Viaje Al Interior De La Mina

CRÓNICA DE UNA VIAJE AL INTERIOR DE LA MINA

Fuente: Industrias Infinito.

Elaborado por: Jorge Mora Portuguez. Vanessa Dubois Cisneros.

Crónica de un viaje al interior de la mina

Créditos: Textos y contenidos: Jorge Mora Portuguez y Vanessa Dubois Cisneros Fotografías: Industrias Infinito, Heidy Murillo, Vanessa Dubois y Jorge Mora Portuguez Edición y diagramación: Jorge Mora Portuguez y Vanessa Dubois Cisneros Se permite su reproducción total y parcial siempre y cuando se cite la fuente.

Fundación para el Desarrollo Urbano. San José, Costa Rica. Año 2009

Jorge Mora Portuguez

Vanessa Dubois Cisneros

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Crónica de un viaje al interior de la mina

Contenido

1. La mina por dentro......................................................................................... 4 2. Los recursos de amparo y la inspección judicial........................................ 6 3. Al final unos puentes ................................................................................... 15

Jorge Mora Portuguez

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1. La mina por dentro Industrias Infinito S.A. subsidiaria de Infinito Gold Ltd. una multinacional minera de capital canadiense, se ha adueñado de un terreno de 1.200 hectáreas en la Zona Norte de Costa Rica, donde pretende desarrollar uno de los proyectos de minería de oro a cielo abierto más grandes de Centroamérica, con una extensión de unas 228 hectáreas. Esta zona conocida como Crucitas, ubicada en la cuenca binacional del río San Juan (frontera con Nicaragua) es extremadamente frágil desde el punto de vista ambiental y constituye un importante sitio de anidación de la Lapa Verde, en serio peligro de extinción.

En el área de extracción la minera cavará dos grandes tajos de 65 metros de profundidad, en una extensión de 50 hectáreas, arrasando por completo dos cerros, el Botija y el Fortuna, en los cuales se encuentran al menos 24 especies de árboles amenazadas o vedadas, tales como el Almendro Amarillo (principal alimento de la lapa verde).

Para la construcción de la laguna de relave del proyecto, se inundarán, con aguas contaminadas con cianuro, 135 hectáreas, que incluyen un camino público y los márgenes de al menos un río.

Fuente: Industrias Infinito

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Dicha área ya fue talada por la compañía, acabando con toda la cobertura boscosa que en ella se encontraba. La empresa derribó árboles en peligro de extinción como esta gigante Ceiba que se observa en la fotografía de abajo; la cual se encontraba en la zona de protección del río.

La mina se ubicará sobre dos mantos acuíferos; uno de los cuales, que es de carácter regional, se encuentra a 70 metros de profundidad (apenas 5 metros más abajo del tajo que se va a perforar, en un suelo de alta permeabilidad). De este acuífero se abastecen los pobladores de al menos 7 comunidades, a través de pozos perforados, ante la carencia de sistemas de abastecimiento de agua potable. Para extraer un gramo de oro la mina deberá remover más de mil gramos de material del suelo y el subsuelo; utilizando explosivos, cianuro y otros químicos altamente tóxicos; y solo le dejará al país, el equivalente a 20 mil colones por cada millón de colones producidos.

Vista panorámica de la devastación que ya se aprecia en el sitio de la Mina. .

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2. Los recursos de amparo y la inspección judicial La empresa no ha presentado Estudios de Impacto Ambiental para este proyecto. Los únicos que existen fueron elaborados para un emprendimiento diferente a este. A pesar de lo anterior la minera cuenta con el consentimiento del Ministerio de Ambiente y del Gobierno. Ante la férrea oposición de la opinión pública, universidades, organismos especializados en la protección del ambiente, organizaciones sociales y ambientales, así como de las propias comunidades; y con el fin de allanar el camino para Industrias Infinito, el Gobierno de Oscar Arias, en forma abusiva, emitió un Decreto Ejecutivo que declara al proyecto como de “interés público y conveniencia nacional”. La empresa se ha valido de este Decreto para deforestar amplias áreas de terreno, incluso en las zonas de protección de diversos ríos, violentar toda la normativa ambiental; e ignorar una resolución de la Sala IV que prohíbe la manipulación del Almendro Amarillo. Debido a lo anterior unos 17 recursos de amparo fueron interpuestos ante la Sala Constitucional; contra dicho Decreto Ejecutivo. Con el propósito de resolver estos recursos, la Sala IV ordenó realizar una inspección judicial en el sitio del proyecto, a la cual se apersonarían todas las partes recurrentes, con sus representantes legales y asesores técnicos.

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La inspección la llevaron a cabo Luis Paulino Mora, Presidente de la Corte Suprema de Justicia y Ana Virginia Calzada, Presidenta del Tribunal Constitucional (Sala IV), el pasado 11 de setiembre. Esta diligencia judicial se desarrolló en medio de protestas de cientos de manifestantes que pese al difícil acceso se hicieron presentes al lugar. Era posible observar personas de las comunidades vecinas, así de cómo distintos lugares del país como Sardinal, Monterrey, Guatuso, Upala, Zona Sur, representantes de las organizaciones ambientalistas, acueductos comunales, organismos especializados en temas ambientales, estudiantes y representantes de las cuatro universidades públicas; que llegaron a Crucitas a apoyar a los recurrentes y manifestar su oposición al proyecto minero. Cabe mencionar que durante la visita la minera colocó algunas mantas a lo largo del camino, sin que observáramos personas sosteniéndolas; lo cual refleja el poco apoyo que tiene este proyecto en las comunidades de la zona; a pesar de la manipulación de las necesidades de la población, que realiza constantemente la empresa.

Pese al inclemente calor, los manifestantes se sostuvieron en el sitio durante todo el día, en forma pacífica y respetuosa; siendo vigilados de cerca por un dispositivo de policías fuertemente armados con armamento pesado y equipo antimotines.

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Durante la inspección ocular se presentaron gran cantidad de anomalías e inequidades; que fueron toleradas y promovidas por los propios magistrados, que no permitieron a todas las partes involucradas participar en las mismas condiciones. En el primer sitio de inspección la policía, en acuerdo con los dueños de la empresa; impidió a los cientos de manifestantes, miembros de las organizaciones sociales y comunidades que acompañaban a los recurrentes, pasar por el camino público que conduce a la mina, en clara violación del derecho constitucional al libre tránsito.

Sin embargo, la policía sí permitió el paso de los vehículos de los magistrados y de la empresa minera, con todos los técnicos y colaboradores que quisieron.

Posteriormente la fuerza pública Impidió el paso de los vehículos de la prensa, de los recurrentes y de sus representantes legales y asesores; para obligarles a caminar por la montaña, bajo un ardiente sol, por caminos de barro, con cuestas extenuantes de hasta 4 kilómetros de distancia.

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El objetivo de la minera era claro: “reventarnos de cansancio” para que los magistrados vieran solo lo que ellos querían mostrarles; sin que las otras partes pudiéramos intervenir.

Lamentablemente los magistrados se prestaron para esta maniobra que solo fue derrotada por la firme convicción de los recurrentes, que por su amor a la Patria y por su firme determinación de defender la naturaleza, emprendieron la dura marcha hacia la mina. Los diputados José Merino (Frente Amplio), Lesvia Villalobos y Marvin Rojas (PAC) vieron irrespetada su investidura como miembros del más alto poder de la República, al impedírseles el paso de sus vehículos. Ni a los magistrados, ni a la Fuerza Pública, ni mucho menos a la empresa minera extranjera, les importó que se tratara de tres congresistas de la Asamblea Legislativa de Costa Rica En diferentes momentos los diputados, así como los recurrentes y sus representantes legales tratamos de hacerles ver dicha situación a los magistrados, pero estos guardaron silencio, violentando así las más elementales normas y procedimientos que rigen este tipo de inspecciones judiciales. Jorge Mora Portuguez

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En esta fotografía la diputada Lesvia Villalobos intenta dialogar con el magistrado Luis Paulino Mora; quien la observa en forma sin inmutarse, luego de que la señora diputada tuviera que caminar varios kilómetros, a pleno sol, por un empinado camino; mientras él, junto a los personeros de la mina, se movilizaban en lujosos autos 4x4. Ante esta injusta situación, y como un acto de dignidad, los recurrentes, representantes legales y los pocos asesores que permitieron entrar, interpusimos en el sitio un recurso de hábeas corpus. Luego de constatar con nuestros propios ojos la tala rasa realizada por la empresa; y de ver con tristeza los troncos de las Ceibas cortadas en el área de protección del río, emprendimos el camino hacia el segundo punto de inspección.

Arriba y a la derecha: Panorámica de la tala rasa realizada por la minera. Abajo: Restos de árboles cortados, entre estos (a la derecha) se puede observar una Ceiba

. Jorge Mora Portuguez

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Ya en ruta al siguiente punto de inspección, realizamos un segundo acto de dignidad y decoro: al decidir caminar delante de los vehículos de los magistrados y de la minera, para obligarles a marchar a nuestro paso, y evitar así que nos pudieran dejar atrás. Esto indignó a los señores de la mina y a los magistrados, quienes en tono altanero se bajaron de los vehículos amenazando con dar por terminada la actividad; que para ese momento parecía más un “tour turístico a la mina”, que una verdadera inspección judicial. Continuamos por varios kilómetros reteniendo los vehículos de los magistrados y de la minera. Dos compañeras nuestras, Heidy Murillo, presidenta de la Federación Costarricense de Conservación de la Naturaleza (FECON); y Yamileth Astorga, de la Universidad de Costa Rica (UCR), cayeron víctimas de insolación y cansancio

Decidimos entonces permitir el paso de los vehículos, no sin antes asegurarnos de que los magistrados nos autorizaran ir en los nuestros a los siguientes puntos de inspección; y siempre que se garantizara la atención de la Cruz Roja para las afectadas.

Jorge Mora Portuguez

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Pero las anomalías no terminarían ahí, en los siguientes puntos de inspección los magistrados no quisieron prácticamente escuchar a los recurrentes. Biólogos, abogados, ingenieros forestales, y otros especialistas éramos callados cada vez que intentábamos hablar.

Sin embargo los magistrados escuchaban atentamente cada palabra que los personeros de la mina les decían. Por otra parte, los magistrados en ningún momento quisieron ir a inspeccionar los sitios que los recurrentes les señalaban, siguieron un itinerario y una ruta que había sido trazada previamente junto a la compañía minera, y casi siempre acudieron a los sitios que esta quiso mostrarles.

Jorge Mora Portuguez

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A pesar de lo anterior; y debido a que no pudieron quebrar la férrea voluntad y resistencia de los recurrentes; le fue imposible a la minera y sus socios, ocultar el terrible desastre ambiental, y la devastación ocasionada; y que está por producirse en el área del proyecto.

Quedó claro a los ojos de la prensa, de los magistrados y de quienes por primera vez teníamos la oportunidad de entrar al sitio del proyecto; el grave daño causado al ambiente.

Jorge Mora Portuguez

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Las grandes extensiones de terreno talado, los troncos de enormes árboles, aún tirados en el suelo, la biodiversidad arrancada cual si no tuviera valor alguno.

Pudimos ver y sentir en lo más hondo del corazón como habían arrasado con todo lo que había sobre la tierra, sin el menor reparo, sin el menor sentimiento de remordimiento. Cegados por la codicia, por la ambición y la avaricia; con el único afán de obtener unas cuantas onzas de oro, han destrozada una de las zonas de bosques más hermosas y frágiles del país.

Jorge Mora Portuguez

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3. Al final unos puentes No fue sino hasta el final de la inspección, ya de regreso, que se logró que por unos minutos los magistrados inspeccionaran unos puentes y un camino construidos por la empresa minera, en abierta violación de la normativa ambiental vigente. Estos puentes ubicados fuera del área tutelada por el Decreto de “conveniencia nacional”, se hicieron sin un estudio de impacto ambiental previo, y sin contar con la autorización de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) conllevando a la destrucción de cauces, a la corta de árboles, y a la remoción de grandes extensiones de tierra. La minería de oro a cielo abierto, tal como lo ha demostrado el proyecto de Bella Vista, en Miramar de Puntarenas, y otros similares en América Latina, no deja más que miseria, desolación, degradación social y ambiental a su paso. Las míseras “ganancias” que le dejan al Estado, no se comparan con los irreparables daños ambientales y sociales que provocan estos proyectos contrarios al modelo de desarrollo sostenible que tanto pregona nuestro país. Pero si representan un lucrativo negocio para unos pocos empresarios, políticos y funcionarios, que se benefician a costa de toda la sociedad. Sin importar la actitud asumida por ambos magistrados y considerando el peso de la evidente realidad que tuvieron ante sus ojos, esperamos que la Sala Constitucional se pronuncie finalmente a favor del ambiente y declare con lugar los recursos presentados. Jorge Mora Portuguez

Vanessa Dubois Cisneros

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