08 La Vanguardia Abr2009

GUALEGUAY (ENTRE RÍOS) DOMINGO 8 DE FEBRERO DE 1998

CONFLICTO GOBIERNO VS. CAMPO

LA LUCHA POR LA IGUALDAD LGBT

Horacio Giberti

María Rachid

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la vanguardia Más igualdad

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ÓRGANO DEL PARTIDO SOCIALISTA PRECIO DE VENTA

PÈRIÓDICO FUNDADO POR JUAN B. JUSTO EL 7 DE ABRIL DE 1894

ABRIL DE 2009 BUENOS AIRES / REPÚBLICA ARGENTINA

Editorial: Adelantamiento de elecciones: el peor remedio PÁGINA 2

Jubilados:

Controlar el uso de los fondos PÁGINA 3

Aumentos de tarifas:Ilegales,

inconstitucionales e injustos PÁGINA 3

Pena de muerte: ni un paso atrás La exclusión y el clientelismo en Salta: el barro los empujó a la superficie.Página 6

El Partido Socialista propone 11 puntos para la construcción de una fuerza alternativa que avance hacia una Argentina equitativa. Entre esos puntos, se propone un Plan de Ingreso Mínimo Garantizado, que garantice las necesidades básicas y rompa los mecanismos clientelares que consolidan la exclusión.

PÁGINA 4

Santa Fe: carta del gobierno de Binner a la Presidenta PÁGINA 11

de puño y rosa

EN ESTA EDICIÓN Boleta única, lista sábana y reforma política Página 10 Conflicto agropecuario: ¿Queremos defender a los pequeños productores o es sólo discurso? Página 6 El caso Ana María Acevedo: la suma de todos los fundamentalismos Página 14

«El gobierno tiene un permanente doble discurso. La deuda actual, incluido lo que quedó fuera del canje, asciende a unos 175 mil millones. Una cosa son las banderas y otra la realidad».

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ALEJANDRO OLMOS SOBRE LA DEUDA EXTERNA, AL DIARIO CRÍTICA DE LA ARGENTINA, EN MARZO DE 2009.

Uruguay: el desafío electoral del Frente Amplio PÁGINA 12

Ideas: el retorno de Marx PÁGINA 13

la vanguardia

Editorial

Editorial

Adelantamiento de las elecciones: un remedio peor que la enfermedad El rol de los partidos políticos en la democracia y en el sistema republicano de gobierno marca la necesidad de reglas claras no sólo en su regulación, sino también en la realización de comicios. Tales reglas deben ser protegidas de toda posible tentación de modificación que obedezca a meros intereses electorales en un momento determinado de la historia.

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y conociendo la experiencia nacional, presenté en el año 2005 un proyecto de ley –nunca considerado en el Congreso– que expresaba en su único artículo: “Las normas reguladoras de los procesos electorales y/o del sistema de partidos políticos sólo podrán modificarse hasta el 10 de diciembre del año previo a la realización de comicios generales convocados con el propósito de elegir autoridades nacionales”.

esulta un ejercicio interesante imaginar al Gobierno nacional convocando a los partidos políticos con representación parlamentaria para acordar el adelantamiento de las elecciones nacionales en función de una crisis internacional, “cuando el mundo se cae a pedazos y los pedazos se nos pueden caer encima” (palabras de la Presidenta de la Nación cuando anunció el adelantamiento de las elecciones). La Constitución Nacional marca el camino de la necesidad del consenso para la reforma de cuestiones electorales que quedó establecida en la prohibición de la emisión de decretos de necesidad y urgencia para sólo cuatro casos: en materia penal, tributaria, electoral y sobre partidos políticos. Este es el mayor argumento que obliga al PEN a enviar un proyecto de ley para adelantar al 28 de junio las elecciones legislativas nacionales y que debe ser aprobada por una mayoría especial en ambas Cámaras. Es decir que desde la reforma constitucional se ha intentado evitar lo que hoy se trata de hacer: que una mayoría política monocolor circunstancial cambie las reglas de juego del sistema electoral.

En democracia el sistema electoral no representa reglas de juego, es mucho más, es la regla del juego, es la voluntad popular que, expresada libremente en las urnas, significa la esencia misma de la democracia: un hombre, un voto. Hace cuatro años esta misma fuerza política que gobierna envió un mensaje al Parlamento que votó por unanimidad, donde se estableció el cuarto domingo de octubre como día de votación para las elecciones nacionales. A pesar de esta certeza

Todo lo que refuerce la transparencia del sistema electoral mejora la calidad de la democracia. Por ello, cambiar el sistema de boletas partidarias por el de “boleta única” y garantizar presidentes de mesas capacitados son herramientas necesarias para realizar un acto electoral transparente que, “lejos de ser un escollo a salvar”, como fue calificado, es el elemento más importante en una democracia donde la voluntad popular es inapelable. El rol de los partidos políticos en la democracia y en el sistema republicano de gobierno marca la necesidad de reglas claras no sólo en su regulación, sino también en la realización de comicios. Tales reglas deben ser protegidas de toda posible tentación de modificación que obedezca a meros intereses electorales en un momento determinado de la historia. Desde el punto de vista económico y social, el remedio que se propone con el adelantamiento de las elecciones es peor que la enfermedad. Todos los analistas económicos, incluso el propio gobierno lo ha expresado, coinciden en que el primer semestre de este año será el peor por el impacto de la crisis. No se entiende entonces por qué se introduce justamente en este período el proceso electoral que desatará una campaña que, sin dudas, postergará el tratamiento de los temas fundamentales que preocupan, como el aumento del desempleo, la recuperación del consumo y el de la producción.

Rechazo del PS Sobre el adelantamiento de las elecciones, los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, reunidos el 14 de marzo pasado, analizaron la medida que sacudió el escenario político nacional y expresaron su rechazo, dando mandato a los bloques parlamentarios para que en la sesión correspondiente se expresaran en ese sentido. Los dirigentes socialistas señalaron que “los sistemas electorales no pueden modificarse como un traje a medida de una mayoría política circunstancial sino que deben resultar del consenso de todos los partidos". “El rol de los partidos políticos –sostuvo el PS– en la democracia y en el sistema republicano de gobierno marca la necesidad de reglas claras no sólo en su regulación sino también en la realización de comicios. Tales reglas deben ser protegidas de toda posible tentación de modificación que obedezca a meros intereses electorales de un momento determinado de la historia”. Est uvieron presentes en la reunión presidida por Rubén Giustiniani, el intendente de Rosario, Miguel Lifschitz, los diputados nacionales Silvia Augsburger, Roy Cortina, Laura Sesma, Miguel Barrios, Ricardo Cuccovillo, Mónica Fein, Lisandro Viale, María Elena Martín, el dirigente Héctor Polino, el ministro de Gobierno de Santa Fe, Antonio Bonfatti, legisladores y dirigentes de todo el país.

Esta medida es, además, errónea desde el punto de vista del interés nacional, está diseñada para conveniencia del oficialismo, es un traje a medida de sus necesidades y no toma debida cuenta de las urgencias que reclama el país. La sociedad que observa con mayor o menor interés este debate lo hace con la seguridad que el 28 de junio o el 24 de octubre tiene en sus manos y en su voluntad el destino de la Nación.

Para comunicarse con la vanguardia Américo Schvartzman [email protected]

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El país Qué hace el Gobierno con los fondos de la ANSES

El dinero de los jubilados es utilizado sin ningún tipo de control Así lo señaló el presidente del Partido Socialista en una conferencia de prensa realizada junto a legisladores de la Coalición Cívica y la UCR para pedir la presencia de Amado Boudou en el Congreso.

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l presidente del Partido Socialista, Rubén Giustiniani, junto a los senadores Gerardo Morales, Ernesto Sanz y María E. Estenssoro, exigió conocer de forma detallada las inversiones de los recursos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social ejecutadas y previstas para el período 2008-2010, incluyendo destino, plazos y condiciones con que han sido comprometidos los fondos y volvió a cuestionar la metodología de cálculo de aumento de los haberes jubilatorios. Los recursos que recibe la ANSES exceden el monto de los pagos asumidos por el sistema jubilatorio e integran, desde julio de

«El índice para calcular el ajuste jubilatorio fue superior al anunciado. Aplicado correctamente da un 14 %, es decir que el aumento a los jubilados debió ser mayor»

2007, el llamado Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Además del superávit mensual del organismo, se fueron sumando otros activos que llegaron desde las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. "El Gobierno Nacional anuncia planes para reactivar la economía con los fondos de la ANSES, pero hasta el momento estos fondos son utilizados sin ningún tipo de control y sin emitir informes públicos que permitan conocer los movimientos y el estado de un

fondo millonario, alimentado con aportes de los trabajadores y de las empresas", señaló Giustiniani al solicitar la presencia de el titular de la ANSES, Amado Boudou, en el Congreso y la conformación de forma urgente de la Comisión para el control de los fondos creadas con la sanción del SIPA. El titular del PS insistió, además, que la fórmula aplicada para otorgar el aumento a los jubilados es incorrecta. “A contramano de lo que dijo la Presidenta en la Asamblea Legislativa- que el índice para calcular el ajuste jubilatorio (RRIP-

TE) hubiera sido claramente superior al 11,69 % anunciado. Si se aplicara correctamente debería dar un 14 % de incremento. Es decir que los jubilados tendrían que haber tenido un aumento mayor". El senador socialista denunció además que la reglamentación de la Ley de Movilidad Jubilatoria fue realizada después del anuncio de aumento a los jubilados e, incluso, su reglamentación no respeta el espíritu de la ley, ya que la normativa establece que hay que comparar la variación de dos semestres, pero toman junio y diciembre de un mismo año y por eso la fórmula da un aumento menor perjudicando a todos los jubilados. El Partido Socialista viene insistiendo en que la movilidad jubilatoria debe ser automática y proporcional al salario del trabajador en función del 82 por ciento móvil, además de proponer una urgente recuperación del haber previsional mínimo para que alcance

el 82 por ciento del Salario Mínimo Vital y Móvil.

Interpelación Por otra parte, los senadores Giustiniani, Morales, Sanz y Estenssoro pidieron la interpelación del Ministro de Economía Nacional, Carlos Fernández, para que explique ante el Congreso Nacional cuál es el plan para hacer frente a la crisis financiera. "Son insuficientes las medidas planteadas por el Gobierno en lo referido al tema empleo, incentivación del consumo y reactivación económica", advirtió Giustiniani y agregó: "Vamos a insistir con la implementación de un acuerdo por 180 días entre el Ministerio de Trabajo, los trabajadores y los empresarios para evitar despidos, y vamos a insistir con una baja del IVA para los productos de la canasta familiar".

Aumentos: inconstitucionales, ilegales e injustos

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n una declaración dada a conocer por la Mesa Ejecutiva Nacional del Partido Socialista se calificó a los aumentos a la energía eléctrica y al gas natural como "inconstitucionales, ilegales e injustos". El órgano de conducción del PS aseguró que "los aumentos en las tarifas de electricidad y gas natural impulsados por el Poder Ejecutivo Nacional son inconstitucionales porque no se convocó previamente a una audiencia pública, tal como lo entendió la Justicia en función del artículo 42 de la Constitución nacional". Además, señalan que "son ilegales porque rigen con retroactividad cuando el consumo había sido realizado en el bimestre anterior. A esto hay que agregar que el decreto 2067/08, que dispuso los aumentos del gas natural lo denominan 'cargo tarifario', que no está vinculado con los costos que componen la tarifa sino con las necesi-

La Mesa Ejecutiva Nacional del Partido Socialista aseguró que los aumentos en las tarifas de electricidad y gas natural impulsados por el Poder Ejecutivo Nacional son inconstitucionales porque no se convocó a una audiencia pública. dades de importación, configurando claramente un impuesto, y como tal debe ser disuctido en el Congreso de la Nación". Los socialistas destacan que "son injustos, porque no solamente los sectores sociales de alto po-

der adquisitivo consumen una mayor cantidad de electricidad, sino también hay sectores sociales muy pobres que terminan siendo elector dependientes, porque no tienen gas natural por redes". Los dirigentes del PS recordaron

que "el PEN perdió una magnífica oport unidad para renegociar los contratos de concesión de las empresas de servicios públicos, en el marco de la ley 25.561 de emergencia económica, que fueron privatizados en los '90, para termi-

Un anuncio sin novedades “Es un anuncio sin anuncios, es lo mismo que la Presidenta anunció el año pasado con la creación de un fondo destinado a la construcción de hospitales, escuelas, rutas, que nunca cumplió. La diferencia es que ahora las obras están previstas pero las van a pagar las provincias con este fondo", señaló la presidenta del bloque del PS, Silvia Augsburger. La legisladora socialista reiteró que “la solución pasa por el anuncio que esperamos y que es federalizar recursos para llegar al piso del 34% de coparticipacion que establece la Constitución Nacional, y además segmentar las retenciones protegiendo a los pequeños y medianos productores". Augsburger agregó que “no es cierto que el reparto del impuesto al cheque sea 70% para la Nación y 30% para las provincias, a estas les llega apenas el 16%".

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nar otorgando mayores beneficios y privilegios a empresas que no hicieron inversiones para mejorar la calidad de los servicios, y que giraron a sus casas matrices ubicadas en el exterior, las enormes ganancias que obtuvieron en el país". Por último, reiteraron que "el PS continuará luchando para lograr la eliminación de los aumentos decretados hasta tanto no se abra un debate en el Congreso de la Nación, y se convoquen a Audiencias Públicas, para que los usuarios tengan la posibilidad de conocer las estructuras de costos de las empresas, la política de subsidios que pìensa seguir el gobierno nacional, y los planes de inversiones previstos por las empresas para ampliar y mejorar la calidad de los servicios".

la vanguardia

El país Los aspectos jurídicos y políticos del debate

Breves Acelerar las causas contra los violadores de derechos humanos Con la firma del secretario general Carlos Roberto y de la secretaria de Derechos Humanos, Estela Molero, el Partido Socialista recordó que "a 33 años del Golpe genocida del 24 de Marzo de 1976, pocos de los responsables criminales se encuentran en prisión. La lucha de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, en un principio acompañadas sólo por un puñado de dirigentes de izquierda, comenzó con el correr de los años y con el devenir de la democracia a ampliarse. El primer paso f ue el juicio a la Junta Militar, pese a las leyes de obediencia debida y punto final que nublaron la decisión inédita de un gobierno apoyado por la mayoría de los argentinos y argentinas". Más adelante señalan que "llegamos al 2009, con continuidad en las investigaciones judiciales, pero con mucha deuda pendiente", ya que "sólo 38 de los miles de militares que formaron parte del Estado terrorista fueron Juzgados". "No queremos que los militares se mueran sin ser juzgados y condenados, pero esto no sólo que ya está pasando, sino que continuará si el gobierno no toma la decisión de apoyar junto a la oposición la modificación de normas procesales de manera tal que estos juicios puedan tener pronta resolución". Finalmente se pronuncian por la inmediata apert ura de los archivos militares, la protección de test igos y querellantes, las cárceles comunes y la condena de cumplimiento efectivo a los genocidas y la prohibición de prisión domiciliaria para los genocidas. Reclaman también por la aparición con vida de Julio Jorge López.

Pensar la pena de muerte Con ligereza, desde distintos sectores se pretendió reinstalar el debate sobre la pena de muerte en la sociedad argentina. En esta nota escrita para LA VANGUARDIA, la autora analiza los diferentes aspectos que imposibilitan reinstaurar el asesinato como sanción penal en la República Argentina. «Matar a quien ha cometido un asesinato es un castigo incomparablemente peor que el asesinato mismo. El asesinato a consecuencia de una sentencia es infinitamente peor que el asesinato cometido por un bandido.» Dostoievsky (condenado a la pena de muerte en 1848 y conmutada por trabajos forzados) »La pena capital es la forma más premeditada de asesinato, con la que ningún acto criminal se puede comparar, por muy calculado que éste sea. Para que existiera un equivalente, la pena de muerte debería castigar a un criminal que hubiera avisado a su víctima de la fecha en la que le provocaría una muerte horrible y que, desde ese momento, la hubiera mantenido confinada durante meses a su merced. Un monstruo así no se encuentra en la vida real.» Albert Camus

Por Nora V. Bluro*

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esde el punto de vista jurídico la República Argentina optó en 1853 por una postura abolicionista en relación con la pena de muerte. En ese entonces, y en el artículo 18 de la Constit ución Nacional, se prohibió la pena de muerte por causas políticas. Si bien podría decirse que se trata sólo de una de las posibles causales de la aplicación de la pena de muerte, no debe dejarse de lado que el citado artículo, dice también “para siempre”, pudiendo interpretar esta frase como una manda del convencional constituyente en un sentido de protección de la vida por un lado, y de un límite al Estado, en sus tres poderes, evitando la atribución de facultades que los convencionales entendieron –más allá de las razones– excesivas y ajenas al Estado. Independientemente del debate concreto sobre la extensión interpretativa del artículo 18 de la CN, el Congreso de la Nación y el convencional constit uyente fueron afianzando desde 1853 el camino de prohibir la pena de muerte: con la sanción del Código Penal se eliminó la pena de muerte para los delitos comunes; y al inicio de la actual etapa democrática, en marzo de 1984, el Congreso Nacional ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos que en su artículo 4 establece que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, y que en los países en que la pena de muerte haya sido abolida con anterioridad, no puede restablecerse. El convencional constit uyente

profundizó en 1994 el camino recorrido elevando a jerarquía constitucional algunos tratados internacionales de derechos humanos entre los que figura la citada convención, y por lo tanto, ampliando el sentido de la prohibición constit ucional de la pena de muerte y dando por superados los debates sobre los límites constitucionales de la misma. Sin perjuicio de otras medidas que el Estado pueda tomar en este sentido, el último bastión en el que –aunque en desuso– permanecía vigente la pena de muerte era el Código de Justicia Militar aprobado en 1951 y cuya derogación entró en vigencia en febrero último como consecuencia de un proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo a través de la ministra de Defensa. Pensando en el sentido inverso, y desde el punto de vista jurídicoconstitucional, si la República Argentina quisiera reinstaurar la

pena de muerte sería necesario, no sólo la actividad legislativa a su favor en el tratamiento ordinario – modificación del código penal– sino además, la aprobación de la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos con las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara, y la posterior denuncia por parte del Poder Ejecutivo. Esto nos obliga a pensar en las causas por las que, por un lado, la comunidad internacional vela hace años por la abolición de la pena de muerte y la A rgent ina como Estado miembro adhiere indubitadamente; y por otro lado, en las razones por la que los sucesivos legisladores y convencionales constituyentes decidieron dificultar –sino imposibilitar– la reinstauración de la pena de muerte. En este sentido, lo primero a tener en cuenta es que una vez ejecutada, la pena de muerte no tiene posibilidad alguna de reparación

"Historia y presente de la pena de muerte" Alfredo Bravo en su libro Historia y presente de la pena de muerte, publicado por el Centro Editor de América Latina en 1991, realizó una mirada sobre las diferentes etapas que la pena de muerte ha asumido en la Argentina hasta el presente. En ese sentido sostuvo que la aplicación de la pena de muerte en nuestro país se puede clasificar en cuatro etapas: judicial, marcial (ley), formal y clandestina. Con un impecable análisis histórico, el trabajo del recordado compañero fue una respuesta inmediata al proyecto que en ese momento el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso, impulsando la reinstauración de la pena capital.

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en caso de error y, la ley y quienes la aplican, son falibles. Pero aún más: no debemos dejar de lado que la ley penal dictada por autoridad judicial de acuerdo con las leyes vigentes es consecuencia de una moralidad imperante pero no inmutable ni neutral. De manera que la pena de muerte puede transformarse en el instrumento de quien construye las normas morales dominantes y ejerce el poder, con el consiguiente riesgo de que su aplicación sea la legalización y legitimación de la fusión de los papeles del juez y verdugo. En otro sentido, para quienes entienden que el derecho penal debe tener una función de intimidación social, resultan incuestionables las palabras del propio Alfredo Palacios en el debate parlamentario de 1937 al decir que “constituye una aberración utilizar la vida de un hombre como medio social para lograr un fin de intimidación social”. Es por ello que un debate sobre la reinstauración de la pena de muerte debe tener en cuenta aspectos políticos, jurídicos, constitucionales y sociales que no pueden ser azarosos ni producirse sin el debido cuidado. Tampoco puede dejarse f uera el impacto que tendría para Argentina semejante decisión en el marco de las relaciones internacionales y la comunidad internacional.

* Abogada. Master en Derechos Fundamentales y doctorando en el programa de Derechos Fundamentales Univ. Carlos III de Madrid. Asesora Dra. Daniele Consejo de la Magistratura C.A.B.A.

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El país En Tartagal se comprobó que el barro y el clientelismo se parecen mucho. La naturaleza le dio el empujoncito que hacía falta al gran descalabro político y social para que se produjera el desastre. Por Germán Moreyra*

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l 9 de febrero de 2009 un titular de un diario local señalaba “Un nuevo puente unirá Villa Saavedra y el centro de Tartagal” y daba la crónica de una visita guiada (para la prensa) que efectuaron juntos Sergio Leav y y Andrés Zottos, intendente y vicegobernador del desastre, respectivamente. Ese era un capítulo más de la larga historia de publicidad y propaganda destinados mostrar la obra de Gobierno, que con finanzas nacionales y administración local, permite describir de modo tajante y contundente su contraste con la realidad. Si la nota se hubiera publicado el Día de los Inocentes, uno pensaría que algún problema había con el criterio aplicado desde la redacción del matutino de pequeño tamaño. Pero no, la broma macabra, el humor negro y el gran disgusto no pasaban por allí. Esa mañana del 9 de febrero la realidad encontró una nueva alianza haciendo estragos en el norte: la nat uraleza dándole el empujoncito que hacía falta al gran descalabro político y social. El puente anunciado se está construyendo unas cuadras más allá del de la Avenida Packham, el foco urbano en que las cámaras privilegiaron la mirada hacia afuera. A unas cuadras también vive el pobre Tartagal. El centro urbano que ilustra con claridad el modelo de desarrollo por el que optaron los gobiernos provinciales de Romero y Urtubey, por mencionar los más recientes, vigente en nuestro país como proyecto desde hace tantos años que a uno le parece que, desde el gobierno de un riojano innombrable (por yeta, por supuesto), sólo asistimos a la concreción del plan en su faz de hegemonía sin golpes de estado. Las cámaras se fueron y en Tartagal la pobreza y el oprobio se quedaron, instalados, peor que antes. El alud se llevó las casas de madera, las prefabricadas que vende Leav y desde sus negocios madereros, y trajo el plan de emergencia

Salta: vivir bajo el barro, votar bajo el oprobio habitacional, las carpas con el escudito de la gobernación. El plan de Cristina para las casas nuevas quizás se complete para el próximo alud, cuando A licia (que lleva la cartera del desarrollo social en nuestro país desde antes de que la gente empezara a perder sus casas en el río allá en el 2006) demuestre, otra vez para las cámaras, que vivimos entre maravillas. Es tan pobre la reacción gubernamental que no les alcanza ni para mentir. Gobiernan bajo el puente, como aparecen esa mañana en la fotito Zot tos y Leav y. Se ve que cuando llegó la delegación nacional hubo lugar para todos ahí abajo. Mientras se comenta que algún presidente de centro vecinal vende a 10 pesos las zapatillas que juntó la solidaridad desde muchos lugares, los afectados y el resto de los pobres ven acumularse en Gendarmería –donde se clasifican las donaciones– los signos de la falta de igualdad, de la injusta distribución de la riqueza, de la afrenta a cualquier vestigio de dignidad. El barro es cosa frecuente en Tartagal. Las cloacas no tanto, y el gas natural, por supuesto, tampoco. No es que no haya internet o televisión por cable, pero las condiciones de vida aparecen regularmente, desde hace bastantes años, poco ligadas a los niveles que consideraríamos sanos, saludables. El trabajo, más escaso que las cloacas o el gas natural, sostiene un claro perfil: inestable, concentrado en las obras para las petroleras o para el que se licita desde el orden estatal, como el aeropuerto o el puente que todavía no se terminó. Es posible el contrabando, el narcotráfico, la tarea en los des-

montes. Eso es ilegal, claro está. Y además, parece que no ocurre tanto como los malintencionados señalamos. Decir que el alud y el desmonte están vinculados es ser mal pensado. Justo en una ciudad gobernada por un intendente que explota la producción en madera, y en una provincia en que los hermanos del gobernador fundan una empresa para aprovechar las leyes que – dicen– surgieron de un profundo debate en el seno de la familia. Sí, es ser mal pensados, sin duda. Los troncos –aunque tenían claras marcas de motosierras– f ueron arrancados de raíz por el agua de una lluvia una mañana de febrero, y el cerro que se cayó al río kilómetros más arriba, se desmoronó porque tenía hipo. La Presidente de la Nación dice que esto pasó porque la gente que vive ahí, cerca del río, es pobre, y que ése es el problema. Tiene habilidad para hablar, para decir lo necesario para llegar a la confusión. Pero dijo una parte de la verdad. ¿Lo que no dijo? Que esta pobreza no se modifica con asistencialismo (hace muchos años que a esta gente le regalan colchones y zapatillas) y que esos pobres viven ahí porque, como perdieron la casa ya por segunda vez, ahí los mandan. Abordaje territorial lo llaman ahora. Ahí los mandan. Las miserias de esta mentira duelen más en sus resultados cotidianos. Que un pobre sea acusado de falso evacuado por otro pobre, al que otro pobre le dijo que si no se apuraba a que lo censen Alicia no le iba a hacer la casa nueva, y que mejor que hablara con el presidente del barrio, amigo de al-

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guien seguro, porque se andaba diciendo que a los pobres que perdieron la casa les van a hacer las casas en el mismo barro, o no se las van a hacer, porque no lo votaron a él o porque son amigos de otro. Y los piqueteros que van a ayudar, a pedir, a cobrar. El barro y el clientelismo se parecen mucho: ensucian, en ellos pue-

de uno hundirse, y en caso de catástrofes urbanas empiezan a heder. El mismo nido del mosquito y el dengue, espacios que enferman y matan.

* Secretario General del PS Salta

la vanguardia

El país Conflicto agropecuario

( s i c ) «¿Queremos defender o no LO QUE DICEN DE NOSOTROS

Reclamo por impuestos: Binner vs. las cerealeras Los puertos cerealeros del Gran Rosario han crecido sin pausa en los últimos quince años, tanto como el volumen de las cosechas que por allí se exportan. El Gobierno de Santa Fe, a través de su Subsecretaría de Ingresos Públicos, acaba de concluir un relevamiento territorial y fiscal de esa zona. El resultado fue que existen nuevas instalaciones que ocupan 784 mil metros cuadrados y que jamás fueron declaradas. "Así, los operadores eludirían pagos del Impuesto Inmobiliario por cerca de 800.000 pesos anuales", señalaron a Clarín. Según fuentes oficiales, las edificaciones no declaradas representan un incremento de valuaciones de 118 millones. Ahora se reclamará a las firmas instaladas en la zona que se pongan al día. Los 800.000 anuales podrían ser muchos más, pero le gestión de Hermes Binner sólo puede reclamar un peso por metro cuadrado, ya que la actualización de las valuaciones fiscales fue rechazada por la oposición justicialista. Martes 17 de marzo de 2009 Diario Clarín

Made in Rosario: entregaron medicamentos locales para la Nación Se trata de la primera partida de 100 mil pomos de una pomada antimicótica que será distribuida a todo el país de manera grat uita a través del Programa Remediar. De producción cien por ciento local, la pomada fabricada en el Laboratorio de Especialidades Medicinales (LEM) será distribuida entre 6.000 centros sanitarios de toda la Argentina. La entrega de la primera partida se realizó en el lugar de elaboración (en Lavalle 368), con un acto encabezado por el intendente Miguel Lifschitz. “Es algo muy importante porque es la primera vez que se produce a escala nacional”, indicó el secretario de Salud municipal, Luis Dimenza. Jueves 19 de marzo de 2009 Rosario3.com

a los pequeños productores?» Esa fue la pregunta que el bloque del Partido Socialista hizo a las restantes bancadas en el marco del debate en el Parlamento. El PS impulsa desde el inicio del conflicto un proyecto de ley que diferencia claramente a favor de pequeños y medianos productores agropecuarios, que señala la necesidad de segmentar las retenciones, y que permite hacer efectivo el principio de equidad que dice: el que más tiene más paga. En cambio otros sectores que declaman los mismos objetivos, en realidad al comparar los resultados de su aplicación, revelan que favorecen a los grandes productores y a los pooles de siembra.

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nte la presentación de distintos Viale explicó que el proyecto del bloque proyectos, que dicen priorizar a los socialista libera de retenciones a los difepequeños y medianos productores rentes productos hasta determinadas cantiy sólo benefician a los grandes dades (para el maíz, hasta 2.400 toneladas; Para el PS, una verdadera política pooles de siembra –por ejemplo el del senatrigo, 1.000; girasol 700; soja 1.000 y sorgo agrícola y ganadera no se agota en la dor Carlos Reutemann-, el diputado del PS, 1.800). Por ejemplo: si un productor expordiscusión sobre el nivel de retencioLisandro Viale, sostuvo “la importancia de ta 1.500 toneladas de soja, las retenciones nes. Por eso propone una serie de definir, ante la coyuntura y a un tiempo prusólo se aplican a las 500 que superan las mil. programas para una política sustendencial del inicio de la cosecha, una clara El proyecto de la Federación Agraria estatable en el tiempo. segmentación de los derechos de exportablece una clara diferenciación, aunque con Planes estratégicos sectoriales: ción. La diferencia está a la vista en el cuaun valor superior al del Partido Socialista y Promover actividades, que de la dro que adjuntamos: el proyecto del Senacrece más lentamente, y la carga fiscal termano del boom sojero, perdieron redor Reutemann tiene una alícuota mayor y mina siendo menor que la del PS sobre los levancia y minaron la soberanía alino parece encontrar diferencias entre pegrandes productores. La iniciativa de Reutementaria del país, como la producqueños, medianos y grandes productores”. mann establece una alícuota mayor pero no ción porcina, horticultura, arroz, cíEl Bloque de Diputados Socialistas aseguencuentra diferencias entre pequeños, metricos, algodón, caña de azúcar, etc.. ra que el eje del debate por las retenciones dianos y grandes productores. El cuadro siLey de Arrendamientos (Contraestá en diferenciar a los pequeños y mediaguiente lo expresa con claridad, tomando tos Agrarios): Su objetivo es revertir nos productores de los grandes pooles de como ejemplo el caso de la soja: la concentración del uso de la tierra, siembra, cosa que no hacen otros estableciendo un plazo míproyectos en danza, como el del senanimo de 5 años de arrendador Reutemann, en el cual la carga Cantidad Carga Fiscal miento y se busca promover fiscal es idéntica para el que produce el acceso a la tierra a los pede 300 toneladas como para el que proqueños y medianos producToneladas Proyecto Proyecto Proyecto duce 100.000. “Al proyecto de Reutetores Reutemann F .A.A. P . Socialista mann no le interesa en lo más míniInst it uto de Colonizamo diferenciar a los pequeños de los 1.000 24,05% 2,80% 0,00% ción de Tierras: Se trata de grandes, como lo muestran las ciuna institución que funcio2.000 26,10% 6,15% 17,50% fras”, dijo Lisandro Viale, diputado na en la República de Urupor Entre Ríos y especialista del PS 3.000 26,10% 8,93% 23,33% guay y que busca regular el en cuestiones agropecuarias. acceso a la tierra. 5.000 26,10% 13,06% 28,00% Desde el inicio del conflicto, más Junta Nacional de Carnes de un año atrás, el Bloque de Diputa10.000 26,10% 16,53% 31,50% y Granos: El objetivo es recudos del Partido Socialista (PS) viene perar los Institutos que re100.000 26,10% 19,65% 34,65% planteando que el centro del debate gulaban el comercio de grapor las retenciones debe estar dado nos y carnes hasta princien la segmentación de las mismas, es decir De este modo, el mecanismo beneficia a pios de los ’90, que asigne precio en diferenciar a los pequeños y medianos los pequeños y medianos productores, insubsidiado al mercado interno y preproductores de los grandes y de los pooles dependientemente de la zona en que procio sostén a los pequeños y mediade siembra. Ese es el objetivo principal de la duzcan y de la cantidad de hectáreas que nonos productores. iniciativa presentada por la bancada y así lo minalmente poseen. Pero también benefiRestricciones y limites a la adquiha reiterado el diputado Lisandro Viale, recia a los gobiernos provinciales porque sosición del dominio de inmuebles presentante del PS en la Mesa de Consenso bre la parte no sujeta a retenciones el prorurales: Es un proyecto de ley que Agropecuario. ductor paga Impuesto a las Ganancias, que busca limitar el proceso de extranEn un informe que dieron a conocer los es coparticipable. jerizaron de la tierra. equipos técnicos del PS, que incluyen cua“Si realmente queremos segmentar, enPlan Estratégico para la Agridros comparativos y gráficos, se demuestra tonces es necesario avanzar en el mecaniscult ura Familiar: En base a recoque, de los proyectos que tiene en estudio la mo propuesto por el socialismo; porque dinocer a los productores familiares oposición, sólo el del Partido Socialista proferencia claramente a favor de pequeños y como la población hacia las cuales tege eficazmente a los pequeños y medianos medianos productores agropecuarios y percanalizar políticas de infraestrucproductores agropecuarios. En cambio, en mite hacer efectivo el principio de equidad tura, financiamiento, comercializala propuesta de Reutemann la carga fiscal es que dice: el que más tiene más paga”, conción, tratamiento impositivo difeprácticamente idéntica para el que produce cluyó Viale. rencial, etc. 300 toneladas como para el que produce 100.000.

Propuestas

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El país

La propuesta del socialismo para una Argentina equitativa

(sic) LO QUE DICEN DE NOSOTROS

Giustiniani consiguió apoyo del Gobierno para su plan de Consejo Económico y Social

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista ratificó la necesidad de una alternativa política progresista, para la cual aprobó once puntos para aportar como "base y sustento" de esa confluencia.

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n la reunión realizada el 14 de marzo en el Círculo de Legisladores, los miembros de la conducción del PS que encabeza Rubén Giustiniani, aprobaron tres puntos entre los que se incluye la ratificación de "la voluntad de avanzar en cada distrito en la construcción de un espacio político de centro-izquierda, alternativo al Gobierno Nacional, junto a las organizaciones políticas y sociales afines, alejadas de la derecha".Para ello se aprobaron 11 puntos que se proponen como base y sustento para dicha confluencia. Ellos son: Una reforma tributaria que revierta el actual sistema regresivo, disminuyendo los impuestos al consumo e incrementando la contribución de las grandes rentas y ganancias, y contemple: Reducción del IVA y su eliminación en los productos de la Canasta Alimentaria, Impuestos a las Grandes herencias y una Nueva Ley de Coparticipación Federal que ponga fin a la discrecionalidad del poder central. Políticas sociales universales que rom pan los mecanismos clientelares que consolidan la exclusión; mediante un Programa de Ingreso Mínimo Garantizado que asegure las necesidades básicas de los que menos tienen y gradualmente se constituya como un derecho por la sola condición de ciudadano; y una Prestación de retiro Universal que recomponga el pacto distributivo intergeneracional y garantice una vejez libre de pobreza. Una nueva política de servicios públicos con un papel activo del Estado en su propiedad, manejo, control y regulación a través de un nuevo Marco Regulatorio de los Servicios Públicos que garantice acceso universal a los servicios esenciales mediante una tarifa social y una mayor participación de los usuarios y consumidores en la gestión y control de las empresas, que impida la apropiación de rentas extraordinarias por parte de empresas multinacionales; así como mayor control estatal en la explotación de los recursos naturales como el petróleo, los minerales y el gas, la recuperación de la renta petrolera para el estado Argentino y la reforma al marco legislativo sancionado en la década de los 90 que posibilita la remisión de utilidades sin límites y la explotación irracional de los recursos no renovables para su exportación.

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En materia de políticas de salud, garan tizar el acceso universal a través de un sistema eficaz y transparente basado en la atención primaria, la prevención, la participación ciudadana y la calidad de la atención, integrando los servicios existentes por niveles progresivos, a través de la sanción de una ley de Sistema Único de Salud, ordenando los recursos públicos prestacionales y económicos en un Sistema Único de Salud (SUS) y creación de un Sistema Federal de Salud sobre la base de los servicios públicos jurisdiccionales con la coordinación activa del Consejo Federal de Salud. Un nuevo modelo educativo que pro mueva la formación e inclusión social de todos los sectores de nuestra población, a través de la puesta en marcha de la nueva Ley Nacional de Educación garantizando los recursos para infraestructura escolar en todas las provincias y una real recomposición de salarios docentes; una nueva Ley de Educación Superior que asegure el ingreso irrestricto y la gratuidad de la enseñanza, la autonomía y el cogobierno universitario igualitario, y el cumplimiento de las funciones de la docencia, investigación y extensión; y un Programa de Becas nacional que remueva todas las barreras existentes para el acceso al sistema educativo. En materia de salarios y legislación la boral, medidas para preservar el empleo en el marco de la act ual crisis económica y financiera global; la formalización y estabilidad a través de la generación de empleo decente; la derogación de las normas flexibilizadoras de los 90 que han destruido el derecho laboral en la Argentina; el pleno respeto de la jornada laboral de 8 horas y la democratización del modelo sindical y otorgamiento de la personería gremial a la CTA. En política económica, otorgamiento de créditos a Pequeñas y Medianas Empresas de la ciudad y el campo y fortalecimiento de la Economía Social Solidaria a través de líneas especiales de crédito, capacitación y promoción de cooperativas y proyectos autosustentables. En cuanto al sector agropecuario promovemos un nuevo régimen de retenciones basado en un esquema de segmentación, que beneficie a los pequeños y medianos productores. Es fundamental un Plan Nacional Agropecuario (ver página anterior).

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En materia de políticas de género, impulsa mos la participación paritaria de mujeres y varones en los cargos legislativos, en los niveles jerárquicos y de decisión en el ámbito público nacional, provincial y municipal, como así también en las entidades gremiales de trabajadores y profesionales; del Poder Judicial y de órganos colegiados, a través de la elaboración de un Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y Trato entre varones y mujeres. En políticas de derechos humanos promo vemos el efectivo ejercicio de los derechos de tercera generación, garantizando el acceso a una ciudadanía plena para todas las argentinas y argentinos, a través de políticas públicas para la inclusión social e igualdad jurídica de los diversos grupos vulnerados en sus derechos, removiendo las barreras jurídicas y legales que impiden el pleno ejercicio de los derechos por cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo, y la creación del Consejo Nacional de Derechos Humanos, que diseñe y coordine la política pública al respecto en el nivel nacional, provincial y municipal. Una reforma que permita el mejoramiento de la calidad institucional, jerarquizando el rol del Parlamento Nacional, derogando la ley que desvirtuó el Consejo de la Magistratura y fortaleciendo los organismos de control tales como Auditoría General de la Nación y Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Asimismo promovemos la implementación de Presupuestos Participativos a nivel nacional entre otras iniciativas. En materia de reforma política, modificar el régimen de financiamiento de los partidos políticos restringiendo el aporte de personas jurídicas (empresas privadas) a las campañas electorales, fortaleciendo el financiamiento público; establecer el sistema de la boleta única para la elección de presidente y vice, y legisladores nacionales; garantizar reglas de juego claras que aseguren la igualdad de oportunidades de acceso al proceso electoral para todas las fuerzas políticas, impidiendo también que los partidos distribuyan las boletas buscando influir en las decisiones de los votantes y promoviendo el voto cadena, y eliminando además las consecuencias negativas de la “lista sábana horizontal”, acoples, colectoras, etc.

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El senador socialista Rubén Giustiniani consiguió el apoyo de la bancada oficialista para que su proyecto de creación de un Consejo Económico y Social (CES), que viene promoviendo desde 1987, sea debatido en el recinto, tras ser aprobado en comisión. El legislador santafesino argumentó que el CES es “un mecanismo de diálogo y concertación social que permite a todos los sectores debatir colect ivamente un nuevo proyecto de país” y que como “organismo de consulta y asesoramiento del gobierno, tiene como objetivo fomentar el consenso y podría ayudar a resolver un conf licto como el del campo”. Giustiniani agregó que en la provincia de Santa Fe ya se ha implementado la conformación de estos espacios de discusión, análisis y propuestas con participación de las autoridades, trabajadores y dirigentes sectoriales. Viernes 6 de marzo de 2009 Diario Crítica de la Argentina

Tedesco elogió la gestión educativa santafesina El ministro de Educación de la Nación, Juan Carlos Tedesco, al inaugurar junto al gobernador Hermes Binner y la ministra Elida Rasino el ciclo lectivo del secundario en la provincia, elogió la gestión educativa santafesina al mostrarse "contento" por el acuerdo en la paritaria docente y sostuvo que el nuevo secundario obligatorio "implica modificar toda la estructura de la escuela secundaria tradicional: contenidos curriculares, criterios de evaluación, regímenes de disciplina, todo porque es obligatorio y quien empieza debe terminar". Martes 10 demarzo de 2009 Diario La Capital

la vanguardia

Entrevista Horacio GIberti, especialista en temas del agro

"El Gobierno no tiene un plan para el sector agropecuario" Es uno de los mayores especialistas en temas agropecuarios del país. Autor de clásicos sobre el tema , ha abordado la problemática del sector tanto desde lo académico como desde la labora gubernamental, con una coherencia unánimemente reconocida. En esta entrevista con LA VANGUARDIA reflexiona sobre el conflicto actual y las posibles salidas. Defiende la existencia de las retenciones, analiza los errores del Gobierno pero también señala los de las entidades, y desmitifica algunos aspectos del llamado "conflicto Gobierno Vs. Campo". mitiera ese desarrollo industrial y las exportaciones en el sector no pampeano le significaría al sector agropecuario pampeano un beneficio excesivo y crearía un demasiado alto nivel de precios internos. Por eso me parece fundamental un tipo de cambio diferenciado. ¿Y cómo se puede lograr un tipo de cambio diferenciado? Bueno, la A rgentina lo viene haciendo desde hace mucho tiempo de distintas formas: o fijando el tipo de cambio distinto para distintos productos; o como en este caso estableciendo retenciones que implican en realidad establecer distintos tipos de cambio porque la exportación de un grano tiene determinadas retenciones y la de otro grano tiene otras, entonces con eso se intenta también orientar y regular un poco los precios internos.

Por Américo Schvartzman y Juan Alzamendi

¿Cómo definiría la política que ha tenido el gobierno frente al sector agropecuario? Creo que el gobierno no tiene una política agropecuaria. No tiene lo que debería ser un comienzo, un programa nacional de desarrollo dentro del cual insertar una política agropecuaria. Tiende a desarrollar una serie de medidas que no constituyen una política agropecuaria, o que estén cerca de ser un proyecto nacional. Estar discutiendo más o menos retenciones es un mal principio. Porque hay que comenzar por la base: las retenciones ¿son justas o no? Si son justas podemos discutir un porcentaje, si no son justas, no perdamos tiempo en discutir. Yo creo que de parte del gobierno y de parte de las entidades agropecuarias ha habido

un error que es dar una discusión que, insisto, es importante pero debe estar inserta en un proyecto nacional. Las retenciones son absolutamente necesarias en este momento. El sector agropecuario pampeano goza de una serie de condiciones naturales que le permiten tener una alta rentabilidad, entonces puede exportar con un tipo de cambio que, muchas veces, no es rentable para los productores del norte. En una palabra la economía nacional necesita un tipo de cambio diferente. No puede haber un tipo de cambio único porque el tipo de cambio que permitiría exportar en el sector agropecuario pampeano no permite exportar en el sector no pampeano y no permite el desarrollo industrial. El tipo de cambio que per-

Junta Nacional de Granos Yo me inclinaría por otra medida, que es la recreación de una Junta Nacional de Granos que tenga el monopolio de comercialización. Para mí es la mejor solución, aunque en este momento posiblemente no haya fuerza política como para establecerla, porque una cosa es lo que consideramos mejor y otra cosa es considerarlo posible. En esas circunstancias me parece que las retenciones no son una ofensa al campo ni que se le saca plata a los productores sino que es lo que corresponde a la estruct ura económica nacional; de la misma forma que cada tanto se les pide a los asalariados que en función de contemplar el momento económico tengan que renunciar a sus pretensiones salariales. Si se limita en muchas formas las retribuciones salariales, no veo por qué no intervenir en este sector.

Horacio Giberti es ingeniero agrónomo. Fue Secretario de Agricultura de la Nación en el gabinete de José Ber Gelbard, Ministro de Economía de Héctor J. Cámpora. Antes, entre 1958 y 1961 fue presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Fundó y dirige actualmente el Grupo de Estudios Agrarios (GREA), y preside el Comité Editorial de la revista Realidad Económica, del IADE. Es, además, Profesor Honorario de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ha publicado clásicos como "Historia económica de la ganadería argentina" y "El desarrollo agrario argentino", libros imprescindibles para analizar las transformaciones de la estructura económica del campo argentino. Con 91 años, el ingeniero Giberti combina la lucidez de una mirada analítica y notablemente actualizada de la realidad, con vivencias que van desde la década infame hasta los años de desregulación y deserción estatal. Plantado en una gran solidez conceptual, es reacio a formular soluciones para la coyuntura, porque entiende que sólo con planificación desde el Estado se pueden corregir los actuales desequilibrios del mercado agropecuario, que tienen su origen en el uso y la tenencia de la tierra. Planificación de al menos cinco años de horizonte, campañas crediticias integrales en base a proyectos con metas productivas, incidencia en la comercialización para simplificar los diferenciales de precios internos y externos y unas pocas medidas que pongan un límite a la apropiación discrecional de la renta de la tierra; son el puñado de políticas estatales que, a su juicio, podrían comenzar a revertir la excesiva concentración del manejo de la producción y comercialización de granos, en particular aquella generada por la economía de escala en la siembra directa de soja.

¿Pudo evitarse el conflicto de alguna manera? ¿Y en ese caso, cómo? Creo que desde el comienzo hubo muy grandes errores del gobierno y de las entidades agropecuarias. El gobierno, porque lanzó una medida sin fundamentarla adecuadamente, sin publicar y hacerle entender a la

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opinión pública qué es lo que se quiere. Y de parte de los agricultores porque también la rechazaron sin ningún tipo de fundamento. El gobierno estaba con las retenciones y las entidades agropecuarias en contra de las retenciones; pero no he visto que se publicaran fundamentos objetivos y amplios de los costos de producción. Me parece que era esencial que el gobierno, al lanzar las retenciones, publicara modelos de costos de producción de una exportación para grandes, medianos y pequeños productores que explicara la situación de cada uno de estos tipos de exportaciones y justificara un determinado nivel de retenciones. Eso no se hizo. Y de parte de los productores agropecuarios también sostenían que las retenciones eran excesivas, ahora por ejemplo están insist iendo que la sit uación es mala, pero tampoco presentan un estudio efectivo que permita a la opinión pública, y a quienes nos interesa profesionalmente el tema, tener una información objetiva de la sit uación. ¿Entre los errores graves del gobierno respecto al tema, incluye usted esta no diferenciación, esta forma de hablar del gobierno acerca de “el campo” como si fuese algo homogéneo? Sí, desde luego. Pero fíjese que se le objeta al gobierno, y con razón, que presenta al campo como si fuera lo mismo, pero no se señala que las entidades agropecuarias se presentan a sí mismas como iguales, presentan al campo como un todo homogéneo, y no es así, porque ninguna actividad, ni la industria ni el comercio ni la producción agropecuaria es totalmente homogénea; hay diferencias regionales, diferencias por tamaño de empresa, entre otras, que mal pueden estar representados por una sola entidad. En el caso específico de las entidades agropecuarias, otro error del gobierno ha sido aceptarlas como representación del total de los productores, y el error de las entidades es presentarse como representantes del total.

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abril2009 En rigor, con las estadísticas que tenemos podemos decir que cuando mucho las entidades agropecuarias representan una tercera parte de los productores agropecuarios. El resto no tiene afiliación, es esa masa que ahora se presenta como autoconvocados. ¿Cómo se explica esa alianza entre sectores que son muy diferentes pero que fueron –y seguirán siendo– antagónicos, y hasta dónde puede llegar esa alianza? Esa alianza en realidad subsiste por este defecto de estar discutiendo circunstancias puntuales y no cuestiones de fondo. Si se discutieran las cosas de fondo como corresponde creo que la Mesa de Enlace no duraría mucho, porque no son los mismos los intereses que defiende la Federación Agraria que los de la Sociedad Rural. Ya con la segmentación de las retenciones empieza a haber ciertos roces. Pero si nos enfocamos en las cuestiones de fondo no podría mantenerse esa alianza a menos que las entidades traicionen sus objetivos fundamentales. Por ejemplo, Federación Agraria que suscribió esa solicitada en contra de una posible ley de que reflote la Junta Nacional de Granos; me parece que ahí empezó a olvidarse un poco de sus posiciones, porque Federación Agraria siempre sostuvo la conveniencia de crear una Junta Nacional de Granos; de manera que no me explico cómo ahora aparece oponiéndose junto a la Sociedad Rural. Uno de los fundamentos de la FAA para sostener esa posición respecto a la Junta Nacional de Granos, no tiene que ver con la propuesta en sí, sino con el hecho de darle ese poder a esta gestión. Eso me parece erróneo. Si yo no voy a apoyar una medida porque desconfío del gobierno, ¿qué puedo hacer? ¿Dar un golpe de Estado? Yo creo que si la medida es adecuada, hay que apoyarla, y luego presionar sobre el gobierno para que la ponga en marcha en la forma correcta. ¿Por ejemplo incorporando la participación de los productores en un organismo? Por ejemplo. Pero negarse a tener mejores leyes por desconfianza al Gobierno, es una forma de llevar al país al caos. ¿Cómo se sale de este conflicto? ¿Cuáles cree que son las claves para enfrentar una salida posible? Sinceramente es difícil porque esto lo cerró el gobierno en aceptar una discusión entre iguales. El gobierno no pide permiso para gobernar. El gobierno debe cumplir un programa, una plataforma electoral. Lamentablemente este gobierno y los partidos políticos han ido dejando un poco de lado la elaboración clara y profunda de proyectos de gobierno. De cualquier modo el gobierno tiene ciertas orientaciones. Bueno, el programa del partido oficialista, al menos en 2003, planteaba una mirada sobre las retenciones exclusivamente fiscalista, incluso anunciaba que cuando estuviera garantizado el equilibrio fiscal, progresivamente las eliminaría. Eso es lo que usted decía al comienzo, que no hay un plan. Lamentablemente el gobierno no tiene un proyecto nacional. Toma algunas medidas pero concebidas como medidas sueltas.

Frente a un hecho adopta una decisión. Eso no es gobernar. Gobernar es hacer un programa integral e intentar cumplirlo, pero no quedarse esperando que se presenten determinadas circunstancias para ver qué medidas tomamos frente a esa circunstancia. De cualquier manera, con plan o sin plan, el gobierno no puede discutir de igual manera con las entidades agropecuarias porque el gobierno representa teóricamente los intereses generales del país. Las entidades agropecuarias pueden ser muy respetables como tales pero sólo representan a facciones de la economía y a facciones de la oposición. Yo he estado en el gobierno y nosotros creamos una comisión en la cual nosotros le presentábamos nuestros proyectos para oír opiniones pero no para subordinar los proyectos a esas opiniones, el poder de decisión lo conservábamos nosotros. Oíamos todas las opiniones, recogíamos aquellas que nos parecían razonables y rechazábamos las otras. Era una mesa de conversación pero no de negociación. El gobierno no puede negociar, el gobierno debe tomar medidas que pueden o no coincidir con los intereses particulares a los cuales, insisto, corresponde que los oigan, que se sienten a conversar pero no a negociar y que el poder de decisión este en manos del gobierno. Las entidades agropecuarias hablan constantemente de que tienen que ser consensuadas las medidas, y el gobierno entra en esa lógica ilógica. Doy un simple ejemplo, tal vez exagerado: el gobierno que quiera eliminar la esclavitud, ¿se va a sentar a consensuar esa medida con los esclavistas?

«Por ejemplo habría que modificar la ley de arrendamiento, reimplantar la prohibición de arrendar por un año, eso desalentaría a los fondos especuladores y contribuiría en descentralizar la gran concentración actual de la producción». más esas innovaciones, aseguraban una ganancia mayor, pero había que invertir, y el chacarero mediano no tenía capital suficiente y no se puso a su disposición el crédito adecuado. Antes se gastaba poco antes de la cosecha, ahora se invierte mucho antes de la cosecha y es un riesgo grande si la cosecha no tiene la productividad esperada. La gran empresa tiene facilidades financieras y pude encarar una mala campaña, los medianos no lo pueden hacer y no existe un seguro adecuado. Todo eso implica que se haya concentrado cada vez más la explotación en los grandes productores que tienen la capacidad financiera como para hacerlo. Por eso ahora tenemos aproximadamente un 20% de productores de granos que aportan alrededor de un 80% de la cosecha. Antes el grueso de la cosecha lo producían pequeños y medianos chacareros. Teníamos empresas arraigadas en el lugar cuya evolución iba al compás de la evolución de la economía local. Ahora las grandes empresas y sobre todo los pooles de siembra, son entidades que muy poco compran y venden en el lugar de la explotación, sino que más bien trasladan sus operaciones a la sede central. De manera que esta concentración de la producción no sólo es mala en el sentido que quita poder de decisión al gobierno sino que además socialmente es perjudicial porque atenta contra una estructura social armónica, en tanto tenemos por un lado grandes explotaciones y por otro pequeñas y medianas explotaciones cada vez más débiles. Por eso digo que todas estas políticas, como ser la del 1 a 1 por ejemplo, han favorecido a una enorme concentración de la riqueza, y sobre todo en este último aspecto de los pooles de siembra que no son empresas productoras propiamente dichas; hoy se dedican a la soja y mañana a otra cosa porque, justamente, están buscando rentabilidad en el más corto plazo posible, por eso eluden toda inversión fija, arriendan tierra y no compran, trabajan con maquinaria con-

¿Qué lineamientos generales debería tener un plan agropecuario progresista para la Argentina? Ha habido un profundo cambio en el sector agropecuario. En los últimos 20 años ha cambiado fundamentalmente la técnica agropecuaria, específicamente en la región pampeana. Hoy la producción tiene un grado de tecnificación que no tenía antes, que felizmente ha permitido que aumente muchísimo la producción estando toda la tierra ya ocupada. El aumento de la producción agropecuaria pampeana se logra con la misma cantidad de tierra, entonces ha aumentado fundamentalmente la productividad. Pero ¿por qué se ha logrado ese progreso? Porque ha habido un profundo cambio tecnológico. Hoy tenemos transgénicos, nuevos métodos de cultivo, la siembra directa, etc. que han cambiado sustancialmente la producción agropecuaria, y también han cambiado la estructura de esa producción. El chacarero que yo conocí cuando egresé de mi carrera nos decía "¿Qué nos van a enseñar ustedes si yo tengo 20 años de trabajo?" Porque en ese entonces había muy poca innovación, el chacarero entraba entonces en una cierta rutina pagando muchas veces caro sus errores, pero, una vez que entraba en la rutina, producía anualmente y tenía éxito. Ahora, anualmente e incluso mensualmente, se introducen profundas innovaciones, entonces, el productor necesita un asesoramiento que antes no necesitaba. Desde los 90 en adelante, el Estado se fue desmantelando, desmantelaron los servicios del INTA, entonces el chacarero común o mediano no tenía una fuente de asesoramiento; si, en cambio, la podía tener el productor grande que contrataba asesores. Ade-

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tratada, en fin, de manera que muy poco es lo que compran y venden en el lugar, además concentran la producción en una forma que no es económicamente adecuada. Una política agropecuaria adecuada debería comenzar por leyes y medidas gubernamentales que vayan remediando todas estas cosas. Que no permitan esta enorme y creciente concentración. En este sentido, el campo, tampoco tiende a proponer estas medidas a las que hacíamos referencia. Por ejemplo modificar la Ley de Arrendamiento, volviendo a implantar la prohibición de arrendamiento por un año, desalentaría a los fondos especuladores y contribuiría mucho en descentralizar esta gran concentración de la producción. Pensando en la crisis internacional y teniendo en cuenta a los analistas económicos que sostienen que ha habido una caída de los precios de los commodities menor en comparación al resto de las cosas, porque lógicamente lo ultimo que se hace es dejar de comer, ¿se puede pensar que esta crisis que atraviesa el mundo puede favorecer de alguna manera al mercado agropecuario? Evidentemente en el mercado de la alimentación puede disminuir la demanda pero en forma mucho menor, por ejemplo, que en la venta de alcohol, eso sin duda alguna. Pero tampoco podemos asegurar que no nos va a pasar nada. Con la crisis se produce una fuerte desocupación, va a haber gente que va a morir de hambre y personas que no se van a morir de hambre, pero que va a disminuir su consumo de alimentos, es decir va a representar una disminución de la demanda que no será tan grande pero va a existir. Y además la demanda de alimentos va a cambiar mucho, se demandarán muchos menos alimentos dependiendo el sector. Se requerirá menos carne y más granos. La demanda de alimentos puede no caer tanto como la de otros productos más superfluos, pero va a caer la calidad, se va a comer menos proteínas y más carbohidratos, es decir que se va a comer menos carne y más polenta. ¿Es un riesgo real el monocultivo de soja, o se lo puede tomar como cualquier otro riesgo de un monocultivo? La soja en sí no presenta ningún riesgo. Sin duda que un monocultivo, sea de soja o de cualquier grano, no es saludable desde el punto de vista de la conservación de la tierra. El monocultivo ocupa un lugar muy importante, se podría decir exagerado, en el volumen total del producto agropecuario, y hacen que el grueso de las exportaciones agropecuarias sean de la soja, lo que genera una economía muy vulnerable. Es decir, si algún país decidiera disminuir la compra de este cultivo o hubiera algún problema sanitario que afecte su demanda, se resentiría enormemente la economía agropecuaria por el grado de importancia que tiene la soja dentro de la producción. Si hubiera producciones mejor distribuidas dentro de los distintos granos todas esas circunstancias serían mejores.

Debates

la vanguardia Entrevista

Boleta única, lista sábana y reforma política

Textual

La boleta única no es, ni de lejos, el problema de fondo. Pero contribuye a mejorar el sistema electoral. Y por otro lado, la verdadera "lista sábana" es de la que no habla nadie, la horizontal, aquella por la cual se juntan elecciones de muchos cargos diferentes. Así lo advierte el especialista Gerardo Scherlis, un estudioso del tema que propone desde hace tiempo la boleta única, como parte de una reforma política más profunda que, como cuestiones urgentes tiene el financiamiento de la actividad partidaria y la decisión de avanzar en una forma de gobierno parlamentaria.

Crisis y elecciones "Ecuador votará en dos rondas a partir de abril; en Panamá, se votará en mayo; en Uruguay, en octubre; en Honduras, en noviembre. Ni Chile ni Bolivia, que tienen elecciones en diciembre, han considerado necesario adelantarlas", expresó la diputada socialista Laura Sesma en la sesión en la que se aprobó el adelantamiento de las elecciones. "En su mensaje la señora presidenta dijo que la remisión de este proyecto fue necesaria por la crisis. Es decir que según la valoración de nuestra presidenta hemos pasado de ser el país inmune a las crisis mundiales –aquel que debía ser imitado por los países desarrollados–, a ser un país que según la presidenta ni siquiera puede sostener un proceso normal de elecciones, porque se profundizaría la crisis. O la presidenta nos mintió antes o nos miente ahora. O quizá pretenda que la verdad sea un vestido que pueda ajustar a su medida, según la conveniencia y la ocasión". "Me da muchísima vergüenza que en este Parlamento algunos que se dicen progresistas nos vengan a hablar del costo económico de una elección, cuando en este país recuperar la democracia costó muchas vidas. ¡Constituye una vergüenza decir que una de las razones por las cuales se propone el adelantamiento de las elecciones tiene que ver con el costo económico!", dijo el diputado socialista Roy Cortina en la misma sesión. Agregó que "también avergüenza la utilización de las encuestas para usar una fatiga que evidentemente existe en un sector de la sociedad. Entonces, gobernemos con encuestas y burlemos todas las reglas de juego". "Nuestro voto negativo expresa nuestra preocupación. Estamos más preocupados que ustedes -el oficialismo- por la gobernabilidad de este país. No creemos en una cultura política en blanco y negro, binaria y de confrontación, donde la frase más célebre de los tiempos que vivimos es: 'Lo que haya que hacer, hagámoslo y rápido'. Esa no es la expresión de un hombre de Estado, sino la frase de un irresponsable que puede llevar al país a una confrontación que no va a pagar la dirigencia, sino los 14 millones de pobres que t iene la A rgentina", concluyó el legislador.

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s un avance en relación con el méto do actual de boleta por partido. La boleta única para cada cargo electivo diseñada, impresa y distribuida por la autoridad estatal pondría fin a la práctica de sustraer boletas del cuarto oscuro", explica Scherlis. ¿La "boleta única oficial por cargo electivo" elimina los problemas electorales? No. Ni siquiera extirpa el peligro del fraude electoral. Pero contribuiría a limitar "sólo algunas" de las formas más grotescas del clientelismo, como el voto cadena. No mejorará sustancialmente el funcionamiento del sistema, pero es mejor que el modelo actual, que además es "una rareza en el derecho electoral comparado a favor de la cual cuesta encontrar algún argumento sustancial, más allá de que estamos acostumbrados a él". Usted suele advertir que la llamada lista "sábana" vertical no es un verdadero problema. ¿Podría explicarlo? En las elecciones para cargos nacionales la llamada "sábana" existe sólo en los cuatro o cinco distritos más grandes y sólo para elegir diputados. La mayoría de las provincias elige, cada dos años, dos, tres o cuatro diputados. Allí no hay lista sábana; en cambio hay un sesgo mayoritario que deja sin posibilidades a partidos que obtienen hasta un 20 por ciento de los votos. Tampoco hay lista sábana para senadores (se eligen tres por provincia). Ello por un lado nos permite comparar si efectivamente el problema de la representación se acentúa cuando se eligen más representantes en una lista. Yo diría que no. Pero en todo caso ¿el problema está en elegir a varios representantes bajo una misma lista o tiene que ver con la ausencia de partidos de cuyos representantes pueda esperarse que mantengan una posición coherente con ciertos valores y principios de políticas públicas más o menos permanente? Mi opinión es que el problema no está tanto en la lista cerrada y bloqueada (o sábana), sino en los partidos que compiten. En uno de sus textos, Scherlis explica que la verdadera "lista sábana" es la que no obtiene la atención que merece. No es vertical. Es horizontal, igual que la cama que nos ha-

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cen con ella: es aquella por la cual se juntan elecciones de muchos cargos diferentes en una misma lista. Así, el ciudadano puede encontrarse en una misma boleta con candidato a presidente y vice, senadores nacionales, diputados nacionales, gobernador y vicegobernador provincial, senadores provinciales, diputados provinciales, intendente y concejales municipales, consejeros escolares, y de paso, si cuadra, convencionales para reformar la Constitución provincial o redactar la Carta Orgánica. En una punta puede llevar a Kirchner de presidente y en la otra al monstruo de Frankenstein a intendente, con lo cual este último aumenta sus chances de ser elegido. Sí, se puede cortar boleta; pero eso requiere una información no siempre al alcance del elector. El voto se desnat uraliza cuando no se distingue en forma clara qué cargos están en juego en una elección. El objetivo de juntar todos los cargos es lograr el "arrastre" de un candidato hacia los otros, y es habitual que, al elegir a un candidato para algún cargo (presidente, gobernador) se termine dando el voto a candidatos para otros. ¿Se soluciona con la boleta única o requiere otras disposiciones? Es bueno que el elector pueda diferenciar claramente el cargo a elegir, lo cual podría hacerse con el sistema de boleta única, como en muchos países latinoamericanos. También se puede optar por separar las fechas de elecciones, como hacen algunas constituciones provinciales. En cualquier caso sería importante que las fechas estén determinadas de antemano en la ley (como a partir de 2005 ocurre con las legislativas nacionales) y no sujetas a la discreción de cada gobernador, de manera que no puedan ser un instrumento de manipulación en manos de los oficialismos. Parece claro que la reforma política no se agota en estos temas. ¿Qué otros aspectos deberían abordarse? En la Argentina hay dos cuestiones complementarias urgentes sobre las que trabajar: por un lado el financiamiento de la política, sobre todo la utilización partidista de recursos públicos. Existen una serie de me-

didas a tomar para garantizar la equidad de la competencia, y en ese sentido estamos mal si comparamos con Brasil, Chile o México. Para eso se requiere un organismo especializado, autónomo, de rango constit ucional, y con los recursos suficientes como para organizar y fiscalizar los procesos electorales con legitimidad, libertad y eficiencia, así como un fuero electoral con la capacidad real de sancionar los incumplimientos. Como cuestión más de fondo, pienso que sería interesante volver a discutir una forma parlamentaria con un Senado de facultades mucho más restringidas. Scherlis pone énfasis en que la elección proporcional es la única posibilidad de que, además de representantes del partido mayoritario, resulten también electos candidatos de la oposición. En los distritos chicos, como es el caso de Entre Ríos, donde se eligen cuatro o cinco legisladores, se ve favorecido el bipartidismo, lo que suele obligar a los partidos menores a constituir volátiles alianzas "anti". Cuantos menos cargos por distrito, menos oportunidades tendrán los partidos no mayoritarios de conseguir alguna representación. Las propuestas de hacer elegir candidatos por circuitos uninominales tienden a eliminar la oposición y la expresión de las minorías. Reformas de ese estilo fueron implementadas por el gobierno menemista en La Rioja y por el entonces gobernador Kirchner en Santa Cruz (por esa época también menemista, claro). El especialista también señala otras cuestiones que deberían anteponerse en la agenda de una reforma política posible, tales como el acceso ciudadano a la información, las facultades legislativas del Ejecutivo, el valor igualitario de cada voto, la escasa proporcionalidad del sistema electoral. Cada una de ellas requiere de debates que aún no parecen prioritarios para la dirigencia política. Nota publicada en Crítica de la Argentina

GUALEGUAY (ENTRE RÍOS) DOMINGO 8 DE FEBRERO DE 1998

abril2009

Debates El gobernador Hermes Binner remitió una propuesta al Ejecutivo Nacional

Carta a la Presidenta El Gobierno de Santa Fe elevó al Gobierno Nacional una propuesta de “Pacto Federal fiscal contra la pobreza, en defensa del trabajo y la producción nacional”.

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n una carta dirigida a la Presidenta de la Nación, el gobernador Hermes Binner puso a consideración una serie de medidas fiscales para compensar la pérdida de ingresos que supondría la suspensión por 180 días de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, propuesta por la provincia de Santa Fe. A continuación, se reproducen algunos párrafos de la nota elevada por el mandatario santafesino al gobierno nacional "como un “aporte de ideas a fin de superar la crisis que nos toca transitar”. "Durante la reunión mantenida el día jueves 12 de febrero pasado, en la cual conversamos acerca de los cinco puntos para superar la crisis, puntos consensuados por la sociedad santafesina como aporte a la Nación, nos fue requerido proponer alternativas para no desfinanciar al Estado a partir de nuestra propuesta de suspensión por 180 días de las retenciones agropecuarias. "Las siguientes reflexiones se elaboran en un contexto internacional desfavorable para nuestro país, ya que el mundo atraviesa la peor crisis económico financiera después de la posguerra. En este marco, sectores clave para la economía nacional reducen su nivel de actividad. Asimismo, según el INDEC, los índices de pobreza e indigencia fueron 24% en Gran Santa Fe y 16% en Gran Rosario en el primer semestre del año 2008. "En ese sentido, creemos fundamental comprometernos Nación, Provincias y Municipios en un “Pacto Federal Fiscal contra la pobreza, en defensa del trabajo y la producción nacional”. "Frente a esta sit uación, entendemos fundamental incrementar la actividad productiva que agregue valor, aplique mano de obra local y que esté radicada en el interior del país. Por ello es necesario atender tanto la provisión al mercado interno, como a una política que tienda a incrementar en cantidad y calidad los bienes y servicios exportables. Un sistema tributario federal, con instrumentos sólidos que impulsen la equidad y justicia tributaria, es un aporte complementario a esos propósitos. "Esta propuesta de reformas al sistema tributario para enfrentar la crisis con equidad y federalismo se formuló bajo un enfoque sistémico, complementando la reforma del sistema previsional, potenciando el sistema fiscal federal y las economías regio-

nales. Al mismo tiempo, se consideró que las herramientas fiscales son una mejor alternativa que la devaluación monetaria para defender la producción, el poder de compra de trabajadores y clases medias, y el presupuesto público". Las medidas propuestas son las siguientes: A) Pacto Federal Fiscal contra la pobreza: desgravar de impuestos los productos integrantes de la canasta básica total y los medicamentos, y compensar el costo fiscal con aumentos del IVA sobre artículos sunt uarios. Se facilita así el acceso a los bienes imprescindibles a los sectores que se encuentran debajo de la línea de la pobreza, como a los trabajadores informales y a aquellos que perciben los salarios y jubilaciones más bajos. B) Suspender las retenciones vigentes por 180 días: La baja de los precios internacionales y una prolongada sequía han erosionado la rentabilidad de las explotaciones. Se requieren medidas que restituyan condiciones de rentabilidad para garant izar próximas siembras y cosechas, la continuidad del ciclo ganadero y la actividad agroindustrial. También se insiste con una Política de Desarrollo Agropecuario para revisar las retenciones cada seis meses o por campaña y la formulación de un Plan Nacional Agropecuario en el marco del Consejo Federal Agropecuario Ampliado. Para lograr una compensación tributaria de los ingresos públicos, se propone: 1. Impuesto a las ganancias: derogar todas las exenciones existentes sobre este impuesto, salvo a las industrias culturales protegidas por las leyes de fomento y a los em-

prendimientos de la economía social. 2. Incremento de los aranceles de importación extra Mercosur en defensa del trabajo argentino hasta los límites permitidos por los tratados vigentes. 3. Profundizar la lucha contra la evasión, el fraude, la elusión y la mora fiscal: instrumentar el Organismo Tributario Federal previsto en la Constit ución Nacional de 1994. Tanto para este objetivo como en el de contar con una nueva ley de coparticipación, se considera fundamental: i) Fortalecer la cooperación entre las Administraciones Tributarias

Consejo Económico y Social En su reunión del 14 de marzo, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista decidió impulsar la creación, por Ley, de un Consejo Económico y Social que se constituya en un foro permanente donde se instrumente el diálogo entre los Partidos Políticos y la Organizaciones sociales y permita lograr consensos de largo plazo para el desarrollo pleno de nuestro país. Este Consejo, cuyo proyecto de Ley fue presentado reiteradamente desde el año 1987 por Guillermo Estévez Boero, Rubén Giustiniani y Hermes Binner, debe ser un complemento esencial de la democracia representativa, en la medida en que incorpore un criterio de representación funcional, que estimule la participación de los distintos actores que configuran la realidad socioeconómica de Argentina.

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ii) Combatir la evasión fiscal: en este punto se pone el ejemplo de la investigación fiscal realizada por la provincia de Santa Fe sobre uno el sector portuario, donde se descubrieron 785 mil metros cuadrados sin declarar. 4. Compromiso fiscal para detener la fuga de capitales: la defensa del trabajo y la producción nacional exigen un compromiso fiscal para evitar la fuga de capitales y sus consecuencias sobre los recursos públicos. Para ello propone pensar en un instrumento financiero que, a través de su intervención en la economía, permita un abordaje conjunto y solidario de todos los sectores de la economía nacional. También la ampliación del diferencial entre los tipos de cambio comprador y vendedor de operaciones financieras con el exterior, como instrumento para frenar los movimientos de capital de corto plazo y las compras de divisas para atesoramiento. El objetivo es proteger la posición de divisas del país. 5. Fortalecimiento fiscal de las provincias según principios de justicia y equidad: El sistema impositivo basado en altos tributos no coparticipables ha imposibilitado a las provincias argentinas dar al impuesto inmobiliario la significación que merece. Este instrumento no es sólo de financiamiento del Estado, sino también regulador y promotor del uso del suelo. Por razones de justicia y equidad es necesario reconstruir los verdaderos valores de la tierra apelando al conocimiento exhaustivo de los territorios y de las variables sociales, urbanas y económicas que los influyen. De ahí que solicitamos a la Nación el acompañamiento y coordinación en la creación de observatorios de valores de la tierra, que permitan trabajar en la jerarquización de un tributo fundamental para los gobiernos subnacionales y en el marco de un Proyecto de Nación. El gobernador Binner concluye su carta diciendo: "Hemos evaluado con responsabilidad el impacto fiscal de nuestra propuesta de suspensión por 180 días de las retenciones agropecuarias. Estamos convencidos de que las alternativas propuestas permitirán crear un ambiente de confianza y de tranquilidad para reencontrarnos en el camino de la producción y el trabajo que tanto necesitamos".

La región

la vanguardia El desafío electoral del Frente Amplio

Uruguay: ganar para seguir cambiando En la imagen, chicos uruguayos reciben la computadora personal del "plan Ceibal".

Para la izquierda uruguaya en el gobierno, el 2009 no es solamente un desafío político-electoral más, sino un imperativo para poder profundizar un proceso de cambio que, en muchos aspectos, recién empieza.

Por Agustín Canzani*

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l pasado 1º de marzo se cumplieron cuatro años de gobierno del Frente Amplio en Uruguay. Aunque la fecha pasó algo desapercibida en medio de un domingo de semana de carnaval, eso ocurrió apenas por unos días: el Presidente Vázquez volvió a poner el tema en el centro de la agenda cuando en un acto público que consideró de “rendición de cuentas” hacia la ciudadanía, pasó lista de los logros y planteó lo que queda por hacer. La intervención de Vázquez tenía un fuerte sentido político, tanto hacia el conjunto de la ciudadanía como hacia el propio electorado de izquierda. Sin necesidad de repetir esos énfasis –explicados por los objetivos buscados por el Presidente- es posible acercarse a una visión panorámica del primer gobierno de izquierda. Y aunque no todo son flores, el balance parece arrojar un claro saldo positivo. El primer aspecto es una cuestión meramente simbólica pero que no deja de tener una importancia crucial: la capacidad de gobernar. En un país en que durante más de un siglo y medio –salvo excepcionales períodos de intervención militar- los partidos tradicionales se alternaron en el poder, todavía subyacían ciertas dudas sobre las posibilidades y la pericia de la izquierda para cumplir con el rol de gobierno. Hoy, ese tema es parte del pasado. Para confirmar ese aserto ha sido fundamental un manejo más que solvente de la macroeconomía, que sin duda supo aprove-

char el contexto internacional favorable a comienzos del lustro, pero al que agregó algunos elementos de importancia indudable para posicionar al país con una tasa de crecimiento mayor al promedio de la región. Entre ellos, un inteligente y profesional manejo del endeudamiento externo que permitió postergar vencimientos y mejorar el perfil de la deuda y la consolidación de una administración tributaria que permitió la implantación de un impuesto a la renta personal inexistente en el país desde hace décadas. El crecimiento económico y la regulación del mercado de trabajo permitieron bajar la desocupación a guarismos menores al 10% en más de una década, a la vez que se verificó un incremento sustancial de trabajadores inscriptos en la seguridad social. La dinámica económica fue acompañada por la instauración de la negociación tripartita (trabajadores, empresarios y Estado, mediante el mecanismo de los llamados “Consejos de Salarios”), la que por primera vez incluyó a los trabajadores rurales y al servicio doméstico, lo que supone al menos un pautado de las relaciones capital-trabajo que había estado ausente en la sociedad uruguaya de los últimos años. Las políticas sociales también jugaron un rol importante. Un Plan de Emergencia para atender a las situaciones más urgentes derivadas de la creciente diferenciación de la década anterior y de las secuelas de la crisis de 2002 logró atender algunas de las sit uaciones más duras de indigencia. Posteriormente, el desarrollo de un Plan de Equidad, que incluye aspectos como una fuerte expansión de asignaciones familiares –una

prestación universal y no contributiva, enfocada hacia menores de edad, con contraprestaciones como la realización de controles sanitarios y la concurrencia escolar- busca recomponer el pilar asistencial del sistema de protección social en Uruguay. La implantación del Sistema Nacional Integrado de Salud acerca al país a una cobertura universal e integral, disminuyendo el grado de mercantilización en el sector y logrando un alto nivel de aceptación pública, aún cuando todo indica que exigirá un esfuerzo financiero importante. La cuestión de los derechos humanos también ha sido clave. Si bien subsiste la legislación pre-existente, resultante de las negociaciones políticas que posibilitaron la salida de la dictadura y claramente restrictivas, se han abierto investigaciones que han permitido identificar restos de desaparecidos en predios militares y por primera desde el retorno a la democracia, hace más de veinte años, se ha juzgado a militares y funcionarios civiles de la dictadura que hoy están en prisión. Claro que no todo es positivo. Otros temas también importantes muestran claramente menos avances. Si bien se votó una nueva Ley de Educación, hay cierto consenso en considerar que buena parte de los problemas del sistema aún no han sido enfrentados a fondo. El proceso de reforma del Estado es aún incipiente y limitado a cuestiones más bien de tipo administrativo que estructural. Y otros asuntos, como los modelos de inserción internacional, han sido fuentes de polémica dentro de la propia izquierda. Es por eso que, aún cuando los logros pue-

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dan considerarse más que importantes, lo que viene está lejos de poder ser considerado un mar de tranquilidad. En siete meses, el Frente Amplio deberá afrontar una competencia interna para la designación de su candidato presidencial, lidiar con los primeros efectos evidentes de la crisis que están llegando a estas tierras y afrontar la elección nacional. La falta de un acuerdo extendido sobre el candidato presidencial ha llevado a que por primera se celebren elecciones internas (primarias) realmente compet it ivas en la izquierda, donde tres candidatos –dos exministros y un intendente- luchan por la postulación. Aún cuando se espera que el país no entre en recesión, la caída en la dinámica de crecimiento será muy fuerte y puede comprometer algunos aspectos de las finanzas públicas. Y la puja electoral con los otros partidos muestra al Frente Amplio encabezando claramente las preferencias, pero todavía sin asegurarse la mayoría absoluta de los votos totales que el exigente patrón electoral uruguayo le requiere para ganar en primera vuelta. Buena parte de los cambios han sido de tal magnitud que difícilmente podrán ser revertidos aún si la izquierda pierde. Pero para el Frente Amplio ganar no es solamente un desafío político-electoral más, sino un imperativo para poder profundizar un proceso de cambio que, en muchos aspectos, recién empieza.

* Director de la Fundación Líber Seregni

GUALEGUAY (ENTRE RÍOS) DOMINGO 8 DE FEBRERO DE 1998

abril2009

Ideas Ante la crisis vuelve el interés por el autor de El Capital

El retorno de Marx

Textual

Marx no ha muerto, y así lo demuestra el renovado interés que se ha despertado en diversos ámbitos por su obra como referencia para analizar el momento crítico del capitalismo actual. Pero ¿cuál Marx es el que regresa?

COMPAÑERO Por Enrique Anderson Imbert *

Por Lucas Doldan*

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n los últimos 50 años, las teorías de Marx han quedado sepultadas bajo la pesada lápida de la historia. El totalitarismo stalinista y la estrepitosa caída del “socialismo real” que siguió al colapso de la Unión Soviética, lo que llevó incluso a un teórico neoconservador a proclamar el fin de la historia y el triunfo definitivo de la democracia liberal, pareció condenar a Marx al ostracismo y la oscuridad de pequeños claustros académicos. Ante la crisis financiera internacional que vive el mundo hoy, el pensamiento del filósofo de Tréveris sale de las profundidades de la historia y vuelve al centro de la escena liberado de las ataduras del “marxismo-leninismo” y de las vejaciones de la historia. Marx no ha muerto, y así lo demuestra el renovado interés que se ha despertado en diversos ámbitos por El Capital –pero no sólo por él- como referencia para analizar el momento crítico del capitalismo actual. Pero el Marx que regresa es el que alguna vez le dijo a Engels “lo único que sé es que no soy marxista”, un Marx sin “ismos”. Es decir, las teorías de Marx no ya como programa político de la izquierda, ni como análisis dogmático y determinista de la sit uación actual, sino como una hoja de ruta para entender y analizar críticamente la naturaleza y el desarrollo del sistema capitalista. En El Capital Marx explica las características fundamentales del modo de producción capitalista como sistema de explotación y alienación. Y observa como en ciertos momentos históricos el sistema capitalista, en su búsqueda constante de producir cada vez más y expandirse en el mundo con el objeti-

vo de maximizar el beneficio, entra en contradicción con las necesidades de la sociedad y con su capacidad de absorción de lo producido, y entonces se abre una de las crisis intrínsecas al capitalismo. En palabras del propio Marx: “en un sistema de producción en que toda la trama del proceso de reproducción descansa sobre el crédito, cuando este cesa repentinamente (…) tiene que producirse inmediatamente una crisis, una demanda violenta y en tropel de medios de pago. Por eso, a primera vista, la crisis aparece como una simple crisis de crédito y de dinero (…) Pero, al lado de esto, hay una masa inmensa de estas letras que sólo representan negocios de especulación, que ahora se ponen al desnudo y explotan como pompas de jabón”. Este y otros pasajes de gran actualidad, nos hablan a las claras de la conveniencia de recuperar el legado teórico de Marx como herramienta para profundizar la crítica del capitalismo real. Como él mismo escribió, el mundo no puede ser cambiado sin antes ser entendido. Ya a fines del siglo XIX el maestro Juan B. Justo, nuestro ilustre fundador, comprendió la importancia de la obra de Marx, emprendiendo así la monumental tarea de traducir por primera vez al español el primer libro de El Capital. Dicha obra, que vería la luz en 1896 con la edición de la imprenta Cao & Val en España, será durante décadas un punto de referencia ineludible para toda una generación de socialistas hispanoparlantes. Justo mantendrá sin embargo una relación

e m i nentemente crítica con muchos de los aspectos centrales de la teoría marxista, avocándose desde entonces, como él mismo lo señala en la nota del traductor a la 2º edición en español de El Capital en 1918 (primera en la Argentina), a la tarea de “interpretar, rectificar o ampliar” la teoría de Marx. Justo comprendió así desde un principio lo que siempre se negó a ver la ortodoxia: que el pensamiento de Marx jamás constituyó el “sistema cerrado” que sus epígonos hicieron aparecer con una identidad y unidad inexistentes. Como señalara el recordado José “Pancho” Aricó, la experiencia justista “representa la primera tentativa, teóricamente elaborada, de utilizar la doctrina de Marx para formular una propuesta que basada en el análisis de las condiciones sociales de su país permitiera la constitución de un movimiento capaz de alcanzar el objetivo final de una sociedad democrática y socialista”. Es con este espíritu crítico con el que debemos volver a Marx. El capitalismo indudablemente se ha transformado, ya no es el que describe Marx en 1867. Sin embargo, en momentos en que la crisis ha desnudado la incapacidad de las políticas de libre mercado para garantizar el bienestar de la sociedad, muchas de sus ideas siguen teniendo vigencia en la lucha del socialismo por una sociedad en la que el “libre desenvolvimiento de cada uno sea la condición del libre desenvolvimiento de todos”. En definitiva, como dijera alguna vez Mario Benedetti, “no hay Marx que por bien no venga”.

Justo comprendió desde un principio lo que siempre se negó a ver la ortodoxia: que el pensamiento de Marx jamás fue el sistema cerrado que sus epígonos hicieron aparecer.

*Politólogo.

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Aquel Primero de Mayo los socialistas nos reuníamos en la Plaza del Once para protestar contra la dictadura del general Uriburu. Después del discurso de Nicolás Repetto quisimos marchar por la calle Rivadavia hasta la Casa del Pueblo. Se nos cortó el himno —"¡Hijo del pueblo, te oprimen cadenas..."!— porque los cosacos de la policía, revoleando sables, nos echaron los caballos encima. En el entrevero sentí una pechada, puse las manos en el cogote del animal y alcé los ojos. El cosaco, desde arriba, mirándome fijo, ya se inclinaba, sable en alto, para romperme la cabeza. Le sostuve la mirada y exclamé: - ¡No pegue, compañero! "Compañero" dije. .. "Compañero" era el tratamiento que nos dábamos los socialistas. El sentido religioso de esa palabra hoy se ha perdido. Se era compañero en el viaje a la utopía. El cosaco bajó lentamente el brazo, apartó el caballo y, con un mudo gesto –como si nos uniera una secreta masonería–, me indicó que siguiera adelante. (¿Qué ha sido de tu vida, compañero?).

*1910-2000. Escritor, docente universitario, ensayista, editor de las páginas literarias en el periódico socialista LA VANGUARDIA

Igualdad de género

la vanguardia

Breve historia de Ana María Acevedo

Vivir y morir en Santa Fe Textual "La violencia de género es el acto más cruel de discriminación" Así lo señaló la presidenta del bloque del PS, Silvia Augsburger, al aprobarse en la Cámara baja el proyecto de ley por el cual se crea un régimen de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. "No olvidemos que en la Argentina murieron 110 mujeres entre enero y octubre del año 2008 en manos de sus parejas, ex parejas o miembros de su unidad familiar", recordó. “Si hay algo que hace esta ley es reconocer por primera vez en nuestra normativa el hecho de que se ejerce violencia contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Vivimos en una sociedad donde el hecho de nacer mujer congela las oportunidades de igualdad de trato en relación a los varones. Esta era una asignat ura pendiente que tenía nuestro país", señaló la legisladora socialista. Para Augsburger “esta ley define la violencia física, la psicológica, la sexual, la económica, amplía el conjunto de personas protegidas a aquellas que tengan relación sentimental sin convivencia, o con la mujer que haya tenido hijos sin convivir. Además da inmunidad a los denunciantes, amplía las medidas protectoras, especifica las medidas a tomar en caso de maltrato infantil, e impone sanciones en relación al incumplimiento de decisiones judiciales". La diputada Socialista aclaró que “no le vamos a pedir a esta ley lo que no puede hacer, vamos a seguir insistiendo en lo más importante: que en todos los niveles del Estado haya políticas para erradicar definitivamente la violencia".

Por Marta Fassino*

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on 20 años, Ana María Acevedo, analfabeta y oriunda de la localidad de Vera, provincia de Santa Fe, mamá de tres hijos de 4, 2 y 1 año, falleció el jueves 17 de mayo del 2007, tenía cáncer en el maxilar y estaba embarazada. La mataron la intolerancia, el autoritarismo, la hipocresía, la falta de respeto por la vida ajena; en definitiva, la suma de todos los fundamentalismos. La crónica de su dolor comienza a ser registrada en mayo del año 2006 cuando Ana María recurre al SAMCO de su localidad a causa de un fuerte malestar de muelas. Luego de cinco meses de atención odontológica, el 23 de octubre del mismo año es derivada al Hospital Cullen, de la ciudad de Santa Fe. Allí le detectan la enfermedad denominada: “Rabdomiosarcoma alveolar” y le extraen una parte del tumor maligno de las partes blandas de su cuello, sin explicarle que en su estado, debía tomar precauciones para no quedar embarazada. El 23 de noviembre de 2006 es derivada al Servicio de Oncología del Hospital Iturraspe pero ante la sospecha de embarazo es demorado el inicio del tratamiento. El 7 de diciembre del 2006 se confirma el estado de gestación de cuatro a cinco semanas por lo que es derivada al Servicio de Ginecología del mismo nosocomio. Ana regresa a Vera a pasar las fiestas con su familia. El 14 de febrero de 2007 Ana vuelve a Santa Fe y se interna en Oncología. Los padres de la joven solicitan la práctica de un aborto terapéutico para poder iniciar el tratamiento oncológico. El 27 de febrero el Comité de Bioética del Hospital Iturraspe analiza el caso. El registro de la reunión deja documentado el intercambio entre los/ as profesionales: “que los/as médicos/as deciden dejar en suspenso el tratamiento, ya que el indicado para la patología está contraindicado si se está cursando un embarazo”. Además se señala que “la enfermedad aún puede ser tratada con quimioterapia y radioterapia para mejorar la calidad de vida pero se descarta por el embarazo”. Por último, el registro del Comité dice: “¿En algún momento se pensó en un aborto terapéutico?”. Respuesta: “Por convicciones, cuestiones religiosas, cult urales, en este hospital y en Santa Fe, no”. Conocida la decisión del comité,

A los 20 años, Ana María Acevedo, analfabeta, oriunda de Vera y mamá de tres hijos pequeños, falleció el jueves 17 de mayo del 2007. Tenía cáncer en el maxilar y estaba embarazada. La mató la suma de todos los fundamentalismos. Esta es su historia.

los padres de Ana recurren a la Fiscalía de t urno que los deriva a la Defensoría del Pueblo. Este organismo es notificado por el Hospital que la cesárea está programada para el día 9 u 11 de abril. La cirugía nunca se realiza y el director del nosocomio, Dr. Andrés Ellena obliga a Ana a firmar un alta voluntaria; a pesar de ser menor de edad y analfabeta. Ya en Vera su estado empeora a pesar de la morfina indicada para el dolor.

El 17 abril, vuelve a internarse en el Hospital It urraspe donde los médicos deciden nuevamente postergar la cesárea en beneficio de la salud del niño/a por nacer. Ana María entra en coma farmacológico por lo que el 26 de abril es sometida de urgencia a una cesárea. La nacida sólo sobrevive 24 horas. Ana muere la fría noche del jueves 17 de mayo. La historia de los últimos días de vida Ana María Acevedo, recons-

Murales Cuando se cumplió un año del fallecimiento de Ana María se realizaron murales alegóricos a su vida y su muerte. Los murales fueron “agredidos”. Los intolerantes de siempre taparon con pintura partes fundamentales de los mismos. Pero las mujeres no permitiremos más que nos amordacen. Por lo que este 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer) corregimos los actos vandálicos y repartimos nuestras rosas en sus inmediaciones.

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truida a partir de los documentos ingresados a la causa legal y del relato de sus padres, pone en evidencia la realidad que padecen cientos de mujeres que son discriminadas en el sistema de salud pública, sometidas a tratos deshumanizados, a las que la sociedad y el sistema judicial les niegan el derecho de acceder a un aborto legal, seguro y gratuito. Una vez más se incumplieron las leyes y otra mujer es víctima de homicidio. Una vez más la que murió es una joven, en sit uación de pobreza . Privada de su derechos de ser informada y elegir libremente cuando maternar (Ley 11.888) de recibir educación sexual y decidir respecto de su vida sexual, lo que implica también decidir sobre el número de hijos y el tiempo para tenerlos, expresar su consentimiento o exigir que se le aplique el método anticonceptivo que elija (Ley Provincial 12.323) y finalmente acceder a un aborto sin penalización (Artículo 86 del Código Penal). Las mujeres socialistas, participantes de un espacio de lucha feminista como lo es la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe, reclamamos desde cada lugar posible por su vida primero y por “justicia” después. Nuestras abogadas llevan adelante un proceso penal por el cual –hasta el momento– se logró el procesamiento de seis profesionales, entre los que se encuentran quien era el director del Hospital Iturraspe Andrés Ellena, y los jefes de los servicio de Oncología, César Blajman, y Ginecología, Raúl Alejandro Musacchio. Los tres habrían incurrido en el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones graves culposas en concurso real”; mientras que los doctores Jorge Venanzi, oncólogo radiólogo del mismo hospital; Sandra Barbieri, directora del Samco de Vera y José Manuel García, presidente del Concejo de Administración de ese hospital lo están por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Visibilizar esta historia, seguir judicialmente la causa y compartir cada acción para que no haya más mujeres víctimas de la prepotencia del sistema y de los fundamentalismos, es nuestro compromiso: Educación sexual, para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Y aborto legal para no morir. * Secretaria de la Mujer. PS Santa Fe

GUALEGUAY (ENTRE RÍOS) DOMINGO 8 DE FEBRERO DE 1998

Publicaciones / Memoria viva

abril2009

Publicación del MNR

A 90 años del Grito de Córdoba In memoriam

Una nueva publicación del Movimiento Nacional Reformista recoge las exposiciones realizadas en las Jornadas de conmemoración del 90º Aniversario de la Reforma de 1918, bajo la consigna "Repensar la Reforma para reinventar la Democracia".

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l MNR quiere hacer conocer que en los primeros días de abril se contará con la publicación que recoge las exposiciones realizadas en las Jornadas de conmemoración del 90º Aniversario de la Reforma Universitaria de 1918: "A 90 años del Grito de Córdoba: Repensar la Reforma, para reinventar la Democracia", organizadas por el Movimiento Nacional Reformista, los días 23 y 24 de agosto del año 2008, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Litoral, en la ciudad de Santa Fe. Se trascriben allí los aportes de intelectuales, funcionarios, compañeros y compañeras de nuestra organización, y de organizaciones amigas, editados en el orden en que fueron realizados los correspondientes paneles, y manteniendo el tono coloquial con el objetivo de no perder la naturalidad en que se produjeron. Las Jornadas realizadas en la ciudad de Santa Fe y esta publicación que da cuenta de sus mejores contenidos, no hubieran sido posible sin el esfuerzo colectivo de compañeros y compañeras que pusieron lo que había que poner en cada momento, y que es hoy el resultado más palpable de un proyecto encarado colectivamente. Repensar la Reforma para Reinventar la Democracia, se inscribe en un profundo compromiso militante, desde que su organización representó desafíos múltiples para el Movimiento Nacional Reformista.

Uno de los desafíos lo constituyó el hecho de enmarcarse las Jornadas en el 90° Aniversario de la Reforma Universitaria de 1918. Esto implica para nuestra organización el deber de construir con perspectiva histórica a partir de los basamentos fundamentales del ideario reformista: la producción democrát ica de los saberes, la aplicación social y comprometida de los mismos, entre otros. Por otro lado, Repensar la Reforma implica volver a pensar la relación entre democracia, construcción de saberes y sociedad, y con ello, el rol estratégico y central que debe asumir la Universidad. Es decir, hacer frente a la crisis de sentidos que atravesamos y que nos atraviesa. En igual sentido, Reinventar la Democracia nos obliga a enfrentar la crisis de legitimidad del sistema político representativo; lo que a su vez genera discusiones y análisis en más de un plano, ya que posibilita la crítica constructiva al funcionamiento del sistema democrático actual, al tiempo que oficia de espejo en relación con las propias prácticas de las organizaciones políticas y su responsabilidad en ese sistema democrático. Implica asumirnos, modificarnos y proyectarnos nuevamente. Finalmente, es inviable cualquier nueva vinculación entre la producción de saberes y la democracia si no logramos poner en diálogo nuevamente al campo popular

El adiós a Antonio Cóccaro con el campo académico. Por eso, nos propusimos generar un espacio flexible y amplio que pudiera cobijar y volver a encontrar personalidades y organizaciones representativas de la comunidad educativa, del campo popular y de los gobiernos. Como corolario, es un anhelo que la publicación de este libro sume elementos significativos al debate que debe asumir el movimiento estudiantil en particular, y la sociedad en su conjunto, a fin de contribuir a la generación de un pensamiento nacional que en diez años nos encuentre celebrando el centenario de aquella maravillosa gesta de Córdoba, habiendo garantizado a los argentinos y las argentinas un futuro de bienestar. (Del Prólogo de esta publicación).

Villa La Angostura: una Convención que no integra Los convencionales de los partidos tradicionales rechazaron la inclusión de los derechos de los aborígenes en su Carta Orgánica, propuesta por el Partido Socialista en aquella localidad de Neuquén. Los convencionales del MPN, UVAC, PJ y la UCR decidieron excluir una parte de la historia de Villa La Angostura. Ene fecto, en los debates que forman parte de la convención que discute la carta orgánica de esa ciudad, rechazaron un artículo que proponía que la Municipalidad reconociera la preexistencia de los pueblos originarios y a las familias descendientes en la región. El proyecto, iniciativa de la socialista Susana Lara, garantizaba “el respeto a su identidad” y promovía “el derecho a una educación que difunda sus valores culturales, adhiriéndose a las normativas vigentes en el orden nacional y provincial en materia indígena”. La iniciativa no identificaba ninguna comunidad ni incorporaba nuevos derechos. Sólo reproducía lo que establecen las Constituciones Provincial y Nacional

y los Tratados Internacionales. Nada más. Pero algunos convencionales interpretaron que aprobar ese artículo representaba una nueva amenaza a la propiedad privada. O un respaldo a la comunidad Paichil Antriao que podría garantizarle una victoria en los tribunales en la pelea judicial, que mantiene con personas que reclaman la tit ularidad y la restitución de lotes ocupados por familias mapuches y otras allegadas. Pensaron, quizá, que otorgarles derechos especiales a los pueblos originarios colisionaba con la cláusula constitucional que advierte que todos los habitantes son iguales ante la ley. El reconocido constitucionalista Germán Bidart Campos postuló en relación al artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, que “el actual alcance constitucional de la igualdad requiere especificar que una minoría no es igual al resto, todo cuanto tiene de diferente necesita, en reciprocidad, un trato también diferente, precisamente para que se cumpla al máximo aquello de que tratar iguales a quienes no son iguales no satisface a la igualdad sino que, al contrario, la lesiona”. Los que votaron en contra no explicaron en la sesión los motivos de su recha-

zo. Quizá no advirtieron que con su decisión negaron parte de la historia de la Villa. Como lo hicieron con los extranjeros, que no podrán acceder a una banca en el Concejo, como ocurre en Junín, Neuquén o Chos Malal. Negaron el origen multicultural que tienen las comunidades de la Patagonia y aun de la Nación. El problema es que los mapuches están en las calles, en los arroyos y hasta en paseos turísticos. Por eso, deberían haber excluido la ut ilización de sus nombres para la explotación comercial y turística. Los once convencionales perdieron la oport unidad de dar señales de integración. Por el contrario, dieron un paso atrás y quitaron la posibilidad de construir una sociedad pluralista e inclusiva. Tal vez deberían haber propuesto volver al viejo artículo 67, inciso 15 de la histórica Constit ución Nacional, que imponía al Congreso de la Nación el deber de “proveer a la seguridad de las fronteras, conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo”. En base a una nota de Jorge Villalobos en diario La Mañana de Neuquén.

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Profundo dolor provocó el fallecimiento de Antonio Cóccaro, dirigente del socialismo platense que dedicó una buena parte de su existencia a mantener viva la Universidad Popular Alejandro Korn (UPAK), una de las instituciones más antiguas de La Plata. Su muerte, a los 82 años, se produjo en forma repentina, pues la vitalidad que caracterizó su personalidad lo acompañó hasta sus últimos días. Cóccaro era el presidente de la UPAK, con más de 40 años en la entidad y el ejercicio de varios cargos en su conducción, trabajó arduo para mantener en pie la tradicional biblioteca popular de la institución, una de las más completas en material histórico sobre el pensamiento socialista. Hijo de inmigrantes italianos –Antonio y Dolores Calvo–, Cóccaro había nacido el 4 de febrero de 1926 en el barrio porteño de Parque Chacabuco. Se instaló en La Plata en 1957 junto a su hermano Angel. Se casó con Estela Quintana en 1959, y de la unión nació su única hija, Ana María. Humilde y solidario, Antonio Cóccaro fue un luchador que se empeñó en difundir el ideario socialista, al que abrazó cuando sólo tenía 14 años. Con Alfredo Palacios, Juan B. Justo, Nicolás Repetto y Alejandro Korn como referentes de la política inició una militancia que muchos años más tarde, de la mano del Partido Socialista Democrático, lo llevó, en 1983, a la candidatura a intendente de esta ciudad. Cóccaro estuvo presente en las páginas de LA VANGUARDIA en esta nueva etapa, tras la fusión de los socialistas argentinos en un único Partido Socialista, a través de la columna "Hace 100 años en La Vanguardia", donde rescataba noticias publicadas un siglo atrás en las páginas del periódico fundado por Juan B. Justo. Con él se va un incansable militante por la elevación del pueblo trabajador, que sus compañeros socialistas jamás olvidarán y que, en el cuidado de las instituciones de las que formó parte, estará siempre presente.

La entrevista

la vanguardia

María Rachid: «Aún nos queda un largo camino por recorrer» Preside la Federación Argentina de Lesbianas Gay Bisexuales y Trans (LGBT) y es una de las más destacadas dirigentes del movimiento que lucha por el respeto a la diversidad sexual en la Argentina. En esta entrevista con LA VANGUARDIA explica en qué consiste la iniciativa del Frente Parlamentario por la Igualdad de Derechos para las personas LGBT –que integran, entre otros, los legisladores del PS– y la situación en que se encuentra nuestro país respecto del anhelo de igualdad de derechos .

Llevás mucho tiempo luchando contra la discriminación por orientación sexual en la Argentina. ¿Cuánto se ha avanzado en este sentido? Empecé a trabajar contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en Argentina en el año 1996. Recién me había asumido como lesbiana y vivía en carne propia las dificultades de la discriminación. Entendí entonces que debía involucrarme en el trabajo por un cambio social que nos garantice a todos y todas el derecho a la salud, el trabajo, la educación, a un trato no discriminatorio y también, por qué no, el derecho a ser felices. ¿En qué consiste la iniciativa del Frente Parlamentario por la Igualdad de Derechos para las personas LGBT? El Frente Parlamentario por la Igualdad de Derechos para las personas LGBT es una iniciativa que convoca a todos y todas los legisladores/as nacionales y locales a comprometerse con el objetivo que enuncia desde la palabra y desde la acción. Quienes lo integren, que ojalá algún día sean la mayoría de los/as legisladores/as, se comprometen a expresar su apoyo a la Igualdad Jurídica, a votar en este sentido, y a colaborar en el consenso político (el social ya existe en nuestra opinión) para que la Igualdad Jurídica sea una realidad.

¿Cuáles son los principales obstáculos a remover para avanzar en la igualdad de derechos en la Argentina de hoy? El principal obstáculo es la presión política de la Iglesia Católica en los países de América Latina, incluido el nuestro. No porque sea formadora de opinión en estos temas ni mucho menos. En realidad, no lo es. Sino porque tiene muchos recursos económicos y políticos con los que amenaza a los políticos que apoyen este tipo de iniciativa. Pero tarde o temprano, la opinión de la gente prima, como sucedió con el derecho al divorcio, la distribución de preservativos para prevenir infecciones de transmisión sexual, etc. La gente se da cuenta que lo que se está reclamando es el derecho a ser quien cada uno es, el derecho a ser libres y a ser felices… que es lo que necesitamos y queremos todos y todas. Negar esto a través de la violencia, la intimidación, la negación de derechos, es hoy en día inexplicable. Los únicos argumentos que pretenden explicarlo apelan a un supuesto “orden natural” y “mandato divino”, argumentos que han dado lugar a los más crueles genocidios en el mundo, desde la Inquisición al Holocausto, entre otros. Por suerte, la sociedad argentina ya no cree en estos argumentos. ¿En qué situación se encuentra la legislación de Unión Civil en el país? ¿Se lleva una estadística de parejas unidas desde la primera sanción? La Unión Civil se aprobó en la Ciudad de Buenos Aires y Villa Carlos Paz.

ABRIL DE 2009

Además, se votó por unanimidad en la provincia de Río Negro, aunque aún no está reglamentada. Los intentos en otras provincias se han enfrentado a los más disparatados ataques clericales, como en el caso de Entre Ríos donde la propuesta del Partido Socialista tuvo que lidiar con cartas y solicitadas firmadas por obispos y sacerdotes que equiparaban la homosexualidad a la delincuencia y la drogadicción. No llevamos estadísticas de la cantidad de parejas unidas porque este dato no reflejaría más que la Unión Civil es un paso político y social muy importante hacia la igualdad jurídica por el que hay que seguir trabajando en las provincias, pero que: primero, no reconoce demasiados derechos concretos porque los derechos familiares son legislados por la Nación; y en segundo lugar expone demasiado a las personas en sociedades que aún son muy discriminatorias con muy pocos beneficios. Entonces, no son muchas las uniones civiles en la Ciudad de Buenos Aires y van a ser muchas menos en las provincias, lo que no quita que como reconocimiento del Estado sea, de todas formas, muy importante como avance. De hecho, los efectos sociales de la Unión Civil de la Ciudad de Buenos Aires fueron importantísimos y no sólo para las personas LGBT de la Ciudad de Buenos Aires sino de todo el país, incluso ha tenido efectos en América Latina. Tanto como la aprobación de la Ley de Matrimonio en España, que nos acercó al anhelo de la igualdad jurídica en América Latina.

ÓRGANO DEL PARTIDO SOCIALISTA AÑO 114 · Nº 1138 (TERCER A ÉPOCA) DIRECTOR:

AMÉRICO SCHVARTZMAN

PÈRIÓDICO FUNDADO POR JUAN B. JUSTO EL 7 DE ABRIL DE 1894 / TERCERA ÉPOCA

la vanguardia

LAS NOTAS FIRMADAS EXPRESAN LA OPINIÓN DE SUS AUTORES Y NO COMPROMETEN LAS POSICIONES DEL PARTIDO SOCIALISTA.

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En comparación con América Latina y con Europa ¿cómo está la Argentina en cuando a la igualdad de derechos? La Argentina fue el primer país en América Latina en contar con una Ley de Unión Civil en una de sus ciudades. Ahora ya Uruguay cuenta con una ley de Unión Concubinaria que reconoce casi todos los derechos del matrimonio a partir de una convivencia de por lo menos 5 años. Y esto es todo lo que hemos logrado en la región, a pesar de los prometedores gobiernos progresistas y seudoprogresistas con los que aún nos quedan algunas pocas esperanzas de acercarnos a la igualdad jurídica en la región. Europa en cambio ya cuenta con varios países que reconocen el derecho al matrimonio o la unión civil con todos o casi todos los derechos de familia. En este sentido, el avance español aumentó las esperanzas en América Latina. Aún nos queda un largo camino por recorrer en Argentina. En realidad, la sociedad ya lo está recorriendo, falta que nuestros representantes lo reflejen en una ley que nos reconozca los mismos derechos, con los mismos nombres para nosotros/as y nuestras familias.

Fotografías: Claudia Castro

COLABOR AN EN ESTE NÚMERO:

JUAN ALZAMENDI, NOR A BLURO, AGUSTÍN CANZ ANI, CL AUDIA CASTRO, DIEGO COL ABER ARDINO, MARIANO CU VERTINO, LUCAS DOLDAN, MARTA FASSINO, RUBÉN GIUSTINIANI, HERNÁN MORENO, GERMÁN MOREYR A, ESTEBAN PAULÓN, ROBERTO SIMIAND . HUMOR: JORGE TESÁN

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