Capitulo Chile, Anuario Mundo Indigena 2007

EL MUNDO INDIGENA 2007

IWGIA Copenhague 2007

EL MUNDO INDIGENA 2007 Compilación y edición: Sille Stidsen Editores por región: El Circumpolar Norte & América del Norte: Sille Stidsen América Central y América del Sur: Alejandro Parellada Australia y el Pacífico: Sille Stidsen y Christian Erni Asia: Christian Erni Medio Oriente: Sille Stidsen Africa: Marianne Wiben Jensen Procesos internacionales: Lola García-Alix Cubierta, tipografía y mapas: Jorge Monrás Traducción al español: Jacqueline Behrend, María de los Angeles Tassi y Bernardo Bengtsson Impresión: TAREA, Asociación Gráfica Educativa, Lima, Perú ISSN 1024-4573 - ISBN 9788791563362 © Los autores e IWGIA (El Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas), 2007 - Todos los derechos reservados. Se permite la reproducción y distribución de información contenida en El Mundo Indígena en tanto se citen las fuentes. Sin embargo, la reproducción completa del libro no se autoriza sin el consentimiento de esta organización. Las opiniones expresadas en esta publicación no expresan necesariamente las del Grupo de Trabajo. El Mundo Indígena está publicado anualmente en español e inglés por el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas. Directora interina: Lola García-Alix Administradora: Anni Hammerlund

Este libro ha sido producido con el aporte financiero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca, de NORAD, de Asdi y del Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia.

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CHILE En Chile existen nueve pueblos indígenas. En el norte del país se asientan los pueblos aymará, quechua, atacameño likanatay, colla y diaguita. En la Isla de Pascua, en la Polinesia, vive el pueblo rapanui y en la zona centro sur se asienta el pueblo mapuche, que a su vez se agrupan en identidades territoriales lafkenche, huilliche, pehuenche, nagche y wenteche. En el extremo austral residen comunidades yámana y kawaskar. Todos estos pueblos y sus territorios fueron sometidos a jurisdicción del Estado de Chile tras campañas militares expansionistas a fines del siglo XIX, procesos en donde se originan muchas de las actuales reclamaciones por tierras y derechos conculcados. De acuerdo al censo oficial de 2002, la población mayor de 14 años que se identifica como indígena suma un total de 692.192 personas, lo que equivale al 4,6% de la población del país1. Chile no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, y su Constitución no reconoce la preexistencia y derechos de los pueblos indígenas. Los asuntos indígenas se rigen por la Ley 19.253 de 1993. Dicha norma indigenista no trata de derechos indígenas, sino sobre el desarrollo de las “etnias” indígenas. Chile tiene un modelo económico neoliberal primario exportador, cuyos principales enclaves – minería, forestal, pesca y acuicultura- presionan sobre territorios y recursos indígenas.

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l año político en Chile estuvo marcado por la errática instalación del cuarto gobierno democrático, post dictatorial, electo en balotaje en enero de 2006. Michelle Bachelet, militante socialista, asumió como la primera mujer Presidenta de Chile en medio de altas expectativas, tras una campaña en que prometió poner énfasis en el respeto de los dere-

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RAPA NUI (Isla de Pascua)

chos humanos, la equidad social y participación ciudadana. Sin embargo, para los pueblos indígenas, no se registraron avances en el cumplimiento de tales promesas en el primer año de gestión de Bachelet. En materia de derechos colectivos no hubo progresos en el cumplimiento de las obligaciones estatales de reconocimiento y garantías de los derechos de los pueblos indígenas. Pese a contar con un parlamen-

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to favorable, el Gobierno no asignó urgencia a la ratificación del Convenio 169 de la OIT. Por el contrario, los derechos de comunidades indígenas sobre sus tierras y recursos se vieron severamente afectados por proyectos de infraestructuras y por la aprobación de proyectos de inversión minera e industriales lesivos para el medio ambiente. En cuanto a los derechos fundamentales individuales, el nuevo Gobierno no abordó la resolución de asuntos urgentes como la situación de los presos políticos mapuche. Si bien la Presidenta anunció que su Gobierno no invocaría la ley antiterrorista ante actos de protesta social, no hubo otras variaciones en la política penal hacia los indígenas. Donde si hubo avances en el 2006, fue en el seno del movimiento indígena. Durante el año se consolidaron alianzas y agendas del movimiento indígena, al calor de las movilizaciones en la defensa de sus derechos.

Marginalidad de los asuntos indígenas en la agenda de Gobierno Bachelet se había comprometido con organizaciones indígenas a elaborar una nueva política y cumplir las recomendaciones del Relator de Naciones Unidas para los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas.2 Sin embargo, como resumieron dirigentes indígenas, el 2006 fue “un año perdido” para cambios en las políticas oficiales. Los derechos indígenas quedaron fuera de la agenda de “36 medidas” para los primeros meses de gestión. A pesar de que el discurso oficial postula un enfoque de políticas públicas basadas en derechos, las nuevas autoridades del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), no incluyen a las políticas indígenas en ese enfoque. El Gobierno optó por dar continuidad a la política indigenista clientelar consistente en proyectos desarrollistas, fondos de subsidios y respuesta policial ante la protesta social indígena. A lo largo del año se verificó un progresivo deterioro de la institucionalidad de la política indigenista. El primer paso fue rebajar el rango viceministerial de los asuntos indígenas, confinándolos en la deslegitimada y débil Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). Tal diseño institucional se vio prontamente desbordado por la dinámica de los conflictos.

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A mediados de año, quedaron en evidencia diversas situaciones de conflicto inducidas por el Fondo de Tierras de CONADI. Por un lado, recurrentes enfrentamientos entre comunidades mapuche, a causa de la asignación arbitraria de predios, sin respetar los derechos ancestrales de cada comunidad. Por otro lado, la falta de apoyo financiero para el desarrollo autogestionario en las tierras restituidas ha inducido, en unos pocos casos, a que las comunidades suscriban contratos de mediería y arriendo. Al tomar conocimiento del hecho, la ministra de MIDEPLAN amenazó a través de la prensa con “quitar las tierras” a aquellas comunidades,3 en una notable muestra de desatino y desconocimiento del estatus legal de las tierras indígenas. Sus declaraciones fueron desmentidas por el director de CONADI, quien reconoció que la respuesta del Estado ante las demandas indígenas era débil y las autoridades ministeriales incompetentes.4 La crisis institucional se profundizó con lamentables incidentes donde fueron agredidos directivos de CONADI (28/08/2006), por jóvenes mapuche ofuscados con las autoridades por los sucesivos allanamientos policiales sufridos por la comunidad mapuche de Temucuicui, provincia de Malleco. Tras el episodio, el Director de CONADI presentó su renuncia y se querelló contra los comuneros, lo que incrementó aun más el hostigamiento policial hacia la comunidad. La dificultad de encontrar un nuevo Director de CONADI de alto perfil, reafirmó el confinamiento de CONADI como un mero organismo ejecutor de subsidios. Hacia fines del año, el Ejecutivo optó por mantener la fórmula de “garrote y zanahoria” para la gestión de la política indígena. Por un lado se anunció la aprobación de un crédito del BID por USD 45,2 millones para la segunda fase del “Programa Orígenes” - un típico proyecto neoliberal y clientelar, que socava bases comunitarias.5 Por otro lado, el mismo día de la designación de un nuevo director de CONADI, se anunciaba el aumento de la dotación de tropas policiales de fuerzas especiales en zona mapuche.

Un año sin avances en reconocimiento de derechos Un efecto de la marginalidad de los asuntos indígenas en la agenda de Gobierno, es el nulo avance de proyectos legislativos referidos a dere-

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chos indígenas, pese a que la coalición oficialista, tras la eliminación de los “senadores designados” en marzo de 2006, cuenta con las mayorías parlamentarias suficientes. El Gobierno de Bachelet no asignó urgencia legislativa a la ratificación del Convenio 169 de la OIT, cuyo único trámite pendiente es la votación en el Senado, y pese a haber comprometido su ratificación “al más breve plazo” (Discurso Presidencial 23/06/2006). Tampoco hubo avances en reformas a la legislación sectorial (aguas, minería, medio ambiente, ley de urbanismo, etc.) que colisiona con la Ley Indígena. Tales reformas son parte de las recomendaciones al Estado de Chile formuladas por el Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos y Libertades de los Indígenas, y el cumplimiento de tales recomendaciones forma parte de los compromisos adquiridos por Bachelet con organizaciones indígenas el 6 de enero de 2006. En el mes de abril el Ejecutivo volvió a insistir en un proyecto de reforma constitucional de “reconocimiento de los pueblos indígenas” votado por la Cámara de diputados el 10 de enero de 2006. Tal proyecto (Boletín Legislativo 4069) ha sido rechazado por todos los pueblos y organizaciones indígenas del país, por inconsulto, por desconocer derechos colectivos y por pretender introducir la frase “La nación chilena es única e indivisible”, que tiene el efecto de reforzar la arquitectura de seguridad nacional que informa a la constitución chilena. En el mes de abril se detuvo la tramitación de ese proyecto ante las airadas protestas indígenas. Sin embargo, las aventuras constitucionales gubernamentales de enero y abril dejaron una secuela de detenidos en protestas callejeras, procesos judiciales de dirigentes indígenas, como el caso del proceso por el cual se afectaron libertades fundamentales durante todo el 2006 al líder del Consejo de Todas las Tierras, Aucan Huilcaman, quien finalmente fue absuelto. Otras expresiones de la marginalidad de los asuntos indígenas se encuentran en el presupuesto público y la política de relaciones internacionales. En el proyecto de presupuesto público 2006 se destinó un magro 0,3 % para políticas indígenas, pese a existir un superávit fiscal histórico, producto del alza del precio del cobre. En relaciones internacionales, el Gobierno mostró una prolongada indefinición respecto al voto de Chile en la Asamblea de Naciones Unidas para apoyar la De-

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claración de Derechos de los Pueblos Indígenas, por resistencias al interior de la Cancillería chilena.

La huelga de hambre de presos políticos mapuche Un test crucial de la voluntad política del nuevo Gobierno hacia los indígenas, se vivió a propósito de la situación de los presos políticos mapuche. El mismo día en que asumía la nueva Presidenta, tres presos mapuche y una joven chilena iniciaron una huelga de hambre, exigiendo su libertad. Juan Carlos Huenulao, Patricio y Jaime Marileo, y Patricia Troncoso, se encuentran recluidos en la cárcel de Angol, condenados en 2004 a 10 años de cárcel, por el delito de incendio de bienes y plantaciones del fundo “Poluco-Pidenco”, hecho ocurrido en 2001 en el marco de reivindicaciones de tierras mapuche, y calificado como “acto terrorista” a instancias del Gobierno de Lagos. La huelga de hambre mapuche adquirió mayor legitimidad y solidaridad tras una sentencia del Tribunal en lo Penal de Angol, del 7 de abril de 2006, que absolvió a dos mapuche sometidos al mismo proceso, e idénticas pruebas, por el cual se encuentran condenados los huelguistas. El fallo marcó un viraje de los tribunales de justicia, y cuestiona la aplicación de la Ley Antiterrorista, y dejó en evidencia la desproporción de las anteriores sentencias condenatorias. Tal como lo han señalado diversos órganos de Naciones Unidas, en Chile la aplicación de la Ley Antiterrorista a la protesta mapuche constituyó una aberración jurídica, toda vez que los hechos que se imputan a los mapuche se refieren a daños en cosas y no atentados indiscriminados y con desprecio a la vida humana, que son características esenciales del delito terrorista. En abril de 2006 la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) presentó al Estado de Chile, en abril de 2006 un completo informe titulado “Chile: La otra transición: derechos del pueblo, mapuche, política penal y protesta social en un Estado democrático” con un conjunto de recomendaciones de política y legislación, que se suman a las ya emitidas por el Relator de Naciones Unidas Rodolfo Stavenhagen y el Comité de Derechos Económicos y Sociales de la ONU.6

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La huelga de hambre de los presos mapuche contribuyó de manera significativa a llamar la atención de la opinión pública doméstica e internacional, sobre la situación de violaciones de derechos humanos del pueblo mapuche. Significativamente, el 10 de mayo, el Premio Nóbel de Literatura, José Saramago, en el curso de una recepción pública en honor de la Presidenta Michelle Bachelet durante su visita a España, llamó la atención de la Presidenta sobre la situación, instándola a “mirar a sus mapuches”. El Premio Nóbel señaló asimismo que él visitó Chile y se entrevistó con dirigentes mapuche, los cuales se encuentran ahora encarcelados o perseguidos. Posteriormente la Presidenta viajó a Viena, a la Cumbre Europa-América Latina, y allí el 12 de mayo, en una audiencia con la comunidad chilena residente se le interpeló por la situación de los presos mapuche, ante lo cual la Sra. Presidenta hizo público su compromiso de “no aplicar la ley antiterrorista”. El 14 de mayo, antes de que Bachelet retornara al país, parlamentarios del partido de la Presidenta, obtuvieron de los presos la suspensión de la huelga, con la promesa de la aprobación inmediata de un proyecto de ley de libertad condicional (conocido como Proyecto Navarro), desactivando un foco de presión para el Gobierno. Sin embargo, el proyecto de ley adolecía de errores técnico-jurídicos, no contaba con los votos de todos los parlamentarios oficialistas, y tampoco era apoyado por el Ejecutivo, como lo señaló la Ministra Secretaria General de la Presidencia, Paulina Veloso.7 La incertidumbre respecto a la suerte del proyecto de ley sobre libertad condicional y sus contenidos, llevó a los cuatro presos a retomar su movimiento una semana más tarde. El 20 de mayo se levantó nuevamente la huelga, siendo un factor decisivo para ello la conformación de una Comisión Política para la Libertad de los Presos Mapuche, integrada por líderes de distintas organizaciones mapuche y familiares de los presos, con el objetivo de verificar el proceso de reforma legislativa. Hacia el mes de junio se abrieron algunas posibilidades de cambio. Por un lado la Presidenta se comprometía a la ratificación del Convenio 169 de la OIT y anunciaba una serie de medidas de política indígena, y reiteraba que en su Gobierno no se aplicaría la Ley Antiterrorista ante actos de protesta social indígena. El 3 de julio el Go-

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bierno envió al Congreso un nuevo Proyecto de Ley, de reforma de la Ley Antiterrorista, que indirectamente tendría efectos favorables en la situación penal de los presos mapuche. Sin embargo, tras un brusco viraje de la agenda del Gobierno y el cambio de Ministro del Interior, todas las iniciativas legislativas quedaron abandonadas. El Senado rechazó el proyecto Navarro (6/09/2006), y el Gobierno tampoco siguió insistiendo en su propio proyecto de ley, y el “breve plazo” para ratificar el Convenio 169 se prolongó indefinidamente.

El viraje del Gobierno frente a los movimiento sociales Cambios en el escenario nacional afectaron el marco de oportunidades del movimiento indígena. Desde la segunda quincena de mayo, la política chilena fue sacudida por la más grande movilización social de los últimos 20 años, con más de un millón de estudiantes secundarios en las calles. Lo que se conoció como la “revolución de los pingüinos”, constituye un parteaguas de la transición democrática chilena, puso en jaque al Gobierno y copó la agenda pública durante los meses siguientes. Después de la revuelta estudiantil hizo eclosión una diversidad de movimientos sociales y protestas callejeras. El Gobierno resintió los cuestionamientos de la derecha respecto a su capacidad de gobernar y mantener el orden público. Se hicieron cambios de Ministro del Interior y se adoptó una política de mayor control policial de la protesta social. A su vez el Gobierno se vio presionado por poderosos grupos de interés, que cuestionaban, además, la capacidad del Gobierno de mantener las tasas de crecimiento económico.

Continuidad de la política penal Durante 2006 ocurrieron reiterados hechos de violencia policial y desproporción punitiva contra comunidades y personas indígenas. El caso emblemático es el de la comunidad Temucuicui en la Provincia de Malleco, que a lo largo del año ha sufrido ocho procedimientos policiales donde han sido particularmente afectados niños, mujeres y ancianos.

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Frente a las marchas indígenas en las ciudades y los actos de bloqueo de caminos, las respuestas policiales resultan desproporcionadas, con uso indiscriminado de gases lacrimógenos, balines e invasión de morada, como ocurrió con las comunidades de Quepe que rechazan un aeropuerto. Particular gravedad revista la incorporación de patrullas de la Armada en misiones de patrullaje en lagos y costa lafkenche, como es el caso del Lago Lleu LLeu, en Arauco y costa de Mehuin, provincia de Valdivia. Por otro lado, prosiguió la búsqueda y captura de comuneros mapuche procesados bajo la Ley 18.314 y que se encuentran clandestinos. Solo tras la admisibilidad por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la denuncia presentada contra el estado de Chile, por los lonkos Pascual Pichun y Aniceto Norin,8 el Ejecutivo a avanzado en la tramitación de beneficios carcelarios para los presos políticos mapuche.

Polícias económicas y afectación de derechos indígenas En lo económico, el Gobierno de Bachelet mantuvo los lineamientos básicos del modelo primario exportador, basado en la explotación de recursos naturales por grandes grupos económicos. El ejecutivo brindó activo apoyo a megaproyectos e inversiones que vulneran territorios indígenas y medio ambiente. El año 2006 se caracterizó por sendos conflictos en torno a las autorizaciones ambientales de proyectos que afectan territorios mapuche. Son los casos de las 17 plantas de tratamiento de aguas servidas y proyectos de ampliación urbana; la construcción de un nuevo aeropuerto internacional en la comuna de Freire y la construcción de un ducto de evacuación al mar lafkenche de los residuos de una planta de celulosa en Valdivia. En todos estos casos se afectan a comunidades mapuche y no se consideró su participación ni sus derechos. Las comunidades recurrieron a las instancias administrativas y judiciales para hacer valer sus derechos y exigir la realización de procesos de consulta y evaluaciones de impacto ambiental, obligación que la Corte Suprema confirmó en un caso, en el mes de enero de 2006. En cada lugar las comunidades desplegaron permanentes movilizaciones,

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con cortes de caminos, marchas, y actos públicos donde dejaron de manifiesto su rechazo a los proyectos. En el norte del país, la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) aprobó el proyecto de minería “Pascua Lama”, impulsado por la polémica compañía canadiense Barrick Gold. El proyecto se encuentra sobre el límite internacional chileno-argentino, a unos 150 Km. al suroriente de la ciudad de Vallenar, Provincia de Huasco, en medio de glaciares, y en territorio de comunidades diaguitas, cuya existencia legal solo fue reconocida en 2006. La presencia de intereses mineros también se manifestó en el sur del país, en la zona costera lafkenche de Arauco y Cautín. En cuanto al complejo forestal de plantaciones-celulosa, el presidente de la Corporación de la Madera (Corma) declaró que, con la construcción de las últimas tres grandes plantas de celulosa en 2006 se cierra un ciclo de grandes inversiones en ese sector, y que no habrá desarrollos importantes en los próximos 15 años.9 Ello no implica que termine de expandirse el complejo forestal. En 2006 se hizo evidente uno de los rasgos del nuevo ciclo, en que las plantaciones se localizan al interior de los predios campesinos, quienes, a cambio de proporcionar el uso de sus tierras, reciben subsidios del Estado, con fondos procedentes de la banca multilateral. Las consecuencias sociales, económicas y ecosistémicas serán notorias al cabo de otros quince años. En este contexto de expansión de las industrias extractivas, alentadas por los efectos de diversos acuerdos comerciales internacionales, se multiplican los conflictos por la defensa de territorios y recursos (tierras, el agua, el subsuelo, las riberas, los bosques), y la exigencia al Estado por que cumpla obligaciones respecto a los derechos indígenas y al ordenamiento territorial. Complementariamente, emergen con mayor fuerza las reclamaciones de los indígenas urbanos y migrantes.

Avances del movimiento indígena Durante 2006 el movimiento indígena avanzó en organización, repertorio de acciones colectivas y agenda política, al calor de diversas y dispersas contiendas en defensa de tierras y territorios, solidaridad

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con los presos políticos mapuche, y exigencia de espacios de participación. La huelga de hambre de los presos políticos, más allá de la especificidad de su causa, fue catalizador de un fenómeno social, simbólico y político, que dotó de un marco de sentido compartido al fragmentado movimiento indígena. Entre abril a mayo de 2006 se vivió una espiral ascendente de acciones colectivas pro-derechos indígenas con manifestaciones callejeras, producción artística, preformativa, a lo largo de Chile y en diversos países donde se encuentran residiendo chilenos y mapuche. Diversos eventos, no necesariamente conectados, anteriores y posteriores a la huelga, son indicativos de la eclosión social protagonizada por las organizaciones indígenas en el 2006, particularmente del pueblo mapuche. A modo ilustrativo señalamos algunos hitos. La masiva marcha nagche por el derecho al agua, en el mes de marzo. La persistente campaña de resistencia al proyecto de aeropuerto en la localidad de Quepe, cercana a Temuco. Las múltiples protestas y acciones colectivas contra las plantas de tratamiento de aguas servidas en La Araucanía. La multitudinaria y festiva marcha indígena del 9 de octubre en Santiago. Las movilizaciones de las comunidades huilliche de Chiloé exigiendo el respeto a sus antiguos títulos de realengo, continuando con el legado del Lonco Mayor don Carlos Lincoman, quien en abril de 2006 partió al encuentro de los ancestros, acompañado por multitudes de antiguas y nuevas generaciones mapuche huilliche. En el plano de las alianzas, cabe destacar la participación de la Coordinación de Identidades Territoriales Mapuche (CITEM) en la constitución de la Coordinadora Andina de Pueblos Indígenas, que reúne a organizaciones de Perú. Bolivia. Ecuador, Colombia y Chile. Sin embargo, en Chile aun no se consolidan lazos entre los pueblos indígenas, salvo los persistentes esfuerzos desplegados en esa dirección por el Consejo de Todas las Tierras, y organizaciones aymara y quechua. Otro aspecto destacable del año son las publicaciones de libros de investigación histórica y análisis político, elaborados por investigadores mapuche, que renuevan y autonomizan el campo de los estudios etnopolíticos en Chile, tradicionalmente monopolizado por el indigenismo criollo. Tal producción, se agrega a la creación de poetas mapuche, el activo periodismo, y el florecer de grupos de música fusión for-

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mados por jóvenes indígenas, donde la revelación del año fue el grupo Wechekeche Ñi Trawun. Los diversos procesos, contiendas y eventos del año son indicativos de un virtual “estado permanente de asamblea indígena”. El 2006 fue un año de reuniones indígenas. Se realizaron múltiples asambleas territoriales autónomas, y otras en el marco del “Debate Nacional indígena” que convocó el Gobierno en el segundo semestre de 2006. Entre los principales hitos cabe mencionar el Congreso de la Identidad Lafkenche, que reunió en Valdivia, del 1 a 3 de septiembre, a más de 400 representantes de comunidades ribereñas al mar desde el Bio Bio hasta Aysen. Los seminarios y congresos de indígenas urbanos y el congreso de Organizaciones Territoriales Mapuche en la localidad de Quepe, realizado en el mes de noviembre. Tales reuniones y sus documentos de conclusiones, establecen consensos en torno a una agenda política común, para exigir, defender y ejercer derechos, y abrir paso a una democracia pluriétnica.

Reflexiones finales Si bien el año 2006 fue un “año perdido” para el establecimiento de nuevas políticas, y la institucionalidad indigenista va cuesta abajo, sumida en una crisis de legitimidad, para el movimiento indígena fue un “año ganado”. Se revirtió el aislamiento y el estigma de “terrorismo” indígena que construyó la derecha, las empresas forestales y el Gobierno de Lagos. Hubo avances jurídicos tanto en tribunales locales e instancias internacionales, que contribuyen a una revisión crítica de la política penal y a que el Estado asuma su responsabilidad y su obligación de reparación. El movimiento indígena demostró el potencial de su repertorio de acciones colectivas, y capitalizó el amplio despliegue de activismo social del año. Pasó de un largo ciclo de resistencia a otro, no menos complejo, de reconstrucción como actor político y sujeto histórico. Se dieron pasos claves para renovar las alianzas, la agenda indígena, sus fundamentos de derechos colectivos y propuestas de políticas, de cara a los duros perfiles del país y los desafíos de una democracia pluriétnica. ❑

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El 87.3% de esas personas pertenece al pueblo Mapuche, el 7% al Aymará y el 3% al Atacameño. Los otros pueblos (Colla, Rapanui, Quechua, Yámana y Kawaskar) representan un 2,7 % de los indígenas. Un 70 % de los indígenas se concentra en tres Regiones, en la Araucanía un 29,5%, en la Metropolitana un 27,7% y en Los Lagos un 14,7%. El perfil demográfico indígena en Chile destaca que más de la mitad de la población indígena es menor de 30 años, la población indígena urbana representa un 64,8% y la rural un 35,2%. El censo 2002 ha sido cuestionado como un “etnocidio estadístico” por las organizaciones indígenas en Chile. Los resultados contrastas con los del Censo de 1992, en que arrojó un total de 998.000 indígenas (la cifra aumenta a 1.350.000, incluyendo a los menores de 14 años). “Compromiso por los Pueblos Indígenas”, Acuerdo de la candidata Michelle Bachelet y representantes de pueblos indígenas, Nueva Imperial, 6 de enero 2006. El Mercurio, 21/08/2006. El Mercurio 28/08/2006. IADB CH-L1014 : Integrated Development Indigenous Peoples, Phase II. Véase http://www.iadb.org/projects/Project.cfm?project=CH-L1014 Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales. 33º período de sesiones (8 al 26 de noviembre de 2004). Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Chile, E/C.12/1/Add.105. El Mercurio, 17.05.2006. CDH INFORME N° 89/06, Petición 619-03, Chile, Aniceto Norin Catriman y Pascual Pichun Paillalao; http://www.cidh.org/annualrep/2006sp/Chile619.03sp.html Diario Financiero, 07.12.2006.

Fuentes www.azkintuwe.org www.mapuexpress.net www.politicaspublicas.cl www.fidh.org www.conadi.cl www.observatorio.cl www.mideplan.cl www.diario.elmercurio.com www.corma.cl www.camara.cl