Ed 151009

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Editorial EL UNIVERSAL

La Corte y su legitimidad 15 de octubre de 2009 Comenta la nota

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El ex presidente Vicente Fox no tiene responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos de los oaxaqueños derivadas del conflicto que vivió su estado en 2006, concluyó la Suprema Corte. Sí, en cambio, el gobernador Ulises Ruiz. Una decisión que dejará descontentos a muchos, aunque por razones encontradas. Los priístas considerarán que “la data” que lleva a condenar a Ulises Ruiz también habría conducido a reprobar parcialmente al gobierno federal y, por consecuencia, a Fox. Muchos asumirán que, pese a la división de poderes, la Suprema Corte todavía no está dispuesta a confrontar la figura de los ex presidentes ni siquiera con el pétalo de una rosa. Para muchos de la izquierda el fallo en contra de Ulises parecerá más simbólico que real, considerando las escasas posibilidades de que ello derive en cargos penales que se concreten en alguna sentencia: las tres vías jurisdiccionales que podrían “procesar” el caso tienen evidentes objeciones políticas para hacerlo. De un lado están el Congreso oaxaqueño, de mayoría priísta, y la Procuraduría estatal, obviamente vinculadas al gobernador. Ciertamente, el Senado podría realizar juicio político al mandatario, si acaso el PRI no fuera la piedra angular en el Congreso federal. La tercera vía, intervención de la PGR, tampoco es probable dada la responsabilidad que esta institución tuvo en los propios hechos. Si ya se salvó de un señalamiento de los ministros, será la más interesada en dejar pasar el asunto. La decisión de la Corte, entonces, tiene pocas consecuencias, excepto para la propia Corte. Sin “excederse” con una posible condena a un ex presidente, ha querido enviar el mensaje a los ciudadanos de que los gobernadores no escapan a su arbitraje. Una manera de recuperarse del fallo sobre Puebla, hace dos años, sin correr ningún riesgo.

Periodistas de EL UNIVERSAL

Bajo Reserva 15 de octubre de 2009

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En la marcha de hoy se enfrentan dos visiones contrarias de país Escucha al autor

Quizá desde el verano de 2006 no se había presentado una oportunidad similar para cierta izquierda dura. La marcha de hoy será medida, quieran o no las partes, como ese ejercicio de machos de cantina que conocemos como “vencidas”. “Vencidas” entre la izquierda más radical y la derecha en el poder federal. Detrás del Sindicato Mexicano de Electricistas no están PRD o PT; ésos, en todo caso, le han servido de “fachada”, nos explican. El SME es o fue un sindicato rico que ha beneficiado a candidatos y personalidades de ambos partidos. Lo que hay detrás de esta organización, nos dicen, son grupos muchísimo más radicales. Nadie dijo ilegales, ojo. Radicales. Y, claro, en el gobierno hay sospechas en el sentido de que los electricistas han apoyado a organizaciones clandestinas aunque, si tuvieran datos en firme, ya los habrían utilizado. No es Andrés Manuel López Obrador contra Felipe Calderón Hinojosa, o la izquierda contra la derecha. Es más que eso. En el contexto del apagón de Luz y Fuerza del Centro se enfrentan dos proyectos completamente antagónicos, irreconciliables, con dos ideas muy distintas de país. Los tibios se han hecho a un lado: Jesús Ortega, sólo por poner un ejemplo, tomó un avión para andar lejos: hoy estará en Tabasco. La Comisión de Energía del Senado, que encabeza el priísta Francisco Labastida Ochoa, se ofreció ayer a mediar entre el SME y el gobierno federal. Hizo lo mismo unas horas antes el perredista Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del DF. Pues ni uno ni otro pueden. Labastida ya expresó, incluso a contracorriente del discurso de Francisco Rojas, líder de los diputados del PRI, que está de acuerdo con la liquidación de Luz y Fuerza. Y Marcelo Ebrard está plenamente identificado con la izquierda, y tiene más coincidencias que diferencias con un actor de este conflicto: Andrés Manuel López Obrador. La desaparición de Luz y Fuerza, y su sindicato, se ha convertido en la piedra angular del reposicionamiento político de Calderón de cara a su segundo trienio. Ayer recibió ovación cerrada en un evento empresarial de la CIRT. Quizá por ello esta semana el gabinete no ha hecho otra cosa que desfilar en apoyo a la medida. No sólo han puesto su granito de arena los secretarios implicados en la medida (Energía, Trabajo, Hacienda, Economía, Gobernación y Defensa); también los que, en teoría, no tendrían vela en el entierro. Ayer el titular de la Sedesol, Ernesto Cordero Arroyo, anunció que los 42 mil millones de pesos que cada año se destinaban a LyFC se dedicarán a combatir la pobreza. Buena noticia, sin duda, aunque altamente sospechosa de constituir un argumento en la batalla por la opinión pública. La apuesta de Calderón es enorme. Apunte final: Francisco Rojas y Manlio Fabio Beltrones trabajan en una alternativa de paquete económico alterno al de Los Pinos. Llevan tremenda encerrona con gobernadores y legisladores, líderes y especialistas. En una semana está listo. A ver…

Alberto Aguilar

Nombres, nombres y... nombres 15 de octubre de 2009 Comenta la nota

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Reactiva GDF tercer Metrobús vía PPS, las bases en noviembre y evalúa subir tarifa del Metro con subsidios dirigidos *En 15 días SCT fija precio a combos de radio y refrendos dividen a CIRT; inicia Dish manufactura aquí de decodificadores; Mexicana boletos por Blackberry; Viz galardón y a Nicaragua; México 3,400 mdd de aeropartes SIN DUDA LA Ciudad de México fue por años la principal víctima de la ineficiencia de LyFC. Un 40 por ciento de las ventas de esa extinta entidad eran para la capital, concretamente Metro, sistema de agua y alumbrado. Ahora mismo no es descartable que la consecuencia de actos vandálicos por las huestes del SME que comanda Martín Esparza, recaigan también en esta megalópolis. Ya de por sí, dé por sentado que cantidad de proyectos susceptibles de atraerse, terminaron por localizarse en otras ciudades por la falta de respuesta de LyFC. Y no es un asunto de capacidad de generación, sino de carencia de infraestructura de distribución, o sea falta de subestaciones. El nuevo edificio para el Senado en Reforma vaya que ha sufrido por esa situación. La esperanza es que con la CFE que lleva Alfredo Elías Ayub al mando, decisión tomada por el presidente Felipe Calderón como le adelanté, se subsanarán esas deficiencias quizá en un año, para lo cual habrá que realizar fuertes inversiones. Por lo pronto, como sabe, el gobierno del DF que comanda Marcelo Ebrard, ha tenido que batallar fuerte por el impacto recibido por la crisis del país, al igual que otras entidades. Ni de fábula está entre sus objetivos cancelar la tenencia, siguiendo los pasos del gobierno de Querétaro que lleva José Calzada, puesto que ese impuesto representa 5 mil millones de pesos. Tanto tenencia, como cobro de agua, predial y nóminas, son de los gravámenes que se han comportado favorablemente, mientras que el de autos nuevos y el de adjudicación de inmuebles han caído. En general hay una baja de unos 2 mil 500 millones de pesos en impuestos locales. También las participaciones federales que son el 50 por ciento del ingreso de la capital han bajado 6 mil millones de pesos, aunque con la reserva de fondos para los estados se espera recuperar poco más de la mitad. Obviamente el secretario de Finanzas del Gobierno del DF, Mario Delgado, ha tenido que ajustar el gasto en unos 3 mil 500 millones de pesos. Más el de infraestructura que el corriente, dados sus limitados márgenes en este último. Cantidad de obras se han tenido que posponer como por ejemplo 4 nuevos puentes del Circuito Interior. Aún se mantienen vigentes unos 300 trabajos que generan 60 mil empleos, entre ellos la línea 12 del Metro, pese a que su inversión no es de poca monta. Se ha evaluado incrementar el precio del Metro que comanda Francisco Bojórquez que es el más bajo del mundo, incluso frente al de Bombay . El subsidio es ya de 8 pesos por

boleto. La medida podría aplicarse estableciendo subsidios dirigidos a aquellos ciudadanos que lo requieran y que lo comprueben. Al mismo tiempo el gobierno del DF mantendrá los estímulos para atraer inversión privada. En Reforma se han destinado 740 millones de pesos para captar 29 mil millones de pesos en el conjunto de edificios que se levantan poco a poco en esa avenida. En el mismo contexto le informo que ya se tomó la decisión de reactivar lo que será el tercer Metrobús de la capital y que implicará unos 2 mil millones de pesos. Se utilizará la fórmula del PPS de la que se echó mano para el Circuito Interior y que permitió renovarlo en sólo año y medio, frente a 8 que habría tomado con recursos propios. La nueva línea del Metrobús correrá de Buenavista a Tenayuca y el próximo mes a más tardar se lanzarán las bases. Vía la IP, se realizará el carril confinado y las estaciones, en tanto que para los autobuses se aportarán garantías de riesgo para créditos. Con ello la inversión pública bajará a 600 millones de pesos. El Metrobús mueve más de medio millón de pasajeros que son un 10 por ciento de los que transporta el Metro y a una tarifa mayor. *** LA CÁMARA DE la Industria de la Radio y TV (CIRT) fue informada ayer por la SCT de Juan Molinar Horcasitas que en los próximos días se tendrá la determinación de la contraprestación que pagarán los interesados en los famosos “combos”, o sea el canje de las estaciones AM a FM, para la primera zona en proceso que es el sureste. Este tema ha causado gran efervescencia al interior de esa agrupación, por lo que algunos cuestionan el quehacer de Enrique Pereda. Mientras que la TV logró refrendos por 20 años y sin contraprestación en 2004, la radio obtendría una antigüedad de 12 y con un pago doble, tanto por la extensión a la AM como por el canje a una de FM. Además está la amenaza de que para un tercer refrendo se dé una licitación, que no es el mejor escenario para la certidumbre jurídica de esos negocios. De ahí las críticas y la división que hay en la CIRT que deberá enfrentar Karen Sánchez, una vez que tome posesión esta misma semana. *** AYER DISH MÉXICO de Joaquín Vargas echó a andar en Zapopan, Jalisco su manufactura aquí de sus receptores satelitales, o sea la caja decodificadora que recibe su señal televisiva. La producción estará a cargo del especialista en productos electrónicos SamMina/SCI y con ello espera estar lista para atender la demanda de su avance en el mercado al llegar al cierre del año a un millón de suscriptores. En la ceremonia estuvo el gobernador Emilio González Márquez. *** COMO PARTE DEL nuevo sistema de reservaciones que empuja Mexicana que dirige Manuel Borja Chico, vía su plataforma Amadeus, fíjese que quizá para finales del año ya hasta se podrán realizar estas operaciones con una Blackberry. Incluso se podrá elegir asiento y obtener el pase de abordar, lo que reducirá costos y facilitará la vida a los clientes. *** EL QUE RECIBIÓ ayer el premio como Líder Productor de Carne es Jesús Vizcarra, presidente del Grupo Viz. El reconocimiento lo otorgó la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado (AMEG) que preside Rubén Garza. No es para menos, con SuKarne es el 71 por ciento de las exportaciones del país de carne bovino, básicamente a EU y Japón, aunque trae planes para ir a Nicaragua. Es también el 18 por ciento del consumo de ese producto aquí y da empleo a 5 mil 600 trabajadores.

*** EN UN ESTUDIO de la consultora AeroStrategy se ubicó a México de 1990 a 2009 como el país que más ha captado inversiones en lo que hace a aeropartes arriba de China, Rusia o India con 33 millones de dólares, cifra que obviamente habrá que multiplicar varias veces. Las 190 firmas del rubro se encajan en la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA) que preside Emilio Otero y que lleva Carlos Bello Roch. Van a generar este año exportaciones por 3 mil 400 millones de dólares.

Alberto Barranco

Empresa

15 de octubre de 2009 Comenta la nota

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Dictadura del proletariado Reconocido por el Trife como presidente electo bajo el estigma del “haiga sido como haiga sido”, Felipe Calderón empezó a trazar, en octubre de 2006, la posibilidad de un golpe espectacular que lo asentara en el poder, a imagen y semejanza del “quinazo” La alternativa ideal la planteaba el órgano desconcentrado Luz y Fuerza del Centro, ubicado como el patito feo de la estructura pública, dada su inoperancia, ineficiencia y nula productividad. Así, se le pidió a un despacho especializado trazar una radiografía del organismo: sus puntos negros, sus debilidades, su insolvencia, en paralelo a plantear salidas de emergencia. El documento derivó en su primera fase en un diagnóstico crudo de inviabilidad, en cuyo escenario jugaba un papel estelar el Sindicato Mexicano de Electricistas. De entrada, por ejemplo, se le culpaba a éste de impedir a la Comisión Federal de Electricidad generar energía eléctrica en su “territorio”, lo que habría abaratado el suministro. Luz y Fuerza del Centro generaba sólo 0.7% del total de energía en el país, comprándole a la CFE 98% de la que distribuye a 5 millones de usuarios. El caso es que el organismo es propietario de parte del anillo de alta tensión de 400 kv del valle de México, lo cual no es congruente para una empresa de distribución. En aquel entonces Luz y Fuerza tenía una plantilla de 40 mil 757 trabajadores sindicalizados y 716 de confianza, con un total de 21 mil 865 jubilados, cuyos derechos sindicales, incluido el voto, están resguardados. Estamos hablando del único sindicato con tal estatus. El documento subraya que la estructura de la dirigencia sindical, comisionados de tiempo completo, es decir con goce de salarios, prestaciones y parcialmente gastos de representación, alcanza a 720 trabajadores, equivalentes a casi 2% de los activos, en un escenario en que el número supera siete a uno al personal de la Subdirección de Recursos Humanos, su interlocutor cotidiano. Más allá, el SME mantiene 400 personas contratadas como dependientes para labores

administrativas del sindicato, no obstante reciben prestaciones como integradas a la nómina del organismo, por ejemplo los llamados préstamos blandos. En tiempo de elecciones o en la fase previa a la revisión del contrato colectivo de trabajo, el número de comisionados se eleva hasta 839, en un escenario en que se realizan asambleas y mítines de cientos de trabajadores en horas normales. Firmado originalmente un contrato colectivo de trabajo en 1917 entre la Mexican Light & Power y el Sindicato Mexicano de Electricistas, cuya integración llegó tres años antes, éste se compone de 120 cláusulas principales y diversas transitorias. Además, se suman 500 acuerdos de trabajo y mil convenios departamentales que consigan derechos y prerrogativas adicionales. De acuerdo con éste, el SME tiene la posibilidad de intervenir en la administración del organismo de manera exagerada, y se establece un rígido organigrama que desvincula a Luz y Fuerza de la realidad operativa, así como del desarrollo profesional de los trabajadores. La cláusula dos, por ejemplo, establece que el organismo debe enviar al sindicato los proyectos anuales de presupuesto, programas de obras, inversiones y adquisiciones, además de estados financieros para que los apruebe. Adicionalmente, la cláusula 10 obliga a la empresa a ejecutar funciones ajenas al negocio eléctrico, como talleres automotrices, de carpintería y de construcción. De acuerdo con las cláusulas 27, 28 y 32, el sindicato tiene control virtual sobre contrataciones y aun despidos. Existe, pues, poder de veto sobre sanciones, por más que del otro lado de la mesa, es decir cuando éstas las decide el sindicato, no hay opción de negociación. En uno de los acuerdos anexos, en paralelo, se establecen hasta 2 mil 800 categorías en los 92 escalafones o grupos de trabajadores, subdividiendo actividades mediante una especificidad extrema, lo que dificulta la administración y los trabajos de capacitación por la constante rotación del personal. En paralelo, el contrato colectivo impone sobrecostos vinculados a la realización de los trabajos y prestaciones que, de acuerdo con el documento, resultan en ocasiones ilógicas y muy superiores a las de industrias similares. Así, la cláusula nueve establece que se debe pagar hospedaje y comidas a un trabajador que tenga que salir de su zona o vaya a partes lejanas a ésta. De acuerdo con la cláusula 102, Luz y Fuerza del Centro debe entregar al Sindicato Mexicano de Electricistas 75 millones de pesos por concepto de gastos de contratación; casi 26 millones para fomento de actividades culturales; 3 millones para prorratearse entre jubilados, y adelantos de cuotas sindicales por 2.6 millones en junio para compra de artículos escolares. La suma alcanza 100 millones. Además, LyFC está obligada a regalar 350 KWh mensuales a cada uno de sus trabajadores y jubilados, lo que representa más de ocho veces el consumo de energía para el alumbrado público de toda la capital del país. Dictadura del proletariado. Naturalmente, en el escenario estuvo de un lado la exigencia sindical de más y más, pero del otro la debilidad del gobierno en ceder. Balance general Quien se frota las manos para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dé la razón al Senado en la controversia constitucional que planteará sobre la presunta ilegalidad de la participación de gobiernos extranjeros en el capital de bancos nacionales es

Santander. Y no es, naturalmente, que el banco hispano le apueste a la eventual venta de Banamex, dada la presencia de la Casa Blanca en el capital de su matriz, el Citigroup. Se trata de su propio caso. Como usted sabe, desde la época de Serfin, Bank of America asumió 25% de participación, convirtiéndose, a la llegada de los españoles, es un socio incómodo. La intermediaria fue de las primeras en recibir una inyección de recursos del gobierno de Estados Unidos a cambio de capital. De reivindicarse, pues, la irregularidad, Grupo Santander asumiría de inmediato el paquete como adquisición obligada. ¿Y las pérdidas? De acuerdo con la lógica de la Bolsa Mexicana de Valores, de gravarse, como lo plantea el Partido de la Revolución Democrática (PRD), las ganancias derivadas de operaciones bursátiles a tasa de 17%, tendrían que deducirse, en contraparte, las pérdidas que eventualmente se registraran. Sin embargo, la fórmula no priva en los países en que se ha implantado el tributo, por ejemplo Estados Unidos, Francia, Inglaterra y España. El problema, naturalmente, es implantar un registro sofisticado de las operaciones que permitan identificar las operaciones con lupa. Premio “Reyes Ponce” Este año el premio en honor del maestro Agustín Reyes Ponce que entregan egresados de Administración de Empresas de la Universidad Iberoamericana en su categoría empresarial, se otorgará a Olegario Vázquez Aldir y Gonzalo Araico Montes de Oca. A su vez, en la categoría administración la premiada será Rosa María Barreiro, y Antonio Orta en la academia. En esta ocasión, en paralelo, habrá una distinción especial “honoris causa” para Lucía Millán Costabille, quien desde 1989 ha sido la gran impulsora de la presea.

Maricarmen Cortés

Desde el piso de remates 15 de octubre de 2009 Comenta la nota

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Definirá la SCJN la reforma energética La Cámara de Diputados aprobó presentar una controversia constitucional ante la SCJN sobre dos reglamentos que ponen en jaque a la reforma energética A petición del PRI, que en diciembre pasado aprobó la reforma energética, se aprobó un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para presentar un controversia ante la SJCN en contra del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos y de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional que recién se publicaron en el Diario Oficial, nueve meses después de que la reforma energética fue aprobada en el Congreso. La discusión nuevamente se centra en los contratos de desempeño, porque tanto el PRI como el PRD insisten con una gran miopía de su parte en que cualquier apertura del sector

petrolero que permita una mínima participación de empresas privadas nacionales o extranjeras es una privatización disfrazada del sector. Primero frenaron los contratos de servicios públicos de Pemex y ahora consideran que los dos reglamentos cuestionados van más allá de la reforma aprobada en diciembre pasado y son en realidad contratos de riesgo que absurdamente están satanizados en el Congreso mexicano. Ojalá nuestros legisladores analicen a fondo el caso de Brasil, que pasó en una década de ser un país importador de petróleo a exportador, y Petobras que hace 10 años era una empresa muy pequeña hoy es una de las más grandes y eficientes del mundo. Lo que insisten en no ver nuestros seudo patriotas legisladores es que Brasil, lejos de perder, ganó soberanía al dejar de depender del crudo importado, y Petobras, que sigue siendo una empresa propiedad del Estado brasileño, es también una de las más abiertas del mundo hacia la inversión privada, y ha crecido precisamente con contratos de riesgo en los que, como su nombre lo indica, son los inversionistas privados, no el gobierno brasileño que recibe las ganancias del crudo que sí se ha encontrado. Sener: no habra otra LyFC Ante el alud de críticas que generaron la declaraciones no sólo de la secretaria de Energía, Georgina Kessel, sino del director general de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, sobre la posibilidad de crear una nueva empresa que sustituya a Luz y Fuerza del Centro, la propia Kessel tuvo que salir a autodesmentirse con un comunicado que se emitió el martes en la noche señalando que sí será la CFE la que proporcione el servicio de suministro eléctrico en las zonas donde operaba LyFC, que básicamente abarca al Distrito Federal, Hidalgo y parte de los estados de México y Morelos. Evidentemente sí se consideró la posibilidad de constituir una nueva empresa, pero el presidente Calderón reaccionó a tiempo para no alentar los rumores del SME sobre la intención de privatizar el servicio y porque lo lógico es desde luego que en todo el país sea sólo una empresa la que suministre el servicio eléctrico, porque entre los muchos absurdos de LyFC estaba que la empresa generaba menos de 20% de la electricidad que vende y el resto lo adquiría de la CFE. CFE IMPULSARA NUEVOS SERVICIOS Y aunque en esta etapa la prioridad de Aflredo Elías Ayub es que no se registren problemas en el servicio y proteger la instalaciones de LyFC contra actos de sabotaje, ya comenzó analizar nuevos servicios que se pretende poner en marcha próximamente para que los usuarios comprueben la mejoría en la atención y el servicio. Entre los servicios están los medidores de prepago que han tenido un gran éxito en varios estados de la República Mexicana donde opera Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que tienen la gran ventaja, sobre todo para los usuarios de zonas marginadas, de saber exactamente su consumo de luz y no tener ninguna sorpresa cuando reciba su boleta de pago. Una de las quejas más frecuentes en LyFC es precisamente por cobros indebidos y las aclaraciones se convierten en un vía crucis para los usuarios. GRUMA, OTRA PRORROGA Roberto González Barrera, presidente de Gruma, sigue sin poder cerrar en forma definitiva la reestructura de sus derivados, aunque todo indica que la nueva prórroga que obtuvo y vence mañana será finalmente el capítulo final de este larguísimo proceso, toda vez que los bancos acreedores ya recibieron las autorizaciones definitivas para convertir sus derivados por 738.3 millones de dólares en créditos a mediano y largo plazos. KAREN SÁNCHEZ, PRIMERA PRESIDENTA DE LA CIRT Finalmente sí se mantuvo la unidad en la Cámara Nacional de Industria de la Radio y Televisión con el nombramiento de Karen Sánchez Abbott, quien no sólo es la primera

mujer en llegar en presidir el sector. Sustituye a Enrique Pereda y tomará posesión mañana, y se sacó la rifa del tigre, porque le tocará atender la problemática del cambio de frecuencias AM a FM y el de los refrendos vencidos después de la resolución de la SCJN.

Félix Fuentes

En la Línea 15 de octubre de 2009 Comenta la nota

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Sabotajes, rechazo a liquidaciones y persecuciones

Los primeros actos de sabotaje causaron coraje y decepción en numerosos núcleos del Distrito Federal y el estado de México, donde se registraron apagones. Esta crisis se prolongará porque pocos de los 44 mil miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) aceptan las liquidaciones ofrecidas por el gobierno calderonista. Sin personal suficiente y capacitado para atender los cortes deliberados de energía y las fallas “normales” de instalaciones obsoletas del sistema, la Comisión Federal de Electricidad es incapaz de resolver el problema derivado de corrupción y excesivas prestaciones. En el cruce de acusaciones, el Presidente aseguró que su decisión de desaparecer a Luz y Fuerza del Centro fue “difícil, pero correcta”. Y de nuevo enarboló la bandera de los pobres. Según dijo, prefiere destinar a ellos 25 millones de pesos y no a los electricistas. El presidente endurece su posición y afirmó que con los 42 mil millones entregados a los integrantes del SME pudo construir 90 hospitales como el inaugurado en Puebla, el martes. En respuesta a las arremetidas oficiales, la dirigencia laboral encabezada por Martín Esparza culpa al gobierno de la quiebra de Luz y Fuerza, porque todas las dependencias del régimen federal no pagan el fluido eléctrico. Esparza y sus seguidores se quejan de persecuciones de agentes de la Policía Federal y de la Secretaría de Gobernación, incluso para obligar a algunos trabajadores a que restituyan el servicio eléctrico en lugares donde ocurrieron apagones. Según el SME, numerosos domicilios fueron allanados por agentes federales que pretenden obligar a los trabajadores a aceptar sus liquidaciones y se recontraten en la CFE. Esto advierte que el calderonismo no estaba preparado para liquidar de golpe y porrazo a Luz y Fuerza, porque los sindicalizados no iban a aceptar los pagos de retiro al momento, ni el gobierno dispone de personal capacitado que garantice el servicio. Además, Calderón carece de operadores eficientes. Su secretaria de Energía, Georgina Kessel, no tiene idea de que hacer en esa dependencia. Según dijo el martes pasado, sería creada otra paraestatal para sustituir a la desaparecida. Esto hizo pensar en la privatización eléctrica y provocó fuertes reacciones contra el gobierno. Por la tarde fue desmentida Kessel, cuyo mérito para ocupar su posición actual es haber sido maestra del presidente Felipe Calderón. Mal le va al secretario del Trabajo, Javier Lozano, quien canceló su comparecencia ante comisiones en la Cámara de Diputados “por causas de fuerza mayor”. Por supuesto, el funcionario que durante tres años ha perseguido al líder minero Napoleón Gómez Urrutia no

registra padecimientos como para rehuir a los legisladores, pero en San Lázaro escucharía el griterío de los electricistas. El diputado sonorense Samuel Moreno advierte que debido a los manejos del calderonismo en la industria minera, Cananea suspendió 40% de la producción nacional de cobre y el Grupo México de Jorge Larrea dejó de pagar 5 mil millones de pesos a los trabajadores. Debido a ello en 27 meses de huelga nuestro país adquirió en el extranjero ese metal a un costo de 21 mil millones de pesos. El presidente Calderón afirmó ayer que no atenta contra la vida sindical y respeta su autonomía, pero esto es diametralmente opuesto a las acciones de Javier lozano.

Macario Schettino

Economía Informal 15 de octubre de 2009 Comenta la nota

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Sindicatos Pues resulta que ahora hay una andanada contra el sindicalismo nacional. Se les critica todo tipo de prestaciones, sean o no privilegios, y se empieza a exigir al Presidente que actúe igual con Pemex o con CFE, por no mencionar el IMSS o los maestros. Se trata de una respuesta natural, pero exagerada, a la decisión de liquidar Luz y Fuerza del Centro. No hay comparación entre lo que ocurría en Luz y Fuerza del Centro con ninguna otra empresa paraestatal, o secretaría federal. Nadie tenía un problema financiero tan serio, ni una colección tan amplia de privilegios, más que prestaciones. No cabe duda que varios sindicatos han tenido, o todavía tienen, algunas prestaciones similares al Sindicato Mexicano de Electricistas, pero ninguno se acercaba al conjunto completo. El SME es uno de los sindicatos más antiguos de México, creado desde el Porfiriato en versión mutualista, y muy poco después ya con el nombre actual. De sus filas salió el primer gran líder obrero de México, Luis N Morones, fundador de la CROM, que fue también la primera gran confederación obrera. Morones no sólo logró reunir una gran fortuna, sino que también llegó a ser secretario de Estado (de Industria, Comercio y Trabajo, con Calles, 1924-1928). Su conflicto con Obregón, y el asesinato de éste, provocaron la caída de Morones (llamada entonces el “desmoronamiento”). El gran “movimiento obrero” de México se construirá poco después, entre 1935 y 1936, bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas. Al igual que la CROM, la organización se hace desde arriba, pero en este caso se hace ya prácticamente desde el Estado, situación que se consolida en 1938, con la creación del Partido de la Revolución Mexicana, un partido de doble estructura, territorial y sectorial, que será el eje de la estructura corporativa del régimen de la Revolución. Ese régimen requería, para sobrevivir, mantener a las corporaciones, que eran las que lo sostenían. Esto llevó a que toda la estructura económica y política del país se orientara a cumplir esa relación: el Estado mantenía a las corporaciones, otorgándoles prebendas, y éstas sostenían al régimen autoritario. Así, los sindicatos, en particular los del Estado y los de industria, empezarán a acumular privilegios desde los años cuarenta, en mayor o menor

medida. Los empresarios recibirán un trato también de privilegio, mediante el cierre de fronteras que les dejaba un mercado cautivo, los permisos de importación para sus insumos y el bajo cobro de impuestos, principalmente. Los campesinos tendrán cada vez más tierras, aunque inservibles, y sus líderes podrán acumular créditos impagables y fraudes a los seguros. Las universidades públicas, después del enfrentamiento entre Cárdenas y la UNAM al inicio de su sexenio, serán también soportes del régimen, cantadores de loas al Estado autoritario, a cambio de presupuestos. Todo esto empieza a complicarse en los años sesenta, cuando los recursos ociosos que tenía el país se agotaron en esta distribución. En 1965, ya no había forma de producir la riqueza necesaria para mantener y ampliar los privilegios, como lo exigían las corporaciones. Fue entonces cuando empezamos a contratar deuda externa para poder pagarles. Al principio no fue mucho, porque apenas empezaba el problema pero sobre todo porque nadie nos prestaba, pero después de 1971, con el hundimiento de Bretton Woods, se abre el mercado internacional de capitales y pudimos endeudar a fondo al país. Así lo hizo Echeverría, que en sus sueños era la reencarnación de Cárdenas. Intentó repetir prácticamente todas las medidas del general: movilización sindical, reparto agrario, ampliación de universidades, enfrentamiento con los empresarios. Todo, siguiendo a Marx, en versión farsa, pero financiado con esa deuda externa creciente que en tiempos de López Portillo pondría al país al borde de la destrucción. El reflujo de los años ochenta y noventa desapareció empresas públicas y limitó el crecimiento de algunos privilegios, pero la mayoría sobrevivió. Incluso los cambios tan festejados de Carlos Salinas no tienen mucha importancia porque las estructuras sindicales, campesinas, empresariales, sobrevivieron sin ninguna dificultad a su sexenio. Salinas cambió personas, no estructuras. De ahí la inmensa importancia de la decisión de extinguir Luz y Fuerza, pero también la gran diferencia entre esa empresa y las demás, o entre el SME y los otros sindicatos del Estado. Es importante la extinción porque por primera vez, desde tiempos de Cárdenas, se cambia una estructura corporativa, el último reducto del régimen de la Revolución. Es diferente porque se trataba de un caso extremo, muy costoso, sin prácticamente defensa. No es el caso de ningún otro sindicato del Estado. Pero el punto de inflexión es lo relevante. Los privilegios ya no pueden sostenerse, porque ya no tenemos cómo hacerlo. En realidad, ya no podían sostenerse desde 1965. El endeudamiento permitió extenderlos unos pocos años más, pero fue el descubrimiento de la riqueza petrolera lo que le dio vida artificial al régimen de la Revolución y a sus corporaciones. La riqueza se ha terminado, y no queda más que terminar con los residuos del viejo régimen. En los próximos años, tendremos que acostumbrarnos a vivir con menos dinero, porque perderemos el ingreso que nos daba el petróleo. Ese faltante lo vamos a tener que distribuir entre todos: unos pagando más impuestos, otros teniendo menos presupuesto, y unos más renunciando a sus privilegios, pero manteniendo sus prestaciones. La diferencia será muy importante. En este proceso, México puede convertirse en una de las economías más importantes del mundo, porque habremos eliminado el gran obstáculo: el régimen de la Revolución Mexicana. Feliz Centenario, porque ahora hay algo que celebrar.

Víctor G. Carreón-Rodríguez

La “nueva” arquitectura del sector eléctrico 15 de octubre de 2009

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El decreto que establece la extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro implica una nueva arquitectura del mercado eléctrico en México. Sus repercusiones se observarán en tres dimensiones: en el modelo que seguirá nuestro país, en las finanzas públicas y en la estructura tarifaria. “Nueva” arquitectura del mercado. En este sector tenemos básicamente cuatro posibles arquitecturas. La primera está dada por un sector integrado verticalmente en manos del Estado. Este es el modelo del monopolio, en el que no existe competencia en absoluto. El segundo modelo permite la competencia en generación. En este caso, un solo comprador elige entre distintos generadores a quienes comprará energía en función de precios, disponibilidad y localización. El tercero introduce competencia en generación y en la oferta mayorista. En este caso, la(s) empresa(s) de distribución puede(n) elegir a quién le comprará(n) la energía que después venderá(n) a los consumidores finales. Por último, la cuarta arquitectura permite a los consumidores elegir al proveedor. Aquí hay una competencia completa. Nosotros tenemos la primera arquitectura de mercado. Hasta el viernes se tenían dos empresas públicas, CFE y LyFC, encargadas de las tareas de generación (con participación del sector privado), transmisión, distribución, comercialización y operación del sistema. A pesar de tener participación privada en la generación de electricidad bajo los esquemas autorizados, no hay competencia entre generadores. El decreto presidencial no nos llevará a una nueva arquitectura, pensando en cualquiera de las tres alternativas posibles, pues él mismo dijo que no habrá cambio en materia constitucional y de leyes que rigen este sector. Esto implica que la desaparición de LyFC sólo plantea dos posibilidades: 1) la CFE se encarga totalmente de las tareas de LyFC, y 2) se crea una empresa que las realice. En los dos escenarios seguiremos con el monopolio estatal realizando todas las tareas bajo un esquema de integración vertical. Finanzas públicas. En este rubro se tendrá el impacto más importante. LyFC recibió transferencias por más de 45 mil mdp en 2008 y se estimaba que este año recibiría un monto similar. Si ponemos esto relativo a lo que costará la liquidación, la ineficiencia de la empresa se hace más evidente. Según el Ejecutivo, el costo rondará los 22 mil mdp con liquidaciones por encima de la ley y del contrato colectivo. El costo será casi de la mitad de los recursos que debería recibir la empresa este año. Si la empresa que quede en lugar de LyFC, ya sea CFE o una nueva, opera eficientemente, las finanzas públicas lo agradecerán (y los contribuyentes lo recibiremos mejor). Los márgenes de mejora son enormes. De acuerdo con reportes de LyFC, CFE y Sener, las pérdidas de energía en los últimos tres años promediaron más de 30% para LyFC. Los minutos de interrupción por usuario aumentaron de 111 en 2006 a 148 en 2008. Las inconformidades de los usuarios son el doble que las de CFE. La conexión promedio para nuevos usuarios (los que lo conseguían) es de seis días en LyFC contra uno en CFE. Mejorar estos indicadores es factible, pues una empresa pública los tiene (esto no quiere decir que es lo mejor que se puede hacer en el sector, ni a lo que debamos aspirar). Las ganancias monetarias se deben reflejar en una disminución de los recursos públicos que se destinan al sector. Tarifas. Los efectos de esta decisión no se verán reflejados inmediatamente en las tarifas, independientemente del tipo de consumidor. Recordemos que éstas están subsidiadas. En 2008, en promedio, pagamos alrededor de 67% del costo del servicio, aunque esta proporción varía dependiendo del tipo de consumidor. Los residenciales pagamos 50%, los comerciales 94%, los del sector servicios 73%, los agrícolas 30% y los industriales 88% (Sener, 2008). Entre empresas también se observa una diferencia. Los consumidores de

CFE pagaron 72% del costo, mientras que los de LyFC sólo 47%. Mientras la estructura tarifaria y de subsidios no se modifique, los consumidores no veremos una reducción en las tarifas que paguemos. Todas las ganancias de la decisión de desaparecer LyFC se verán reflejadas en las finanzas públicas, pues se requerirán menores transferencias hacia el sector debido a las ganancias en eficiencia. Las ganancias en tarifas se verán sólo cuando el sector en su conjunto se vuelva más eficiente. Lo que indudablemente se deberá generar con esta decisión es un sector que provea el servicio con mejor calidad y más eficientemente. Profesor investigador del CIDE

Ernesto López Portillo

La defensa de los derechos humanos 15 de octubre de 2009 Comenta la nota

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La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos presentó su Informe sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos en México. El reporte recoge hechos de agresión u obstaculización a su trabajo, sucedidos entre enero de 2006 y agosto de 2009. Fueron visitadas 10 entidades federativas y entrevistados 400 defensoras y defensores, más 20 periodistas. Representantes de esta oficina de la Organización de las Naciones Unidas visitaron diversas dependencias de la Administración Pública Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Cuestionarios enviados fueron respondidos por 41 organizaciones de la sociedad civil. Se documentaron 128 casos de agresión u obstaculización de funciones contra las y los defensores. Las entidades de mayor registro fueron Oaxaca, DF, Guerrero, Chihuahua y Chiapas. Los casi 130 eventos representan, según el informe, “una situación generalizada”. Los hechos, de mayor a menor frecuencia, son: amenazas, uso arbitrario del sistema penal, hostigamiento, injerencias arbitrarias, declaraciones de desprestigio, privación arbitraria de la vida, agresiones físicas, atentados, detenciones arbitrarias y violación al derecho a la libertad y seguridad personal. Diez defensoras y defensores fueron asesinados en el periodo citado. En la mitad del total de los casos anotados en el reporte se desconoce a los perpetradores, pero entre los conocidos destacan los integrantes de la procuración y administración de justicia estatal, civiles con posible anuencia de la autoridad, los integrantes de la procuración y administración de justicia federal y las autoridades municipales. El 98% de las agresiones contra defensoras y defensores quedó sin procesamiento judicial, proporción idéntica al patrón de impunidad que describe el colapso del sistema de justicia penal en todo el país. El texto apunta hacia problemáticas profundas que desnudan la relación entre gobierno y gobernados en México y los derechos humanos. Los funcionarios de la ONU documentan prejuicios, estigmas y prácticas culturales discriminatorias, que afectan por igual los derechos humanos y el trabajo de quienes los defienden. Vale traer un par de datos de otras fuentes. Siete de cada 10 mexicanos perciben que los derechos humanos no se respetan en México, según halló EL UNIVERSAL en su encuesta publicada el pasado

martes. Por otra parte, 60% se manifiesta poco o nada satisfecho con el respeto a los derechos de las personas, según reportó la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas de 2008 (Secretaría de Gobernación). He sido testigo directo del más implacable acoso a defensoras y defensores de derechos humanos. He mirado ya sea la total indiferencia desde las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, o la abierta obstaculización frente a las investigaciones de hechos que implican, incluso, la muerte de alguna o algún defensor. Pero también he escuchado en incontables ocasiones la condena desde la sociedad en contra de quienes trabajan por los derechos humanos. Una y otra vez me ha tocado la repetición de esos prejuicios que descalifican al sector de la sociedad civil y a los organismos públicos creados para promoverlos y defenderlos. El más común, absurdo y dañino de todos esos prejuicios es el que reduce la defensa de los derechos humanos a la defensa de los delincuentes. Ninguna evidencia acredita esta afirmación, que más bien expresa un desprecio quizá masivo, desde el tejido social y desde el aparato público, que termina por cerrar una pinza que estigmatiza los derechos humanos y todo lo que tiene que ver con ellos. El informe del Alto Comisionado de la ONU agrega elementos a la contundente y numerosa evidencia respecto al extendido y sistemático conflicto entre las autoridades y los derechos humanos en México. Y lo hace dos meses después de que el presidente Felipe Calderón convocara a “probar un caso, un solo caso en que no haya actuado la autoridad, en que se hayan violado los derechos humanos, en que no hayan respondido las autoridades competentes para castigar a quienes hayan abusado de sus competencias legales: sean policías, sean soldados o cualquier otra autoridad”. Así, el conflicto que identifico se expresa desde el pináculo mismo del sistema político mexicano. Director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC

Emilio Rabasa Gamboa

¿De quién la responsabilidad? 15 de octubre de 2009 Comenta la nota

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En la decisión del gobierno federal de extinguir a la empresa Luz y Fuerza del Centro (LyFC) destaca el desastre económico como el eje de su justificación, esto es, el creciente monto de los subsidios multimillonarios a una empresa ya quebrada desde tiempo atrás y a su sindicato. Sigamos la lógica de este razonamiento. Afirma el desplegado del gobierno del lunes pasado: “El costo que tendríamos que pagar por mantener en operación este organismo alcanza los 300 mil millones de pesos durante la presente administración, y seguiría creciendo hasta hacerse impagable”. Este impresionante volumen de recursos se acerca al tamaño del boquete que generó a las finanzas públicas la caída de los precios del petróleo, y por el cual el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, propuso un paquete fiscal con impuestos al alza a la presente Legislatura. Si se compara la productividad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con la de LyFC, todos los indicadores de esta última son negativos. Tiempo de interrupción por

usuario: CFE, 79 minutos; LyFC, 148.02 minutos. Plazo de conexión a nuevos usuarios: CFE, 0.96 días; LyFC, 5.8 días. Usuarios por trabajador de operación: CFE, 392.3; LyFC, 537.5. Pérdidas totales de energía: CFE, 10.6%; LyFC, 32.45%. Inconformidades por cada mil usuarios: CFE, 5.1; LyFC, 11. Generación de energía: CFE, 1.76 gigawatts por trabajador; LyFC, 0.72 gigawatts por trabajador (fuentes primarias: CFE y LyFC). “Los costos de LyFC —señala el decreto de extinción— casi duplican a sus ingresos por ventas; de 2003 a 2008 registró ingresos por ventas de 235 mil 738 millones de pesos, mientras que sus costos fueron de 433 mil 290 millones de pesos”. Adicionalmente, “el organismo registra un pasivo laboral de 240 mil millones de pesos, de los cuales solamente 80 mil millones corresponden a trabajadores en activo y 160 mil millones al personal jubilado”. Frente a esa monumental catástrofe es elemental preguntarse y preguntar al gobierno: ¿y cómo pudo subsistir tanto tiempo esa empresa pública con su sindicato en esas condiciones? No hay magia en ello. El presidente Calderón nos ofrece la respuesta cuando señala: “Desde su creación, el organismo descentralizado no ha cesado de recibir transferencias presupuestarias cuantiosas, las cuales lejos de disminuir se han visto incrementadas en los últimos años; basta señalar que de 2001 a 2008, tales transferencias se incrementaron en más de 200% y que para el presente ejercicio dichas transferencias serán del orden de 41 mil 945 millones de pesos” (Diario Oficial del domingo 11 de octubre de 2009, página 3). Los ciudadanos y los causantes cumplidos con el fisco tenemos el derecho de saber: ¿cómo es posible que “el organismo descentralizado subsiste por las transferencias que hace el gobierno federal para mantenerlo”? Esto significa que se utilizaron nuestros impuestos, y además con la autorización del Congreso, para financiar a una empresa altamente improductiva al extremo de llegar a ser inviable. Pero el colmo: esto ha sido “desde su creación”, esto es, desde el 9 de febrero de 1994, por Carlos Salinas de Gortari, lo que quiere decir que los gobiernos, tanto priístas como panistas (desde Fox en 2001, las transferencias incluso se incrementan en más de 200%), no sólo han tolerado, sino auspiciado esta situación a todas luces insostenible, y a lo largo de ¡15 años! ¿Por qué? Porque a pesar de las reformas para democratizar a este país, no se ha querido y/o podido desmantelar al Estado clientelar, el peor enemigo de la democracia, y preferimos mantenerlo con sus privilegios para la casta dirigente, mediante un intercambio de corte feudal, en lugar de extinguirlo para beneficio del pueblo. Profesor investigador del Tec de Monterrey, CCM

José Luis Calva

Lecciones de Ortiz Mena 15 de octubre de 2009 Comenta la nota

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La decisión del Senado de otorgar la medalla Belisario Domínguez 2009 a don Antonio Ortiz Mena, además de atinada, es oportuna. El Senado reconoce su desempeño como

secretario de Hacienda (1958-1970), cuando el PIB de México creció a una tasa media de 6.8% anual y el PIB per cápita a una tasa de 3.4% anual. Desde luego, la relevancia del cuánto debería asumirse como invitación al estudio del cómo: id est, de la política económica del desarrollo estabilizador. Para empezar, hay que recordar sus objetivos estratégicos: lograr un crecimiento acelerado del producto nacional y del empleo, en condiciones de estabilidad de precios y mejoramiento de la distribución del ingreso. Ergo, la búsqueda del equilibrio fiscal como objetivo prioritario a ultranza jamás caracterizó su política hacendaria. En el programa de Política Económica Nacional, que Ortiz Mena elaboró para el candidato presidencial Adolfo López Mateos, se estableció: “Sin perjuicio de seguir haciendo esfuerzos por mantener el equilibrio de la cuenta pública cuando convenga, el presupuesto anual de egresos del gobierno federal debe responder fundamentalmente a la necesidad de que el Estado coadyuve a la solución de problemas económicos y sociales de gran importancia nacional” (A. Ortiz Mena, El desarrollo estabilizador: reflexiones sobre una época, Colmex-FCE, México, 1998). En su análisis ex post Ortiz Mena sólo admite un límite a la expansión fiscal para conseguir el crecimiento económico acelerado con estabilidad de precios: “Los déficit fiscales debían ser compatibles con la capacidad de endeudamiento de la economía y financiables mediante fuentes no inflacionarias” (op. cit). De hecho, en su gestión el déficit del gobierno pasó de 0.41% del PIB en 1958, a 1.57% en 1960 y a 1.84% en 1970; y el déficit agregado del sector público fue de 2.7% del PIB en 1960 y 3.8% en 1970. Hay que remarcarlo: Ortiz Mena jamás dudó en desactivar una recesión con políticas fiscales expansivas, como en 1958 cuando se “incrementó sustancialmente el gasto público con el objetivo de evitar una recesión” (op. cit). Cuando se hizo necesario, el déficit fiscal aumentó (a 4.6% del PIB en 1964), pero se redujo tan pronto fue posible sin contraer el producto nacional. En promedio, en 12 años de desarrollo estabilizador, el déficit público fue 2.6% del PIB. ¿Y qué ocurre ahora? En medio de la más profunda caída del PIB mexicano desde la Gran Depresión, la SHCP propone una política fiscal contraccionista: un recorte brutal del gasto (incluso en educación, salud, agricultura); un incremento descabellado de impuestos (incluido uno de 2% sobre bienes y servicios, y un incremento del ISR que pega a los ricos, pero también a las clases media y media baja). Esta postura fiscal comprimirá más las ventas, la producción y el empleo, prolongando la recesión. Ya lo había advertido Albert Einstein: “Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo”. Por casi tres décadas de modelo neoliberal, la obsesión por el equilibrio fiscal ha traído repetidos ciclos de freno y arranque, que han contribuido al paupérrimo crecimiento económico: entre 1983 y 2009 el PIB sólo ha crecido a una tasa media de 2.1% anual, y el PIB per cápita a una tasa de 0.4% anual. Más aún: si se incluyen los mexicanos emigrados al extranjero, el crecimiento del PIB per cápita ha sido 0.1% anual. Estamos en pleno estancamiento estabilizador versus desarrollo estabilizador. Durante la gestión de Ortiz Mena el poder adquisitivo de los salarios mínimos se incrementó 105.9% entre 1959 y 1970; mientras que bajo el modelo neoliberal los salarios mínimos han perdido 71.3% de su poder de compra entre 1983 y 2009. La benemérita elevación del nivel de vida de los asalariados en la gestión de Ortiz Mena no fue casual: el desarrollo estabilizador comprendió el firme propósito de “aumentar los salarios reales” y “mejorar la participación de los asalariados en el ingreso nacional disponible” (op. cit), para lo cual aplicó una política de incremento de los salarios mínimos a tasas siempre mayores que la suma de las tasas de inflación y de incremento de la productividad. El próximo 22 de octubre, el Senado entregará la medalla Belisario Domínguez a los familiares de Ortiz Mena. ¡Que sus buenas lecciones de política económica sean asimiladas por lo mejor de nuestra clase política!

Investigador del IIEc de la UNAM

Alfonso Zárate

Luz… y fuerza 15 de octubre de 2009 Comenta la nota

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Ya era hora. Tanto sembraron “diablitos” que al final se les apareció Satanás. Ahora resulta claro a qué se refería el presidente Calderón cuando en su mensaje del 2 de septiembre advirtió que el país requería cambios de gran calado y que los haría aún a pesar de sus riesgos y costos. En los últimos años, el descrédito del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) fue creciendo: lo vulneraron la ineficacia y la corrupción; las trampas en sus elecciones internas que agotaron su perfil democrático; el discurso bravucón, intimidatorio, hacia la autoridad; su resistencia a instrumentar los programas de productividad pactados; el agotamiento de la empresa mientras la cúpula sindical engordaba... El SME terminó constituyendo un dique a la salud financiera, la modernización y la eficiencia. Poco a poco fue mostrando nítidamente su verdadera naturaleza: el “comité central” no resultó sino una camarilla apropiada de la empresa que hizo del patrimonialismo su modus operandi. La arrogancia y la insensatez de esa dirección sindical se nos restregó una y otra vez a lo largo de los años. Sólo dos ejemplos: después de la demanda incluida en el pliego petitorio de la más reciente revisión de su contrato colectivo de terapia con delfines, la última excentricidad fue la inauguración, en plena época de “vacas flacas”, de un gimnasio que requirió una inversión de 103 millones de pesos. Nadie debería reprobar que en un país de enormes desigualdades haya un sector de trabajadores con jugosos ingresos y prestaciones. Lo grave es que esas condiciones no corresponden a la realidad de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) ni del país. No estamos ante una empresa minera o telefónica que gana miles de millones al año y en la que el reclamo de una distribución más justa de la renta se justificaría plenamente. Aquí, por el contrario, los gravosos términos pactados en las negociaciones colectivas se explican por la debilidad en unos casos y la irresponsabilidad en otros, de quienes, desde la dirección de la empresa y los niveles políticos más altos, fueron cediendo a lo largo de décadas a pliegos petitorios onerosos, excesivos, que hoy pesan sobre los contribuyentes y resultan impagables. Con sentido de oportunidad política —la celebración del triunfo de la Selección Mexicana de Futbol sobre la de El Salvador—, la Policía Federal ocupó las instalaciones mientras se publicaba en el Diario Oficial la decisión gubernamental de extinguir el organismo público Luz y Fuerza del Centro. Lo que ocurra con LyFC y el SME es un asunto de seguridad nacional, tanto por su

ubicación geográfica (atiende la zona central de la República, aproximadamente, 25% de los mexicanos) como porque asegura el funcionamiento de zonas industriales que generan aproximadamente 40% de la producción nacional. Detrás de la decisión del gobierno de Felipe Calderón hay razones económicas, técnicas, políticas... En lo económico, la inviabilidad de la empresa que impactaba severamente en el presupuesto; en lo técnico, los impactos en la prestación del servicio de la deficiente operación; en lo político, evitar que el mal ejemplo cundiera y restarle recursos al presidente legítimo. Como en tantos otros espacios de la vida pública, el sector eléctrico mexicano debe cambiar profundamente y en plazos muy cortos, tomando en cuenta las décadas de atraso tecnológico, abandono financiero y desorden administrativo, y transformarse para responder a las exigencias económicas, socioproductivas y democráticas del nuevo tiempo mexicano inscrito en el complejo escenario mundial. Pero ante la liquidación de la empresa no sigue el pasmo; distintas acciones de resistencia están en curso y, a diferencia de otras organizaciones, los electricistas no están solos. El SME —un sindicato pragmático con un discurso de izquierda— se ubica en el sindicalismo llamado “independiente” y su densa red de aliados incluye lo mismo académicos que partidos políticos, sindicatos que organizaciones sociales e, incluso, grupos antisistémicos. Por eso a sus movilizaciones, como la de esta tarde, se agregará un variopinto conjunto de organizaciones que intentarán estirar la liga y pueden trastocar la capital del país y otras áreas bajo su influencia. El expediente no está cerrado. La decisión de liquidar Luz y Fuerza del Centro puede detonar un movimiento social de gran envergadura que, más allá de la protesta callejera, incluya la interrupción intencional del servicio o, incluso, expresiones de sabotaje que afecten el suministro de la energía eléctrica. En un momento en que el desempleo alcanza niveles inéditos, se suman 40 mil desempleados más, al tiempo que crece el número de pobres. Estos y otros datos (la lenta recuperación de la economía, la caída de las remesas, etcétera) parecen configurar condiciones para una conflictividad social en la que el SME no sería sino un pretexto, porque los verdaderos temas son el empleo, la desesperanza y el resentimiento social. El gobierno de Felipe Calderón hizo lo que tenía que hacer. Se necesitaba algo más que determinación para enfrentar a esta organización y se tuvo: luz… y fuerza. Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, SC

Ricardo Alemán

Itinerario Político 15 de octubre de 2009 Comenta la nota

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SME: las mentiras Escucha al autor

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Del viejo refranero de la política rescatamos un clásico: “Cuando se acaban los argumentos, aparecen mentira e insulto”. Y viene a cuento por la reacción del SME y sus aliados a la sorpresiva liquidación de LyFC. Es evidente que se quedaron sin argumentos y que, por ello, reaccionaron con el arsenal de mentiras. 1. La madrugada del domingo 11, voceros y líderes del SME gritaron a los cuatro vientos que en la toma de las instalaciones de LyFC participó el Ejército. ¿Por qué esa mentira? Porque intentaron darle al golpe un matiz represivo. Saben que venden el 68 y el 71. 2. Con la misma lógica gritaron que la PFP reprimió y golpeó a trabajadores y causó destrozos. Mentira, porque de haber existido un solo golpeado, lo habrían exhibido como espectáculo de circo. 3. Sin ofrecer un análisis, estudio o peritaje de especialistas, también gritaron que el decreto era ilegal e inconstitucional. Estrategia idéntica a la del “fraude”, luego del 2 de julio de 2006. Sin evidencia, reclamaron controversia constitucional, acción de inconstitucionalidad y, en el extremo, crear una comisión del Congreso. Mentira y pataleo. 4. Con mayor estridencia que las anteriores mentiras, antes, durante y después de la liquidación de LyFC gritaron que el perverso gobierno escondía la privatización eléctrica y el remate a particulares de la fibra óptica. Mentira, la CFE se hará cargo, y punto. 5. En el colmo del engaño y la desesperación, Martín Esparza gritó fuera del Congreso que en Los Pinos no se pagaba la luz. Mentira que exhibió como mentiroso a Esparza, quien no ha dicho que es un rico hacendado —criador de caballos y gallos— y gana 372 mil pesos al mes. 6. El martes, voceros y líderes del SME dijeron en diversos medios que policías federales secuestraban a trabajadores para llevarlos a reparar las fallas; que les ofrecían 26 mil pesos para regresar a trabajar; que los sacaban de sus casas por la fuerza para hacer reparaciones... Todo eso lo avaló el propio Esparza. Mentira que tampoco prendió. 7. Los dirigentes del SME dijeron públicamente que no habría sabotaje. Lo cierto es que en buena parte de las colonias donde se registraron apagones, la CFE encontró “las cuchillas bajadas”. Por prudencia, el gobierno no ha hablado de sabotaje, pero coinciden las “cuchillas bajadas” con los reportes de falta de suministro. ¿Casualidad? 8. Dice el SME que tiene el apoyo social. ¿Apoyo social o acarreo interesado? Al tiempo. EN EL CAMINO En el PRI van a salir con su domingo siete. Apoyarán buena parte del presupuesto de Calderón, pero le darán una revolcada. Por eso el secreto.

Carlos Loret de Mola

Historias de reportero 15 de octubre de 2009 Comenta la nota

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Se hacía grandota, se hacía chiquita

¿Alguien sabe cuál es el estado real de la influenza A H1N1 en México, actualmente? Porque contrastar las declaraciones de los funcionarios encargados de controlar y prevenir la pandemia arroja justo lo que la población no necesita ante una amenaza: incertidumbre, contradicciones y descontrol. Al declarar oficialmente iniciada la temida segunda oleada de contagios, que llegaba al arranque de septiembre antes de lo esperado, el secretario de Salud federal, José Ángel Córdova, declaró cuando lo entrevistamos en tele que “podríamos tener un millón o más de pacientes sintomáticos; esto pudiera crecer hasta 5 millones o más (de contagios) y esperamos poder contener la mortalidad, que no rebase los 2 mil pacientes”. Lo dijo el 17 de septiembre. Una semana más tarde, el 25 de septiembre, durante la clausura del cuarto Foro Internacional sobre Alcoholismo, bajó el tono y el tamaño de la pandemia: “La influenza se queda chiquitita y no tiene la menor importancia comparada con el daño que provoca el alcohol”. Lo secundó el 6 de octubre su alumno y especialista respaldado por la Secretaría de Salud, con gran capacidad de expresión mediática, el doctor Alejando Macías, subdirector del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, quien explicó ante la American Chamber of Commerce que “esta epidemia, por lo menos la que estamos teniendo, no es una amenaza para la seguridad nacional”. Un día después, el 7 de octubre, resultó que sí. Córdova declaró a colegas reporteros, de gira por su natal Guanajuato: “Cualquier enfermedad grave, contagiosa, sí es un problema de seguridad nacional”. La influenza se hizo grandota… …pero sólo un ratito, porque para ese mismo día, por la tarde entrevistado en radio, el subsecretario de Salud, Mauricio Hernández, fue contundente: “No es un asunto de seguridad nacional”. Y se volvió a hacer chiquita. Este martes 13 de octubre seguía chiquita, pues tras firmar un convenio contra las adicciones, el secretario Córdova explicó que “estamos viendo 300, 400 hasta 500 casos diarios en todo el país; no ha habido un incremento brutal”. Pero se hizo grandota un día después, ayer 14, cuando al comparecer ante diputados, el propio funcionario del gabinete federal informó que de lunes a martes se registraron mil 311 casos, el triple del estimado diario difundido el día anterior. Sin vacunas y sin comunicación clara, a ver cómo se pone el invierno de influenza. SACIAMORBOS Calculan, apuestan, aseguran que pasará su impuesto exentando una canasta de productos básicos.

Lydia Cacho

Plan B

15 de octubre de 2009 Comenta la nota

¿País podrido?

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Las calles se llenan de personas que defienden de todo. Sus cotos de poder corrupto o un puesto de trabajo digno; muchos defienden la injusticia de siglos de pobreza, otros su cómodo puesto de aviadores sindicales. Otros protegen sus canchas de tenis de superlujo y la posibilidad de manipular a miles de personas para avalar el sindicalismo charro electorero. Cada persona que marcha tiene motivos personales, algunas defienden sus valores y otras sus intereses superfluos. Otros les miran con recelo, descalifican su movilización y de pronto ya no hay personas: hay enemigos a muerte. Columnistas que escriben filtraciones desde el poder, otros que descalifican y se burlan de quienes marchan señalándoles como el mal del país. Otros les aplauden y les reivindican como si fueran todos santos, víctimas del sistema. Y la ira se retroalimenta. Cada cultura construye sus propias justificaciones de las conductas violentas de sus miembros, provee normas como excusas culturales de la violencia, verbal, escrita o física. Lo peligroso es que estas prácticas cada vez más comunes en México ayudan a deshumanizar a los grupos que disienten. La violencia alimenta la desconfianza, el odio. Millones ya no saben qué y en quién creer y aseguran que el país está podrido. Lo malo de un país podrido es que las personas dejan de mirarse mutuamente como humanas, se cosifican como objetos descompuestos, incapaces de transformarse y crecer, de arrepentirse y mejorar. Hay quienes por la frustración sufren de embotamientos afectivos y dificultades para discriminar entre los estímulos externos y diferenciar entre lo verdaderamente esencial y lo que no lo es; lo que es honesto y lo deshonesto. La moral y la ética tienen una mala fama en nuestro país. Fernando Savater dice que la ética es el saber vivir: el arte de discernir lo que nos conviene (lo bueno) y lo que no nos conviene (lo malo). El maestro nos recuerda que hay que inventar soluciones razonadas. México no se pudre, pero abonamos su descomposición cuando nos negamos a hacer una reflexión ética, cuando decidimos seguir animando el odio sin tomar decisiones informadas para negociar los conflictos y diferenciar entre los truhanes y las víctimas.

Ricardo Rocha

Detrás de la Noticia 15 de octubre de 2009 Comenta la nota

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Segundo tiempo

Para una evaluación de la primera mitad, resulta indispensable la primera plana de ayer en EL UNIVERSAL, que no tiene desperdicio. Primero, una encuesta —esta sí creíble— que prácticamente divide a la opinión pública entre los que aprueban y los que desaprueban la liquidación de Luz y Fuerza del Centro; aunque hay que reconocer la ventaja relativa de 48% a 43% para el gobierno. Llaman también la atención otros rubros del sondeo: desde luego funcionó la atosigante campaña contra el SME, cuando 66% a 18% dominan quienes piensan que los trabajadores

maldecidos por el régimen tienen —o tenían— condiciones laborales muy superiores a los demás trabajadores mexicanos; pero la gente no se chupó todo el dedo porque una clara mayoría de 49% a 21% advierte que esas condiciones de privilegio eran también para los directores y empleados de confianza de la paraestatal y no sólo para la base sindicalizada. Pero en la misma encuesta hay una pregunta clave que está cerradísima: apenas por dos pelos de 41% a 39% se imponen los que opinan que mejoró el gobierno de Felipe Calderón a quienes piensan que, por el contrario, empeoró después del cierre de Luz y Fuerza. Yo no sé qué cálculos hicieron los que desde el primer círculo apostaron a un gran golpe mediático que mostrara un gobierno macho, fuerte, audaz y valiente. Si brincan de gusto o si trinan de coraje porque creen que por tan dudoso resultado se pagó un precio demasiado alto. Pero más aún, en esa misma primera plana de EL UNIVERSAL una gráfica comparativa entre la satanizada Luz y Fuerza y la idealizada Comisión Federal de Electricidad sintetiza que “tan caro el pinto como el colorado”. En datos reveladores como ingresos, aguinaldos, vacaciones, fondos de ahorro, energía gratis, renta de casa, jubilaciones y otros apoyos, se demuestra que los magnificados privilegios de los trabajadores del SME no son mucho mayores —y en varios aspectos son menores— a los que gozan trabajadores de la CFE. En lo personal, hay otros números que tampoco me cuadran: se ha dicho hasta la saciedad que Luz y Fuerza requería de sólo 22 mil de sus 44 mil trabajadores parásitos; pero hasta ahora la CFE ha enviado sólo 8 mil para hacerse cargo en definitiva de la operación; por lo que, según yo, faltan 14 mil; a los que hay que sumar esos 8 mil que suponemos tienen que regresar a sus puestos en la eficientísima CFE; así que hay que preguntarse de dónde saldrán los 22 mil trabajadores necesarios para operar lo que fue Luz y Fuerza. ¿Acaso de entre los 44 mil despedidos e inútiles según el criterio oficial? O piensan inventarlos a todos de un día para otro en un gigantesco Frankenstein colectivo. Por cierto, hoy comienza el segundo tiempo de este rudísimo partido que luego del descontón inicial promete muchas sorpresas. Este día habrán de mostrar el músculo el SME y sus aliados, en una marcha que desde ayer está siendo minimizada por quienes nunca caminan las calles y siguen viendo la realidad desde su pantalla de laptop o la ventanilla del avión. Por lo pronto, el árbitro ya pitó y el balón se puso en movimiento.

Frentes Políticos Frentes Políticos 15-Oct-2009

I.Luz y Fuerza del Centro seguirá con mucho que decir y mucho por investigar, dado que hay dudas y suspicacias en relación a un contrato que la paraestatal firmó con la empresa WL Comunicaciones, propiedad de Ernesto Martens y Fernando Canales Clariond, y de la que se presume le fue concesionada la operación, mantenimiento e instalación de la red de fibra óptica de la compañía en extinción, por lo que los empresarios andan preocupados y no saben ahora quién va a responder. II.Comentan en los pasillos de Los Pinos que quien se sacó un diez en los últimos días por su trabajo y recuperó bonos fue el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, ya que, de forma discreta, limpia y sin raspones, operó la toma de las instalaciones de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC). Hasta ahora los operativos en cada una de las estaciones, oficinas y sobrevuelos se han llevado acabo y sin contratiempos.

III.Quien amagó ayer con soltar una bomba fue el ex secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, Raúl Grajeda Domínguez, que, mediante una misiva enviada a Felipe Calderón, le dijo que de no resolverse el secuestro de uno de sus colaboradores, revelaría una red de corrupción relacionada con el crimen organizado. Dicen que tiene nombres de funcionarios y ex funcionarios, empresas nacionales e internacionales, senadores, ex mandatarios estatales, incluido personal del PAN. Varios andan angustiados. IV.Una preocupación agobia a los diputados y quizá por eso su trabajo transcurre a paso lento, tanto que en esta Legislatura el rezago llega a las tres mil iniciativas, pero empeora ahora que el fantasma de la influenza ronda en San Lázaro. La pandemia fue el tema que ocupó la atención de la Junta de Coordinación Política conformada por los siete líderes de los grupos políticos y llegaron a una determinación: que el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, envíe cuanto antes las vacunas… para cada uno de los 500 diputados. V.Clara Brugada tiene los días contados… Así lo dijo Rafael Acosta, que amenazó con regresar en 45 días a gobernar la delegación Iztapalapa. Juanito advirtió “que para que no corra sangre” hará un gobierno de composición, “50% de los puestos serán para Brugada y el restante para mí y para la gente que me apoyó en la campaña”. La última vez dijo que estaba enfermo y por eso dejaba a Clara, lo cual no creímos, pero ahora estamos seguros, sí se encuentra malito, aunque no del corazón, sino de la cabeza. VI.Pobres. La situación económica obliga a los diputados federales a sacrificar sus lujos. La LXI Legislatura planea acabar con las comilonas, viajes, viáticos, seguro médico particular y los fistoles de oro para presumir en sus solapas. ¿Seguros? Excélsior dio a conocer que para este año los diputados gastaron dos millones 700 mil pesos en fistoles de oro, por lo que la Secretaría General de la Cámara quiso desmentirlo, pero hoy el presidente del Comité de Administración, Heliodoro Díaz Escárraga, del PRI, reconoció ese gasto. Sería un crimen quitárselos… y, además, ¡son tan lindos! El dinero va y viene.

Por México, ¡fuera fueros e impunidades! Rafael Álvarez Cordero 15-Oct-2009 Vimos con sorpresa y agrado cómo, unidos y coordinados, Gobernación, Hacienda, Trabajo, Energía y Comisión Federal de Electricidad, dieron en minutos el más contundente golpe al charrismo sindical.

Bien y de buenas estuvo el sábado pasado el Presidente, mostró lo que debe hacer un primer mandatario para acabar con la impunidad y, de un solo golpe, con precisión quirúrgica, logró lo que por sexenios parecía imposible, liquidar a Luz y Fuerza del Centro y, de paso, acabar con el insaciable y corrupto Sindicato Mexicano de Electricistas. Y vimos con sorpresa y agrado cómo, unidos y coordinados, Gobernación, Hacienda, Trabajo, Energía y Comisión Federal de Electricidad, dieron en minutos el más contundente golpe al charrismo sindical; lo que será histórico y puede ser presagio de otras acciones igualmente benéficas para México. Tradicionalmente, la impunidad y los fueros han dañado al país y, si Calderón decidió de una vez por todas terminar con la impunidad sindical —escudada en consignas como “autonomía”, “derechos sindicales” etcétera—, debe continuar con otros sindicatos, mientras los legisladores terminan con el mentado “fuero”.

Porque hoy el fuero es una patente de corso: el clown nacional Fernández Noroña quiere entrar por fuerza a Palacio Nacional para “exigir la renuncia de Calderón”, los guardias lo quieren detener y él les grita que no le pueden hacer nada “porque tiene fuero”; el decrépito Porfirio Muñoz Ledo ocupa un asiento de primera clase en un avión, teniendo boleto de turista, la azafata le pide que se quite porque otra persona tiene su boleto y él se niega, “porque tiene fuero”; el diputado-porro Cristian Vargas llega a su oficina de la Asamblea de Representantes, la encuentra cerrada y la rompe a patadas, luego golpea a una funcionaria de Medio Ambiente y le roba su bicicleta, “porque tiene fuero”. ¿Cuántos casos conoce usted así?, ¿cuántas veces el mentado “fuero” ha solapado a ladrones, narcos y aun asesinos? El llamado “fuero” o “inmunidad parlamentaria” como aparece en la Constitución, es simple y sencillamente una cortina de humo para que los delincuentes se oculten y no puedan ser juzgados, junto con Noroña y Muñoz Ledo y Vargas, vemos a legisladores que fuman en San Lázaro, que, borrachos, estrellan sus autos, atropellan a inocentes, orinan en la vía pública y el “fuero” los protege. Vemos al gobernador de Jalisco, al alcalde de Celaya y aun a la gobernadora de Zacatecas dando dinero a las iglesias y erigiendo estatuas a la Purísima Concepción. Los fueros, como las impunidades, deben desaparecer. En 2007, diputados del PRI y del PAN presentaron iniciativas para acotar el fuero, como ya está acotado en las constituciones de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Puerto Rico, España, Francia, Italia, Estados Unidos, pero esas iniciativas aún duermen en la congeladora. ¡Fuera fueros e impunidades!, que los sindicatos ayuden realmente al desarrollo del país, que los buenos trabajadores tengan recompensa, que los malos líderes vayan a su casa o a la cárcel, que los legisladores y funcionarios que violan las leyes sean desaforados y castigados. Es tiempo de leyes, no exigimos nada menos. www.bienydebuenas.com.mx [email protected]

Golpe de mano para dar paso a los negocios Humberto Musacchio 15-Oct-2009 Los trabajadores no han sido los administradores de la empresa, sino funcionarios nombrados por el Poder Ejecutivo.

Desde hace medio siglo, cuando fue aplastado el movimiento ferrocarrilero, México no había presenciado un linchamiento como el que ahora tiene por víctimas a los trabajadores electricistas, a los que se ha llamado aristócratas, déspotas, privilegiados, ineptos, corruptos y quién sabe cuántas lindezas más. El motivo que esgrimen las autoridades para haber procedido a la liquidación es que Luz y Fuerza le cuesta al erario unos 42 mil millones de pesos cada año. Por supuesto, la campaña mediática acusa del déficit a los obreros, sin reparar en que desde hace décadas la empresa ha sufrido un deliberado abandono, sus instalaciones distan de ser adecuadas y la maquinaria y el equipo son obsoletos, y si se modernizan es para beneficiar a particulares, como en el caso de la red de fibra óptica.

Desde el Estado se ha impuesto a la empresa una sistemática e inflexible política de descapitalización que le impidió producir una mayor proporción de la energía que vende y hacerlo con tarifas socialmente responsables. Quienes culpan a los trabajadores del desastre olvidan que no han sido ellos los administradores de la empresa, sino funcionarios, casi siempre ineptos, nombrados por el Poder Ejecutivo federal. Igualmente, se omite que mientras el consumo doméstico se tasa a un peso cincuenta centavos el kilovatio-hora, el gasto de energía de los grandes consumidores paga menos de la tercera parte por kilovatio-hora, y la suma representa 70% de la energía consumida, lo que explica la necesidad de subsidiar a la empresa. Dicho de otra manera, se favorece al gran capital con tarifas irrisorias y ésa no es una decisión del sindicato. Por el contrario, desde hace décadas que el SME ha venido denunciando el carácter ruinoso de esa política, dictada y mantenida por los gobiernos priistas y ahora por los del PAN, que a fin de cuentas sirven a los mismos intereses. Por si algo faltara, las pérdidas ocasionadas por los diablitos, esto es, por conectarse ilegalmente a la red, representan —lo declaró Agustín Carstens— 25 mil millones de pesos anuales, a los que se suman adeudos por un total de siete mil millones de clientes morosos, y en ninguno de los dos casos el problema existe porque lo haya deseado el sindicato, sino al contrario: ha sido el SME el que una y otra vez ha señalado los peligros e inconvenientes de que las autoridades permitan colgarse, lo que ocasiona cuantiosos daños a las instalaciones. Pero las autoridades permiten los diablitos para evitar una confrontación con los grupos sociales que incurren en esa práctica, que son en muchos casos carne de acarreo para los partidos políticos. Pero el robo mayor corre por cuenta de ciertas empresas, amparadas en una corrupción de muchos años en la que participan empleados y funcionarios de LyFC, pero también autoridades de diversas dependencias. De modo que simplemente con cobrar lo justo y cobrarlo en tiempo y forma hubiera sido suficiente para poner sobre sus pies la alrevesada administración de Luz y Fuerza. Pero se trata de eliminar a un sindicato que le ha hecho honor a su función de defender a los trabajadores y mejorar sus condiciones de vida. No se descarta un alza de tarifas en los próximos meses, pero la pretensión de deshacerse del SME tiene como fin quitar obstáculos a la privatización. Ya se supo que la red de fibra óptica será para que hagan negocio dos ex secretarios de Estado y las empresas del ramo eléctrico se están frotando las manos con los negociazos que tienen a la vista. Ese es el punto. [email protected]

El Nobel para un novel Fernando Serrano Migallón 15-Oct-2009 No se puede otorgar a un mandatario en funciones, el futuro es siempre una apuesta que no siempre se gana.

Al recibir el Premio Nobel de Literatura, Camilo José Cela dijo que la candelita de la fortuna no siempre alumbra la cabeza del justo; parece que ahora, la misma candelita, vino a parar a la frente de un afortunado que, por sus circunstancias, es el menos señalado para ser el justo de la historia: el presidente Obama. La mayor parte de los premios Nobel llaman la atención de unos cuántos especialistas —como química o física—, otros, parecen importantes para otro grupo reducido pero que suelen ser

observados como termómetros de la realidad, como el de economía; pero hay dos que destacan porque forman parte del pulso de nuestros tiempos: el de la paz y el de literatura. Ambos siempre discutidos y ambos dejando inconformes, sistemática y periódicamente, a quienes siguen su desarrollo. Muchos seguimos pensando en que Milan Kundera, Ismaíl Kadaré, Carlos Fuentes, Amélie Nothomb o Haruki Murakami, algún día ganarán el Nobel y, mientras haya vida, habrá esperanza y mientras sigan escribiendo, desde luego; ese es, precisamente el problema respecto del Nobel para Obama: si es que algo ha hecho por la paz, nada garantiza que lo siga haciendo en el futuro de su administración. El político es el hombre de la ocasión, de la circunstancia. Es, por excelencia, el hombre del momento. Nada tiene que ver con su seriedad o con su fortaleza ideológica, se trata de su naturaleza. El político, para serlo y mantenerse, debe reaccionar de acuerdo con las exigencias del momento. Si hoy ha frenado la guerra en Irak y mañana sus consejeros de seguridad le demuestran que no hay más remedio que arrasar Honduras, seguramente no le temblará la mano. No se puede otorgar el Premio Nobel de la Paz a un mandatario en funciones, el futuro es siempre una apuesta que no siempre se gana. También es verdad que el Premio Nobel, sin que ello merme su prestigio y el altísimo honor que representa, es un factor de enormes implicaciones políticas; de ahí que, particularmente en materia de paz y de literatura, los ciclos geopolíticos se cumplan irrestrictamente; así, por ejemplo, han sido diez los premios Nobel de Literatura concedidos a escritores en lengua española, de los cuales cinco han sido latinoamericanos y cinco españoles; el primero fue concedido en 1904 a José Echegaray; el segundo, 18 años después, a Jacinto Benavente; el tercero, 23, a Gabriela Mistral; el cuarto, 21, a Juan Ramón Jiménez; el quinto, 11, a Miguel Ángel Asturias; el sexto, 4, a Pablo Neruda en 1971; el séptimo, 6, a Vicente Aleixandre; el octavo, 5, a García Márquez; el noveno, 7, a Camilo José Cela y, el décimo, un año, a Octavio Paz en 1990. Desde entonces, hace 19 años que la lengua española no recibe un premio Nobel. Destaca que durante los movimientos de liberación nacional y los procesos de democratización aparecen con más frecuencia los latinoamericanos. Desde luego, que si nuestros escritores no fueran magníficos no les habrían concedido el premio, pero que la circunstancia también estuvo presente. Era obvio que a sir Winston Churchill no le iban a dar el Nobel de la Paz, pero se lo dieron en 1953 en literatura por su única obra: sus Memorias, ¿Qué podía hacer contra ello un candidato del calibre de Alfonso Reyes que, para entonces, ya había escrito algo así como 80% de su enorme obra? Me pregunto si no se valdría esperar algunos años, ver qué pasa y darle el Nobel de Literatura a Obama, igual que sucedió con Churchill. fserrranomigalló[email protected]

Decretos o acuerdos Ruth Zavaleta Salgado 15-Oct-2009 Nuestro sistema presidencial se transformó en 70 años de uno presidencialista —amparado por las facultades otorgadas por la Constitución, que concentró las decisiones económicas y políticas en un solo hombre y en un partido hegemónico— a uno de pluralidad política en el año 2000.

El sábado 10 de octubre, mientras festejábamos el triunfo de la Selección Mexicana de Futbol, el presidente Felipe Calderón decretó la liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Las reacciones de la población se dividieron entre la sorpresa, el beneplácito y quienes consideraron que era una injusticia. Las reacciones dependen mucho del servicio que recibimos de la empresa: los que

consideran que las tarifas son elevadas y aunque reclamen tienen que pagar y esperar a que una “supuesta investigación” le retribuya el excedente; los que no pagan y “cuelgan diablitos” con el apoyo de los trabajadores de LyFC, por ejemplo, los grandes mercados de la ciudad y comercios de muchas colonias de la Ciudad de México pagan cuotas simbólicas o no pagan nada por el servicio. Seguramente la reacción de sorpresa y temor vino de los integrantes de otros sindicatos: es esta una demostración de “fuerza” del gobierno federal. Nuestro sistema presidencial se transformó en 70 años de uno presidencialista —amparado por las facultades otorgadas por la Constitución, que concentró las decisiones económicas y políticas en un solo hombre y en un partido hegemónico— a uno de pluralidad política en 2000. El entonces Presidente, aún teniendo las facultades constitucionales y la legalidad y legitimidad que requería el momento, no logró cambiar nada de raíz ni superar ese largo periodo de la transición a la democracia plena. La derecha, carente de posibilidades para ratificar y repetir el periodo presidencial, perdió los primeros tres años en establecerse y reconocer el terreno y, durante los siguientes tres años, transitó a un periodo de estrategia política para golpear a su principal oponente. La estrategia le valió mantener la Presidencia, pero entró debilitado y con falta de legitimidad, lo que le impidió construir acuerdos con todos los actores políticos y sociales para impulsar los cambios que no logró su antecesor. Hoy han pasado ya más de tres años y los resultados electorales para el PAN y el PRD son alarmantes, el PRI se ha reposicionado electoralmente y cuenta con la mayoría en el Congreso de la Unión y en los estados de la República, lo que le permite, en este inacabado “tránsito” para la consolidación democrática, “trazar” el camino; ante esta circunstancia el presidente Felipe Calderón ha decidido jugar las cartas que logren posicionar a su partido y legitimar a su gobierno: ha decretado la liquidación de Luz y Fuerza y no nos sorprendamos que el día de mañana decrete la desaparición de los monopolios, porque eso sería una demostración de que el Ejecutivo federal todavía tiene los hilos legales que le permiten demostrar su eficacia y eficiencia en un país que se ha quedado a la zaga de los países de América Latina con los que éramos competitivos (algunos iniciaron el proceso de reforma energética hace más de una década: Chile en 1982; Argentina y Perú en 1992; Colombia en 1994; Ecuador, Guatemala y El Salvador en 1996; Panamá y Brasil en 1997). Pensando en que esta es una estrategia correcta para recuperar lo perdido por el PAN, debemos preguntarnos: ¿esta es la estratagema correcta para que nuestro país y los ciudadanos que lo habitamos salgamos adelante y superemos nuestros problemas? No, la estrategia no funcionará para el país porque así como no hay salvadores mesiánicos tampoco hay la posibilidad de que un solo partido, que gane las principales posiciones de poder, incluida la Presidencia de la República, por muy legitimado que llegue a ello, logre por sí mismo construir un proyecto de Estado y de nación que a mediano plazo logre superar los problemas que nos aquejan, la red de intereses que se fueron generando entre todos los actores reales de poder desde que se construyó nuestro Estado nación han generado la consolidación de Estado, pero también hicieron emerger los poderes fácticos del mismo. Con actos aislados de demostración de fuerza contra el “adversario” no lograremos el pleno desarrollo. Es hora de que todos los actores reales de poder del país logren un nuevo pacto social, con nuevas reglas y altas miras basados en la paz, el diálogo, la herramienta de la política, para acordar cómo hacemos productivo al país y combatir la pobreza. El otro camino es seguir actuando con el egoísmo y la mezquindad de la ruina. En un barco tan lleno de agujeros no esperemos que el agua se siga metiendo, cubramos éstos y reparémoslo porque, si se hunde, todos nos vamos a ahogar. [email protected]

15-Oct-2009

Arsenal Francisco Garfias

Palo a Ulises No sucedió en el Caso Atenco, con Enrique Peña Nieto. Tampoco en el de Lydia Cacho con el gober precioso. Pero al gobernador Ulises Ruiz no se la perdonaron. Una mayoría de ministros de la Suprema Corte lo consideran responsable “por omisión” de las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en Oaxaca, durante el conflicto que se vivió en la entidad en 2006. Los ministros enmendaron incluso la plana a su colega Mariano Azuela, encargado de la investigación, quien había señalado que Ruiz tenía “responsabilidad limitada”. Al final quedó establecido que la responsabilidad del gobernador de Oaxaca es lisa y llana. Azuela tendrá ahora que hacer lo que se llama el “engrose” —las suma de las opiniones de todos los ministros— y detallar de qué tamaño son las omisiones de Ulises. El documento final será enviado a la Presidencia de la República, la PGR y el Congreso local. Pero también a la Cámara de Diputados, donde ya se habla de fincarle juicio político al gobernador de Oaxaca. ¿Adiós a sus sueños de presidir el PRI? n En la reunión que sostuvieron ayer los integrantes de la cúpula del PAN con el presidente Calderón se registró una notable ausencia. Josefina Vázquez Mota no acudió a Los Pinos. La coordinadora de los diputados del PAN se encontraba en plena negociación sobre el Presupuesto, en un lugar no precisado. Sus colaboradores adelantan que se prepara una sorpresa en materia de egresos. ¿Qué será, será..? n Hoy es la prueba de fuego para el SME. Veremos de qué tamaño es la fuerza de su movimiento. A la marcha de esta tarde está convocada la clase obrera. Traen de refuerzo al movimiento obradorista, con El Peje a la cabeza. ¿Cuántos juntarán? ¿100 mil? ¿200 mil? ¿Más? ¿Menos? El número importa para que el gobierno le mida el agua a los camotes, pero no para resucitar Luz y Fuerza. No hay marcha atrás en el decreto. n El método de elección del candidato a gobernador de Veracruz provoca polémica en el seno del PAN. Los partidarios del elbista Miguel Ángel Yunes, actual director del ISSSTE, quieren unos comicios acotados a los militantes. Alegan que abrirla a los adherentes, que son más, es entregarla a Gerardo Buganza, “es decir, a Fidel Herrera”. Hay otros dos azules que aspiran: el senador Juan Bueno Torio, y el ex alcalde de Veracruz, Julen Rementería. En el PRI navega solito el diputado Javier Duarte, delfín del gobernador. n La muerte de Ramón Rodríguez Reyna, corresponsal en Maimi de Notimex, puso al descubierto la compleja situación laboral que viven los trabajadores de esa agencia estatal de noticias asignados en el extranjero. A la viuda no se le cubrieron los gastos funerarios, tampoco el traslado del cuerpo, mucho menos una pensión. El director de la agencia, Sergio Uzeta, admite que la situación es compleja, debido a que los corresponsales en el extranjero fueron contratados en anteriores administraciones, bajo el concepto de Servicios Profesionales por Honorarios, y ahorita la SHCP está intransitable. “No existe forma de reconocerles derechos laborales, ya que por su forma de contratación no se les puede considerar como empleados de Notimex, aún con la permanencia y constancia de

tantos años prestando sus servicios de manera exclusiva a la agencia”, dice un escrito entregado a este reportero. n Cambios en la CNOP: ChonOrihuela va a la secretaría ejecutiva; Óscar Pimentel a la de organización; Silvio Lagos, a gestión social; Alfredo Villegas, a coordinación legislativa; y Eduardo Sánchez, a planeación y evaluación. El relevo del líder cenopista, Marco Bernal, quien aspira a gobernar Tamaulipas, no es para ahorita. Emilio Gamboa tendrá que esperar. www.elarsenal.net http://panchogarfias.blogspot.com La muerte del corresponsal de Notimex descubre una compleja situación laboral. Arsenal

15-Oct-2009

Razones Jorge Fernández Menéndez

Los bancos y la soberanía Razones Con toda la atención pública puesta en la liquidación de Luz y Fuerza (y en la clasificación de la selección de futbol al mundial de Sudáfrica), ha pasado prácticamente inadvertido un tema que será central para el futuro del sistema financiero nacional: la controversia constitucional que elevó el Congreso, con apoyo de todos los partidos, respecto a la participación de gobiernos extranjeros en por lo menos once bancos que operan en nuestro país, siendo, sin duda, los dos más importantes, Banamex y Santander. La historia comenzó con la crisis financiera internacional. Para evitar la quiebra de numerosos bancos, la mayoría de los gobiernos, sobre todo en las naciones industrializadas, comenzaron a invertir fondos muy importantes en la estructura bancaria, no con la intención de nacionalizar los bancos sino de rescatarlos, en un esquema similar al del Fobaproa, pero con inversión directa en esas instituciones financieras. En general, todas esas inversiones se considera que tendrán un plazo límite, durante el cual los accionistas del banco deberán ir recomprando las acciones que asumieron los distintos gobiernos. Y, en los casos que se están analizando en México, la dirección de ninguno de esos bancos ha sido asumida por gobierno extranjero alguno. Las leyes financieras de México establecen que no pueden ser propiedad de gobiernos extranjeros los bancos que operen en el país. Sin embargo, en marzo pasado la Secretaría de Hacienda opinó que esa participación sería temporal, que no había toma de decisiones por esos gobiernos y estableció, en consonancia con estos, un plazo de tres años para deshacerse de esas acciones. Los partidos no parecen estar de acuerdo con ello y han dejado en manos de la Corte la decisión. Mientras tanto, los bancos afectados, sobre todo Banamex y Santander, han explicado que no han modificado sus esquemas de operación y que incluso todas sus utilidades se reinvierten en territorio nacional, ello ante el temor de que las mismas terminaran sirviendo para capitalizar sus casas matrices. No sé cuál será la decisión de la Corte sobre el tema. Muy probablemente establecerá plazos muy estrictos para definir la propiedad de esas instituciones financieras y si no se cumplen, determinará que se deben colocar esos porcentajes de participación entre inversionistas

nacionales. Si eso fuera así, y sobre todo en el hipotético caso de que ello se tuviera que dar en Banamex o Santander, sin duda habría quién estaría decidido a invertir en esas instituciones. No sucedería lo mismo con las otras nueve que están en condiciones similares. Pero lo que tendrán que definir los miembros de la Corte, es qué tipo de sistema financiero se quiere, con qué características, y con qué tipo de relaciones con la banca internacional. Es sólo pregunta y, en realidad, no tengo una respuesta terminante al respecto, pero ¿no queremos que Citigroup o Santander operen en el país? ¿Estamos seguros de contar con inversionistas nacionales para todas las instituciones que enfrentan esta misma problemática? Lo cierto es que mientras se pusieron de acuerdo para lanzar la controversia constitucional, los partidos siguen negociando, hacia dentro y hacia fuera, el paquete económico 2010. Llama la atención que, marcado por los propios acuerdos internos del priismo, pareciera haber un consenso para que pasen los aumentos al ISR, al IEPS y al IDE, o sea, a las utilidades de personas físicas o morales, a los servicios y productos especiales, como las bebidas alcohólicas o la cerveza, y a los depósitos en efectivo, pero no la contribución de 2% a bienes y servicios, el único impuesto generalizado propuesto por el Ejecutivo. En los hechos, si se cumple con esos acuerdos, los diputados habrán decidido aumentar los impuestos de los siete millones de contribuyentes cautivos (y, en algunos aspectos, sobre los otros 15 millones que de alguna manera también pagan algunos impuestos) sin hacer esfuerzo alguno por socializar la contribución fiscal, por ampliar la base de contribuyentes. Por supuesto, el paquete económico tendrá dos complementos: mayor endeudamiento público y un precio de referencia del crudo más alto para que las cifras, por lo menos, cuadren. ¿Estamos seguros de contar con inversionistas nacionales para todas las instituciones que enfrentan esta misma problemática?

15-Oct-2009

Juegos de Poder Leo Zuckermann

PRI: ni proyecto ni liderazgo La nueva estrategia del Presidente de impulsar cambios de fondo ha metido en un brete al PRI. ¿Hasta dónde debe apoyar a Calderón? ¿Debe comportarse como oposición a las propuestas gubernamentales o debe apoyar al gobierno como si fuera su socio? El dilema no es sencillo. Si hace lo primero, corre el riesgo de parecerse al PRD con un costo electoral importante. Si hace lo segundo, corre el riesgo de parecerse al PAN también con un costo electoral importante. Aunque la elección todavía esté lejana, los priistas están convencidos que regresarán a gobernar en 2012. Si piensan que van a quedarse con la casa, pues les conviene no recibir una que esté en ruinas. De ahí que tengan el incentivo de apoyar al gobierno para darle una arregladita a la casa antes de hacerse cargo de ella. Pero no mucho porque arreglarla de más incrementa las posibilidades del PAN de quedarse con ella. En pocas palabras: el PRI tiene que darle algo de oxígeno al gobierno panista, pero no mucho. En este sentido, el PRI debería definir en qué sí y en qué no apoya a Calderón. Pero, hasta ahora, no han tenido una postura clara. Se la han pasado haciendo el ridículo. El mismo día un priista declara A y otro Z. Por tanto, a nadie le queda claro qué quiere el PRI. Parecen que están hechos bola.

Ahí está, por ejemplo, el tema del paquete fiscal. Estamos a cinco días de que la Cámara de Diputados tenga que aprobar la Ley de Ingresos y todavía no sabemos qué quiere el PRI. Es evidente que están divididos, sobre todo en el tema de 2% de la Contribución de Combate a la Pobreza propuesto por Calderón. Al parecer, los gobernadores sí la quieren ya que recibirían 30% de lo que se recaude, pero hay priistas que consideran que dicho impuesto acarreará un alto costo político. Lo mismo sucede con las otras propuestas fiscales. No sabemos dónde está parado el PRI. La respuesta favorita de los priistas es que lo están estudiando. Lo mismo ha pasado con la decisión del Presidente de liquidar Luz y Fuerza. Unos priistas salieron a apoyar la medida. Otros, a rechazarla. Varios dijeron que la están estudiando. La presidenta del partido no ha hablado. El resultado es el mismo que con el paquete fiscal: no sabemos dónde está parado el PRI, el partido mayoritario de México. Un último ejemplo. La semana pasada, Ciro GómezLeyva provocó un debate en su columna de Milenio sobre la postura del PRI en materia de despenalización del aborto. Los priistas en diversos estados han apoyado al PAN para prohibir la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Es ésa la posición del PRI, un partido que se proclama de centro-izquierda? Queremos saberlo. Sin embargo, el PRI guardó silencio. Como en los casos anteriores, nos quedamos sin respuesta. Todo partido requiere de un proyecto y un liderazgo que lo encarne. Es evidente que el PRI no tiene ni lo uno ni lo otro. Por un lado, es una federación de intereses económicos y políticos a los que es difícil de poner de acuerdo con una postura común. Por el otro, todavía no surge un liderazgo dominante que defina la línea de por dónde ir y cómo reaccionar frente las posturas del gobierno. Sin un proyecto ni liderazgo claros, el PRI es un partido con posiciones vacilantes de qué hacer con el poder. Al parecer, la estrategia de Calderón está funcionando. Lanza cambios de fondo, lo cual arrincona al PRI: hace evidente la falta de definición de los priistas que quieren regresar a Los Pinos pero que no saben para qué. Es una federación de intereses económicos y políticos a los quees difícil de poner de acuerdo con una postura común. Juegos de poder

Dinero sindical

Por:

SERGIO SARMIENTO - 15 de oct de 2009.

JAQUE MATE En la última renegociación de su contrato colectivo de trabajo, el Sindicato Mexicano de Electricistas pidió a Luz y Fuerza del Centro 160 millones de pesos para gastos de revisión", los cuales servían para llevar a cabo una "asamblea legislativa" de los trabajadores. La empresa sólo entregó 115 millones de pesos. La asamblea se llevó a cabo con 1,300 trabajadores, de los

44 mil que tenía la empresa. Esto significa que la asamblea le costó al sindicato 88,461.54 pesos por cada trabajador que asistió. Esta información la dio a conocer ayer el secretario de Trabajo, Javier Lozano, en una conferencia de prensa. Los 115 millones de pesos, señaló, "fueron entregados a los dirigentes del sindicato sin ningún tipo de transparencia y sin saber a dónde fueron a dar". Cuando se hacían revisiones salariales, según el secretario Lozano, también se hacían petición especiales; para ellas se otorgaron 35 millones de pesos en 2008, 30 millones en 2007 y 75 millones en 2006. Nadie parece saber cómo se usó este dinero. No es el SME, sin embargo, el único sindicato en que los líderes manejan de manera discrecional el dinero de los trabajadores. Bajo el pretexto de la "autonomía sindical", la mayoría de las organizaciones obreras de nuestro país ha mantenido siempre en secreto sus finanzas. Ni los trabajadores ni ninguna autoridad se enteran de lo que se hace con las cuotas de los trabajadores, ni mucho menos con el dinero adicional que constantemente los líderes piden a los patrones. Ni siquiera Hacienda puede meterse a revisar los ingresos de los sindicatos ya que no pagan impuestos. Lo anterior no solamente es injusto para los contribuyentes sino que da mayores libertades a los líderes para manejar el dinero a discreción. Todos los conflictos sindicales tienen como explicación real el dinero. Los sindicatos son negocios que los líderes cuidan con mucho cuidado. El conflicto en el sindicato minero es también un asunto de dinero. Un fideicomiso bancario creado para los mineros de Cananea fue tomado por el sindicato de Napoleón Gómez Urrutia con el argumento de que sólo el sindicato puede manejar el dinero de los trabajadores. Esta apropiación es el origen de los procesos legales que actualmente enfrenta el líder exiliado en Vancouver, Canadá. La situación existe porque los legisladores la han permitido. Son ellos los que han dado a los sindicatos un trato fiscal especial y los que han creado un concepto de autonomía sindical que permite que los líderes se eternicen en los cargos de mando y manejen a discreción el dinero de los trabajadores. Uno puede entender que los líderes sindicales defiendan el sistema que los ha hecho ricos y poderosos. Estos dirigentes nunca aceptarán que los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro reciban una indemnización, por generosa que sea, para dar por

terminada su relación laboral porque su negocio es el sindicato, el cual desaparecería si el Gobierno logra la extinción de Luz y Fuerza. Lo que sorprende, sin embargo, es que los partidos y activistas de izquierda se hayan unido a un movimiento que busca defender los privilegios de unos cuantos ante los derechos de millones, los mexicanos, que somos los verdaderos propietarios de Luz y Fuerza y de las demás empresas paraestatales. En algún lado se les perdió la izquierda a estos grupos y se volvieron simplemente corporativistas. Al hacerlo, sin embargo, están protegiendo un sistema que ha explotado a los trabajadores para enriquecer a los líderes sindicales. Me parece bien que los diputados estén revisando los gastos de la Cámara. Eliminarán, por ejemplo, los gastos de alimentación de las comisiones, que ascendían a 35 millones de pesos en el año. También cambiarán los fistoles de oro que usan por unos de latón, con lo que ahorrarán 2 millones de pesos al año. ¿Cuánto? ¿Pagábamos los contribuyentes 2 millones de pesos por los fistoles de los diputados? "Sigue el dinero". Garganta profunda, Watergate

Defensores de derechos humanos

Por:

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA - 15 de oct de 2009.

PLAZA PÚBLICA Hace casi veinte años que se oficializó la promoción y defensa de los derechos humanos en México, al ser creada la Comisión nacional respectiva. Pero la antecedió una incipiente movilización de miembros de la sociedad civil que realizaban esa labor a pecho descubierto, carentes de casi todo, menos del afán de servir a las personas cuyas garantías individuales eran quebrantadas. Precisamente el asesinato de una de esas personas, de una protodefensora de derechos humanos, la abogada sinaloense Norma Corona, fue el móvil de la creación de la CNDH.

Dos décadas después, no ha disminuido el número de violaciones a los derechos humanos ni el riesgo en que se colocan los defensores de quienes las padecen, que no se han vuelto redundantes como se creería de observarse la cantidad de las oficinas institucionales de derechos humanos, y los recursos con que cuentan algunas de ellas, señaladamente la Nacional. Por lo contrario, y desgraciadamente, cada vez son más las personas consagradas a esa peligrosa y comprometida misión a través de agrupaciones civiles. Asimismo es cada vez mayor su riesgo. Así lo documenta el informe presentado anteayer por la representación en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Dicha oficina recibió 128 denuncias de agresión y obstrucción en contra de defensores de los derechos humanos, entre enero de 2006 y agosto de este año. Cincuenta y cuatro de esos casos fueron estudiados a partir de sendas comunicaciones que la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos remitió al Estado mexicano. Ninguna

agresión

es

banal,

pues

sobre

todo

en

comunidades

pequeñas

el

hostigamiento a los defensores puede llegar fácilmente a la intimidación, y aun inhibir las tareas de personas menos decididas de lo necesario para cumplir una misión necesaria para la convivencia respetuosa. Pero se llega al extremo: en 10 casos se ha pasado del asedio y la amenaza a la privación de la vida de los defensores de derechos humanos. Por añadidura, es regla que ninguno de esos homicidios es resuelto por la autoridad, con lo cual se añade un agravio más a la ofensa que es el asesinato mismo. Tal es la situación que se observa en el ataque sufrido el 13 de febrero pasado por Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, líderes de un comité de defensa del pueblo mixteco en Guerrero. Una semana después de levantados en un espacio público, a la vista de todos, por personas que podrían ser identificadas si la autoridad lo quisiera, sus cadáveres fueron hallados en un paraje remoto. No se ha realizado una indagación ministerial a derechas y en consecuencia no se fincan responsabilidades a nadie. El caso aumenta la estadística de la impunidad y nada más. El informe ofrecido el martes por Alberto Brunori, que representa en México a la señora Navanethan Pillay, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, fue elaborado con el propósito de hacer visible "el trabajo que las y los defensores de derechos humanos realizan e identificar los principales retos que enfrentan para ejercer su labor. Igualmente pretende trazar una ruta para que el Estado continúe

avanzando en la creación de las condiciones necesarias para que en México se pueda ejercer plenamente el derecho a defender los derechos humanos". El documento fue presentado al gobierno mexicano, a través de la cancillería, y en él se recomienda al Estado "impulsar una campaña de difusión masiva y sostenida que contribuya a la legitimación y la construcción de una cultura de respeto para las y los defensores de derechos humanos, la instauración de un mecanismo de protección a defensores coordinado a nivel federal y considerar la instauración de programas especializados en las comisiones estatales De inmediato, el martes mismo, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado conjunto con la de Relaciones Exteriores en que, en medio de la prosa burocrática convencional se anuncia que "buscará reunirse" con el representante de este ramo de la ONU, presentador del informe "y con las entidades competentes, para discutir las vías de cooperación y las acciones que garanticen la promoción, protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en México". Es preciso que esas palabras se traduzcan en hechos. Hace ya más de siete años que fue abierta la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para cuyo funcionamiento se firmó un acuerdo en julio de 2002, renovado en febrero de 2008. La invitación del gobierno mexicano a establecer dicha oficina obedeció a un momento particular de la diplomacia mexicana, que buscaba abrirse al escrutinio internacional en una materia vedada hasta entonces al examen practicado desde fuera, con la mira de convertirse en implacable juez de la vigencia de los derechos humaos sobre todo en Cuba. La fragilidad y la fugacidad del propósito no permitieron que permaneciera el impulso a la observación foránea, al punto de que el anterior representante de dicha oficina fue relevado en medio de circunstancias confusas. Su reemplazante, Alberto Brunori, llegado hace precisamente un año, está revitalizando las tareas de su representación. Y dentro de ese propósito sobresale ahora la defensa de los defensores de los derechos humanos, sólo una de las varias misiones que es urgente proyectar y poner en práctica.

Astillero Julio Hernández López

Aparatosa, insuficiente y facciosa Jueves, 15 de Octubre de 2009 - Nomás al saliente Ulises - Ni tocar a Fox (y otros) Frente al tamaño de lo sucedido en Oaxaca en 2006, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió ayer una recomendación aparatosa, insuficiente y facciosa. Es cierto que en primera lectura resulta altamente plausible la decisión de los altos ministros de responsabilizar al gobernador Ulises Ruiz de las múltiples violaciones a derechos y garantías que se dieron en aquella entidad durante la histórica movilización popular de tres años atrás. Pero tal resolución, que carece de caracter obligatorio en sus términos (aunque tiene el valor ético y mediático que se le quiera reconocer a su fuente, la máxima instancia nacional de discernimiento jurídico), corre el riesgo de parecer un acto ruidoso, una especie de alharaca palaciega, autorizada por los mandos ejecutivos que suelen controlar las mayorías votantes de la Corte, para generar un vano entretenimiento público por fuera de lo que hoy es la máxima pifia política del calderonismo, o su máxima apuesta autoritaria, decidida a pasar por encima de lo que sea, la del conflicto con el Sindicato Mexicano de Electricistas. publicidad

No se duda ni por equivocación de las culpas del dictadorcillo oaxaqueño, ni se pone en entredicho la sinceridad y congruencia de los ministros de la Corte que empujaron desde un principio la tesis de que las responsabilidades de la gran represión de 2006 iban más allá de algunos jefes policiacos menores, como lo sugería el proyecto de resolución presentado por el derechista y controlado ministro Mariano Azuela. Pero llama la atención que justamente ese segmento mayoritario de ministros, que suele obedecer las instrucciones de su fuente de inspiración que está en Los Pinos, hubiera ayer transitado con tanta suavidad el camino hacia el señalamiento de Ruiz como violador de derechos y garantías, en una súbita iluminación de criterios que devino en la crucifixión política de quien había sido aliado de Calderón y ahora se ha distanciado de él, tanto en razón del oponerse al paquete económico felipista como en función del apoyo abierto, con recursos públicos y privados, que ha dado a los proyectos expansionistas del priismo que causaron la derrota mapacheril del PAN en los pasados comicios. La decisión judicial de ayer tiene, además de ese tufo a medida distractora que acabará en la nada, pues no hay condiciones para que los congresos estatal o federal tumben al represor oaxaqueño,

el sello de otra insuficiencia inocultable, el comportamiento faccioso que protegió al gran jefe electoral de 2006 y aplicado represor clasista, el vaquero Fox que no fue tocado más que con el pétalo de algunas menciones críticas de ministros de la Corte pero que finalmente resultó absuelto, al igual que sus funcionarios involucrados en el tema, Carlos Abascal, Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna. Aún cuando la presencia de las fuerzas federales en Oaxaca fueron causa de múltiples violaciones a los derechos humanos, las garantías constitucionales y la legalidad, los ministros decidieron ayer excluir de responsabilidad no sólo a esa plana mayor, sino incluso al coordinador de las fuerzas federales de apoyo y al jefe del Estado Mayor de la entonces Policía Federal Preventiva, Ardelio Vargas Fosado, ahora diputado federal y poderoso presidente de la comisión de la defensa nacional de esa cámara. El sesgo partidista de protección a Fox, y la concentración de tibia metralla de salva en Ulises Ruiz, dejan esa resolución de la Corte en un plano que pareciera servir para revivir la oposición al mandatario oaxaqueño que está en la tentación de adelantar la postulación de su candidato a la sucesión ante el calentamiento del ambiente que han hecho Gabino Cué y López Obrador. También servirá la decisión de la Suprema para que los cortesanos mediáticos apuntalen sus análisis con la versión de que en México se vive una nueva etapa de poder, con un Calderón que impulsa golpes a monopolios y adversarios pesados, no sólo sindicatos izquierdosos sino también gobernadores incómodos. ¡Oh, sí, cuántos pantalones del lic. del Caldero Grande: ayer contra el SME, hoy contra Ulises de Salida! ¿Quién seguirá mañana (si es que hay mañana)? Astillas: Bitácora eléctrica: Marcelo Ebrard, bien con la propuesta de una Mesa de Diálogo y el recuerdo de los derechos constitucionales de los trabajadores; Calderón precisó los términos del chantaje a los trabajadores pues, dijo,"para ser más claro, mientras más pronto pueda procesarse esta decisión (la de firmar la liquidación, nota de Astillero), más fácil y prioritaria será la reincorporación a la vida laboral para aquel trabajador que así lo desee" y también se diagnosticó "con absoluta tranquilidad de conciencia"; Martín Esparza siguió picando piedra con legisladores federales, y los cheques de liquidación fueron cobrados por pocos trabajadores y en medio de gran desorden administrativo y técnico; por último, los apagones y el enojo social por tanto desbarajuste inducido continuaban ayer... Eliezer Rodríguez, desde el código postal 02060, pregunta: "La colonia donde vivo se llama Sindicato Mexicano de Electricistas; si desaparece el sindicato ¿cómo se llamará ahora?"... Víctor Betancourt reporta que en Radio Ibero, 90.9 de FM, fue transmitida la opinión del doctor Alberto Montoya, especialista en estudios estratégicos de la Universidad Iberoamericana: "sostuvo, invitando a revisar la Constitución, que los argumentos de Calderón para el cierre de LyFC no se sostienen, que son puras mentiras. Mostró que lo de los recursos que, según Calderón, iban al pago de salarios y pensiones, es falso. Y describió las transas con el gas que México importa a la CFE (para la producción de energía), a través de Repsol y que la CFE vende a la Luz y Fuerza a un precio elevado"... Y, mientras ha saltado de nuevo al foro el desinflado Guanito para meter ruido, ahora con su nueva telenovela de que siempre sí quiere regresar a la jefatura delegacional de Iztapalapa, ¡Hasta mañana, luego de que hoy por la tarde caminemos del Ángel al Zócalo! (fin)

Agenda Ciudadana Lorenzo Meyer

Los spots que cambiaron la votación (y algo más) en 2006 Jueves, 15 de Octubre de 2009

Heridas y Cicatrices. Por si mismos y en condiciones normales, dos spots televisivos no pueden dividir a una sociedad. Sin embargo, en condiciones de confrontación, distorsión informativa y debilidad institucional, sus efectos pueden ser demoledores y México es un ejemplo perfecto. En la memoria política de los individuos y de las colectividades, los agravios pasados siempre dejan cicatrices; es inevitable y es parte del proceso de aprendizaje. Esas cicatrices –por ejemplo, la causada en la memoria colectiva mexicana por la guerra con Estados Unidos- forman parte de su historia, de su personalidad y, a veces, hasta de su orgullo o vergüenza pero no impiden su desarrollo normal. No obstante, cuando el agravio aún es herida abierta, entonces es un obstáculo para la convivencia normal y constructiva. Ese es todavía hoy el caso del proceso electoral del 2006 en México. Para la izquierda mexicana o simplemente para aquellos que realmente se consideran comprometidos con los principios y objetivos de la democracia política, se van a requerir años y algo más para hacer de esa herida –la manera en que se llevó a cabo la campaña electoral y la forma en que se proceso la elección- una mera cicatriz. En cualquier caso, el evento y sus consecuencias quedarán registradas en la memoria histórica de nuestro proceso político de manera similar a lo ocurrido en 1988 en el caso de Cuahutémoc Cárdenas, en el de Miguel Henríquez en 1952, en el de Juan Andrew Almazán en 1940 o de los acontecimientos potosinos de 1961 y 1991 en torno al movimiento democrático encabezado por el doctor Salvador Nava. publicidad

LA HISTORIA COMO JUEZ A veces el paso del tiempo convierte a los momentos traumáticos en historias que se refuerzan en su juicio. En otras ocasiones, los juicios con contradictorios, haciendo que la lucha se perpetué. Lo publicado en torno a los eventos de 1968 son ejemplo de lo primero y lo producido como resultado del levantamiento zapatista de 1994 lo son de lo segundo. El humo y el polvo que produjo el choque electoral del 2006 aún no se asienta del todo pero lo ocurrido entonces ya está reflejándose en la página escrita. Por ejemplo, el libro de Luís Carlos Ugalde, Así lo viví, es un intento de justificación de lo ocurrido en el 2006. En contraste, 2006: Hablan las actas: las debilidades de la autoridad electoral mexicana, es la investigación de José Antonio Crespo sobre los resultados asentados en las actas electorales de la jornada de ese año – únicos documentos de acceso al público pero que de manera indirecta nos acercan a lo que pudo ser el resultado real de la elección. En este trabajo, Crespo contradice a Ugalde pero sin apoyar ni la posición del ganador -Felipe Calderón- ni la del principal perdedor -Andrés Manuel López Obrador (AMLO)- sólo demuestra que, con los datos disponibles -las actas-, es imposible saber quien ganó y quien perdió en las urnas.

En este año acaba de aparecer otro trabajo, el de Javier Treviño Rangel, que ahonda en el análisis del 2006 por otra vía: la del examen y consecuencias del tipo de campaña electoral que se realizó entonces y cuya característica central fue la creación, mediante el uso de la televisión, de una atmósfera de miedo ante la posibilidad de que, como lo indicaban el grueso de las encuestas de opinión, triunfara la opción de izquierda encabezada por AMLO. El trabajo se titula "Pánico moral en las campañas electorales de 2006: la elaboración del ‘peligro para Mexico’ ", Foro Internacional, (No. 197, Vol. XLIX, 2009 [3], pp. 638-689). El punto de partida es claro: Vicente Fox como candidato pudo tomar el aeropuerto de Guanajuato, amenazar con no reconocer una derrota que fuera menor del 10%, exigir a Ernesto Zedillo no intervenir en la campaña electoral, llamar a su adversario "chaparro" o "mandilón" y al conjunto priista "tepocatas" o "víboras prietas" y amenazar con una movilización de panistas si los órganos electorales le atribuían a su adversario una victoria por un margen menor al 3%. Esta posición no fue motivo de escándalo. En contraste, cuando AMLO llamó "chachalaca" a Fox y le exigió no ser activo en la lucha electoral, se le vino el cielo encima y se le calificó de "peligro para Mexico" ¿Por qué raseros tan distintos del electorado para actitudes políticas similares? "PÁNICO MORAL" El concepto de pánico moral (PM) es el instrumento que Treviño Rangel utiliza para explicar la exitosa construcción de AMLO como un "peligro para Mexico". El concepto fue propuesto por Stanley Cohen y empleado para entender porque ciertos tipos de músicos de Rock generaron temor sin fundamento en los sectores más conservadores de la sociedad británica en los 1960. Los PM, señala Treviño, "emergen en las sociedades cuando un episodio, persona o grupo son definidos como una amenaza a ciertos valores o intereses sociales. Suponen un miedo irracional fuera de control [y] su naturaleza se presenta a través de los medios de manera estereotipada. Políticos, periodistas u otros actores interesados (obispos o empresarios) comienzan una cruzada moral, un despliegue de mecanismos de control social, para detener la amenaza. Expertos acreditados socialmente (editorialistas y académicos) emiten diagnósticos y distintas soluciones. Ulteriormente, el pánico desaparece dando paso a otros temas…" (pp. 644-645). Como se ve, hoy esto del PM está asociado a las actividades de los medios masivos de información, especialmente a la televisión, fuente del conocimiento político de más del 60% de la población. Como muestran los indicadores -encuestas de opinión- citados por Treviño, desde 2000 hasta marzo de 2006, AMLO llevaba la delantera en la lucha por suceder a Fox en la presidencia. Sin embargo, entre los días 12 y 18 de ese mes, sin que nada objetivo hubiera cambiado pero manipulando muy bien el calificativo de "chachalaca" que AMLO había usado contra Fox para exigirle que cesara en el uso ilegal de la presidencia para fines partidistas, los calderonistas crearon un muy efectivo PM que terminó por reducir o anular la ventaja de AMLO. El PM del 2006 se montó sobre ideas preestablecidas muy conservadoras, especialmente entre la clase media, y las reactivó con un par de spots de televisión (el de los ladrillos cayendo y el que vinculó a AMLO con Hugo Chávez, el mandatario venezolano y previamente demonizado) sin importar que las acusaciones contenidas en esos mensajes no fueran avaladas con algún tipo de sustento empírico. Quienes manufacturaron y presentaron los spots contra AMLO sabían bien tres cosas que los estudios al respecto habían ya demostrado: a) la información negativa es más sobresaliente que la positiva, b) la retención de los eventos negativos es mayor que la de los positivos y c) el efecto de las campañas negativas se mantiene por más tiempo en el público. Esos mismos estudios también han demostrado que "el que pega primero pega dos veces", es decir, la evidencia disponible muestra que en cualquier contienda electoral, los primeros spots negativos son los que tienen mayor influencia y, de hecho, quien primero ataca por esta vía marca la agenda posterior. La respuesta del atacado, puede ser similar pero ya no tiene el mismo efecto en la imaginación colectiva. Este efecto irreversible de lo negativo inicial hace que si la autoridad electoral, el IFE en

nuestro caso, decide obligar al atacante a retirar sus spots, esa decisión ya no tenga importancia, pues el efecto inicial, el que cuenta, ya operó. Los efectos de la campaña del miedo en torno a AMLO fueron magnificados por un manejo premeditado de las noticias de la televisión, donde el marco en que se presentaba la información electoral había quedado establecido por las premisas y efectos de la campaña negativa. Era problema del acusado -de AMLO- demostrar que era inocente, que no era el monstruo en que se le había convertido, y eso le resultó imposible. EFECTOS FUTUROS La campaña panista aprovechó bien la naturaleza conservadora de la sociedad mexicana y los grandes sedimentos que dejó la Guerra Fría. El PAN se mantuvo en el poder "haiga sido como haiga sido". Sin embargo, esa peculiar forma de revertir lo que parecía una victoria de la izquierda afectó a la endeble democracia mexicana; no la fortaleció, la debilitó. Es seguro que la campaña del 2012 partirá de las lecciones que a todos dejó la de seis años antes. Nadie intentará darse el lujo de pretender ganar "por la buena". Ya están los incentivos para crear otros "pánicos morales". Todo permite suponer que dentro de tres años, y gracias a la herencia panista, de nuevo podrá ganar no el mejor a secas sino el mejor "apanicador" de los mexicanos. RESUMEN: "La herencia de 2006 no es sólo la profudización de las grandes divisiones políticas sino el incentivo para ganar el 2012 vía la creación de un ‘pánico moral’".

INDICADOR POLÍTICO Carlos Ramírez Jueves, 15 de octubre de 2009

1.

FCH-SME: manual de Manuel.

2.

El trasfondo real del esparzazo.

Expertos en derrocamientos de líderes sindicales autónomos, Marcelo Ebrard y Manuel Camacho han salido en defensa del Sindicato Mexicano de Electricistas. Sin embargo, los dos saben de qué hablan cuando se refieren al autoritarismo de Calderón. Ebrard y Camacho fueron los brazos políticos, intelectuales y represores de Carlos Salinas en 1989 para tumbar a La Quina y a Carlos Jonguitud y poner en su lugar a una dirigencia petrolera sometida al gobierno y a Elba Esther Gordillo. El operativo contra La Quina no sólo fue político sino penal: le sembraron armas, lo secuestraron y torturaron y usaron un cadáver de otro lugar para tirarlo afuera de la casa del dirigente petrolero y acusarlo de asesinato. Es decir, le fabricaron cargos. Por ello es que lo ocurrido con el SME no es nuevo para Ebrard y Camacho. Por eso también, los dos carecen de autoridad moral para criticar la decisión del gobierno federal. A diferencia de los operativos de La Quina y Jonguitud, el del SME fue limpio, sin agresiones ni delitos inventados, sin represiones. Camacho era en 1989 nada menos que el principal asesor político no sólo de Salinas sino del proyecto salinista. Y Ebrard funcionaba como el principal operador de Camacho. Los dos se subordinaron al responsable de los operativos contra el STPRM y el SNTE: Fernando Gutiérrez Barrios. Si Ebrard dice que el operativo contra el SME no debió de haber sido como fue, entonces sin duda le hubiera gustado repetir el manotazo de Salinas en 1989. Y entonces Martín Esparza ya estuviera hundido en la cárcel como La Quina o amenazado de muerte como Jonguitud. Y si Camacho afirma que "la lógica (del caso SME) es la misma que se le dio cuando el quinazo en 1989", sin duda que sabe lo que dice: Camacho en 1989 era responsable de la definición de la línea sindical de Salinas, producto de sus investigaciones en El

Colegio de México. Por cierto, en sus ensayos Camacho fue un severo crítico de Fidel Velázquez, pero como precandidato presidencial salinista tuvo que disculparse y postrarse ante el líder sindical y someterse a su voluntad. La decisión de enfrentar la rebelión del SME contra el Estado, por tanto, no es nueva. Y más aún, parece sacada del manual de Manuel Camacho. En su libro El futuro inmediato, volumen 15 de la colección La clase obrera en la historia de México, dirigida por Pablo González Casanova, Camacho delineó en 1981 -ya asesor político de Carlos Salinas en la Secretaría de Programación y Presupuesto- el papel del sindicalismo en la evolución política y las opciones del Estado para recuperar soberanía. Camacho señaló tres vértices de la subsistencia del régimen político priista: la alianza Estado-trabajadores en torno a las banderas de la Revolución Mexicana, el manejo de la ideología y la cultura pero ajustada a las ideas dominantes del PRI y la economía vía la política social del Estado. Y ante el dilema de excluir o absorber a las dirigencias sindicales independientes, Camacho propia una tercera vía como opciones del régimen: el arreglo político. Las dirigencias sindicales, a su vez, enfrentaban tres opciones: escalada organizativa a partir de los sectores estratégicos productivos del país, trabajar a largo plazo sobre las bases pero con metas sindicalistas y trabajar con las bases pero para buscar una opción alternativa revolucionaria y socialista y casi como opción partidista. La clave de la redocumentación de las relaciones Estado-trabajadores tenía que ver con las tres corrientes ideológicas: la izquierda, la derecha y el centro. Camacho llegó a la conclusión de que la izquierda y el centro eran los portadores de la hegemonía -concepto de Gramsci basado en el bloque histórico de las superestructuras y no sólo las clases- pero con el dato de que la izquierda no podría llegar a ser gobierno y la derecha era un gobierno sin hegemonía. Por tanto, la salida debía ser la construcción de una hegemonía desde el centro. Ante las opciones de legitimar a la derecha o de ir con la izquierda a la refundación del neopopulismo estilo Obregón y Calles, Camacho encontró el camino intermedio de un "movimiento reformador que impulse la modernización y logre reconstruir la hegemonía". Ahí se localizaba la clave de los golpes espectaculares de Salinas: liquidar los extremismos dentro del Estado y, vía Pronasol, construir una nueva hegemonía política. Por tanto, el manual de Manuel asumía la necesidad de decisiones de poder para romper -como escribiría en un ensayo anterior, en 1976- los nudos históricos del sistema político y el edificio institucional trabado en su funcionamiento por la existencia de "feudos de poder". Los golpes espectaculares iban más allá de la lógica del miedo y se instalaban más bien en la construcción de nuevos liderazgos, la recuperación de autonomía para el Estado y el fortalecimiento de la hegemonía salinista. La caída de La Quina y Jonguitud ayudaron a fortalecer a un Salinas que venía de una elección discutida, atado a los compromisos con los poderes fácticos y sin margen de maniobra. En aquellos años, Ebrard y Camacho trabajaron para esa opción de Salinas y no sólo avalaron sino que operaron los manotazos de fuerza contra líderes sindicales. Por tanto, hoy carecen de autoridad moral para criticar lo que antes hicieron para Salinas. O a lo mejor definen su propia moral del oportunismo y el cinismo del poder.

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Hoy, el último canto del SME La historia en breve Ciro Gómez Leyva

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2009-10-15•Al Frente Marcharán decenas de miles. Atravesarán el centro de la ciudad, pisarán el Zócalo religioso y lanzarán las viejas consignas del siglo XX, que poco dicen al final de la primera década del XXI, y de poco le servirán a un sindicato al que ocho de cada diez ciudadanos le han volteado la espalda. El SME presumirá esta noche que 100 mil almas, o más, marcharon en respaldo de su lucha. Pero sabrá bien que esos 100 mil, o más, son los amigos: los de a de veras, o a los que no les quedó de otra. Denunciará la “ilegalidad” en la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Reclamará una mesa de diálogo con el gobierno que ya lo liquidó. Señalará la estrategia privatizadora de “la oligarquía”. Renegará de los medios y soltará una que otra mentira, comprensible en los días de batalla, como ésa de que Los Pinos no paga la luz. ¿Y después? Es probable que se anuncie un plan de resistencia. Moderado, porque los líderes saben que la sociedad no los acompañará en una aventura tipo plantón de Reforma 2006. El golpe del sábado les quitó la iniciativa. Y el oxígeno. La suerte del SME, contrario a lo que varios creíamos, no se jugará en las calles, así vengan otras “megamarchas”. Se definirá en la capacidad que tenga la Comisión Federal de Electricidad en los próximos 15, 20 días para operar la desmedrada infraestructura, más o menos como la operaba el satanizado SME. Si la CFE lo hace, y además el número de electricistas que pasen a cobrar las suculentas liquidaciones es cuantioso, el SME, ya derrotado en los hechos, habrá sido barrido de la faz de la tierra. La marcha de esta tarde, pues, no sería más que el canto del cisne. Ronco. Triste: no por los líderes, sino por los muchos buenos electricistas que hoy pisarán el Zócalo religioso. [email protected]

Lozano, ¡huleeero! En Privado Joaquín López-Dóriga

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2009-10-15•Al Frente Pagan millones a sus consejeros para ignorarlos. Florestán Cuando llegó a la Cámara de Diputados el oficio por el cual el secretario del Trabajo, Javier Lozano, cancelaba su participación ante comisiones como parte de la glosa del Informe presidencial, invocando causas de fuerza mayor como justificante, quedó como alguien que se dedica a la producción y cuidado del hule.

Así lo comenté ayer en este espacio, lo que provocó una llamada del aludido. Pensé, para reclamar, cuando fue para explicar. Pues resulta que sí, que le dijeron que desde hace 15 días se había fijado la fecha de su comparecencia para el 14 de octubre, cuando, me contó ayer, él nunca fue invitado formalmente a comparecer, a pesar de que se publicó en los periódicos y en la Gaceta Legislativa. Contó que ante esto, buscó al subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Manuel Minjares, quien le dijo que estaban negociando diferir su comparecencia y la de los titulares de Economía y Energía, que no se preocupara, que mientras no recibiera una convocatoria oficial, pues no había tal. Habló con Josefina Vázquez Mota, la coordinadora de la bancada del PAN, y le dijo lo mismo, cuando ya conocía todo. Luego sabría Lozano que el subsecretario Minjares había enviado un oficio invocando lo que llamó razones de fuerza mayor para cancelar su comparecencia, por lo que le pidió que retirara el documento enviado sin su conocimiento. Y así fue, pero el presidente de la Comisión de Trabajo, el priista Tereso Medina, guardó su copia que leyó en la sesión grupal, tomándola Francisco Hernández para llevársela a Alejandro Encinas, quien agarró el bombón y lo convirtió en ariete para trasladar la comparecencia de Lozano, que era en comisiones, al pleno el próximo miércoles, donde el funcionario será acribillado en el salón de sesiones por los golpeadores del PT. El espectáculo está garantizado en la carpa de San Lázaro, en su función de media semana. Y supongo que Fernando Gómez Mont le habrá dicho algo, por decir lo menos, a su subsecretario de Desenlace Legislativo. Retales 1. AJEDREZ. El PAN perderá una pieza clave de su tablero, Torreón, tras un mal gobierno municipal y la ofensiva del gobernador Humberto Moreira. Torreón era su octava alcaldía más importante; 2. PRIORIDADES. López Obrador se había empleado a fondo en Tabasco, entidad en la que con el Distrito Federal, llamó a votar por el PRD. Pero dejó la plaza para retomar la de la Ciudad de México, desde la plataforma del SME; y 3. JUANITAS. Fácil. Las juanitas de la Cámara de Diputados, apabulladas por el escándalo de su licencia inmediata para dejar su curul a los valedores, se fueron por el librito: sumar diez faltas seguidas para que sus suplentes, que eran los titulares ocultos, protestaran el cargo. ¡Cuánta trampa! Nos vemos mañana, pero en privado. [email protected]

Preguntas impropias Día con día Héctor Aguilar Camín

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2009-10-15•Al Frente Con su habitual, insólita, libertad de espíritu, Luis González de Alba ha postulado que hay una paidofilia buena y una mala, una que le hace bien a los menores, pues satisface sus necesidades y fantasías, y otra que abusa de ellos. (MILENIO, 11/10/09). El planteamiento deja caer una interrogación como un mundo: ¿hay que castigar el sexo consentido entre menores y mayores de edad? ¿Todos los menores son víctimas sexuales cuando se relacionan con adultos o pueden ser gozosos cómplices del hecho? Y cuando son buscadores activos de la transgresión penalizada, ¿siguen siendo la parte a proteger o simplemente desafían nuestros prejuicios opresivos, vueltos ley, sobre la sexualidad infantil y adolescente? Hablo, como Luis, del sexo consentido entre menores y mayores de edad. El sexo no consentido, logrado bajo cualquier forma de coerción, es punible por sí mismo, en todas las edades. Y debe castigarse con particular rigor cuando se ejerce contra menores, lo mismo en redes de prostitución y pornografía infantil y juvenil, que en los casos de abuso familiar. Hace poco, la revista The Economist dedicó un artículo a explorar los efectos perversos de leyes virtuosas contra el abuso sexual, leyes que han vuelto sex offenders a una gigantesca cantidad de ciudadanos (900 mil, si recuerdo bien). Leyes y jueces incluyen en esa categoría y dan trato social parejamente discriminatorio al violador y al acusado de cualquier trato o intento de trato sexual con un menor. La discriminación del trato consiste en que las señas y la dirección del sexual offender está a disposición de todos los ciudadanos interesados, a fin de que los vecinos de cualquier barrio puedan saber cuántos sexual offenders hay en ese barrio y dónde viven. En Los Ángeles, el sexual offender está obligado a poner un letrero en su ventana diciendo que ha sido procesado como tal. El problema es que la mayoría de esos sexual offenders no tiene nada que ver con el abusador sistemático, el violador, el proxeneta o el pornógrafo infantil y juvenil, sino con gente que ha tenido o intentado tener, relaciones con un menor. O que las ha consentido. Un caso notable citado por The Economist es el de una mamá que fue procesada por consentir que su hija, menor de edad, tuviera relaciones sexuales con su novio, también menor de edad, en su propia casa.

La pregunta, enorme, sigue ahí: ¿qué hacer con la sexualidad, consentida o activa, del menor en busca de placer con otro menor o con sus mayores? La respuesta quizá no puede ser sino una: no hay que hacer nada, hay que dejarla ser. Pero apenas escribo esto me doy cuenta de que piso terrenos pantanosos, de que no hay respuestas sencillas, ni cortas, ni generalizables, para las buenas preguntas. [email protected]