Puntos De Vista 17-2-2009 _la Huelga De Jueces_

Puntos de Vista Comisión Ejecutiva Federal

17 de febrero de 2009


LA HUELGA DE JUECES  Los jueces, como titulares de un poder del Estado, no pueden ir a la huelga. Así lo ha declarado el CGPJ en su acuerdo adoptado por el Pleno extraordinario el 9 de Febrero en el que dice expresamente que “con independencia de las cuestiones que pudieran suscitarse en relación al reconocimiento del derecho de huelga de jueces y magistrados, el ejercicio de ese posible derecho carece, en el momento actual, de soporte normativo”.

 Los jueces no son unos trabajadores al uso. Los jueces encarnan uno de los tres poderes del Estado, el Judicial.



Nunca ha habido, hasta ahora, una huelga de jueces, como nunca la ha habido de diputados o de ministros, que componen los otros dos poderes del Estado: Legislativo y Ejecutivo.

 La ciudadanía no podría entender que no se pudiera ilegalizar Batasuna o que un detenido quedara en libertad porque no puede ser puesto a disposición judicial, o que una víctima de violencia de género quedara indefensa y sin obtener una orden de protección porque los jueces, que son los únicos que pueden atenderla, están en huelga.

 Para el PSOE la jornada de huelga convocada para mañana, miércoles, por un sector de la judicatura es completamente injusta para los ciudadanos y ciudadanas de este país, que pueden ver mermado su derecho a la tutela judicial efectiva por este acto.

 La huelga también es injusta porque se hace contra el Gobierno que más ha invertido -presupuestariamente y con incrementos de recursos personales y materiales- para modernizar la Justicia.

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 Ni un solo juez ha podido refutar que:



Este Gobierno es el que más plazas de jueces y fiscales ha creado en una sola Legislatura: más de mil plazas.



Este es el Gobierno que más ha invertido en la Administración de Justicia: se ha duplicado la inversión para innovación tecnológica.



Este es el Gobierno que más esfuerzos ha hecho para dialogar y acordar las mejoras y reformas que necesita la Administración de Justicia.

 Las reivindicaciones que supuestamente motivan las protestas y la huelga de jueces –sin precedentes en nuestra historia- se refieren a una situación de carencias que la Justicia viene arrastrando desde hace muchos años, pero que han comenzado a solucionarse con el Gobierno de Rodríguez Zapatero, desde la Legislatura pasada. El PSOE comparte la necesidad de modernización de la Justicia que reclaman y así consta en nuestros compromisos del programa electoral. El Gobierno está trabajando para conseguirlo, desde la oferta constante de diálogo con sus representantes.



Las asociaciones judiciales exigen la efectiva y urgente implantación de la Oficina Judicial.

 Este Gobierno es el que ha llevado al Parlamento el proyecto de ley para la implantación de la nueva Oficina Judicial. Está ya en tramitación parlamentaria.  Este proyecto de ley es imprescindible para poner en marcha la Oficina Judicial. Se espera que la reforma legal entre en vigor en enero de 2010.

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Las asociaciones judiciales abogan por la modernización tecnológica de la Justicia.

 Este Gobierno es el que más ha invertido en la modernización tecnológica de la justicia y el año 2009 es el año en que más se invertirá en ello.  Se está realizando un importante esfuerzo en esta materia, la partida destinada a la modernización en 2008 fue de 67 millones de euros. En el presupuesto de 2009 se destinan 72 millones a este concepto, a lo que hay que añadir los 20 millones de euros adicionales comprometidos por el Ministerio de Justicia el pasado mes de enero de 2009.



Las asociaciones judiciales piden más medios personales y mejor formados.  Durante el año 2008, 2.153 funcionarios, entre interinos y de carrera,

recibieron

formación

continuada

a

través

de

los

presupuestos del Ministerio.  En Justicia, a diferencia de la mayoría de las administraciones, no se ha congelado la oferta de empleo público. En 2008, 395 interinos del territorio Ministerio de Justicia se acogieron a este tipo de formación personalizada.  El pasado mes de noviembre el Ministerio de Justicia convocó 5.493 plazas, correspondientes a la oferta de empleo público para el año 2008. Se han presentado unas 100.000 solicitudes de las que se han admitido 90.000.  A estas hay que sumar las 450 plazas de secretarios judiciales, convocadas en el mes de julio 2008.

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Las asociaciones judiciales reclaman una reflexión sobre la carga de trabajo.

 Se comparte la necesidad de establecer nuevos sistemas de medición de dicha carga de trabajo.  El trabajo debe realizarse conjuntamente entre el Ministerio de Justicia y el CGPJ en el marco de la Comisión Nacional de Estadística Judicial. Ya se ha creado un Grupo de trabajo para abordar esta cuestión.  El CGPJ tiene ya en fase muy avanzada un estudio de campo sobre las cargas reales de trabajo.  El Ministerio de Justicia ha sido sensible, en todo momento, a las medidas de refuerzo propuestas por el CGPJ. Desde el 2004 se han autorizado el 88% de los refuerzos solicitados. El año pasado se autorizaron el 93%. En total, las medidas de refuerzo han supuesto 243,8 millones euros desde la anterior legislatura. Sólo en 2008 se destinaron a este concepto 79 millones de euros, la cifra más alta de su historia reciente.



Las asociaciones judiciales demandan la efectiva adecuación de la planta judicial a la carga de trabajo real de los órganos judiciales.

 El Ministerio de Justicia tiene previsto acometer una reforma en profundidad de la actual Ley de Demarcación y Planta Judicial. Ya se está trabajando en un borrador de anteproyecto de ley.  Se pretende adaptar la planta a la actual realidad sociodemográfica de España y a las cargas de trabajo existentes.  Un proyecto de esta naturaleza tendrá una implantación realista a medio- largo plazo y requiere la participación del CGPJ y de las CC.AA.  En todo caso, el Ministerio de Justicia ha creado entre los años 2005 y 2008 un total de 1.148 plazas de jueces y fiscales (684 de jueces y 464 de fiscales). La previsión para este año es poner en

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funcionamiento 150 nuevos órganos jurisdiccionales y 100 nuevas plazas de fiscales.  El objetivo es crear unas 600 unidades judiciales por legislatura.  En la última legislatura del PP se crearon 512.



Las asociaciones judiciales quieren que se arbitre un sistema adecuado y eficaz de sustituciones entre jueces titulares.

 El Ministerio de Justicia creará los “jueces volantes”, jueces y magistrados titulares que podrían ocupar de manera itinerante las vacantes que se produzcan.  En el año 2008 el importe destinado a sustituciones de jueces y magistrados superó los 53 millones €.



Las asociaciones judiciales piden medidas de conciliación.

 El Ministerio de Justicia se comprometió con las asociaciones judiciales a elaborar una propuesta para la supresión de este sistema de ascenso forzoso que presentaría al Gobierno antes de junio de 2009.  En cuanto a la conciliación de la vida laboral y familiar, muchas de las medidas solicitadas han sido introducidas en la última modificación del Reglamento de la Carrera Judicial (BOE de 5 de enero de 2009) que el Ministerio informó favorablemente: -

Se reconocen los permisos y licencias por nacimiento y adopción, que se igualan al resto de la función pública.

-

Se introducen los permisos, licencias y reducción de jornada por lactancia, cuidado de hijos o familiares, guarda legal, etc.

 Además, a través de la Ley de Igualdad se introduce la reserva de plaza durante los dos primeros años de excedencia voluntaria para el cuidado de un hijo o de un familiar.  Por otra parte, es necesario reconocer que en algunas cuestiones (como el número de permisos al año, 18 para jueces y magistrados)

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la carrera judicial resulta privilegiada en comparación con el resto de la función pública.  En cuanto a la jubilación, los jueces y magistrados están integrados en un régimen especial de la Seguridad Social. Mientras que en el régimen general el trabajador paga el 40% de precio del medicamento y es gratis en la jubilación, en el régimen general se abona menos, el 30%, pero sin distinguir entre activo y pasivo. La diferencia durante la vida activa compensa mantener el copago en la jubilación.  En el régimen especial, además, jueces y magistrados, al igual que el resto de funcionarios, tienen otras ventajas como posibilidad de optar entre asistencia sanitaria pública o privada, coberturas sanitarias complementarias (dentaria, oculares y otras).



Las asociaciones judiciales abogan por mejores retribuciones.

 Para 2009 se ha previsto un incremento de las retribuciones en un 5%. Más del doble que el resto de funcionarios, para los que la subida será de un 2%. Así lo ha establecido el Parlamento en los Presupuestos Generales del Estado.  La Comisión de Retribuciones prevista en la Ley 15/2003 se reunió entre los meses de junio y julio de 2008. Las propuestas que realizó el Ministerio de Justicia consensuadas con el de Hacienda, no fueron aceptadas por los jueces. Estas propuestas incluían: -

Un incremento del 20% de la cuantía destinada a las guardias, de tal manera que tras la modificación de la normativa el servicio de guardia para cada juez o fiscal se remuneraría entre un 10 y un 30% más.

-

En cuanto a la retribución variable, se proponía mantener el actual sistema de vinculado al rendimiento, y además ampliarlo para contemplar también como retribuciones variables determinadas circunstancias objetivas de penosidad vinculadas a cada destino.

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 Por otra parte, en el servicio de guardia en los juzgados de violencia sobre la mujer se ha atendido una petición histórica de jueces y fiscales, estableciendo una mayor retribución para ellos.  En todo caso, el Ministerio de Justicia y el CGPJ han constituido un grupo de trabajo para estudiar la reforma del sistema de retribuciones de los jueces.  A título informativo, hay que señalar que el sueldo de un juez oscila entre 3.000 y 6.000 euros mensuales (a excepción de los del Tribunal Supremo, contemplados en la Ley de Presupuestos del Estado)



Las asociaciones judiciales piden el incremento de la inversión en la Administración de Justicia.  Desde el 2004 la inversión en Justicia ha aumentado en un 50%. Este Gobierno es el que más ha invertido en la Administración de Justicia.  Para el 2009, el Gobierno ha incrementado el presupuesto del Ministerio de Justicia en prácticamente un 10% (un 9,9%). Un total de 1.619 millones de euros. El incremento medio de la pasada legislatura fue del 10,4%.  El gasto que los Presupuestos Generales del Estado en España destinan a la Justicia no es comparable con el de otros países de nuestro entorno, pues las competencias están trasferidas a la mayoría de las CC.AA. El gasto acumulado en Justicia (Estado + CC.AA.) es similar al de la mayoría de los países de la U.E.

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