Etica Casos.docx

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE HONDURAS NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ CAMPUS SANTIAGO APÓSTOL

CLASE: ÉTICA EN PSICOLOGÍA

CATEDRÁTICA: MÁSTER CINDY PAOLA SALINAS

ALUMNA: KAREN LILY ESPINAL

PRESENTACIÓN DE CASOS

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Caso 1. El psicólogo fue denunciado por un caso de mala praxis que derivó en la muerte de H oracio Martín Eyssartier, ocurrida en diciembre de 2012. Mientras se producían todas la s actuaciones por la denuncia por mala praxis, surgió de la investigación que el médico no poseía la matrícula habilitante para ejercer la Psicología, y que en su sello figuraba su condición de psiquiatra. “En el Ministerio de Salud se pudo determinar que no pose e ningún título de psiquiatra”, advirtió el representante de la familia Eyssartier. El antecedente de mayor gravedad que presenta el caso Marín es su paso por un pue sto importante del Poder Judicial ya que ejerció durante varios meses como psicólogo del Juzgado de Ejecución de Penas, como responsable del área mental y de efectuar l as respectivas pericias a las personas condenadas para evaluar si corresponde una sali da laboral o condicional. Durante el tiempo que el analista se desempeñó en el juzgado de Ejecución de Penas, como integrante del Equipo Criminológico, la repartición estuvo presidida por Mario Go nzález Calderón. Marín había sido designado en ese cargo el 4 de agosto de 2011 y su vínculo laboral habría finalizado en enero de 2014, a raíz de una decisión emanada desde las más alt as esferas del STJ. El rol del Colegio de Psicólogos.

Caso 2. Ella es psicoanalista, divorciada, unos 40 años; él anda ahora por los 22 y en su adole scencia padeció una fuerte adicción a las drogas. La cartilla de una prepaga los cruzó en un tratamiento de dos sesiones semanales. Pero con el correr del tiempo la relación entre ambos se fue volviendo demasiado personal, al punto que la terapia derivó en u n romance fogoso del cual él salió bastante maltrecho. A ella no le fue mucho mejor: l a Cámara Civil porteña acaba de condenarla por la irresponsabilidad de haber enamora do a un joven paciente.

Se trata de un caso judicial inédito de mala praxis psicológica. El chico —tenía 17 año s al iniciar la terapia— demandó a su terapeuta con el argumento de que tanta pasión y un abrupto desplante final empeoraron su salud mental. En primera instancia, un juez le había rechazado el reclamo y cargado las costas del juicio. Pero la Sala A de la C ámara revocó esa decisión y, según una sentencia a la que accedió Clarín, le dio una indemnización de 28 mil pesos: 20 mil por daño moral y 8 mil por daño psicológico. El fallo se basa en lo que revelaron las pericias: que la actitud de la analista le generó al paciente "un estado de desesperación con la convicción de no encontrar una salida" para sus problemas. En las entrevistas con los peritos, el joven relató que todo empez ó cierta sesión en la que ella se le acercó de manera inusual al diván y —concretame nte— le hizo una propuesta sexual. De ese modo iniciaron un vínculo que se extendió por dos años. Como pruebas adicionales, el joven aportó al expediente fotos que ella le había regalad o junto a un compilado de temas sugerentes, como "Toda una noche contigo", "Conoci éndote" y "Nuestro amor comenzó a vivir". Sus encuentros solían ser nocturnos, en lug ares escogidos por ella con pedido de máxima reserva. La ley 23.277, que rige el ejercicio de la psicología en la Argentina, no prohíbe expres amente las relaciones tan cercanas entre terapeuta y paciente; en cambio, sí las veda el Código de Etica de la Asociación de Psicología de Buenos Aires. Se apunta a que n o se trata de un simple vínculo entre pares, porque el psicoterapeuta se encuentra en un lugar especial respecto de su paciente por ser el poseedor del conocimiento. De todos modos, los camaristas —Jorge Escuti Pizarro, Ana Luaces y Hugo Molteni— no fundaron su decisión en razones morales. Utilizaron una serie de artículos del Códig o Civil: los que hablan de la responsabilidad profesional, la negligencia y la omisión de cuidados de quien tiene un deber sobre la salud de otro. Citando al vicepresidente de la Sociedad Iberoamericana de Derecho Médico, Alfredo K raut, la Sala A de la Cámara explicó que lo difícil en estos juicios es, a diferencia de l o que puede ocurrir con una cirugía, "probar el error médico, así como lo necesario par a acreditar que el daño se ha generado como consecuencia de ese error y no de la pr opia personalidad y patología del paciente". En este expediente, cuyos datos no se publican para preservar la intimidad de las part es, los jueces no dudaron que se había producido un "abuso de transferencia". Con est a designación técnica, se suele hacer referencia —de acuerdo a la definición recogida en el fallo— al "elemento afectivo, en el contrato psicoterapéutico, sustentado en el vín culo respecto del cual el paciente transfiere al terapeuta los sentimientos y las sensacio nes afectivas de su entorno en la etapa infantil, que no son otros que los paternales". La relación en sí se verificó a través de los dichos de una vecina del chico, que asegu ró haber visto varias veces a la pareja entrar al edificio donde vivía él. La psicoanalista —a su vez— ofreció cinco testigos; entre ellos a su propio novio, que se quejó de un supuesto acoso del paciente. De hecho, ella lo había denunciado penal mente por los delitos de coacción y amenazas. En ambos expedientes el chico fue sob reseído; en uno, porque su adicción a las drogas lo volvía inimputable. A los testigos d e la defensa, los jueces tampoco les dieron mayor importancia: eran empleados del sa natorio donde ella tenía su consultorio y cuyo padre es el principal accionista.

Poco antes de esas denuncias, le había avisado que el romance no iba continuar: la n oticia terminó de desequilibrarlo. Según los cálculos que hicieron los peritos que actuar on en el juicio, el paciente seducido por la psicóloga necesita ahora de al menos 156 nuevas sesiones para recuperarse de este amor contrariado.

Caso 3. La Justicia civil la obliga a pagar una indemnización por haber detectado, a dos años d e iniciar el tratamiento, el abuso que sufría una niña de parte de su padre. Críticas de especialistas. Una psicóloga fue condenada por mala praxis a causa de “no haber advertido en tiemp o y forma el abuso sexual” al que estaba siendo sometida una niña en tratamiento. La causa había sido iniciada por la madre de la víctima. La terapia había comenzado en 1 998, cuando la niña tenía cuatro años y medio, y la situación de abuso fue comunicad a a la madre por la propia terapeuta, pero después de dos años. La condena –que co nsiste en una indemnización y concierne también a la obra social en la que trabajaba l a psicóloga– fue dictada por la Cámara de Apelaciones. Profesionales del área de salu d mental consultados por este diario cuestionaron el fallo. La sentencia fue dictada por la Sala H de la Cámara Nacional en lo Civil –integrada po r Liliana Abreut de Begher y Claudio Kiper–, luego de que el juez en primera instancia rechazara la demanda. La psicóloga había atendido a la niña –que hoy es ya mayor d e edad– entre 1998 y 2000. Cuando se inició el tratamiento, la niña “tenía cuatro años y nueve meses” y presentaba “llanto, tristeza, soledad en el colegio y conducta caprich osa”. Parte del tratamiento fue mediado por la obra social de la madre y parte se desa rrolló en forma particular. Según el fallo, sólo en febrero de 2000 la terapeuta actuó en función de que “tenía co nocimiento o altas sospechas de que la niña estaba siendo abusada por su padre dura nte el régimen de visitas que se desarrollaba en el domicilio del progenitor”, a consecu encia de lo cual “se la derivó a una ginecóloga y se indicó la necesidad de una asiste ncia legal, así como suspender las visitas programadas con su padre. Recién en ese m omento la psicóloga analizó la situación de ‘ataque real’”. El tribunal condenó a la psicóloga, a la obra social y a las compañías aseguradoras a pagar 28 mil pesos más las costas. El tribunal consideró “las probanzas de (la) sede p enal que condenó al padre como autor penalmente responsable del delito de abuso sex ual de menor, calificado por el vínculo, y tuvo en especial consideración que el delito s e concretó entre enero y agosto de 1999, cuando la niña retoma las sesiones con la p sicóloga”. Sergio Rodríguez –psicoanalista, fundador de la revista Psyché–, observó que “por la in formación disponible, parecería que la psicóloga diagnosticó el abuso, aunque dos años después de empezado el tratamiento. Tratándose de un análisis, puede llevar mucho ti empo detectar un hecho así, de modo que la acusación de mala praxis no parecería fu ndamentada”.

Irene Meler –coordinadora del Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psic ólogos de Buenos Aires (APBA)– señaló que “a una niña de cuatro o cinco años no le es fácil expresarse verbalmente; un elemento diagnóstico puede ser el dibujo infantil, p ero no siempre se da. Parece difícil plantear como obligación profesional hacer un diag nóstico diferencial de un hecho tan específico, y no me parece que la penalización sea el recurso más adecuado: sí es conveniente alertar a los profesionales y a sus asociaci ones acerca de que el abuso sexual sobre niños es más frecuente de lo que se pensa ba, a fin de afinar los recursos de investigación, diagnóstico y asistencia. Así como hub o y hay una tendencia social a desmentir el abuso, también ha surgido una tendencia social de susceptibilidad extrema, aunque comprensible, que busca el castigo a toda co sta, incluyendo a los profesionales. En este momento hay jardines de infantes donde, p or temores vinculados con esto, se niegan incluso a limpiar a los nenes cuando van al baño”.

Caso 4.

“Está probado que la mujer no era psicóloga y la jueza tendría que haberlo denunciad o inmediatamente”, dijo ayer el senador Oscar Ligonié (PD) presidente de la Comisión de Derechos y Garantías quien ayer recibió a Víctor Sosa, el hombre que dice haber si do perjudicado por la falta de acción de la jueza de Familia de San Martín María Cecili a Rinaldi. Sosa, quien es parte en un expediente por medidas tutelares, sostiene que l a magistrada no denunció en tiempo y forma la usurpación de título de una mujer, Patr icia Lara, que se hizo pasar por psicóloga en dos expedientes tramitados en su juzgad o. “Hoy Sosa nos presentó documentación que avalan sus dichos y en la semana pró xima seguramente la comisión producirá el despacho de esta cuestión y la elevará a la Corte”, sostuvo Ligonié. Además el senador remarcó que “nosotros no intervenimos en las cuestiones de fondo del caso porque son competencia de la Justicia. Sólo nos ten emos que dedicar a analizar si se han vulnerado derechos y garantías esenciales”. El l egislador agregó que, en apariencia, “la jueza no hizo absolutamente nada” después de haber tenido la presunción de que Lara estaba cometiendo un delito reprimido por el a rtículo 247 del Código Penal. Por su parte, Víctor Sosa sostuvo al salir de la reunión q ue los integrantes de la comisión “quedaron sorprendidos por la abundante prueba que presenté y pidieron que incorpore algunos otros elementos que constan en la causa”. T odo el conflicto ronda sobre el expediente en donde un ex matrimonio intenta dirimir cu estiones relacionadas con el régimen de visita del único hijo. En alguna de las audienci as realizadas participó Patricia Mónica Lara, una mujer que aseguró ser psicóloga y fir mó como tal al pie del acta. Resultó ser que Lara no era psicóloga e incurrió en el deli to calificado como usurpación de título, castigado con hasta un año de prisión y multa. Sosa le informó esto a la jueza Rinaldi quien, pese a estar obligada por ley, no habría realizado la compulsa correspondiente. El padre también dice haber sido afectado por l as supuestas medidas arbitrarias, falta de acción y demoras de la magistrada que le ha brían impedido al hombre mantener un contacto regular con su hijo. Ahora, mientras la comisión analiza si la jueza no cumplió correctamente con sus obligaciones y merece u

n pedido de Jury, la fiscalía correccional de San Martín debe determinar si hay suficien te prueba para ordenar el procesamiento de la falsa psicóloga. Hace 20 días, en San Martín, el presidente de la Corte, Jorge Nanclares, dijo que “los medios de prensa no ti enen que meterse en cuestiones de Familia porque las partes están muy exaltadas y di cen cualquier cosa”.

Caso 5.

Se trata de la LICENCIADA DANIELA LEZCANO, la profesional que interviene en el controvert ido caso Gonzalo y otros tantos en los que denuncian presunto abuso de menores de eda d en plena puja por la tenencia de los chicos. En las últimas horas, el Colegio de Psicólog os de la Provincia la sancionó por su polémico accionar que colisiona con el código de éti ca profesional como así también le cuestionan sus métodos para entrevistar a los menores involucrados. De un par de años a esta parte, la justicia local se ha visto acechada por un grupo de fa milias que dicen ser víctimas de una inacción de los judiciales para con los casos que ésto s denunciaron. Los casos responden a un patrón común: denuncian abusos de menores, qu e en un notable porcentaje detrás hay además una disputa por la tenencia de los niños. También los casos cuentan con otro denominador común: un grupo de abogados foráneos defienden los intereses de los demandantes y, una psicóloga, quien se ha ganado un prota gonismo inusitado, controvertido, a partir de una serie deplanteos y críticas de muchos par es. De hecho, su accionar en alguna de las instrucciones penales iniciadas motivó el plante o el mismísimo Colegio de Psicólogos de la Provincia, desde donde recientemente se expidi ó al respecto. En efecto, el Tribunal de Disciplina del Colegio sancionó con amonestación a la licenciada Daniela Lezcano por una serie de infracciones que en párrafos siguientes se detallan. Como oportunamente se informó en ediciones pasadas, el caso Sofía resulta ser una especi e de caso testigo, sino emblema, de esta serie de situaciones que se vinieron gestando en la ciudad e, incluso, mereció un controvertido informe periodístico capitalino que a todas l uces poco y nada se asemejó a lo que realmente se palpa en la ciudad. Aquella noticia h ablaba de una “ola de abusos”, con un listado de casos que en la vida judicial local no re vestían visos de realidad. Alguno de los hechos denunciados ya recibieron condena, otros están en pleno proceso y, varios, pasaron a archivo, habida cuenta que los elementos de prueba (testimonio del men or involucrado por caso) hicieron desestimar la denuncia. Toda la andanada de denuncias s urgió principalmente a partir del resonante caso conocido como Sofía, menor que sigue sie ndo buscada por la justicia a ya un año que su padre, Mariano Gonzalo, resolvió llevársela al descreer del accionar judicial. Por aquella causa por presunto abuso sexual, el fiscal Pio tti había dispuesto su pase a archivo, y desde allí a esta parte, la situación demandantes y justicia fue de mal en peor.