Capitulo Chile En Anuario Mundo Indigena 2005

EL MUNDO INDIGENA 2005

IWGIA Copenhague 2005

EL MUNDO INDIGENA 2005 Compilación y edición: Diana Vinding y Sille Stidsen Editores por región: El Circumpolar Norte & América del Norte: Kathrin Wessendorf México, América Central & Entorno Caribe: Diana Vinding América del Sur: Alejandro Parellada Australia & el Pacífico: Diana Vinding Asia: Christian Erni y Sille Stidsen Medio Oriente: Diana Vinding Africa : Marianne Viben Jensen y Diana Vinding Procesos internacionales: Lola García-Alix Cubierta, tipografía y mapas: Jorge Monrás Traducción al español: Patricia Borraz, Jacqueline Behrend y Mario di Lucci Corrección de pruebas: Patricia Borraz y Leonardo Passadore Impresión: Tarea Asociación Gráfica Educativa, Lima, Perú ISBN 87-91563-09-7 - ISSN 0105-4503 © Los autores e IWGIA (El Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas), 2005 - Todos los derechos reservados. Se permite la reproducción y distribución de información contenida en El Mundo Indígena en tanto se citen las fuentes. Sin embargo, la reproducción completa del libro no se autoriza sin el consentimiento de esta organización. Las opiniones expresadas en esta publicación no expresan necesariamente las del Grupo de Trabajo. El Mundo Indígena está publicado anualmente en español e inglés por el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, Classensgade 11E, DK 2100 – Copenhague, Dinamarca. Director: Jens Dahl Director suplente: Lola García Alix Administradora: Anni Hammerlund

Este libro ha sido producido con el aporte financiero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca, de NORAD, de Asdi y del Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia.

GRUPO INTERNACIONAL DE TRABAJO SOBRE ASUNTOS INDIGENAS Classensgade 11 E, DK 2100 - Copenhague, Dinamarca Tel: (45) 35 27 05 00 - Fax: (45) 35 27 05 07 E-mail: [email protected] - Web: www.iwgia.org

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l 2004 fue un tiempo de transición en materia de política indígena de Chile, marcado por el conflicto por los derechos territoriales mapuche. La política gubernamental, vía represión, logró su objetivo a corto plazo de disminuir las acciones directas de reclamaciones de tierras, abrir paso a los megaproyectos, y dar relativa gobernabilidad a la región sur de Chile, en interés de la industria forestal que aumentó sus exportaciones. Por el lado indígena, se producen avances en los procesos de rearticulación del movimiento social, afirmando su discurso identitario territorial, consolidando sus medios de comunicación (periódicos, sitios web, radios), ampliando su repertorio de movilización y estrategias para defender sus derechos, y revertir un escenario adverso. En la perspectiva del largo plazo, el saldo es favorable al movimiento indígena, que logró poner al Estado de Chile en la mira del sistema internacional de derechos humanos. Quedó en evidencia el déficit de la transición democrática chilena: los derechos indígenas, evaluado de acuerdo al estándar internacional, que en el 2004 se instaló como eje y vara de medida. Así lo hicieron presente, taxativamente, al Estado de Chile los órganos de Naciones Unidas.

La política oficial del “Nuevo Trato” El año se inicia con una “Reunión de coordinación de políticas públicas hacia indígenas”, presidida por el subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, con la asistencia de los organismos públicos relacionados con la temática. Paralelamente el poder judicial dictaba las ordenes de captura de los lonkos Pascual Pichún y Aniceto Norin1, para el cumplimento de las condenas aplicadas por la ley antiterrorista, que se ha calificado como una manifiesta trasgresión a las garantías del debido

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proceso. Se suma a ello la condena del dirigente Víctor Ancalaf y una campaña de prensa de sesgo racista. Simultáneamente se preparaba el juicio por “asociación ilícita terrorista” de una decena de miembros de la Coordinadora Arauco Malleco. En el área de la agenda de gobierno, el Ejecutivo postergó hasta el mes de abril el anuncio de una “nueva política”, que reemplazara la agotada política forjada al inicio de la transición. A ese propósito había constituido una comisión asesora a fines de 2001, bajo el nombre de “Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato”. Dicha instancia, necesario es aclararlo, no guarda ninguna semejanza con respecto al modelo internacionalmente prestigioso de las Comisiones de las Verdad, ni en términos de su mandato, composición, procesos y contextos de justicia en transición; por el contrario, dicha Comisión careció de aquellos atributos esenciales, y funcionó desligada de la realidad contingente, en uno de los periodos de mayores violaciones de derechos humanos de los indígenas. La carencia de autoridad y carácter vinculante de las recomendaciones elaboradas por esa peculiar Comisión chilena, entregadas en octubre de 2003, dejó en evidencia al propio Ejecutivo, quien tardó más de lo comprometido en responder a las mismas, y, al fin, desestimó las recomendaciones sustantivas que había hecho la comisión. El 16 de abril de 2004, el Gobierno presentó su propia versión de “Política de Nuevo Trato”. Ésta consta de tres directrices principales: a) el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, expresado en la promesa de insistir en la sempiterna reforma constitucional que establece la existencia de los pueblos indígenas y en la postergada ratificación del Convenio 169 de la OIT; b) una política de reducción de la pobreza, denominada “desarrollo con identidad”, expresada en el programa de desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID-Orígenes); la continuación de los programas de “restitución de tierras” para los indígenas y c) la adecuación del Estado a la diversidad cultural. En términos prácticos, la Política de Nuevo Trato ha sido considerada como “más de lo mismo”. La directriz de reconocimiento de derechos plantea una iniciativa de reconocimiento constitucional inconsulto y de contenido vacuo, y en la práctica, de abril a diciembre de 2004 no hubo ningún paso efectivo de avanzar ni en la reforma constitucional,

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RAPA NUI (Isla de Pascua)

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ni en la ratificación del Convenio 169. Por el contrario, hubo serios retrocesos legislativos como el intento de derogar el estatuto de protección de las tierras indígenas. Por su parte, en la implementación de la directriz de desarrollo, no se agrega nada sustantivamente nuevo, ni

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en términos de programas ni recursos a lo ya existente (Programa BID y fondos CONADI2). La política contempla también un conjunto de instrucciones para el aparato público, las cuales, exhiben un escaso nivel de cumplimiento, aplicándose el viejo lema de “se acata pero no se cumple”. Es el caso de la instrucción de la obligación de consulta a los indígenas en los procesos de inversión, la que en rigor está establecida en el artículo no.34 de la Ley Indígena, y que sigue siendo sistemáticamente omitida. El anuncio de la nueva política se vio eclipsado, además, por hechos coetáneos a su presentación. A la persecución judicial ya señalada, se sumó el desaire del presidente de la República a más de cinco mil lafkenches que lo esperaban en el lago Budi en reunión previamente convenida (10 de marzo de 2004), para hacerle entrega de sus propuestas de protección de derechos al borde marino. Semanas más tarde en el Alto Bio Bio, la empresa ENDESA tomó la decisión de adelantar el llenado del embalse de la central Hidroeléctrica Ralco, inundando el cementerio de Quepuca Ralco antes de que las familias pehuenches pudieran rescatar los restos de sus ancestros. La inundación del cementerio pehuenche y del valle, ante la indolencia de las autoridades, y el incumplimiento por parte del Estado de las obligaciones contraídas en el Acuerdo de Solución Amistosa suscrito ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)3 en octubre de 2003, es el sello de escarnio de uno de los casos emblemáticos de violación de los derechos indígenas en la transición democrática. ¿Cuál es el nuevo trato? preguntaron los indígenas.

Las políticas públicas indígenas: el cambio discursivo La innovación de la política de “nuevo trato” radica en el plano discursivo. Se incorpora al lenguaje oficial las nociones del reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas, la restitución de tierras, y la reparación, como principios de la política indígena. Esta modificación del discurso oficial no es un asunto menor. Debe recordarse que, a inicios de la transición democrática, el discurso de los derechos indígenas y autonomía fue brutalmente reprimido, y el indigenismo oficial opuso des-

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de el Estado el discurso alterno del “desarrollo con identidad” de superación de la pobreza, y promovió una estrecha definición de tierras indígenas. Hoy, al menos ambas partes, Estado e indígenas hablan dentro del mismo campo político: los derechos de los pueblos indígenas. Un campo que tiene sus propias reglas de validez y sus propios estándares de exigibilidad y cumplimiento. El cambio de lenguaje es el resultado forzoso del cuestionamiento al Estado que ha hecho el movimiento indígena, desde el derecho internacional de los derechos humanos.

El “Expediente Chile” En el 2004 tomó cuerpo un grueso “Expediente Chile”, compuesto por un conjunto de informes y recomendaciones de órganos internacionales, que dan cuenta de las graves violaciones cometidas contra los derechos y libertades fundamentales de los indígenas durante la transición democrática, y la sistemática postergación en el “modelo chileno” del cumplimiento de las obligaciones estatales de reconocer y resguardar los derechos indígenas. En el mes de mayo de 2004, el Relator Especial de las Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen presentó ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, su informe de misión a Chile, realizada en julio de 20034. Su informe es una apretada síntesis de la situación de marginación y negación en que se encuentran los pueblos indígenas bajo soberanía chilena. Se evalúa de acuerdo a los estándares internacionales la situación de los derechos indígenas en Chile, y se constata la situación de desprotección de éstos, en particular de los derechos sobre los recursos naturales y territoriales. En sus recomendaciones, además de insistir en que Chile cumpla con sus obligaciones de adecuar la legislación interna, plantea taxativamente que “bajo ninguna circunstancia deberán ser criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas”. Agrega que “no deberán aplicarse acusaciones de delitos tomados de otros contextos (“amenaza terrorista”, “aso-

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ciación delictuosa”) a hechos relacionados con la lucha social por la tierra y los legítimos reclamos indígenas”. En el mes de octubre de 2004, la organización no gubernamental Human Rights Watch presentó los resultados de una investigación en la Araucanía, estableciendo que la utilización de la ley antiterrorista para juzgar a los mapuche acusados de actos de violencia viola las garantías procesales fundamentales. En el informe titulado “Indebido Proceso: Juicios Antiterroristas, Tribunales Militares y los Mapuche en el sur de Chile”, se documentan casos de abusos policial contra los mapuche en el sur de Chile. Dicho informe se complementa con los emitidos por otros organismos de derechos humanos, tales como la Federación Internacional de los Derechos Humanos, el International Women’s Human Rights Law Clinic5, e incluso informes ministeriales, como el elaborado por el Servicio de Salud Araucanía Norte, en septiembre de 2004, donde se documenta la grave situación de violación de los derechos y dignidad de niños y ancianos mapuche en la comunidad José Guiñon6. Dicho informe, embargado en Chile, alcanzó amplia difusión en los organismos internacionales por indesmentible valor probatorio. En diciembre de 2004, el Comité de Derechos Económicos y Sociales de la ONU, entregó su informe de evaluación y recomendaciones de cumplimiento del Estado de Chile respecto al Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales (DESC). Después de analizar los antecedentes y escuchar las exposiciones del Gobierno y de los delegados mapuche, el Comité manifiesta en su informe que: toma nota con preocupación de la falta de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en el Estado Parte y observa que estos pueblos, no obstante la existencia de diversos programas y políticas encaminados a mejorar su situación, siguen estando en situación de desventaja en el disfrute de los derechos garantizados por el Pacto. También lamenta que el Estado parte no haya ratificado el Convenio Nº 169 (1989) sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que las reclamaciones por las tierras indígenas y los recursos naturales que están pendientes de resolución sigan dando lugar a discrepancias y conflictos” ... “ el Comité recomienda al Estado Parte que no

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aplique leyes especiales, como la Ley de seguridad del Estado (Nº 12927) y la Ley antiterrorista (Nº 18314), a actos relacionados con la lucha social por la tierra y las reclamaciones legítimas de los indígenas”7. En la misma dirección de acudir al sistema internacional, se presentaron en 2004 nuevas denuncias contra el Estado de Chile ante la CIDH, que se suman a los casos ingresados en 1996 y 2002. Asimismo, la CIDH accedió a una audiencia especial en su 122o periodo de sesiones en Washington, para que una delegación mapuche haga una exposición general de la situación de violaciones a los derechos humanos de los indígenas en Chile. Ante esta escalada de interpelaciones internacionales, el Gobierno ha debido dar explicaciones sucesivas y morigerado los posiciones de sus políticas de represión. Sin embargo, no ha dado pasos efectivos en dirección a cumplir con las recomendaciones hechas desde el régimen internacional de los derechos humanos. Hasta el momento, el Gobierno de Chile privilegia sus obligaciones con el régimen internacional comercial. Esa disyunción de regímenes y obligaciones es el asunto de fondo.

Los duros marcos estructurales de los recursos naturales Desde la perspectiva oficial, el año 2004 fue un año espléndido, en términos económicos y de diplomacia comercial. El PGB creció en un 5,7 %, la tasa más alta de los últimos siete años; entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, sumándose a los TLC con Corea y la Unión Europea. En el 2004 se realizó la cumbre del foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC) en Chile, y se negocia a puertas cerradas el TLC con Nueva Zelanda y Singapur. En suma, el modelo primario exportador se profundizó, al mismo tiempo de blindarse jurídicamente por medio de tratados. Ello tiene implicaciones graves para los pueblos indígenas, sobre sus espacios, derechos territoriales y derechos propietarios. En el contexto de mayor liberalización de mercados, se verificó en el 2004 el aumento de las exportaciones y expansión de las industrias forestales, mineras y pesqueras, que por trágica coinci-

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dencia se enclavan geográficamente en regiones de asentamiento indígena. La industria forestal en el 2004 aumentó sus exportaciones en un 33%, con cifras de más de US$ 3 mil millones de dólares, sus proyecciones para el año 2010 indican que el sector podría exportar hasta US$ 4.800 millones y tener inversiones por unos US$ 3.200 millones. Esto implicará una demanda de nuevas plantaciones a cifras de 100.000 hectáreas anuales y significará una feroz presión sobre las tierras mapuche y sus microcuencas y el definitivo rediseño regional. En esa dirección apuntan los planes regulares regionales e intercomunales, aprobados en el 2004, que consolidan la reclasificación de los espacios del sur de Chile iniciada hace dos décadas, funcionalizando las estructuras espaciales a los requerimientos de las industrias de enclave forestal y turística. Para enfrentar las resistencias sociales, la industria forestal ha realizado un fuerte lobby para mantener políticas represivas hacia los mapuche, al mismo tiempo desactivó las campañas internacionales de denuncia que sostenían ecologistas donde la situación mapuche era un argumento. Las principales empresas forestales pactaron con un grupo de ONG ecologistas chilenas y norteamericanas, a fines de 2003, las que deponían su campaña, a cambio de la promesa empresarial de moratoria de la tala de bosque nativo y aplicación de certificación forestal. A fines de 2004 los ecologistas comprueban con estupor, que la nueva planta de celulosa de sus socios en Valdivia ha provocado con sus desechos una tragedia ambiental de proporciones, en un humedal protegido por la Convención de Ramsar y principal refugio de cisnes de cuello negro del Cono Sur. Para salvar el humedal y a los cisnes, la empresa propone desviar el ducto de desechos a las costas mapuchelafkenche. En el 2004 se configuraron también nuevas situaciones de potencial conflicto: reformas a los regímenes propietarios de recursos naturales (suelos, aguas, riberas, minería) y propiedad intelectual, como parte de las obligaciones contraídas en los TLC. Se inició la formulación de un proyecto de ley que desregula y liberaliza el acceso a los recursos genéticos y conocimientos tradicionales. Sus promotores (ODEPA-Oficina de Estudios y Políticas Agrarias y Ministerio de Agricultura) descartan

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expresamente el derecho al consentimiento previo libre e informado de las comunidades indígenas.

El rechazo a la reforma del artículo 17 y avances indígenas El 2004 indígena se inició con decenas de asambleas territoriales locales, que recuperan la institución del Trawün (Parlamento), la reunión de noticias, debates y acuerdos. En acciones expresivas, momentos destacados fueron la campaña contra las reuniones de APEC en Pucon y Santiago y el Foro Social Mapuche que interpeló al etnocéntrico Foro Social Chileno (noviembre 2004) invitando a pensar un país plural. En la construcción social del movimiento, el año tuvo el sello del fortalecimiento de las redes y los medios de comunicación, con mezcla de tradición y modernidad. Dos hitos simbolizan este potente proceso interno de autoafirmación colectiva: el Encuentro de comunicadores mapuche del Wallmapu Chile-Argentina, (octubre 2004) que reunió a más de un centenar de representantes de medios de comunicación mapuche autónomos, de ambos lados de la cordillera, expertos en todas las tecnologías mediáticas - reporteros de prensa, poetas, actores, muralistas, webmaster, videistas, locutores radiales; y el Primer Trawün de Autoridades Originarias en la Sabiduría Ancestral, que reunió junto al lago Budi a los depositarios de la sabiduría ancestral: machis, lonkos, ngenpin, weipifes (noviembre de 2004). Las capacidades y fortalezas del movimiento indígena se pusieron a prueba ante el intento legislativo de derogar el estatuto de protección de las tierras indígenas, reformando el artículo 17 de la Ley 19.253. Tal proyecto, con apoyo gubernamental, fue aprobado en general en la Cámara de Diputados el 8 de septiembre de 2004. Enterados de la grave situación, las organizaciones mapuche de todas las tendencias, viejas y nuevas generaciones, se autoconvocaron en asamblea en el mismo lugar de 1978 - la Casa de Ejercicios de Temuco - punto de arranque del movimiento mapuche contemporáneo, y desplegaron su repertorio de acciones de movilización con asambleas masivas, marchas, copamiento de sedes políticas, cartas públicas, campañas de Internet, cabildeo político, emplazando a autoridades y parlamentarios, hasta lograr el

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realineamiento de los partidos políticos, la retractación gubernamental y la paralización del trámite legislativo. De paso, precipitaron la caída del subsecretario del Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN), flamante presidente del Fondo Indígena Latinoamericano, que había sostenido que el proyecto de dividir las tierras indígenas en minúsculas porciones de 500 m2 y levantar las prohibiciones de venta, no afectaba los derechos territoriales indígenas. El 2004 fue un año de elecciones municipales, y siguiendo una tendencia continental, los indígenas aumentaron su participación en estos comicios con una mayor cantidad de candidatos autónomos para disputar el poder local. Los resultados fueron poco satisfactorios para las candidaturas independientes, en un sistema electoral que privilegia las coaliciones de partidos, si bien se incrementó la cifra absoluta de concejales y alcaldes indígenas electos en todas las regiones. En el norte de Chile, la comunidad atacameña de Toconce gana un largo juicio contra la empresa estatal ESSAN, en un fallo de la Corte Suprema del 22 de marzo de 2004, que estableció que la propiedad ancestral indígena sobre las aguas, constituye dominio pleno, de acuerdo a la Ley 19.253. Sin embargo, este avance se ve opacado por la persistente negativa de organismos estatales y empresas privadas en respetar tales derechos ancestrales, como ocurrió con el caso del Parque nacional Lauca, donde el Ministerio de Obras Públicas pretendía extraer aguas afectando los bofedales de las comunidades aymaras, las que impidieron tal propósito. Y después a más de un siglo de que habían sido declarados extinguidos, el Parlamento chileno reconoció en el 2004, la existencia legal de los diaguita.

El fallo absolutorio en juicio por asociación ilícita El año se inició con el encarcelamiento de los lonkos Pichun y Norin, condenados por el delito de incendio terrorista en un polémico doble juicio. En un nuevo proceso, ahora por asociación ilícita, resultaron absueltos de los duros cargos, y en un fallo notable del 9 de noviembre de 2004 el Tribunal de Temuco señala que:

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Respecto de los acusados Pascual Pichún y Aniceto Norín, todos los antecedentes coinciden en que ostentan la calidad de “logko” de sus respectivos “lof”,es decir, son dirigentes, son la autoridad dentro de esa unidad conocida como “lof” en la organización socio-política de la sociedad mapuche y que en el concepto español se le identifica como comunidad. De allí que la finalidad última de la conducta de estos acusados al frente de su agrupación aparece como orientada a la recuperación de las tierras que consideran como suyas por haberlas detentado sus ancestros, descartándose a su respecto un afán terrorista en su accionar.8 Por primera vez un tribunal chileno señala como un hecho de la causa, de suyo evidente, algo universalmente obvio: que los indígenas consideran suyas las tierras por haberlas detentado sus ancestros, y que su finalidad es recuperarlas. Esa verdad tan sencilla ha tomado más de un siglo en ser admitida en Chile, a un costo y esfuerzo mapuche inenarrable. Esa sentencia, junto al “Expediente Chile,” cierra un ciclo iniciado en Lumaco en 19979. La proverbial paciencia y contumacia mapuche da muestras de ser más fuerte. ❑

Notas y fuentes 1 2 3

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www.derechosindigenas.cl CONADI: Corporación Nacional de Desarrrolo Indígena. (N. del E.) CIDH, Informe n° 30/04, Petición 4617/02 Solución Amistosa, Mercedes Julia Huenteao y Otras versus Chile. 11 de marzo 2004. www.cidh.org/annualrep/2004sp/ Chile.4617.02.htm; e Informe de estado de (in)cumplimiento de Acuerdo de solución amistosa, 14 de octubre de 2004. www.mapuexpress.net/?act=publications&id=42 Informe del Relator Especial, presentado de conformidad con la resolución 2001/57 de la Comisión. Misión a Chile. E/CN.4/2004/80/Add.3. Cintras, Instituto de la Mujer, La Morada, and IWHR International Women’s Human Rights Law Clinic. 2004, State violence in Chile. An alternative report to the UN Committee Against Torture (Violencia del Estado en Chile.Un informe alternative para el Comité de la ONU contra la Tortura). Servicio de Salud Araucanía Norte. 2004. Informe Diagnóstico y de Intervención Comunidad Cacique José Guiñon Ercilla. Angol.

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“Examen de los informes presentados por los estados partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto. Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Chile” E/C.12/1/Add.105, 1º de diciembre de 2004. Sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco,9 de noviembre de 2004, R.U.C. 02 00 14 24 99 – 0; R.I.T. 080/2004. www.mapuexpress.net; www.derechosindigenas.cl; www.mapuche-nation.org

Ver también: www.mapuexpress.net; www.corma.cl; www.emol.com;www.mideplan.cl;www. congreso.cl

CONTENIDO Editorial ....................................................................................................10 Sobre los autores .................................................................................... 14 PARTE I - INFORMES DE REGIONES Y PAISES El Circumpolar Norte El Consejo Ártico ................................................................................... 26 Groenlandia ........................................................................................... 32 Sápmi Noruega ............................................................................................... 39 Suecia ................................................................................................... 43 Finlandia .............................................................................................. 48 Rusia ...................................................................................................... 53 Alaska – EE.UU. .................................................................................... 65 Denendeh (Territorios del Noroeste - Canadá) ................................. 71 América del Norte Canadá .................................................................................................... 78 Los Estados Unidos de América ......................................................... 87 México, América Central y el entorno caribeño México..................................................................................................... 98 Guatemala ............................................................................................ 108 Nicaragua ............................................................................................. 114 Costa Rica ............................................................................................. 125 El entorno caribeño Belice ................................................................................................. 129 Surinam ............................................................................................ 134 Guayana francesa ............................................................................ 140

América del Sur Colombia .............................................................................................. 146 Venezuela ............................................................................................. 159 Ecuador ................................................................................................. 168 Perú ....................................................................................................... 178 Bolivia ................................................................................................... 189 Paraguay ............................................................................................... 197 Brasil ..................................................................................................... 204 Argentina .............................................................................................. 209 Chile ...................................................................................................... 221 Australia & las Islas del Pacifico Australia ............................................................................................... 234 Las Islas del Pacífico ........................................................................... 244 Asia del Este y Sureste Japón ..................................................................................................... 280 China ..................................................................................................... 286 Tíbet ...................................................................................................... 295 Taiwán................................................................................................... 301 Filipinas ................................................................................................ 307 Timor Lorosa’e ..................................................................................... 315 Indonesia .............................................................................................. 321 Malaisia................................................................................................. 328 Tailandia ............................................................................................... 335 Camboya............................................................................................... 344 Vietnam................................................................................................. 359 Laos ....................................................................................................... 361 Birmania .............................................................................................. 370 Nagalim ................................................................................................ 379 Asia del Sur Nepal ..................................................................................................... 386 India ...................................................................................................... 392

Medio Oriente Los habitantes de los pantanos de Iraq ............................................ 412 Los beduinos de Israel ........................................................................ 416 Africa del Norte y Occidental El pueblo Amazigh de Marruecos .................................................... 424 Los tuareg del sur de Argelia ............................................................ 429 El pueblo Tuareg ................................................................................. 435 El Cuerno de Africa y Africa del Este Etiopía ................................................................................................... 450 Kenya .................................................................................................... 459 Tanzania................................................................................................ 470 Africa Central y Camerún La Región de los grandes Lagos Uganda .............................................................................................. 482 Ruanda ............................................................................................... 483 Burundi .............................................................................................. 488 La República Democrática del Congo (DRC) .............................. 490 Camerún ............................................................................................... 493 Africa Meridional Angola ................................................................................................... 502 Namibia ................................................................................................ 509 Botswana .............................................................................................. 515 Sudáfrica ............................................................................................... 523 PARTE II - PROCESOS INTERNACIONALES El Relator Especial: Panorama 2004 ................................................. 530 El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas ........................................................... 538 La Comisión de Derechos Humanos de la ONU: 60ª sesión ......................................................................... 547 El Grupo de Trabajo sobre el Proyecto de Declaración de la ONU: 10ª sesión ................................................... 551

El Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas ......................... 554 La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos... ................................................................................ 559 Los Pueblos indígenas y el CDB en 2004 ......................................... 563 La OIT y los pueblos indígenas y tribales ....................................... 575

PARTE III - INFORMACION GENERAL ............................................ 584