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DOCUMENTO COMPLETO ENTREGADO POR LA CTA Neuquén, Agosto de 2009 Al señor Gobernador de la Provincia de Neuquén Jorge Sapag La Mesa Provincial de la Central de Trabajadores de la Argentina quiere manifestar al señor Gobernador su preocupación por el modelo de exclusión social que se viene consolidando día a día, con la excusa de la crisis nacional y/o internacional. Esta crisis no la hemos generado los trabajadores, no es nuestra la responsabilidad; sin embargo, todo indica que se pretende que seamos nosotros quienes paguemos sus consecuencias. A tal fin, se viene construyendo un modelo de sociedad al que podríamos identificar como “estado de bienestar, pero al revés”, por el que el gobierno – como administrador del Estado – interviene en beneficio del sector que más riqueza ha acumulado, en detrimento de aquel más postergado. Es por esto que la CTA no acepta como el inicio de la solución, discutir sobre “el problema de la pobreza”. La pobreza para nosotros, es una consecuencia de la riqueza mal distribuida, y no pocas veces al amparo de normas de sospechosa legalidad. El problema entonces resulta la riqueza y no la pobreza. Cualquier intento honesto que apunte a la solución de la terrible situación de hambre y marginalidad de, cada vez más vastos sectores de nuestra población, debe comenzar por discutir una más justa distribución de la riqueza. Porque el camino de considerar solamente “el drama de la pobreza”, conduce – inexorablemente – a responsabilizar a los pobres de su situación. Entendemos que en nuestra provincia, se está favoreciendo claramente a un sector en desmedro de otro. Mientras se condonan o extienden los plazos de pago a privilegiados deudores del IADEP – enriquecidos a costas del dinero de los neuquinos-, se le abonan cifras millonarias a empresas constructoras o se practican lobbies a favor de empresas petroleras multinacionales, la pobreza avanza en Neuquén. Vivienda, salud y educación dejan de ser derechos de sus ciudadanos, mientras aumentan los índices de pobreza e indigencia, de desempleo estructural en medio de una distribución regresiva de los ingresos y ganancias empresariales extraordinarias. Jubilados y activos estatales cobran mientras tanto su aguinaldo en cuotas. En cuanto a política presupuestaria, se mantiene la vieja costumbre de subestimar recursos presupuestarios y mantener en la Ley artículos que le permiten disponer de los fondos que se ocultan en el presupuesto, sin necesidad de control legislativo. A partir de esta afirmación se repite un clásico provincial: a cada pedido de los distintos sectores populares, incluyendo el de aumento de salarios para los trabajadores dependientes del Estado, se recibe como respuesta la negativa por la falta de recursos para atenderlo. También se sigue manteniendo la costumbre, invariable con cada cambio de gobierno de atribuir a la anterior gestión un pesado legado que impide concretar las “buenas intenciones”. Bien se podría llegar a pensar, que se encubre porque no se quiere abrir la hacienda pública a la profunda investigación que necesita, ya que dicha investigación pondría al descubierto, no sólo las irregularidades de la gestión anterior, sino que obligaría a transparentar todo el manejo presupuestario, inclusive el que hace el actual gobierno. Por otra parte, se mantienen algunas partidas que son verdaderos “agujeros negros” que captan gran parte de los recursos presupuestarios como por ejemplo los asignados a Bienes y Servicios Por lo antes descripto presentamos, para su tratamiento, los puntos que a continuación detallamos:

1.- Reconocimiento por parte de la Subsecretaría de Trabajo a la CTA en todo el ámbito provincial. Nuestra Constitución provincial dice claramente: …” Las asociaciones obreras gozarán del reconocimiento legal sobre la base de la libertad sindical, que asegure un régimen de democracia interna en los sindicatos y su total autonomía frente a los empleadores y al Estado”… A tal fin solicitamos la promulgación de un decreto que enmarque el reconocimiento a la CTA para actuar en todos los órdenes legales y con la legitimación que nos dan los trabajadores tal como ya se realizara en la Provincia de Tierra del Fuego y atento a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Entendemos que de esta manera se ratifica el derecho de los trabajadores a la pregonada libertad sindical y se lo convierte en política pública. 2.- Coparticipación. Entendemos que el actual sistema de coparticipación es igualmente injusto, tanto desde el estado nacional con las provincias como de la provincia con los municipios. Una nueva Ley de coparticipación federal de impuestos debería ser el tema central de debate. Diputados y Senadores de nuestra provincia deberían estar trabajando fuertemente en ello. Ni siquiera se respeta en la actualidad el Art. 7º de la Ley 23.548 que establece “El monto a distribuir a las provincias, no podrá ser inferior al treinta y cuatro (34%) de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la Administración Central, tengan o no el carácter de distribuibles por esta Ley”. De esa manera la provincia ha resignado 385,49 millones de pesos durante el año 2.008. Esta cifra asciende a 1.032,62 millones si tomamos el período 2.002 – 2.008. (Fuente: Secretaría de Hacienda Nación). De igual manera el gobierno nacional mantiene cautivos a los gobernadores como estos a los intendentes. Decimos claramente que nuestra provincia no tiene futuro posible sin políticas que cambien radicalmente la distribución de la renta petrolera y sin una nueva ley de coparticipación. 3.- Asignación Universal por hijo. Nuevamente solicitamos la implementación de una Asignación Universal por Hijo de $ 300 para todos los menores de 18 años, sean estos hijos de trabajadores ocupados o desocupados, una de nuestras históricas reivindicaciones para que no haya ningún hogar pobre en la provincia. Recursos hay, lo que falta es la voluntad política del Gobierno para poner en práctica políticas públicas de carácter universal que modifiquen la injusta matriz de distribución de la riqueza. 4.- Consejo de Planificación. Artículo 78 Constitución Provincial. “La planificación será dirigida y permanentemente actualizada por el Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPADE), cuyos miembros serán designados por el Poder Ejecutivo con aprobación de la Legislatura. Estará compuesto por profesionales y técnicos universitarios de todas las disciplinas conducentes a su fin y representantes de las fuerzas de la producción, la ciencia y el trabajo. Todas las entidades públicas provinciales o municipales y las privadas, tendrán obligación de colaborar con el Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo en la realización de relevamientos o prospecciones necesarios para determinar el potencial económico de la Provincia.” La CTA entiende que debe dictarse la ley de organización del COPADE para que el mismo se constituya y las fuerzas del trabajo y la producción tengan la participación necesaria en la planificación de las inversiones y acciones del Estado en este tema. 5.- Salud, eduación, justicia. a) Salud. La actual pandemia de Gripe A, ha desnudado, una vez más, la grave crisis que el sistema de salud acarrea desde hace años. La falta de medicamentos, profesionales de todas las disciplinas, enfermeros, insumos, ambulancias, por solo citar algunas falencias, hace que el sistema empeore día a día. Por

tal motivo, solicitamos, se le de tratamiento en carácter de urgente al proyecto de creación del Consejo de la Sanidad, establecido en nuestra Constitución Provincial y presentado a la Legislatura en el año 2.008. b) Educación. Son muchas las falencias actuales y las no corregidas de administraciones anteriores. En primer lugar, el presupuesto educativo continúa sin ser discutido en el ámbito que la constitución creo a tal fin. Este no es otro que el Consejo Provincial de Educación, el que no tiene, como cuerpo colegiado y representativo de los intereses de la comunidad, participación alguna en este tema central. Por cierto desde allí se generan muchos de los principales problemas que padece el sistema para garantizar un funcionamiento regular, en todas y cada una de las instituciones educativas de la provincia. Garantizar hoy el derecho a la educación implica priorizar partidas presupuestarias para: comedores escolares, gastos generales y de limpieza de los establecimientos y que éstos lleguen en tiempo y forma. Asimismo, resolver las dificultades relacionadas con la provisión de gas en las escuelas rurales, el mantenimiento y refacción de fallas o problemas edilicios. Esto durante el año y medio de gestión no ha sido regularizado y en muchas ocasiones generó suspensión de actividades. Así también la construcción de los edificios que aún están haciendo falta y sólo a modo de ejemplo: CEF 10 de Chañar; Jardín de Infantes de Añelo; etc. El transporte escolar, merece un tratamiento particular. Los contratistas han hecho de él un negocio próspero a costa de la necesidad de nuestros hijos. Mientras el Estado quedó desprovisto de vehículos, se privatizó un servicio indispensable para el acceso al conocimiento. Así los alumnos de las escuelas especiales, rurales, albergues y de determinados lugares periféricos de la ciudad, dependen de él, inevitablemente. Ante ello, hemos denunciado los costos abusivos que presentan estas empresas. No obstante ello y mientras el Estado recobra protagonismo, es necesario mantener los mismos como una consecuencia costosa pero a la vez, de transición que no puede ser suspendida por ninguna razón. La seguridad en los establecimientos educativos es otro tema para tratar en forma particular. Las políticas económicas tienen indefectiblemente consecuencias sociales. A partir de allí y en determinados lugares de la ciudad se ha hecho necesario contar con servicios de seguridad. Estos también fueron y son un negocio próspero, montado sobre la crisis económica y social. Por lo tanto la conformación de la cooperativa de trabajo formada por trabajadores de las empresas de seguridad que se desvincularon del CPE, son una solución aceptada por las comunidad educativas y tienen que tener un tratamiento preferencial en cuento al cumplimiento de los convenios firmados y asegurar su continuidad en el servicio. Subsidio a Privada. Mientras nuestras escuelas, las públicas, sufren los problemas mencionados, las Escuelas Privadas, defendidas por sectores ligados al empresariado y la CGT, reciben la friolera de más de 70 millones de pesos de las arcas provinciales. Otro buen negocio, esta vez ligado a la mercantilización del conocimiento, sin ningún costo, ya que los trabajadores que en ellas se desempeñan (formados por el Sistema Público), son muchas veces considerados empleados de comercio, sin ninguno de los derechos que por Ley les corresponden. Por ello denunciamos y exigimos el retiro de estos aportes a todas aquellas escuelas que no tengan ninguna finalidad social, y sean meramente empresariales. Entrando en el fondo de la cuestión, se hace necesario considerar seriamente y con responsabilidad, la importancia de la educación para la sociedad. Son necesarios actos de gobierno en esa dirección. La Educación Media en la provincia no ha sido aún universalizada, como tampoco lo ha sido el acceso de la educación a partir de los 45 días de vida. La educación temprana es considerada una condición insustituible en el desarrollo de las capacidades del niño a lo largo de su vida y la escuela media una condición necesaria para la inserción y ascenso social de mujeres y hombres en el siglo XXI. Garantizar estos ámbitos de aprendizaje y acceso al

conocimiento es la única forma de revertir el proceso de descomposición social que viva la argentina y en particular nuestra provincia. Para ello es necesaria la creación de Jardines Maternales, y Escuelas de Nivel Medio en toda la provincia para escolarizar a todos los egresados del Nivel Primario. Asimismo la Educación de Adultos, y en particular la de Formación Profesional, tiene que estar en manos del CPE, como parte de un programa de preparación y formación integral para el trabajo. En este punto rechazamos la municipalización o la entrega de dicha formación a entidades intermedias de la comunidad. Por lo tanto, y al tratarse de un tema de suma complejidad, desde la Central de Trabajadores Argentinos, reclamamos como punto de partida, solución al desfinanciamiento del Sistema Educativo Provincial, priorizando las condiciones de trabajo y aprendizaje como uno de los aspectos centrales y de resolución inmediata por parte del Poder Ejecutivo Provincial. c) Justicia. Neuquén necesita otra justicia, un Poder Judicial democrático e independiente, con un presupuesto acorde a sus demandas para poder brindar un normal funcionamiento. Luego de soportar la creación de organismos innecesarios y más de 300 cargos de abogados sin obtenerse una mejora sustancial en los resultados enunciados a la hora de su creación, hoy está colapsado. Un Poder Judicial que pueda llevar adelante la investigación y esclarecimiento de las múltiples denuncias de estafas contra el estado, como así también la investigación de causas de represión y violación de los derechos humanos llevadas adelante durante el gobierno sobischista, como ser la causa conocida como “la zona liberada” en Cutral Có o como la de “los cascos amarillos” y fundamentalmente la del fusilamiento público de nuestro compañero Carlos Fuentealba. Necesitamos una justicia que pueda juzgar a los responsables políticos y materiales para despejar la sensación generalizada de impunidad que hoy vivimos y que le brinde seguridad jurídica al pueblo de Neuquén. Para ello deberá contar con funcionarios incuestionables desde todo punto de vista. En esto es fundamental la determinación política de las mayorías en la Cámara de Diputados Provincial de impulsar los juicios políticos contra los denunciados como ser el del Fiscal Vigniaroli, que más que fiscal se comportó como defensor oficial de Manganaro y otros funcionarios de la gestión Sobisch. Es necesario cambiar el mecanismo de elección y selección de Magistrados hoy vigente en la provincia. Con su actual composición y luego de los escándalos en las designaciones, está muy lejos de garantizar la independencia de los jueces, fiscales y defensores por ellos designados. Justamente un proceso del cual depende la calidad institucional, la democracia y la vida de todos los neuquinos. Es por ello que desde la CTA se impulsa una Enmienda Constitucional para reformar la actual composición del Consejo de la Magistratura, donde los trabajadores y el Pueblo deben participar en la selección de los jueces, fiscales y defensores. Impulsamos la integración a un nuevo Consejo de la Magistratura de miembros honorarios, entidades defensoras de los derechos humanos, representantes del pueblo por voto directo, representantes de las universidades, etc. En definitiva un Consejo de la Magistratura más democrático y con mayor participación popular. Requerimos el apoyo de la mayoría legislativa para el tratamiento y aprobación de la reforma del Código Procesal Penal de manera que los querellantes puedan impulsar la acción penal y de investigación con el mismo estatus legal que la fiscalía. Ello permitirá que la ciudadanía no quede presa de fiscales que han demostrado con creses su falta de independencia y voluntad de perseguir a los corruptos. En definitiva, un Poder Judicial que nos permita volver a ser la Capital de los derechos Humanos. 6.- Pago de Sueldos y Aguinaldos. Es un hecho inédito en nuestra provincia el pago escalonado de los aguinaldos. El artículo 47 de la ley provincial 2265 no habilita ni permite el pago fraccionado del mismo. Peor aún es el no pago a los jubilados

provinciales ya que los recursos los aportamos los activos a la Caja de Jubilación y no es potestad del estado retenerlos. Exigimos por ende el puntual pago de sueldos y SAC de activos y jubilados provinciales y puntualmente en el caso de los trabajadores que a los que se les adeuda parte de su aguinaldo, el pago completo del mismo junto a los haberes correspondientes al mes de julio. 7.- Cumplimientos de acuerdos sectoriales preexistentes. En numerosos casos, los gremios enrolados en nuestra Central han llegado a acuerdos con el gobierno provincial que luego no son cumplidos. Entendemos que esta manera de dilatar los conflictos solo lleva a un malestar creciente y a un descrédito cada vez mayor hacia el gobierno provincial, haciendo cada vez más complicada la resolución de conflictos por la vía del diálogo, y por ende mayor conflictividad social. 8.- I.S.S.N. a) Deuda de la Provincia y de entes descentralizados (descontadas directamente de la coparticipación) dependientes del gobierno con el ISSN por contribuciones patronales; o Aplicación de los intereses conforme Ley 611 y sus reglamentaciones; o Regularización de sus pagos dentro de los plazos establecidos. o Información directa y mensual de sus pagos.- b) Deuda por contribuciones patronales de funcionarios judiciales e intereses, las cuales conforme Ley 1971 corresponden ser abonadas por el Poder Ejecutivo. Solicitamos convocatoria del Presidente del Tribunal Superior de Justicia para su resolución. ($ 20.000.000) c) Deuda del Estado Provincial por la atención de los beneficiarios de la Ley 809, desde enero del 2003: ( $ 100.000.000) o Aplicación de intereses. o Modificación del convenio actual que produce un desfinanciamiento para el ISSN. Que pasen a prepagas como en ANSES o se fije un monto que cubra el perjuicio económico. o El aporte mensual por cada beneficiario es de $ 45 aproximadamente entre aportes personales y patronales. El consumo promedio es de $ 350.- o Cantidad de beneficiarios 5.200.- o Gasto anual aproximado de $ 20.000.000.- d) Recomposición a las jubilaciones mínimas. e) Deuda histórica del Estado Provincial ($ 200.000.000) Proponemos: cesión de terrenos para la ubicación de nuestras delegaciones en las localidades donde actualmente están funcionando y de donde no somos propietarios: 1- Neuquén capital Área norte, 2- Bajada del Agrio, 3Bariloche, 4- Centenario, 5- Cipolletti, 6- El Cholar, 7- Las Coloradas, 8- Mariano Moreno, 9- Plaza Huincul, 10- Plottier, 11- Santo Tomás, 12- Taquimilán, 13- Triacao Malal, 14- Varvarco, 15- Villa El Chocón, 16- Villa La Angostura, 17- Villa Pehuenia, 18- Villa Trafúl, 19- Vista Alegre, 20- Zapala zona norte; 21- Chorriacas; 22- Los Miches; 23- Manzano Amargo, 24- Paraje Juncal, 25- Barrancas, f) Recuperación de propiedad de Ruca Malen y de Villa La Angostura (Fundación Favaloro) por incumplimiento de la consecionaria, y por falta de pago, respectivamente.- g) Ingresos y ascensos de personal en el ISSN por concurso conforme lo determina la Constitución Provincial. h) Recuperar los servicios que están terciarizados y rechazo a las nuevas terciarizaciones. Buscar soluciones internas. i) Solución al reclamo del sector pasivo respecto a la quita del 20% de Zona. El manejo discrecional y arbitrario que este y anteriores gobiernos han realizado en el I.S.S.N. dan cuenta que es prioritaria la democratización del mismo. En tal sentido le requerimos, de apoyo a las iniciativas legislativas que en tal sentido se promuevan en la Legislatura Provincial. 9.- Tierra, vivienda y acceso al crédito. Estos temas se encuentran entre las falencias más importantes de nuestra provincia, dentro de la cual se incluye a gran parte de

nuestros afiliados. En innumerables ocasiones nos hemos referido a la inequidad con que se aborda el tema, tanto desde el ADUS como desde el Banco Provincia del Neuquén, con un trato discriminatorio y antisindical del mismo, que otorga créditos o viviendas para quienes estén afiliados a un sindicato y no a otro. Insistimos, no solicitamos un tratamiento especial para nuestros representados sino igualdad de condiciones para los mismos. 10.- Eliminación del cálculo en el impuesto a las ganancias de los adicionales por zona desfavorable y ubicación por zona. Sabido es el perjuicio que están sufriendo miles de trabajadores en nuestra provincia por el pago de la 4ta categoría del impuesto a las ganancias. Esto es sin duda alguna un impuesto al trabajo. No solo eso, sino que también afecta el haber jubilatorio. Se trata de un monto que forma parte de la masa salarial de la planta estatal y de jubilados que termina en manos del Gobierno Nacional, sin llegar de ninguna forma a los que aportamos. Es decir que el dinero se pone en salarios pero no llega los trabajadores en actividad o jubilidos. Es más, sale del circuito económico de la provincia una suma varias veces millonaria que afecta directa o indirectamente a miles de familias neuquinas. Un planteo concreto para reducir el efecto que esto tiene en los salarios, es la eliminación en el cálculo de este injusto impuesto de los adicionales por zona desfavorable y ubicación por zona, los que no pueden ser considerados bajo ningún aspecto como ganancia, ya que implican adicionales por mayores costos de vida o privación de beneficios que en la patagonia o en la ruralidad no se tienen. Esto es una propuesta concreta para tratar en la Legislatura Provincial y como bloque patagónico ante el Congreso de la Nación. 11.- Expropiación de Zanón y entrega de la fábrica a sus trabajadores. Desde nuestra Central apoyamos, desde el inicio del conflicto hace ya nueve años, el pedido de expropiación de la fábrica y la entrega de la misma a sus trabajadores. El tiempo transcurrido además, pone en evidencia la capacidad de los mismos para hacerla funcionar y producir. En este marco solicitamos el urgente tratamiento en la Legislatura para poner fin a una larga etapa de incertidumbre de los compañeros de FASIMPAT. 12.- Recursos Naturales. Vivimos en una provincia que se hizo al calor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que no solo sacaba el petróleo y el gas, sino que construía escuelas, caminos, pueblos, hospitales, llevaba tecnología, levaba futuro a estas poblaciones y antes de la privatización en la provincia de Neuquén faltaban manos para trabajar. Se radicaban, en ese entonces siete familias por día. Hoy, después de la privatización, prácticamente la mitad de los trabajadores de la provincia se encuentra sin trabajo o sub empleados. Hoy se extrae más petróleo pero en contrapartida somos más pobres. Esto, sin dudas es un problema para nuestro pueblo, un problema de vida o muerte. Conocimos en tiempos anteriores la vida con el petróleo en manos del estado. Hoy nos están matando, nos están saqueando nuestros recursos, nos están contaminando, se están llevando absolutamente todo. Dice nuestra Constitución Provincial: (Capítulo II. Recursos naturales) Dominio y jurisdicción: Artículo 95 “El espacio aéreo, los yacimientos mineros y todo lo contenido en el subsuelo del territorio de la Provincia del Neuquén, pertenecen a su jurisdicción y dominio. Las fuentes energéticas son de propiedad provincial exclusiva y no podrán ser enajenadas ni concedidas en explotación a personas, entidades o empresas que no sean organismos fiscales competentes, nacionales, provinciales, municipales y/o consorcios de tipo

cooperativo regidos por el Estado”. Concesiones hidrocarburíferas y de minerales nucleares. Artículo 96 “No podrá otorgarse ninguna clase de concesión para la explotación, industrialización y comercialización de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos y minerales nucleares, salvo a una entidad autárquica nacional, que no podrá ceder ni transferir el total o parte de su contrato, y si así lo hiciere quedaría de hecho anulado el mismo y todas sus instalaciones y derechos en el ámbito provincial pasarían a ésta”. Caducidad de contratos. Artículo 100 “Los contratos actualmente en vigencia de explotación de petróleo y gas por compañías extranjeras en el ámbito provincial, caducarán indefectiblemente a su término”. Como se podrá apreciar, el texto de nuestra Constitución es por demás explícito. Con el solo cumplimiento de la misma tendríamos una transformación radical de nuestra provincia. Solo hace falta voluntad política. Los trabajadores organizados en la CTA estamos convencidos de que no podrá democratizarse la sociedad si no se distribuye la riqueza generada; como tampoco será posible distribuir la riqueza si no se democratiza la sociedad. Distribución de la riqueza y democratización de la sociedad, son las dos caras de una misma moneda. Por la CTA Neuquén: Edgardo Cherbavaz Sec. General Adjunto CTA Neuquén – Sec. General SEJUN Joaquín Bertran CTA Neuquén Ernesto Contreras Sec. General ATE Neuquén Rafael Rubio Sec. Gremial SEJUN Marcelo Guagliardo Sec. General Aten Pablo Grisón Sec. General Adjunto Aten Erasmo Soto Sec. General Adjunto ATE Neuquén Diego Urretabizkaya CTA Neuquén Claudio Balmaceda Sec. General Sindicato de Seguridad Privada Neuquén Luis Sivila Sindicato Trabajadores del Peaje Centenario Gustavo Rivera Secretario General del Sindicato Repositores Externos y Marchandising Ariel Tarifeño Consejero por los afiliados I.S.S.N. Marcelo Fernanadez Consejeros por los afiliados jubilados I.S.S.N.