Transparencia Y Ciudadania

Transparencia y Ciudadanía

Ismael Cruz Medina

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1-Seguridad Ciudadana Inocencia defraudada Durante los últimos años, he mantenido posiciones encontradas con mi hijo, que ahora tiene 17 años. La causa de la contradicción es que él no comparte mis reacciones frente a algunos hechos que se producen con frecuencia en nuestra sociedad. Así como por su definida convicción de que en este país no se puede vivir. Así, por ejemplo cuando ocurre un hecho bochornoso de esos que estremecen a la colectividad, como los asesinatos y violaciones cometidos contra niños, ancianos y mujeres indefensas, las agresiones a ciudadanos y ciudadanas en robos y atracos para despojarlos de sus pertenencias (chóferes), motoconchistas, comerciantes y otros humildes trabajadores). Algunas veces reacciono indignado y hasta llego a expresar que los autores de esos hechos deberían ser eliminados porque constituyen un peligro para la sociedad. Mi hijo, no comparte esa posición e interviene para recordarme que nadie tiene derecho disponer de la vida de otra persona. Que lo que hay que hacer es llevarlo a la cárcel y aplicarle el castigo correspondiente, y sobre todo tratar de regenerarlos para que recapaciten su error y reintegrarlo a la sociedad. Lo cierto es que ante sus reproches, siempre termino aceptando sus puntos de vista, por considerar que su razonamiento obedece a una buena formación humanitaria y a su inocencia y buenos sentimientos El pasado sábado, 4 de marzo, se produjo un acontecimiento que provocó un cambio en la forma de ver las cosas por parte de este jovencito. Resulta que su primo de dieciséis años estaba de cumpleaños. Llegó a nuestra casa y partieron juntos, alrededor de las cuatro de las tardes, a montar skateboard, acompañado de otros dos amiguitos, en una rampa que hay en la avenida de La Salud en el parque Mirador Sur, casi esquina Winston Churchill. Una vez en el lugar, tres de ellos se despojaron de las pertenencias consideras no adecuada para realizar sus acrobáticos ejercicios y las entregaron a mi sobrino para que las sostuviera. Mientras los tres adolescentes se encontraban realizando sus prácticas, dos jóvenes se acercaron al que tenía los objetos y cuchillo en mano, aun siendo de día y ante la mirada de varias personas, lo obligaron a entregar

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todo lo que poseía: dos celulares, una memoria MP3, un guillo, un reloj, una cadena y doscientos treinta pesos que el muchacho llevaba consigo. Además lo obligaron a quitarse un par de tenis Reebok que llevaba puesto. Al percatarse de lo que estaba ocurriendo, los compañeros trataron de auxiliarlo, pero cuando se acercaron, uno de los pillos que le tenía colocado un cuchillo en el costado del indefenso muchacho, lo conminó a que se alejaran si no querían que su amigo fuera asesinado. En tanto que el otro malhechor, que se mantenía a unos cuantos metros, amenazaba con dispararle con un arma de fuego que decía tener. Logrado sus propósitos, los dos delincuentes emprendieron la fuga, atravesando la Av. Winston Chuchill y se internaron en el sector denominado "El Manguito", dejando paralizado e impotente a los cuatros adolescentes, sin sus pertenencias y uno de ellos descalzo. Cuando lograron reponerse, recibieron la información por parte de algunos de los que presenciaron el hecho, que los autores habían sido un tal “Pití”, y otro joven apodado “Jhoan”, que viven en el referido barrio. También le dijeron que ese era el tercer asalto que materializaban ese día en el mismo lugar. La ingenuidad de los muchachos se puso de manifiesto. Pensaban que el hecho de tener los nombres de los ladrones y el barrio donde vivían era suficiente para que la policía los arrestara y los obligara a devolverles sus pertenencias. Comenzaron a llamar a sus amiguitos, cuyos padres son policías, en el entendido de que ya tenían la pista para atrapar a los delincuentes. Sin embargo, nada le resultó. Mi esposa fue a buscarlo y había que estar presente para describir el cuadro que representó la llegada a casa de los adolescentes: el sobrino, de cumpleaños, descalzo no podía pronunciar palabras. En tanto que el nuestro se mostraba nervioso y sólo pudo decir: “Papi tu tiene todas la razón, a los ladrones hay que matarlos a todos”. Me pidieron que los acompañara a poner la denuncia a la policía. Le dije que eso no servía de nada; sin embargo, como ellos insistían, opté por acompañarlos al día siguiente al destacamento que opera en el referido parque. Allí los policías tomaron nota de la denuncia y ante la insistencia de los adolescentes de que los autores del asalto habían sido los denominados “Piti” y “Jhoan”, los agentes confirmaron la existencia de los dos malhechores y les prometieron a mis muchachos que cuando lo capturen los llamarán para que los identifiquen y que tratarán de 3

recuperar los objetos que les habían robados. Ahora, mi hijo me da la razón en cuanto digo que a los ladrones hay que tratarlo con "manos dura". Después de este acontecimiento maneja un nuevo código para aplicárselo a los delincuentes: dice que hay que amputarles una de las extremidades, según el tipo de delito que cometan, para que los ciudadanos lo puedan identificar cuando se le acerquen. En lo que sí mantiene invariable su posición es en el sentido de que en este país no se puede vivir. ¡Que Lástima!

Por quién doblan las campanas “La muerte de cualquier hombre me diminuye, porque estoy ligado a la humanidad; nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas por ti.” (John Donne, prologuista del libro Por Quién Doblan las Campanas de Ernest Hemingway)

La muerte de la joven Vanessa Ramírez Faña, ocurrida en la ciudad de Santiago la semana pasada, ha llenado de luto a la sociedad santiaguera y a la colectividad dominicana en general. Este hecho se inscribe dentro del estado de inseguridad ciudadana que se extiende en forma desenfrenada por toda la geografía nacional. Confieso que cuando recibí la información, por medio de la crónica reseñada en este portal, sentí una sensación de rabia, indignación e impotencia, que iba en aumento en la medida en que conocía las características de la joven asesinada: dieciocho años de edad, estudiante del segundo año de medicina, hija de dos destacados médicos. Su padre, un connotado filántropo presidente de la Sociedad Corazones del Cibao y del Consejo de directores de la clínica Corominas. Y aun más, con los relatos de compañeros y amigos de la joven estudiante destacando sus condiciones personales. El hecho ha provocado rechazo e indignación por amplios sectores de la vida nacional, especialmente de la colectividad de Santiago que reclama que las autoridades tomen medidas para frenar la criminalidad y la delincuencia. Representantes de la iglesia Católica, encabezado por los obispos de todas las Diócesis que operan en la región del Cibao, de las iglesias evangélicas, de los sectores empresariales, de asociaciones profesionales, sindicatos, clubes juveniles, centros de madres, juntas de vecinos, representantes de universidades, personalidades, estudiantes, deportistas y gente del pueblo en sentido general, se han unido para 4

demandar que se detenga la ola de violencia que azota al país y que cobró la vida a la estudiante de medicina. Lo más lamentable de este hecho es que el mismo no constituye una acción aislada, ya que de acuerdo a los informes de la policía, el crimen fue cometido por cuatro mozalbetes, con un prontuario de antecedentes criminales y que algunos de ellos habían sido sometidos a la justicia por la comisión de un atraco en el año 2004 y que lograron salir de la cárcel, no se sabe si por la inadecuada instrumentación del expediente o por una mala decisión de los jueces. Hechos como estos se producen todos los días en las calles de las principales ciudades del país, incluso se señala que los referidos delincuentes habían realizado otros asaltos ese mismo día. La única diferencia con los otros actos cometidos es que éste tuvo como desenlace la muerte de la víctima. Pero hay algo más, a diario decenas de ciudadanos se presentan a los destacamentos policiales y hacen llamadas a los medios de comunicación, denunciando por sus nombres las operaciones de los malhechores y las respuestas que reciben es que para ellos actuar, los que hacen las denuncias tienen que formular una querella en contra de los delincuentes. Esto fundamentado en la interpretación que hace la policía del nuevo Código Procesal Penal. Esta situación ha traído como consecuencia que los delincuentes actúen como “chivos sin ley” en todos los lugares: tienen centros de operaciones conocidos por todos en los barrios (menos por la policía), se desplazan en vehículos (carros y motocicletas) sin placas por todas las ciudades sin que nadie los moleste, circulan en motos sin luces, cruzando los semáforos en rojo, por las calzadas y en vías contrarias ante la indiferencia de los agentes del orden. Andan armados, comercializan en lugares conocidos los artículos robados, etc., etc. Vuelvo a insistir, como lo he hecho en múltiples ocasiones a través de esta columna, que los derechos humanos y las libertades ciudadanas tienen que ser garantizados de manera primordial a los ciudadanos que actúan en el marco de la ley. No puede haber legislación que permita la protección de las acciones de los delincuentes en menoscabo de los derechos de los hombres y mujeres que cumplen con sus deberes, los cuales constituyen la mayoría en el país. El gobierno está en la obligación de rescatar la autoridad perdida frente a los delincuentes. Y que quede claro, no se interprete que estoy 5

planteando retroceder a los métodos criminales de ejecuciones extrajudiciales, por el contrario lo que planteo es que las autoridades tienen que poner en marcha un plan integral de combate a la delincuencia a todos los niveles, basado en acciones preventivas y labores de inteligencia delictiva y criminal . Tampoco me refiero a las causas estructurales y sociales que generan la delincuencia, como la falta de empleos y de educación de nuestros jóvenes, las cuales muchos utilizan para justificar la participación de los jóvenes en la delincuencia. Esos son problemas que hay que enfrentar, pero tienen otros escenarios, cuyos resultados se obtendrán a más largo plazo. No se puede seguir dejando la impresión en los delincuentes que ellos tienen cancha abierta para desarrollar sus actos. Hay que poner en marcha acciones para seguirles los pasos a donde quiera que se muevan y demostrarles que la delincuencia no tiene impunidad en nuestro país. El Plan de Seguridad Ciudadana que viene desarrollando el Gobierno, tiene sus puntos luminosos en los lugares donde se aplica, pero al mismo tiempo provoca un desplazamiento de los delincuentes a aquellos sectores donde no se está implementando dicho programa. Tampoco es posible garantizar la seguridad colocando un agente a cada ciudadano. El asunto está en desarticular las redes de operación de la delincuencia y para ello existen métodos científicos avanzados. En otro orden de ideas, resulta alentador las voces que se han levantado para protestar por el asesinato de Vanessa, sobretodo porque entre ellas se destacan algunas personalidades que en el pasado han tenido posiciones que se han interpretado más en apoyo a los delincuentes que en defensa de los derechos de los ciudadanos que actúan correctamente. Muchos, como fruto de la indignación que le provoca un acontecimiento tan espeluznante, reviven el manido tema de aumento de las penas para hechos de esa naturaleza: pena de muerte, cadena perpetua, trabajo forzado, etc. Desde mi punto de vista esas medidas no servirían de nada, independientemente de que podría estar de acuerdo con algunas de ellas. El problema principal consiste en que el gobierno tiene que demostrar su autoridad para que los delincuentes sepan que no tienen espacio para realizar sus acciones y que todo el que viole la ley será castigado de acuerdo a la gravedad del delito cometido. Eso es lo que va ahora, lo de las penas se puede ver luego.

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En Santiago sonaron las campanas, pero las mismas no doblaron sólo por Vanessa. Doblaron por todos los jóvenes que se desplazan a sus centros de estudios expuestos a correr su suerte. Doblaron por los que todos los días se dirigen a sus trabajos a ganarse el sustento de sus familias. Doblaron por quienes con sus esfuerzos e iniciativas ponen un pequeño negocio para ganarse la vida y generar empleos. En fin, doblaron por todos los dominicanos que vivimos en esta tierra y estamos expuestos a correr la misma suerte. Paz a sus restos y consuelo y fortaleza para esa desdichada familia.

La inseguridad tiene múltiples facetas Todavía sin recuperarnos del brutal asesinato de la estudiante de medicina Vanessa Ramírez Faña, ocurrido en la ciudad de Santiago y ejecutado, de acuerdo al informe policial, por cuatro jóvenes para robarle un teléfono celular. La prensa nos trae la información que otro estudiante también de medicina, de 18 años e hijo de un médico, fue arrollado en la avenida 27 de febrero, en el tramo comprendido entre las avenidas Privada y Núñez de Cáceres, por un automóvil conducido por “jebitos” que realizaban una competencia con las luces apagadas. La víctima, en esta ocasión fue el joven Eduardo David Rodríguez, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), quien era hijo del doctor Juan Ramón Rodríguez Montán y de la licenciada Felicia Rodríguez. El referido tramo de la avenida 27 de febrero, es utilizado todas las noches (después de la media noche) por jóvenes provistos de automóviles con motores de alta potencia que se dedican a practicar “su deporte preferido”, poniendo en peligro la vida de los transeúntes que cruzan a pie, así como de los conductores que tienen que atravesar dicha vía. Pues los desalmados e irresponsables pilotos de los “autos de carrera”, no se detienen ni siquiera en las intersecciones donde hay semáforos instalados. En mi caso particular, que vivo en una calle paralela a dicha avenida, he sido espectador desde hace ya varios años, cómo ese grupo de sinvergüenzas han tomado ese espacio como pista de carrera de sus lujosos y potentes automóviles. Muchas veces despierto sobresaltado como consecuencia del escandaloso ruido que provocan los poderosos motores de los autos que intervienen en las competencias.

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Confieso que cuando escucho los automóviles pasar como “la Honda del Diablo” por dicha vía, me quedo en suspenso y paralizado, esperando el impacto de un accidente al cruzar la próxima intersección, por donde atraviesan sin hacer caso a las señales del semáforo que regula el transito. También, como conozco bien la situación, cuando me toca cruzar esa avenida en horas de la noche, tanto a pie como en vehículo, antes de hacerlo tomo medidas para percatarme que la calle está despejada, no importa que las luces del semáforo me estén dando paso, medida que comparto con mi familia y amigos que me visitan. Lo cierto es que lo sucedido al joven Eduardo David Rodríguez, le puede ocurrir a cualquier ciudadano que transite por esa vía en horas de la noche. Pues ese es un espacio ocupado por esos jóvenes, desde hace mucho tiempo. Cuando alguien llama a la policía para solicitar su apoyo, la respuesta es que no tienen ni vehículos, ni agentes disponibles. No se si en este caso, como en otros, su inacción está relacionada con su interpretación del Nuevo Código Procesal Penal, de que para actuar se requiere que los ciudadanos presenten querellas formales contra los violadores de ley. La inseguridad tiene muchas formas de expresarse y en cualquiera de sus manifestaciones puede cobrar la vida o poner en peligro a los ciudadanos. Además de la delincuencia y la criminalidad formal, hay que cuidarse de los gatillos alegres que disparan sus armas al aire, de los desaprensivos que utilizan las vías públicas para satisfacer su morbo de adicción a la alta velocidad, de los que conducen vehículos pesados por carreteras y avenidas guiando por el carril de la izquierda y lanzando piedras y otros materiales a la vía pública rompiendo cristales y poniendo en juego la seguridad de los que viajan en otros autos, entre tantas situaciones de inseguridad a que nos enfrentamos todos los días. Finalmente, como estoy convencido que para estos jovencitos no hay ley ni autoridad que les ponga freno, me permito recomendarles a todos los que se vean obligados a cruzar por la avenida 27 de febrero a pie o en vehículo, después de la media noche, que no lo hagan sin percatarse que no existe peligro para ello. En este caso, al igual que con el tema de la delincuencia, la única solución es que los responsables retomen la autoridad y hagan cumplir la ley sin importar quien sea el afectado. Por aquí andamos hablando de pena de muerte y de cadena perpetua, cuando no somos capaces de hacer cumplir

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con simples disposiciones como las que reglamentan el tránsito de vehículos.

¡Ahora sí me dio miedo! La información aparecida, la semana pasada en los medios de comunicación, dando cuenta de que un oficial del Departamento de Recuperación de Vehículos de la Policía Nacional que actuó en el desmantelamiento de una banda que se dedicaba al robo de vehículos, ha recibido, junto a sus familiares, amenazas de muerte de parte de los malhechores que se encuentran detenidos, así como la agresión a tiros de que fue víctima el sargento Saulo Salustiano Matos, quién participó junto al referido oficial en las pesquisas que llevó a la captura del grupo de delincuentes, constituye un hecho que mueve a preocupación y a reflexión sobre el rumbo que están tomando las cosas en materia de inseguridad y delincuencia. En esa misma dirección podríamos enmarcar la denuncia hecha por el Fiscal del Distrito, doctor José Manuel Hernández Peguero, señalando que el ex coronel Pedro Julio Goico Guerrero, alias Pepe, recientemente encarcelado en el penal de La Victoria, luego de regresar de España, le está amenazando con desatar represalias en su contra por haberlo apresado para que encare en la Justicia un expediente sobre supuesto lavado de dinero en un caso vinculado con el extraditado ex capitán Quirino Ernesto Paulino Castillo. Agregó el funcionario que Pepe Goico le mandó a decir que se recuerde que lo que se está usando en España es contratar sicarios colombianos para eliminar por paga a una determinada persona, y que ese método se que puede comenzar a utilizar aquí a partir de ahora. A pesar de que esta última denuncia parece más bien una fantasía propia de una película de ficción, por venir de un alto funcionario, no deja de ser preocupante, porque al igual que la primera, refleja que en el país se ha perdido el principio de la autoridad y todos los esfuerzos que realicemos para controlar la delincuencia no alcanzarán los resultados esperados si no se reestablece ese principio. Si se permite que desde la cárceles los delincuentes amenacen y "ajusten cuentas" contra las autoridades, entonces habremos perdido la batalla contra ese flagelo. El robo de vehículos se ha convertido en una actividad altamente lucrativa en el país. Todos los años se registra la sustracción de miles de autos de lujos, los cuales de esfuman de manera misteriosa en nuestro medios, ante 9

la incompetencia o indiferencia de las autoridades responsables. Todavía anda por ahí dando vuelta de corte en corte el expediente de los oficiales que usufructuaron durante la pasada gestión de gobierno, los vehículos robados a particulares y recuperados por la institución del orden, sin que se dicten las acciones penales correspondientes contra los autores de esos bochornos hechos. Los problemas hay que enfrentarlos en su origen, pues si dejamos, como hemos permitidos, que se nos vayan de la mano, entonces se convertirán en complejos. El gobierno esta en la obligación de poner en marcha un plan general contra la delincuencia, la cual cada vez se torna mas desafiante, Los programas "Barrios Seguro" y "Ciudad Segura" son buenas iniciativas, pero tenemos que diseñar estrategias para combatir la "alta delincuencia", la cual da muestra de moverse con facilidad y grandes recursos, Hay que proteger a los agentes que cumplen con su deber, tanto creando una legislación que sancione de manera drástica las agresiones contra ellos, como dotándolos de los medios de protección necesarios para cumplir con su labor. Pero al mismo tiempo hay continuar con una profilaxis para sanear ese cuerpo, ya que desde dentro constantemente salen señales que empañan su imagen. Estos hechos me traen a la memoria la ola de asaltos y robos a residencias y negocios que se produjo en el país en el año 1999 y que para contrarrestarla llevó a la jefatura de la Policía Nacional al tristemente célebre, general Pedro de Jesús Tejada Candelier. Esperamos que las autoridades busquen fórmulas para impedir que la situación se nos salga de control. De lo contrario habrá que apelar a que alguien nos defienda, Dios nos libre que tengamos que acudir como en el pasado a un Chapulín Candelado.

El toro por los cuernos Las medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno Ampliado, convocado por el señor Presidente de la República para buscar fórmulas encaminadas a enfrentar la ola de delincuencia que ha estado azotando al país en los últimos meses, constituyen una señal de que el gobierno ha comprendido la necesidad de tomar el toro por los cuernos y encarar con determinación la situación. Esto así porque hasta la convocatoria del referido consejo de gobierno la impresión que uno percibía era que las autoridades gubernamentales no compartían los reclamos de la población de que la delincuencia había

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desbordado los límites normales y parecía que estaban satisfechas con los resultados del plan de acción que habían puesto en marcha. El paquete de medidas anunciadas por el presidente, representa una expresión de que en el gobierno hay la voluntad de enfrentar con determinación el flagelo que ha movido la preocupación de amplios sectores de la vida nacional. Las disposiciones adoptadas, algunas de aplicación práctica, fueron oficializadas de inmediato por el mandatario. Entre ellas: La prohibición temporal de importación de armas de fuego y municiones y el decomiso de las armas ilegales incautadas. La regulación de los horarios de los centros de diversión para que solamente permanezcan abiertos hasta la doce de la noche, exceptuando los viernes y los sábados. También se anunció la formación de patrullas mixtas (PN-FA) para el patrullaje en horas de la noche y regulaciones para el uso de las motocicletas; así como encargar a los departamentos investigativos, bajo la coordinación de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), de ubicar e identificar los puntos de venta de drogas en todo el territorio nacional. Ordenó también que los policías que prestan servicios en las instituciones oficiales sean sustituidos por militares para que éstos se integren a las labores de patrullaje. Además, el presidente anunció que serán reclutados unos cinco mil nuevos agentes policiales e igual número de auxiliares, así como el aumento de los sueldos a los integrantes del cuerpo policial; asimismo comunicó la profundización del proceso de depuración, equipamiento y entrenamiento del cuerpo del orden. Un aspecto significativo y alentador fue el hecho de que el primer mandatario se unió a la voz de los amplios sectores del país que reclaman una modificación parcial del Código Procesal Penal, el cual algunos entienden que facilita a los delincuentes burlar la persecución penal. Este punto adquiere mayor significación, si tomamos en consideración que importantes funcionarios del gobierno, entre ellos el Jefe Policial, el Procurador General de la República y el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, se habían pronunciado en contra de la modificación de la referida pieza legal. La sociedad debe darles todo el apoyo al gobierno y al presidente, quienes han trazado las líneas gruesas para enfrentar la ola de criminalidad. Ahora bien, los encargados de aplicar las medidas, tienen que entender que la población espera acciones inmediatas y efectivas, por tanto están en el deber de hacer valer el principio de autoridad. A los delincuentes hay que hacerle ver que todo el que viola la ley en la República 11

Dominicana recibirá una sanción de acuerdo al delito cometido, no importa que se trate de la quiebra de un banco, del tráfico de drogas o personas, del desfalco de bienes del erario, del robo de un pollo o cualquier otra violación. Démosle un voto de confianza a las autoridades, aunque tengamos que hacer algunos sacrificios. El país tiene que recobrar la normalidad.

La venta y expendio de bebidas alcohólicas. La decisión de las autoridades de incluir algunas restricciones a la venta y el consumo de bebidas alcohólicas, dentro de las medidas adoptadas para enfrentar la ola de delincuencia y criminalidad que azota el país, ha desatado una cadena de reacciones de sectores que consideran que esa disposición les perjudica. Dichas reacciones no dejan de tener cierto fundamento, sobre todo porque las medidas restrictivas abarcan y dan el mismo trato tanto a los negocios que por su naturaleza se dedican a la diversión y el entretenimiento, en lugares cerrados (bares, restaurantes, discotecas, cafés, night club, etc.), como a una serie de establecimientos que realizan la comercialización y el expendio en lugares abiertos y a los cuales no debería permitírseles la venta de alcohol ni en horas de la mañana, ni de la tarde, ni de la noche (colmados y “colmadones”, bodegas, cafeterías, etc.) y que hemos dejados que se venda y consuma sin restricción, al igual que el agua, la leche, refresco, golosinas o cualquier otro producto comestible, sin importar que el lugar donde se expende sea frecuentado por niños. Aquí todo el que pone un negocio puede vender bebidas a cualquier persona y en cualquier sitio, sin ningún tipo de reglamentación, con la sola excepción de los menores de edad, donde tampoco contamos con medidas estrictas para garantizar su cumplimiento. Cualquiera puede ir a un almacén y comprar una caja de ron o cerveza e instalarse donde le de la gana a vender al pregón esos productos porque no hay ninguna disposición que lo prohíba. Pero al mismo tiempo la gente transita por todos los lugares exhibiendo botellas de alcohol, ante la mirada indiferente de todos. Sería interesante saber si quienes hoy levantan su voz exigiendo que se revisen las medidas provisionalmente adoptadas, estarían en disposición de aceptar que nos abocáramos a formular una normativa integral y sostenible para regular la materia, como existe en todos los países civilizados.

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Ahora que se debate el tema, las autoridades deberían animarse para abordar a profundidad ese asunto que tanto daño le ha provocado a la sociedad dominicana. Se requiere de una legislación que regule el otorgamiento de los permisos o licencias para los establecimientos que se dediquen a su comercialización. Hay que prohibir la venta y el consumo en lugares abiertos, el consumo en vehículos, especialmente los conductores. Pero al mismo tiempo hay que establecer sanciones para los que incurren en la violación a las disposiciones establecidas. Antes de continuar permítanme compartir con los amigos lectores un correo electrónico que me hizo llegar el amigo Francisco Sandoval, un destacado dominicano, preocupado por los problemas del país, que desarrolla con mucho éxito trabajos de consultarías en las áreas fiscales y de contabilidad en varios estados de los Estados Unidos. “En este país la distribución de bebidas alcohólicas está controlada por el Gobierno Federal en coordinación con los gobiernos estatales. A nivel federal es el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que lo regula a través de una división llamada ATF que quiere decir (Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego). Cada Estado dentro de los lineamientos generales del gobierno federal impone sus propias regulaciones para expedir una licencia de licor. En New York, las licencias de licor se clasifican dependiendo de los establecimientos que la requieran. Si es una bodega, este tipo de establecimiento sólo puede vender cerveza y vinos suave-dulces y no pueden ser consumidos dentro del establecimiento. Para vender licor fuerte debe ser una tienda de licor o un restaurante-bar. Para el establecimiento de este tipo de negocio hay que reunir una serie de requisitos tales como: -Donde se pretende establecer el negocio no puede estar cerca de una escuela, una iglesia o centro de trabajo con niños. -Tiene que tener aprobación de la junta de vecinos. Además de que el local tiene que calificar con las regulaciones de seguridad de los bomberos, etc. - Para todas las licencias de licor y cerveza se necesita un chequeo del historial de las personas dueñas del negocio. -Se le toma las huellas digitales y éstas son chequeadas por el FBI para saber si el solicitante tiene historial delictivo.

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-Tienen que proveer información de los últimos diez años de trabajo y los últimos diez años de residencia. -Deben especificar la procedencia del dinero que será utilizado en la inversión. - No pueden haber funcionarios públicos que tengan influencia en las agencias que expiden las licencias. Todas estas regulaciones son aplicables tanto a los detallistas como a los mayoristas y éstos últimos no pueden vender licor a nadie que no tenga una licencia de detallista. También existen las licencias temporarias que son menos rigurosas pero que son por fechas específicas; es decir, licencias para un evento por ejemplo una kermés donde desean vender alcohol por una cuantas horas, se le provee una licencia por ese tiempo”. Hasta aquí la nota de Francisco Sandoval. Algo más que deseo compartir es una conversación que sostuve en la ciudad de Hudson, en el Estado de Nueva York, con Julio, un dominicano nativo de Cotui, de los pocos ciudadanos de nuestro país que viven en esa pequeña ciudad. Tomábamos una cerveza en su casa, y me explicaba su deseo de regresar a la patria que lo vio nacer a pasar los últimos años de su vida. También externaba su preocupación por el caos y el desorden, que a su manera de ver las cosas, existen en el país. Me señaló que el problema principal para regresar son su mujer y sus dos hijos (nacidos en Estados Unidos) que no hay quien les hable de ir a vivir a un lugar donde no hay luz. Julio se mantiene bien enterado de todo lo que sucede en nuestro país. Se refirió a las últimas medidas adoptadas por el gobierno para enfrentar la violencia y la criminalidad, con las cuales dijo estar de acuerdo. Refiriéndose a las restricciones a la venta y el consumo de alcohol, dispuestas por el gobierno, me señaló que en esa ciudad al que encuentran tomándose una cerveza en la calle le ponen una multa de cien dólares y si es un conductor se lo llevan preso inmediatamente y tiene que ir a Corte. Si es reincidente hasta le cancelan la licencia de manejar. En un momento se detuvo para decirme: “Mire, esos son mis hijos, el varón tiene catorce años y la hembra tiene diez. Si yo le pido a uno de 14

ellos que me traiga una de las cervezas que están en la nevera y alguien me denuncia, de seguro que voy a tener problemas y hasta me pueden quitar a mis hijos”. Con esta afirmación pude comprobar que la persecución a la violación de la norma se extiende hasta la intimidad del hogar. Eso se llama autoridad. Otra cosa que me dijo mi anfitrión fue la siguiente: “Ese hombre que está gobernando allá es el único que puede resolver los problemas de ese país, porque él vivió aquí y sabe como es que se hacen las cosas”. Finalmente, estoy de acuerdo que las medidas restrictivas relacionadas con la venta y consumo de alcohol deben ser revisadas. Eso sí, sin chantajes, como aquel de que miles de padres de familias van a ser cancelados si no se derogan las disposiciones adoptadas. Los que se acostumbraron a comercializar las bebidas alcohólicas sin ninguna regulación deben comprender que ese desorden tiene que cambiar. Es el momento para que sin demora nos aboquemos a discutir fórmulas para dotar al país de una reglamentación legal para regir esa delicada materia. Esta podría ser una buena iniciativa de los nuevos congresistas que estrenaremos en el próximo día.

El robo de los cables eléctricos y el simbolismo de la autoridad— De todos los rincones del país se reciben reportes dando cuenta que bandas organizadas realizan a diario el robo de los cables del tendido eléctrico, dejando en la oscuridad a poblaciones enteras. Los desaprensivos llevan a cabo sus fechorías con el propósito de vender los alambres robados a “empresas” que se dedican a fundirlo para extraer el cobre con fines de comercializarlo. El pasado fin de semana aproveché los días de asueto para, junto a mi familia, retirarme a mi natal campito de Palmar Grande en el municipio de Altamira. Al llegar a la comunidad la primera noticia que recibí fue que no había energía eléctrica desde hacía varios días, porque se habían robado los cables del tendido, en una extensión de aproximadamente mil quinientos metros. La pobre gente de las localidades afectadas se las ingeniaba recolectando dinero para comprar de nuevo los cables y reestablecer el servicio, que de acuerdo a lo que me señalaron, la acción de los malhechores ya se había producido en varias ocasiones.

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A mi regreso a la capital me puse a revisar la prensa y en algunos de los periódicos digitales del martes 7 de noviembre encontré las siguientes informaciones relacionadas con el caso: -El señor Juan Modesto Rodríguez, en comunicación dirigida al periódico Listín Diario, denuncia que en Villa Altagracia y Pedro Brand, “cada semana cientos de hogares son dejado a oscura por los bandidos que atraídos por la demanda de cobre se roban los alambres del tendido eléctrico” (Listín Diario, 7/11/06) -El periódico digital El Viajero trae la información de que en la avenida Ruta 66 del AILA, “la Policía Nacional apresó a un hombre que robaba los cables del tendido eléctrico”. (El Viajero 7/11/06) -El mismo periódico Listín Diario trae otra nota dando cuenta que: “en menos de seis meses la Policía Nacional ha apresado y sometido a la justicia a 50 personas involucradas en el robo y venta de alambres del tendido eléctrico”. (Listín Diario 7/11/06) -El vespertino El Nacional trae la noticia que “La policía apresó a un hombre con 2,000 pies de alambre del tendido eléctrico que había sustraído de una finca ubicada en el kilómetro 22 de la Autopista Duarte”. (El Nacional 7/11/06) Como puede apreciarse se trata de una oleada delincuencial con presencia prácticamente en todo el territorio nacional. Esta situación ha obligado a los residentes en diferentes barrios y comunidades a organizarse en comité de vigilancia para proteger las redes eléctricas, lo que ya ha dejado como saldo el linchamiento, la golpeadura y el apresamiento de varios de los responsables en diferentes lugares del país. La proliferación de estos hechos y la ineficiencia que han demostrado las autoridades policiales para enfrentarlos, unido a la venalidad con que son tratados en los tribunales los responsables de cometer estas acciones, mueve profundamente a preocupación y refleja el nivel de resquebrajamiento de la autoridad en la República Dominicana. La preocupación es mayor si relacionamos estos acontecimientos con otros que se han enraizados en nuestro medio y que han desbordado la capacidad o quizás el interés de las autoridades. Me refiero a hechos como los constantes robos de vehículos, las acciones que por años llevan a cabo cuatreros en toda la geografía nacional robando ganado de todo tipo en perjuicio de nuestros productores 16

pecuarios y de humildes familias de la zona rural, así como también la sustracción de las barandas de protección colocadas en las autopistas y carreteras, entre otros de los tantos hechos vandálicos que presenciamos a diario. La autoridad tiene símbolos que no se pueden relegar, al menos que estemos apostando al caos y a la anarquía. Entre esos símbolos están el control del territorio nacional, la protección de los sistemas y redes eléctricas, el resguardo de los depósitos y la conducción de los sistemas de agua potable y la comunicación cablegráfica y vial, entre otros. Atentar contra estos servicios tiene que ser perseguido y penalizado con sanciones drásticas y ejemplarizadoras. Si permitimos que grupos desaprensivos sigan cometiendo fechorías como la de dejar a oscura a una población y la consecuente paralización de sus actividades, a la gente no le quedará otro camino que tomar la justicia en sus manos, lo que constituye una manifestación de falta confianza en las autoridades competentes. El gobierno tiene que evitar que el caos y el desorden continúen ganando terreno, de lo contrario estaremos ahondando la fosa para la sepultura de nuestro limitado ordenamiento democrático.

“Vendí el sofá compadre”— Recuerdo una anécdota que escuché en una ocasión acerca de un señor que le comentaba a su compadre que se había enterado que su mujer le estaba siendo “infiel” con otro hombre. De acuerdo a su relato el espacio que utilizaban para llevar a cabo el acto de infidelidad era un sofá que había en la sala de la casa donde residía junto a su esposa. El compadre consternado por la información que había recibido de su amigo y temiendo que éste vaya a cometer una locura se apresuró a preguntarle: ¿y qué piensas usted hacer?, ya lo resolví le contestó éste muy tranquilo, lo que aumentó la ansiedad del compadre, llegando a pensar que había atentado contra la mujer y su amante o que simplemente le había pedido el divorcio a su esposa. ¿Y qué fue lo que hizo?, insistió el amigo: Pues vendí el sofá compadre. La anécdota la traigo colación a propósito de unas declaraciones dada a la prensa por el Secretario de Estado de Obras Públicas, ingeniero Freddy Pérez, refiriéndose a la ola de robo de los cables eléctricos y otros materiales metálicos que viene azotando al país durante los últimos meses. El funcionario ha señalado lo siguiente: “yo pienso que la 17

solución de eso es un decreto del señor presidente prohibiendo la exportación de ese tipo de materiales por un tiempo, esa sería la solución”. Ya con anterioridad a esta propuesta, autoridades gubernamentales se habían reunido con los propietarios de las empresas que se dedican a la fundición y comercialización de cobre y otros metales para pedirles que se abstengan de comprar los materiales robados. Todo esto se produce en momento en que las bandas dedicadas a sustraer los cables eléctricos han aumentado sus operaciones en todo el territorio nacional. En los últimos días se ha reportado la sustracción, una vez más, del cableado de los puentes Juan Bosch y Juan Pablo Duarte en la ciudad capital. También la empresa distribuidora de electricidad Edesur informó que en los últimos meses ha perdido más de 30 millones de pesos como consecuencia del robo de los cables en varias provincias de la región sur. El reporte de Edesur señala que los ladrones utilizan “sierras eléctricas” para derribar los postes y sustraer el cableado dejando a las comunidades a oscura. Como puede observarse el problema se continúa agravando y a pesar de que en algunas ocasiones la policía informa de la detención y sometimiento a la justicia de los integrantes de algunas bandas e individuos que fueron sorprendidos robando cables en diferentes zonas del país, hasta ahora no se conoce de ninguna condena ejemplarizadora de un tribunal para los que se dedican a la comisión de estos hechos. Ahora bien, si existiera la determinación y voluntad de parte de las autoridades de frenar estas acciones y llevar a la cárcel a los responsables, no resultaría más lógico y razonable que las autoridades impongan una vigilancia a las empresas dedicadas a estos menesteres, que como se ha señalado no pasan de diez en todo el país, para apresar a aquellos que pretendan comercializar esos materiales robados. Además los que se dedican a esa práctica circulan libremente por los caminos y las carreteras del país como si no existieran autoridades. Lo más recomendable sería que estas acciones se enfrentarn a través de medidas de inteligencia, pero todo parece indicar que nuestros organismos castrenses carecen de la capacidad investigativa que les permitan poner en práctica métodos y procedimientos de inteligencia delictiva dirigidos a identificar a los grupos e individuos que se dedican a cometer esos delitos.

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Esta situación es más preocupante si tomamos en consideración que el país consagra un presupuesto de más de dieciséis mil millones de pesos anuales a la Seguridad Nacional, en el que se incluye el pago de una nómina que supera los cincuenta mil servidores públicos. Seria interesante saber en que invierten su tiempo todos los organismos de investigación que hoy existen en nuestros cuerpos armados. A las propuestas de “aconsejar” a los dueños de las empresas, los cuales se sobreentiende que son cómplices, para que no compren los materiales robados, y a la del secretario de Obras Públicas de que el presidente prohíba por decreto la exportación de esos materiales, se le puede agregar otra: que el gobierno prohíba también la venta de las referidas sierras para que los ladrones no la puedan utilizar en derribar los postes de las instalaciones eléctricas que ha denunciado la distribuidora Edesur. Con estas mediditas estaríamos dando solución al problema como lo hizo el compadre “vendiendo el sofá”.

2-Coyuntura Electoral 2006 La Encuesta Listín – Hamilton Los resultados arrojados por la última entrega de la encuesta de la firma Hamilton y el periódico Listín Diario, le envía una clara señal a los dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) que debería ser bien ponderada por esa entidad política, si desea volver alcanzar los niveles de popularidad que tuvo en el pasado reciente. En este sondeo quedó evidenciado la valoración que tiene la población dominicana de los esfuerzos que está haciendo la administración del presidente Leonel Fernández en procura de sacar al país de la difícil situación económica dejada por el pasado gobierno perredeísta que encabezó el agrónomo Hipólito Mejía. De acuerdo a los referidos resultados, los principales líderes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), obtienen los porcentajes más altos de valoración favorable, mientras que los dirigentes del partido blanco obtienen la peor ponderación por parte de los encuestados. Resulta revelador que entre los líderes mejor evaluados se encuentren cuatro integrantes del partido morado. El presidente Fernández está a la cabeza con la opinión favorable del 60 por ciento de los dominicanos, Jaime David Fernández Mirabal alcanza el 57 por ciento, José Tomas

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Pérez el 51 por ciento y Danilo Medina el 50 por ciento. En el lado contrario, es decir en los de peor valoración, la lista la encabeza el expresidente Hipólito Mejía con un 73 por ciento de los encuestados, seguido por el presidente del partido, Ramón Alburquerque con un 61 por ciento y Rafael Suberví Bonilla con un 60 por ciento de rechazo. Estos datos reflejan que la estrategia seguida por los dirigentes del PRD, a través del enfrentamiento y oposición radical a todas las medidas que lleva a cabo el gobierno, no ha encontrado eco en la población y que ésta no ha olvidado que los problemas que el país está confrontando son el resultado, en gran parte, de la mala gestión de la administración pasada. Todo parece indicar que las posiciones tremendistas con que se están manejando los voceros perredeístas, especialmente el presidente del partido y el ex mandatario, no están siendo asimiladas por la gente, que espera de ellos, por lo menos una autocrítica de lo que fue su desastroso paso por la administración de Estado. Siguiendo con la misma línea de análisis, hay que destacar la alta valoración obtenida en el referido sondeo, un 58 por ciento, para el señor Pedro de Jesús Candelier, un ex jefe de la policía cuya carta de presentación está basada en un pasado represivo caracterizado por la violación a los derechos humanos a través de ejecuciones extrajudiciales. La alta simpatía del ex general, hay que interpretarla como una respuesta de la población al incremento de la delincuencia durante los últimos días y al interés de que la misma sea frenada a cualquier precio. Es un mensaje al gobierno, de que no obstante la población reconocer el esfuerzo que viene realizando a favor de la recuperación del país, al mismo tiempo demanda acciones firmes para combatir la delincuencia, por lo que el gobierno deberá empeñarse a fondo para poner en ejecución una estrategia que garantice la paz y la tranquilidad de la ciudadanía, o de lo contrario seguirá creciendo en la población el sentimiento de: “Mano dura contra la delincuencia”.

La JCE otra vez en el ojo del huracán La Junta Central Electoral (JCE) vuelve a ser el epicentro de un nuevo escándalo, como resultado de la falta de coherencia que prima en el alto tribunal electoral. Cada vez que el país se aboca a la celebración de unos 20

comicios, queda evidenciado la debilidad institucional de ese organismo, el cual desde su conformación ha sido objeto de fuertes cuestionamientos, tanto por la forma en que fueron seleccionados sus integrantes, atendiendo a los intereses particulares del grupo que controla el Senado de la República, como por la falta de autoridad y la parcialización con que actúa en los momentos en que las circunstancias lo han demandado. Actualmente la situación del organismo se torna más compleja, debido a que los problemas internos que confronta el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que condujeron a su fraccionamiento, parece haber colocado al presidente del tribunal en un contexto que no les inspira confianza a los líderes de los partidos que lo llevaron a ocupar esa alta posición. De ahí la posición asumida por los dirigentes de la "alianza rosada”, quienes reaccionaron pidiendo la renuncia del presidente de la Junta, cuando se divulgaron unos supuestos o reales pronunciamientos del Dr. Arias en los que manifestaba su deseo de que el congreso que surja de los venideros comicios sea equilibrado, es decir, representativo de todas las fuerzas políticas. En las últimas semanas, la Junta se ha visto envuelta en un nuevo conflicto, esta vez como consecuencia de la decisión de recibir la inscripción de varias candidaturas de la referida alianza después de vencido el plazo establecido; así como también por la recepción de algunas candidaturas municipales, de la misma coalición política, en la sede principal del tribunal, las cuales debieron ser presentadas por ante las juntas de los municipios correspondientes. El artículo 70 de la Ley 275-97 establece que las propuestas de candidatos para que puedan ser admitidas “deberán ser presentadas a más tardar 60 días antes de la fecha en que se celebrarán las próximas elecciones”. Ese plazo en consecuencia concluía el 16 de marzo a las doce de la noche. Los dirigentes de los partidos Revolucionario Dominicano y Reformista Socialcristiano, no cumplieron con lo establecido en la disposición legal y por el contrario se aparecieron a la Junta unos cuantos minutos antes de vencer el plazo, alegando que los equipos de informática se les habían calentado y que esto le impidió completar la relación de los candidatos. Luego se conoció la información de que dichos dirigentes sometieron una instancia solicitando que el organismo le concediera un plazo “no mayor de veinticuatro (24) horas a los fines de cumplir con las disposiciones de la ley electoral y las resoluciones emanadas por ese Honorable Tribunal”.

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Esta instancia nunca fue dada a conocer por el Tribunal Electoral y en contraposición, el Secretario General de la Junta, Dr. Antonio Lockward Artiles, recibió la documentación incompleta, le dio las gracias por el “esfuerzo realizado” y los exhortó a que “cuanto antes” completaran la información. Es decir les otorgó un plazo, sin límite, para completar las inscripciones. Frente a estos acontecimientos el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), presentó una instancia al pleno de la Junta solicitando que ese alto organismo declarara nulas las inscripciones de las candidaturas que se hicieron fuera de los plazos y exigiendo al Tribunal que se someta a la ley. Ante el escándalo planteado, el Dr. Lockward Artiles, manifestó que la orden le fue impartida por el presidente del organismo, Dr. Luis Arias y los jueces Salvador Ramos, Luis Domínguez y Rafaelina Peralta. El presidente negó su intervención en la decisión, mientras los demás, todos conocidos por sus estrechos vínculos con los partidos que conforman la referida alianza, minimizaron el hecho sin negar que fueran quienes dieron la orden. Como era de esperarse esta decisión provocó contradicciones en el seno del organismo, especialmente por parte de presidente del tribunal Dr. Luis Arias y del juez Roberto Rosario, este último en desacuerdo con la forma en que se están manejando las cosas, optó por tomar unas vacaciones para dar tiempo a que la situación sea esclarecida y además, para no participar en el pleno del organismo que se reuniría para conocer el asunto. El pleno se reunió, sin la asistencia del juez Roberto Rosario, quien fue reemplazado por su suplente. La decisión adoptada fue la que todos esperábamos. Validar todas las candidaturas, bajo el alegato de que fueron inscritas “dentro de los plazos que establece la ley”. También declaró como bueno y valido el recibo de la documentación correspondiente a los cargos municipales que se hicieron en la sede principal del tribunal de comicios, auque ya algunas de las juntas locales habían recibido la inscripción de candidatos, como ocurrió en el Distrito Nacional. Esta decisión del pleno de la Junta se inscribe en lo que ha sido su política de tomar decisiones en bloque, es decir sin discernimiento, como ocurrió con el rechazo de todas las solicitudes de reconocimiento de nuevos partidos y la validación de todas las alianzas que le fueron presentada para los próximos comicios.

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Frente a los problemas planteados, surgen las siguientes interrogantes: ¿La decisión de la “alianza rosada” de presentar candidaturas fuera del plazo establecido por la ley, no puede interpretarse como una bola de ensayo para tantear el grado de compromiso que tienen los jueces con esa coalición política? ¿Qué garantía puede tener la población de que ese tribunal, con los niveles de contradicción que se observan entre sus integrantes, está en capacidad de organizar unos comicios limpios y transparentes, sin tener que revivir los traumas por los que hemos pasado en elecciones anteriores? ¿Será necesario acudir, como en el pasado a la creación de una Comisión de Seguimiento, para garantizar la pulcritud y legitimidad de los resultados de las elecciones? El PLD reaccionó anunciando, en rueda de prensa de su Comité Político, que frente a la desconfianza que le inspira la Junta, solicitará la creación de una comisión de seguimiento y pedirá a representantes de la sociedad civil y de organismos internacionales que vigilen el desarrollo del proceso. No hay que hacer mucho esfuerzo, para saber quienes se oponen a que las elecciones sean observadas: Los dirigentes de PRD y sus aliados del PRSC, quienes fueron los autores de los palitos en las elecciones el 2002 y los jueces del organismo que se encargaron de legitimarlos. El país está obligado a garantizar que las próximas elecciones se realicen con la transparencia y limpieza debida. Si para ello hay que formar nuevamente la Comisión de Seguimiento y acudir a observadores nacionales e internacionales, que se haga, pues no podemos darnos el lujo de caer de nuevo en una crisis electoral, similar a las ocurridas en el pasado. El que no tiene hecha, no tiene que tener sospecha, dice el refrán popular.

El pesado fardo de la Alianza Rosada Desde que se anunció el intento de constituir la coalición política denominada como "Alianza Rosada", las organizaciones que la integran, es decir, los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC), han confrontado múltiples dificultades, tanto al interior de sus respectivas entidades como para llegar a acuerdos para la conformación de boletas unitarias en el ámbito provincial y municipal. Sin embargo, las cúpulas de las dos entidades se las arreglaron para dejar 23

constituido el frente, aunque ello ha devenido en una cadena de desprendimientos y renuncias de grupos y dirigentes de los dos partidos, quienes acusan a los cabecillas de la alianza de despojarlos de candidaturas que consideran haber obtenido legítimamente. Ahora bien, el problema principal que tiene que enfrentar la referida alianza consiste en el pesado fardo que tiene que cargar como resultado de la pasada gestión llevada a cabo por el presidente Mejía, quien reiteradas veces ha reivindicado ser el arquitecto de ese proyecto. Además, los principales candidatos que presenta la coalición han sido protagonistas de acciones reprochables que hoy desearían que la población votante olvidara. Resulta difícil convencer a los votantes para que les den su apoyo a los responsables de sumir al país en una de las crisis más devastadoras de los últimos años. Pues aunque se pretende presentar la alianza como innovadora, lo cierto es que sus protagonistas han mantenido el control absoluto del congreso y de los ayuntamientos durante los últimos cuarenta años y en lugar de propiciar los cambios que la sociedad ha demandado, se han convertido en retranca para boicotear las aspiraciones de reforma. No es posible olvidar en tan poco tiempo las travesuras llevadas a cabo por esos mismos congresistas que ahora ofertan hacer transformaciones si son favorecidos con una nueva elección, cuando en realidad desde hace años ostentan esas posiciones y no han puesto en práctica lo que ahora ofrecen. La población debe evaluar la responsabilidad que tienen los promotores de la "Alianza Rosada" en un conjunto de acciones reprochables que condujeron al país a descender prácticamente una década en todos los indicadores de desarrollo, como son: la devaluación de la moneda, la alta tasa de inflación, el incremento del desempleo, el aumento de la pobreza, etc., etc. Fue ese congreso que hoy pretende reelegirse, integrado por perredeístas y reformistas, el que se apandilló para imponer una reforma a la constitución en el año 2003, con el único propósito de permitir la reelección del entonces presidente Hipólito Mejía. Ha sido ese mismo congreso, del cual pretenden reelegirse diecinueve de sus integrantes, que ha mantenido en zozobra a la opinión pública con el sometimiento constante de proyectos dirigidos a extender el período para el que fueron electos. 24

Fueron esas mismas fuerzas y esos mismos legisladores que se asociaron para designar los integrantes de la Cámara de Cuenta, integrada por reconocidos activistas políticos. Esos mismos legisladores fueron los que utilizaron su mayoría para designar una Junta Central Electoral integrada por connotados miembros de sus organizaciones políticas, situación que ha hecho retroceder la institucionalidad de los procesos electorales. Esos grupos y legisladores, que ahora pretenden que el pueblo olvide el pasado, fueron los que de manera irresponsables aprobaron un festival de préstamos, sometido por el gobierno de Hipólito Mejía, que duplicaron la deuda externa, llevándola de tres mil seiscientos millones de dólares a la astronómica cifra de siete mil millones, en el pasado gobierno. Esos mismos congresistas son los que han mantenido en su curul a un diputado condenado por tráfico de personas y su partido lo mantiene como candidato a la misma posición para los próximos comicios. Pero al mismo tiempo, la alianza rosada, tiene que cargar sobre sus hombros la desastrosa gestión de gobierno de su principal armador, quien como resultado de su administración hoy tiene la más alta tasa de rechazo entre los políticos dominicanos. De las próximas elecciones tiene que salir un congreso que esté en capacidad de viabilizar los cambios institucionales que demanda la sociedad dominicana. Esos cambios no pueden ser encabezados por unos congresistas que se han burlado del país cuando se le ha demandado actuar con responsabilidad. El momento es oportuno para elegir un congreso para el cambio, de lo contrario seguiremos secuestrados por aquellos que durante los últimos años han utilizado sus posiciones para satisfacer sus intereses particulares.

Todos a cumplir con el deber cívico de votar El 16 de mayo se celebrarán las elecciones congresuales y municipales para elegir a los representantes al congreso y las municipalidades, para los próximos cuatro años. Dichas elecciones han concitado un gran interés por parte de los partidos políticos, debido a que en las mismas se van a escoger más de mil quinientos cargos correspondientes al poder legislativo y a los ayuntamientos de todo el territorio nacional.

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Serán escogidos por el voto popular un total de treinta y dos (32) senadores (as), ciento setenta y ocho (178) diputados (as), alrededor de ciento cincuenta y un (151) síndicos y vice síndicos y unos novecientos sesenta (960) regidores (as) y sus respectivos suplentes. Las elecciones constituyen el único mecanismo que disponen los ciudadanos para decidir a quienes les confieren la delegación de representarlos en las instancias de dirección establecidas en un régimen democrático. Todos debemos acudir a cumplir con ese deber cívico, para coadyuvar al fortalecimiento de nuestra democracia. Ningún ciudadano (a) debe renunciar a ese derecho por desgano, frustración o indiferencia. El abanico de opciones es amplio: unos van en busca de la reelección, para quienes los votantes tienen en sus manos la posibilidad de apoyarles si están satisfechos con sus ejecutorias o sancionarlos si no han llenados las expectativas de quienes lo eligieron. Algunos se presentan en busca de posiciones que ya desempeñaron en otra oportunidad, lo que permite a los electores hacer memoria para recordar como fue su pasada gestión. Otros se presentan por primera vez y los (as) ciudadanos (as) podrán evaluar sus propuestas a la hora de emitir el sufragio. Eso sí, la situación demanda que cada una de las partes involucradas cumpla con su responsabilidad. Los partidos están en la obligación de “jugar limpio”, permitir que los (as) sufragantes ejerzan el voto libremente y acatar los resultados arrojados en las urnas. Los miembros de la Junta Central Electoral, como responsables de organizar las elecciones, tienen que olvidarse de sus intereses particulares y colocarse a la altura de sus investiduras. Tienen que garantizar la diafanidad, pulcritud y transparencia del proceso y certificar que los resultados sean producto de la expresión libérrima de la soberanía popular. La sociedad civil, la comunidad internacional, los medios de comunicación y toda la ciudadanía en general, están en la obligación de mantenerse vigilantes para demandar que estas elecciones se conviertan en una fiesta de la democracia, que nos permita alcanzar nuevos peldaños en el proceso de consolidación y fortalecimiento de nuestras instituciones. Dejemos a un lado el pesimismo y olvidemos los ruidos intranquilizantes que salen del tribunal comicial. Vamos civilizadamente a las urnas y demos un voto de confianza a quienes les hemos encargado la tarea de 26

organizar y arbitrar el proceso. Que ganen los (as) candidatos (as) que en sus respectivas demarcaciones cuenten con el mayor apoyo de la gente. Por el bien de todos, esperamos que así sea.

Que se respete la soberanía popular. Los resultados de los recién pasados comicios, celebrados el 16 de mayo, los sabemos todos los que vivemos o estamos en la República Dominicana. El día de las elecciones, cuando concluyó el conteo de los votos en los colegios electorales, solamente se esperaba que la Junta Central Electoral (JCE) oficializara la aplastante victoria que había obtenido el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y sus aliados sobre sus adversarios de la denominada " Gran Alianza Nacional" o "Alianza Rosada". Inclusos los representantes de esa coalición abandonaron los centros de votación convencidos de que habían sido derrotados. El país se mantenía atento, esperando que el Tribunal de Elecciones iniciara la emisión de los boletines, pues de todas partes llegaban reportes dando cuenta que la población había acatado el llamado a votar, acudiendo de manera cívica y ordenada a los centros de votación. Dicho comportamiento fue reconocido y elogiado por los observadores internacionales, en una intervención televisiva, acompañados de los integrantes de la Junta Central Electoral, el martes 16 en la noche, antes de iniciarse la emisión del primer boletín. La primera nota discordante la puso el señor Robert Polanco, delegado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) por ante la junta del Distrito Nacional. Pues mientras esperábamos el inicio de los cómputos, el señor Polanco apareció en los medios de comunicación señalando en forma arrogante que su partido “no aceptaba” que se transmitiera el boletín número uno, porque los datos que contenía correspondían en su mayor parte a la circunscripción 1 y que en ésta había ganado el candidato a sindico Roberto Salcedo. Es decir, pretendía que la Junta del Distrito digitara primero las actas que daban ganador a su candidato. Transcurrieron varias horas, hasta que alrededor de la media noche se leyó el primer boletín. En el referido boletín, resultó sorprendente que la "Alianza Rosada" 27

apareciera arriba en ciudades que había ganado en forma arrolladora el partido morado y sus aliados, como son La Romana, Santiago y San Cristóbal, lo que dejaba evidenciado que desde el inicio se puso en marcha un plan de manipulación de las actas de acuerdo a los intereses de la coalición rosada, tal como lo había expresado el delegado del partido blanco en la Junta del Distrito Nacional.

De ahí en adelante, las maniobras quedaron evidenciadas: Todas las provincias "ganadas" por la "Alianza Rosada", fueron las primeras en concluir el conteo del cien por cientos de los votos. En tanto que en la mayoría de las que estaba arriba el PLD, se provocó un “entaponamiento” y la consiguiente paralización del conteo, a través diversos procedimientos retardatarios. Cuando se completaron los cómputos en los lugares que la “Alianza Rosada” había ganado las elecciones, sus dirigentes pusieron en marcha un plan de denuncias, para desacreditar el proceso en donde la votación no les favorecía. Estas denuncias incluyen el supuesto o real uso de recursos del Estado por parte del partido oficial, los alegatos de compra de votos y de conciencia en su contra, la supuesta alteración de actas para beneficiar al partido oficial, supuestas asignaciones de votos de partidos minoritarios al PLD, la militarización de los centros de votación, así como los errores e irregularidades cometidos por los funcionarios de los colegios electorales en el llenado de las actas, entre otras alucinaciones creadas por sus fantasiosas imaginaciones. Sin embargo, en sus reclamos no hacen referencia a la necesidad de cotejar las actas, ni a que las juntas municipales agilicen el conteo para determinar los ganadores. En definitiva, el plan consistía en lo siguiente: Asegurar el conteo en los lugares que salieron gananciosos y crear un caos donde perdieron, con el objetivo de que la decisión del ganador sea transferida a la Cámara Contenciosa de la junta Central Electoral, en el entendido que allí encontrarán un ambiente más favorable. - Atribuirle la derrota que recibieron a un fraude electoral, para así detener los reclamos internos de que los arquitectos de la coalición rosada llevaron a sus organizaciones a una humillante derrota electoral. Esto, además les permitía vincular a algunos de los dirigentes "sublevados" en la labor de pataleo. -Involucrar las bases de los dos partidos, y más específicamente a la 28

dirigencias media, en el proceso de impugnaciones, creándole el espejismo de que podrían mantener posiciones que perdieron y así neutralizar sus cuestionamientos. -Iniciar unas series de impugnaciones masivas, incluyendo aquellos lugares en donde fueron ampliamente derrotados, con la finalidad de desacreditar el proceso y llevar el mayor número de casos a la señalada Cámara Contenciosa, para que la misma pueda emitir algunos "fallos históricos" a su favor y al mismo tiempo rechazar la mayoría de los casos en beneficios del PLD y sus aliados, para dar la apariencia de que sus decisiones se tomaron con equidad. -La ya manida campaña de denuncia nacional e internacional, esta vez con la desventaja de que fueron esas organizaciones políticas las que negaron su apoyo a la propuesta de formación de la Comisión Asesora de la Junta. Cuando se concluyó el conteo en las diez provincias que la “Alianza Rosada” estaba arriba, se puso en marcha el “diabólico” plan con la complicidad de funcionarios de la Junta Central Electoral y de algunas Juntas Municipales. El retraso en los boletines se mantuvo durante ocho días, lo que provocó desconfianza en la población y acciones de violencias que dejaron un saldo de diez personas muertas. Durante ese periodo no fue posible que el pleno de la junta sesionara, lo que generaba mayor incertidumbre. Finalmente, luego del reclamo de que se respete la voluntad popular por amplios sectores de la sociedad dominicana y la comunidad internacional, el pleno de la Junta logra reunirse y mediante resolución, otorga un plazo de veinticuatro (24) horas a las juntas municipales para que concluyan el conteo y los remitan a la cede central del organismo. Los resultados no se hicieron esperar, el PLD y sus aliados mantuvieron ventaja en veintidós (22) provincias y la “Alianza Rosada” solamente en diez (10), lo que confirma la victoria del partido oficial, tal como ha sido reclamado por la colectividad nacional. Todas las acciones puestas en marcha por aquellos que pretenden desconocer los resultados de las elecciones están condenadas al fracaso, pues la mayoría de la población, los grupos empresariales, el cuerpo diplomático, las iglesias, la sociedad civil, los observadores internacionales y en fin, los poderes fácticos, están convencidos de que los comicios fueron transparentes y reclaman por diferentes medios que se respete la voluntad popular libremente expresadas en las urnas. 29

El único camino que les queda a los dirigentes de los partidos Revolucionario Dominicano y Reformista Socialcristiano es aceptar el veredicto soberano del pueblo, expresado mayoritariamente en las urnas. Abandonar los planes de llamados a la “desobediencia civil” que sólo conducen a producir desórdenes y pérdida de vidas de gente del pueblo. Deben ajustar sus reclamos a los procedimientos establecidos en la ley electoral en aquellos casos que las circunstancias así lo ameriten. Todo lo demás cae en el terreno del pataleo para tratar de ocultar su responsabilidad en el diseño de una estrategia que desde su inicio estaba condenada a un triste final. El país ha cambiado y por ello la población ha decidido renovar sus liderazgos y bajo ninguna circunstancia va a permitir que su voluntad sea vulnerada. Perder y ganar es parte del juego político. Los ganadores deben asumir el triunfo con humildad y ejercer sus funciones con transparencia y responsabilidad. Los que perdieron que se acojan a los resultados con dignidad y decoro. El país continuará adelante y se presentarán nuevas oportunidades. Hacer lo contrario sería cavar su tumba.

Tiempo de travesuras Transcurrido el proceso electoral que concluyó con la contundente victoria del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el consecuente fracaso de la denominada “Alianza Rosada”, integrada por los Partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Socialcristiano (PRSC), ahora el país se aboca a un largo período de transición, en el cual seremos testigos de una serie de travesuras de parte de los sectores desplazados, en un intento por perpetuar los privilegios que han detentado durante los últimos años, más allá del 16 de agosto. Derrotados en todos los escenarios, a pesar de los intentos de retorcer la voluntad popular, por medio de necias y descabelladas impugnaciones, que fueron todas rechazadas por carecer de sustentación legal, ahora recurren al recurso de aprovechar el tiempo que le queda al frente de las instituciones para adoptar decisiones en su favor. La primera señal en esa dirección salió del presidente de la Cámara de Cuentas, licenciado Máximo Ramón Castillo Salas, asegurando que su mandato concluiría en el año 2008. De manera sorprendente, en la primera sesión del Senado, luego de las pasadas elecciones, los senadores se destaparon aprobando una resolución que ratifica los miembros del 30

bufete directivo de dicha Cámara, Máximo Ramón Castillo Salas, Héctor Dotel Matos y Mario Alba Morillo, como presidente, vicepresidente y secretario, respectivamente. Esta decisión deja la siguiente interrogante: ¿Si el mandato de los integrantes de esa Cámara concluye en el año 2008, como dijera su presidente, para qué era necesario la aprobación de prolongar su mandato por parte del Senado? Este organismo, desde su designación en el año 2004, ha estado envuelto en escándalos por irregularidades y dilapidación de decenas de millones de pesos, lo que llevó a dos de sus miembros a renunciar a sus cargos, por lo que en términos éticos y morales dichos bufete está descalificado para fiscalizar y auditar las cuentas públicas. Ahora bien, la decisión del Senado de ratificar los miembros de la Cámara de Cuentas, sólo representa el inicio de una zafra de disposiciones encaminadas a favorecer a los sectores desplazados, en una especie de reparto de la piñata o botín, que es precisamente la manera como estos señores perciben el manejo de los fondos públicos. Ya veremos ese Congreso aprobando la asignación de pensiones al granel, para otorgarles sueldos de por vida a los legisladores que concluyen su mandato, a decena de “asesores” que cobran lujosos salarios en ambas cámaras; así como a amigos, parientes y compañeros de partido de estos “sacrificados ciudadanos”. La zafra también se extenderá a los ayuntamientos, como ocurrió en el del Distrito Nacional, cuando fueron derrotados en el año 2002. Podría extenderse a la Junta Central Electoral (JCE) y a otras instancias controladas por los partidos desplazados. Tengamos paciencia, observando todas esas travesuras, hasta que transcurran estos días de transición, que de acuerdo al presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), tendremos que aceptar sus decisiones si es que queremos que en el país haya gobernabilidad, pues de lo contrario tendremos que vernos en las calles con dos organizaciones políticas que tienen “amplias raíces sociales”. Todo parece indicar que los dirigentes del PRD no han entendido que los tiempos han cambiado y que en gran medida el rechazo que han recibido en las últimas elecciones, se debe entre otras razones a que la población se resiste a aceptar esa manera de irrespetar las instituciones que ha caracterizado las administraciones perredeistas. Si ese partido desea 31

reencontrarse de nuevo con el pueblo que ante le brindó su apoyo tiene que abandonar esas posiciones tremendistas y acogerse a la voluntad soberana de la mayoría. Ahora le toca el turno al PLD, pues perredeístas y reformistas ya tuvieron su oportunidad y simplemente la desperdiciaron.

3-Debilidades Institucionales y Corrupción La maña de robar En la sociedad dominicana, el acto de apoderarse de lo ajeno se ha convertido en una práctica tan común, que da la impresión que hemos olvidado que nuestra legislación tipifica como robo “el que con fraude sustrae una cosa que no le pertenece”. (Artículo 379 del Código Penal Dominicano) También es bueno recordar que no solamente las leyes de los hombres sancionan este hecho, sino que igualmente en la ley divina está consignado como un pecado. Así por ejemplo cuando Dios entregó a Moisés la tabla de los Diez Mandamientos, en el Monte Sinaí, para que los presentara al pueblo de Israel, el octavo de ellos reza de la siguiente manera: “No Hurtarás”. (Éxodo, Capítulo 20 versículo 16) A pesar de estas reglamentaciones, la primera de carácter penal y la segunda de convicción cristiana, en nuestro país hay ladrones a todos los niveles sociales. Ladrones de cuello blanco que se las arreglan para realizar operaciones fraudulentas en su provecho, funcionarios que roban los recursos que el Estado pone en sus manos, contratistas que sobrevalúan los presupuestos de las obras contratadas, bandas que atracan y asaltan a mano armada los comercios, bancos, viviendas, conductores, etc., para despojar a laboriosos ciudadanos de bienes adquiridos con su esfuerzo y trabajo. También roban rateros de toda calaña que han hecho de esa actividad su modus vivendi, etc., etc. Se roban la luz, el agua, las llamadas telefónicas y la señal del cable. Se roban los cables transmisores de la energía y de los servicios de comunicación. Se roban los bancos, tanto sus “propietarios” como sus ejecutivos, a través de la quiebra y otras operaciones fraudulentas. Se roban las tapas de los hidrantes, las señales de tránsito y las barandas de protección de las carreteras y avenidas.

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Se roban la propiedad intelectual: libros, películas, videos, música, patentes, etc. Se roban las puertas, persianas, lavamanos y sanitarios de las instalaciones y lugares públicos. Se roban los vehículos para sacarlos del país, desguazarlos y venderlos por piezas. Oficiales de la policía se apropian de los vehículos recuperados, para usufructuarlos en su provecho. Se roban los accesorios de los vehículos: radios, espejos retrovisores, logos, gomas, baterías, pantallas, herramientas, etc. Se roban, o mejor dicho se robaron, todas las traviesas y los rieles de las vías ferroviarias del Consejo Estatal del Azúcar. Se roban los “extinguidores” colocados en los túneles para ser utilizados en casos de emergencias. Se robaron las verjas de protección del Conservatorio Nacional de Música y del antiguo Parque Zoológico. Cuatreros se roban a diario reses y otros animales, incluyendo de alto valor genético, para sacrificarlos y venderlos como carne. Se roban los terrenos y otros bienes del Estado a través de maniobras fraudulentas. Se roban las medicinas y otros materiales destinados a beneficiar a las personas de escasos recursos que acuden a los hospitales. Se roban los materiales y equipos, incluyendo plantas eléctricas, inversores y ordenadores de las escuelas públicas. Se roban los títulos de propiedad que son registrados debidamente por los ciudadanos en la Dirección de Catastro, despojando a los legítimos dueños de sus bienes inmuebles. Se roban la identidad de los ciudadanos por medio de la suplantación de de sus datos en el Registros Civil y la Junta Central Electoral. Se roban camiones y furgones cargados de mercancías en las calles, carreteras y avenidas del país. Se roban las cajas de muertos, profanando tumbas en los cementerios, dejando los cadáveres a la intemperie. Se roban los impuestos que pagan los ciudadanos, evadiendo transferirlos al fisco. Se roban los fondos de los salarios retenidos a los trabajadores, para los planes de jubilaciones y seguridad social.

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Ladronzuelos de todo tipo azotan a la población arrancando carteras, celulares, prendas y otras pertenencias. Se roban las elecciones por medio de diversas formas de fraudes y manipulación de los resultados. Se roban la virgen de Altagracia, la Santa Cruz del Seibo y otros emblemas de las iglesias. Y hasta la verja de una “cárcel modelo”, recientemente construida en el municipio de Santo Domingo Norte, se la robaron. La lista puede seguir ampliándose. El asunto es que apoderarse de lo ajeno se ha convertido en una actividad tan rutinaria en nuestro medio que parece que la gente ha olvidado o simplemente desconoce que el que realiza esos actos incurre en un delito sancionado por las leyes de los hombres a través del Código Penal; y también condenado por las leyes de Dios por medio de uno de sus mandamientos. Mucho de los que cometen esas acciones llevan una vida tan “normal” que deja la impresión de que sus actos no conllevan sanciones ni penales, ni morales: asisten a las iglesias y comulgan como si nada. Otros se presentan en los medios de comunicación hablando de moralidad y dictando lecciones de buena conducta. Nuestra sociedad requiere de una revolución moral para adecentar sus valores y el fortalecimiento de las instituciones responsables de la formación de las nuevas generaciones y aquellas encargadas de aplicar justicia. De lo contrario sucumbiremos ante la impunidad y la indiferencia de todos. Esperamos que la muerte de Eduardo David haga reaccionar a unas autoridades que tienen por costumbre actuar después que se produce la desgracia, sobre todo si esta mueve la opinión pública.

El Decreto Puente: una buena iniciativa La promulgación por el Poder Ejecutivo del decreto número 36-06, denominado “Decreto Puente”, que tiene como propósito regularizar las compras y transacciones del Estado, constituye una interesante iniciativa que ha sido bien recibida por todos los sectores de la vida nacional preocupados en que el país avance en el establecimiento de mecanismos transparentes que permitan la salvaguarda del patrimonio público. El presidente Fernández con la firma de esta disposición pone de manifiesto el compromiso de su gobierno en transparentar las acciones

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del Estado, como vía para el combate a la corrupción. Sin embargo, hay que entender que la referida disposición, a pesar de establecer las reglamentaciones para la contratación de obras, bienes y servicios, compras y concesiones, tiene la limitante que no conlleva sanciones legales, por no tratarse de una ley. El alcance del decreto debe ser extendido a todas las instituciones que manejan fondos del Estado: Gobierno Central, Cámaras Legislativas, Ayuntamientos, Junta Central Electoral, Poder Judicial, Partidos Políticos, Liga Municipal Dominicana, Organizaciones no Gubernamentales, Universidades, etc. Pues nadie debe ser excluido de una disposición que tiene por finalidad proteger el patrimonio nacional y evitar que el mismo sea objeto de apropiaciones indebidas. Lo ideal hubiese sido la aprobación del proyecto que desde hace mucho tiempo está dando vuelta en el Congreso Nacional y que por falta de voluntad no acaba de ser sancionado por nuestros honorables legisladores. Ahora que tenemos el reglamento, que entrará en vigencia a partir del primero de junio del año en curso, una vez se establezcan los mecanismos para su implementación, hay que evitar que esta disposición sea retorcida utilizando artimañas e interpretaciones maliciosas, por parte de los responsables de administrar los recursos del Estado. En el país sobran los ejemplos de manipulaciones interesadas, por parte de funcionarios, para apropiarse del patrimonio nacional. Como muestra basta recordar la disposición que obliga a someter al Congreso todas las ventas de bienes del Estado que sobrepasen la cantidad de veinte mil pesos. Sin embargo esta disposición no ha impedido que gran parte de nuestro patrimonio haya sido distraído en provecho de particulares a través de la subvaluación de los precios de dicho bienes o simplemente dividiéndolos en partes, para evitar someterlos al Congreso. El país tiene que avanzar hacia la creación de un marco institucional que garantice su modernización y desarrollo. El presidente ha dado el primer paso, toca ahora al congreso convertir en ley esta normativa con las correspondientes sanciones para quienes la violenten. Finalmente, como esta medida atenta contra los intereses de mucha gente que se ha trazado como meta el enriquecimiento personal, sobre la base de la apropiación de los bienes del pueblo, tenemos que mantenernos vigilantes para que este intento de adecentamiento no sea burlado, como 35

ocurre en el país con la mayoría de las disposiciones. “Ojo pelao” como dice el pueblo.

Las Organizaciones No Gubernamentales, ONG´s Durante los últimos años, el tema de las Organizaciones No Gubernamentales ha ocupado amplios espacios en los medios de comunicación, la mayoría de las veces más por escándalos y noticias negativas, que por los valiosos aportes que desarrollan algunas de esas instituciones. Estas entidades tienen como fundamento legal tanto disposiciones constitucionales como leyes especiales que norman su funcionamiento. En primer lugar, la Constitución de la República en su Titulo ll, Sección 1, Artículo 8, Ordenar 7, establece “la libertad de asociación y de reunión sin armas, con fines políticos, sociales, económicos, culturales o de cualquier otra índole, siempre que su naturaleza no sea contraria ni anteponga al orden público, la seguridad nacional y las buenas costumbres”. La ley 520, sobre organizaciones que no tengan por objeto un beneficio pecuniario, del 20 de junio del año 1920, sirvió de marco legal para el establecimiento de estas organizaciones en el país. Dicha disposición legal fue recientemente suplantada por la ley 122-05, sobre “Regulación y Fomento de las Organizaciones Sin Fines de Lucro”, promulgada por Poder Ejecutivo el 8 de abril del año 2005. Estas organizaciones vienen operando en la República Dominicana, desde los primeros años de la década de los sesenta, cuando se establecieron los primeros voluntariados para colaborar con los sectores más pobres a través de proyectos de desarrollo y asistencial social. Sin embargo, fue en los años setenta y ochenta cuando se produjo un incremento de estas asociaciones, impulsadas por sectores políticos, religiosos, empresariales y grupos sociales y comunitarios, entre otros. Dichas entidades jugaron un gran papel en la captación de recursos internacionales para impulsar proyectos de desarrollo en áreas donde los servicios del Estado eran deficientes. Durante los años señalados se establecieron en el país varias entidades que han desarrollado una extraordinaria labor como la Asociación Dominicana de Rehabilitación, la Liga Dominicana Contra el Cáncer, Mujeres en Desarrollo (MUDE), la Fundación para el Desarrollo Comunitario (FUDECO), el Instituto Dermatológico, la Asociación de 36

Apoyo a la Micro Empresa (ADEMI), entre otras tantas entidades de servicios. Así se pusieron en marcha múltiples proyectos de capacitación, generación de ingresos, salud comunitaria, saneamiento ambiental, producción agropecuaria, mejoramiento habitacional, agua potable, energía alternativa, juventud, género, etc., destinados a mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la población. Estos esfuerzos fueron encaminados por personas motivadas en su mayoría por el interés de coadyuvar con el mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores marginados y de menores ingresos, tanto por medio de acciones de carácter asistencial, como acompañándoles en un proceso de capacitación dirigido a desarrollar sus potencialidades para su crecimiento personal y el de sus comunidades. Hasta entonces las inversiones del Estado en esos proyectos de desarrollo eran mínimas. Muy contadas entidades tenían asignaciones del gobierno y las que recibían, por lo general las mismas no pasaban del diez por ciento de su presupuesto de gastos. Hasta ahí todo marchaba bien. El problema se complicó cuando comenzaron aparecer personas motivadas en la búsqueda de beneficios, que se dedicaron a constituir entidades con la finalidad de captar recursos nacionales e internacionales para su provecho. Pero al mismo tiempo aprovechando sus relaciones políticas lograron incluir en el presupuesto del gobierno partidas para financiar esas instituciones, desnaturalizando los orígenes y fines de las mismas. La situación siguió complicándose cuando el espacio de las ONG´s es invadido de manera apabullante por congresistas y políticos influyentes (senadores, diputados y otros funcionarios), los cuales, desde el principio de los años noventa iniciaron un festival de creación de organizaciones, mucha de ellas sin cumplir con los requerimientos legales, las cuales fueron incluidas con importantes asignaciones en la ley de gastos públicos. Hoy se conoce de legisladores que tienen cientos de organizaciones que reciben millones de pesos, los cuales son retirados por los propios congresistas y gastados sin rendir cuenta a nadie de la forma como son utilizados. Este hecho ha alcanzado tal magnitud, que de acuerdo al informe de Ingresos y Egresos del Gobierno Central, presentado por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRES), correspondiente al ejercicio fiscal al mes de abril del año 2006, se reporta que el monto desembolsado en 37

ese primer cuatrimestre a unas dos mil ONG´s se eleva a la astronómica suma de RD$ 2,919, 665.00 (dos mil millones novecientos diecinueve mil seiscientos sesenta y cinco de pesos). No hay dudas que entre estas entidades hay decenas y talvez cientos que se dedican a la realización de labores de desarrollo y asistencia a los sectores más vulnerables de la población y que al mismo tiempo cumplen con lo establecido por la ley en lo relativo a como deben ser invertidos los recursos que reciben del Estado, pero la verdad es que la mayor parte de ese dinero es utilizado por legisladores y otros aprovechados para fines personales y proselitistas. El gobierno está en la obligación de tomar medidas para transparentar el uso de los fondos públicos y entre ellas deberá contemplarse acciones dirigidas a que estas entidades no sean tomadas como pretexto para despilfarrar los recursos del Estado. Esperamos que la nueva reforma política institucional a que nos abocaremos, incluya la prohibición a todos los funcionarios públicos, sin importar su rango, para que no puedan recibir fondos del gobierno para financiar ONG´s y otras entidades similares. También sería recomendable que todas las instituciones que reciban fondos del Estado lo manejen cumpliendo con las normas y procedimientos establecidos para esos fines. Estoy seguro que las primeras en estar de acuerdo con estos planteamientos serían las Organizaciones No Gubernamentales auténticas y responsables, las cuales han tenido que pasar, en los últimos años por la difícil situación de ver sus nombres cuestionados como consecuencia de acciones realizadas por personas que nada tienen que ver con el sector que representan.

Espectáculo desconcertante Los recientes escándalos que se han desatados en el país como consecuencia de las cuestionadas operaciones llevadas a cabo por funcionarios y entidades gubernamentales relacionadas con algunas contrataciones, concesiones poco transparentes y préstamos onerosos, resultan desconcertantes para quienes hemos estado apostando a que las transacciones del Estado se realicen con el mayor nivel de transparencia y pulcritud. La situación resulta más desalentadora, porque estos hechos se producen apenas semanas después de la entrada en vigencia del denominado “Decreto Puente”, promulgado por el Poder Ejecutivo con el propósito de

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regularizar las compras y transacciones del Estado, el cual debió entrar en vigencia el pasado primero de junio. En ese mismo orden, el Congreso Nacional acaba de aprobar la muy solicitada y esperada “Ley de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Concesiones”, que deberá ser promulgada por el Ejecutivo en los próximos días y que obliga a las instituciones del Estado a realizar licitaciones para todas las obras que superen los 500 mil dólares. Dentro de las acciones objeto de cuestionamientos se destacan el envío por parte del Poder Ejecutivo al Congreso Nacional de dos contratos, uno con la firma Sun Land Group, por un monto de 132.4 millones de dólares para el equipamiento de la Policía Nacional, suscrito por los Secretarios de Estado de Interior y Policía y de Finanzas: así como el otro entre la Dirección General de Bienes Nacionales y la Empresa Nacional de Desarrollo (ENADE), para administrar los bienes inmuebles del Estado en manos privadas. El contrato para el equipamiento de la policía fue sancionado por ambas cámaras legislativas, generando fuertes críticas de amplios sectores, incluso del propio gobierno, que han considerado el mismo como oneroso y lesivo al interés nacional. Los dos funcionarios que suscribieron el contrato, es decir el Dr. Franklin Almeida, secretario de Interior y Policía y licenciado Vicente Vengoa, secretario de Finanzas, lo han defendido, alegando que todas las compras contempladas serán sometidas a licitación pública, por lo que minimizan lo que se ha considerado como sobrevaluación de los precios. El presidente de la República ha reaccionado a los reclamos disponiendo la suspensión del contrato hasta que la Comisión de Ética y Combate a la Corrupción lo someta a una evaluación. En el caso del contrato entre Bienes Nacionales y ENADE, que contrario al anterior fue rechazado en el Congreso, con los argumentos de que el mismo “crea privilegios irritantes” y contradice la recién aprobada ley de compra y contratación de obras del Estado; todo parece indicar que fue otorgado de grado a grado y a discreción de la dirección de la entidad contratante. El mismo obliga al Estado a pagar entre el 10 y el 15 por ciento de las recaudaciones, por la administración de los bienes inmuebles en manos de particulares, por gestiones de cobros y por ventas de edificios y terrenos. Lo cierto es que si la Dirección de Bienes Nacionales hubiese realizado una licitación pública reglamentada por unos términos de referencias bien definidos y convocado a participar a todas las firmas relacionadas con la materia, las reacciones serían diferentes. 39

También ha sido objeto de cuestionamientos la divulgación de un contrato por más de 400 millones de pesos, otorgado por la Secretaría de Estado de Obras Públicas a la firma Interiores y Patios Margarita S.A., propiedad de la señora Margarita Gómez, para la decoración y embellecimiento del nuevo parque que será construido en Santiago donde estaban las instalaciones del Aeropuertote Cibao. Sobre este último contrato se ha señalado que se llevó a cabo un concurso en el cual solamente se presentó la empresa de la señora Gómez, luego de haber pagado la suma de 300 mil pesos por el derecho a participar. Las suspicacias sobre este contrato son mayores, por tratarse de la misma empresa y la misma persona que se vieron involucradas en un escándalo a principio de la presente gestión, lo que dejó algunas manchas sin esclarecer, en un contrato para amueblar y decorar el nuevo edificio que aloja a la Suprema Corte de Justicia. Se entendía que para garantizar la buena imagen y sanidad del gobierno, lo más recomendable hubiese sido mantener esa empresa y a su propietaria lo más lejos posible de los asuntos relacionados con concesiones y contrataciones del Estado. A estos escándalos se agrega el deprimente espectáculo llevado a cabo por los integrantes de las cámaras legislativas, los cuales en maratónicas sesiones realizaron un verdadero festival de aprobaciones de proyectos de leyes. Entre los proyectos aprobados está el préstamo para la construcción del Metro de Santo Domingo y el otorgamiento de la concesión para la construcción de la Isla Artificial. Ambas aprobaciones arrojan dudas, debido a que las fuerzas mayoritarias en el congreso, es decir, los partidos Revolucionario Dominicano y Reformista Socialcristiano, habían mantenido una abierta oposición a los mismos y sorpresivamente aparecen apoyándolos, desobedeciendo las orientaciones de las cúpulas de esas organizaciones. Además, en el caso del proyecto de la Isla Artificial, el gobierno ha señalado en reiteradas ocasiones no tener interés en el mismo y de manera pública no han dado la cara los auspiciadotes de la obra, aunque está claro que la decisión de los legisladores de aprobar el proyecto contó con el padrinazgo de los sectores interesados. Por la salud del gobierno, se hace necesario que estos escándalos sean esclarecidos y si se comprueba que los responsables actuaron de mala fe o con intenciones de obtener beneficios en perjuicio del Estado, deben ser sancionados de manera ejemplarizadora para enviar una señal contundente de que la era de esas travesuras está llegando a su fin.

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En este país se ha enraizado una cultura de “aprovechamiento” de las posiciones del Estado para el enriquecimiento personal y de grupos. Hay mucha gente que ha hecho fortuna sobre esa base y como es natural se mantienen al acecho de cualquier oportunidad para sacar ventajas. Las nuevas disposiciones que regulan esta materia tienen que ser acatadas por todos los funcionarios de las entidades oficiales, sin excepción. Los que entienden que las instituciones que tienen bajo su dirección forman parte de su patrimonio y que las nuevas reglamentaciones establecidas les perjudican, simplemente deben dejar sus funciones y dedicarse a sus asuntos personales

Una piñata Cada vez me convenzo más que nuestra sociedad ha sido víctima, durante las últimas décadas, de un secuestro por parte de mafias que se han atrincherado bajo la sombra de diversas instancias de poder para desfalcar, en su provecho el patrimonio nacional, el cual se han repartido como si se tratara de una verdadera piñata. La corrupción es el principal causante del atraso y la pobreza que hoy soporta nuestro país, ya que los recursos que debían estar orientados al desarrollo de la educación, la salud, programas sociales y a encarar otros problemas estructurales, han ido a parar a los bolsillos de un grupo de mafiosos que han acumulado grandes fortunas amparándose en el ejercicio de posiciones públicas y en la realización de negocios fraudulentos en perjuicio del Estado Dominicano. La reflexión viene al caso a propósito de los informes provenientes del Congreso Nacional, en los que se da cuenta que en ambas cámaras los legisladores establecieron un sistema de privilegios, que les permitió el manejo irregular de cientos de millones de pesos en su provecho. Entre las vilezas llevadas a cabo por los integrantes del pasado congreso, está la asignación de un fondo de RD$7,127,955.00 (siete millones ciento veintisiete mil novecientos cincuenta y cinco pesos) mensuales, para el pago de una nómina de 817 empleados, integrada por familiares, amigos y activistas políticos relacionados con los senadores. Lo más lamentable de este hecho es que de acuerdo a la relación reseñada en los medios de comunicación, en la misma aparecen los treinta y dos senadores con sus respectivas nominillas, lo que indica que todos los que compartían esa cámara se sentían cómodos con lo que estaba sucediendo. Nuestros señores legisladores han sido sumamente diligentes legislando para asignarse sueldos de lujo (equivalente a 50 veces el salario 41

mínimo), exoneraciones de costosos vehículos, dietas y gastos de representación privilegiados, así como jugosas pensiones para el “retiro” de aquellos que pierden sus posiciones. También se inventaron sus famosas Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), mediante las cuales se agencian miles de millones de pesos del dinero del presupuesto nacional.

Estos señores llegaron al colmo de asignarle pensiones de hasta RD$120,000.00 (ciento veinte mil pesos) mensuales a un grupo de legisladores que perdieron sus posiciones en el recién pasado torneo electoral. Mientras estos “afortunados ciudadanos” gozan de esos privilegios, miles de maestros y maestras que se pasaron toda una vida dedicados a enseñar, incluyendo a los propios legisladores y a sus hijos, hoy se mueren de hambre recibiendo miserables pensiones de dos mil pesos mensuales. Durante las últimas décadas en nuestro país ha surgido una clase de políticos, funcionarios públicos y contratistas de obras del Estado que a su paso por las distintas administraciones del gobierno, exhiben un elevado nivel de vida y haciendo ostentación de grandes fortunas, que no podrían soportar el simple ejercicio de inventariar sus bienes y cotejarlos con los ingresos percibidos lícitamente. Yo vuelvo a reiterar que el Congreso Nacional, durante los últimos años se manejó como una colusión institucionalizada que actuaba al amparo de las atribuciones que decían tener, para tomar medidas dirigidas a beneficiar a sus integrantes y a grupos determinados en contra de los intereses nacionales. Sin embargo, las simples denuncias de los desastres que se daban en la pasada gestión, no son suficientes. Se requiere que los nuevos inquilinos del congreso envíen claras señales que muestren que las cosas, en lo adelante, funcionarán de manera diferente. En la formulación del próximo presupuesto (para el 2007) deberían quedar eliminadas todas las partidas destinadas al pago de nóminas clientelitas y de favoritismo personal. También deberán excluir la parte correspondiente al financiamiento de las ONG’s de los legisladores. Esos fondos pueden ser programados, en el mismo presupuesto, para la realización de obras locales que resulten de interés para los legisladores responder a demandas de sus respectivas demarcaciones. Esto así porque 42

lo más juicioso es que los congresistas no deseen que esos recursos, que estaban dirigidos a sus jurisdicciones, sean integrados al fondo general del gobierno y que éstos en lugar de ir a resolver los problemas provinciales, resulten absorbidos por el hoyo del metro en la ciudad capital. Otra medida que considero deben anunciar ya, los integrantes del nuevo congreso nacional, es la renuncia a las ‘jodidas’ exoneraciones de vehículos, las cuales constituyen un privilegio irritante y descarado frente al resto de los ciudadanos. Hay que poner fin a esas tradicionales prácticas de apoderarse de los recursos del Estado amparados en maniobras fraudulentas y protegidos por un manto de complicidad, impunidad e indiferencia. Tenemos que rescatar la moral y la ética en el accionar de nuestros servidores públicos y los más llamados a poner el primer ejemplo son los integrantes del Poder Legislativo, ya que son los responsables de aprobar las leyes que regulan nuestra vida institucional. Por tal razón deben demostrar con su propio ejemplo que no son partícipes de apadrinar acciones encaminadas a crear privilegios a favor de ningún grupo o sector social, incluidos ellos mismos.

Inequidad e indiferencia Desde que recibimos las primeras lecciones de Introducción a la Economía en la universidad, hemos venido escuchando el cliché que crecimiento no equivale a desarrollo y que para alcanzar el primero hace falta que se produzca una real y efectiva distribución del ingreso que llegue a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Quienes abrazábamos en esos años las ideas de cambios revolucionarios, veíamos como única alternativa de lograr dicha distribución el advenimiento de una sociedad “sin clases” en la cual a cada quien se gratificara de acuerdo a su necesidad y a su capacidad. La propuesta de favorecer una mejor distribución del ingreso ha sido ampliamente manoseada a lo largo de las últimas décadas por la clase política dominicana y sus principales lideres, quienes elaboran sus ofertas prometiendo a la ciudadanía que de llegar a determinadas posiciones de poder encaminarán esfuerzos para que los ingresos lleguen a los sectores más necesitados de la población. Pero, oh ironía de la vida, el tiempo ha transcurrido y con él hemos visto desfilar por el gobierno a diferentes fuerzas políticas, las cuales han 43

implementado sus modalidades de política económica y las desigualdades sociales en lugar de disminuir han aumentado. La prometida redistribución del ingreso se ha quedado en promesas incumplidas y por el contrario la brecha entre pobres y ricos cada vez es más distanciada. La situación de inequidad ha alanzado un grado tan impresionante que el representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Niky Fabiancic, ha llamado la atención sobre este grave problema prevaleciente en la República Dominicana, deplorando “que el 20 por ciento de los ricos del país reciben el 60 por ciento de los ingresos, mientras que el 20 ciento de los pobres sólo tiene acceso al cuatro por ciento de los ingresos”. En esa misma dirección, un informe reciente de Comisión Económica para América Latina (CEPAL), señala que en la República Dominicana, a pesar de que alcanzó durante el cuatrienio 2002-2005 tasas de crecimiento económico entre cuatro y diez por ciento anual, la pobreza y la indigencia aumentaron en cinco y dos por cientos respectivamente durante ese período. Nuestra clase política no ha estado ajena al proceso de deterioro de los niveles de vida en que se encuentran sumergidos amplios sectores nacionales, por el contrario en lugar de favorecer políticas integrales orientadas a disminuir la brecha entre pobres y ricos, han propiciado la creación de mecanismos privilegiados que le ha permitido insertarse dentro de los grupos elites del país por medio de la asignación de ingresos exorbitantes en comparación con los que devenga la mayoría de la población trabajadora, tanto en el sector público como en el privado. Así por ejemplo mientras en la administración pública se mantiene un salario mínimo de RD$2,650.00 (dos mil seiscientos cincuenta pesos) mensuales, es decir unos ochenta dólares, en el otro extremo, en el mismo Estado, se ha articulado una “tecnocracia” que devenga sueldos que alcanzan hasta los RD$600,000.00 (seiscientos mil pesos) mensuales. Esto implica una relación en la que algunos funcionarios devengan sueldos en la administración pública equivalentes a 226 veces el sueldo mínimo. Estas modalidades de pago se llevan a cabo en un conjunto de instituciones descentralizadas: consejos de administración, comisiones técnicas, supertendencias, institutos, etc. Paralelamente a esa “tecnocracia especializada”, la clase política también ha creado sus espacios para devengar ingresos privilegiados, con la sola excepción de los cargos correspondientes a los funcionarios del Poder 44

Ejecutivo, cuyos sueldos son relativamente moderados: Presidente RD$125,000.00 (ciento veinticinco mil pesos) y Secretarios de Estado RD$75,000.00 (setenta y cinco mil pesos) mensuales, etc. Llama poderosamente la atención como en varias entidades “autónomas” como el Congreso Nacional, la Junta Central Electoral (JCE), la Cámara de Cuentas y los bancos estatales, entre otras, se ha fijado escalas de sueldos muy por encima del que devenga el Presidente de la República, que en todo momento debería percibir la más alta renumeración entre los servidores públicos. En algunas de estas instituciones, como la JCE, el Congreso y los bancos estatales(Banco Central, Banco de Reservas y Banco Nacional de la Viviendas), además de los altos salarios que perciben sus funcionarios, han establecidos privilegiados planes de pensiones y jubilaciones, como ocurrió recientemente en el Congreso Nacional donde se le otorgó pensiones de hasta RD$120,000.00 (ciento veinte mil pesos) mensuales a diputados y senadores por haber ejercido esas funciones por doce, ocho y cuatro años; así como en la JCE donde los jueces salientes se asignaron pensiones de hasta RD$200,000.00 (doscientos mil pesos) por desempeñar funciones de ocho y cuatro años en el organismo. Estas acciones constituyen una burla a los cientos de miles de servidores públicos que han pasado toda una vida prestando sus servicios al Estado, entre ellos maestros y maestras, médicos, enfermeras, guardias, policías y otros humildes servidores que hoy reciben pensiones de dos mil y tres mil pesos mensuales, las cuales no les alcanzan ni siquiera para comprar los medicamentos esenciales para sobrevivir a sus enfermedades de presión arterial, artritis reumática, diabetes o cualquier otro malestar propio de su edad. Además, en los ayuntamientos, las Salas Capitulares han establecidos el pago de sueldos disfrazados de “viáticos” que en algunos casos alcanzan hasta los RD$90,000.00 (noventa mil pesos) mensuales a los regidores, aun estando consagrado en la legislación municipal que esas posiciones deben ser desempeñada de manera honoríficas. Esto representa para el Estado erogaciones millonarias para el pago de los 960 regidores electos en los 151 ayuntamientos del país. Estos señores reciben pago que oscilan entre los noventa mil pesos señalados y veinticinco mil que es la cuota mínima que perciben en los cabildos más pequeños. Esto no incluye a las más de 100 Juntas Municipales, las cuales cuentan con tres regidores cada una a los cuales se le hace un pago de RD$15,000.00 (quince mil pesos) mensuales por sus servicios. Ahora que se está debatiendo el tema de la Reforma Constitucional, sería interesante que nos abocáramos a dotar el país de una reglamentación que 45

regule la escala de sueldos a pagar a todos los servidores públicos, donde el funcionario que más gane sea el Presidente de la República como ocurre en la mayoría de países civilizados. Además que se parta de una mayor equidad entre los ingresos a percibir por los altos funcionarios y los más humildes servidores. También hay que regular el sistema de pensiones y jubilaciones, por medio de disposiciones generales que impidan que determinados funcionarios haciendo uso de las supuestas autonomías de sus instituciones, se apandillen para asignarse privilegiadas renumeraciones en su provecho. Para los que gustan de poner a los Estados Unidos como ejemplo, veamos como funciona la escala de sueldos entre los altos funcionarios públicos de esa nación: El salario más alto de un servidor público en los Estados Unidos es el del presidente que devenga US$400,000.00 por año, aunque esa cantidad puede ser reajustada de acuerdo al índice del costo de la vida. Por ejemplo para el 2007 el presidente ganará US$441,000.00. El vicepresidente gana US$202,900.00 y al igual que el del primer mandatario puede ser reajustado. El presidente del Senado gana US$183,500. El presidente de la Cámara de Representante US$212,100. Un senador US$165,200.00, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia US$208,100.00 anuales. Como puede verse en los datos anteriores, en Estados Unidos existe una reglamentación para el pago a sus funcionarios y a nadie osaría pensar que “tecnócratas” que laboran en “instituciones especializadas” podrían devengar renumeraciones por encima de lo establecido por la ley. Nuestro país tiene que desarrollar un nuevo concepto de servidor público basado en el interés de aportar a la nación, no en obtener privilegios para hacer fortuna. No podemos seguir indiferente frente al ensanchamiento de las desigualdades sociales, de lo contrario la brecha entre ricos y pobres se seguirá distanciando. Permítanme compartir esta anécdota para terminar: Tengo una familia amiga que vive en un residencial de clase media alta en la capital, en el que también reside un general que dispone de una escolta que además de cuidar la casa y la familia del oficial, le proporciona seguridad a las demás residencias del condominio, lo que tiene encantado a todos los vecinos. Durante los días de navidad, los agentes encargados de la vigilancia recibieron numerosos regalos, tanto de su jefe como de otras familias del residencial. Uno de los policías que utiliza una motocicleta como medio de 46

transporte, acumuló varios regalos y le resultaba imposible trasladarlos en su moto, por lo que tres jóvenes adolescentes, incluyendo dos hijos de mis amigos, se ofrecieron muy a gusto para llevar en un carro a su casa al agente, deseosos de descubrir la alegría que mostrarían los niños al recibir los regalos que les llevaba su padre. Partieron con el agente llevando consigo los regalos. Cuando llegaron al barrio donde reside su amigo, éste le señaló que el vehículo no podía continuar y que él iría a su casa a buscar ayuda para llevar los paquetes. Los muchachos salieron del auto y se ofrecieron a acompañarle hasta su hogar para ayudarle a trasladar los bultos, no obstante que el policía les advirtió que la casa estaba un poco distante y que el camino era difícil. Bajando por un estrecho callejón llegaron a la humilde vivienda del policía, donde les esperaban sus hijos y su mujer. Los tres adolescentes sorprendidos apresuraron el paso y abandonaron el lugar desconcertado e impotente al descubrir las difíciles condiciones en que vive un hombre que con responsabilidad y dignidad se entrega todos los días a su trabajo sin lamentos y sin desgano. Al llegar al residencial los jóvenes contaron a sus padres lo que habían visto y durante los siguientes días permanecieron inquietos e impacientes tratando de buscar una alternativa para ayudar a su amigo. Así vive mucha de nuestra gente, aunque usted las vea cumpliendo con la responsabilidad de su trabajo en un banco, una industria, un comercio o una oficina pública. Esa es la dura realidad de pobreza.

Los asentamientos en áreas vulnerables y espacios públicos En las últimas semanas hemos recibido informaciones de la ocupación de áreas públicas y de alto riesgos, por personas que se dedican al levantamiento de casuchas, ante la indiferencia de autoridades gubernamentales y municipales. Entre los lugares señalados se cita la rivera del río Yaque del Norte en la ciudad de Santiago, donde decenas de familias han construido viviendas en una zona expuesta a ser arrasadas por las crecidas de los ríos. También se señala que en el sector de Arroyo Hondo, específicamente en la cañada que bordea el barrio Cristo Rey, se están levantando nuevas casuchas en el mismo lugar donde en meses pasados fueron inundadas unas cuarenta viviendas. Además, a lo largo de la autovía Santo DomingoSamaná, que actualmente se encuentra en construcción, se han estableciendo numerosas casas en terrenos propiedad del Estado. 47

Cada vez que el país se aboca a un proceso electoral, personas escasos recursos, aprovechan la oportunidad para establecerse terrenos públicos, incluyendo áreas consideradas como zonas peligro, vulnerables a las crecidas de los ríos y a los deslizamientos tierra durante las temporadas de lluvias.

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Lo lamentable de esta situación es que tanto las autoridades gubernamentales como las municipales, se hacen de la vista gorda, en los períodos electorales, en el entendido de que enfrentar esas acciones le resta votos en sus aspiraciones proselitistas. Además de personas humildes que no tienen donde vivir, también aprovechan la situación reconocidos vividores que se establecen en esos sitios para luego demandar de las autoridades que se les reconozca como damnificados y ser incluidas en los programas de viviendas que construya el Estado para los afectados de fenómenos naturales. Nuestro país requiere de autoridades que sean capaces de poner los intereses de la colectividad por encima de las aspiraciones particulares. La democracia solamente tiene sentido en la medida en que sus actores (ciudadanos e instituciones) actúen con responsabilidad en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes. La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el marco de sus funciones de garantizar la “conservación y protección de los recursos naturales y el medio ambiente” y el Consejo Nacional de Asuntos Urbanos (CONAU), entidad que tiene como objetivo “definir las políticas de desarrollo urbano-rural sustentable, así como las normativas correspondientes para un adecuado desarrollo...”, están en la obligación de diseñar planes de ordenamiento para reglamentar el uso del territorio a todos los niveles de la República Dominicana. Los ayuntamientos, que son los responsables de otorgar los permisos para la construcción de viviendas y otras edificaciones, también tienen que evitar que personas desaprensivas ocupen en su provecho los espacios públicos. Al país le ha salido demasiado caro esa política de tolerancia e indiferencia, que ha permitido que las principales cuencas acuíferas se encuentren contaminadas como consecuencia del establecimiento en esos lugares de asentamientos humanos sin ningún control. Hoy se estima en miles de millones de dólares los requerimientos para el 48

saneamiento de los ríos Ozama, Yaque del Norte y Camú, entre otros; así como de numerosas cañadas y arroyos que circundan las principales ciudades del país. Ya hay en carpeta algunos proyectos con esos fines, lo que implica que para abordar esos problemas tendremos que acudir a incrementar la deuda pública. En lo relativo a la aparición de viviendas en el área de influencia de la autovía Santo Domingo-Samaná, esperamos que las autoridades actúen con diligencia, para que no se reproduzcan los hechos lamentables que ocurren con frecuencia en la autopista Duarte, en los alrededores de Villa Altagracia, donde se consintió el establecimiento de centenares de familias a lo largo de esa vía. Permitir que esos problemas continúen agravándose constituye una falta de responsabilidad, que la ciudadanía está en el deber de demandar de las autoridades competentes que hagan cumplir las normativas que regulan esa materia. No hay excusas válidas para que continúen los asentamientos ilegales en áreas de peligro y sobre todo en las orillas de los ríos y arroyos. Estos problemas, además de la arrabalización y contaminación que generan, también devienen en hechos lamentables que incluyen la pérdida de vidas. Alguien tiene que asumir la responsabilidad de detener esas acciones que ya han ocasionado grandes males a la nación. Esperemos pues. Debería darnos vergüenza. La profanación de tumbas en cementerios del Distrito Nacional y de otros lugares del país, constituye una vergüenza que refleja la incapacidad e irresponsabilidad con que se manejan algunos asuntos en la República Dominicana. Confieso que siento pavor e impotencia por tener que dedicar este observatorio a un tema que tiene más de diez años siendo denunciado por diferentes medios y todo parece indicar que las autoridades competentes lo perciben como uno más de los problemas para los que no tienen solución. En los últimos días el tema lo traído a colación la señora María Estela Ducoudray Núñez, denunciando que la tumba de su madre fue profanada en el cementerio Cristo Redentor, al tiempo que solicita de las autoridades “la asignación de vigilancia para preservar la tranquilidad donde descansan los difuntos”.

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A la profanación de tumbas, para robar los ataúdes de alto valor se agrega el robo de tarjas y otros artículos de metal, las puertas y rejas de las bóvedas, la falta de limpieza y verjas de protección , la ausencia de vigilancia permanente, etc., etc. A propósito de esta denuncia me permito reproducir una nota que conservo como parte de una experiencia vivida en el cementerio de la avenida Máximo Gómez, en el año 1996. Veamos: “Una mañana de primavera, específicamente en el mes de febrero, acudí al camposanto de la avenida Máximo Gómez, para acompañar a mi esposa en el sepelio de un pariente suyo que había fallecido en la ciudad de Nueva York. El cielo estaba gris y el sol brillaba a pesar de la llovizna que caía sobre el camposanto. Los parientes y amigos caminaban por estrechos callejones, tratando de conducir el ataúd hasta la bóveda donde se depositaría el féretro. Debido a mis problemas de artritis opté por buscar protección de la mollizna en el alero de una de las bóvedas que hay en el referido cementerio. Mientras la lluvia caía, algunos de los convidados optaron por refugiarse en el mismo sitio en que me encontraba. Escuché a una señora comentar: “Ese era un muchacho trabajador”, en alusión a la creencia popular de que cuando muere un hombre de trabajo, siempre llueve. Todavía en el alero, oí un señor decir en voz alta, casi gritando: “Rómpanla, rómpanla”. Ante la insistencia del hombre, Salí del lugar donde me encontraba para percatarme de lo que sucedía. Pensé que los que conducían el ataúd habían llegado a un sitio muy estrecho que le impedía continuar el paso hacia donde sería colocado para su eterno descanso. El hombre” volvió a repetir: “rómpanla”, y a seguida completó la frase diciendo: “rómpanla que se la roban”. Se refería a que rompieran la caja en que estaba depositado el cadáver. Cuando logré colocarme a unos cuantos metros de donde estaba la tumba observé a un obrero que golpeaba con un martillo el ataúd por todos los lados, con el aparente consentimiento de los parientes, dejándolo prácticamente destruido antes de introducirlo al nicho en que fue colocado. Debo admitir que nunca en mi vida había visto cosa similar”.

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Como puede verse la macabra práctica de profanar las tumbas para sustraer los objetos de valor se ha convertido en una rutina que tiene ya varios años. Ahora bien, yo me pregunto: ¿qué explicación pueden tener los responsables del mantenimiento y cuidado de los camposantos para justificar que estos hechos se reproduzcan con tanta frecuencia? ¿Qué difícil puede resultar buscar una solución definitiva a estos bochornosos acontecimientos? ¿Qué costo puede tener la puesta en ejecución de un plan de mantenimiento y vigilancia de esos lugares? ¿O es que los responsables han perdido la sensibilidad humana? No puede haber excusas válidas, los responsables de estos establecimientos tienen que disponer de medidas urgentes para solucionar esa vergonzosa situación. Tanto los administradores de los cementerios, como los síndicos e integrantes de las Salas Capitulares de los cabildos, no pueden seguir indiferentes frente a un problema que es de sus competencias. Lo mismo puede ser extensivo a la Policía Nacional, como responsable de salvaguardar el orden público. Debería darnos vergüenza el hecho que entrado el siglo veintiuno todavía tengamos pendiente resolver asuntos tan sencillos y elementales como el enterrar a los muertos. Quizás sea bueno traer a colación un anuncio publicitario que se hizo popular en la recién pasada campaña electoral, en el cual un joven aparecía en una destartalada avenida al lado de un hoyo, diciéndole al síndico de su comunidad que las autoridades se eligen para resolver los problemas y que el que no esté en capacidad de hacerlo “simplemente que deje eso”.

Cancelaciones en los ayuntamientos Con la derrota sufrida por el Partido Revolucionario Dominicano a nivel municipal, en las elecciones del 16 de mayo pasado, la incertidumbre se ha apoderado de los empleados de aquellos cabildos en que el partido blanco fue desplazado por los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana. Para sorpresa de mucho de los empleados de esos ayuntamientos, semanas después de conocida la derrota, han comenzado a recibir cartas dándoles cuenta de la finalización de sus contratos de trabajo con esas entidades edilicias. Esas decisiones han colocado en una situación difícil a miles de padres de familias que todavía sin reponerse de la derrota, comenzaban a 51

hacer sus cálculos para enfrentarse a su nuevo status en caso de ser despedidos por los nuevos inquilinos de los gobiernos municipales. Daban como un hecho que cobrarían los sueldos correspondientes a los tres meses de la transición y al mismo tiempo aprovecharían ese período para iniciar los cabildeos con los nuevos incumbentes en procura de conseguir ser ratificados en sus posiciones. La decisión de los síndicos reeleccionistas derrotados, ha sido tomada obedeciendo a que durante el pasado proceso electoral incurrieron en grandes compromisos económicos con suplidores y entidades financieras, para cubrir los gastos de la campaña. Ahora el tiempo se le viene encima y la única opción que tienen a mamo para enfrentar dichos compromisos, son las asignaciones presupuestarias correspondientes a los tres meses de la transición, lo que implica, además de la reducción de la nómina, la disminución de los servicios que ofrecen, como recogida de basura, servicios sociales, construcción de obras comunitarias, etc. La situación es de tal magnitud que se habla de ayuntamientos que, con ingresos mensuales de dos millones de pesos, incurrieron en deudas de más de seis millones. Aquellos que ganaron no tienen problemas, pues disponen de cuatro años para afrontar esos compromisos. Los derrotados, en cambio, se enfrentan a la presión de los acreedores que saben que el tiempo apremia y que de no cobrar sus deudas ahora, tendrán problemas para lograrlo cuando se produzca el cambio de administración. Lo más lamentable es que como siempre, la soga rompe por la parte más frágil, pues entre los empleados despedidos hay algunos que han pasado toda una vida laborando en esas instituciones, ahora son lanzados a la calle sin siquiera pagarles las prestaciones que les corresponden por ley. Sería bueno que los funcionarios de la Liga Municipal Dominicana, entidad que es objeto de serios cuestionamientos sobre su razón de ser, pusieran en marcha de inmediato acciones para impedir que se cometan injusticias contra humildes trabajadores. La ley es clara disponiendo como deben ser invertidos los recursos. No es justo que lo que les corresponde a los trabajadores sea distraído para el pago de deudas contraídas por políticos con fines proselitistas. Lo menos que puede esperar una persona cuando es despedida de su trabajo es que se le pague las prestaciones que por ley le corresponde. Quien haya incurrido en compromisos económicos para financiar su campaña política que busque ese dinero por otro lado, pero nunca

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utilizando los recursos que están destinados para el pago a los empleados. Eso está claro. ¿Verdad Amable?

Necesitamos buenas administraciones municipales Los gobiernos municipales son las entidades del Estado que se encuentran más cerca de los problemas y las necesidades de la gente, por lo que nuestro país requiere que los ayuntamientos se conviertan en eficientes y auténticas expresiones de participación democrática. Dentro de sus atribuciones están la de ocuparse de los servicios públicos, reglamentar la convivencia de las personas que integran la colectividad, garantizarle a los munícipes áreas de recreación y esparcimiento, construir obras comunitarias, ordenar y organizar el uso del territorio local, y algo muy importante, establecer políticas para el manejo y los depósitos de los desechos sólidos de forma que éstos no continúen creando problemas de ambientales y de contaminación. Nuestro Estado se caracteriza por un excesivo grado de centralización y burocratización que ha impedido que los planes y programas que ejecutan los gobiernos se lleven a cabo atendiendo a criterios de equidad y justicia en toda la geografía nacional. Los ayuntamientos están llamados a convertirse en los escenarios indicados para que los servicios estatales lleguen a la población, por lo que los mismos tienen que colocarse a las alturas de las circunstancias, demostrando que son capaces de cumplir con ese rol. Pienso que la forma que ha quedado distribuido el “Poder Municipal”, con representación significativa de las tres principales fuerzas políticas, así como la presencia de las organizaciones minoritarias, contribuirá a que quienes están al frente de las municipalidades se vean obligados a procurar buenas gestiones, pues su desempeño será evaluado por los munícipes, haciendo comparaciones con las ejecutorias que desplieguen sus adversarios. Los ayuntamientos, en realidad, no cuentan con recursos suficientes para enfrentar todos los problemas y requerimientos que tienen las poblaciones que representan, por lo que siempre será necesaria la intervención del gobierno central en aquellas áreas que están fuera de las posibilidades de las administraciones municipales, las cuales deberán canalizar, conjuntamente con los comunitarios, por ante las entidades responsables.

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Tienen que hacer un esfuerzo para invertir los recursos de acuerdo a las normas establecidas, es decir, respetar los porcentajes establecidos para gastos en nóminas, pago de servicios e inversión en obras municipales. Deberán elaborar sus planes consultando a la gente, de manera que las acciones que se pongan en ejecución respondan a las necesidades y requerimientos de los munícipes. Además, tienen que comprender que operan con recursos limitados, por lo que la labor de priorización resulta fundamental. Ahora bien, deben hacer conciencia de que los fondos nunca alcanzarán para convertir los ayuntamientos en agencias de empleos improductivos, para responder a requerimientos de activistas políticos. Tengo numerosos amigos, de todos los partidos, que salieron electos a síndicos y regidores en varios ayuntamientos para el próximo cuatrienio. Muchos de ellos alcanzaron esas posiciones como resultado de un liderazgo ganado por el trabajo de años al servicio de las demarcaciones que los eligieron. Por esa razón estoy convencido que se empeñarán en poner en marcha acciones que les garanticen conservar su bien ganado prestigio en sus respectivas jurisdicciones. Abogamos pues, para que las nuevas administraciones municipales tengan un buen desempeño en la presente gestión, ya que ello crearía las bases para la requerida descentralización que demanda nuestro país, lo que no será posible sin contar con eficientes administraciones locales.

¿Gobernabilidad o clientelismo? Transcurrido el proceso electoral han comenzado a surgir propuestas acerca de cómo deberán ser estructuradas las instancias de poder en que los actuales incumbentes resultaron derrotados: Junta Central Electoral, Cámara de Cuentas, Liga Municipal Dominicana y los Bufetes directivos del Senado y de la Cámara de Diputados. Entre las propuestas se señala la posibilidad de que el partido oficial conceda el control de la presidencia de la Cámara de Diputados a un alto dirigente de una de las organizaciones que le fueron adversas en las pasadas elecciones, como una especie de premio de consolación y para el “mantenimiento de la gobernabilidad”. Algo similar se plantea con relación a la dirección de la Liga Municipal Dominicana. Esos que ahora reclaman espacio poniendo como pretexto la gobernabilidad, son los mismos que en la pasada gestión de gobierno del presidente Leonel Fernández se opusieron radicalmente a participar en el Dialogo Nacional, convocado para buscar respuesta a los problemas del país. 54

Fueron esos mismos que se pusieron de acuerdo para designar la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas desoyendo los reclamos de amplios sectores de la sociedad. Y aún más, fueron esas dos organizaciones las que se apandillaron para conformar el Consejo de la Magistratura, negándole al PLD el derecho que le correspondía como segunda fuerza congresional en el momento en que ese organismo fue convocado para reestructurar la Suprema Corte de Justicia. Aunque es justo señalar que esas propuestas o conjeturas no han salido de la dirección del partido morado, sino que más bien son lanzadas como globo de ensayo en busca de reacción de parte de los líderes de la organización oficialista. Desde mi punto de vista, el PLD tiene el compromiso de iniciar un proceso de transformación de la vida política e institucional del país. El pueblo votó mayoritariamente por ese partido otorgándole 22 senadores, 96 diputados y unas 60 sindicaturas, y por tanto espera que el mismo asuma la responsabilidad de acabar con todos esos mecanismos de corrupción y clientelismo que se han establecido en el aparato estatal para despilfarrar los fondos públicos. Desde su fundación en el año 1973, el PLD ha estado incidiendo en la vida política nacional como una entidad minoritaria tanto a nivel del congreso como a nivel municipal. Ahora le llegó el momento y por tanto está compelido a demostrarle al país que tiene propuestas para encaminarnos por el sendero del desarrollo. Por eso votamos, ahora esperamos respuestas. El Partido de la Liberación Dominicana debe asumir la dirección de las dos cámaras legislativas para rescatar su rol de entidades responsables de hacer leyes que contribuyan a viabilizar e impulsar las reformas que el país demanda para su modernización. Hay que desarticular esos escondrijos de clientelismo y negociación al servicio de los intereses de grupo y de proyección política y personal de individuos. Como forma de garantizar el control partidario de las dos cámaras, me permito sugerir que las mismas sean presididas, por lo menos en el primer período, por dos miembros del Comité Político. Estos podrían ser el doctor Reinaldo Pared Pérez, actual Secretario General del partido, en la presidencia del Senado y el licenciado Lidio Cadet, un ex Secretario General, en la presidencia de la Cámara de Diputados. Con una decisión de esta naturaleza el partido, desde su máximo órgano de dirección, asumiría el

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control de las dos entidades, lo que contribuiría a impulsar las reformas requeridas. Algo similar podríamos decir con relación a la Liga Municipal Dominicana, que también algunos han propuesto que le sea entregada a un partido de la oposición para “el mantenimiento de la gobernabilidad”. Con relación a esta última, lo recomendable sería que se proceda a una profunda revisión sobre la pertinencia y viabilidad de su rol, como entidad rectora de los ayuntamientos. Ya que en los últimos años se percibe más como un mecanismo de intermediación, que a través del cobro de un peaje (de 5%) canaliza las relaciones entre los ayuntamientos y el Poder Ejecutivo. Pero lo más lamentable es que los fondos obtenidos por esa entidad son destinados a la promoción de proyectos políticos de quienes ocupan su dirección. Así vemos como desde la misma se mantiene el pago de una nómina parasitaria de personeros que no realizan ninguna labor en beneficio de los cabildos y al mismo tiempo se derrochan los fondos en compra de helicóptero, vehículos de lujos (entre ellos una Hummer) y otros gastos suntuarios. Por lo anterior abogamos, o por la desintegración total de la Liga Municipal Dominicana o pro que la misma sea convertida en una entidad de apoyo a los ayuntamientos. Eso sí, bien reducida y con suficiente calidad técnica, para brindar asistencia en aspectos relacionados con el mejoramiento de la calidad de los servicios que ofrecen las instituciones edilicias. El país requiere que todos esos mecanismos de corrupción y clientelismos, sean desarticulados y que las instituciones retomen su papel y se conviertan en entes de servicios, no para proyectar candidatos ni para hacer negocios. Poner uno de estos organismos, tal como operan en la actualidad, en mano de quienes los han detentado, sería legitimar el clientelismo y las corrupción que se ha perpetuado en ellos durante los últimos años.

Hablemos de reforma La mayoría obtenida en el congreso por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en el recién concluido torneo electoral, ha desatado un amplio movimiento de opinión a favor de que esa organización viabilice un real y efectivo proceso de modernización del Estado, tanto a través de una reforma a la Constitución, como con la aprobación de leyes

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especiales que permitan la creación de un marco político institucional acorde con la realidad del momento. Los deseos de amplios sectores de la sociedad dominicana de dotar al país de un marco legal apropiado, constituye una vieja aspiración, que en la mayoría de los casos ha sido frustrada por determinadas parcelas políticas que solamente han introducido “cambios”, para favorecer intereses particulares. Si hacemos una mirada retrospectiva, encontramos que nuestra Constitución, aprobada el 6 de noviembre del año 1844, ha sido objeto un total de 37 modificaciones, la mayoría de ellas obedeciendo a situaciones coyunturales para resolver crisis políticas del momento o para adecuarla a los intereses de un gobernante o grupo convenido. En esta ocasión se percibe que el PLD utilizará su mayoría en el congreso para propiciar una reforma participativa y consensuada, como lo ha expresado el Presidente de la República y del partido en el poder, doctor Leonel Fernández y otros altos dirigentes de esa organización política. Pero que además es parte de la propuesta contenida en su programa de gobierno. El mandatario ha prometido que su partido se propone utilizar la mayoría en el congreso para facilitar una reforma a partir de “una gran consulta popular” en todo el ámbito nacional y sectorial. Ha señalado que esa consulta la encabezará el presidente del “Dialogo Nacional”, monseñor Agripino Núñez Collado. El debate, ahora parece que se centrará entre los que entienden que la reforma debe ser realizada por una Asamblea integrada por los legisladores recién elegidos y quienes pretenden enredar la reforma constitucional en la maraña de una Constituyente, cuyos integrantes serían escogidos por votación directa en unas elecciones organizadas exclusivamente para esos fines. Esto implicaría esperar un próximo proceso electoral o abocarse a organizar unos comicios en lo inmediato, lo que cargaría aun más la ya congestionada agenda política. Todavía queda suficiente tiempo para debatir el tema. Por mi parte, me inclino por una reforma con los nuevos congresistas y a través de una Asamblea Revisora, sobre los aspectos considerados como esenciales, para colocar el país en la ruta hacia la modernización. Ahora bien, como parte de esa reforma se podría incluir la figura de la Constituyente para

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modificaciones futuras, si es que se entiende que ello serviría de algo. Yo por ahora no estoy seguro de los beneficios que aportaría. En entregas posteriores expondré mis inquietudes, que como ciudadano entiendo deben ser incluidas en la próxima reforma. Por ahora me limitaré a señalar algunos criterios más bien conceptuales, que considero hay que tomar en cuenta a la hora de abordar la reforma de la Constitución. Veamos: Una reforma a la Constitución se produce, una vez se ha determinado que el Estado y sus instituciones atraviesan por un proceso de anquilosamiento que dificulta su dinámica y funcionamiento. Hay que interpretar la reforma, como la actividad puesta en marcha por los mismos órganos estatales para reducir su labor en procura de un mejoramiento de la calidad de los servicios que ofrecen. Debe estar dirigida a profundizar la democracia, fortaleciendo los mecanismos de participación popular, de representación política y de la gobernabilidad. Está llamada a garantizar el fortalecimiento de los controles de la función pública por parte de los ciudadanos, la rendición de cuenta por medio de dispositivos confiables e incluso la prerrogativa de revocación del mandato por los electores. Tiene que ser viable, es decir aplicable a la realidad del país, hay que evitar que el resultado sea un mamotreto o legajo de disposiciones, fruto de ejercicios idealistas que en la práctica no encuentren formas de concreción. Debe garantizar la equidad social a través de políticas públicas dirigidas a proteger a los sectores más vulnerables. Tiene que incluir el rediseño de una política de ordenamiento del territorio que facilite la puesta en marcha de planes y estrategias de desarrollo a nivel nacional, regional y local. Por último, la reforma no debe concebirse como un traje a la medida de los sectores que detentan el poder, pero mucho menos de los grupos corporativos para impulsar políticas de privatización y restringir los campos de acción del Estado en su beneficio.

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Si la reforma a nuestra constitución se lleva a cabo tomando en consideración los criterios señalados, pienso que podríamos tener un buen producto final. A mi me da confianza la comisión anunciada para coordinar los trabajos, pues además de Monseñor Agripino Núñez Collado, está integrada por Marcos Villamán y Carlos Dore, dos ciudadanos de reconocida capacidad profesional, solvencia moral y principios éticos que de seguro no nos defraudarán.

La novelita de la declaración jurada de bienes Cuando una disposición, sea esta una ley, un decreto, un reglamento, una resolución, una ordenanza, una circular, etc., no se pueda hacer cumplir por los responsables de su aplicación, lo más recomendable es que se proceda a su revocación o a su modificación; pues el mantenimiento de una normativa a la que nadie o alguien no respeta, a lo único que ayuda es al resquebrajamiento de la autoridad y por consiguiente a ahondar el irrespeto a quienes la emiten y ejecutan. Lo anterior viene a colación a propósito de la afirmación del señor Octavio Lister, Director del Departamento de Prevención Contra la Corrupción (DEPRECO), en la que da cuenta que sólo han respondido 150 de los más de 1,500 funcionarios que están llamado a cumplir con las disposiciones del decreto emitido por el señor presidente, para que presenten sus Declaraciones Jurada de Bienes. El decreto presidencial emplaza a referida disposición en un plazo de que si no obtemperan al llamado disciplinarias como amonestación, cancelación de sus cargos.

los funcionarios a cumplir con la 30 días, al tiempo que les advierte podrían ser objeto de sanciones suspensión temporal y hasta la

Dicha disposición es una réplica de decretos anteriores, los cuales tampoco se han cumplido, debido a que la mayoría de los funcionarios no se dan por aludidos, a pesar de que la pieza establece, además de la advertencia de posibles sanciones, mecanismos para facilitar su cumplimiento como son: presentarla por medio de la página Web o haciendo llegar copia de la misma a la Procuraduría General de la República. La negativa a presentar la Declaración Jurada de Bienes abarca tanto a funcionarios del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y de los ayuntamientos, algunos de los cuales nunca han presentado las suyas y

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siguen disfrutando de todas sus prerrogativas sin ser objeto de ningún tipo de sanción. En los últimos años y en todas las administraciones se repite el mismo pedido a los funcionarios, lo que ya se ha convertido en una novelita de mal gusto. Como estoy convencido que las informaciones suministradas en esas declaraciones no revisten ninguna confiabilidad y que tampoco van a servir de mucho en el combate a la corrupción, me permito sugerir que esa medida sea dejada sin efecto para evitar que el principio de autoridad siga siendo vulnerado y la colectividad burlada por aquellos que se consideran, y parece que en verdad lo están, por encima de la ley.

El nuevo Congreso Nacional La juramentación de los nuevos integrantes del Congreso Nacional, renueva la esperanza de que el país pueda contar con un cuerpo legislativo plural y equilibrado, capaz de colocar el interés nacional por encima de las particularidades de sus miembros y de los grupos a que pertenecen. Por primera vez en sus seis años de gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el presidente Leonel Fernández, contarán con mayoría absoluta en las dos cámaras legislativas, lo que le da la oportunidad de poner en ejecución, sin mayores inconvenientes, el programa de gobierno que han ofertado al pueblo dominicano. El congreso recién instalado está constituido por una matricula de 178 diputados, de los cuales el partido de gobierno cuenta con 96; además tiene 22 de los 32 senadores que integran la Cámara Alta. Resultan alentadoras las afirmaciones, tanto del señor presidente de la República, como de otros altos dirigentes del PLD, en el sentido de que esa entidad no utilizará su mayoría para aplastar a nadie y que en primera instancia procurará el consenso a la hora de tomar decisiones. En la dirección de ambas cámaras el partido oficial ha colocado dos jóvenes que a lo largo de sus trayectorias como legisladores nunca han sido señalados como parte de los escándalos en que han estado envueltos parte de sus integrantes. Éstos han reiterados el compromiso de rescatar la credibilidad perdida y desarrollar sus acciones con apego a la ley y con el mayor nivel de transparencia. Nos referimos al Dr. Reinaldo Pared Pérez, quien ocupa la presidencia del Senado y al licenciado Julio Cesar Valentín, elegido como presidente de la Cámara de Diputados. Y eso es alentador, porque a lo largo de los últimos desempeños, nuestro congreso ha sido objeto de una serie de escándalos que han drenado de manera significativa su prestigio y credibilidad frente a la sociedad 60

dominicana. A ello no escapa ninguna de las fuerzas políticas que han sido parte del mismo. Esa situación impone que uno de los pasos inmediatos que tiene por delante el nuevo congreso consiste en rescatar su credibilidad y confiabilidad, como paso previo para abocarse al desafió de producir las transformaciones institucionales y políticas que las circunstancias imponen en los momentos actuales. Los congresistas tienen que enviar señales claras y creíbles de que ahora soplarán nuevos vientos por esos predios, por tanto deberán desvincularse de todas las acciones que pudieran involucrarlos en escándalos de corrupción y privilegios insultantes a la colectividad que representan. En ese congreso hay mucha gente que se siente cómoda con el sistema de privilegios que se ha establecido a su favor. Y aun más, muchos de los que ahora llegan, emprendieron la ruta motivados por esas prerrogativas, por lo que se impone la necesidad de trazar una línea diferenciadora. La función de un legislador es la de hacer leyes en beneficio de la colectividad en general y de sus comunidades en un orden más particular. Si los senadores y diputados desean ayudar a los pueblos que los eligieron hay diversas formas de hacerlo, sin necesidad de desvirtuar la naturaleza de sus funciones. Tienen la oportunidad de concebir leyes y proyectos dirigidos a resolver los múltiples problemas que confrontan sus demarcaciones; pueden gestionar por ante las agencias gubernamentales inversiones correspondientes a sus áreas de intervención; así como obtener apoyo para las organizaciones sociales y comunitarias, y hasta acompañarlas, en la gestión de recursos y proyectos a favor de los más necesitados, etc., etc. , pero nunca deberían involucrarse en acciones clientelitas y paternalistas que sólo conducen a la denigración de la dignidad de las personas y a la creación de falsas expectativas que siempre se revierten en contra de sus propulsores. Los congresistas peledeístas deberían renunciar a las famosas exoneraciones de vehículos que se les otorgan, ya que los salarios que devengan están por encima de la media de los funcionarios públicos y del sector privado y no hay razón para que reciban las mismas, cuando otros ciudadanos con menores ingresos tienen que adquirir con mucho esfuerzo su medio de transporte. Dando ese paso estarían haciendo acopio de los ejemplos de su maestro, el profesor Juan Bosch. También esperamos que una de las primeras medidas que adopten los nuevos legisladores sea la prohibición a sus integrantes de recibir recursos del presupuesto nacional a través de las denominadas Organizaciones no Gubernamentales, ONG’s; así como la eliminación de 61

las nóminas parasitarias y clientelitas que por años han predominados en ambas cámaras, de manera que el personal de apoyo y los asesores designados estén en correspondencias con los requerimientos para su eficiente desenvolvimiento. Nuestra sociedad demanda de una urgente transformación para enrumbarla por un proceso de modernización, pero para ello se requiere que quienes tienen la responsabilidad de la creación del marco o plataforma legal, tengan la suficiente calidad e integridad moral para llevarla a cabo. La modernización de un Estado no consiste en comprar ordenadores y conectarse a redes de informáticas. Ésta tiene que partir de un esquema dirigido a profundizar la democracia, cimentado en la ampliación del concepto de ciudadanía, es decir, en el establecimiento de una relación basada en los derechos de los individuos y las instituciones del Estado, que garantice al mismo tiempo, la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Pero además, hay que rescatar valores como la honestidad, el civismo, la sensatez, la seriedad, la cordura, la humildad, la prudencia, la responsabilidad y la transparencia en el ejercicio público y privado. El primer ejemplo está llamado a ponerlo aquéllos en los cuales hemos confiado la distinción de representarnos. Felicitamos a los integrantes del nuevo congreso y abogamos porque sepan aprovechar la oportunidad que tienen en sus manos de rescatar el Poder Legislativo del descrédito en que ha estado inmerso en los últimos años. Estaremos atentos y esperamos no ser defraudados como nos ha ocurrido tantas veces.

El país de los operativos. Una de las manifestaciones más evidentes de la debilidad e ineficiencia que acusan nuestras instituciones, puede apreciarse en la cantidad de “operativos” que se ponen en marcha para enfrentar problemas y tareas que son de la exclusiva responsabilidad de las entidades que conforman el aparato estatal. Este vocablo que significa “poner remedio”, “producir un efecto pretendido” o simplemente “socorrer o ayudar a alguien”, representa en nuestro medio, una tabla de salvación para las instituciones poner en marcha acciones puntuales, una vez han descuidado sus funciones en la prestación de servicios o cualquier otra labor que le concierne.

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Esta práctica se ha convertido en algo tan común, que habitualmente nos la pasamos de “operativo en operativo”, para enfrentar problemas que han desbordado los límites normales y de tolerancia. Parecería como si los responsables de encarar una situación determinada, admitieran que han descuidado sus funciones, o simplemente que no están en capacidad de cumplir con las mismas, y por tanto se precisa que otros vayan en su auxilio para enfrentar los acontecimientos. No es extraño escuchar que las autoridades municipales, policiales y militares, de salud pública, de educación, de medio ambiente, así como cualquier político en labores proselitistas, etc.…, anuncien la realización de operativos para afrontar problemas de diferente naturaleza. Veamos algunos ejemplos: -Operativo de limpieza para recoger la basura o desechos sólidos, cuando éstos asfixian a la población. -Operativo de saneamiento para limpiar cañadas, ríos u otros lugares públicos. -Operativos médicos y odontológicos para atender a los enfermos. -Operativo de siembra y preparación de terrenos. -Operativo de arreglos de caminos vecinales. -Operativos para el bacheo de calles y reparación de aceras y contenes. -Operativo para sancionar a conductores que transitan violando las leyes y disposiciones de tránsito. -Operativo para detener delincuentes que se encuentran en libertad. -Operativo para desmantelar puntos de drogas que operan en diferentes barrios y lugares del país. -Operativo para desarmar a la población civil que porta armas de fuego en forma ilegal. -Operativo para detener a los denominados "jebitos" que echan carreras de autos en las vías públicas. -Operativo de reforestación y siembra de árboles.

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-Operativo para liberar a las menores que son mantenidas en centros de corrupción y obligadas a ejercer la prostitución. -Operativo para retirar menores de edad que se encuentran en la vía pública realizando labores. -Operativo para vacunar los animales realengos que deambulan por las calles. -Operativo para limpiar y sanear los planteles escolares. -Operativos para detectar las conexiones ilegales a las redes eléctricas. -Operativo para perseguir los que se dedican a la comercialización de artículos pirateados. -Operativo para retirar los talleres que operan en la vía pública. -Operativo de fumigación para eliminar mosquitos y otras plagas. -Operativo para controlar los ruidos que afectan la tranquilidad de la población. -Operativo contra los organizadores de viajes ilegales. -Operativo para deportar los nacionales extranjeros que se encuentran ilegalmente en el país. La relación podría resultar interminable, pero a modo de muestra es suficiente. Como puede apreciarse la realización de todos esos “operativos” son una evidencia de que la mayoría de las instituciones que existen en la República Dominicana no están cumpliendo con sus funciones. Esas actividades que se llevan a cabo cuando los problemas tocan fondo, constituyen tareas que las entidades están llamadas a realizar dentro de sus atribuciones correspondientes. Por lo que si cada una de ellas cumpliera su responsabilidad, no tendríamos la necesidad de acudir constantemente a los famosos “operativos”, como si viviéramos en un permanente estado de emergencia.

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Justicia, cinismo y sociedad La sentencia dictada por la jueza interina de la Primera Sala Penal del Distrito Nacional, Rossanna Vásquez, a favor de 37 agentes y oficiales de la Policía Nacional, acusados de la sustracción o usufructo de más de cien vehículos recuperados por la institución del orden, constituye una señal de hacia donde se dirige la sociedad dominicana. Este proceso que se ha mantenido por más de dos años, de corte en corte, busca sancionar a los culpables de haber incurrido en una práctica mafiosa y fraudulenta, agravada por el hecho de haber sido cometida por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, a los cuales se les confió la responsabilidad de velar por la protección de la propiedad, así como de los derechos y las libertades de los ciudadanos. La magistrada descargó “por insuficiencia de pruebas” a los inculpados, bajo el argumento de que los medios probatorios presentados por el Ministerio Público, consistieron en una mascota sucia, manchada y rayada, carente de la “pulcritud” que a su juicio debe exhibir un documento para calificar como prueba judicial. En ese cuaderno manoseado y ajado, que la jueza rechaza como prueba, están contenidas las asignaciones de los vehículos a cada uno de los que los usufructuaron de manera irregular y en perjuicio de sus legítimos propietarios. La magistrada buscaba encontrar “pruebas limpias”, certificadas o notariadas, para juzgar un “asunto muy sucio”, cuyos autores, como es natural, se cuidaron de no dejar rastros. Entonces uno se pregunta, cuáles son las pruebas a presentar por ante el tribunal, para establecer la responsabilidad penal de los inculpados. No es suficiente el hecho de que estos señores hayan sido sorprendidos con los vehículos en su poder o de familiares y relacionados, a los cuales ellos se lo asignaron. El tribunal exige además, que los propietarios de los vehículos robados, los cuales en su momento pusieron sus respectivas denuncias de la sustracción por ante las autoridades policiales, comparezcan individualmente acusando a los agentes de haberle robado sus vehículos. Qué otras pruebas se pueden aportar, si los carros robados aparecieron en poder de los agentes y no se encontró en los archivos policiales ni siquiera un expediente que pudiera probar que la institución recuperó los mismos en determinadas circunstancias y que sometió a los responsables de cometer esos delitos. La no existencia de estos expedientes coloca como 65

principales sospechosos de la sustracción a los que fueron sorprendidos con el cuerpo del delito en su poder. Pero la situación llegó más lejos, varios de los vehículos encontrados en mano de estos señores, fueron alterados, unos a través del cambio de color, otros sustituyéndoles la numeraciones, e incluso en algunos casos consiguieron proveerse de documentos falsos o alterados por medio de maniobras fraudulentas, lo cual se considera como un “delito agravado”. Si estos hechos no constituyen “fragrante delito”, para esa “Honorable Magistrada”, entonces no vale la pena perder el tiempo persiguiendo delincuentes para someterlos a los tribunales. Pues si en un caso como el que nos ocupa, que cuenta con la atención de la opinión pública, se produce una sentencia en esa dirección, que se puede esperar en aquellos casos que se dilucidan sin contar con el seguimiento de la sociedad. En esta semana el jefe de la policía, general Bernardo Santana Páez, denunció con mucha responsabilidad y pesar a la vez, que agentes policiales están vinculados en la sustracción de teléfonos celulares, los cuales les son entregados a los policías por los malhechores a cambio de protección e impunidad. Y uno se pregunta, si los oficiales que usufructuaron esos vehículos, no tienen responsabilidad penal, cual sería el argumento para castigar a un agente que ha negociado un teléfono celular. Además, qué prueba se puede presentar en contra de estos agentes sinvergüenzas, que no sea la posesión por parte de éstos de los equipos robados. Todo parece indicar que la suerte de nuestro país está echada, que la corrupción ha alcanzado niveles institucionales con ramificaciones en todas las instancias de poder, que permite a los delincuentes moverse libremente, conscientes de que cuentan con el apoyo que les garantiza su impunidad. Si nuestro ordenamiento jurídico ofrece garantía para que los autores de acciones de esta naturaleza se salgan con las suyas evadiendo su responsabilidad penal, entonces olvidémonos del combate a la corrupción y preparémonos para observar en poco tiempo el reinado absoluto de los delincuentes. Pienso que la única salida que nos queda es que la sociedad comience a desbloquear el cinismo que mantiene frente a quienes cometen estas acciones y comencemos a aplicarles por lo menos una sanción moral, 66

para que no continuemos aceptándoles como personas “honorables” en los escenarios en que participan y así manifestarles que reprochamos sus “inconductas”.

La reelección en la política dominicana contemporánea --Después de la caída de la dictadura de Rafael Leonida Trujillo en el año 1961, en el país se han celebrado un total de doce elecciones presidenciales, en las cuales han resultado electos unos seis mandatarios: El profesor Juan Bosch (1962), el doctor Joaquín Balaguer en seis ocasiones (1966, 1970, 1974, 1986, 1990 y 1994), Don Antonio Guzmán Fernández (1978), el doctor Salvador Jorge Blanco (1982), el doctor Leonel Fernández, en dos oportunidades (1996 y 2004) y el agrónomo Hipólito Mejía (en el año 2000). De los seis presidentes constitucionales que hemos tenido a lo largo de ese período (1961-2006) el único que logró alcanzar la reelección, consiguiéndolo en cuatro oportunidades, fue el doctor Balaguer. De los otros mandatarios solamente el agrónomo Hipólito Mejía optó por la reelección en el año 2004. El profesor Juan Bosch se convirtió en el año 1962 el primer presidente elegido libremente después del ajusticiamiento del tirano. Sin embargo no obstante que la Constitución le permitía optar por la repostulación, una de las primeras medidas de su gobierno fue convocar a una Asamblea Constituyente para dotar al país de un nueva Carta Magna que garantizara organizar la vida institucional de la República Dominicana de conformidad con la realidad de ese momento histórico. Esta Constitución fue aprobada en el año 1963 y es considera como la más avanzada que ha tenido el país en toda su historia democrática. En la misma fue consagrado el principio de la “no reelección”, tanto para el presidente como para el vicepresidente, a pesar de que esa medida impedía que el mandatario de turno, el profesor Juan Bosch, optara por un nuevo mandato presidencial. Al producirse el derrocamiento del gobierno constitucional del profesor Bosch en el año 1963, el país entró en un proceso de inestabilidad política que derivó en la revuelta de abril de 1965, en la que el pueblo se levantó en armas en reclamo del reestablecimiento de la constitucionalidad interrumpida. Ello trajo como consecuencia el desembarco de cuarenta y dos mil marines norteamericanos para impedir la victoria de los constitucionalistas y el retorno al poder del profesor Juan Bosch.

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En esa circunstancia, en el año 1966 se celebraron unas “extrañas” elecciones presidenciales, con la presencia en el país de las tropas extranjeras, en las que resultó “escogido”, con apoyo de las tropas interventoras norteamericanas, el doctor Joaquín Balaguer. El nuevo presidente de inmediato propició una reforma constitucional en la que se reestableció de nuevo la reelección presidencial, lo que le abría el camino para presentarse como candidato en tres períodos consecutivos (1970-74, 1974-78 y 1978-82). Como hemos señalado el doctor Balaguer ha sido el único mandatario que ha conseguido reelegirse en nuestro país después de la desaparición de la dictadura de Trujillo, sin embargo es importante recordar lo traumático que resultaron los procesos electorales en los cuales el caudillo reformista optó por buscar la reelección desde el poder y aun más los graves acontecimientos políticos e institucionales a que vio abocado el país en cada uno de esos procesos. En el año 1970 el doctor Balaguer se presentó como candidato a la reelección aprovechando las modificaciones que había introducido en la Constitución de 1966. Fue precisamente en esa ocasión que líder reformista utilizó la frase “No se debe cambiar de caballo cuando se está cruzando un río”, para justificar su decisión de buscar la repostulacion. Este hecho destapó un revuelo político en todo el país que dejó como resultado la escisión del Partido Reformista (PR) del doctor Balaguer, cuando el licenciado Francisco Augusto Lora, vicepresidente de la república y segundo hombre en la dirección de la organización, tomó la decisión de separarse de la misma para formar el Movimiento de Integración Democrático Antireeleccionista (MIDA), para enfrentar las aspiraciones del presidente. La reelección sólo fue posible a través del montaje, desde el gobierno, de un gran operativo represivo a nivel nacional caracterizado por la muerte, persecución, deportación de sus opositores y cercenamiento de los derechos y libertades de los ciudadanos. Esa andanada represiva obligó al Partido Revolucionario Dominicano (PRD), la principal fuerza opositora, a abstenerse de participar en esos comicios por falta de condiciones, lo que dejó el camino abierto para la imposición de la primera reelección del doctor Balaguer, dando lugar a uno de los períodos de gobiernos más represivos que registre nuestra historia política contemporánea. En el año 1974 la continuidad del “balaguerismo” siguió los mismos pasos que en los comicios anteriores, sin embargo, esta vez la oposición había hecho conciencia de que no podía dejar solo en la cancha al doctor 68

Balaguer y lograron articular un gran frente opositor denominado “Acuerdo de Santiago” con Don Antonio Guzmán Fernández como candidato presidencial. Dicho frente se convirtió rápidamente en un gran movimiento de masas y se daba como un hecho que el reformismo y su candidato Balaguer serían ampliamente derrotados en las elecciones pautadas para el 16 de mayo de ese año. El doctor Balaguer convencido de que tenía perdida las elecciones frente a su oponente, don Antonio Guzmán Fernández, reeditó la estrategia utilizada en las elecciones anteriores, es decir forzar a la oposición a retirarse del proceso comicial. En ese sentido faltando apenas tres o cuatro días para la celebración de las votaciones lanzó a las calles a los militares en todo el territorio nacional para apresar, perseguir y acosar a la dirigencia de los partidos que encabezaban el frente opositor, los cuales tuvieron que pasar a la clandestinidad y abandonar sus pueblos, así como las tareas de organizar la logística para la participación en los comicios. En esas circunstancias el “Acuerdo de Santiago” y su candidato presidencial no les quedó otra alternativa que anunciar al país su retiro de la contienda por falta de condiciones. Esta situación dejaba el campo libre al doctor Balaguer para perpetuarse en el poder por un nuevo período. En el año 1978 el doctor Balaguer se presentó en busca de un cuarto período, sus fuerzas del terror estaban listas para imponer nuevamente a sangre y fuego la reelección; sin embargo el PRD se había preparado para participar en esas elecciones, se afilió a la Internacional Socialista (IS) y a raíz de los resultados de los comicios de 1974, desplegó una campaña internacional denunciando las violaciones a los derechos humanos y a las libertades ciudadanas, al tiempo que llamaba la atención sobre los intentos del doctor Balaguer de continuar en el poder por medios fraudulentos. El PRD escogió de nuevo como candidato a la presidencia a Don Antonio Guzmán y a pesar de la gran represión montada por los aparatos militares y el uso excesivo de los recursos del Estado a favor de la reelección del presidente Balaguer, el partido blanco participó en las elecciones y el continuismo fue ampliamente derrotado en las urnas. Sin embargo cuando se conoció la noticia de que el PRD había resultado ganancioso prácticamente en todos los centros de votación del país, el balaguerismo puso en ejecución su “Plan B”, el cual consistió en la ocupación a través de las fuerzas militares de la Junta Central Electoral y la interrupción del conteo de los votos. Pasaron varios días sin que se supiera cual había sido el destino de las elecciones, matizados por una mordaza impuesta a los medios de 69

comunicación, los cuales no podían difundir informaciones del proceso, lo que generó un amplio movimiento nacional e internacional en reclamo del “Respeto a la Voluntad Popular”. A nivel internacional se presentaba una coyuntura favorable, en los Estados Unidos el Partido Demócrata había ascendido al poder y los gobiernos y organizaciones afiliadas a la Internacional Socialistas en todo el mundo se pronunciaron a favor de que respetaran los resultados de los comicios. Un presidente Balaguer sitiado por la opinión pública nacional y la comunidad internacional, no le quedó otro camino que resignarse a entregar el gobierno, no sin antes hacer “hacer arreglos” para quitarle cuatro senadores que había ganado el Partido Revolucionario Dominicano y así quedarse con la mayoría en el Senado, lo que le permitía mantener el control de la designación de la Junta Central Electoral para los siguientes comicios. En el año 1982 el PRD volvió a ganar las elecciones presidenciales, en esa oportunidad llevó como candidato al doctor Salvador Jorge Blanco, pues aunque la constitución se lo preemitía don Antonio Guzmán no buscó la repostulación. En 1986 el partido blanco presentó como candidato al licenciado Jacobo Majluta, ya que el presidente Jorge Blanco tampoco buscó la reelección. En esta ocasión el PRD fue sacado del poder por el doctor Balaguer por una diferencia de menos de veinte mil votos, a pesar de que se habían depositados unos ochenta mil sufragios con doble rayados a favor del licenciado Majluta los cuales fueron anulados por la Junta para favorecer el “triunfo” del doctor Balaguer. En las elecciones pautadas para los años 1990 y 1994 el doctor Balaguer, siguiendo los pasos de sus actuaciones durante los gobiernos de los “doce años”, volvió a engrasar su maquinaria para imponer nuevamente la reelección. En 1990 la víctima fue el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y su candidato a la presidencia el profesor Juan Bosch, a quienes les fue arrebatado el triunfo por medio de lo que Bosch denominó como “un fraude colosal” que consistió en compra masiva de votos, dislocamiento de votantes en el padrón electoral, suplantación de actas para cambiar los resultados, robos de urnas, y en fin creación de un desorden mayúsculos en los centros de recepción de las actas y en el centro de cómputos. A pesar de todos los esfuerzos desplegados por el PLD el doctor Balaguer consiguió imponerse por cuatro años más. Para mayor información sobre este hecho me permito remitir a los amigos lectores al libro “Raíces de un Poder Usurpado”, escrito por el doctor Leonel Fernandez Reyna a propósito de los acontecimientos ocurridos en el proceso electoral del año 1990. 70

En 1994 el doctor Balaguer volvió a presentarse como candidato a la reelección, esta vez teniendo como principal oponente al Partido Revolucionario Dominicano y su candidato el doctor José Francisco Peña Gómez. Los reformistas reeditaron las mismas anomalías fraudulentas que llevaron a cabo para robarle el triunfo al profesor Bosch y al PLD en los anteriores comicios, sin embargo el PRD se había preparado nuevamente para enfrentar la situación. Entre las medidas adoptadas para impedir el fraude, dicho partido trajo al país un alto número de observadores internacionales, los cuales denunciaron al mundo las pretensiones de Balaguer y su partido de desconocer los resultados electorales y perpetuarse en el poder por cuatro años más. El momento político también era favorecido por el hecho de que en los Estados Unidos había asumido el gobierno el presidente Bill Clinton del Partido Demócrata, quienes se unieron a los reclamos de que se anularan los resultados y se convocara a la celebración de nuevas elecciones. Un doctor Balaguer acorralado por el amplio repudio de la colectividad nacional y arrinconado por la comunidad internacional, no le quedó otro camino que iniciar un proceso de negociación con la oposición para buscarle una salida a la crisis. Éste propuso la reducción de su mandato a la mitad (a dos años) y la celebración de elecciones en 1996, sin su participación. La oposición, como forma de buscarle una salida a la crisis le tomó la palabra al doctor Balaguer, produciéndose un acuerdo para una modificación a la Constitución en la que se estableciera de manera explicita lo pactado. Como fruto de los acuerdos de produjo la modificación a la Carta Magna en la que se consignó la “no reelección presidencial” y la celebración de elecciones el 16 de mayo de 1996, sin la participación del doctor Balaguer; también se consagró la “separación de las elecciones presidenciales de la congresuales y municipales”, el establecimiento de “Colegios Electorales Cerrados” para evitar la doble votación y el “Sistema de Doble Vueltas”. Con la reforma llevada a cabo en el 1994, todo parecía indicar que el “fantasma de la reelección” había sido desterrado de la política dominicana, por lo menos hasta tanto nuestras instituciones alcanzaran la suficiente madurez y consolidación que nos evitaran vernos de nuevo involucrados en los acontecimientos del pasado reciente. Sin embargo a pesar de que en los años 1996 y 2000 se celebraron elecciones sin traumas, en las que resultaron electos el doctor Leonel Fernandez por el PLD y el agrónomo Hipólito Mejía por el PRD, respectivamente. En el año 2004 el presidente Mejía se involucra en un“atropellante” proceso de

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modificación de la Constitución para reestablecer la reelección y así optar por un segundo mandato. El presidente Mejía consiguió su objetivo, para ello tuvo que apelar a la “compra” de legisladores pertenecientes a otras parcelas políticas y al interior de su organización se produjo una crisis interna que dejó como resultado su división, cuando el presidente del partido licenciado Hatuey Decamps y otros altos dirigentes abandonaron la organización y formaron el Partido Revolucionario Socialdemócrata (PRSD). Esta situación acabó disminuyendo considerablemente al PRD y las pretensiones reeleccionistas de Hipólito Mejía, no obstante hacer uso y abuso de los recursos del Estado y de contar con una Junta Electoral integrada en su mayoría por hombres vinculados a su proyecto, concluyeron en un fracaso total, siendo derrotado ampliamente por el PLD y el doctor Leonel Fernandez. Ahora el doctor Leonel Fernandez, con todo el derecho que le asiste, ha manifestado su intención de optar por un tercer mandato presidencial, haciendo uso de las prerrogativas que le confiere la Constitución de la República, modificada por el presidente Mejía en el año 2003. Esa decisión del mandatario ha dejado aflorar las primeras manifestaciones de crisis al interior del partido de gobierno. Ojalá que el espinoso camino que ha decidido trillar el presidente Fernandez no retrotraiga aquellos momentos, hoy dichosamente superados, en que decisiones similares llevaron al país a vivir momentos de grandes tensiones e incertidumbres. En mi caso particular no me considero un anti reeleccionista por principio, sin embargo estoy convencido que el momento histórico que vive la República Dominicana requiere que los mayores esfuerzos se dirijan hacia el fortalecimiento y consolidación de nuestras instituciones, lo que todavía constituye una tarea pendiente. El involucramiento del presidente en un proyecto de esa naturaleza le quitará objetividad para conducir los cambios y reformas que está demandando la sociedad dominicana. De todas manera le deseo los mejores éxito al presidente en esta nueva fase de su carrera política, sin embargo me temo, reitero, que el involucramiento del mandatario en un proyecto reeleccionista detenga el impostergable proceso de consolidación y fortalecimiento de nuestras instituciones, que cree crisis en el sistema de partido, especialmente al interior del PLD y que dañe la imagen del gobierno la del propio del gobernante.

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4- De Nuestros Políticos Una desafortunada propuesta de José Tomás Pérez El licenciado José Tomás Pérez, miembro del Comité Político y ex Secretario General del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y quien acaba de abandonar una curul como senador del Distrito Nacional, se ha destapado con una propuesta que se distancia mucho de las expectativas que tiene la gente sobre el papel que está llamado a juzgar el partido a que él pertenece. La propuesta de marras, sugiere una modificación a la Constitución, para extender a seis años el mandato del actual presidente Dr. Leonel Fernández, como vía para la unificación de las elecciones presidenciales con las congresuales y municipales. Además, propone que se elimine la reelección presidencial, lo que ha sido interpretado como una salida a la supuesta o real controversia que se señala existe en su organización por la nominación presidencial para el 2008. Desde hace varios años se ha venido reclamando la “necesidad” de unificar las elecciones, en el entendido de que con ello se descongestionaría la agenda electoral, que mantiene al país permanentemente en campaña política. Este reclamo, sirvió de argumento para que en la pasada gestión de gobierno, un grupo de legisladores mantuviera el país en una permanente zozobra, proponiendo la modificación de la Constitución para extender sus mandatos por dos años y así hacer coincidir las elecciones congresuales y municipales con las presidenciales. Lo lamentable es que ahora este desafortunado planteamiento, proviene de un dirigente político de la más encumbrada cúpula del partido de gobierno, lo que podría dejar la impresión que sus puntos de vistas se corresponden con una corriente al interior de su partido. La propuesta recuerda los tiempos de los ex senadores Yayo Matías y Papo Luna, quienes parecen haber influido al ex senador, en los años que compartieron en el tristemente célebre Senado de la República que concluyó su mandato el pasado 16 de agosto. Una de las razones que ha llevado a desprestigiar nuestra clase política tiene mucho que ver con que la mayoría de nuestros dirigentes no respetan al país ni se respetan a si mismo. Afortunadamente los congresistas, de todas las bancadas, y especialmente los presidentes de las dos cámaras, reaccionaron de inmediato rechazando la absurda propuesta del ex 73

senador. De igual manera reaccionó el Presidente de la República y del partido de gobierno, Dr. Leonel Fernández, quien la calificó de “ilegal e inconstitucional” al mismo tiempo. Por principio sostengo que la sociedad dominicana no puede permitir que se extiendan períodos para los cuales fueron electos funcionarios y entiendo que ello no puede ser materia de una reforma constitucional, al menos que el país se encuentre en un estado de emergencia que así lo amerite. Nuestra historia registra experiencias nefastas cuando en el pasado se permitió la continuidad en el poder por medio de maniobras similares. Si se desea unificar las elecciones hay bastantes fórmulas que se pueden ponderar. Veamos algunas: a) elegir el próximo Presidente de la República por un período de seis años, para que termine en el 2010, justamente cuando los actuales legisladores concluyen su mandato, b) dejar las elecciones presidenciales como están y elegir los próximos legisladores, síndicos y regidores por dos años, para que concluyan en el 2012 exactamente cuando el presidente que se elija en el 2008 termina su período, c) dejar las congresuales y municipales como están y elegir al próximo presidente por dos años de manera que las siguientes elecciones presidenciales coincidan con las congresuales y municipales. También se podrían hacer combinaciones, por ejemplo, eligiendo al próximo presidente por cinco años y los legisladores, síndicos y regidores por tres, o viceversa. En definitiva existen múltiples fórmulas que se pueden incluir en la nueva constitución. Lo que no tiene sentido es hablar de ampliación de períodos, ni del presidente, ni de los legisladores, etc. Permitir la extensión de un mandato por un año, por dos, etc. es lo mismo que extenderlo por veinte o treinta. El principio sería el mismo. En un momento en que estamos discutiendo fórmulas para producir una reforma orientada a consolidar la democracia y las instituciones, es lamentable que aparezcan ideas tan desatinadas.

Amable liado entre las patas de los caballos La ascendente carrera política de Amable Aristy Castro parece haberse topado con una piedra en el camino, como consecuencia de la disposición de la Embajada de los Estados Unidos de retirarle el visado para ingresar a territorio de esa nación del norte. Se dice que Amable se inició a muy temprana edad como un servidor público sin ninguna especialidad y desde entonces ha recorrido un largo trecho que lo ha llevado a ocupar las más encumbradas posiciones en la administración 74

pública. Ha sido diputado y senador varias veces por su provincia La Altagracia, llegando a ocupar la presidencia del Senado y de la Asamblea Nacional en varias oportunidades. Escogido, en el año 1999, como Secretario General de la Liga Municipal Dominicana (LMD), en un controvertido proceso que ha sido marcado como una de las páginas más oscuras de enfrentamiento entre fuerzas políticas por el control de una de nuestras dependencias oficiales. En esa ocasión el inquieto Amable, aun siendo senador, consiguió el apoyo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que estaba al frente del gobierno en esa oportunidad, para alzarse con el control de la LMD, posición que vuelve a obtener en el año 2003, esta vez teniendo como sostén al presidente Hipólito Mejía y al Partido Revolucionario Dominicano (PRD), exactamente la misma fuerza política que había enfrentado en el proceso anterior. El señor Amable Aristy Castro mostrando dotes de su gran audacia, se las ha ingeniado en todo momento para mantenerse en su cargo en la Liga Municipal Dominicana, presentarse como candidato a senador por su provincia, colocar un sustituto después que resulta electo o simplemente dejar su curul vacía, como está ocurriendo en la actualidad, que luego de ser elegido a ese cargo por la provincia La Altagracia en los pasados comicios, optó por no juramentarse y se mantiene dirigiendo su Liga. La contundente victoria electoral que obtuvo, para obtener por cuarta vez la senaduría por su demarcación, tomando en consideración que su partido no compareció aliado al PRD en su provincia, en la que alcanzó una votación superior al 60 por ciento, parecía allanarle el camino para lanzarse sin mayores inconvenientes en pos de la candidatura presidencial por su organización en los venideros comicios de mayo del 2008. Tenía además a su favor, que los principales dirigentes de su partido, incluyendo varios aspirantes a la nominación presidencial, habían recibido abrumadoras derrotas en sus jurisdicciones, aún en aquellos lugares donde se concertó la alianza entre blancos y coloraos, como fueron las plazas del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, donde el Partido Reformista presentó como candidatos a senadores a dos altos dirigentes de su Comisión Ejecutiva, el ingeniero Johnny Jones y el Dr. Víctor Gómez Bergés, los cuales fueron derrotados en forma aplastante. Una situación similar ocurrió en la otrora plaza reformista, San Pedro de Macorís, donde fue derrotado el Dr. José Hazim Frappier como

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candidato a la senaduría, al cual también se le considera entre las figuras presidenciables de la organización colorá. A lo anterior hay que agregar, su papel protagónico en la conformación de la denominada “Alianza Rosada”, en la que consiguió amarrar el apoyo del principal partido aliado, el PRD, para su continuidad por cuatro años más al frente de Liga Municipal Dominicana. Aunque este respaldo parece haberse desvanecido luego del desplome de esa coalición en las pasadas elecciones. Este hombre ampliamente “amado” por los “altagracianos”, no por el nombre que lleva, sino porque lo consideran un político “que resuelve”, cuenta con grandes recursos para apoyar su labor política. Se mueve en modernos medios de transporte (helicópteros y vehículos todo terreno), no se sabe si adquiridos con recursos propios o de la institución que dirige. Tiene el ‘merito’ de no haber sido involucrado, y ni siquiera llamado a declarar en los tribunales, luego de un escándalo de corrupción que se destapó en la entidad bajo su dirección, mediante el cual se otorgaron más de 200 pasaportes oficiales a igual número de falsos funcionarios municipales, los cuales lograron viajar a distintos países europeos, creándole un gran daño a la imagen del país. En definitiva todo parecía estar a favor de que el caudillo de Higuey iniciara su ruta hacia el Capitolio cabalgando sobre la candidatura presidencial reformista. Sin embargo a pesar de todas las ventajas que les llevaba a sus contrincantes, ahora se ha encontrado con un handicap (así en inglés) en su contra, con la negativa norteamericana a otorgarle el visado para visitar ese país. La denegación tiene el agravante que no establece cuales son las razones que motivaron la medida, lo que da pie a que se generen todo tipo de especulaciones. En estos tiempos de apertura comercial y de acuerdos internacionales de libre mercado, no se puede ser presidente (claro está, conservador) de la República Dominicana con impedimento de entrada a los Estados Unidos. Esperemos a ver como logra salir de las patas de los caballos, en que está enredado el habilidoso y poderoso político oriental.

¡También Juancito! La elección del señor Juan de los Santos, como síndico del municipio Santo Domingo Este (SDE) en la recién pasada contienda electoral, se convirtió en un acontecimiento que concitó el interés y la simpatía de

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amplios sectores nacionales, que trascendía los límites de esa jurisdicción política. El alto grado de aceptación de su candidatura venía precedido por la hoja de servicio del joven candidato, quien a lo largo de los últimos años ha desarrollado una amplia labor de asistencia a las personas necesitadas, tanto a través de la fundación que preside, como por medio de apoyo a las actividades que llevan a cabo las organizaciones sociales y comunitarias. Pero al mismo tiempo su aceptación tuvo mucho que ver con la valoración que tenía la población de la desastrosa gestión realizada por quienes le antecedieron en la conducción de la administración edilicia. Durante las primeras semanas al frente del ayuntamiento, la nueva administración se vio precisada a dedicar sus mayores esfuerzos a las labores de aseo y recogida de basura, para eliminar la gran cantidad de desperdicios que se habían acumulado durante el período de transición, durante el cual las pasadas autoridades prácticamente abandonaron estos servicios, luego de la derrota que recibieron en la elecciones. Esta iniciativa contó con un amplio apoyo de los munícipes, quienes se integraron a las labores de limpiezas que encabezaba su nuevo “líder comunitario”. A pesar de que no conozco al señor de los Santos, además de que no pertenezco a su demarcación, confieso que llegué a sentir simpatía y admiración por la carrera política de este joven empresario. Sin embargo, los recientes escándalos en que se encuentra envuelto, me llenan de frustración y hasta he llegado a reflexionar, si es que en nuestro país todo el que es colocado al frente de una institución pública, entiende que ha heredado un patrimonio que puede manejar como si se tratara de sus asuntos personales. El señor de los Santos, apoyado por la mayoría de los regidores (peledeístas, perredeístas y reformistas) que integran la Sala Capitular del referido ayuntamiento, nos ha sorprendido otorgándole un contrato por cuatro años, sin realizar ningún tipo de concurso o licitación, a la firma Servicios Pro-Higiene y Salud (SEHISA), por una suma que envuelve más de 900 millones por dicho período, es decir, unos RD$26,000, 000.00 (veintiséis millones de pesos) mensuales. La excusa utilizada para justificar esta bochornosa medida, es que debido a la gran cantidad de desperdicios que se había acumulado en la ciudad, los cuales ponían en riesgo la salubridad de sus habitantes, no se disponía de tiempo para cumplir con los trámites que conlleva una 77

licitación. Pero el grado de irresponsabilidad de los ediles los lleva al extremo de afirmar que cuando endosaron la resolución número 74-06, no sabían que estaban autorizando al síndico de los Santos a firmar un contrato sin licitación con la referida empresa. La aprobación de la señalada resolución solamente contó con tres honrosas excepciones que fueron las de Juan de la Cruz Trifolio del Movimiento Izquierda Unida (MIU), Simeón de la Cruz, vocero del bloque de regidores del PLD y Damnerys Santana, también del partido morado. Resulta extraño y preocupante que el síndico de Santo Domingo Este se embarque en una acción como esa, conociendo los escándalos en que se han visto envueltos, en los últimos meses, funcionarios de diferentes dependencias, como consecuencia del otorgamiento de contratos y concesiones de “grado a grado”, sobre todo después de la entrada en vigencia del decreto 36-06, denominado como “Decreto Puente”, mediante el cual se obliga a las dependencias del Estado, a someter a concurso todas las compras, contrataciones de bienes, obras y concesiones de servicios. Las regulaciones contenidas en el referido decreto fueron luego convertidas en una ley en ambas cámaras legislativas, aunque la misma está siendo sometida a una revisión por el Congreso Nacional, para introducir algunos aspectos que forman parte de las exigencias para la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio. Es interesante recordarle a quienes incurrieron en esta impertinente decisión, que todavía anda por ahí sin una solución definitiva, el caso de la Empresa Nacional de Desarrollo (Enade), a la cual la administración de Bienes Nacionales le concedió un contrato “grado a grado” y al mismo tiempo le autorizó a iniciar los trabajos sin contar con la correspondiente aprobación legal. Cuando el congreso rechazó el contrato, entonces hubo que retirar la firma y suspender los trabajos que estaba llevando a cabo; sin embargo, ahora Enade amenaza con demandar al Estado Dominicano por el pago del equivalente a la estimación de ingresos establecida en el contrato. Todo esto por la actuación unilateral de un funcionario que procedió al margen de la ley, el cual debería responder con su patrimonio a cualquier demanda que se derive de su ilegal actuación. Ahora bien, independientemente de las informaciones que han trascendido, acerca de la constitución al vapor de la firma contratada, así como de los socios que la integran, a los cuales se les atribuye supuestos o reales vínculos familiares y empresariales con el jefe del cabildo, lo que 78

debería ser objeto de una minuciosa investigación por parte de la Comisión de Ética y Moralidad Pública, yo entiendo que este contrato tiene que ser declarado nulo y obligar al síndico y al referido ayuntamiento a convocar a una licitación pública, con apego a la ley, en la que tengan oportunidad de participar todas las empresas especializadas en la materia y que muestren interés en hacerlo. Hay que poner un stop a las tradicionales prácticas que se llevan a cabo desde diferentes dependencias oficiales, para disponer de los recursos del Estado como si se tratara de negocios particulares, valiéndose de maniobras maliciosas, revestidas por un manto de complicidad, impunidad e indiferencia. Tenemos que insistir en el rescate de la moral y la ética en el accionar de nuestros servidores públicos, en un momento en que la sociedad está demandando pulcritud y transparencia en el manejo de los fondos públicos. Hay que detener este tipo de actuaciones irresponsables, sin importar que el afectado se llame Juan o que pertenezca al reino de los Santos.

República Joaquín Balaguer Desde hace tiempo me he venido preparando para un día de estos, no muy lejano, conocer la propuesta de alguien, sugiriendo que se cambie el nombre a la República Dominicana por el de Dr. Joaquín Balaguer. Ello no sería nada nuevo, pues existe el precedente, durante los años de dictadura del tirano, cuando se le puso a la ciudad capital el nombre de “Ciudad Trujillo”, en honor a quien en aquellos años era considerado como “Padre de la Patria”. He llegado a esa conclusión luego de observar el activismo que despliegan algunos sectores, sobretodo el Partido reformista Socialcristiano, que como es natural, presenta la obra de Balaguer como su principal activo político, y otros que fueron ampliamente favorecidos por su gestión de gobierno. Estos grupos presionan y lo han logrado en parte, para ponerle el nombre del fenecido caudillo, a obras y sitios importantes del país. El tema viene a colación a propósito del proyecto de ley, declarado de urgencia y aprobado en dos lecturas consecutivas en la Cámara de Diputados, mediante el cual se designa con el nombre del Dr. Balaguer a la presa de Jagüey y Aguacate y la Plaza de la Salud. El referido proyecto también incluía, aunque fue excluido esta vez, obligar al gobierno y a los organizadores de la próxima Feria Nacional del Libro, a designar el más

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importante evento cultural que se celebra en el país, con el nombre de quien ya antes había sido declarado por el Congreso Nacional como el “Padre de la Democracia Dominicana”. Otras obras también habían sido designadas con su nombre, entre ellas: la autopista Santiago-Navarrete, el Aeropuerto de Higüero, la Plaza de la Salud y la Avenida de la Salud en el parque Mirador Sur. En esta última se acaba de inaugurar una plaza en su honor. Para quienes formamos parte de la generación de jóvenes que fuimos víctimas de la represión de su régimen, nos resulta altamente bochornoso ver como se pretende presentar una imagen unilateral de una figura que tiene una repercusión histórica que incluye la obra física que construyó en sus 22 años de gobierno, su aporte al desarrollo o al desorden institucional que hoy impera en la sociedad dominicana, su obra literaria, a la que la crítica se encargará de juzgar y colocar en el lugar que le corresponde. Pero al mismo tiempo s deberá ser juzgado tomando en consideración su papel como fiel colaborador durante 30 años de la oprobiosa dictadura de Trujillo. No puede ocultarse su llegada al poder en el año 1966 de mano de las fuerza interventoras, la represión desatada para mantenerse en el poder en las elecciones de 1970 y 1974, obligando a sus opositores a no participar en esos comicios. Tampoco la historia puede olvidar la resistencia a entregar el poder, cuando fue derrotado ampliamente en 1978, teniendo que ser sacado prácticamente por la comunidad internacional. Algunos prefieren olvidar y borrar de la memoria histórica del pueblo dominicano, el fraude materializado en 1990 para impedir que el profesor Bosch ascienda al poder, al igual que en 1994 contra el Dr. José Francisco Peña Gómez. En este último caso se vio obligado a reducir su mandato a dos años para evitar males peores. La presentación como un “prócer” del hombre que se mantuvo en el poder utilizando todas las formas posibles de represión contra sus adversarios, deja la impresión que quienes se sacrificaron luchando por el establecimiento de un régimen de libertades y democrático en el país, estaban equivocados y que la razón estaba de parte de quienes se apropiaron del poder en base a la violencia y el crimen. Por respeto a los caídos, no puedo guardar un silencio que me haría cómplice de aquellos que pretenden tergiversar la verdad de esos hechos.

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A pesar de todos los intentos que hacen esos sectores de trazar pautas a la historia, no será posible borrar los cientos de asesinatos de jóvenes como el de Otto Morales, Amín Abel, Flavio Suero, Sagrario Elcira Díaz, Francis Caamaño, Orlando Martínez, Homero Hernández, Amaury Germán Aristy, Maximiliano Gómez y los cinco dirigentes del club Héctor J. Díaz, entre tantos jóvenes que cayeron victima de la represión y la intolerancia. Nunca se van a olvidar, con la celebración de actos de alabanzas, la colocación de monumentos y la designación de lugares públicos con su nombre, los encarcelamientos, las persecuciones y las deportaciones injustas de que fueron víctimas sus adversarios. Tampoco la violación a las más elementales normas de derecho y a libertad de los ciudadanos, las limitaciones al derecho a reunión, a la sindicalización, a la libre expresión y difusión de las ideas etc., así como desaparición de destacados opositores entre ellos Guido Gil, Henry Segarra Santos y el profesor Narciso González. Herencias como la corrupción administrativa, el enriquecimiento ilícito, el clientelismo y el paternalismo, el pago con los fondos públicos de nóminas a personas que no rinden ninguna labor, la distracción del patrimonio público en beneficio de particulares, el uso del poder y los recursos del Estado para mantenerse en el gobierno, la politización de las Fuerzas Armadas, etc. , son males que se han establecido como parte de la cultura política dominicana, y que tienen sus orígenes en las administraciones del Dr. Balaguer, aunque hay que admitir que algunos de los gobiernos que le sucedieron, han superado con creces la profundización de algunos de esos vicios. Podrán colocar el nombre de Balaguer a todo lo que se construyó en su gobierno y otras obras construidas por sus sucesores, no importa que le pongan su nombre a la república, por suerte todavía el juicio de la historia es sereno y siempre se encarga de colocar a cada quien en el lugar que le corresponde, no en el que cada uno desea estar. Los que pretender retorcer los acontecimientos también serán juzgados. De ello hay muchos ejemplos.

En buena hora Charlie Mariotti La decisión adoptada por el senador de Monte Plata, Charlie Mariotti, de vender las dos exoneraciones que “por ley le corresponden”, para invertir el dinero en la realización de obras en beneficio de las organizaciones representativas de su provincia, constituye un gesto que

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merece el reconocimiento de todos. El senador Mariotti vendió la primera exoneración y con el dinero derivado de esa operación le donó RD$600,000.00 (seiscientos mil pesos) al Bloque 2 de Asociaciones de Productores de Cacao, entidad que agrupa a más de 2,000 agricultores organizados en unas 40 asociaciones de base en toda la provincia. Ese dinero será utilizado en la construcción de un moderno secadero que permitirá mejorar la calidad del producto y por vía de consecuencia los ingresos de los productores del tradicional cultivo que tiene como destino los mercados internacionales. En esa misma dirección el congresista hizo entrega de RD$200,000.00 (doscientos mil pesos) a la Asociación de Baloncesto Superior de la provincia de Monte Plata, para el fortalecimiento de la entidad representativa de la juventud. Además, prometió vender la segunda exoneración y dedicar el dinero que obtenga por dicha venta, a la construcción de un Santuario al Santo Cristo de Bayaguana. Nosotros que hemos mantenido desde este espacio, el reclamo de que se elimine todos los privilegios que se han establecido en el Congreso Nacional en beneficio de los legisladores, como consecuencia del deterioro y el descrédito que ha envuelto a esa entidad en los últimos años, entiéndase las señaladas exoneraciones de vehículos, el financiamiento a las Organizaciones no Gubernamentales (ONG´s) de los diputados y senadores, las nóminas y nominillas parasitarias, los llamados fondos de solidaridad, etc., queremos reconocer y saludar la decisión de este legislador a favor de la gente de su pueblo. La actuación del senador de Monte Plata, aparece como una nota discrepante con relación a la actitud que prevalece en la mayoría de los legisladores, los cuales entienden que no deben renunciar a las “conquistas ganadas” por quienes les precedieron. Un ejemplo de ello fue lo ocurrido con los fondos asignados a sus ONG´s, quienes solamente aceptaron prescindir de ellas, después que el presidente de la República, le ordenó al director de la Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN), excluir a esas entidades del presupuesto correspondiente al próximo año. Los congresistas están llamados a reencontrarse con el rol que les corresponde, que es en primer lugar, el de hacer leyes y aprobar proyectos en beneficio del país y de las demarcaciones que representan; pero al mismo tiempo deberán responder a los requerimientos de los pobladores de sus respectivas comunidades, no llevando “ayudas” para beneficiar a familiares, amigos y relacionados, si no más bien 82

gestionando por ante las agencias gubernamentales las inversiones correspondientes a sus áreas de intervención, procurando apoyo para las organizaciones sociales y comunitarias y canalizando para que los programas de acción social del gobierno lleguen a las personas más desfavorecidas de sus provincias. Pero al mismo tiempo los legisladores tienen que jugar un rol activo para incidir en la elaboración de la ley de presupuesto, de forma que se incluyan las obras locales que demandan las poblaciones correspondientes a sus circunscripciones. A través de los años, los respectivos gobiernos que hemos tenido, se han caracterizado por una marcada inclinación hacia la concentración de la inversión pública en obras monumentales y de relumbrón en los principales centros urbanos, dejando a un lado las pequeñas obras que demandan las poblaciones como son el arreglo de carreteras, caminos vecinales y calles, la construcción de acueductos, escuelas, centros de salud, viviendas, etc., las cuales constituyen necesidades de alto interés para la gente que residen en esas comunidades. Nadie más que los legisladores conocen esta realidad, por lo que son los más llamados a demandar que se produzca una distribución equitativa en la programación de la inversión pública, para que la misma llegue a todo el territorio nacional. Saludamos el desprendimiento del señor Charlie Mariotti en beneficio de la humilde y laboriosa gente de Monte Plata, y le exhortamos a continuar, su peregrinaje en procura del desarrollo de esa provincia. En buena hora Charlie. Esperamos que otros se animen y sigan tu ejemplo.

La renuncia de Danilo Medina La decisión del licenciado Danilo Medina de renunciar al cargo de Secretario de la Presidencia, para dedicarse exclusivamente a los trabajos políticos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), era un asunto que se veía venir. La forma como fue canalizada la dimisión constituye una muestra del respeto que tiene el alto dirigente peledeístas por el gobierno y por la disciplina y los métodos de trabajo de la organización a que pertenece. Su renuncia se produce en una discreta rueda de prensa, convocada en un hotel, con apenas dos horas de antelación, lo que evitó que el lugar se abarrotara de sus seguidores, como hubiese sido el deseo de la mayoría de éstos.

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La renuncia causó sorpresa por el momento en que se produjo, precisamente cuando el gobierno se encuentra enfrentado a sectores políticos, empresariales, sindicales y populares, que rechazan la anunciada Reforma Fiscal que tiene en agenda la administración del presidente Fernández, para afrontar el déficit presupuestal. Pero al mismo tiempo que aumentan los reclamos de organizaciones gremiales por incrementos saláriales, también crece la presión de cientos de comunidades que consideran que han sido abandonadas a su suerte y se acrecientan las críticas por lo que entienden como una alta inversión del gobierno en la construcción del Metro en la ciudad de Santo Domingo. La decisión adoptada por el ex secretario de la presidencia le permitirá por un lado, organizar sus fuerzas para competir por la candidatura presidencial de su partido, en la contienda interna que se aproxima, y por el otro separarse un poco de las medidas a que está abocado a poner en ejecución la administración del presidente Fernández, las cuales acarrearan sus secuelas de descontento e impopularidad para el gobierno. El licenciado Medina ha sido uno de los principales arquitectos de los éxitos políticos alcanzados por el Partido de la Liberación Dominicana y del presidente Fernández en particular, pero al mismo tiempo es considerado como un gran estratega en materia de política electoral, por lo que el paso que acaba de dar indudablemente que fue bien calculado y ponderado. En sus aspiraciones presidenciales Danilo cuenta con varios puntos a favor. En primer lugar su amplia relación con la estructura y la militancia partidaria a todos los niveles, quienes lo ven como el dirigente con mayor empatía y proximidad a sus anhelos y de las demarcaciones que representan. En segundo lugar el PLD y el presidente Fernández promovieron durante las pasadas elecciones presidenciales la creación de un “Frente Antireeleccionista” para enfrentar la repostulación del presidente Hipólito Mejía y al mismo tiempo se consagró en el programa de gobierno del partido “la no reelección presidencial”, lo que se convierte en obstáculos para los partidarios de la reelección articular un discurso reeleccionista al interior de la organización. En tercer lugar, el presidente Leonel ha alcanzado la Presidencia de la Republica en dos ocasiones, con el apoyo del partido morado, lo que lo convierte en el peledeísta más aventajado, por lo que tiene lógica la propuesta de que es tiempo de dar oportunidad a otro dirigente.

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Por último, estimo que la decisión del licenciado Danilo Medina de optar por la candidatura presidencial del PLD, si es que finalmente esa es su decisión, contribuye al fortalecimiento de la democracia al interior de la organización partidaria. No veo razones para la preocupación que han expresado algunos sectores sobre las posibilidades de advenimiento de una crisis que ponga en juego la unidad del partido. La democracia es eso, el que gane es el candidato, el que pierda está en la obligación de apoyar al ganador.

5-Otros Temas Gobierno enfrenta críticas al entrar en su tercer año Muchos son los que sostienen que cuando un gobierno llega a la mitad de su mandato, se produce una curva de descenso de su popularidad, que si no se rompe la tendencia puede conducir hasta a la pérdida del poder por parte de la fuerza política gobernante. Sostienen quienes sustentan este punto de vista, que a partir de ese momento, quedan claramente deslindadas las posibilidades que tiene una administración de aportar soluciones para enfrentar los problemas nacionales, y sobretodo se puede percibir cuales son las prioridades y a cuales no se le prestará la mayor atención. Esto trae como resultado que aquellos sectores que entienden que las prioridades del gobierno no llenan sus expectativas, se pongan en pie de lucha al considerar que se alejan las posibilidades de que el gobierno encare los problemas que les atañen. También aparecen otros que se deciden por retirar el apoyo a la gestión de gobierno, luego de llegar a la conclusión que no han obtenido los beneficios que esperaban y optan por inscribir sus esperanzas en otro proyecto. En los últimos días el gobierno ha sido objeto de cuestionamientos provenientes de sectores, que hasta este momento, se percibía que no se encontraban colocados en una posición adversa a las políticas que implementa la presente administración. Por el contrario se consideraba que muchas de esas medidas contaban con el apoyo de esos sectores. Entre las críticas más agudas, se destaca la formulada por la señora Elena Viyella de Paliza, presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), quien en una conferencia dictada en la Cámara Americana de Comercio, señaló que en el país “se ha perdido la percepción de autoridad”, abogando, además, porque tanto el gobierno

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como los demás poderes del Estado “establezcan un verdadero régimen de respeto a las leyes”. La presidenta del CONEP, se quejó además, del retraso en la aprobación de proyectos de leyes que son requisitos para cumplir con el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y para la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. También fue enfática en demandar una solución definitiva al problema energético; así como la aplicación de una política de austeridad para reducir el gasto público. Llama poderosamente la atención que en la disertación de la señora Viyella, ésta hiciera alusión, en varias oportunidades, al supuesto “orden” que imperaba en el país durante la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo y además que pusiera como ejemplo, el bajo índice de delincuencia que existe en la China Comunista, a pesar de la alta población que tiene el país asiático. Es como si el nivel de frustración la incitara a dudar de los mecanismos democráticos y estuviera apelando al establecimiento del “orden” por cualquier vía. En ese mismo tenor se inscribe un comunicado publicado en la prensa por la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), en el que hace fuertes críticas al gobierno por lo que considera como incumplimiento de leyes y disposiciones vigentes. Entre ellas refiere: La Declaración Jurada de Bienes, la Ley de Compras y Contrataciones de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones, la Ley de Educación, la Ley que castiga el Fraude Bancario, la Ley de Servicio Civil y la Carrera Administrativa, y las disposiciones que regulan el tránsito vehicular. Sorprende la posición asumida por la entidad de la “Sociedad Civil” de retirar su apoyo a la propuesta del presidente Leonel Fernández de modificación de la Constitución, calificándola como “extemporánea”. Dicen que “la mejor manera de contribuir a la institucionalización del país en este momento, no es aprobando una nueva Constitución, sino creando una verdadera cultura de cumplimiento de la ley y de la Constitución que actualmente nos rige”. Lo chocante de la radical postura adoptada por la FINJUS, es que esa institución había mantenido durante los últimos años el reclamo de que nuestro país requiere de una reforma a la Constitución, para corregir las contradicciones que contiene como fruto de las modificaciones coyunturales a que ha sido sometida en varias ocasiones; así como para introducir cambios políticos e institucionales acorde con los requerimientos que demandan los nuevos tiempos. Sin embargo, ahora 86

cuando se ha iniciado un proceso para alcanzar ese objetivo, la entidad sorprende objetando que se continué con el proceso. Otro sector que también ha arreciado las críticas y reclamos al gobierno, en los últimos días, es la Iglesia Católica que por diferentes vías ha dejado oír su voz. A través de su órgano de difusión, el semanario Camino, llama la atención, señalando que los avances logrados por el gobierno en otras áreas “pierden brillo” como consecuencia de la grave crisis del servicio energético que mantiene al país sumido en la oscuridad. La iglesia reclama que se le busque una rápida solución a ese problema que mantiene desesperada a la población dominicana. A esta petición hay que agregar la formulada por Monseñor Camilo, obispo de La Vega, en la homilía celebrada en el “Santo Cerro”, el día de Las Mercedes, en la que el prelado, continuando su peregrinaje desde hace más de un año, demandó nuevamente del gobierno la rápida terminación de la carretera La Vega –Moca. En esa misma dirección, el Secretario del Episcopado Dominicano, Monseñor Ramón Benito Ángeles, hablando ante miles de jóvenes en un acto de graduación de los centros Apec que imparten Educación a Distancia, celebrado en el Palacio de los Deportes, proclamó que “el pueblo quiere ver más señales de sus políticos, legisladores y líderes nacionales que iluminen el sendero gris que vive el país ante el miedo, la corrupción, la violencia, el incontrolable tráfico de drogas y la perversión de menores”. En definitiva, todo parece indicar que a partir de ahora, la presente administración se verá enfrentada a mayores cuestionamientos por parte de los sectores empresariales, sindicales, populares, religiosos y de la sociedad civil. Sin embargo lo sensato es que el gobierno sepa diferenciar entre las críticas motivadas por intereses políticos o corporativos particulares, y aquellas que tienen fundamento y que requieren de la atención por parte del gobierno y sus instituciones. Escuchar los reclamos de la gente y saber discernir las pertinencias e intenciones de sus planteamientos es una opción de sabios. ¡Go Home Yanquis! La derrota de los Yanquis de Nueva York, en la primera ronda de los playoff correspondiente a la presente temporada de béisbol de Grandes Ligas, ha creado gran conmoción entre los seguidores del equipo del Browx. Con la eliminación de la multimillonaria novena de George Steimbrenner, por sexta temporada consecutiva, aumentan las conjeturas

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acerca de su desmantelamiento y una posible renovación para la próxima temporada, que podría incluir el despido de su dirigente y de varios de los jugadores que integran el plantel. Y es que un equipo con una nómina superior a los 205 millones dólares, que concentra en su fila a grandes y millonarias luminarias como Alex Rodríguez , el jugador mejor pagado (US$21,680,727.00), Derek Jeter (US$20,600,00.00), Randy Jonson (US$15,661,427.00), Jason Giambi (US$20,428,571.00), Gary Sheffied (US$10,756,171.00), Hideki Matsui (US$13,000,000.00) , Johnny Damon (US$13,000,000.00) , Jorge Posada (US$12,000,000.00), Bobby Abreu (US$13,000,000.00), Mariano Rivera (US$10,500,000.00) y Mike Mussina (US$19,000,000.00) ; así como con un manager de la categoría de Joe Torre (US$7,000.000.00), se entendía que lo único que podía justificar esa inversión era obteniendo la corona de la Serie Mundial. La humillante derrota, adquiere mayor significación por provenir de los Tigres de Detroit, un conjunto que apenas dos años atrás había perdido un total 119 partidos en la temporada regular y cuya nómina correspondiente a la presente temporada, de US$68,998,183.00, representa menos de la tercera parte de la pagada por el equipo neoyorquino. Pero es que en el béisbol, al igual que cualquier otro deporte, no es cuestión de nombre, sino de acoplamiento. Steimbrenner con sus millones puso los hombres en el terreno de juego, pero faltó el juego de equipo, el individualismo primó en las actuaciones de la mayoría de los jugadores. Alex Rodríguez, que no estuvo a la altura que se esperaba, fue vilipendiado y tomado como “chivo expiatorio”, por medio de una gran confabulación que incluía a gran parte de la fanaticada, algunos jugadores, y porqué no, a la propia dirección del equipo, que como una forma de desmoralizarlo lo mantuvo durante las últimas semanas sin posición en la alineación, llegando al colmo de situarlo como octavo en el orden al bate en el último juego de serie. El trato dado a Alex Rodríguez dejaba la impresión que en el equipo se tenía la seguridad de que saldrían airosos y querían demostrar que podían hacerlo sin contar con el aporte del jugador de origen dominicano. Esto así, porque a lo largo los problemas que confrontó el deportista, no recibió apoyo que se estila, ni de los compañeros de equipo, especialmente del capitán Derek Jeter, ni de la dirección del conjunto. Por el contrario, lo que obtuvo fue una andanada de críticas y

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desconsideraciones que contribuyeron a profundizar el mal momento por el que estuvo pasando el talentoso jugador. El equipo de los yanquis, con esta derrota, pasa a formar parte de una serie de súper conjuntos que en diferentes disciplinas deportivas han sido descalificados en diferentes competencias mundialistas en lo que va del año 2006. Recordemos la eliminación, en el Clásico Mundial de Béisbol, de los poderosos equipos de Estados unidos, República Dominicana, Venezuela y Puerto Rico, por parte de un descocido equipo de Japón y de la novena amateur que representó a Cuba. En la Copa Mundial de Football 2006, corrieron la misma suerte los combinados de Brasil y Alemania, considerados como favoritos para alzarse con la copa que finalmente obtuvo el equipo italiano. Y no olvidemos la humillante derrota que sufrió en el Mundial de Baloncesto el poderoso “Dream Team” de los Estados Unidos, equipo que había sido estructurado para tratar de vengar la derrota que le habían propinado en el mundial anterior. En el deporte, como en cualquier actividad de la vida, no hay enemigo pequeño. Los yanquis podrán reestructurarse adquiriendo nuevos y talentosos peloteros, sin embargo para volver a alcanzar el éxito que lo llevó a obtener cuatro coronas consecutivas al final de la década pasada, tendrán que acoplar un Team con jugadores que depongan el individualismo en beneficio del juego de conjunto. Hoy los seguidores de los yanquis se lamentan por la sorpresiva y la decepcionante derrota sufrida por su poderosa maquinaria, en tanto quienes hemos inscrito nuestra simpatía en equipos menos portentosos, podemos repetir con satisfacción: Go Home Yanquis.

Aquí de nuevo Regreso de nuevo después de varias semanas sin hacer entrega de mis modestos comentarios a través de esta columna. Ello provocó que algunos de mis lectores me comunicaran por diferentes vías su inquietud acerca de los motivos por los cuales había desaparecido mi Observatorio de este portal, como lo venía haciendo semana tras semana. Agradezco profundamente su preocupación y aprovecho para decirle que la ausencia obedeció simplemente a mi decisión de tomarme unos días para observar la marcha de los acontecimientos nacionales con la

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finalidad de evaluar la pertinencia de los puntos de vistas que sustento acerca de los problemas del país. Durante mi ausencia el país continuó su marcha y fuimos testigos de una cantidad de hechos y acontecimientos ampliamente debatidos por diferentes sectores y que ocuparan la atención de toda la opinión pública nacional. Veamos algunos de ellos: La renuncia del licenciado Danilo Medina a su cargo como secretario de la presidencia del gobierno, según sus propias palabras, para reflexionar y escuchar la opinión de seguidores y relacionados acerca de su intención de optar por la candidatura presidencial de su organización para las próxima elecciones, ha “soltado los demonios” en el seno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), dando lugar a una desenfrenada lucha interna entre los que apoyan al ex secretario de la presidencia y aquellos que promueven la reelección del presidente Leonel Fernández. Esta situación ha desbordado los procedimientos, métodos de trabajos e incluso la propia disciplina de la organización política, lo que ha ocasionado preocupación en parte de su dirección, quienes estuvieron demandando durante los últimos días del Comité Político asumir el control de la situación antes que sea demasiado tarde. Finalmente ese alto organismo se reunió y designó una comisión a la que encargó de elaborar un plan para la elección del candidato presidencial para los comicios del 2008. Esperemos a ver si esta medida logra atajar las acciones desmedidas que han brotado al interior del partido morado. El Senado de la República, finalmente escogió a los nuevos miembros de la Junta Central Electoral (JCE), integrada por nueve jueces, entre ellos representantes de los principales partidos políticos. La medida ha sido bien acogida por amplios sectores del país, tanto por la integridad de quienes la componen como por la forma en que los mismos fueron escogidos, dejando atrás los traumas que se habían producido en ocasiones anteriores. Sin embargo hay que destacar que el Senado optó por mantener la composición del organismos sin alteración, es decir, compuesto por el mismo número de jueces y dividida en dos cámara, una Administrativa integrada por tres miembros, la cual tiene la responsabilidad de organizar y administrar los procesos electorales, y una cámara Contenciosa integrada por otros cinco jueces que en realidad no tiene ninguna razón de ser, pero que contribuirá a abultar la nómina y los gastos del organismo, tomando en consideración que éstos jueces devengan sueldos superiores a los $RD 197, 000.00 mensuales, altos viáticos, gastos de representación, celulares, vehículos, combustibles, secretarias, asistentes, choferes y seguridad, etc. En ese sentido los

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honorables senadores no hicieron caso a los reclamos de que se redujera el número de miembros a cinco como era antes de la designación de la junta anterior, cuya ampliación se produjo para resolver la crisis que se originó con su nombramiento. Desde la misma Junta Central Electoral se comienzan a divulgar los desastres que realizaron los pasados integrantes del organismo. Entre éstos se destaca que los mismos modificaron el reglamento correspondiente al plan de Retiro, Pensiones y Jubilaciones, para otorgar pensiones especiales a relacionados suyos que no aplicaban para ser beneficiarios con dicho plan, tanto por su edad como por el tiempo de servicio en la institución. Dichos jueces también se jubilaron ellos mismos de por vida con asignaciones que oscilan entre $RD 97,000.00 y $RD 200, 000.00 pesos mensuales. ¿Qué les pareces amigos? El tema de la Reforma Fiscal o “Rectificación Fiscal” ésta siendo ampliamente debatido desde hace varias semanas. El Presidente de la República tuvo dos comparencias públicas para abordar la misma, en a primera presentó un esbozó de lo que sería la “rectificación”, lo que encontró un amplio rechazo de los sectores empresariales, sindicales, políticos y populares. Luego compareció nuevamente para rectificar la propuesta original, la cual fue finalmente enviada al congreso con gravámenes a las bebidas alcohólicas, los cigarrillos, las bancas de apuesta, los registros y circulación de los vehículos, los combustibles y los servicios de seguros, entre otros. En principio la propuesta ha sido acogida, sobre todo porque fueron dejadas sin efecto las pretensiones originales de gravar varios artículos de la canasta familiar. Organizaciones choferiles y sindicales, encabezadas por la Central Unitaria de Trabajadores del Transporte (CNTU) con el apoyo de las cúpulas de los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformistas Socialcristiano (PRSC) convocaron a un paro general de actividades para protestar contra la pretendida reforma fiscal programada por el gobierno, la población desatendió el llamado concluyendo el mismo en un fracaso total y dejando mal paradas a las organizaciones políticas que comprometieron su respaldo a esa desesperada y anárquica aventura. La delincuencia continúa su agitado curso, siguieron los asaltos, atracos y asesinatos de laboriosos ciudadanos. Entre éstos se destaca la muerte del señor Luis Fernando Rodríguez Montán (a) Papito, un dominicano ejemplar que realizó grandes aportes a los procesos de democratización del país por medio de una activa participación política y sindical durante la dictadura de Trujillo y en los tenebrosos doce años de gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Papito pierde la vida, de acuerdo a la versión 91

policial, luego de ser secuestrado cuando visitaba una vivienda de su propiedad ubicada en la urbanización Juan Pablo Duarte en el municipio de Santo Domingo Este. Los autores del horripilante crimen fueron un grupo de jóvenes integrantes de una banda, los cuales se encontraban en libertad a pesar de contar con un amplio “historial delictivo” Todavía seguimos esperando las acciones que el doctor Franklin Almeida, Secretario de Interior y Policía, anunció como parte complementaria del Plan Nacional de Seguridad Democrática para el control de la delincuencia. Dicho funcionario señaló que se estaba elaborando un mapeo de la delincuencia lo que iba a permitir dar seguimiento y mantener a raya a los delincuentes donde quiera que se encuentren, sin embargo hasta ahora todo parece indicar que estos siguen actuando libremente y sin ningún control. Pongámonos las pilas que hay muchos ejemplos en países cerca de nosotros donde esos problemas han sido controlados, para ello sólo se requiere decisión y voluntad. Una niña de 9 años fue muerta al ser alcanzada por una “bala perdida”, disparada por uno más de los tantos gatillos alegres que actúan sin control en todo el territorio nacional. La nueva víctima fue Yokasty de la Rosa residente en el sector de Los Alcarrizos. ¿Cuál será la próxima víctima? Las denuncias de corrupción tampoco han estado ausente durante estos días, en el Departamento de Pensiones y Jubilaciones de la Secretaria de Estado de Finanzas se destapó un fraude superior a los cincuenta millones de pesos en perjuicio de miles de humildes ciudadanos y ciudadanas que devengan miserables pensiones de dos y tres mil pesos mensuales después de haber pasado toda su vida prestando un servicio al país. En esta mafiosa operación están involucrados, de acuerdo a las investigaciones preliminares, funcionarios y empleados de la pasada y presente administración. Esperamos que los autores no queden impunes como ha ocurrido en tantos casos similares. En un atentado a la libertad de prensa, el periodista Adolfo Salomón fue cancelado de Color Visión luego de un incidente con el Cardenal Monseñor de Jesús López Rodríguez ocurrido en un acto que tuvo lugar en la Secretaría de Estado de la Fuerzas Armadas. El incidente se originó cuando el periodista le formuló una pregunta que molestó al prelado, quien regañó al comunicador señalándole que éste era reincidente al atacarle a través de preguntas “necias”. Todo parecía indicar que este hecho no pasaría de ser un simple incidente periodístico, sin embargo la nota discordante la puso el Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, teniente general Ramón Aquino García, quien a raíz del suceso envió una 92

comunicación al medio en que laboraba el periodista solicitando que el mismo sea “censurado”, lo que dio lugar a la cancelación del comunicador. Así ha estado el país, lo más probable es que si me hubiese mantenido activo durante estos días, habría producido un artículo sobre cada uno de estos temas, sin embargo esto no se produjo y todo siguió su curso. Todo parece indicar que los tomadores de decisiones y ejecutores de Políticas Públicas se sienten satisfechos con la marca de los acontecimientos y que el que está desfasado en este medio soy yo. No obstante seguiremos adelante.

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