Cbarran. Estado, Ep 1989

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INSTITUTO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACIONES SOCIALES (ILDIS) MINISTERIO DE LA FAMILIA REPUBLICA DE VENEZUELA

LA POLITICA SOCIAL DE APOYO A LA ECONOMIA POPULAR EN VENEZUELA.

UNA PROPUESTA EN MARCHA

CESAR A. BARRANTES A.





CARACAS, NOVIEMBRE DE 1989.

ÍNDICE





Editado por el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales con un tiraje de 600 ejemplares. Consultor del ILDIS, exprofesor investigador asociado de la Universidad de Costa Rica.

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PRESENTACION INTRODUCCION I.

II.

MARCO DE REFERENCIA l) Concepciones Acerca de Lo-Social y La Pobreza 2) Consideraciones Acerca del Sector Informal Urbano 3) Aproximación Conceptual a la Economía Popular LOS PLANES Y PROGRAMAS DE APOYO A LAS MICROEMPRESAS 1) En Latinoamérica 2) En Venezuela 3) Recapitulación

III. BASES PARA LA FORMULACION DE LA POLITICA SOCIAL DE APOYO A LA ECONONIA POPULAR l) Papel del Ministerio de Desarrollo Social dentro del Marco del Desarrollo Nacional 2) La Política Social de Apoyo a la Economía Popular 3) Caracterización General de la Economía Popular y las Microempresas IV.

PROPUESTA OPERATIVA DE LA POLITICA SOCIAL DE APOYO A LA MICROEMPRESA POPULAR 1) Fundamentación A) Lineamientos B) Objetivos C) El Sistema de Apoyo a la Microempresa Popular 2) El Plan Nacional de Apoyo a la Microempresa Popular A) Lineamientos B) Objetivos 3) Los Programas A) Programa de Apoyo Financiero B) Programa de Apoyo a la Comercialización C) Programa de Capacitación y Organización D) Programa de Investigación 4) La Estructura Organizacional BIBLIOGRAFIA

PRESENTACION

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El presente documento se elabora dentro del Convenio de Cooperación entre el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) y el Ministerio de la Familia y de Desarrollo Social (en adelante Ministerio de Desarrollo Social) de la República de Venezuela. Los términos de referencia destacan la necesidad de contar con una propuesta de desarrollo de las capacidades productivas de las iniciativas populares de producción y comercio de servicios y bienes a pequeña escala, contentiva de una gama de definiciones y un perfil de la Política Social de Apoyo a la Economía Popular que adelanta dicho Ministerio. Por lo tanto, no nos referiremos a la estrategia de Apoyo al Consumo Familiar ni a la Política de Desarrollo Social más que en sus líneas generales. Su formulación será objeto de otro trabajo. No obstante, en aras de la integralidad y la coherencia aportamos insumos en esta dirección: intentamos una aproximación conceptual al objeto y a los sujetos de la Política y reforzamos la base contextual de nuestra propuesta. Sin ello los instrumentos y criterios propuestos perderían eficacia procesal. Se consideró conveniente enriquecer nuestro trabajo con la discusión colectiva. Para ello se previeron dos Talleres de Trabajo, el primero de los cuales se realizó el 30 de noviembre de l989, en la Sede del ILDIS en Caracas y su relatoría se anexa al final del presente documento. En dichos eventos participan funcionarios de organismos gubernamentales (en adelante OG) y no gubernamentales (en adelante ONG), institutos de investigación y profesionales con experiencia en programas de apoyo a las unidades populares de producción y comercialización de bienes y servicios, así como asociaciones de microempresarios y artesanos en tanto sujetos de la Política. El objetivo fijado para dichas actividades, es la obtención de un producto final procesado colectivamente que sea de utilidad práctica inmediata para las Autoridades del Ministerio. INTRODUCCION

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El propósito del presente documento es formular las líneas generales de la Política Social de carácter nacional de Apoyo y Promoción de la Economía Popular en Venezuela, en la perspectiva del corto, mediano y largo plazo. La propuesta adopta una concepción de desarrollo integral que aquí llamamos socialmente centrado. Con ello señalamos el carácter no economicista y no reduccionista de un macroproceso, incipiente en la sociedad venezolana, de construcción colectiva de imágenes de sociedad deseable y posible. Asimismo, de propuestas de satisfacción de necesidades que apunten, por un lado, a la democratización, desconcentración y descentralización del mercado y, por otro, al desarrollo autogestor de las potencialidades social y económicamente productivas de los agrupamientos populares, en especial de aquellos que se articulan como agentes individuales y colectivos, de producción y comercio de bienes y servicios a pequeña escala. Producidas y encarnadas por unos y otros, dichas imágenes pueden ser sistematizadas y asumidas como propias por sujetos sociales complejos que luchan por la sobrevivencia, la búsqueda de espacios de hegemonía y la construcción de una democracia activa, descentralizada y socialmente rentable. Con el término rentabilidad social queremos decir que la inversión de recursos económicos, institucionales, humanos, materiales, culturales y políticos, obedezcan no sólo a los criterios de productividad económica, tasa de retorno ni a la relación capital-producto, sino, además, que su aplicación tenga efectos multiplicadores en las siguientes dimensiones: a) La creación y consolidación de infraestructura física, jurídica, cultural, social e institucional; b) La generación de mayores y mejores niveles de organización político-económica y sociocultural;

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c) El desarrollo de las capacidades productivas e inventivas de los agrupamientos populares; d) El redespliegue de las relaciones de solidaridad social. Bajo el término economía popular, incluímos el fenómeno denominado, más por persistencia que por pertinencia, Sector Informal Urbano de la Economía (en adelante SIU). Este forma parte orgánica del complejo e inagotable mundo de los agrupamientos populares y del conjunto de relaciones político -culturales que media la direccionalidad y los sentidos que adquieren, desde el punto de vista individual y colectivo, tanto sus estrategias cotidianas de subsistencia y autodefensa de la vida, como aquellas propositivas e innovativas, económica y socialmente productivas. Para la elaboración de nuestra propuesta, estudiamos una amplia documentación latinoamericana que conforma un abanico de estudios y reflexiones sobre la denominada economía informal, la pobreza y la economía popular. Entre ella, la existente en el ILDIS nos permitió conocer los planes, programas y proyectos que se realizan en el Subcontinente y relacionarlos con los que se realizan en Venezuela a la luz de las características que aquí adquiere la economía popular. De aquélla retomamos, recontextualizamos, complementamos o reinterpretamos aspectos relevantes a la luz de nuestro enfoque. Por este medio, en el primer capítulo, construimos un marco referencial con diversos espesores, el cual nos permitió precisar la forma, el contenido y el sentido de nuestra propuesta. A los efectos de ofrecer una panorámica de la terminología utilizada por cientistas y organismos internacionales, hacemos un esbozo de las concepciones de Lo-Social y la Pobreza. De seguido, presentamos algunas consideraciones sobre el SIU. Cerramos el capítulo intentado conceptualizar operativa pero inclusivamente, la economía popular como dimensión orgánica de la sociedad venezolana y latinoamericana.

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En el capítulo segundo, condensamos dieciseis planes y programas de apoyo a las microempresas populares nacionales y latinoamericanos, relevando sus características esenciales. Finalmente, puntualizamos los rasgos generales de un proyecto investigativo en ciernes sobre las redes populares de producción y distribución de bienes y servicios, mediante las cuales se expresa una dimensión específica de la cultura popular y el modo de vivir y hacer economía de los agrupamientos populares. En el capítulo tercero hacemos una caracterización general, cuantitativa y cualitativa, de la economía popular y los sujetos microempresariales. Asimismo, formulamos las bases de la Política de Apoyo a la Economía Popular, dentro del marco de la Política del Ministerio de Desarrollo Social. En el capítulo cuarto, fijamos los lineamientos y objetivos de la Política, el Plan y sus Programas. Cerramos la propuesta con un esbozo de la estructura organizacional correspondiente. Muchas son las referencias que habría que hacer a lo largo del documento pero, en aras de facilitar su lectura, optamos por reducirlas a las estrictamente necesarias. Al final aportamos una bibliografía, no exhaustiva pero sí sustantiva; a ella remitimos al lector. Mi reconocimiento al Equipo ILDIS-MINISTERIO, en especial a los gestores de la Política de Apoyo a la Economía Popular. A Marisela Padrón, Ministra de Desarrollo Social, por la confianza depositada en mi persona. Sólo espero haber sabido recoger e interpretar correctamente el contenido de sus planteamientos y preocupaciones, expresados en las reuniones sostenidas con diversos propósitos, en especial los concernientes al papel rectoral del Ministerio en el ámbito de la satisfacción de necesidades sociales.

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A Vanessa Cartaya, Coordinadora de Proyectos del ILDIS, por el desprendimiento con que comparte su biblioteca, conocimientos y, especialmente, su amistad. Sin su empeño difícilmente este documento hubiera podido ver la luz de la crítica. A Mauricio Iranzo, Director General Sectorial de Apoyo y Promoción de la Economía Popular y a sus dos colaboradores, Gabriela Troconis y Pedro Sassone, por las estimulantes discusiones sostenidas a propósito de nuestro trabajo conjunto y mutuamente alimentador. A todos mi agradecimiento.

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I.- MARCO DE REFERENCIA 1) Concepciones Acerca de Lo-Social y la Pobreza Varios términos han sido acuñados marcando hitos en la evolución del tratamiento dado al inagotable campo de Lo-Social y, dentro de éste, al SIU. Construídos desde diversos enfoques, disciplinas y referentes empíricos unos se encuadran en la esfera de la oferta y, otros, en la de la demanda. Los menos, en la intersección de ambas. Veamos primero los referidos a Lo-Social. Ello nos permitirá contextualizar las consideraciones que sobre el SIU hacemos en el apartado siguiente.

La Cuestión Social: Desde los desarrollos primigenios de la ciencia social, esta denominación genérica tiene un indiscutido referente empírico: las condiciones materiales de reproducción de las clases bajas (pobreza, desempleo) y sus secuelas morales (prostitución, delincuencia, mendicidad) y sociales (contaminación de la parte sana de la sociedad, violencia, revueltas y eventuales revoluciones) las cuales están al acecho de la seguridad y estabilidad de las clases gobernantes.

La Situación Social: Término no menos genérico que el anterior, fue acuñado en los años '40 por la ONU para referirse a las medidas más directamente relacionadas con el bienestar humano

cuyos problemas acumulativos son vistos como fuentes de gastos económicos no

recuperables, una carga onerosa que sólo permite mitigar las condiciones de pobreza a las cuales se ven sometidos los agrupamientos populares.

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Los Sectores Sociales: Con este término se intentó superar las imprecisiones anteriores. El amplio campo del bienestar humano fue segmentado como derivación de las persistentes necesidades acumulativas de salud, nutrición, educación y vivienda. Si bien el criterio de sectorización demostró su eficiencia instrumental, no fue así el trato analítico dado a cada sector. Por un lado, se exageró su autonomía, se descontextualizaron y constituyeron en objetos empíricos sin sujetos, apropiados por ciencias especializadas pero cautivas de la planificación global. Por otro, las soluciones dadas fueron exclusivamente económicas. En los años '60 se diseñó una nueva estrategia mediante la creación de equipos interdisciplinarios. Estos se abocaron a la superación de los vacíos teóricos anteriores, acudiendo al uso de modelos de interacción intersectorial.

Inversiones Sociales: Esta noción surgió en los años '40 pero no fue sino hasta los '60 que ganó legitimidad internacional. El capital transformó las acciones de mejoramiento social, ligadas a una visión más estática y diluída de Lo-Social, en inversiones productivas al servicio del mejoramiento de la situación económica. De allí que las acuñaciones `inversión en recursos humanos', `inversión social', `inversión en infraestructura social' y otras, legitimaron al capital como gestor universal del bienestar humano y el desarrollo social económicamente rentable. Sus objetivos privilegiaron planes sectoriales consolidados que contaran con legislación propia, administración eficiente y programas de capacitación de personal eficaces.

Lo Social como Globalidad: Con este término se pretendió en el decenio de los '60, superar las concepciones de lo-social que van desde el vacío ignoto del economismo (neo)clásico

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hasta la entidad interdependiente con lo-económico, pasando por la de un algo más o menos pasivo y reflejo el cual, en virtud de su progresivo aumento de peso, volúmen y perfil propios, fue perdiendo su carácter apendicular de lo-económico, para constituirse en un órgano pletórico de resitencias que sólo obstaculizaban el Desarrollo Económico y Social Integral. Lo-Social ya no se intenta definir por lo que no es económico, por lo que no es público, por lo que no es privado, sino, como todo lo que pertenece a la sociedad, lo colectivo, lo societal. La economía es una ciencia social y todos los aspectos del cambio, desarrollo y crecimiento de las sociedades son parte de un solo proceso global integrado. Todas las instalaciones de uso colectivo, desde las escuelas hasta las alcantarillas, desde los ferrocarriles a los hipódromos son sociales.

Baste el esbozo anterior para distinguir varios niveles de conceptualización de lo-Social: a) Estrechos (Asistencia, Bienestar, Promoción, Seguridad Social con referencia a los sectores educación, empleo, vivienda, salud, alimentación). b) Ampliados (agregando a los anteriores la familia, la infancia, la delincuencia, la reforma agraria, el desarrollo comunal, el cooperativismo). c) Extensos (la sumatoria de los anteriores con el urbanismo, las comunicaciones sociales, la ciencia y la tecnología, la cultura y la recreación tal y como fue establecido en el VI Plan de la Nación de Venezuela; el control de precios de la cesta básica, la promoción y defensa del consumo colectivo, según se definió en el Plan Nacional de Desarrollo, l974-78, de Costa Rica. En una concepción extensa de Lo-Social, nos preguntamos si políticas que son conceptuadas como económicas en algunos planes de desarrollo nacional, son tan sociales como el complejo ámbito de los Derechos Humanos: las relaciones obrero-patronales, el

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desarrollo ecosistémico, urbano, agrario y territorial; la informatización de las relaciones sociales y del Estado mismo, la cogestión obrera y la democratización de la economía y la propiedad.

La Pobreza: Esta nominación ligada a la problemática del bienestar humano, fue tomando cuerpo a raíz del proceso recesivo mundial de fines del decenio de los '60 y su consecuente segundo redespliegue industrial, en el transcurso del cual las sociedades latinoamericanas quedaron reincorporadas al orden económico transnacionalizado. El decenio de los '70 y, fundamentalmente, el de los '80, son testigos del agotamiento de las políticas y modelos de desarrollo económico y social que intentaron servir de plataforma a los proyectos de integración económica sobre la base de la sustitución de importaciones en América Latina. Ante el brutal embate de la crisis iniciada en l977-78, la persistencia de la agudización del deterioro de las condiciones de vida de los agrupamientos populares y la recesión política impuesta por los regímenes autoritarios del Cono Sur, obligaron la búsqueda de respuestas inéditas a los fenómenos que no pudieron ser explicados por los enfoques de la marginalidad, la dependencia, el estructuralismo, el funcionalismo y la ortodoxia marxista. El fenómeno de la pobreza como objeto de estudio deriva, por lo tanto, de trabajos auspiciados por ONU, CEPAL, BM, BID, PNUD, OIT y, más recientemente, OG y ONG interesados en morigerar los impactos destructivos de la pobreza y la recesión económica en el modo de vida de los agrupamientos sociales más pobres. Dichos estudios han dado cuerpo a un enfoque no sectorial de Lo-Social, interesado en darle un rostro humano al desarrollo capitalista (Cornia, Jolly, Stewart l987) y, justo es reconocer, algunos han llamado la atención sobre la necesidad de contar con soportes

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prácticos, teóricos e institucionales más integrados y totalizantes que los utilizados por el enfoque sectorialista. No obstante su preocupación genérica por la promoción social y el énfasis dado al empleo e ingresos, en tanto recursos de sobrevivencia y satisfacción de necesidades asociadas a las condiciones mínimas de vida de los distintos estratos de la pobreza, las limitaciones teóricas y metodológicas determinaron que dichos estudios se realizaran, al menos inicialmente, con una visión geoespacial de economía cerrada centrada en comunidades rurales y, más recientemente, en áreas urbanas en las que las condiciones de existencia son muy restrictivas. Su sesgo tecnocratista y neoasistencialista como contracara del desarrollismo economicista, los llevó a atribuirle virtudes sociales a las unidades territoriales y a ocultar las relaciones de poder, mediante las cuales se articulan diferencialmente los sujetos colectivos que dinamizan los procesos sociales, políticos y económicos en una determinada formación territorial. Los numerosos estudios sobre la pobreza en América Latina, han conformado un heterogéneo espectro de investigaciones que han intentado desde medir los grados de pobreza (CEPAL l983; Altimir l979) hasta describir movimientos sociales de muy diversa índole (Jelin, comp. l985), pasando por el estudio de la segmentación de los mercados, el denominado sector informal (ver los trabajos de PREALC y los publicados en "Nueva Sociedad" l987), las redes de la economía solidaria (Hardy l987; Razeto l985), la informalidad y el cambio social (Palma l987) y el modo de vida de los pobres (Jelin l984; Lomnitz l977) entre otros. Como alternativa de esta línea investigativa y ensayando la construcción de un nuevo paradigma teórico-metodológico, tenemos los estudios sobre las denominadas estrategias de sobrevivencia (ver "Demografía y Economía" l98l), que enfocan la problemática de la pobreza

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desde el punto de vista de la reproducción social de la fuerza de trabajo, tomando como unidad de análisis la familia o Unidad Doméstica (CENDES l989).

2) Consideraciones Sobre el SIU. En tanto objeto de estudio de las diversas disciplinas de la ciencia social, el SIU ha venido sufriendo un trato parecido al de Lo-Social. Muchos son los nombres y explicaciones que, tanto en los países centrales como periféricos, se le han asignado. Sus sentidos e implicaciones adquieren muy divesos sentidos, a la luz de concepciones de mundo y proyectos políticos de muy diverso signo y nivel de actuación. Adentrarnos en estas profundidades no está dentro de los propósitos del presente trabajo. Sólo nos interesa señalar que su tratamiento ha estado regularmente, dominado por una concepción dualista y economicista que tiene varias vertientes de expresión. Entre ellas, las siguientes divisiones: - lo-económico(racional) y lo-no-económico(no-racional). - lo-urbano(moderno) y lo-rural(atrasado). - lo-público(estatal) y lo-privado(civil). En relación a la dicotomía racional-no-racional, podemos señalar cinco variantes de secular gravitación en el pensamiento latinoamericano, mediante las cuales se le ha venido reconociendo, al igual que a Lo-Social, diversos estatutos al SIU, en sus relaciones con el Sector Moderno (SM) de la economía. l) Como fenómeno absolutamente residual cuya desaparición se produciría gracias a su absorción funcional por parte del desarrollo económico latinoamericano.

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2) Como fenómeno no residual que, habiendo adquirido cierta permanencia, sólo es capaz de establecer relaciones de subordinación con el SM, en virtud de lo cual el desarrollo de

éste

correlaciona con la explotación de aquél. 3) Como fenómeno que habiendo ganado peso, tamaño, permanencia y, por lo tanto, resistencia a la absorción productiva de los frutos del desarrollo tecnológico-industrial, se constituyó en uno de los obstáculos que sólo distorsiones produce al redespliegue industrial latinoamericano. 4) Como sector capaz de establecer relaciones de interdependencia en virtud de lo cual intercambia ventajas comparativas ideales con el SM. 5) Como forma absoluta que contiene de una vez y para siempre, el espíritu libre-empresarial secularmente constreñido por los excesos del aparato jurídico-burocrático del Estado, otrora mercantilista y actualmente intervencionista. Una vez redimida, la iniciativa privada temporalmente informalizada encontrará, supuestamente bajo el acicate de la libre competencia, los cauces naturales para el desarrollo de quienes hoy son sus nuevos portadores: los empresarios informales que mañana serán libres en la legalidad. Se cumplirá así la utopía liberal. En relación con lo rural-urbano, que concitó prolíferos estudios sobre la modernización, dicha dicotomía se reactivó a inicios de los `70, al asimilarse la noción de informalidad al polémico concepto de marginalidad. Esta equívoca sinonimia generó intensas discusiones las cuales, entreveradas a la polémica sobre el campesinado, provocaron la división del fenómeno en dos grandes sectores informales: el urbano y el rural. Estos adolecieron de ambigüedades tales, que la superación teórica de sus relaciones intersectoriales encontró, finalmente, una salida pragmática en favor de la centralidad urbana.

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No obstante, en el transcurso del decenio de los '70, tomó cuerpo una nueva dimensión de la informalidad en tanto sector social. Con esta nueva nominación, no menos ambigüa y residual que las acuñadas en la década anterior para referirse a Lo-Social, se intentó hacer encajar las múltiples entidades, agrupamientos y prácticas sociales que escapaban a las concepciones tradicionales que aún persisten en la división artificial entre lo "público" y lo "privado". Es decir, lo informal, igual que Lo-Social al que pertenece, fue definido no por lo que es, sino, por lo que no es. Es lo no estructurado, lo no privado, lo no formal, lo no rentable, lo no público. En términos sistémicos, una gran "caja negra" de la cual lo único que se sabe es que tiene un gran boquete de entrada, un pequeño orificio de salida y una plétora de carencias de capital, educación y, antes de "El Otro Sendero" (De Soto l987), de espíritu empresarial. Se entiende, por lo tanto, el sentido negativo de adjetivos tales como marginales, informales, no asalariados o ilegales para referirse a los sujetos individuales y colectivos que constituyen relaciones sociales diferentes y relativamente autónomas del modo de producción hegemónico. Asimismo, se entiende la connotación peyorativa dada a una economía a la que no se le reconoce carta de ciudadanía porque no es pública ni privada. Es clandestina, subterránea, informal. Finalmente, se comprende el orígen de algunas propuestas que, si bien constituyen una promisoria alternativa para América

Latina, en modo alguno abandonan los enfoques

convencionales sobre la realidad social vista desde la economía. Asumiendo que ésta es una totalidad mixta compuesta por los sectores público y privado, han propuesto la creación de un tercer sector economíco, como estrategia de democratización del capital, la propiedad y la gestión del desarrollo económico.

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Tal es la lógica de la cogestión, cuyo desiderátum es la triada de la democracia social, económica y política y de la autogestión, que ve en dicho sector los gérmenes de una sociedad comunitaria. Asimismo, de las propuestas homónimas siguientes: - El fracasado Proyecto de Ley que, entre l977 y l986, bajo la consigna de hacer de Costa Rica un país de propietarios y no de proletarios, propuso crear el tercer sector de la economía: el Sector de Economía Laboral (SEL), propiedad de los trabajadores mediante la capitalización de sus prestaciones sociales. - El Programa Nacional de Microempresas Urbanas (SIMME) de Guatemala, para el cual el SIU es el Tercer Sector de la Economía guatemalteca. -

El constitucional Sector Social de la Economía de Mexico.

-

La Economía Social, tesis del liberalismo constructivo y el aprismo, ambos consagrados

respectivamente en Colombia y Perú. A estos sectores, por lo general, se les asignan rasgos organizacionales autogestionarios, cooperativos y modalidades de producción similares; dentro de éstas, unas veces se excluye y, otras, se diluye la noción de SIU. Con ello se agrega a la ambigüedad existente, una gama de nombres con rasgos teóricos específicos. Entre éstos, economía asociativa o cooperativa, economía popular de solidaridad, organizaciones económicas populares o de base. Veamos rápidamente algunas de estas nominaciones que, en Venezuela, intentan construir su propio espacio de validación intitucional.

Las Organizaciones Económicas Populares (OEP). Es el nombre dado en Chile a las empresas comunitarias (Colombia), organizaciones sociales de barrio (Perú) y solidarias de

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desempleados (Brasil), nuevas sociedades de fomento (Argentina), y empresas asociativas y organizaciones económicas de base (Venezuela). Desde hace varios años vienen siendo estudiadas por la Conferencia Episcopal y el Programa de Economía del Trabajo (PET) de la Academia de Humanismo Cristiano, en especial de Luis Razetto, Clarisa Hardy y otros. Son unidades económicas colectivas productoras de servicios e ingresos para garantizar la sobrevivencia de las familias más depauperadas. Entre sus variadas actividades se encuentran las denominadas ollas comunes y cooperativas autogestionarias de muy diverso tipo a saber: producción y comercio de comestibles, construcción de infraestructura y vivienda, bolsas comunales de trabajo, talleres de primeros auxilios y educación popular. Según Razeto, las OEP forman parte del movimiento laboral y popular. Son un momento en la historia de la organización de las clases subalternas. Nacieron como respuesta de subsistencia ante el deterioro socioeconómico estructural de Chile, expresado en índices sin precedentes de desempleo, subempleo, marginalidad urbana y depresión generalizada de la calidad de vida. Podrían contribuir junto a otras organizaciones de carácter solidario, cooperativo y autogestionario, a la construcción de un mercado democrático, desconcentrado y descentralizado y un nuevo estilo de desarrollo. Así la empresarialidad popular potenciaría la democracia económica, la democracia política, el incemento de la calidad de vida y la difusión del conocimiento práctico. En este sentido, las OEP son parte de los sujetos populares irredentos y, por lo tanto, portadoras creativas de valores comunitarios y solidarios y de capacidades organizativas y de gestión tales, que constituyen un potencial indiscutible, hasta hoy desaprovechado por un

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estilo de desarrollo que sólo ha dado

privilegios a los actores formales empresarios,

profesionales y asalariados.

La Economía Asociativa: Este término adolece de un tratamiento que acentúa su ambigüedad. Por un lado, se asimila a economía cooperativa; por otro, se esencializa el carácter supuestamente comunitario, solidario, autogestionario y hasta cogestionario, de las prácticas populares. Para Pereira (l988) es la variable explicativa de un subconjunto de una indiferenciada Economía Social venezolana. Esta se refiere al desarrollo planificado de la producción masiva de bienes y servicios ligados a la canasta básica de consumo popular, con tecnologías apropiadas y comercializados a precios accesibles, mediante la construcción de cadenas económicas de producción, distribución y consumo barato para los más pobres (Michelena l988). La unidad de análisis es la empresa asociativa o cooperativa cogestora, accionaria o autogestora comunitaria. Define una racionalidad específica diferente a la capitalista y estatista, es decir, ajena a los criterios del beneficio económico en la organización de la producción, del proceso de trabajo, en la asignación de recursos y la acumulación de capital. La economía asociativa es muy heterogénea y desarticulada, pero con una política de apoyo decidida y sostenida, es posible que adquiera un perfil auténtico. Vinculada a otras formas de organización civil, podría redimensionar el actual modelo en vigencia, mediante la creación del Tercer Sector de la Economía: la Economía Social. Inspirado en Razeto y en la nomenclatura utilizada por el Fondo de Cooperación y Financiamiento para Empresas Asociativas (FONCOFIN) de Venezuela, Pereira (l988) define

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empresa asociativa como la unidad económica de base integrada por personas cuyo objetivo es la producción como estrategia colectiva de solución de problemas o necesidades comunes. Presenta las siguientes características: -

El capital social es de sus integrantes.

-

Su gestión administrativa es democrática, participativa, solidaria y de responsabilidad

social. -

Su eficiencia se basa en la cooperación e integración interempresarial y en la

capacitación técnico-social entre ellas y las comunidades. -

Su proceso productivo genera alto empleo de fuerza de trabajo.

-

Presenta una alta relación capital-trabajo.

-

Optimiza el uso de los recursos de sus zonas de influencia y autonomiza la estructura

productiva. -

Potencia la satisfacción de necesidades básicas de los grupos sociales entrelazados a la

red de sus economías externas. -

Su estilo de gerencia promueve la participación de los trabajadores en las decisiones y su

capacitación integral en aras de la cultura productiva solidaria, la calidad de la producción y la función social del esfuerzo empresarial. -

Genera ahorros que financian proyectos social y económicamen-te rentables, con

criterios de desarrollo regional y nacional. -

Genera servicios mediante comités de seguridad social, crédito, administración,

incremento tecnológico y educación activa.

3) Aproximación Conceptual a la Economía Popular.

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Este término presenta mayor potencial de desarrollo conceptual y operativo, analítico y relacional desde una perspectiva sociopolítica integral. Los intentos de su caracterización son muy recientes en Venezuela. Se dieron en el marco del Proyecto "Superación de la Pobreza" (ONU-PNUD) y bajo la consigna de la Deuda Social que el Estado transfirió a los pobres a propósito del endeudamiento externo (Pereira l986; Michelena l988; Iranzo l989). Inicialmente, se procuró dar cuenta de la capacidad de los pobres para autogenerar empleo e ingreso mediante una gama de estrategias de sobrevivencia y de vida. Estas asumen diversas formas organizativas pero básicamente operan mediante unidades económicas de pequeña escala o microempresas las cuales, no obstante que adolecen de serias dificultades para mantenerse y expandirse, representan una alternativa al desempleo abierto y permiten satisfacer, al menos, las necesidades esenciales de las familias de más bajo ingreso. Entreverada al enfoque de la pobreza pero ensayando una crítica al asistencialismo paternalista, la economía popular comenzó a ser pensada como ampliación tanto de la ambigua noción del SIU, como del carácter asociativo de algunas estrategias populares. Al mismo tiempo, se puso de relieve la necesidad de desarrollar las capacidades productivas de los pobres. En consecuencia, se propuso la construcción de comunidades urbanas de producción de bienes y servicios. Su objetivo sería no ya el abaratamiento de los costos de la reproducción de la fuerza de trabajo organizada o no, sino, la circulación ampliada de las ganancias con costos competitivos. Las comunidades y barrios quedarían ensamblados a un proceso productivo, social y cotidiano, desconcentrado pero altamente integrado y motorizado, posiblemente por las grandes industrias, mediante avanzadas tecnologías de procesos y de organización.

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Más recientemente, desde una base que supera el enfoque de la pobreza en sus versiones asistencial y productivista, se llamó la atención sobre la necesidad de redimensionar la idea de las comunidades urbanas de producción, hacia el estudio de circuitos económicos o cadenas de producción populares de carácter local y regional (Iranzo l989; Cartaya, Rodríguez y Bernardo l989). No obstante que no se abandona la óptica dada por la economía, con ello se ha insinuado la posibilidad de inscribir nuevas matrices teórico-metodológicas en la investigación, aún por iniciarse, de la economía popular en Venezuela. Para cerrar este apartado, diremos que apuntamos hacia un enfoque transdisciplinario con perspectiva sociopolítica que nos permita pensar la economía popular y lo-popular mismo, desde las prácticas heterogéneas de los sujetos constitutivos de la categoría pueblo, a partir de las cuales sea posible encarnar un proyecto de organización que guíe las tareas de la transformación deseable y posible para la sociedad venezolana en su conjunto. En este sentido, la economía popular y lo-popular definen una región específica del conjunto de relaciones sociales. Por su medio adquiere significado y direccionalidad la construcción de la realidad, la constitución de los sujetos individuales y colectivos, la producción, circulación y consumo de valores (físicos e intangibles de cambio y de uso) y el modo de vida mismo de los agrupamientos populares. Una dimensión de la sociedad venezolana múltiplemente determinada, cuyo carácter alternativo podría llegar a ser definido por lo-popular aunque no necesariamente. Esto por cuanto su movimiento interno no está prescrito. No se agota en la esfera de la solidaridad, la autogestión o la subsistencia, sino, que se expresa en inagotables prácticas constitutivas de una matriz ideológico-cultural (folclor, instituciones, relaciones, conocimientos, tradiciones, mitos etc.).

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Esta, de alguna manera siempre inédita ordena, potencia y da sentido a las luchas por superar los problemas de la reproducción en sociedad, por ponerle coto al deterioro de la calidad de vida, por la defensa del consumo familiar, por la apropiación colectiva del derecho a la infraestructura política, económica y social. En fin, a las luchas de las clases subalternas por el usufructo del progreso científico-tecnológico y por el control del futuro de su modo de vida y de hacer economía. Nuestra perspectiva intenta superar los seculares abordajes de lo-Social y la denominada economía informal, mediante enfoques correspondientes a disciplinas particulares, en especial, la economía. Estos, con un carácter básicamente economicista y productivista, han distorsionado su especificidad. Asimismo, han conducido a la implementación de políticas unidireccionales que, en el largo plazo, se agotaron dentro de sus propios límites.

II.- LOS PLANES Y PROGRAMAS DE APOYO A LAS MICROEMPRESAS. Quince años de práctica en la instrumentación de programas de apoyo a las microempresas populares en América Latina, significan una rica lección que ilumina, necesariamente, el camino que aquí proponemos. En las páginas siguientes condensamos las lecciones que el camino recorrido por otros nos enseña para emprender el que aquí proponemos. En el primer acápite exponemos la heterogénea experiencia latinoamericana. En el segundo, damos cuenta de la experiencia venezolana.

1) En Latinoamérica. Los programas de apoyo al SIU tienen una larga data en la Región y no es posible dar cuenta exhaustiva de las miriadas que han proliferado en los dos últimos decenios. En este

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acápite condensamos el estudio que, sobre la base de dieciseis programas en nueve países latinoamericanos(*), adelanta el ILDIS(l989). Dicho estudio ubica tres modalidades de programas: los gubernamentales, no gubernamentales y mixtos.

A) Los Gubernamentales: Se caracterizan por ser tendencialmente integrales y masivos en tanto, por lo general, están incorporados a la planificación nacional y utilizan instrumentos regulatorios (v.gr. tasas de interés, legislación, regulaciones de diverso tipo: en transferencia de tecnología, en las inserciones en los mercados de insumos y productos, en las organizaciones gremiales informales...) que permiten dar respuestas de eficacia relativa, a los problemas contextuales de tipo económico y político del SIU y afectar, en consecuencia, agrupamientos completos de informales ________________________ (*) Unión Nororiental de Asistencia a Pequeñas Empresas (UNO. Recife). Asociación para el Desarrollo (APEDI) y Asociación para el Desarrollo de Microempresas (ADEMI) de Rep. Dominicana. Fundac. Carvajal y el Plan Nacional para el Desarrollo de la Microempresa de Colombia. Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO), Programa DesarrolLo Social y Empleo en Comunidades Urbanas y Rurales (PRODESE). Instituto de Desarrollo del Sector Informal (IDESI) y Acción Comunitaria del Perú. Programa de Desarrollo de la Microempresa (PRODEM.Quito). Univ. Católica de Guayaquil, Programa de Asistencia Integral a Microempresas (PAIM) y Programa Nal. de Apoyo a las Unidades Populares Económicas del Ecuador. Promoción del Desarrollo Popular, Programa de Apoyo a la Ec. Informal de Mexico. Centro Cooperativista Uruguayo. Servicios Múltiples de Tecnologías Apropiadas (SEMTA. Bolivia). Sist. Multiplicador de Microemp. (SIMME. Guatemala). B) Los No-Gubernamentales: Administrados por organizaciones denominadas privadas, se caracterizan por su trabajo independiente, por su falta de coordinación nacional (excepto los colombianos que están integrados al Plan Nacional de Microempresas), por su focalización regional o urbana y por su especial interés en los servicios personalizados de crédito de

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pequeño monto y de capacitación a los grupos

de microempresarios, en atención a la

superación de los limitantes internos de sus unidades de producción. Asimismo, se caracterizan por su sensibilidad hacia la búsqueda de complementariedad gubernamental bajo el esquema de ejecución descentralizada de bajo costo de operación.

C) Los Mixtos: Integran coordinadamente los esfuerzos regionales y sectoriales gubernamentales y no gubernamentales, en torno a un plan nacional de desarrollo microempresarial informal. De esta forma, se constituye un organismo central con capacidad de ejercer las funciones rectorales necesarias para asegurar el éxito sostenido de la implementación de dicho plan(v.gr. el Plan Nacional para el Desarrollo de Microempresas de Colombia está coordinado por el Departamento Nacional de Planeación y es ejecutado en veinticinco ciudades a través de fundaciones privadas y organismos gubernamentales sectoriales y regionales). Los planes nacionales de desarrollo microempresarial, marcan un hito en la evolución de los programas dirigidos al SIU. Algo así como la etapa superior del contínuo que va desde una visión centrada en los limitantes internos de las microempresas en atención a sus características y, por lo tanto, en la ubicación de obstáculos y potencialides en este nivel, hasta aquella que llama la atención sobre las formas de articularse tanto las microunidades productivas entre sí como el SIU con el SM. Con ello se han puesto en la palestra de la discusión politico-académica, restricciones y posibilidades de otro tipo y calidad, tales como los contextuales políticos, económicos, culturales y sicosociales. Como rasgos comunes a estas tres modalidades, se destacan los siguientes:

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a) Los objetivos: Tienen diverso énfasis según los programas y las fuentes de financiamiento. No obstante,existe preeminencia de los económicos sobre los sociales y promocionales. a.l) En el plano económico, plantean incrementar la eficiencia gerencial, la productividad microempresarial y viabilizar el acceso al crédito comercial. a.2) En la esfera social, crear nuevos empleos y mejorar el bienestar social general del trabajador

informal mediante el incremento de su ingreso.

a.3) En el aspecto promocional, las metas son la organización microempresarial como actora social, las redes de apoyo mutuo y de solidaridad con las comunidades en las que están insertas las unidades productivas, y la capacitación e incremento sostenido del conocimiento de la realidad del trabajo y la producción informales, como contribución al diseño de nuevas y más eficaces estrategias organizativas. Si bien los objetivos institucionales y tecnológico-científicos se mencionan a menudo, no están, por lo general, claramente definidos, lo cual expresa una incompletud de los esquemas organizacionales de los programas analizados. b) Los grupos-objetivo: Su definición expresa un sesgo economicista

y ambigüedad

generalizada de los objetivos de los programas estudiados. A excepción de DESCO del Perú y SEMTA de Bolivia, el resto no especifica dichos grupos ni por rama ni por tipo de actividad económica. Otros, como el Programa de Promoción del Desarrollo Popular de Mexico y el del Centro Cooperativista Uruguayo, muestran menos exigencia en el rendimiento económico de las actividades informales y más en la rentabilidad educativa y organizacional de las actividades fiananciadas. Es la razón por la que se muestra un amplio abanico de grupos-objetivo, separados por brechas de rentabilidad económica y social tales, que hacen casi imposible encontrar

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parámetros de certidumbre para realizar mediciones precisas de los impactos logrados por los programas estudiados. Dichos grupos incluyen, en la esfera de la pobreza, b.l) los agrupamientos que apenas tienen tiempo para luchar por su sobrevivencia y no pueden darse el lujo de estar desempleados. En consecuencia, realizan actividades de ínfima productividad y excesiva inestabilidad, las cuales pueden adquirir permanencia y constituirse en alternativas al desempleo abierto o coyuntural. b.2) Las unidades de producción que no registran significativa eficiencia económica, pero suponen avances en la educación y organización de los más pobres de la población. En la esfera de la reproducción, b.3) las actividades informales que operan en segmentos del mercado no controlados por el SM y presentan algún potencial de desarrollo en el mediano plazo. No pueden fijar precios, carecen de acceso al crédito institucional, a tecnologías productivas y organizacionales, e insumos. Operan con altos costos de producción y laborales y no pueden acumular ni capital ni almacenar. Acuden al alargamiento de las jornadas de trabajo, para mantenerse en el mercado. Es un grupo muy heterogéneo en su capacidad real o potencial para ampliar su escala y eficiencia, aun si se eliminaran las restricciones que lo constriñen. b.4) Microempresas informales productoras de bienes y servicios, con experiencia y cierta capacidad de expansión en determinadas ramas y tipos de actividad económica, que aseguren el retorno de los préstamos y la maximización de la relación crédito-empleo. Muchas de ellas están insertas en relaciones de subordinación por subcontrato y, por lo tanto, ocultan relaciones salariales tal es el caso de los cuentapropistas. No controlan precios, volúmenes de producción, comercialización, insumos y, a veces, no son dueños ni de la maquinaria.

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Un alto riesgo que asumen los programas, es la inadecuada selección de los grupo-meta. Esto por cuanto se coloca a éstos en situación de utilizar sus recursos escasos con ineficiencia, al ofrecer subsidios sin que ello se traduzca en incrementos de productividad social y económica, en mejoramientos sustantivos en la calidad de los productos y servicios, ni en la activación de las capacidades innovativas de los beneficiarios. c) Las coberturas. Estas siempre están a la zaga del volúmen creciente y la dinámica del SIU. Su carácter focalizado o masivo adquiere sentido positivo o negativo más en relación con la calidad de la capacitación y asistencia técnica ofrecida a la población-objetivo, que en relación con el otorgamiento espectacular del crédito (v.gr.el asesor microempresarial del SIMME de Guatemala atiende las necesidades de producción, distribución, mercadeo, gestión y evaluación del crédito de sesenta unidades al año). Lo anterior, por cuanto el problema de la masificación es enfrentado bajo dos criterios: uno, minimalista, que define una política de créditos cada vez más pequeños y asistencia técnica mínima a grupos cada vez más numerosos, argumentando que la capacitación masiva tiene altos costos y efímeros impactos en la eficacia conductual de los beneficiarios. Otro, maximalista, mediante el cual se amplía la cobertura geográfica y se multiplica y profundiza la prestación de servicios, aprovechando la especialidad de cada entidad involucrada para optimizar el potencial organizativo de los informales. d) El financiamiento. Puede provenir indistintamente de una o varias fuentes, las cuales condicionan la preeminencia diferencial de unos objetivos sobre otros. d.l) Internacionales: Gobiernos de países centrales, fundaciones públicas y privadas; banca internacional y organismos crediticios multilaterales (BM, BID, AID, PREALC-OIT). Estos últimos, desde hace algunos años, vienen financiando montos individuales cada vez más altos con exigencias de rentabilidad económica creciente. Asimismo, otorgan créditos no

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reembolsables para cubrir gastos de operación, administración y capacitación para el incremento de la productividad de los programas y sus beneficiarios. Estos fondos son canalizados, por lo general pero no necesariamente, mediante entidades públicas nacionales que fungen como rectores de los programas. d.2) Nacionales: Fundaciones ligadas a grupos económicos, banca privada, entes gubernamentales mediante presupuesto nacional o recursos públicos canalizados a través de la banca estatal e instituciones de fomento industrial. Estos últimos complementan e incorporan instituciones mixtas con objetivos precisos. e) Las funciones crediticias, capacitadoras, promocionales y organizacionales pueden realizarse de manera concentrada por la misma institución o programa ( v.gr. el IDESI del Perú aunque es una asociación civil con presencia del Estado altamente descentralizada, sus "idesis" regionales están capacitados para prestar de manera concentrada, una batería de servicios de crédito, capacitación técnica, gerencial y seguimiento permanentes), o descentralizada (el Plan Nacional de Colombia, los programas nacionales del Ecuador y Guatemala) en cuyo caso se da una integración de diversas entidades que se especializan en una o varias funciones solamente. Se conforman así áreas de competencia y complementación cuyos efectos multiplicadores se traducen en la expansión de la cobertura geográfica y poblacional atendida. De esta forma se minimizan los costos de operación y administración de los agentes involucrados. En lo concerniente a los programas mixtos, esta división del trabajo se ejemplifica como sigue: una instancia pública asume el aval subsidiario, una organización no gubernamental asume el proceso de confección de las carteras y la promoción del programa, un ente financiero otorga los créditos, otro imparte capacitación y asesoramiento técnico, y las

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organizaciones microempresariales realizan el control y seguimiento de la recuperación de los préstamos y del uso racional de los mismos por parte de los usuarios. f) El crédito, la capacitación y la asesoría técnica son las funciones que más se destacan en el conjunto de programas estudiados. Sin embargo, la importancia relativa de cada una varía de acuerdo al financiamiento, la dinámica y orientación del programa de que se trate. f.l) Es notorio el sobredimensionamiento del papel asignado al crédito, en detrimento de otros componentes de los programas. Esto por cuanto, por lo general, las presiones económicas y políticas los obligan a ostentar éxitos espectaculares en el corto plazo, a los efectos de crearse viabilidad. El crédito, no obstante, es un instrumento transitorio y subsidiario, un componente importante dentro de la cadena de servicios complementarios de apoyo al desarrollo productivo del SIU; si bien es una condición necesaria para superar las agudas restricciones de acceso al capital, no es suficiente para resolver, por sí solo, los problemas estructurales y funcionales de las microempresas. Por lo general, se considera que el crédito orientado al capital de trabajo no contribuye a la transformación de las unidades productivas informales. Esto por cuanto, si bien contribuyen a mejorar la eficiencia microempresarial, no por ello permiten superar la etapa en que se encontraban al recibir el préstamo. Sin embargo, se encuentra que los plazos de los créditos oscilan entre ocho meses para microcomerciantes, a dos años para productores. Pero si es para invertir en capital fijo, se considera que es un "crédito de desarrollo" porque posibilita la innovación tecnológica y el cambio organizacional por la via de la incorporación de nuevos equipos; por lo tanto, se supone que contribuye efectivamente, al fortalecimiento del ingreso medio de los ocupados y al incremento del empleo total de la microunidad de producción. En consecuencia, su plazo va hasta tres años con montos hasta de $5.000.oo.

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El estudio menciona brevemente tres estrategias, seguidas sólo por algunos programas, para la superación de los problemas ligados a la carencia de garantías fiduiciarias y a los altos costos operativos entre los grupos mencionados en el punto anterior. Ellas son las siguientes: Los Grupos de Solidaridad: Son asociaciones reconocidas por el programa e integradas por un número ideal de cinco extendible, aunque no recomendable, a ocho pequeños solicitantes de crédito pertenecientes o no a la misma rama o tipo de actividad. Estos pueden ser también cuentapropistas que se desempeñan en actividades sin capacidad de acumulación y que por sí solos no

califican para ningún tipo de operación financiera. Reciben un crédito grupal y se

avalan recíprocamente. El Crédito Escalonado: Es la cadena de créditos inicialmente pequeños, expeditos y de corto plazo cuyo pago oportuno va abriendo las puertas a nuevos y crecientes préstamos cuyo encadenamiento finaliza cuando el beneficiario se "gradúa" como solicitante de crédito "formal". El Fondo de Garantía: Son por lo general estatales, depositados en una entidad bancaria y administrados por una OG o una ONG, a los efectos de avalar subsidiaria y transitoriamente el otorgamiento de préstamos a clientes sin garantías reales. Las Asociaciones de Microempresarios: Están respaldadas por un fondo de garantía y asesoradas por la entidad promotora del programa. En países con larga tradición organizativa, son altamente eficientes en la administración y seguimiento de los créditos generan adscripción al programa y permiten minimizar, por un lado, sus costos de operación y, por otro, la morocidad y la incobrabilidad lo cual, contrariamente a lo sucedido por lo regular en el SM, demuestra que los créditos bien administrados y racionalmente utilizados pueden ser eficaces y rentables(*). Asimismo, potencian la ampliación de la cobertura geográfica y poblacional, al posibilitar afectar a

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conjuntos organizativos más amplios mediante esfuerzos promocionales menores (dotación de infraestructura social y de redes de comercialización de insumos y productos). f.2) La capacitación, si bien es una condición del crédito, por lo general se pretende que ésta se cumpla voluntariamente por parte de los interesados. Regularmente, la ausencia de habilidades gerenciales se reduce a la carencia de __________________ (*) Actualmente existen Bs.2.000.000.000.oo de avales morosos y vencidos dados por el Estado venezolano a través de la Corporación de Turismo. Noticiero "El Informador", Canal 5. l3 de setiembre de l989, 23:00 horas. Asimismo, de un total aparente de Bs.750.000.000.oo de créditos morosos, CORPOINDUSTRIA recuperó el 80% quedando Bs.150.000.000.oo.Periódico "El Nacional". 28 de noviembre de l988, p.D8. Caracas.

conocimientos de contabilidad. Aunque en algunos casos se incluye en la capacitación, nociones de formulación de proyectos para la preparación de solicitudes de crédito, es menos frecuente la inclusión de aspectos organizativos intramicroempresariales y de mercadeo. No obstante el sesgo instrumental aparente, la experiencia latinoamericana ha demostrado que, lejos de ser inefectiva, la capacitación es esencial para el éxito de los programas de apoyo al SIU. Los tópicos más comunes encontrados son los siguientes: contabilidad, análisis de costos, mercadeo, principios de administración general, bancaria y de personal, formulación de proyectos de inversión, motivación hacia la organización y fortalecimiento gremial, control de calidad, adaptación e innovación de tecnología. En los programas que enfatizan las metas organizacionales, la metodología utilizada es una que va "desde dentro y desde abajo", sustentada en el conocimiento político-cultural y sicosocial del mundo informal. En ella adquiere preeminencia la autogestión, la autocapacitación presencial y a distancia, el autofinanciamiento y la autoadministración progresiva del subpro-

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grama por parte de las organizaciones microempresariales.

En cuanto al tiempo de duración,

se preven cursos cortos de 30 a 90 horas a cargo de instructores de nivel adecuado a las necesidades cambiantes y pragmáticas de los informales y a la estructura participatoria y adscriptiva de los programas. f.3) La asistencia técnica o tecnológica por lo general contribuye a la mejor atención de las unidades respectivas, especialmente, cuando está vinculada a la concesión del crédito, se proporciona previamente y se orienta a la resolución de problemas grupales concretos y a la elaboración de estrategias de reducción de costos. De allí la preocupación generalizada por la asesoría permanente en la formulación individual y grupal de proyectos de inversión rentables y capaces de captar no sólo financiamiento, sino, también, capacitación por parte de entidades especializadas en el mejoramiento técnico-productivo de los microempresarios informales. No obstante su insistente mención, la asistencia tecnológica por lo general se reduce al apoyo productivo, y la capacitación en desarrollo de la organización microempresarial al apoyo

gerencial. En realidad, es casi nula en los programas a causa de sus altos

costos de operación y sus resultados no se logran, sino, en el mediano y largo plazo. g) Tanto programas como informales se enfrentan a determinaciones diversas: el grado de integración del aparato productivo nacional; el estado recesivo, inflacionario o estangflacionario de la economía; el sistema de canales e instrumentos de acceso diferencial a los mercados de factores y productos, la forma de Estado, el tipo de régimen, la problemática institucional, la dinamicidad y porosidad de la sociedad civil, el estado actual del conocimiento mismo sobre el SIU y la sociedad misma en su conjunto; el cambio científico, cultural y en las concepciones sobre el desarrollo, el bienestar y la seguridad social.

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Es en las formas de articulación con la compleja variable contextual, que cada programa adquiere un carácter compensador o propulsor, tanto en contextos de crisis como de expansión. A este respecto, el ILDIS señala cuatro lineamientos que, en determinadas circunstancias, podrían cristalizar en un mismo programa a saber: g.l) En contextos recesivos el apoyo crediticio puede ser más efectivo si es selectivo, tanto para actividades que continúan creciendo a pesar de la crisis, como para aquellas a las que ésta les crea mercados. g.2) En condiciones inflacionarias, el manejo versátil de las tasas de interés es crucial, a los efectos de evitar la descapitalización de los fondos asignados al programa. g.3) En situación de integración insuficiente del aparato productivo, la selección de actividades altamente encadenadas hacia adelante y/o hacia atrás, puede asegurar la generación de

empleo no focalizado, sino, generalizado.

g.4) En condiciones institucionales de franco sesgo por actividades e inversiones de gran escala, parece crucial actuar sobre la formulación misma de las políticas, para viabilizar el éxito de los programas de apoyo a las actividades de pequeña escala informal. h) Los programas se enfentan, finalmente, a sus propios límites y posibilidades que determinan la potencia con que impactan los ámbitos que les conciernen. La evaluación realizada evidencia que los resultados en cuanto a la generación de empleos, la mejora sustantiva de los ingresos y las condiciones de trabajo de los informales y al apuntalamiento de las capacidades de reproducción ampliada de las unidades productivas informales, han sido modestos. Los programas no han logrado, por lo general, introducir tendencias de modificación en la lógica de operación del sistema productivo, ni afectar el volúmen creciente del SIU mediante

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la creación de un sector dinámico de microempresas, ni mediante la conversión de los prestatarios informales en sujetos de crédito para el sistema financiero formal. Si bien el balance general es positivo, la relación cobertura-número de empresas atendidas es limitada en relación a la estructuralidad del objeto de intervención. Es muy posible que fallas en la selección de la clientela, las actividades y en la administración de los programas estén determinando una baja relación crédito otorgadoempleo generado (la relación más alta la ostenta el APEDI de República Dominicana: 2.6l empleos por crédito en relación a 75 empresas atendidas durante el periodo considerado por el ILDIS en su estudio). Asimismo, pueden estar provocando un incremento de los índices de morocidad y vencimiento de los créditos, en especial cuando la relación de los prestatarios se da a través de una entidad financiera privada y el programa funciona sin la presencia activa de grupos de solidaridad y organizaciones microempresariales. Esto hace suponer al ILDIS que dichos programas han abordado con mayor énfasis la problemática intramicroempresarial, en detrimento de acciones estructurales relacionados con el contexto sociopolítico, económico y cultural del SIU y de los programas mismos. Esta apreciación, creemos, debe ser matizada no sólo por el lente de los analistas, sino, por quienes están bregando entre fuerzas e intereses que se expresan diferencialmente, en el terreno concreto que le concierne a cada programa en cada país. La realidad es inagotable y su conocimiento está siempre limitado por las capacidades de los sujetos sociales. Es la razón por la que, sin darnos cuenta y no obstante las intensiones de su transformación, desborda en todo momento los métodos que intentan captar la dinámica de su movimiento, en especial, cuando el objeto del ensayo y el error es el modo de vida y de hacer economía de los agrupamientos populares.

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Hecha esta acotación, nuestra propia lectura de los planes y programas nos indica que, aunque el problema de la construcción de viabilidad está presente en su concepción e instrumentación, en la mayoría de la heterogénea muestra analizada no están fácilmente desarrollados en los planos macroeconómico, espacial y temporal los siguientes aspectos: a) los elementos constitutivos de un plan estratégico que ordene, de pesos específicos y relacione diferencialmente a todos y cada uno de los elementos, componentes, responsables, operadores y sujetos de cada programa. b) Un pensamiento que permita condensar dentro del plano de lo posible, el cálculo probabilístico para la implementación de proyectos alternativos de acción y la búsqueda de bases sociales de apoyo con tendencia a la ampliación cualitativa de los programas. 2) En Venezuela. Los programas de apoyo a las microempresas populares urbanas, se vienen realizando en Venezuela desde hace unos quince años (Ver cuadro 4). No obstante, aún no existe el ordenamiento jurídico-político que los enmarque, dentro de una estrategia global, hacia el logro de metas de carácter nacional. Como en el resto del Subcontinente, existen programas ONG y OG, pero mixtos sólo hay uno: el Convenio FUDECO-CAPMIL-BANCO CARACAS-GOBERNACION DEL ESTADO LARA el cual veremos más adelante. Como característica general, podemos decir que los esfuerzos de fomento y desarrollo microempresarial se realizan de manera aislada y con niveles de actuación, concepción, cobertura, orientación, operación y productividad muy diversa. Esta situación constituye una seria, aunque no insalvable, dificultad para la coordinación e incremento de la productividad social de los programas, en la dirección del desarrollo nacional. Algunos son muy incipientes y no fue posible obtener información actualizada.

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Si bien los programas realizados por ONG muestran mayor sistematicidad, coherencia e impactos de mayor significación en el reducido ámbito de su influencia, no se puede decir lo mismo de los realizados por OG. Estos, a pesar de contar con los recursos propios del Estado y estar capacitados para tener una cobertura nacional, muestran alta ineficiencia e ineficacia y se concentran básicamente en la Región Central del País.

2.1) Las Organizaciones Gubernamentales (OG). En el ámbito gubernamental, nos encontramos con que los programas realizados por CORPOINDUSTRIA (Iranzo l989b), no fueron concebidos para el desarrollo de microempresas. Es la razón por la que dicha entidad ha prestado a esta problemática un trato muy diluído dado su objetivo central: el desarrollo económico de pequeñas y medianas industrias mediante su financiamiento y asistencia técnica. Este objetivo ha venido siendo cumplido con poca eficiencia y, a partir de l984, ha tenido un importante desplazamiento hacia profesiones liberales y empresas de más de 5l empleados en detrimento del crédito artesanal. No obstante, entre l974-89 se crearon 84.470 puestos de trabajo, se ejecutaron Bs.l7.762.000.000.oo en créditos a la industria tradicional, intermedia, mecánica, grupos residuales y otros de los cuales Bs.2.l78.523.766.oo financiaron proyectos que generaron poco empleo en empresas de l a 5 empleados, pero razonable en empresas de 6 a 50 empleados. Asimismo, el 62% de un subtotal de Bs.5.375.908.087.oo se destinaron a beneficio social, sea, a empresas familiares de baja rentabilidad (en el superiodo l984-88 se incrementó del 0.24% al l.9l%), artesanías, talleres de producción y cooperativas. Durante l989 su presupuesto fue de Bs.633.000.000.oo de los cuales casi el 50%, sean, Bs,300.000.000.oo se consumieron en gastos de operación y Bs.333.000.000.oo se dedicaron a

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préstamos. A noviembre de este año se habían recuprerado Bs.600.000.000.oo de créditos morosos, quedando no menos de un 20% equivalente a unos Bs.150.000.000.oo pendientes para l990 (Vera l989). Otros, como FUNDACOMUN (Iranzo 1989b), partieron de una clara concepción de las potencialidades productivas de la economía popular, al tomar como sujetos colectivos a las llamadas Organizaciones Económicas de Base (OEB). No obstante, determinantes políticoelectorales, técnico-administrativos y macropolíticos que tienen que ver más con la racionalidad clientelista y asistencialista del Estado venezolano, provocaron la siguiente situación: - Un desfase entre los objetivos iniciales de promoción, formulación, evaluación, financiamiento y seguimiento de proyectos de creación y ampliación de empresas y lo realmente logrado: recibir, tramitar y resolver las solicitudes de crédito al márgen de casi toda supervisión, asistencia técnica y control de la recuperación de las inversiones realizada. - Un desplazamiento del grupo-objetivo desde las microempresas a cargo de grupos que habitaran en las áreas de influencia de los Centros de Servicios Comunales, hacia empresas unipersonales (el 70% de los préstamos de alrededor de Bs.40.000.oo se ocuparon en comprar máquinas de coser, con lo cual se consideró que cada préstamo creaba un puesto de trabajo) de las cuales el 80% se encontraba fuera de dichas áreas. - Un desnivel cualitativo y cuantitativo entre el equipo humano que inicialmente se requería y el actualmente limitado a la tarea de tramitar solicitudes de crédito. - Un proceso de otorgamiento de créditos negligente que ha provocado el fracaso de muchas posibilidades de hacer del financiamiento, una alternativa promisoria para el desarrollo microempresarial.

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En el caso de Fondos de Financiamiento, encontramos dos experiencias relativamente recientes que contrastan entre sí: la Fundación "Fondo para la Cooperación y Financiamiento de Empresas Asociativas" (FONCOFIN), adscrita al Ministerio de la Familia y con sede en Caracas, y el "Fondo de Financiamiento para Artesanos y Pequeños Talleres de Producción", creado por la Gobernación del Estado Lara mediante convenio con la Cámara de Artesanos Pequeños y Medianos del Estado Lara (CAPMIL) y el Banco Caracas. Veamos primero el caso de FONCOFIN (Iranzo 1989b). Este, no obstante que su objetivo es la promoción, fomento, asistencia técnico-financiera y legal para la formación y desarrollo de

pequeñas unidades familiares de producción, también han reducido su funcionamiento a

la simple atención y resolución de solicitudes de crédito con garantías individuales, en especial para la compra de maquinaria y equipos, al márgen de mecanismos de control, asesoría, promoción, capacitación y cobranza. La situación de esta Fundación para agosto de l989 era particularmente dramática. Creada el 6 de mayo de l987 mediante Decreto Ejecutivo, dos años y tres meses después presentaba el siguiente balance (Diaz, 1989): - desfinanciamiento, descoordinación interna, ineficiencia administrativa, ausencia de criterios adecuados para el otorgamiento de créditos, altos costos de operación, problemas de capacitación del personal e incapacidad para hacer cumplir los convenios firmados con CORPOINDUSTRIA y el ICAP. - Para agosto de l988 se ordenó el paro de las recepciones de solicitud de crédito, por cuanto habían 779 solicitudes de cerca de Bs.35.000.oo cada una sin resolver y el presupuesto del Fondo (Bs.7.097.95l.oo) se había agotado totalmente con el otorgamiento de 95 préstamos mediante los cuales se constituyeron igual número de empresas familiares, posiblemente unipersonales, de un total de l50 créditos programados para ese año.

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- A partir de agosto de l989, el Fondo viene siendo objeto de un proceso de reestructuración mediante el cual sus estrategias se han sintonizado con la Política de Apoyo a la Economía Popular. La Situación del Fondo Gobernación del Estado Lara-CAPMIL muestra rasgos mucho más alentadores. Creado en l986, inició actividades en junio de l987 con el propósito de estimular la

creación de fuentes de empleo, mediante el financiamiento a pequeños negocios ubicados

básicamente en la Ciudad de Barquisimeto. Si bien no fue el propósito inicial, se constituyó en un Fondo de Garantía al abrir la Gobernación del Estado Lara una cuenta corriente por la suma de Bs.2.000.000.oo en el Banco de Caracas, a los fines de financiar actividades productivas de pequeña escala. Dicho Banco consideró el monto como garantía para su propia línea de créditos, por montos máximos de Bs.25.000.oo con un promedio de Bs.6.685.oo por crédito y amortizaciones trimestrales a un año plazo al 6% de interés anual (3% para el Banco y 3% para el Fondo). Catorce meses después, a solicitud de la Gobernación del Estado, la Fundación para el Desarrollo de la Región Centro-Occidental de Venezuela (FUDECO) realizó una evaluación del Programa. De ésta se produjeron dos informes; uno preliminar (FUDECO l988) a fines de l988 y otro final, rendido a comienzos del presente año (FUDECO l989). Actualmente carecemos de documentación que nos informe sobre nuevas y necesarias evaluaciones y sobre el uso dado a las recomendaciones emanadas de aquélla. Veamos el balance tenido a mano: - En primer lugar, los recursos monetarios depositados en cuenta corriente no devengan intereses. La consecuencia es la devaluación y consecuente descapitalización del Fondo.

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- El total de solicitudes tramitadas fue de 87, de las cuales se liquidaron 73 de los 75 créditos aprobados por un monto de Bs.l.825.000.oo. - La relación crédito-empleo generado es de 3.64 (más alta que las encontradas en otros programas de América Latina, en términos relativos) en relación a 33 beneficiarios entrevistados.

No obstante, la conclusión de que "se han consolidado fuentes de trabajo

para 273 personas, en las categorías de trabajadores por cuenta propia, obreros, ayudantes familiares y empleados ocasionales" no está fundamentada. - El impacto de los créditos resultó, a todas luces, positiva. La situación de la actividad productiva poscrédito pasó del 28.l2% al 55.88%a ser valorada como "buena", del 59.37% bajó al 4l.l8%

en la valoración de "regular", y del 9.38% bajó al 2.94% en la valoración de

"mala". - La distribución de préstamos por área productiva no obedeció a una estrategia previa, sino, a la dinámica de los solicitantes como sígue: fabricación de vestimenta (40%). Elaboración y venta de alimentos (15%). Fabricación y reparación de muebles y similares (12%). Confección de juguetes (10). Se otorgó sólo un crédito para la consolidación de una lavandería automática. - En relación a los sujetos del crédito, la mayoría de los prestatarios eran residentes y desarrollaban sus actividades en barrios de ingresos medios y bajos de Barquisimeto y la minoría en otras partes del Estado. El 75% tenía la actividad financiada como dedicación principal y el 25% como complemento. El 62% tenía más de 5 años de experiencia en ella. El 2l% tenía de 2 a 4 años, y el l4% menos de dos años. - En relación a la puntualidad en los pagos, ésta alcanzó al 75% de los prestatarios contra un l3% de morosos con posibilidades ciertas de lograr su recuperación por medio del fiador, y un l2% incobrable el cual había sido cargado a cuenta perdida del Fondo.

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Entre los primeros se encuentran, mayoritariamente, quienes tenían su negocio instalado al momento de solicitar el crédito y, entre los segundos, aquellos que iniciaron su actividad productiva con el préstamo recibido. Este problema podría ser mucho mayor, si consideramos los costos de oportunidad que ocasiona la larga espera que media, entre el momento de la presentación de la solicitud y la fecha en que el crédito es recibido por el interesado: el 88% tuvo que esperar más de noventa días para recibir el crédito y el l2% entre treinta y noventa días. Es la razón por la que, en contraste con la opinión de CAPMIL de que el monto de los préstamos es adecuada, la queja expresada por el 63.6% de los beneficiarios es haber recibido un crédito devaluado por el incremento sostenido de los precios de las maquinarias, equipos e instrumentos de trabajo. - La evolución realizada por FUDECO señala con respecto al papel desempeñado por las entidades que suscriben el Programa, algunos problemas a resolver: Si bien la Fundación para el Desarrollo del Estado Lara (FUNDALARA) es la Institución a través de la cual la Gobernación asignó los recursos monetarios para el Fondo, no cuenta con los

mecanismos vinculantes que le permitan asegurar el uso productivo de los

recursos, ejercer la gerencia y el control de gestión de las entidades adscritas al Programa. Al parecer, se limita a recibir de la Junta Directiva de CAPMIL los recaudos de los solicitantes y, luego de su estudio, remitirlos a la Junta de Crédito del Banco para su aprobación definitiva. EL BANCO CARACAS aplica sin excepción, la normativa que rige sus operaciones mas no las que debiera emanar del Programa: no obstante la existencia del Fondo de Garantía, exige de los solicitantes balances personales, fianzas, referencias bancarias y comerciales y no contempla plazos diferenciales de amortización adecuados a suss posibilidades. Con ello se estrangula el acceso al crédito de quienes, careciendo de garantías directas, podrían necesitarlo

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con mayor urgencia, garantías que deberían ser suplidas por el mismo Fondo que es administrado por la Entidad bancaria. El Banco realiza seguimientos sólo para recuperar el crédito moroso, mas no para consolidar la actividad económica de los prestatarios. En cuanto a CAPMIL, no obstante ser la patrocinadora del Programa, no cuenta con una estructura organizacional adecuada ni con personal capacitado que le permita controlar el uso y los impactos de los créditos, los problemas enfrentados por los prestatarios en la recuperación de sus inversiones, ni realizar un seguimiento mínimo en producción, comercialización o administración de las actividades financiadas. Sus funciones se reducen a informar a los interesados sobre las condiciones del crédito, aplicar un formulario y formar criterio "in situ" sobre la actividad económica del solicitante y sus características, analizar las solicitudes y elaborar el informe para FUNDALARA para lo de su cargo. En realidad, el Programa no cuenta con criterios para orientar sus potencialidades más allá de una política meramente crediticia, en aras de la instalación, consolidación, expansión, y reactivación de microempresas mediante las cuales se desarrolle el potencial organizativo de las comunidades del Estado Lara. La eficiencia financiera nos dice que un Fondo como el que nos ocupa y cuyo monto pareciera que fue duplicado para l989, da pie para mantener una cartera permanente de no menos de docientas operaciones crediticias. Esta podría complementarse con una batería de proyectos con efectos multiplicadores en las diversas áreas de la producción, la comercialización, la organización social y la innovación tecnológica. Asimismo, ampliar el encaje de créditos que podrían ser promovidos sobre la base e incluso por encima del valor

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real de las amortizaciones, los depósitos, yvalores rentables no especulativos e inmuebles del Fondo. Pero esto conduciría a la redefinición del papel del Programa mediante la constitución de un Fondo Rotatorio y de Garantías Subsidiarias, dentro de una política integral de financiamiento, capacitación, desarrollo tecnológico y organización político-económica de los sujetos sociales en nombre de los cuales se creó el Programa y, por ende, a la redefinición de los términos del Convenio con el Banco Caracas. Es posible pensar que tan promisoria experiencia estadal podrá diversificar, incrementar y difundir en el corto plazo, la eficacia de sus impactos socioeconómicos. Asimismo, ampliar su cobertura geográfica y poblacional, mediante la incorporación organizada de los gruposobjetivo en la gestión misma del Programa.

2.2) Las Organizaciones No-Gubernamentales (ONG). En el ámbito de las ONG el espectro muestra resultados generales más alentadores. Veamos el "PROGRAMA DE APOYO A LA MICROEMPRESA EN VENEZUELA" que desarrolla desde l986 la Fundación "Eugenio Mendoza" (Llovera y Espinoza 1988; Iranzo l989b). - Se nutre de experiencias que realizan organismos empresariales tales como el IDESI del Perú, la Fundación Carvajal de Colombia y ADMIC de Mexico. - Su finalidad es el mejoramiento de las condiciones de vida de los desempleados y subempleados urbano-marginales mediante la creación de empleo. No obstante, la información tenida a mano indica mayor preocupación por el fortalecimiento y aprovechamiento de la capacidad de trabajo del pequeño empresario informal potencial y en acción.

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- A tal efecto implementa, en varios barrios de Caracas y muy recientemente Barcelona, líneas de financiamiento de corto, mediano y largo plazo para capital de trabajo e inversiones por montos de hasta Bs.20.000.oo a una tasa de interés inicialmente del l3.5%, pero actualmente variante. - Asimismo desarrolla, líneas de capacitación, asesoría y entrenamiento en contabilidad, costos, mercadeo y ventas, proyectos de inversión, principios de administración de la producción, administración de personal, y control de calidad. - Como estrategia de inserción selecciona barrios con experiencia organizativa, busca el apoyo de las organizaciones de base y entidades que prestan servicio comunal e incorpora a su trabajo encuestadores y promotores de las mismas comunidades. - Como fuente de financiamiento, la documentación consultada alude sólo a un préstamo de $500.000.oo más $70.000.oo no reembolsables para gastos de asesoría y asistencia técnica, dado por el BID en junio de l988. No obstante, el Programa cuenta con donaciones empresariales privadas para su operación. - Cuenta con un equipo de once personas: un coordinador general, un responsable de seguimiento y evaluación, un responsable de administracción, tres facilitadores-asesores, cuatro asesores permanentes y una secretaria. No se menciona forma ni fuente de pago. - Entre sus logros encontramos los siguientes: * 400 encuestas en un barrio de Caracas. * l80 encuestas en el Barrio "El Tronconal" en Barcelona; * A diciembre de l988, se habían impartido 63 cursos de seis meses cada uno a l50 microempresarios y se habían recuperado cuotas por cerca de Bs.45.000.oo incluyendo un préstamo en su totalidad.

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* 6 créditos concedidos a egresados de los cursos, después de haber sido asesorados y satisfecho el diagnóstico de las microempresas. * A julio de l988 se habían cubierto 240 horas de asesorías y a mayo de l989, 770 horas. - Sus restricciones aparentemente son propias de la distancia irreductible que existe entre los momentos de concepción y ejecución. Entre las más importantes restricciones informadas por la documentación analizada, está el incremento de los costos de capacitación, discontinuidad en los contenidos y deserción en algunos cursos, falta de difusión en las condiciones de los créditos y fallas en los criterios de su otorgamiento, falta de coordinación en los momentos de las asesorías, énfasis de promoción en unas áreas y déficit en otras por el optimismo que generaron los éxitos iniciales. Dado lo reciente del Programa, la información obtenida no permite: l) adecuar los resultados cualitativos con los cuantitativos; 2) diferenciar los componentes internos y externos del Programa, ni detectar la forma en que se relacionan y jerarquizan. 3) valorar los límites y posibilidades de su estrategia de inserción, centrada en la unidad barrial geográficamente delimitada; 4) calibrar el peso de cada componente y su influencia positiva o negativa en el desiderátum de todo programa social: la obtención de impactos sustantivos en la satisfacción de las necesidades reales de las poblaciones-objetivo. En consecuencia, no permite evaluar: a) hacia afuera, la eficacia de los impactos socioeconómicos logrados; b) hacia adentro, la eficiencia y coherenciade los procesos y organización interna del Programa, a la luz de la teoría que lo sustenta; c) hacia arriba, las determinaciones de la política de la Fundación a la que está adscrito.

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En relación con el "PROGRAMA DE APOYO A LAS UNIDADES DE GESTION ECONOMICA" (AUGE) del Centro al Servicio de la Acción Popular (CESAP), tenemos el siguiente perfil (Colmenares y Villamediana 1988; El Achauch y otros 1989; Iranzo l989b). - Es un programa de cierta complejidad, creado en l976 y diseñado con visión de integralidad y carácter nacional, cuya unidad geoespacial de acción es el barrio. Cuenta con una coordinación Central que es el módulo de enlace de los subprogramas entre sí y con el CESAP. Su equipo humano, descentralizado por subprogramas y proyectos, está constituido por socios

y empleados no necesariamente graduados universitarios, sino, estudiantes

de años superiores, técnicos y conocedores de su oficio identificados con la dinámica de los grupos populares y con capacidad de adaptación a los cambios en función de éstos. - Los sujetos de su acción son los grupos y organizaciones populares social y económicamente productivas, entre las cuales se encuentran las denominadas Organizaciones Populares Económicas de Bases (OPEB), los Círculos Femeninos Populares (CFP), las microempresas y los Talleres de Producción y Servicios, focalizados básicamente en Catia de Caracas, Barquisimeto y Amazonas. - Se desagrega en cinco subprogramas cuyos objetivos y acciones son complementarios entre sí y con la política del CESAP a saber: Servicios a las (OPEB), "Tinajas" (comercialización), Sistematización de Experiencias básicamente para capacitación del personal, Escuela de Gerencia Alternativa (EGA) creada en l985, y Servicios de Apoyo a la Microempresa (PAM) creado en l987 pero con antecedentes desde l976. Este cuenta desde l984 con un Fondo Rotativo coordinado por un Comité de Crédito integrado por representantes del Comité Central del CESAP, el Coordinador de AUGE y el asesor de la experiencia. Los préstamos tenían una tasa de interés del 6% pero recientemente

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fue elevada al l0%, a los efectos de poder continuar financiando el capital de trabajo, el incremento de los activos fijos y la compra de herramientas de trabajo de los microempresarios. Las condiciones de su otorgamiento contemplan una asesoría en la elaboración y presentación de proyectos de inversión, estudio individual y gestión de éstos para ante el Comité de Crédito, y seguimiento y evaluación de su utilización. Cada Subprograma cuenta con sus propios recursos de cuyo monto y fuente no se da cuenta en los documentos analizados, aunque sí se menciona la suma de $200.000.oo de capital del Programa AUGE. Asimismo, cuentan con sus respectivos equipos humanos que desarrollan su propio estilo de trabajo, pero utilizando metodologías participativas y autogestionarias. - Mediante éstos se cubren las siguientes áreas: Financiamiento; Capacitación social, técnica e ideológica; Asesoría especializada, Gestión Gerencial Alternativa, Promoción y Educación Popular, Comunicación Masiva, Investigación Social y Sistematización de Experiencias. - A diferencia del Programa de la Fundación Mendoza, éste sí explicita su pertenencia a un proyecto político de transformación societal. Trasciende la esfera económica, se ubica en una perspectiva cultural-popular de largo aliento y se materializa, como aquél, mediante una estrategia de inserción barrial-comunal geográficamente delimitada. - Entre sus objetivos generales encontramos los siguientes: l) El desarrollo de valores democráticos, autogestionarios, cooperativos, de solidaridad y de justicia en el ámbito económico, que se expresen en experiencias de organización popular social y económicamente productivas. 2) La conformación de una conciencia política que nazca de la realidad misma del movimiento popular, mediante la práctica económica que apunte al fortalecimiento organizativo y

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formativo de sus bases sociales, en conjunto con otros sujetos sociales que buscan objetivos afines. 3) El desarrollo de una conciencia autogestionaria que se traduzca en una práctica de una gerencia horizontal en la dirección del trabajo, a los efectos de facilitar la apropiación de la técnica y el conocimiento. 4) La complementariedad con otros programas, en función de fortalecer las propuestas generales y armonizar el trabajo. Entre sus objetivos específicos, encontramos los siguientes: A) Promover la actividad social y económicamente productiva de los microempresarios populares y vincular orgánicamente sus organizaciones específicas, al desarrollo global de la comunidad y del movimiento popular. B) Favorecer el crecimiento de la productividad y rentabilidad de las microempresas. C) Organizar mecanismos de comercialización a precios módicos. D) Facilitar espacios de encuentro y reflexión entre grupos y organizaciones de consumidores, distribuidores, comerciantes y productores a fin de intercambiar inquietudes y experiencias a los efectos siguientes: * Buscar soluciones y alternativas de acción. * Discutir las formas posibles de recodificación estructural de la economía venezolana, a partir de las condiciones materiales en que se desarrolla la actividad productiva de los microempresarios populares. * Formar una conciencia crítica en los microempresarios, acerca del papel que juegan en la realidad del País. * Estimular la integración orgánica de las actividades económicas populares al movimiento popular.

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La información tenida a mano da cuenta parcial y muy poco cuantificada de sus logros. Veamos los siguientes: - Hasta l987 se impartieron cursos sobre elaboración de proyectos y contabilidad, pero a partir de l988 se agregan tres unidadaes más que conforman el actual curso de capacitación gerencial: costos de producción, mercadeo, y administración de recursos humanos. Hasta octubre de l988 se habían impartido dos cursos de una semana de duración cada uno con un costo de Bs.750.oo, beneficiando a 67 microempresarios. - Durante los primeros meses de l989 se habían otorgado cuatro créditos por un total de Bs.ll0.000.oo, de los cuales se había recuperado uno de Bs.27.000.oo y el resto estaba en proceso favorable. Asimismo, se había dado asesoría legal en l6 casos y un número no establecido de otras sobre proyectos de inversión, estudios de factibilidad, mercadeo y otros. - El PAM ha logrado un buen nivel de conocimientos y arraigo en las diversas zonas, mediante el efecto multiplicador de los microempresarios capacitados. - La sistematización de experiencias se realiza en varias regiones del País, pero no se especifica cuáles. - La documentación no aporta evaluaciones de los objetivos ni de los impactos logrados por las asesorías y la capacitación, en cuanto a si se incorporan sus contenidos al trabajo cotidiano de vinculación de los microempresarios a sus comunidades y al movimiento popular. Tampoco se menciona el seguimiento para detectar necesidades y posibilitar su adecuada canalización. 3.) Recapitulación. El breve repaso que hemos realizado sobre los programas de apoyo a las microempresas populares, nos muestra que estamos ante una realidad estructuralmente heterogénea pero insuficientemente conocida.

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Frente a ella, la incidencia transformadora de los programas resulta ser muy moderada. La economía popular continúa, al menos en Venezuela, desgajada jurídicamente y ostentando brechas abismales de productividad y rentabilidad económica y social; situación que, en modo alguno, es ajena a la lógica concentradora de la economía de mercado. Por esta razón, nos parece que sería importante activar, los mecanismos de intercambio y evaluación entre las OG y las ONG, a los fines de obtener más información cualitativa, en especial, sobre los siguientes aspectos: - Las relaciones existentes entre la naturaleza de su acción y las formas de capacitación y liderazgo que promueven en las organizaciones y en las comunidades en donde trabajan. - El tratamiento dado a las relaciones existentes entre las organizaciones económicas, la localidad, la regionalidad, la nacionalidad y el carácter discontínuo y no territorial de la acumulación del capital y sus impactos en el modo de vida de las clases populares. - La productividad y rentabilidad sociales de los programas, vistas no sólo en términos de la viabilidad técnica, eficiencia y coherencia interna de éstos, sino, en términos de la adecuación entre los impactos reales obtenidos, los objetivos establecidos y los lineamientos direccionales que los justifican. - El plazo de permanencia de los microempresarios como sujetos de la Política. Cuánto tiempo se considera adecuado y bajo cuáles criterios?. Son o deben ser los programas canales de paso

hacia la denominada formalización del SIU?. Deben fabricar buenos clientes

para la banca estatal y comercial o de lo que se trata es de crear mecanismos financieros propios para microempresas populares?. La expansión de éstas busca efectos multiplicadores en la economía popular o en la industria hegemónica?. Estas preguntas señalan una encrucijada o esconden un falso dilema?.

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Finalmente, nos parece pertinente señalar una línea de trabajo que desde hace algun tiempo, está empujando por adquirir su propio cuerpo teórico y metodológico. A la luz de la crítica al excesivo peso dado a la producción en gran escala y a la dotación de bienes de capital como factores determinantes del desarrollo económico y al influjo del avance de la planificación regional en Venezuela (CENDES l986), en algunos círculos académicos, entre ellos el ILDIS (Cartaya, Rodríguez y Bernardo l989), se ha planteado la necesidad de estudiar los subsistemas, cadenas o circuitos de producción y circulación de bienes y servicios locales y regionales. Aunque no desarrollada metodológicamente ni alimentada por la investigación, esta vía de entrada al problema del desarrollo de las capacidades productivas de la economía popular podría, por un lado, minimizar los altos costos de los siguientes aspectos: a) la inserción de los programas en la realidad objeto de su intervención; b) la dispersión ocasionada por la atención de la multiplicidad de problemas y patologías que se encontran en cada localidad geográfica. c) la identificación, selección y capacitación de los grupos-objetivo y las unidades económicas con potencial de expansión; d) el acceso microempresarial al capital de la banca comercial. Por otro lado, nos parece, permitiría optimizar, en cada área de influencia del programa de que se

trate la capacitación, la cooperación, la organización social y la productividad

colectiva, mediante dos estrategias: a) la detección y apuntalamiento de los eslabones potencialmente más fuertes de la economía popular; b) la activación de mecanismos eficaces de enfrentamiento colectivo de las necesidades sociales.

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Los programas de apoyo a la economía popular podrían colocarse en situación real de complementar

y potenciar con eficacia:

- el trabajo de las microempresas entre sí y con los esfuerzos colectivos de base. - el enfrentamiento y solución de los problemas de acceso al mercado de insumos y productos, de innovación tecnológica en producción, organización y calidad de los bienes y servicios producidos en pequeña escala; - favorecer mecanismos de comunicación e intercambio entre productores, comerciantes y consumidores por ramas de producción; - utilizar microempresas modelo con fines demostrativos de nuevas tecnologías y adaptaciones; - crear empresas de proveedores para microempresas. Finalmente, el enfoque centrado en las cadenas de producción y comercialización sería el hilo conductor que podría permitir, además, lo siguiente: - descodificar la lógica que ordena el conjunto de actividades político-económicas populares y - generar efectos multiplicadores mediante dos vías posibles de acceso al desarrollo productivo de la economía popular: a) la tecnificación y desarrollo organizativo de la oferta; b) la creación y ampliación de la demanda potencial de bienes y servicios microempresariales; Estas dos últimas estrategias de acción plantean varios problemas que, si bien son teóricos, no por ello dejan de ser eminentemente prácticos. Dos de ellos parecen ser los siguientes: - la tensión dinámica y los impactos de las articulaciones entre los espacios territorial y económico;

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- el papel del Estado en la constitución, concertada con el capital industrial, de segmentos del

mercado para la economía popular y en la integración selectiva de ésta con el resto de la economía nacional.

III.- BASES PARA LA FORMULACION DE LA POLITICA SOCIAL DE APOYO A LA ECONOMIA POPULAR. 1) El Papel del Ministerio de Desarrollo Social en el Marco del Desarrollo Nacional. Hoy más que nunca cuando el País atraviesa la mayor crisis estructural del siglo XX y el estilo de desarrollo industrial, basado en la sustitución de importaciones, no produjo los frutos esperados, se nos hace imperativa la aceptación de las siguientes cuestiones: a) La democracia no es producto del desarrollo industrial. b) Lo-Social no es la periferia de Lo-Económico. c) La economía no preexiste al margen de la sociedad. d) EL DESARROLLO ECONOMICO NO ES TAL SI NO ES SOCIALMENTE RENTABLE,

DEMOCRATICAMENTE

GERENCIADO

Y

EQUITATIVAMENTE

DISTRIBUIDO. La aceptación de esta realidad, nos permite ubicarnos en una posición de búsqueda e intento de construcción colectiva del papel protagónico que debe asumir el Estado venezolano, para enfrentar los desafíos de la transición hacia un nuevo estilo de desarrollo que supere al que ya se encuentra agotado. Este papel pasa necesariamente, por lo siguiente: 1) La defensa y profundización de los logros democráticos de los últimos treinta años, en todos los ámbitos de la vida nacional.

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2) La creación de instancias de intermediación que estimulen, canalicen y enriquezcan las propuestas de satisfacción de necesidades sociales y de participación civil autosostenida. 3) La constitución de una nueva forma de relacionamiento de la sociedad venezolana con sus propias instituciones. La búsqueda de un nuevo estilo de desarrollo, PLURAL Y SOCIALMENTE CENTRADO, nos permite alimentar recíprocamente dos vías de esfuerzo colectivo: a) La constitución de Lo-Social en categoría analítico-relacional con especificidad propia. b) La definición del DesarrolLo Social Integral como meta de mediano y largo plazo. Este esfuerzo bidireccional nos parece adecuado para los siguientes propósitos: A) Enfrentar los problemas acumulativos generados por la acción del Estado en el ámbito social. Esta se ha caracterizado por ser omisa e incoherente en su referencia a las necesidade reales de la población, en especial, de la de más bajos ingresos. B) Reformar el marco jurídico-intitucional dentro del cual se le ha impreso a los programas sociales, un carácter marginalista, asistencialista, paternalista y clientelista. C) Producir una política estatal de regulación, responsabilidad y rentabilidad sociales y perfilar el contenido humano-concreto de la política de Desarrollo Social. D) Captar la dinámica de las nuevas formas de articularse la localidad, la regionalidad y la nacionalidad entre sí y con el escenario internacional en el actual periodo histórico. E) Inducir en el esfuerzo gubernamental y no gubernamental, una racionalidad que privilegie la iniciativa de responsabilidad, interés y rentabilidad sociales. F) Sintonizar los esfuerzos individuales y colectivos de la sociedad civil con metas de desarrollo nacional, mediante el diseño de una estrategia global de acceso a los recursos del Estado, a cambio de un legítimo incremento sostenido de su productividad social.

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G) Derivado de lo anterior, introducir los principios de eficiencia y eficacia de la política social; asimismo, dotarla de un catálogo de prioridades y tecnologías apropiadas a los fines de una producción de servicios diversificados para la economía popular. H) Introducir un nuevo paradigma de gerencia social que pueda ser caracterizado por lo siguiente: H.l) Por su compromiso con la democratización del Estado, la economía y la gestión misma del desarrollo socialmente rentable. H.2) Por su dotación de capacidades para el manejo estratégico y multidimensional del cambio y la incertidumbre que marcan, especialmente en el actual periodo de ajuste estructural, la organización social y el proceso político en sus diferentes formas. Es en esta nueva perspectiva de pensar y hacer Política Social con un enfoque integral, concatenada a la estrategia macropolítica trazada por el Gobierno del Presidente Pérez, que tomó cuerpo la necesidad de constituir al Ministerio de la Familia en el rector y gestor de la política del Estado, en todos los ámbitos concernientes al DesarrolLo Social del País. La creación de una instancia rectoral del más alto nivel gubernamental y la asunción de las funciones correspondientes al Desarrollo Social, no es una tarea fácil. Como es de todos conocido, a) Secularmente a Lo-Social se le vienen asignando funciones meramente apendiculares de lo-económico. b) El Estado ha venido definiendo su política en dicho ámbito, más por omisión que por su capacidad de satisfacer necesidades sociales. Por otro lado, también es de todos conocido, la normativa por sí sola no es suficiente para hacer cumplir las funciones asignadas a las OG. El decreto de su creación es el espaldarazo de la Autoridad política, con el que se inicia, apenas, el diseño de una estrategia por parte de la

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entidad para dotarse de los recursos, instrumentos y capacidades que le permitan producir con eficiencia y eficacia, los servicios que se le demandan. A este respecto, el Ministerio de Desarrollo Social tiene una clara conciencia de su deber de asegurarse los recursos financieros e instrumentos jurídicos, administrativos, técnicos y otros de muy diverso tipo y nivel que le son imprescindibles, a los efectos de estar en capacidad de cumplir con las siguientes funciones generales: A) Política, de garantizar la realización del Plan Nacional correspondiente a la Política de DesarrolLo Social y coordinar la compleja constelación de programas OG y ONG que le conciernen. B) Técnica y Administrativa, para planificar y evaluar las estrategias de inserción y creación de nuevos espacios organizacionales, que requieren ser desarrollados mediante nuevos estilos de conducción. Asimismo, para sistematizar experiencias y retroalimentar la eficacia de sus programas. C) Jurídica, para inducir reformas en la estructura jurídico-política y decisiones en otras esferas oficiales y civiles, a los efectos de vincularlas a la política del Ministerio. D) Etico-institucional, para convocar la concertación, potenciar la vocación de servicio, aunar esfuerzos y optimizar la productividad y rentabilidad sociales de las OG y ONG. E) Formativa, para capacitar al personal responsable de gestar y operar programas y proyectos socioeconómicos, a los fines de optimizar los impactos de los programas y generar adscripción a la política de Desarrollo Social. 2) La Política de Apoyo a la Economía Popular. Después de treinta años de un estilo de desarrollo que giró en torno a la sustitución de importaciones, el ciclo depresivo de los `80 puso en escena el carácter estructural y

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heterogéneo de la economía popular, dentro de un contexto de transformaciones profundas del mercado y la sociedad venezolana en su conjunto. Desde hace algún tiempo su tamaño, profundidad, resistencia, dinamismo y capacidad de expansión está causando preocupación en diversos círculos académicos, políticos y empresariales, algunos de los cuales vienen dedicando esfuerzos investigativos para su mejor comprensión y tratamiento. No obstante, lo anterior no significa que se haya dejado de prestar atención a otras cuestiones consideradas de trascendencia nacional y relevancia macroeconómica, tales como la realización de grandes inversiones de desarrollo económicamente centrado y la búsqueda de nuevas reinserciones funcionales en el mercado mundial, en especial, mediante la colocación de productos no tradicionales a precios competitivos. Dentro de este contexto gravitan con peso relevante tres hechos: l) La prioridad dada la definición de la política macroeconómica. 2) El deterioro de las estructuras sindicales. El sindicalismo ha perdido organicidad. Electoralmente cautivo, no ha elaborado estrategias de captación de las nuevas formas de expresión política de los agentes económicos y vecinales populares. 3) El Estado venezolano está en formal proceso de reforma en un contexto de crisis estructural. Esta, ciertamente, se traduce en pérdida de capacidad para atender y elevar el salario social pero, fundamentalmente, en pérdida de credibilidad dada su inadecuación institucional para responder con eficacia, al síndrome de necesidades básicas que se dejaron de cubrir en el largo plazo de treinta años. Dado el cuadro anterior, cuyos rasgos más relevantes son el deterioro sin precedentes de la calidad de vida, la descomposición social, la incertidumbre generalizada y la contracción de las expectativas de amplios grupos sociales, no parece vislumbrarse en el corto y mediano

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plazo, alteraciones sustantivas que hagan pensar en un cambio de orientación en la política macroeconómica ni en la composición de las estructuras sindicales. Los trabajadores de las unidades de producción a pequeña escala, los microproductores, artesanos y demás agentes económicos y vecinales urbanos y rurales que integran la economía popular, no ostentan una centralidad en la macropolítica del Estado venezolano, hasta ahora definida. Es la razón por la que la Política de Apoyo a la Economía Popular desde el Estado enfrenta un reto histórico. En primer lugar, incidir en la red de centros de poder, a los efectos de modificar en lo que concierne, la estructura jurídico-institucional y las prácticas que se expresan en la gestión del Gobierno nacional, estadal, municipal y vecinal. En segundo lugar, crear y desarrollar nuevos espacios de organización y convergencia, sociales e institucionales, mediante los cuales se diversifique la acción del Estado, en atención a las características de sus múltiples objetos de intervención y regulación creadora, dentro de los cuales está la promisoria producción y distribución de bienes y servicios a pequeña escala. En tercer lugar, crear sus propias bases sociales de apoyo a los fines de optimizar y maximizar la satisfacción de las necesidades básicas, la transferencia de subsidios familiares, el fortalecimiento del poder adquisitivo del ingreso y el rendimiento de los bienes y servicios, la generación de empleo, la compensación salarial, el apuntalamiento de la producción a pequeña escala y el desarrollo de las capacidades social y económicamente productivas de una creciente población-meta que ha adquirido una presencia social, económica y política de mayores implicaciones que en el pasado reciente. Pero, si bien la política que adelanta el Ministerio de Desarrollo Social enfrenta el reto de la construcción de su propia viabilidad, asimismo presenta un planteamiento inicial concreto y coherente que cuenta con una ventaja objetiva.

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Esta es, que los espacios que se intenta organizar aún no están totalmente acotados ni articulados plenamente y no se vislumbran propuestas interesadas en competir con plataformas diferentes o intentando cambios tácticos que pudieran desvirtuar el significado de aquélla o desviar sus impactos hacia objetivos diferentes a los establecidos. Esta circunstancia es alentadora y augura, al menos en el corto y mediano plazo, avances sustantivos en la concertación y realimentación de los esfuerzos; asimismo, en la implementación y consolidación de la Política de Desarrollo Social y de Apoyo a la Economía Popular.

3) Caracterización General de la Economía Popular Tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, los límites teórico-metodológicos de la investigación social plantean más interrogantes que respuestas. Es la razón por la que en este apartado realizamos una caracterización, necesariamente general, de la economía popular y los sujetos microempresariales, buscando complementar de manera operativa, ambas dimensiones. A) Desde el punto de vista cuantitativo, presentamos unos datos parciales que, aunque referidos al denominado SIU, son los únicos oficiales con que se cuenta. Ellos nos permiten perfilar el carácter estructural y heterogéneo que la población-meta de la política del Ministerio de Desarrollo Social ha adquirido en el ámbito económico-laboral. - Según la OCEI(l989), el SIU está conformado por uno de cada tres trabajadores urbanos, sea, no menos de DOS MILLONES TRECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETESIENTOS SETENTA Y SEIS ciudadanos dedicados a los servicios domésticos (7.87%), cuentapropia (55.44%), empleados de microempresas menores de cinco personas (36.68%). Este último

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porcentaje se desagrega en empleados y obreros (51.79%), patronos (32.42%) y familiares no remunerados (15.79%). - Para Márquez y Portela (l989), representa no menos del 60% del empleo en el transporte, no menos de un tercio del empleo total en los servicios personales y domiciliarios, comercio al por menor, transporte, construcción (en estas cuatro se concentra el 7l% del total de empleados urbanos), textiles, restaurantes, hoteles, industrias de la madera y otras manufacturas. - Su evolución en el transcurso de los últimos veinte años muestra la siguiente curva (OCEI l989): descendió desde el 48.1% de la PEA nacional en abril de l969 al 44.8% en abril de l970 y al 31.7% en abril de l980. A partir de esta fecha ascendió al 42.1% en abril de l986 y se ubicó en el 38.3% en abril de l989. - Según proyecciones de CORDIPLAN (l989), para l993 sumará el 36.2% de la PEA sólo en las ocupaciones microempresariales, cuentapropistas y los servicios domésticos. Estos datos cobran mayor relevancia a la luz de los estimados mínimos, tanto del Ministerio de Trabajo (Padrón l989) que ubica al 43.7% de la población en situación de pobreza, como de IVEPLAN (l989) que señala al 30% de los hogares actuales, sea, un total de 300.000 hogares (Cartaya l989) que representan a no menos de UN MILLON QUINIENTOS MIL venezolanos que viven en pobreza crítica. Esto quiere decir que, sin considerar la población que vive en la pobreza extrema, nos encontramos ante una región de la sociedad venezolana compuesta, conservadoramente, por no menos de CUATRO MILLONES NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOS venezolanos que viven en situación de pobreza crítica. Situación que no es ajena, en modo alguno, a la dinámica concentradora del sistema productivo (a este respecto, Cartaya en su estudio citado, informa que para l987 el 46% de los trabajadores en situación de pobreza extrema y el 60% en pobreza crítica, se empleaban en actividades del SM).

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Veamos el siguiente perfil ocupacional por sectores de los denominados informales, según Márquez y Portela (l989): - En servicios personales las mujeres ocupan el 59% de los puestos de trabajo y el 6l% de los trabajadores son empleadas domésticas, cocineras y planchadoras. El 30% son cuentapropias tales como zapateros ambulantes y jardineros. El ll% se ocupa en microtalleres de reparación de electrodomésticos, muebles, equipos de hogar y autos, y otros. - En comercio minorista el 64% son buhoneros, el 23% empleados de abastos y existe una alta concentración de mujeres. - En transporte el 75% son dueños de su propio vehículo y sólo el 2% son mujeres. - En la construcción predominan los cuentapropias y empleados representando los albañiles, carpinteros, electricistas, pintores y plomeros y algunos contratistas el mayor porcentaje. - En textiles un 75% del empleo es femenino y otro 75% se clasifica como cuentapropia. No obstante, esta cifra oculta un alto porcentaje de salarización encubierta. - En el sector de restaurantes y hoteles, cuya figura informal típica es el expendio callejero de comida, representa el 42% del empleo y obtiene ingresos mucho más bajos que los formales. Basten los datos anteriores para dar cuenta de una realidad que golpea nuestros sentidos: la existencia de una categoría de venezolanos que viven acicateados por umbrales estructurales de incertidumbre y complejidad crecientes. Amplios segmentos populares que se ven compelidos a crear sus propias fuentes de ingreso permanente, intermitente, principal o complementario y a optimizar y maximizar sus muy escasos recursos. Todo ello con la finalidad de asegurarse, al menos, las condiciones mínimas para su reproducción biológica.

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En otras palabras, nos encontramos ante un mundo social, política, económica y culturalmente orgánico que encarna su propio MODO DE VIDA, su propio MODO DE HACER ECONOMIA. B) Desde el punto de vista cualitativo, aportamos una caracterización que tiene como insumos trabajos realizados con la óptica del SIU, entre otros Cartaya (1987); Cartaya, Rodríguez y Bernardo (l989); Rodríguez (l989). Los principales componentes de la economía popular son los siguientes: 1) Un fértil y complejo sistema de relaciones sociales, económicas, políticas y culturales heterogéneas que tiene especificidad, movimiento interno y formas de articulación propias. 2) Formas temporales y espaciales de articulación e intercambio diferencial con el resto de la sociedad, en especial con el SM, mediante múltiples, dinámicos y complejos mecanismos de complementación, diferenciación, competencia, explotación, subordinación o exclusión. A través de éstos la economía popular realiza las siguientes funciones: * transfiere una considerable masa de ahorro productivo al SM. * Intercambia, mediante mecanismos de rotación de corto y largo plazo, grandes cantidades de fuerza de trabajo: - En la perspectiva del largo plazo referida al ciclo de vida del trabajador, transfiere fuerza joven la cual, luego de ser consumida productivamente y expulsada por el SM, es reabsorbida por la economía popular. Los que regresan al final de su vida económicamente útil lo hacen, por lo general, como cuentapropistas o microempresarios. - En el corto plazo, tanto en la crisis como en el auge, activa dispositivos procíclicos y anticíclicos de carácter defensivo. En la depresión, al mismo tiempo que abre sus barreras de entrada para absorber considerables cantidades de desempleados y subempleados del SM, aún a costas de su muy baja productividad, cierra sus válvulas para expulsar trabajadores hacia el

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desempleo abierto. En la expansión, reabsorbe su propia fuerza de trabajo y devuelve la que anteriormente había sido expulsada por el SM. * Genera dispositivos de ajuste a las asincronías del juego de la oferta y la demanda: - Al contrario del SM que se ajusta por la vía del desempleo, la economía popular lo hace por la del ingreso. - En virtud de su capacidad anticíclica de absorber empleo, su oferta de bienes y servicios crece, en términos absolutos, tendencialmente más en las crisis que en la expansión, aunque puede mostrar oscilaciones más cortas que las del ciclo económico. - La demanda de sus bienes y servicios aumenta con la bonanza y decrece con la depresión. Esto por cuanto la economía popular está dinamizada por el monto general de los ingresos generados por el SM, en especial, por la masa asalariada del denominado sector público. - Si bien la productividad de la fuerza de trabajo es menor que en el SM, la productividad del capital en la economía popular es, en términos generales, sensiblemente mayor. * Provee y compra cantidades importantes de insumos nacionales. * Construye, reconstruye y repara activos fijos y maquinaria; * Distribuye y consume productos modernos. * Produce bienes y presta servicios que responden a necesidades básicas y a un tipo de demanda que a las empresas modernas no les interesa satisfacer o porque su escala de producción les resultaría onerosa. * Realiza partes específicas (v.gr.textiles) de procesos productivos desconcentrados, por lo general, mediante relaciones de subcontratación.

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3) Una compleja constelación de actividades que obedecen a lógicas socialmente tan distantes entre sí, como son las que se realizan en las esferas de la pobreza y la reproducción. En la esfera de la pobreza se distinguen las siguientes: Las Estrategias de Sobrevivencia o actividades cotidianas, económicas y no económicas, desplegadas por agrupamientos que viven acicateados por la urgencia y la contingencia y no pueden darse el lujo de estar desocupados (CENDES 1988). Son muy heterogéneas, originales y dinámicas en la iniciativa de responder con provecho a las situaciones imprevistas, por lo general, bajo formas de ayuda mutua, asociativas, autogestoras y solidarias, vinculadas o no a prácticas de promoción comunal, sindical, cooperativista o partidista. Pueden adquirir permanencia y constituirse en alternativa al desempleo abierto o coyuntural. No obstante, son confundidas con el desempleo encubierto y el subempleo pues apenas permiten cubrir las necesidades primarias de las unidades domésticas, son muy inestables, tienen ínfima rentabilidad y no generan excedente alguno, dada la pequeñez del volumen de operación con que trabajan. Las Microunidades de Producción que registran apenas una mínima rentabilidad económica y magros ingresos que hacen posible no sólo la subsistencia, sino, ciertos niveles de autoocupación del excedente laboral. Ubicadas, como las anteriores, en la contracara de las leyes que rigen el modo de operación de las empresas modernas, son socialmente productivas, al permitir avances colectivos en la educación no formal y la organización de agrupamientos que viven en algunos segmentos de la pobreza. En el ámbito de la reproducción están las siguientes: Las Microempresas Subordinadas, que operan en segmentos del mercado controlados por el SM. Presentan algún potencial de desarrollo en el mediano plazo pero no controlan precios, volúmenes de producción, comercialización, insumos y, a veces, no son dueños de sus

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herramientas o maquinaria. Carecen de acceso al crédito comercial y a tecnologías productivas y organizacionales modernas. Trabajan con altos costos de producción y laborales y no pueden acumular ni almacenar. Acuden al alargamiento de las jornadas de trabajo para mantenerse en el mercado. Es un segmento muy heterogéneo en su capacidad real o potencial para ampliar su escala y eficiencia, aun si se eliminaran las restricciones que las constriñen. Muchas de ellas están insertas en relaciones de subordinación por subcontrato y, por lo tanto, de salarización encubierta. Las Microempresas Autónomas, productoras de bienes y servicios que presentan mayor estabilidad temporal y espacial. Ostentan cierta potencialidad de expansión y reinversión. Se ubican en ramas y actividades que aseguran el retorno del financiamiento y la maximización de la relación crédito-empleo. 4) Como rasgo promisorio, el movimiento interno de la economía popular perfila la necesidad de asociación y cooperación, como eventual estrategia para enfrentar con mayor éxito las restriciones, tanto de corte institucional y organizacional como político, cultural, financiero, tecnológico y sicosocial que constriñen su desarrollo. 5) una capacidad dinámica que le permite absorber a una parte considerable del crecimiento vegetativo de la fuerza de trabajo, del sobrante estructural y de los subempleados del SM, así como de los voluntariamente excluidos de éste. La anterior caracterización significa que no obstante el desapoyo, la insuficiencia, ineficiencia e inadecuación de los servicios estatales recibidos y de los mecanismos estructurales de dependencia, subordinación y explotación mediante los cuales se encuentra entreverada al resto de la sociedad, la economía popular en Venezuela genera lo siguiente: a) Una inagotable constelación de actividades económicas de pequeña escala que comercializan y producen bienes y servicios de consumo popular, en muchos casos con altos

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costos los cuales, por lo general, no pueden ser cargados al consumidor. Muchas de éstas contienen un potencial productivo e innovativo susceptible de desarrollo. b) Mecanismos de capacitación de fuerza de trabajo especialmente joven. Esta es absorbida con relativa rapidez por el SM y, luego de haber cumplido un ciclo que puede ser más o menos largo de vida productiva, se reincorpora a la producción en pequeña escala, por lo general, como cuentapropista o titular de su microempresa. c) Empleo e ingreso mínimo que asegura la reproducción de amplios contingentes humanos. En términos absolutos el empleo y, por lo tanto, la oferta de los bienes y servicios que produce, crece tendencialmente más en las crisis que en la expansión, aunque con oscilaciones más cortas que las del ciclo económico. No obstante, existe un desface con la dinímica de la demanda la cual, dependiendo de la masa salarial generada por el SM, aumenta en el auge y se comprime con la crisis. d) Un ahorro que no se filtra hacia los grupos sociales de pobreza crítica y extrema, sino, paradógicamente, se tansfiere al SM. C) Las características de las microempresas populares. De acuerdo con diversos estudios (v.gr. Rodríguez l989) el perfil socioeconómico de las unidades de producción y comercialización de bienes y servicios a pequeña escala, puede ser caracterizado desde varios ángulos complementarios. En la perspectiva de la economía popular en Venezuela, hemos elaborado el perfil que a continuación presentamos, el cual no puede asumirse como típico, sino, como rasgos generales que pueden acentuarse diferencialmente dependiendo, en especial, del sector y del tipo de actividad realizada.

La Forma que Adquieren las Relaciones de Producción.

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- Por lo general existe autonomía en la organización del trabajo propio. No hay dependencia directa de una instancia externa con posibilidad de decidir sobre este punto, aunque ésta pueda, indirectamente, determinar niveles de intensidad y duración de la jornada pero siempre mediada por la decisión de la unidad productiva, predominantemente unipersonal o cuentapropia. - Los implementos disponibles muchas veces móviles tales como herramientas y una que otra máquina de segunda mano y obsoleta, son de propiedad familiar o del (o la) titular de la unidad doméstica. Exceptuando la vivienda, sólo en pocas ocasiones se puede hablar de alquiler de los medios de producción. - Existe, por lo general, una asimilación entre unidad doméstica, unidad productiva y propietario. Se conforma así una acentuada tendencia al establecimiento de permeables relaciones laboral-familísticas, imbricadas a la localidad, la vecindad, el barrio mediante lazos solidarios, asociativos y de compadrazgo, dentro de las cuales juega un papel muy importante el otorgamiento del crédito ágil (fiado) para consumidores de bajos ingresos. - El tipo de relación propietario-trabajador es, por lo general, diferente al contractual de compra-venta de fuerza de trabajo al estilo del SM. * Se sustenta en un "convenimiento", es decir, un acuerdo de palabra parcialmente implícito mediante el cual los integrantes intercambian ventajas comparativas. * Estas están dadas por la pericia del conductor de la unidad, la socialización de sus conocimientos y medios de producción, la eficiencia y capacidad del ocupado, por lo general joven, y el valor que, tanto el titular como los ocupados, agregan al producto. - Se carece casi por completo de la capacidad de contratar fuerza de trabajo al estilo salarial del SM.

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* Este tipo de relación es sustituído, por lo general, por el trabajo de familiares no remunerados y por el trabajo a destajo de los allegados, adultos y menores de edad. - Cuando se tiene alguna capacidad empresarial, la remuneración de la fuerza de trabajo es precaria. Esto por cuanto para mantenerse en el mercado, muchos titulares se ven compelidos a lo siguiente: * comprimir salarios, utilidades y costos de producción y operación (v.gr. eliminando del precio del producto el uso del local y los gastos de agua, luz o teléfono cuando la unidad productiva se encuentra dentro de la vivienda o viceversa); * ampliar la jornada de trabajo; * desatender el mantenimiento y la reposición de equipos o maquinaria; * evadir la normativa sobre tributación, salud ocupacional, calidad de los productos, derechos laborales y de seguridad social. - La división técnica permite una relación personal con el producto. * Tanto el titular como el ocupado operan con la totalidad del objeto de trabajo; * el tiempo de trabajo necesario y excedente no es factor de cálculo de la remuneración; * por lo general, el diferencial salarial entre trabajador y microempresario no es siginificativo, a diferencia de las empresas modernas en las cuales el patrono no labora en el proceso de trabajo; * el valor agregado por el trabajador al producto es mayor que la remuneración reconocida.

Las Características Materiales y Técnicas de la Actividad Económica. - Su inserción mercantil la realizan de manera marginal, dependiente o autónoma en segmentos de fácil acceso y bajo poder adquisitivo y estratos competitivos o débilmente oligopolizados del

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mercado, así como en áreas geográficas periféricas y tecnológicamente inferiores al SM a las que venden bienes y servicios diferenciados. - Adolecen de una lenta rotación del capital dado que se ven compelidos, por lo general, a dar crédito a plazos más largos que exceden el promedio en cada rama.El ofrecimiento de facilidades de pago es casi el único recurso al que pueden recurrir para competir en condiciones oligopólicas. - Ostentan una mínima relación capital-trabajo. Esta, medida a través de los activos totales por hombre ocupado, expresa: * una baja o muy baja productividad marginal de la fuerza de trabajo ocupada; * una brecha entre productividad física y monetaria dada la subremuneración de los factores; * la adopción de procedimientos muchas veces rudimentarios e intensivos en mano de obra; * el empleo de herramientas de fácil manejo, maquinarias y equipos por lo general obsoletos y de segunda mano; * la precareidad de la infraestructura física; * la escasa inversión inicial de capital. - Presentan vías de entrada y salida muy laxas. Para su ingreso se requiere, lo general, sólo de lo siguiente: * la inversión de los ahorros propios o familiares; * un conjunto de conocimientos suficientes para el tipo de actividad que desarrollan. Estos tienen las siguientes características: * son rudimentarios y eminentemente prácticos; * por lo general se adquieren fuera de los canales formales de la educación, en especial, mediante el ejercicio mismo de la actividad de que se trate;

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* son absolutamente insuficientes para gerenciar la expansión del negocio y conocer la dinámica del mercado y la política. - Como contracara de la situación de las empresas del SM, las microempresas populares adolecen de un restrictivo y casi nulo acceso al mercado formal de insumos y productos y al crédito tanto de los proveedores como al bancario, cooperativo y promocional. Esto por las siguientes razones: * El sistema financiero tiene una estructura, condiciones y modalidades de operación adecuadas a la atención de medianas y grandes empresas y, más recientemente, de pequeñas industrias

con

capacidad de responder a sus exigencias. * Su insolvencia no les permite presentar garantías prendarias ni proyectos al estilo bancario. En todo caso, la formalización exigida por los entes financieros para decidir sobre las solicitudes de pequeño crédito, resultan mucho más caras que el monto solicitado. * La precariedad del modelo de gestión microempresarial atenta contra las posibilidades de acceso a los mercados financieros y de capital. Carecen de registros contables, balances, personería jurídica, normas de administración y regulación. Esta situación se expresa en el bajo perfil de sus calificaciones, en especial gerencial, y en la dificultad para evaluar la relación costo-beneficio de sus operaciones para incrementar sus recursos de capital. * Imposibilidad para manejar pasivos, almacenar, ofrecer estabilidad ocupacional (reforzada por la alta rotación de la fuerza de trabajo), mejorar sus condiciones de trabajo, incrementar la productividad laboral y la capacidad de reproducción de la fuerza de trabajo, y cubrir los costos

de la legalización.

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* Incapacidad para obtener e incorporar combinaciones técnicas para mejorar la calidad de sus productos, ampliar los estrechos volúmenes de producción, incrementar su baja o muy baja productividad y, aún, darle continuidad al proceso productivo. * Incapacidad para la compra de insumos al por mayor. Los altos costos de la compra al detalle no siempre pueden ser cargados al consumidor. * Incapacidad para contratar asesorías y publicidad, a fin de crear, conocer y ampliar la demanda y competir con el SM, en especial, en periodos de aumentos salariales. * Imposibilidad para influir sobre el mercado, a excepción de su elasticidad para cambiar de actividad y jugar con el ingreso medio como variable de ajuste ante la variación de los precios establecida por las empresas modernas de mayor productividad y suficiencia financiera. * Ausencia de un estatuto jurídico-institucional que las proteja y promueva. - Sometidas por lo general a relaciones de subordinación y explotación, la producción de bienes y servicios a pequeña escala se traduce en ingresos de poca o nula relevancia para la generación de excedentes. En consecuencia, las microempresas populares están obligadas a lo siguiente: * recurrir al usurero informal o no y a parientes o amigos, con lo cual el crédito adquiere costos más altos que los vigentes en el mercado formal y sus condiciones cortoplacistas no permiten la ampliación de su capacidad productiva. * Pagar altos intereses por el crédito, muchas veces restrictivo, de algunos proveedores. * Pagar precios de monopolio a los proveedores que exigen exclusividad en la compra de productos e insumos y en el alquiler de equipos. * Conceder crédito a plazos más largos que el promedio de la rama de actividad de que se trate, dado que es uno de los pocos mecanismos con que cuentan para mantenerse en el mercado.

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* Privilegiar el trabajo sobre otros insumos y medios de producción. * Adoptar combinaciones técnicas que suplan al capital, entre ellas la contracción de la remuneración al trabajo y el consumo del trabajo propio del microempresario. * Incrementar el costo medio de la reproducción de la fuerza de trabajo, al verse obligadas a trasladar sus altos costos de producción al consumidor para poder mantenerse en el mercado.

El Tipo de Actividades Desplegadas. Es este aspecto el que más dificulta visualizar criterios clasificatorios. No obstante, esto no es una limitante, sino, una expresión del potencial de creación, crecimiento, diversificación y expansión de las operaciones autogeneradas por la economía y la cultura popular. La casi inimaginable diversidad de actividades desplegadas en los ámbitos urbanos y rurales de la producción y comercio de bienes y servicios, la versatilidad para satisfacer necesidades, la originalidad de las iniciativas para atender situaciones no previstas, la lógica económica desplegada, las habilidades y el ingenio demostrado en la adaptación de bienes de capital, en el uso de tecnologías alternativas y apropiadas y en la distribución del escaso excedente económico, dan cuenta de la inadecuación de la clasificación oficial que agrupa las microempresas por rama de actividad. No obstante, el propósito de nuestro trabajo, que no incluye la elaboración de una tipología específica, nos obliga, primero, a utilizar los tres sectores clásicos en el entendido de que la dinámica del abanico y la combinatoria de la inagotable economía popular, rompe los parámetros de la ciencia oficial y, segundo, a ofrecer una lista, necesariamente indicativa y general, de actividades que pueden servir tanto al SM como a los consumidores de bajos ingresos.

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PRODUCCION: Creación, construcción, cultivo y extracción de bienes físicos mediante un proceso de transformación o aplicación de insumos (productos intermedios o materia prima a los que el trabajo agrega un valor) en productos intermedios o finales. - alimentos, bebidas y tabacos. - confección de textiles y artículos de cuero (calzado, carteras, vestimenta). - confección de artículos de madera y muebles. - productos de papel e imprenta (tarjetería, membretes). - productos químicos, cauchos, plásticos o derivados. - productos metálicos, maquinaria y equipos (metalmecánica, microtalleres). - artesanías (producción tradicional básicamente manual, indígena, campesina o urbanopopular). - construcción local. - agricultura y pesca (pequeños huertos, conucos, pesca artesanal). SERVICIOS: Producción de bienes intangibles mediante el uso de ciertos medios (herramientas, equipos, conocimientos prácticos). - Transporte local de personas (excluye el servicio urbano formal). - Servicios a las empresas del SM (transporte y almacenamiento de carga, reparación y mantenimiento de activos fijos, recolección y reciclaje de desechos de papel, vidrio y metales). - Servicios personales y de los hogares (barbería, peluquería, limpieza, cuido de niños, jardinería, plomería, electricidad, pintura, albañilería, limpieza, fumigación, tintorería, y reparaciones de calzado, electrodomésticos, vehículos, refrigeradoras y vestimenta). - Servicios de diversión y esparcimiento (música, organización y animación de fiestas).

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COMERCIO: Actividades mediante las cuales se hacen circular las mercancías producidas por las empresas medianas y grandes del SM, es decir, se compran para ser vendidas y revendidas. Se distingue el microcomercio con local y el ambulante con puesto fijo o sin éste. - alimentos, fruterías, quincallas, pescadería, carnicerías, bodegas, zapaterías, mueblerías, ferreterías y concreteras. - hospedaje y comedores populares. - buhonería por cuenta propia.

El Tamaño de las Unidades de Producción. Este indicador, como el anterior, ha sido muy controvertido, en especial, cuando se pregunta qué es pequeño y respecto de qué. Los parámetros varían si se piensan para Estados Unidos, Europa y algunos países de la Región. No obstante, en América Latina desde hace algún tiempo existe una aceptación generalizada de que la microempresa se ubica entre los rangos siguientes: a) uno o dos ocupados y activos menores a cien salarios mínimos vitales, según el Plan Nacional de Microempresas del Ecuador. En Perú éstos pueden oscilar entre $450.oo en el comercio y los servicios no profesionales y $600.oo en el sector industrial. b) No menos de cinco empleados, según las cámaras empresariales del Ecuador y, c) menos de diez empleados, según CEPAL/ONUDI(1988), y ventas menores a 55 salarios mínimos por mes y activos menores de 220 salarios mínimos, de acuerdo con el Plan de Microempresas de Colombia. En Venezuela, el proceso de formulación e implementación en marcha de la Política de Apoyo a la Economía Popular, ha fijado la atención en un conjunto más amplio y dinámico de

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aspectos, a los fines de lograr una adecuada y flexible conceptualización cuantitativa y cualitativa de la microempresa popular. Esta es la unidad económica urbana y rural que produce y comercia bienes y servicios a pequeña escala, si bien para el SM, en especial aquellos que son prioritarios para la satisfacción de las necesidades sociales de la economía popular y el consumo de las unidades domésticas de más bajo ingreso. Como ya se mencionó, en virtud de su pequeñez, reducido volúmen de ventas, baja productividad física y mínima relación capital-producto, obtiene exigüas utilidades y sus posibilidades de expansión son muy limitadas. Dado el cúmulo de sus restricciones, entre las cuales se cuenta la carencia de un marco jurídico-institucional que la proteja y promueva y el nulo o marginal acceso al mercado de bienes y servicios, la microempresa popular se ve obligada a privilegiar el uso intensivo de la fuerza de trabajo. Esto por cuanto enfrenta una relación de precios de los factores en la que, en contraste con la situación de las empresas del SM, le resulta más barata la mano de obra pero más caro el capital y los insumos, aun siendo estos últimos nacionales. La microempresa puede ser unipersonal, contractual, familiar, asociativa, cooperativa o comunitaria y, por lo general, el valor de sus activos es menor o alrededor de Bs.500.000.oo ($11.500.oo) y el número de sus ocupados es menor o alrededor de diez. Su proceso productivo está entreverado a relaciones de compadrazgo, familísticas y vecinales solidarias y se nutre con materias primas locales y tecnologías tradicionales consistentes en herramientas, métodos y equipos manuales; asimismo, de una relación personal de los trabajadores y el o la titular, que es uno de éstos, con la totalidad del objeto de trabajo y, por ende, con el producto final.

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Algunas microempresas como las específicamente productoras de artesanía indígena, campesina y popular-tradicional (Erdt 1988), expresan y conservan los componentes ideológico-culturales autóctonos que definen la identidad del ser venezolano. En coherencia con la caracterización anterior, es necesario conocer no sólo el número de ocupados y el valor del capital fijo, sino, además en lo posible, el monto de las operaciones y ventas, el costo del capital por trabajador, la localización geográfica (zonas deprimidas, periféricas, urbanas y rurales, fronterizas ), sus redes de comercialización, la distancia y potencialidad de los mercados (locales, restringuidos, más o menos amplios, etc.), el uso de insumos nacionales y tecnologías intensivas en fuerza de trabajo y apropiadas a la pequeña escala, el porcentaje del valor agregado, y el sistema de relaciones sociales en la que se encuentra inserta.

IV) PROPUESTA OPERATIVA DE LA POLITICA SOCIAL DE APOYO A LA ECONOMIA POPULAR 1) Fundamentación. Desde hace varios lustros se viene produciendo en América Latina una enriquecedora experiencia investigativa, un abundante conocimiento y valiosas sistematizaciones de planes y programas de apoyo, en especial financiero, al denominado SIU. En Venezuela la situación es contrastante. Existen numerosos estudios, dentro de los cuales los dieciseis volúmenes realizados por CORDIPLAN en l98l-84, los del ILDIS y el CENDES son aportes significativos, pero el conocimiento del SIU es aún exigüo. No obstante, aunque

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tardíamente respecto de la Región, una propuesta promisoria ha marcado ya dos momentos a saber: 1) La investigación evaluativa del camino recorrido por los programas existentes, la valoración de sus potencialidades y la sistematización del conocimiento producido en relación con las prácticas económicas populares y el contexto de la crisis estructural del sistema. 2) Articular un concepto transdisciplinario de investigación para la intervención social de mayor cobertura analítica, espacial y temporal que el usado en los estudios sobre el SIU. Dicha propuesta ha permitido redimensionar la evidencia empírica, poner de relieve la problemática relacional de la economía popular, el modo de vida de los sujetos que la encarnan y la reconstitución democrática y descentralizada del sistema político-económico venezolano. Un tercer momento, que cristaliza en el presente trabajo, es el programa de investigación cuyo perfil delineamos más adelante. Recapitulando, en Venezuela el conocimiento de la economía popular es muy incipiente e insuficiente. En consecuencia, no es posible aún, como sería deseable, lo siguiente: a) Medir su capacidad de absorción productiva más allá de la cual la inversión socioeconómica requerida produciría ineficiencia e ineficacia en el uso y producción de los recursos propios. b) Precisar la magnitud de los potenciales grupos-objetivo de la Política deapoyo a la Economía Popular, tanto hogares con diversa capacidad de consumo como microempresas populares. c) Comprender y valorar la heterogeneidad de las actividades que se desarrollan al interior de la economía popular, las cuales van desde estrategias de subsistencia hasta microunidades económicas estables y con ciertos niveles de rentabilidad.

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d) Medir y valorar los problemas cambiantes que enfrentan los miembros de las unidades domésticas, los conductores y ocupados de las microempresas populares. e) Calibrar la magnitud de la oferta y demanda real y potencial de bienes y servicios de la economía popular. f) Cuantificar el ahorro productivo que la economía popular le transfiere al SM a través de sus articulaciones diferenciales. Ciertamente, la carencia de técnicas de medición apropiadas dificulta precisar diferencias en la heterogénea economía popular y entre ésta y las prácticas económicas, culturales y políticas de las clases sociales en los ámbitos local, regional y nacional. Por otro lado, las estadísticas existentes no dan cuenta de las formas de articularse los diversos segmentos de la denominada informalidad, la pobreza, la economía popular, la sociedad civil, el Estado y el resto del sistema productivo. Pero, además del tratamiento económico y cuantitativo, la economía popular y el desarrollo social asumido como meta, necesitan ser valorados cualitativamente mediante un enfoque transdisciplinario y sociopolítico integral aún no totalmente construído. No obstante, esta limitante no debe magnificarse ni usarse como pretexto para seguir omitiendo una política social de apoyo a la economía popular, a riesgo de agudizar los problemas en nombre de los cuales se instrumentan las macropolíticas de desarrollo. El mejor conocimiento y tratamiento de la dinámica interna y las articulaciones diferenciales de la economía popular con el resto de la sociedad venezolana, será una tarea permanente de la Política de Desarrollo Social y de Apoyo a la Economía Popular. El seguimiento cuidadoso de su implementación y ajuste, evitará las rigideces conceptuales y operativas que sólo atentarán contra su eficacia direccional y procesal.

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Sumándose a las limitaciones anteriores, la actual política macroeconómica y de reajuste estructural, fuertemente orientada a la apertura del sistema productivo a la inversión extranjera, la competencia internacional y la exportación, aun en detrimento de la ampliación del mercado interno, no contempla un marco jurídico que proteja, promueva y regule la existencia y desarrollo de la producción a pequeña escala. Asimismo, tenemos que en Venezuela las OG y ONG realizan sus programas de apoyo a las microempresas sin una normativa que racionalice el qué, cómo y cuánto hacer para que, efectivamente, la producción mancomunada de servicios responda a la necesidad de desarrollar el potencial productivo de los grupos sociales que integran la economía popular, en especial los de más bajo ingreso. Tal situación, enmarcada dentro de la lógica productivista de la economía de mercado y del desarrollismo industrialista con hondas raíces en la sociedad venezolana, exige por sí sola y sin duda alguna, una política del Estado reguladora, subsidiaria, integral y de corto, mediano y largo plazo de apoyo a la economía popular. Esta política está siendo implementada por el Ministerio de Desarrollo Social y contempla dos estrategias, a saber: 1) El Apoyo al Consumo Familiar, que tiende al fortalecimiento de la capacidad de consumo y elevar el rendimiento de los bienes y servicios que adquiera la población de escasos recursos. 2) El Apoyo a la Microempresa, que promueve la creación y desarrollo de unidades de producción y comercio de bienes y servicios a pequeña escala. La propuesta que a continuación desarrollamos está referida a esta segunda estrategia. A) Lineamientos: En el VII Plan de la Nación se estableció el antecedente inmediato de la Política de Apoyo a la Economía Popular.

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Aunque referido al denominado SIU, específicamente a las empresas asociativas, en él se recomendó la creación de una OG que planifique, oriente y apoye su desarrollo y les faciliteel acceso a la tecnología, al mejoramiento de la comercialización, a la capacitación técnica y gerencial y al crédito mediante la creación de fondos de garantía. En el VIII Plan de la Nación no se le da continuidad a dicho lineamiento. Por lo tanto, es necesario implementar a este nivel, una política integral que tenga como desiderátum lo siguiente: a) Superar las desestructuraciones y contraproductividades de la crisis estructural, mediante una recomposición de la capacidad productiva del actualmente agotado estilo de desarrollo. b) Implementar programas de mantenimiento y creación de empleo estable y adecuadamente remunerado; asimismo, de reciclaje diferencial de fuerza de trabajo y unidades de producción, en áreas de alta y baja productividad y modernización tecnológica. c) Atacar los aspectos cuantitativos y cualitativos, coyunturales y estructurales dentro de cada segmento del mercado, tomando en consideración las brechas de productividad y la alta rotación de fuerza de trabajo. Asimismo, asumiendo la necesidad urgente, por un lado, de poner en contacto los recursos del Estado con el potencial productivo de los grupos populares y, por otro, de propiciar la democratización de las relaciones de intercambio de la economía popular con el SM y el resto de la sociedad venezolana. d) Apoyar y dinamizar el desarrollo de actividades individuales y colectivas económica y socialmente rentables, mediante las cuales sea posible optimizar y maximizar el comercio y la producción de bienes y servicios a pequeña escala y generar ocupaciones estables adecuadamente remuneradas. e) Desarrollar programas agresivos de transferencias directas y de construcción de infraestructura física y social, tal como servicios urbanos básicos, promoción cultural,

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previsión, asistencia y seguridad social, en especial, a los agrupamientos que se encuentran en situación de pobreza crítica y extrema. En esta dirección, se requiere una estrategia a los efectos siguientes: a) Ordenar dentro de un enfoque macropolítico, la diversidad de programas y proyectos de las OG, ONG y mixtos. b) Definir los criterios mediante los cuales los programas se alimenten recíprocamente, optimicen sus ventajas comparativas y se redimensionen hacia alcances globales de carácter nacional. c) Diseñar metodologías para la identificación de la diversidad de áreas prioritarias y sujetos individuales y colectivos con quienes se necesita trabajar con decisión. d) Establecer los instrumentos de distinto nivel y alcance que permitan operativizar el Plan Nacional de Apoyo a la Economía Popular. e) Elaborar un catálogo de prioridades y recursos que orienten la implementación de la Política en la perspectiva del corto, mediano y largo plazo. B) El Sistema Nacional de Apoyo a la Microempresa Popular. La Política de Apoyo a la Economía Popular se concreta en parte en el Sistema Nacional de Apoyo a la Microempresa Popular. Este Sistema dinámico, integral, tendencialmente autónomo y planificado estratégicamente, engloba y armoniza las distintas instancias de intermediación, individuales y colectivas. Estas van desde la Autoridad ministerial hasta los grupos-meta pasando por las OG y ONG y los diferentes instrumentos, métodos, recursos y todo componente necesario para la consecusión de los objetivos propuestos. Está diseñado para operar bajo los siguientes criterios:

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- Privilegiar la economía popular y los agrupamientos populares que la conforman, como la unidad indisoluble del objeto y los sujetos de la Política. - Priorizar aquellas áreas y ramas de actividad económica que permitan efectos multiplicadores en los siguientes aspectos básicos: * la generación y consolidación de empleo. * La satisfacción de necesidades básicas. * El fomento y desarrollo de prácticas solidarias, asociativas y cooperativas. * La construcción y mantenimiento de infraestructura física, urbana y social. * La creación y fortalecimiento de redes populares de producción y comercialización de bienes y servicios. - Focalizar sus acciones para asegurar que los servicios beneficien a los grupos-objetivo previamente seleccionados. - Generar adscripción sostenida de parte de los funcionarios, usuarios y demás agentes de la Política. - Generar participación ciudadana tendencialmente cogestionaria y autogestora en todas las esferas del proceso que va, desde la identificación de necesidades hasta la evaluación de los impactos de los programas y proyectos. - Generar transformaciones permanentes hacia formas más acabadas de operación no burocratizada y ejercicio democrático. - Producir servicios eficientes y eficaces mediante la maximización y optimización del uso de los recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos y ecosistémicos. - Multisectorializar los Programas y la producción de servicios como superación de la fragmentación sectorial.

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- Generar un proceso unitario de planificación que alimente recíprocamente, la conducción central mas no centralista y la programación local pero no localista. - Descentralizar y desconcentrar la gestión hacia la autonomía decisional del buen gobierno estadal y municipal. - Asegurar la suficiencia y permanencia del financiamiento de os Programas y Proyectos. El Sistema Nacional de Apoyo a la Microempresa Popular descansa en cuatro pilares fundamentales que son, precisamente, las áreas de estrangulamiento del desarrollo productivo de la economía popular en Venezuela. Ellos son el financiamiento, la comercialización, la capacitación y organización, y la investigación. Dichos pilares son apreciados como cuatro subsistemas, diferenciados sólo analíticamente porque en la realidad se encuentran orgánicamente articulados. Cada uno tiene su dinámica, recursos propios y autonomía relativa. Por tal razón, se hace necesario construir estrategias operativas de diverso nivel y alcance, a los efectos de viabilizar la Política y retroalimentar sus impactos en el desarrollo de las capacidades productivas de los agrupamientos populares. Las estrategias operativas, cuya desagregación da orígen a diversas áreas programáticas, se expresan en cuatro Programas a saber: Apoyo Financiero, Apoyo a la Comercialización, Capacitación y Organización, e Investigación, todos ellos atravesados e interconectados por un conducto de doble vía: 1) La asistencia oportuna y expedita, como apoyo efectivo del Sistema a cada una de las problemáticas situacionales que enfrentan los grupos-meta. 2) La participación activa y organizada, tanto de los grupos-objetivo como de los componentes del Sistema, como condición de realización de un nuevo estilo de gestión y organización.

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C) Objetivos. 1) Generales: - Contribuir efectivamente al mejoramiento de la calidad de vida de los agrupamientos populares mediante el incremento del empleo y el ingreso, organizando un Sistema integral, participatorio, eficiente, eficaz, ágil y potencialmente autofinanciable de atención prioritaria a microempresas populares que operan con posibilidades de consolidación y expansión en el corto y mediano plazo. - Desarrollar en el mediano plazo programas de reactivación de microunidades económicas en estado de paralización. - Estimular en el mediano plazo la constitución y desarrollo de nuevas microempresas. - Generar en todos los niveles del Sistema un nuevo estilo de conducción caracterizado por el ejercicio democrático, estratégico, eficiente y honesto de la gestión. - Contribuir efectivamente al fortalecimiento de los procesos de descentralización, desconcentración y desarrollo local y regional.

2) Específicos: - Procurar la creación de instrumentos y espacios institucionales y sociales, mediante los cuales se canalicen y estimulen las iniciativas gubernamentales y no gubernamentales de desarrollo de la economía popular. - Crear las condiciones necesarias y suficientes para el desarrollo de los subsistemas eficientes y eficaces de financiamiento, comercialización, y capacitación y organización, e investigación. - Fijar una estrategia permanente de captación de cooperación internacional técnica y financiera, para asegurar el funcionamiento adecuado del Sistema.

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- Fijar una estrategia permanente de captación de recursos humanos y materiales, requeridos para optimizar la eficiencia y eficacia de la Política. - Fijar una estrategia permanente de información y difusión eficiente y eficaz, a los fines de viabilizar la progresividad, los intercambios y la cooperación y asistencia requeridos por la Política. - Inducir un tipo de gestión gubernamental y no gubernamental que privilegie la iniciativa de responsabilidad, interés y rentabilidad sociales. - Incorporar como sujetos activos de la gestión, a los grupos-objetivo y promover su organización. - Inducir la adecuación y creación de la infraestructura jurídico-institucional necesaria a los efectos de viabilizar la Política de Apoyo a la Economía Popular. - Estimular el fortalecimiento de las actividades de pequeña escala en los ámbitos locales y regionales.

2) El Plan Nacional de Apoyo a la Microempresa Popular. A) Lineamientos. En consonancia con la Política del Ministerio de DesarrolLo Social, el Plan Nacional de Apoyo a la Microempresa Popular apunta con decisión al desarrollo de las capacidades económica y socialmente productivas de los agrupamientos populares. El análisis realizado a propósito de su formulación, da cuenta de que dicho Plan es producto de un proceso políticamente sensible, de traducción de necesidades sociales y aspiraciones colectivas. En consecuencia, el Sistema, los Subsistemas, los Programas y sus Areas mediante los cuales se operacionaliza la Política, constituyen una propuesta consistente cuyo desiderátum es la superación de las condiciones materiales que determinan dichas necesidades

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y el desarrollo de aquellas condiciones favorables a la cristalización de las aspiraciones colectivas. En este sentido, el Plan propone aunar los esfuerzos de las OG y ONG, individuales y colectivos a los efectos de transformar en el mediano y largo plazo, la dispersión que caracteriza el panorama institucional en posibilidades reales deespecializar, diversificar y masificar coordinadamente las iniciativas en la perspectiva del desarrollo nacional integral. Con este enfoque, los múltiples componentes del Sistema de Apoyo Nacional a la Microempresa Popular adquieren relevancia diferencial, sólo en relación al cumplimiento cabal de los objetivos establecidos. B) Objetivos. 1) General: Crear y operativizar el Sistema de Apoyo a la Microempresa Popular que corresponde a los lineamientos de la Política respectiva. 2) Específicos: - Diseñar los programas y proyectos mediante los cuales se instrumentan los subsistemas de financiamiento, capacitación y organización, comercialización, e investigación. - Dotar al Sistema de un presupuesto por programas y proyectos que optimice el cumplimiento de los objetivos establecidos para cada Subsistema y establecer los mecanismos de evaluación de la inversión de sus recursos humanos, financieros y materiales. - Establecer el ámbito de su acción y determinar los grupos- objetivo de la Política. - Establecer un sistema organizacional dinámico, mediante el cual se vinculen orgánicamente las instancias del Sistema, en especial las microempresarias, financieras, gubernamentales y gremiales.

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- Diseñar una metodología que permita la retroalimentación entre los diversos actores que intervienen en el Sistema. Asimismo, formular los mecanismos de control de gestión, evaluación de impactos y sistematización de experiencias del proceso. - Establecer los mecanismos necesarios para el apoyo a la economía popular en las diferentes regiones del País. - Dotar al Sistema de un sistema de información adecuado a sus requerimientos. - Establecer una estrategia sistemática de difusión de los Programas y acciones del Plan. - Elaborar censos de microempresas para conocer adecuadamente sus características, ubicación, número, actividades realizadas, posición en el mercado y otras informaciones que permitan programaciones más eficaces. - Contar con un registro nacional de microempresas actualizado, a los fines de expeditar la prestación de servicios y facilitar el seguimiento de sus actividades. - Mantener actualizado un catálogo de prioridades y recursos institucionales para orientar los términos del intercambio entre los diversos agentes de la Política.

3) Los Programas. Son los ámbitos de convergencia de intereses y acciones multilaterales. Mediante éstos la Política garantiza la eficiencia y eficacia del proceso, integral y abierto a la participación popular activa y responsable, de financiamiento, capacitación y organización, investigación, y comercialización. Asimismo, de asistencia y promoción en las áreas siguientes: administrativa, gerencial, tecnológica, jurídica, crediticia, organizacional, productiva y comercializadora, dirigido a la resolución de los nudos críticos detectados y al desarrollo del potencial productivo de la economía popular.

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A) Programa de Apoyo Financiero. Es el ámbito mediante el cual los sujetos de la Política acceden a los recursos monetarios y técnicos de que dispone el Sistema. En este sentido, el papel asignado al crédito se ve necesarimente complementado por los servicios que brindan los otros Programas en las diferentes áreas, los cuales tienen tanta importancia como el financiamiento mismo. Un criterio importante del Programa es la recuperación de los créditos otorgados, como forma de mantener la solvencia del mismo y el espíritu de la Política, cual es la práctica de valores solidarios, cooperativos y democráticos y el desarrollo de las potencialidades productivas de los grupos-objetivo. 1) Objetivos Generales: - Contribuir a la formación de capital de las microempresas populares, mediante la organización de servicios financieros y técnicos eficientes y eficaces para el ahorro y la inversión. - Promover la incorporación activa y solidaria de los grupos-objetivo, tanto en la gestión del Programa como en la capitalización a través del ahorro individual y colectivo, con miras al autofinanciamiento de las microempresas populares. - Promover la adopción de medidas en beneficio del Subsistema Financiero.

2) Objetivos Específicos: - Otorgar en el corto plazo, financiamiento a las actividades desarrolladas por las microempresas populares individuales o asociadas. - Otorgar en el mediano plazo, financiamiento para la reactivación de microempresas paralizadas o con problemas de operación, susceptibles de recuperación.

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- Otorgar en el mediano y largo plazo, financiamiento a las nuevas microempresas que se constituyan con potencialidades de desarrollo. - Otorgar en el mediano y largo plazo, financiamiento a los grupos-objetivo para la innovación y adaptación creativa de tecnologías apropiadas a las necesidades de equipos y herramientas de la producción en pequeña escala. - Desarrollar mecanismos de garantías bancarias subsidiarias y fondos rotatorios de apoyo y promoción financiera de microempresas. - Desarrollar mecanismos de ahorro individual y colectivo, que sirvan como garantía individual y asociativa para las distintas operaciones de los usuarios. - Asegurar los fondos del Programa para el financiamiento de las actividades productivas de pequeña escala, a través de una estrategia creativa de captación y capitalización de recursos monetarios. - Desarrollar sistemas eficientes y eficaces de control y seguimiento del crédito, el ahorro y el aval que aseguren la rentabilidad real de las actividades productivas que se financien. - Desarrollar mecanismos de control de gestión abiertos a la participación organizada de los grupos-meta. - Elaborar criterios de identificación de ramas de producción, comercio y servicios prioritarias para orientar la estrategia crediticia. - Realizar estudios socioeconómicos a las microunidades económicas populares, para asegurar su viabilidad y optimizar el sistema crediticio. - Promover cambios ante los organismos correspondientes, a fin de adecuar en lo que corresponda el sistema financiero a los requerimientos de la economía popular.

B) Programa de Apoyo a la Comercialización.

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Es el ámbito por cuyo medio se pretende resolver la limitación fundamental de la economía popular. Abarca desde la ampliación de la demanda agregada y la búsqueda e implementación de formas alternativas de compra de insumos, bienes de capital y de colocación de los bienes y servicios producidos por las unidades económicas populares, hasta la consolidación de segmentos del mercado tradicional y la creación de nuevos espacios, pasando por la generación de reformas jurídico-institucionales y la creación de la legislación correpondiente.

1) Objetivos Generales. - Contribuir al desarrollo de sistemas de comercialización eficientes y a la construcción y mejoramiento de las infraestructuras de abastecimiento de la economía popular. - Estimular la concertación mediante el auspicio de ámbitos de encuentro entre productores, comerciantes y consumidores populares, tendientes a la construcción de redes de comercialización y abastecimiento adecuados a las exigencias de la economía popular. - Promover la adopción de medidas en beneficio del desarrollo del Susbsistema de Comercialización

2) Objetivos Específicos. - Promover la creación y desarrollo de nuevos mecanismos de comercialización adaptados a las necesidades de la economía popular, tales como mercados urbanos, ferias populares de consumo, ferias de productos artesanales y microempresariales, y otras formas asociativas o cooperativas. - Promover y desarrollar entre las OG y ONG del Sistema, mecanismos de contratación y compras de bienes y servicios microempresariales que tengan ventajas comparativas.

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- Promover la creación y desarrollo de redes de abastecimiento eficaces de insumos y bienes de capital. - Reforzar la capacidad competitiva de la economía popular, mediante la promoción ante los organismos correspondientes, de medidas arancelarias e impositivas. - Estimular la creación y desarrollo de asociaciones y federaciones de comerciantes, consumidores y productores a los efectos de posibilitar la satisfacción colectiva de sus necesidades. - Realizar estudios de mercadeo y comercialización para establecer ramas, tipos de productos y sectores de consumo y estrategias de colocación de productos, así como las formas más eficientes y eficaces de encadenamiento de las esferas de producción, distribución y consumo. - Promover campañas informativas y publicitarias de las microempresas y sus productos, a fin de institucionalizar la imágen del microempresario y desarrollar la demanda de sus productos. - Asegurar los recursos financieros, humanos y materiales necesarios para el adecuado cumplimiento de los objetivos y establecer los mecanismos de evaluación de los impactos de su inversión.

C) Programa de Capacitación y Organización. Por medio de este ámbito, se pretende promover, fortalecer y desarrollar las capacidades organizativas, productivas, innovativas, e inventivas de los sujetos individuales y colectivos que integran la economía popular. Instrumentos esenciales del Programa son la asistencia especializada en los aspectos legales, financieros, y técnicos para impulsar el desarrollo tecnológico y la competitividad de la producción a pequeña escala.

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Conforma una dimensión sustantiva de la educación social integral, presencial o a distancia. En este sentido adopta la modalidad de un proceso permanente, general y especializado, y tiene un alto contenido promocional y formativo. Por éste entendemos la práctica del apoyo, orientada a la construcción de los medios de comunicación apropiada a los fines siguientes de los sujetos de la Política: - Recuperar como experiencia educativo-formativa, solidaria y democrática, la superación colectiva de los problemas de la reproducción en sociedad. - Ejercitarse en la planificación, conducción y evaluación de las acciones locales, regionales y nacionales mediante las cuales se aseguren el control de la construcción del futuro. - Apropiarse de valores materiales, tangibles e intangibles, que les son necesarios para potenciar su desarrollo productivo.

1) Objetivos Generales: - Fortalecer y desarrollar el Sistema Nacional de Apoyo a la Microempresa Popular mediante la difusión, la capacitación y la asistencia administrativa, financiera, tecnológica, gerencial, organizacional y jurídica tanto a los grupos-objetivo como al personal involucrado en la Política. - Fortalecer la productividad de los grupos-objetivo a través de la asistencia tecnológica, jurídica y administrativa, organizacional y gerencial. - Promover la organización de la población-objetivo, con fundamento en sus propias necesidades y capacidades de respuesta a fin de multiplicar sus logros. - Promover la adopción de medidas en beneficio del desarrollo del Subsistema de Capacitación y Organización.

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2) Objetivos Específicos: - Ofrecer asistencia tecnológica, jurídica, administrativa, organizacional y gerencial a los microempresarios en las áreas del financiamiento, la producción y la comercialización. - Desarrollar proyectos de capacitación adaptada a las necesidades de la economía popular, para los funcionarios involucrados en el Sistema. - Desarrollar proyectos de capacitación en las diversas áreas, dirigidos al apuntalamiento de las capacidades productivas y organizativas de los grupos-objetivo. - Propiciar a través de diversos mecanismos, la organización de los grupos-objetivo en los distintos niveles del proceso de producción y distribución. - Sensibilizar y apoyar a los grupos-objetivo en sus iniciativas de organización, a fin de lograr mayor eficacia en sus acciones por eliminar las rigideces de acceso al mercado de insumos y productos. - Asegurar los recursos que le son necesarios para el óptimo cumplimiento de sus objetivos y establecer los mecanismos de evaluación de los impactos de su inversión.

D) Programa de Investigación. Mediante este ámbito se realiza y promueve metódica y sistemáticamente, la producción, innovación, intercambio y difusión del conocimiento de los procesos y relaciones que los sujetos sociales integrantes de la economía popular, establecen entre sí y con el resto de la sociedad venezolana. Una definición importante que está en la base de este Programa es que la producción, circulación, intercambio y apropiación de valores económicos, científico-tecnológicos, físicos, ideológico-culturales, religiosos, morales, éticos, políticos y jurídicos es un proceso de carácter societal muy complejo y dinámico.

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Vinculado orgánicamente a la construcción de la sociedad misma, genera sus propias necesidades de cambio, conocimiento y mejoramiento. La Política de Apoyo a la Economía Popular, como producto social que es, necesita producir, sistematizar e intercambiar el conocimiento abstracto y empírico que le permita tomar previsiones y decisiones acertivas en la lucha permanente por construirle viabilidad al Sistema. Asimismo, para realizar en el corto, mediano y largo plazo cambios de forma y contenido en sus Programas, a los fines de adecuar éstos a las cambiantes necesidades sociales de la población-objetivo.

1) Objetivo General: - Generar el desarrollo de investigaciones en los diversos Subsistemas, a fin de conocer más adecuadamente el Sistema Nacional de Apoyo a la Microempresa Popular, optimizar el uso de los recursos y la toma de decisiones, y promover su desarrollo productivo en términos de rentabilidad social.

2) Objetivos Específicos: - Desarrollar investigaciones que permitan conocer el modo y las condiciones de vida de los agrupamientos populares. - Posibilitar estudios que contribuyan al diseño de metodologías de capacitación y organización, adecuadas a las necesidades del Sistema. - Desarrollar métodos de planificación y control de gestión. - Desarrollar métodos de evaluación, y sistematización de experiencias. - Impulsar la innovación y adaptación creativa de bienes de capital y de tecnologías de producción y comercialización, apropiadas a las necesidades de la economía popular.

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- Implementar estudios para nutrir la adaptación progresiva del Sistema y sus Programas, a las necesidades sociales de los agrupamientos populares. - Impulsar la construcción de una base de datos que retroalimente al Sistema de Información. - Asegurar los recursos que le son necesarios para optimizar el logro de los objetivos y establecer los mecanismos de evaluación de los impactos de su inversión.

4) La Estructura Organizacional. El Sistema de Apoyo a la Microempresa Popular cuenta con una estructura organizativa flexible, para dar respuestas expeditas a las necesidades cambiantes que caracterizan la economía popular. Compuesto por instancias individuales y grupales integradas vertical y horizontalmente, comprende desde el ente Rector hasta los grupos-objetivo e involucra a todos las OG y ONG, directa e indirectamente involucradas en la Política de Apoyo a la Economía Popular. La conducción político-técnica del Plan, los Subsistemas, Programas y Areas está a cargo del Ministerio de DesarrolLo Social, a través de la Dirección General Sectorial de Apoyo y Promoción de la Economía Popular. Esta, creada por Decreto No.540 de la Presidencia de la República del 28 de setiembre de l989, publicado en la Gaceta Oficial, Alcance No.34.328 del l8 de octubre de l989, tiene las siguientes funciones: 1.- Diseñar políticas de promoción y apoyo a la Economía Popular, procurando su aplicación de manera integral y coordinada. 2.- Coordinar el apoyo que el Estado preste a la Economía Popular, propiciando las acciones conjuntas de los organismos oficiales en las áreas que presenten mayores índices de pobreza.

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3.- Desarrollar programas de apoyo a las iniciativas populares de organización económica, tanto en las áreas de capacitación y asistencia técnica como en las de asistencia financiera y legal. 4.- Fomentar las alternativas de organización popular que viabilicen el funcionamiento y desarrollo de las unidades económicas de pequeña escala, sean éstas cooperativas y ortras modalidades organizativas. 5.- Promover la creación de empresas asociativas que contribuyan a resolver los problemas de adquisición de insumos y comercialización de productos por parte de las unidades económicas populares. 6.- Promover la participación concertada de las organizaciones no gubernamentales en las políticas de promoción y apoyo a la Economía Popular. 7.- Establecer los mecanismos necesarios para canalizar la cooperación y la asistencia técnica internacional a la Economía Popular, procurando su aplicación en aspectos claves para su desarrollo. 8.- Planificar y operar sistemas de información, evaluación y seguimiento en relación a los procesos de ejecución de los programas que incidan en la Economía Popular. 9.- Analizar las experiencias desarrolladas por los organismos del Estado en relación a la Economía Popular y realizar los estudios necesarios para la identificación de los grupos objetivo y de los instrumentos más idóneos para adelantar nuevos procesos de intervención." (GACETA 1989). La Dirección General Sectorial, cuenta una Unidad de Planificación y Control y con tres Direcciones de Línea y nueve Areas de Acción que responden a las necesidades de implementación del Plan, a saber:

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- Coordinación y Promoción: Coordinación de Proyectos Interinstitucionales, Evaluación y Selección de Proyectos, y Promoción. - Estrategias de Desarrollo: Investigación y Estudios, Desarrollo de Programas Especiales, y Desarrollo Cooperativo. - Supervisión y Capacitación: Capacitación, Area de Asistencia Técnica y Seguimiento, y Asesoría Jurídica. Los Programas serán realizados por una o varias de las unidades administrativas, cada una de las cuales estará integrada por un equipo de trabajo encargado de coordinar con los niveles que sean necesarios, a los efectos de asegurar el cumplimiento de los objetivos que le conciernen. En aras de la coherencia interna del Plan con sus objetivos de generar adscripción y participación en todas las instancias organizacionales y contribuir efectivamente a la democratización de la gestión del desarrollo nacional, se estima necesario que la Dirección General Sectorial de Apoyo y Promoción de la Economía Popular cuente con la figura de un cuerpo colegiado que desempeñe funciones asesoras o consultivas. Este Consejo estará integrado por representantes de ONG, OG, institutos de investigación y organizaciones de microempresarios y artesanos. Finalmente, se considera necesario que el Programa de Apoyo Financiero cuente con un Fondo Rotatorio y de Garantías Subsidiarias descentralizado y desconcentrado. Este será un instrumento de apoyo y promoción del ahorro individual y asociativo de las microempresas populares y podrá dar avales individuales y grupales. Asimismo, podrá delegar en los sujetos de la Política funciones y tareas de acuerdo con el nivel de organización lograda, y desconcentrar porcentajes fijos de su cartera bajo criterios geográficos o regionales, pero también por áreas y ramas de producción prioritarias.

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