Idhuca 13 De Mayo 2009

IDHUCA El amor por la justicia en tiempos de cólera "Ves cosas y dices, ¿por qué? Pero yo veo cosas y digo, ¿por qué no?" Sir George Bernard Shaw

¿Da cólera lo que ha hecho la llamada "clase política" con el país después de la guerra? ¿Indigna que lo haya maltratado, manoseando las instituciones estatales que tantas vidas y dolor costaron al pueblo para crearlas y recrearlas? ¿Se puede aguantar más, permitiendo que se siga haciendo de forma impune? Sí, da cólera e indigna. Pero de poco sirve gente enojada e indignada si no hace nada colectivo, firme y eficaz por revertir el rumbo de un Estado que transita de tiempos muy difíciles —conflicto armado y dilatada posguerra— a días peligrosos de crisis que ya tienen ubicado a El Salvador en una situación económica y social similar, al menos, a la de hace una década. El gran riesgo está en que, además, su agravamiento reedite —más allá del tiempo y las obvias diferencias— condiciones políticas de violencia, graves violaciones de derechos humanos y choques recurrentes entre fuerzas de seguridad y grupos sociales exigiendo el cumplimiento de sus demandas, como en la década de 1970. ¿Estaba bien el país antes de las crisis financiera, alimentaria y energética globales? ¡No! Esos golpes sólo se suman a los que, en El Salvador, le han pegado los partidos políticos a la esperanza de una sociedad que imaginó el inicio de una nueva convivencia, tras la firma de los Acuerdos de Paz. Pero eso no se logró a plenitud y, en el entorno actual, lo poco que se avanzó está amenazado. Aquellos se dedicaron a roer las herramientas básicas para realizar ese anhelo: las instituciones mandadas a combatir el crimen y superar la impunidad, mediante una buena investigación del delito y una cabal impartición de justicia. Léase Fiscalía General de la República (FGR) y Corte Suprema de Justicia (CSJ). Porque, como dice Martin Luther King, "la verdadera paz no se caracteriza por la ausencia de tensiones, sino por la presencia de la justicia". Con una FGR y una CSJ conducidas por personas idóneas, técnicamente capaces y con estatura moral, se podría enfrentar esa impunidad que cobija la corrupción, el crimen organizado, la violencia en sus diversas expresiones —sobre todo la que lesiona la dignidad de mujeres, niñas, niños y jóvenes— y otros actos que perjudican a la población en lo económico, político y social.

Pero no. Y los partidos políticos no pagan la factura por el daño que le causan a una sociedad agobiada por el deterioro de su calidad de vida, la inseguridad y el mal uso de los fondos públicos. No la pagan por la falta de acción ciudadana —fruto del desencanto o la prioridad de la subsistencia— y las acciones de grupos "dirigidos", escasos de imaginación por su sumisión al pensamiento único que es propio de cualquier "comisión política". Lo último que ha ocurrido podría calificare como el colmo, pero la realidad partidista del país no da para eso porque nadie puede asegurar que pase algo peor en este "Macondo" institucional salvadoreño. No hay Fiscal General y la Sala de lo Constitucional de la CSJ —la más censurable de la posguerra hasta hoy, salvo por el actuar de la magistrada Victoria Marina Velásquez de Avilés— ha detenido la elección de sus nuevos integrantes tras admitir una demanda de Amparo, infundada a todas luces, en favor de Michelle Gallardo de Gutiérrez. Responsables de eso y de sus graves consecuencias para el país son el Consejo Nacional de la Judicatura y la Sala de lo Constitucional, a excepción del caso de la mencionada magistrada; pero, sobre todo, las diputadas y los diputados que designaron sus miembros a partir de intereses particulares, mezquinos y censurables, del todo alejados de los que deberían prevalecer: los de la nación. La condena moral, política e histórica a quienes dañaron y dañan las instituciones estatales es un acto de dignidad nacional que debe expresarse en hechos concretos y efectivos, dentro y fuera del país. El Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) presentó, el pasado lunes 11 de mayo, demanda de Amparo y amicus curiae en apoyo al voto razonado de la magistrada Velásquez de Avilés. El IDHUCA analiza otras iniciativas, a fin de lograr que —ante afrentas al país como las citadas— en El Salvador se pase del porqué ocurren los males a por qué no se castiga a los malos, con amor por la justicia. San Salvador, miércoles 13 de mayo de 2009.