducidad de la Pretensión Punitiva de Estado que consagra la impunidad de los delitos de violación de los Derechos Humanos y de terrorismo de estado durante la dictadura. El 16 de abril de 1989, luego de que más de un 25% de la ciudadanía uruguaya habilitara con su firma el plebiscito para derogar dicha ley, se llevó a cabo el referéndum, con un triunfo del llamado “voto amarillo” con un margen de 57% contra 43% a favor del “voto verde”. El triunfo del “voto amarillo” significó no derogar la ley de Caducidad.