Sistema De Salud

LA CLAVE ES RACIONALIZAR, NO RACIONAR LOS SERVICIOS DE SALUD La estrategia para lograr la sostenibilidad del sistema de salud, está en la racionalización y pertinencia de la distribución de los servicios en salud.

E

n el escenario planteado recientemente por la Corte Constitucional, a través de la Sentencia T-760 del 2008, en la cual se regulo la actividad de los Comités Técnico Científicos en el país y estableció algunas obligaciones para las entidades que integran el Sistema de Seguridad Social en Salud, quedo manifiesto el inminente colapso económico al que se puede ver sometida la salud en Colombia. La crisis para el sector es inminente de no tomarse de manera prioritaria acciones que permitan garantizar la viabilidad de este sistema, acciones que no pueden de ninguna manera contrariar los objetivos de Calidad, Eficiencia y Equidad pilares filosóficos de la atención en salud de todos los países del mundo Los servicios de salud se han caracterizado por el enfoque paternalista en la atención, la disparidad en la información que poseen los actores de la relación medico paciente. Características que ennoblecieron el espíritu altruista de médicos y profesionales de la salud a un precio socialmente demasiado alto: la inequidad en el acceso a la salud. Inequidad manifiesta hasta finales del siglo anterior en el que la atención en salud se constituía en un bien exclusivo al que solo tenían acceso las personas que podían pagar a muy alto costo una salud de primera calidad, mientras que la gran mayoría de la población apenas contaba con la caridad como única e intermitente opción para acceder a la atención medica. Es necesario desarrollar alternativas y estrategias de tipo administrativo y asistencial que permitan que la atención que se brinda se encuentre acorde con la pertinencia técnica y científica que asegure la prestación de servicios con

calidad, eficiencia y oportunidad. Pero sin que los costos por la prestación de estos servicios de salud superen el punto de equilibrio económico del sistema, desmitificando el antagonismo tradicional entre la prestación y la administración de servicios en salud. La Constitución de 1991 estableció que el estado debe garantizar el acceso a los servicios de salud integrales en todas sus fases a todos los colombianos sin excepción. Concepto que fue formalizado en la Ley 100/93 la cual modifico el sistema de salud en el país, y se trato de enmendar décadas de errores y desaciertos. Planteándose el objetivo de la universalización en el acceso a los servicios y elevando la salud a derecho fundamental conexo al derecho a la vida, sin plantear alternativas para la financiación de estos ideales Pero como si el reto no fuera ya suficientemente grande, la Corte Constitucional de manera ininterrumpida ha hecho prevalecer la salud individual sobre la sostenibilidad del sistema, primero a través de innumerables fallos de tutelas y más recientemente con la Sentencia T-760. De manera similar a Poncio Pilatos la Corte se ha lavado las manos ordenando la atención de algunos de usuarios sin aportar alternativas de financiamiento reales y dejando a cargo del Sistema de Salud la atención de pacientes con patologías de alto costo, que debilitan el presupuesto que se debería invertir en programas de alto impacto y de bajo precio, en otras palabras, haciendo prevalecer el bien particular sobre el general. Esta situación ha puesto en verdaderos apuros a las entidades encargadas de regular el Sistema, principalmente en el desarrollo de nuevas estrategias que permitan alcanzar un nuevo punto de equilibrio económico en el marco de la nueva normatividad. Otro factor desequilibrante del sistema, lo constituye la estrecha relación entre los aportes en salud y los niveles de desempleo en el país, así en la medida que los índices de empleo formal disminuyen, lo hacen también directamente los aportes al sistema, sometiéndolo a desbalances entre los dos regímenes generalmente con una tendencia hacia el aumento del subsidiado, la pregunta

es, ¿Por qué, esto afecta el sistema? la respuesta está en que cada uno de los afiliados cotizantes aporta un porcentaje destinado a la solidaridad para los requerimientos del Fondo de Solidaridad y Garantías (FOSYGA), en la medida que esos aportes sean menores, menos será la capacidad de respuesta del FOSYGA ante eventos catastróficos, accidentes de tránsito y recobros por medicamentos y procedimientos fuera del Plan Obligatorio de Salud, por esto es necesario que no solo se fortalezcan los aporte al sistema, sino que además se garantice que los pocos recursos actuales tengan una adecuada destinación en pro del bien común de la población, el derecho a la salud de todos no puede verse afectado por el derecho de unos pocos. Los permanentes avances en la tecnología biomédica y en la industria farmacéutica, crean en la comunidad médica cada día nuevas expectativas y en los enfermos incontables esperanzas, de encontrar en los tratamientos de última generación, la cura a males del cuerpo y del alma humana. ¿Pero, es realmente posible en este entorno asegurar que la inversión en salud corresponda al beneficio en la misma? Es difícil realizar este planteamiento sobre todo cuando se trata de vidas, de familias y de historias personales detrás de cada paciente, pero cuando se habla de justicia distributiva la pregunta que valdría la pena hacerse seria ¿si se debe salvar una persona pero para ello se debe arriesgar 100 vidas, sería ético salvarla? no estamos lejos de este dilema ético, en Colombia, cientos de niños mueren anualmente por diarrea, infecciones respiratorias y otra serie de enfermedades prevenibles, que no son intervenidas entre otras causas por la falta de recursos en salud que son invertidos en pacientes con enfermedades crónicas, la cuestión es adonde debemos dirigir los esfuerzos y los recursos. Que la salud en Colombia es un derecho lo han manifestado la Constitución y la Corte Constitucional, pero acaso no todos los derechos tienen implícitos deberes también. ¿Quien se ha preguntado si los miles de fumadores que existen en el país piensan que algún día necesitaran de tratamientos costosísimos para garantizar su salud o si los cientos de obesos y sedentarios colombianos han pensado en los miles de millones de pesos que se invierten cada año en tratamientos para las dislipidemias y los trasplantes renales.

Sería socialmente justo que todas estas personas que atentan contra su salud y en esta medida contra la salud de Colombia, asumieran un sobrecosto en sus cotizaciones al sistema y de esta manera compensar de alguna forma los costos a los que someten la salud en Colombia. La atención en salud por su carácter de improrrogable y obligatorio se presta para que en su proceso se obtengan altísimos dividendos por compañías que no podríamos tratar de usurpadoras ni deshonestas, porque en últimas ese es precisamente su negocio, vender salud o por lo menos los medios para alcanzarla. El inconveniente se presenta cuando de manera poco ética algunos profesionales sobrepasan la pertinencia medica y el bien de sus pacientes con el objetivo de recibir dadivas o inmensos ingresos. Situación que constantemente facilitan algunas de estas compañías de tecnología biomédica y farmacéutica al impulsar de forma casi deshonesta marcas y tratamientos de alto costo aun sabiendo las implicaciones sobre los pacientes y el asegurador. El problema no es que el tratamiento sea costoso, el problema es que sea pertinente. Con estos argumentos en mente la solución debe partir desde la misma sociedad, en pro de garantizar su salud futura y presente, con estándares de eficiencia y calidad, de manera equitativa y justa. Por esto surge el concepto de la racionalización, que propone el empleo de los limitados recursos del sistema de manera eficiente, pertinente y oportuna de acuerdo al criterio de proveer servicios solo en la medida que se produzca un incremento en los beneficios en salud para los usuarios; sin incurrir en gastos para el sistema que no se relacionen de manera directa con un beneficio real sobre la salud de la población. Con el objetivo de no tener que en un momento dado tomar medidas como el racionamiento de la atención y de los servicios que implica la distribución de los pocos recursos en salud del sistema (Económicos, Técnico científicos y humanos), de tal manera que necesariamente se darán algunas exclusiones, se incurrirá en elevados costos en los servicios en salud o se prestaran los mismos hasta agotar los recursos del sistema dejando parte de la población con necesidades en salud insatisfechas aun aquellas básicas y fundamentales.

Así pues, la salud cenicienta de la sociedad pero héroe en la lucha contra la enfermedad, se ve sometida a los rigores de una normatividad que no toma en cuenta los recursos en la toma de decisiones, a los ingresos variables e inestables causados por el desempleo, a una cultura en la que se hizo habitual exigir que se provean servicios de salud pero nunca preocuparse por el auto cuidado y no menos importante a los intereses de grandes compañías. La realidad queda expuesta, las amenazas son importantes y se encuentran latentes en cada nueva decisión de las cortes o en cada disonancia entre los beneficios y los costos de los servicios de salud. La responsabilidad de los entes reguladores y de la sociedad en general es contener estas amenazas y lograr garantizar la perdurabilidad del Sistema de Salud en Colombia. Para esto es determinante lograr la viabilidad financiera que depende del desarrollo de alternativas que permitan la provisión de recursos con la oportunidad y la pertinencia que el paciente y el médico esperan y con la racionalidad y la asignación optima de los recursos que el sistema requiere.