Cbarran. Estado Vlano. Contexto 1998

Notas sobre el estado venezolano. A modo de marco contextual. Autor: César Barrantes (Tomado de Barrantes, César. Organizaciones de desarrollo social, estado y economía popular en Venezuela. Escuela de Trabajo Social, Universidad Central de Venezuela. Trabajo de Ascenso, 1998).

Un rasgo -de hondas raíces coloniales- de los estados latinoamericanos es que son actores escenciales de los procesos constitutivos –imaginarios, simbólicos, reales- de las configuraciones societales a las que pertenecen. Son sistemas significantes que no necesitan adjetivos para ser nombrados; son centrales y, por lo tanto, ostentan el poder de crear condiciones humanas, constituir sujetos, asignar identidades diferenciales y satisfacer carencias y aspiraciones en lo económico, lo político, lo simbólico-cultural y lo social, pero en referencia a ellos mismos (Vellinga, 1997; Torres-Rivas, 1993; González Casanova, 1990; Faletto, 1989; Labastida, 1985, 1986; Barrantes, 1986a; Rubinstein, 1988; Lechner, 1981). En Venezuela el estado es también propietario del subsuelo, perceptor de la renta petrolera y garante de los equilibrios entre las diversas fuerzas concurrentes en el proceso social-nacional y entre éstas y las compañias internacionales y trasnacionales y los países continentales y extracontinentales. Es así que desde los años cuarenta, asumió el papel fundamental de ordenador -con un sentido “nacionalista y populista”- de la articulación entre acumulación, distribución y democracia y, por ende, de organizador, coordinador y promotor con “criterio político” (Dávila, 1992: 80) del desarrollo económico, el bienestar y la integración social de los diversos actores de la nación. En consecuencia con lo anterior, el estado venezolano inicialmente respondió con resoluciones satisfactorias en los planos económico, político y social. Ello, al influjo de las pugnas de los diversos sectores dominantes por aumentar su capacidad de acumulación y de las clases medias y populares por alcanzar equilibradas políticas redistributivas, especialmente traducidas en aumentos salariales y efectivos servicios sociales. Particularmente en este último ámbito, comenzó a impulsar una política social de carácter masivo y de gasto social genérico por sectores sociales (salud, vivienda, educación...) y productivos (priorizando las demandas de la fuerza de trabajo asalariada de la industria manufacturera y petrolera). También adelantó políticas de redistribución de la renta petrolera y privada así como de “legitimación económica" del incipiente e inestable “orden político” posgomecista: de López Contreras al Trienio Octubrista, (Dávila, 1992:80).

Asimismo,

respondió

produciendo

representaciones

sociales

que

eran

construidas

simbólicamente como propias por las clases populares: entre estas, la del pueblo homogeneizado como colectivo nacional y sujeto imaginario articulado al gobierno, al ejército y a la sociedad por intermedio del sufragio (Salamanca, 1992; Álvarez, 1992; Dávila, 1992; Herrera Luque, 1991; Britto, 1988 y 1993). Sin embargo, en el periodo siguiente, cuando ya habían comenzado a mostrarse los signos de una mayor complejidad y heterogeneidad estructural (Quijano y Weffort, 1974; Córdoba, 1963; Baptista, 1980; Hausman, 1983; Mommer, 1988), aquella centralidad popular imaginaria de base patriarcal, caudillista y particularista (Britto, 1988), fue desdibujándose dentro de una nueva función de modernización, integración, consolidación y desarrollo económico y social del estado, la nación y la sociedad venezolana. Lo anterior, en especial durante el ensayo republicano mesocrático 1, cuya base bipartidista –dos de cuyos efectos perversos fueron el populismo y el clientelismo- fue la mediación a través de la cual se realizó el pacto que, posteriormente, llegamos a conocer como Pacto de Punto Fijo (Síntesis, 1988:443-449; Maya, Gómez y Maingón, 1985), o puntofijismo (Canelón, González, 1998:11-42) en tanto práctica cupular de los partidos políticos dominantes y en el ejercicio de la concertación tutelada (proteccionista hacia arriba, asistencialista hacia abajo) de las relaciones de las organizaciones sociales, especialmente gremiales y profesionales pero también empresariales y vecinales con las instancias formales y los entornos íntimos del estado, el régimen político y el escenario electoral. En este sentido, la sociedad organizada se hizo partícipe –aunque de manera subordinada- de las alianzas establecidas, delegando en las cúpulas partidistas fundamentalmente sus capacidades de decisión e interpretación de las grandes metas de la nación. Dicha concertación de intereses tutelados, fue funcional a la política de financiamiento de los grandes proyectos económicos e industriales, cuyos sujetos –siguiendo el modelo conocido como desarrollista cepalino (para un análisis discursivo de éste ver Barrantes, 1985, 1986; Escobar, 1996)- eran las clases medias y empresariales, en especial en el periodo que los organismos multilaterales denominaron de alegre endedudamiento externo de los años sesenta y setenta. Ello significó que las necesidades de los agrupamientos populares de reinvertir y revalorar su propio capital cultural, social y humano, fueron siendo diferencialmente 1

Este periodo -inaugurado el 23 de enero de 1958 luego de derrocada la dictadura militar de Pérez Jiménez y legitimado e institucionalizado mediante la Constitución de 1961 bajo la hegemonía de socialdemócratas y socialcristianos- fue rebasado electoralmente a partir de diciembre de 1998 y jurídico-políticamente el 15 de diciembre de 1999, cuando la Asamblea Nacional Constituyente elegida para tales efectos, derogó la Constitución de 1961 y aprobó la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

desatendidas, pero también deconstruidas y rearticuladas a la lógica del modelo mesocrático, lo que implicaba la reconstitución de sus imaginarios dentro de una cultura política pragmáticamente bipartidizada y clientelar. Fue así que, al influjo de la ideología desarrollista y del modelo industrial basado en la sustitución de importaciones, propugnados por la Comisión Económica para América Latina, pero fundamentalmente de la renta petrolera (Mommer, 1986, 1987, 1988, 1989), por vez primera el estado venezolano dio inicio al financiamiento de las iniciativas económicas de los artesanos2 y pequeños industriales. En efecto, en 1959 fue creada la Comisión Nacional de Crédito al Artesanado y la Pequeña Industria; sin embargo, ya en 1961 fue restructurada de forma tal que las artesanías desaparecieron como objeto de financiamiento, en tanto que la pequeña industria fue articulada a la lógica de la mediana industria; en consecuencia, aquella Comisión pasó a ser denominada Comisión Nacional de Financiamiento a la Pequeña y Mediana Industria. Trece años después, en 1974, al influjo de los primeros síntomas de crisis inflacionaria y debido a su desfinanciamiento, dicha Comisión fue clausurada por el gobierno de Carlos Andrés Pérez y sustituida por lo que por varias décadas y hasta su clausura por el gobierno de Hugo Chávez Frías, se conoció como Corporación para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria o Corpoindustria (Milano, 1997:11-38). A partir del mismo año de su creación, ésta y la Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y Desarrollo Municipal (Fundacomun) –creada años antes-, comenzaron a ejecutar de manera descoordinada, entre otros programas de mayor relevancia sociopolítica y económica, sendas líneas de microcrédito que no se vieron completadas por mecanismos de capacitación y asistencia técnica; ambas, dirigidas a las, en aquel entonces denominadas sin pretensiones de teorización en Venezuela, organizaciones económicas de base3, y fundamentadas en la teoría de la marginalidad 2

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Utilizando el sentido más reciente, son las microempresas más estrechamente vinculadas a la producción básicamente familiar de valores culturales, artísticos, folclóricos, comunitarios e identitarios de tipo fundamentalmente indígena y campesino pero también popular urbano y semiurbano. Para la época que nos ocupa, las artesanías eran ya parte de las actividades de los sujetos de la marginalidad e informalidad. Dentro de estas organizaciones de base, se incluían de manera inespecífica las artesanías, cuya especificidad fue diluida dentro de las actividades informales y marginales. En otros países (Barrantes, 1990) se denominan, organizaciones económicas populares (Chile desde los `80) empresas comunitarias (Colombia, Costa Rica desde los `70), organizaciones sociales de barrio (Perú), organizaciones solidarias de desempleados (Brasil), nuevas sociedades de fomento (Argentina), y empresas asociativas (Costa Rica desde mediados de los `70 y Venezuela desde mediados de los `80). Hace varios lustros fueron estudiadas en Centroamérica (Santos de Morais 1978) y desde hace varios años en América del Sur, especialmente por la Conferencia Episcopal de Chile y el Programa de Economía del Trabajo (Pet) de la Academia de Humanismo Cristiano de este mismo país, en especial por Razetto (1983; 1984; 1985; 1988) y Hardy (1987; 1986; 1985).

(Quijano y Weffort, 1974; Lomnitz, 1975) y la noción ambigua del denominado sector informal urbano (Tokman y Klein, 1979; Barrantes, 1989). Para 1987 dichos programas estaban técnicamente desfinanciados; por esta razón y por comprobada ineficiencia, corrupción y clientelismo fueron clausurados en 1988 (Iranzo, 1989a y 1989b). Dentro de este contexto, atravesado por el primer ciclo de la mayor recesión económica del siglo XX en Venezuela y en coincidencia con el inicio del breve repunte económico de 1987-1988, en mayo de 1987 el gobierno de Jaime Lusinchi creó el Fondo de Cooperación y Financiamiento de Empresas Asociativas, objeto de nuestro estudio (Iranzo, 1989c; Barrantes, 1989, 1995 y 1997)4. La misión encomendada a Foncofin fue la de ejecutar operaciones de promoción, capacitación y financiamiento de empresas asociativas con especial énfasis en las emprendidas por jóvenes y mujeres que, según se establecía en los ámbitos académicos y oficiales, estaban marginados o fuera del proceso de revaloración del capital, razón por la cual era necesario propiciar su desmarginación y desinformalización, mediante su reincorporación formal al sistema de producción económica (Cordiplan, 1982-85, 1983, 1984). En febrero de 1989 coincidieron el inicio de la segunda presidencia de Pérez y la segunda onda recesiva de la crisis estructural venezolana, y, por ende, con la necesidad imperiosa de aceptar explícitamente que el estilo de desarrollo industrial basado en la sustitución de importaciones y el sistema social, jurídico y político que lo sostenía desde enero de 1958, definitivamente habían caducado sin haber producido bienestar social, económico y político sustentable. El reconocimiento de esta realidad –hasta ese entonces de insospechada estructuralidad, no obstante su carácter históricopolítico dentro del cual la clase política jugó un papel preponderante-, determinó la implantación -a contrapelo de la propaganda electoral de Pérez durante el año anterior- de la política económica de ajuste estructural que llegó a conocerse como el tristemente célebre paquete económico neoliberal. Los brutales impactos de esta política, abrieron al debate político nacional, temáticas cruciales en torno al estado venezolano; entre éstas nos interesa señalar las siguientes tres:

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En 1986, pero retomando un proceso que venía siendo sistematizado desde 1976, se creó con sentido alternativo al oficial, la primera experiencia privada en el área del financiamiento de microemprendimientos populares en Venezuela, adscrito al Centro al Servicio de la Acción Popular (CESAP). Asimismo, en 1987 se creó el segúndo programa privado –el cual venía operando desde el año anterior, a cargo de la Fundación Eugenio Mendoza- de apoyo a la microempresa popular. Ver especialmente el anexo número uno del presente texto. En 1998, se creó el primer programa regional de crédito a artesanos, dependiente de la gobernación del estado Lara (Freites y Ávila, 1988; 1989).

1) La relación clientelar, populista y partidocrática con sus propias instituciones y con la sociedad y la nación a la que pertenece. 2) El modo de resolver a realazos los problemas de la convivencia social y la satisfacción de necesidades sociales. 3) La discapacidad efectiva de producir y distribuir valores tangibles e intangibles, con criterios de eficiencia y equidad y una visión temporal de corto, mediano y largo plazo. Fue así como aquel debate permitió visualizar las características de la Venezuela de fin de siglo, entre éstas, la turbulencia y el incremento abrupto y exacerbado de la complejidad societal, la imprevisibilidad institucional y la ingobernabilidad (López Maya, 1999:211-238; Salamanca, 1999:239-264; Gómez Calcaño, 1995:103-164)5, pero también la estanflación, el incremento de los índices de la pobreza, la corrupción político-administrativa y la inseguridad individual, social, pública, alimentaria y jurídica, así como la deslegitimación del sistema político y el desencanto generalizado por las promesas que no cumplió el proyecto modernizador ni la democracia tal como se practica en Venezuela desde 1958. Con ello se inició un largo periodo de agonía transicional aún no resuelto y del cual sólo sabemos que algo está muriendo en el país, pero no nos es posible vislumbrar cuándo nacerá la otra Venezuela, ni saber qué de viejo y qué de nuevo caracterizará a ésta. Éste, ha marcado ya, nueve hitos cruciales: 1) La violenta explosión popular, sangrientamente reprimida entre el 27 de febrero y el 4 de marzo de 1989, cuyas ondas expansivas aún se mantienen vivas en el imaginario político venezolano. 2) El abstencionismo sin precedentes en las primeras elecciones directas de alcaldes y gobernadores, celebradas en diciembre de 1989. 3) El fracasado -pero, por este hecho mismo, políticamente exitoso- golpe militar del 4 de febrero de 1992. 4) El fracasado golpe cívico y militar del 27 de noviembre de 1992. 5) El castigo electoral que la sociedad civil le propinó al partido de gobierno en las elecciones regionales del 6 de diciembre de 1992.

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Sobre el tema de la crisis de gobernabilidad de los sistemas políticos puede consultarse Arbós y Giner (1996), Bobbio et al. (1995), Di Tella et al. (1989), Dror (1996), Njaim (1996), Offe (1986), Torres Rivas (1990, 1993). Para el caso venezolano, puede consultarse Frances y Naím (1992); Magallanes (1995), España, 1995) entre otros.

6) La destitución del presidente Pérez por la Corte Suprema de Justicia, con motivo de haber sido aquél sometido a antejuicio de mérito por el supuesto uso indebido de una partida secreta de Bs.250.000.000. 7) El sometimiento a antejuicio del expresidente Lusinchi por un supuesto delito similar al de Pérez. 8) El segundo castigo electoral que el electorado reiteró al partido de gobierno en las elecciones nacionales del 5 de diciembre de 1993. 9) La quiebra de dieciocho bancos privados a comienzos de l995 y la intervención de éstos por parte del estado venezolano. En virtud de lo anterior, podemos afirmar que la conducción política, ética e intelectual de nuestra clase gobernante ha venido experimentando la profundización de su propia deslegitimación. Este proceso se ha traducido en lo siguiente: 1) Pérdida de credibilidad en la gobernabilidad y las capacidades sinergéticas de gobiernos y organizaciones de representación social. 2) Incremento del escepticismo por la evidente discapacidad de éstos, para procesar las necesidades de realización básica de los actores mayoritarios del sistema político, económico, cultural y social. 3) Apatía partidista por haber suscitado el régimen político ilusiones de certidumbre, homogeneidad, bonanza y armonía sobre la base de aquel modo estatal -hoy ética y políticamente problematizado- de resolver a realazos los problemas de la convivencia social. En el ámbito del conjunto atomizado y descoordinado de programas asistenciales y compensatorios6, a los que secularmente ha sido reducida la política social en Venezuela, los dinamismos mencionados determinaron un doble proceso: 1) Por un lado, la creación inorgánica del fracasado Plan para el Enfrentamiento de la Pobreza (Cordiplan, 1988, 1989, 1989a, 1989b)7 mediante el cual el gobierno de Pérez creyó poder morigerar en el corto plazo, los brutales impactos humano-sociales, si bien provocados por la crisis económica y el Plan de Ajuste Estructural puesto en marcha en febrero de 1989, 6 7

Se trata de entre diez y catorce programas que, durante el segundo gobierno de Pérez, fueron denominados Megaproyecto Social, y, durante el segundo gobierno de Caldera, Agenda Venezuela. Este enfoque, aupado por el Banco Mundial en los albores de los años`70, fue asumido por organismos de Naciones Unidas y aplicado –algunas veces como innovaciones propias- por gobiernos latinoamericanos, vgr., la política social del Gobierno cuasisocialdemócrata de Costa Rica entre 1970 y 1974, denominada La Lucha Contra la Miseria Extrema. En Venezuela la aplicación de este enfoque puede considerarse tardío con respecto a otros países.

fundamentalmente por efectos de la política social omisa mediante la cual las necesidades sociales insatisfechas se acumularon explosivamente, a lo largo de treinta años. 2) Por otro lado, la propuesta –que no superó los ensayos preliminares de su implementación- de una Política de Desarrollo Social cuya noria fue, primero, la transformación del Ministerio del Trabajo, y al resultar políticamente inviable éste, del Ministerio de la Familia en Ministerio de Desarrollo Social (Kliksberg y Padrón, 1989; Minfam, 1989). Si bien aquí no nos abocaremos al análisis de estos planes, puesto que ello no forma parte de los objetivos del presente trabajo, sí explicitaremos de manera sintética algunas ideas sobre el segundo, tomadas profusamente de Barrantes (1997a; 1989a), en especial aquellas referidas a las relaciones del estado con la sociedad, dentro de las cuales las organizaciones civiles de desarrollo social vienen jugando un papel relevante. El proyecto de Desarrollo Social significó una contrapropuesta coincidentemente neoestructuralista8 –no hegemónica y no totalmente consistente- que, desde la plataforma descoordinada del denominado sector social institucional y sin eco políticosocial, levantó la voz en el nombre de los pobres frente a la furia neoliberal y, por ende, frente a su discurso polivalente inscrito en el Octavo Plan de la Nación y en el Plan de Superación de la Pobreza. Por su medio se aspiró a la introducción de una tendencia a la reconstitución de las fuerzas productivas de la sociedad venezolana y, por ende, a la producción individual y colectiva de un nuevo estilo de desarrollo más democrático, participacionista, justo, social y económicamente competente para la sociedad venezolana, todo lo cual implicaba la sustitución del estilo rentístico, asistencialista, clientelar y paternalista de hacer política social el estado venezolano por una política integral orgánica de estado cuyo desiderato sería el desarrollo socialmente centrado, económicamente rentable y gerencialmente conducido. La premisa, pero también desiderato, de esta propuesta de Desarrollo Social es que el estado (el momento de la unidad en la diversidad), la sociedad (el momento de la diversidad en la unidad) y la nación (el momento de la identidad) constituyan el dispositivo del buen gobierno (la síntesis plural); ello a fin de que el estado venezolano integral, es decir, el estado ya no reducido a su materialidad estadocéntrica sino amplificado a su matriz sociocéntrica, o lo que sería lo mismo,

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Sobre el enfoque neoestructuralista como superación del estructuralismo cepalino de los años cincuenta y sesenta, ver Bitar (1988:45-63). Formando parte de este proyecto, se crearon entre otros programas que no sobrevivieron al cambio de gobierno, el Programa de Apoyo a la Economía Popular, al cual nos referiremos más adelante, la Fundación “Escuela de Gerencia Social” (Fegs) y el Fondo de Inversiones Sociales (Fonvis).

a la sociedad venezolana concebida en su conjunto más inclusivo- desempeñe un papel protagónico en la conducción política, intelectual y ética al menos, en lo siguiente: 1) La defensa y profundización de la democracia y la solidaridad activa en todos los ámbitos de la vida en sociedad. 2) La construcción de nuevas formas de relacionarse la sociedad venezolana consigo misma, con sus instituciones y con cada uno de sus momentos co-constitutivos: el estado, el sistema jurídicopolítico, el régimen de partidos, el escenario electoral, la sociedad civil, la nación y el escenario internacional hoy globalizado. 3) La creación de efectivas redes de organizaciones solidarias de carácter público-civil que le agreguen valor a la acción individual y colectiva, al control popular sobre la gestión de los poderes públicos locales, regionales y nacionales, así como a las luchas por la satisfacción de necesidades individual-colectivas y la realización de aspiraciones sociales. 4) La dotación al aparataje estatal y a las organizaciones de la sociedad civil especialmente populares, de capacidades gerenciales estratégicas y operativas para el efectivo aprovechamiento de iniciativas de responsabilidad, rentabilidad e interés sociales. 5) Diseñar estrategias de acceso a los recursos de poder del estado, a cambio de que las organizaciones de desarrollo social intermediarias y los sujetos de la Política de Desarrollo Social, potencien la rentabilidad social y la productividad económica de sus prácticas autogestoras en el marco del desarrollo nacional. 6) La configuración de espacios de encuentro para el desarrollo socialmente rentable y económicamente productivo de la Economía Popular, a fin de que los sujetos individuales y colectivos que la encarnan y le dan sentido, se integren con proyecto propio a la competencia de un mercado cada vez más globalizado, concentrado y segmentado. No obstante las potencialidades del proyecto de Política de Desarrrollo Social, sus desideratos no significaron, en modo alguno, que durante los segundos gobiernos de Pérez y Caldera se dejara de prestar atención a otras cuestiones consideradas de trascendencia nacional y relevancia macroeconómica, tales como la realización de grandes inversiones de desarrollo económicamente centrado y la búsqueda de nuevas reinserciones funcionales en el mercado mundial, en especial mediante la colocación de productos no tradicionales a precios competitivos. El proyecto de creación de una instancia rectoral del más alto nivel gubernamental y la asumición de las funciones correspondientes al Desarrollo Social, resultó ser una tarea portentosa que contó con poderosos enemigos, tales como los denominados cojollos clientelares y populistas del

partido Acción Democrática y su brazo sindical: la Confederación de Trabajadores de Venezuela, que la inviabilizaron durante todo el quinquenio anterior. Desde los entornos íntimos del estado -reducido al simple gobierno que administra lo dado-, a la cuestión social se le ha venido asignando funciones meramente apendiculares de lo económico. Esto, no obstante las proclamas de su integración mutua tanto como del carácter necesario de la integralidad que se pretende imprimirle a los programas asistenciales y compensatorios. Asimismo, el estado ha continuado definiendo su política en este ámbito, ya no tanto por omisión como tradicionalmente venía haciéndolo, sino, más bien por su discapacidad, especialmente financiera, de satisfacer adecuadamente las necesidades sociales más sentidas de los agrupamientos subalternos. Por otro lado, el decreto de creación del Ministerio de Desarrollo Social no se produjo durante el gobierno de Pérez, y en el de Caldera, la retórica decisional no se ha visto traducida en voluntad política de hacer realidad el subtítulo que, a pocos meses de terminar el periodo presidencial, aún adorna el membrete identificatorio del Ministerio de la Familia, el cual dice “Hacia el Ministerio de Desarrrollo Social”. Se comprende, por lo tanto, que no se haya podido iniciar la larga y laboriosa marcha que aún está a la espera: la dotación de los recursos, instrumentos y capacidades que le podrían permitir al nuevo ente ministerial producir, hacer circular, hacer consumir y agregarle valor a los planes de Desarrollo Social que las masas depauperadas continúan demandando. Al influjo de esta tendencia, las características más resaltantes de la política social en el segundo lustro de los noventa, siguen siendo fundamentalmente dos: 1) Su multivariada subordinación a la política económica, a los avatares de la política de decentralización y de reformas jurídica, política, fiscal, constitucional, presupuestaria, administrativa y electoral y a los antagonismos no resueltos entre los actores políticos y económicos preponderantes, de los cuales los denominados cojollos son los agentes más visibles de los entornos públicos y privados del estado venezolano. 2) La ausencia de un plan maestro de mediano y largo plazo, de mecanismos de coordinación interinstitucional y, exceptuando el control sobre la ejecución física y financiera, de dispositivos de seguimiento y evaluación de procesos, productos e impactos (González, 1997; Carvallo 1998; Pulido 1998). Dentro del escenario mencionado y a partir de 1989, el estado venezolano comenzó -lenta y pesadamente- a intentar redimensionar su papel de imperativo y, otrora, indiscutido satisfactor

de necesidades -no siempre compatibles entre sí en el corto, mediano o largo plazo- de los diversos agrupamientos sociales, del mercado y del sistema político y social. A propósito de lo anterior, se produjo la convocatoria apresurada y selectiva del gobierno nacional, para que algunas de las organizaciones civiles y gubernamentales decentralizadas de desarrollo social más experimentadas, exitosas y mayormente conocidas por el funcionariado oficial, se incorporaran en calidad de operadoras, administradoras o intermediarias a la ejecución -amplificada por el incremento abrupto de la demanda social- de aquel conjunto descoordinado de programas básicamente asistenciales, compensatorios y focalizados9. Dicha convocatoria se vio determinada por una triada de sucesos de diverso nivel: 1) La ofensiva neoliberal y sus propuestas de desmantelamiento del intervensionismo del estado desarrollista latinoamericano y, particularmente, venezolano, que ya se mostraba insoslayablemente discapacitado para satisfacer las necesidades básicas de amplios agrupamientos poblacionales. 2) El optimismo inicialmente generado por el proceso decentralizador político-administrativo del estado, el cual venía siendo conducido por la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado desde que fuera creada durante el gobierno de Lusinchi en 1984 y cuya primera cristalización tardía fue la elección uninominal de gobernadores y alcaldes en diciembre de 198910. 3) Pero fundamentalmente, se vio determinada por la abrupta implosión del sistema político-económico, cuya dramática manifestación fue la protesta popular sangrientamente reprimida por la fuerza policiaco-militar entre el 27 de febrero y el 3 de marzo de 1989. Entre finales de 1989 y el primer trimestre de 1990, se firmaron los primeros convenios, inaugurándose así una relación no siempre transparente ni plenamente satisfactoria –más bien diría-

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Los programas delegados fueron la capacitación, asistencia crediticia y técnica a microempresas y ferias de consumo populares, los hogares infantiles de cuidado diario y la inserción laboral de jóvenes excluidos por el sistema educativo (Barrantes, 1997; Navarro y González, 1994). En otros ámbitos como la salud, la cultura, la administración de justicia, la justicia de paz y el desarrollo ambiental y ecológico, entre otros, el estado viene desarrollando también, no siempre felizmente, programas delegados en organizaciones civiles de desarrollo social. Luego de un decenio de funcionar básicamente como foro de discusión, la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado fue relanzada en 1994 sin éxito, dadas las contradicciones y contramarchas que caracterizan al gobierno de Caldera. La preocupación del gobierno por la reforma del estado no significa que el alto mando del estado tenga interés en reformarse a sí mismo. "...de Betancourt en adelante, la reforma del Estado aparece...como...reforma de su aparato, mas no de sus mecanismos y dinámicas...es decir, de las normas de la participación democrática,...la democracia en términos políticos y de participación de todos...quedó circunscrita al acto de votación quinquenal y mediatizada por la interferencia de los partidos políticos, los cuales lograron aumentar su importancia y su influencia. Esta tendencia `tecnocrática' se mantuvo en todos los intentos posteriores de reforma del Estado". (Sonntag 1988:110).

mos, tensa, ambigua, asincrónica y ambivalente- con el estado venezolano, en especial con Foncofin como veremos en los capitulos subsiguientes. Fue así que, sobre la base y a propósito de los convenios de financiamiento ofertados por el estado venezolano, adquirió significación la eclosión del heterogéneo contingente de organizaciones civiles de desarrollo social y, por ende, la problematización social de su papel de intermediadoras en las relaciones del estado con la sociedad a la que éste pertenece. Su notoriedad pública se vio amplificada o publificada11 por los medios de difusión masiva pero, fundamentalmente por la imagen sociogerencial-empresarial de eficiencia, eficacia y efectividad de sus estrategias, flexibilidad organizacional, diversidad de áreas atendidas y de la plétora de servicios prestados en una multiplicidad de ámbitos de la vida nacional. Es lo que conocemos como el boom –mediado por las políticas de actores globales como los organismos mulilaterales y bilaterales, y gubernamentales y privados de los países tecnológicamente avanzados-, de las denominadas, más por persistencia que por pertinencia, organizaciones no gubernamentales. No obstante, lo anterior no implicó, en modo alguno, que tanto éstas como el estado se plantearan la posibilidad –posiblemente porque no lo percibieron como necesidad- de realizar un trabajo asociado con derecho a coparticipar en las instancias decisorias oficiales; tampoco significó que ellas se decentraran a sí mismas ni que, parafraseando a Roiz (1996:94), dieran rienda suelta al poder de sus beneficiarios, de forma tal que estos pudieran apropiarse de sus derechos ciudadanos en el ejercicio mismo de la participación en los procesos de administración, 11

En Venezuela, en donde más recientemente se les conoce también como organizaciones privadas de derecho público, su historia puede ser remontada a las primeras décadas del siglo que agoniza (López Maya, 1984) y, en muchos aspectos, develado su entreveramiento marginal al desarrollo del movimiento popular o de la sociedad civil, pero no porque hayan sido consideradas actoras con voz propia, sino, al contrario, porque han estado implicadas como silencio o no-palabra en discursos que, como el académico, obrerista, sindicalista y, más recientemente, vecinalista (Ramos, 1995; Grohomann, 1996), no les corresponde de manera necesaria. Es la razón por la que algunos de sus hitos pueden ser seguidos a través de alguna que otra ventanilla abierta por diversas investigaciones, tanto durante las dictaduras de Gómez (López Maya, 1984) y de Pérez Jiménez (García Guadilla, 1997) como del régimen democrático representativo, especialmente durante el último decenio (López Maya, 1999; Lander, 1995, 1995a; Salamanca, 1999, 1992). Vgr., dos de las integrantes del grupo que integra el presente estudio, la Fundación Eugenio Mendoza y Fe y Alegría, fueron fundadas en 1953 y 1955 respectivamente, es decir, en pleno periodo dictatorial (1948-1958) aunque sus misiones no tuvieron carácter antidictatorial, sino, paliativo de los impactos que el modelo industrial o de desarrollo estaba provocando en especial en la infancia y la juventud, y la primera además, promocional de la ciencia aplicada y la cultura elitista. Por otro lado, la Sociedad Amigos de los Ciegos, en donde realizamos un proyecto de asistencia técnica con estudiantes de trabajo social de la Universidad Central de Venezuela entre 1991 y 1993, fue fundada en 1936.La ausencia de estudios sobre la historia propia de las organizaciones civiles de desarrollo social, ha conducido a afirmaciones tales como que éstas son un fenómeno propiamente republicano democrático (Navarro 1994) y, más específicamente según diversos expertos a quienes hemos entrevistado, de la crisis política y económica que ya no se pudo seguir escondiendo a partir de febrero de 1989 (Machado, 1997).

control y evaluación de los servicios producidos por las organizaciones oficiales y civiles de desarrollo social. Pero, en todo caso, gracias a sus iniciativas de bien público, las organizaciones de desarrollo social pasaron a jugar el papel de actoras sociales; si bien muchas de ellas se han sujetado de manera ambivalente a la política social oficial, no por ello, en especial las de más edad y tamaño, han dejado de reivindicar su derecho a la libre, efectiva, no condicionada y no subalternizada intermediación pública, específicamente en el proceso de la producción social de bienes públicos, dentro de los cuales se cuentan los servicios asistenciales y habilitatorios (Barrantes, 1992; Machado de Acedo, 1997; Cisor, 1997, Navarro, 1994). Hasta aquí hemos delineado una panorámica de los dinamismos histórico-sociales que contextúan la especificidad de la problemática relacional objeto de nuestro estudio, cuyo significado sólo puede ser comprendido en relación con aquéllos. En el capítulo siguiente, describiremos la trayectoria político-organizacional seguida por Foncofin, desde su creación en mayo de 1987 hasta el presente 1997.