Palabras Del Presidente De La República En Promulgación De L

Palacio de La Moneda Lunes, 28 de Noviembre de 2005

Palabras del Presidente de la República en ceremonia de promulgación de Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. Amigos y amigas: Como ha dicho el Ministro, estamos promulgando un elemento fundamental tanto para la reforma a la justicia, como también como un elemento importante de la política de seguridad ciudadana. Y aquí, con esta ley vamos a tener el marco legal que nos permite enfrentar el delito cuando éste es cometido por adolescentes, pero también dándole oportunidades efectivas de rehabilitación. Creo que con estas normas, los adolescentes dejan de ser un objeto de derecho y se convierten en sujetos de derecho, y como tal, con derechos y responsabilidades. Aquí también estamos saldando compromisos internacionales. En agosto de este año se conmemoraron 15 años desde que Chile ratificó la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y hoy estamos dando un paso decisivo para implementar lo que son los derechos que ella reconoce y las obligaciones que en virtud de esa Convención Chile se impuso. Y como ha dicho el Ministro, ha sido un largo proceso, en donde el esfuerzo de los parlamentarios fue de particular relevancia. Allí estuvo el trabajo de los parlamentarios de la comisión mixta, que al final fue indispensable para poder consensuar las voluntades, y participaron allí las diputadas Pía Guzmán, Laura Soto, María Antonieta Saa y los señores Jorge Burgos, Juan Bustos, Guillermo Cerón, Marcelo Forni, Gonzalo Uriarte. Y también por parte de los senadores, señores Marcos Aburto, Andrés Chadwick, Sergio Fernández, Alberto Espina, que nos acompaña esta mañana, José Antonio Viera Gallo y Andrés Zaldívar, que también nos acompaña. Todos ellos colaboraron efectivamente en la discusión y aprobación de esta ley por amplias mayorías.

Estamos con esta ley dejando atrás un sistema que a todos nos parecía ineficaz e injusto. Muchos adolescentes que cometían graves hechos delictuales, prácticamente no recibían reproche. El sistema antiguo era insuficiente para regular la sanción y también para juzgar a los menores. Por otra parte, privaba a estos menores de buena parte de las garantías procesales que la legislación penal reconoce hoy a los mayores de edad, estableciendo ahora procedimientos flexibles y sin forma de juicio, donde los jueces tenían amplias facultades inquisitivas y discrecionales. Esto implica, entonces, como dijo el ministro, colocar este nuevo procedimiento a la luz de lo que es el nuevo sistema procesal penal. Ello se traduce en un uso indiscriminado. En el antiguo sistema, el tema del discernimiento, el adolescente no era responsable y tampoco contaba con derechos y garantías que gozaban los adultos. La condición de sujetos de derecho que ahora los adolescentes tienen, permite el reconocimiento también de su autonomía. Si es sujeto de derecho, tiene autonomía. Y como sociedad nos permite exigir, en consecuencia, que esa autonomía sea ejercida con responsabilidad, respetando espacios y derechos de quienes nos rodean. Es por ello, entonces, que el sistema cambió en su concepción, ahora tenemos un sistema que se basa en la responsabilidad del adolescente, donde el menor que comete un hecho ilícito recibe un reproche, una sanción por parte de la sociedad. Aquí estamos terminando un poco con el fraude de etiquetas, internamos por protección y en verdad estamos aplicando un castigo penal. Esta ley reconoce que el joven es responsable en su medida por las infracciones que comete. Establece un sistema especial de responsabilidad en una franja, como se ha recordado, que va de los 14 a los 18 años, y regula el procedimiento para el establecimiento a responsabilidad, estableciendo sanciones pertinentes y la forma de ejecutarla. La respuesta, entonces, a la delincuencia juvenil es la construcción de un sistema de justicia juvenil, que es lo que surge con esta ley, un sistema severo pero justo, que sanciona hechos delictivos cometidos por adolescentes con apego a las garantías de un debido proceso. Eso es lo nuevo. La responsabilización significa, entonces, hacerse cargo de las acciones que transgreden bienes jurídicos, como la vida, la libertad, el daño a terceros, a la propiedad, pero la sanción forma parte de una intervención socio-educativa amplia, orientada a la integración social. Este es el elemento fundamental, que la sanción apunta también a cómo somos capaces de intervenir para que pueda haber una integración social con posterioridad. Entonces, lo que importa aquí es rescatar a los jóvenes de la carrera delictiva, y este nuevo sistema busca reinsertar a los adolescentes a través de programas especiales. Aquí se incorporan todas las ventajas de las salidas

alternativas al procedimiento, potenciando las vías que permiten una mejor solución al conflicto para la víctima y también para el victimario. Además, se contempla un amplio catálogo de medidas para hacer efectiva la responsabilidad al joven infractor. Entonces, aquí la ley regula también las características de los centros de privación de libertad, estableciendo normas especiales sobre las condiciones básicas de estos centros, normas de orden interno y normas de seguridad y normas sobre normas disciplinarias, valga la redundancia. Los lugares donde van los adolescentes, esperamos, entonces, que no sean como hoy las escuelas del delito, ni sufran tampoco un contagio criminógeno con delincuentes mayores o más avezados. Digámoslo francamente, muchas veces la primera estadía en la cárcel es el doctorado en delitos. Aquí, como dijo el Ministro muy bien, dictamos la ley, se termina una etapa. Y como ocurre siempre, comienza otra más compleja, más difícil. Porque disponemos de un período de 6 meses para poner nuestras instituciones a tono con este nuevo diseño. Y la ley contempla una exigencia de capacitación, tanto para los jueces del nuevo proceso penal, como para las policías. Hay que completar la infraestructura de los centros de reclusión juvenil, que próximamente estarán funcionando tanto en Coyhaique como en Punta Arenas, y de esta forma va a haber centros de reclusión juvenil, uno por región. En este marco, como lo ha dicho el ministro, el Ministerio de Justicia va a coordinar una mesa de implementación de la nueva justicia adolescente, integrada por todos los actores relevantes en esta materia. Va a ser una instancia para poder establecer coordinaciones que potencien la implementación y puedan resolver las dificultades que se presenten. En suma, en esta reforma lo que estamos haciendo es replicar los principios establecidos en la reforma procesal penal. Estamos replicando la oralidad, la transparencia y la rapidez en la resolución de los conflictos, a través de un procedimiento acusatorio claro. Para tener una reforma a la justicia penal adolescente necesitábamos haber implementado el nuevo proceso penal con todo lo que ello implicó, contar con un Ministerio Público y con una defensoría; tener en vigencia los tribunales de familia y la demanda que existía por esta justicia, lo que hemos podido constatar en estos días, en donde según algunos medios, hay una gran demanda por esta justicia a partir de los tribunales de familia. También fue necesario tener una ley que cambiara el sistema de subvenciones a las instituciones colaboradoras del Servicio Nacional de Menores, lo que significa una mayor inversión en la infancia. Son más de 9 mil millones que se transfieren a Organizaciones No Gubernamentales, a fundaciones, iglesias,

corporaciones y otras entidades, todos organismos debidamente acreditados para que ejecuten más de 1.100 proyectos y programas en beneficio de más de 65 mil niños. También, para llegar a este momento fue necesario hacer un tremendo esfuerzo presupuestario. Tener un Centro de Reclusión Juvenil por región implica una inversión superior a los 41 mil millones de pesos. Por otra parte, los actores del nuevo sistema del Ministerio Público, tribunales y defensoría requirieron un financiamiento del orden de los 3 mil millones. Es decir, con esta ley estamos adicionando un conjunto de recursos de elementos jurídicos que vienen a potenciar lo que hemos hecho en este ámbito en estos años. He dicho en más de una ocasión, que la magnitud de los recursos para poder dar cuenta de estas reformas, no tienen parangón en la historia judicial chilena. Y con esta ley estamos dando, yo creo, un paso más en favor de la justicia y del combate a la delincuencia. Tenemos ahora un sistema de justicia especializado para adolescentes que han infringido la ley penal. Todo esto para mejorar tanto la persecución del delito, como a dar una efectiva protección a las víctimas y, al mismo tiempo, garantizar un debido proceso. Y todo ello, tras una meta de lograr y hacer posible la rehabilitación de estos jóvenes. Creo que éstas son buenas noticias para Chile, y por ello me parece tan importante seguir trabajando en esta dirección. Hemos culminado una etapa, tenemos que dar inicio a otra. Y estamos ciertos que esta nueva justicia, para aquellos adolescentes que infringen la legislación penal, va a dar los frutos y vamos a poder tener una buena sanción, pero, más importante, una mejor inserción de estos jóvenes en el futuro de Chile. Muchas gracias.