Social

Social. Así será la reparación a las víctimas Por Óscar Javier Gamboa, reportero de El País. Desplazados, familiares de desaparecidos y secuestrados pueden pedir la compensación. Hace dos semanas se inició lo que el Gobierno considera como la primera etapa de la reparación de las personas afectadas por el conflicto armado. Se trata de la inscripción de las víctimas de los grupos armados ilegales, guerrillas y autodefensas, para que puedan acceder a una compensación económica por los daños sufridos. Esto no es más que la llamada reparación administrativa creada por el Gobierno para agilizar el proceso de reparación integral de las víctimas de los más de 40 años de conflicto armado. De acuerdo con las cifras de la oficina de Acción Social de la Presidencia hasta el pasado viernes cerca de quince mil personas en todo el país se han acercado a llenar el formulario que los acreditará como víctimas de los grupos armados. El País, con la participación de la Comisión Nacional de Reparación, a través de su delegado en el Valle, Élmer Montaña, explica los principales aspectos de la reparación administrativa. ¿Qué es la reparación por la vía administrativa? Es el conjunto de medidas de reparación que el Estado reconoce a las víctimas, por los daños que han sufrido a causa de violaciones de sus derechos humanos y de infracciones al derecho internacional humanitario, por hechos atribuibles a los grupos armados organizados al margen de la ley. Esa reparación individual principalmente es de carácter económico. ¿Quienes pueden acceder a la reparación administrativa? Todas las víctimas afectadas por grupos armados ilegales (guerrilla y autodefensas), que con anterioridad a la expedición del Decreto 1290 (abril 22 de 2008) hayan sufrido la vulneración de sus derechos, independientemente de que exista o no, una denuncia. La reparación no se agota con la compensación económica. Ese es uno de los elementos de la reparación integral de las víctimas. ¿Quiénes no pueden acceder a esa reparación? Las víctimas de agentes del Estado, de bandas emergentes y de delincuencia común.

Política “En Trujillo todavía se siente temor” Por Arcadio González Ardila - reportero de El País. Pese a que ha pasado una década, el fiscal Mario Iguarán confía en que esta masacre no quedará en la impunidad. “Tenemos una gran preocupación por el Valle del Cauca”. La masacre de hace una década en Trujillo, Valle, en la que narcotráfico y paramilitares se aliaron para asesinar a más de 300 personas y que le valió una condena internacional al Estado colombiano, no quedará en la impunidad. Ese, al menos, es el reto que se fijó el fiscal General de la Nación, Mario Iguarán Arana, pues advierte que desde un comienzo “no hubo voluntad” de adelantar esas investigaciones. El funcionario habló con El País sobre este episodio y otros temas sensibles como la seguridad del departamento, la reforma a la justicia y el que llamó “tenebroso fenómeno de reclutamiento forzado”. La Fiscalía anunció 20 órdenes de captura por la masacre de Trujillo. ¿De quiénes se trata? No podemos adelantar nombres. En el propósito de desenterrar la verdad y no ser complacientes con la impunidad cuando se trata de delitos de lesa humanidad, desde hace un año promovemos esta investigación. Ya hemos llamado a indagatoria a mafiosos como alias ‘El Alacrán’ y ordenamos órdenes de captura a distintas personas: miembros de la Fuerza Pública, autoridades de ese momento y civiles.

Editorial

Un rescate cuestionado Volvió la preocupación a los mercados financieros después de la euforia inicial con el plan de rescate de los bancos anunciado la semana pasada por el secretario del Tesoro estadounidense, Hank Paulson, porque muy pronto se hizo evidente que este plan era demasiado bueno para los bancos y sus sobrepagados ejecutivos, y demasiado malo para el Gobierno y los contribuyentes, de manera que los cuestionamientos políticos -en plena campaña electoral- lo frenarían a menos que se le hagan profundos cambios, que es lo que parece va a suceder. Nadie duda que el sector financiero norteamericano necesita ser rescatado de la profunda crisis a que lo llevaron sus propios excesos y errores, así como tampoco hay duda que el Estado es el único que tiene la chequera suficiente para aportar con prontitud los miles de millones de dólares necesarios para evitar un colapso del sistema que arrasaría con la economía norteamericana y mundial. Suena apocalíptico pero de ese tamaño es la magnitud de la crisis que no ha podido ser contenida con la nacionalización de AIG, la más grande aseguradora, y de los dos gigantes del crédito hipotecario, Fannie Mae y Fredie Mac. Por eso se buscan otras soluciones con urgencia y desespero. El plan Paulson básicamente consiste en utilizar US$700.000 millones (5 veces el PIB de Colombia) para comprarles a los bancos ‘activos tóxicos’, es decir todos los papeles derivados de las hipotecas basura que les están envenenando sus balances pues en buena parte son irrecuperables. Con esta limpieza de sus balances se supone que los bancos volverán a ser rentables y tendrán la liquidez suficiente para volver a prestar. El primer cuestionamiento a este plan fue su discrecionalidad y falta de control. Siguiendo el ejemplo de su jefe Bush que obtuvo autorización ilimitada del Congreso para la guerra de Irak, con las funestas consecuencias ya conocidas, Paulson propuso que el Secretario del Tesoro tuviera un cheque en blanco para gastarlo como quisiera y, lo más descarado, sin tener que rendirle cuentas a nadie ni estar sujeto a ninguna autoridad ni revisión de nadie. Por supuesto Wall Street se entusiasmó con esta fórmula que les abría la posibilidad de utilizar todas sus influencias y sutiles métodos de corrupción para proteger sus intereses privados, pero era tan aberrante que hasta los congresistas más conservadores la rechazaron. Pero la objeción más contundente al plan Paulson es la cuestión del precio al que se comprarían los ‘activos tóxicos’. Si se hace con el descuento que hoy tienen en el mercado para que el Gobierno pueda venderlos en el futuro con alguna utilidad o por lo menos sin pérdida y así se proteja el dinero de los contribuyentes-, los bancos perderían buena parte de su capital con lo cual seguirían igual de frágiles y sin capacidad de hacer nuevos préstamos. Si por el contrario se compran al valor nominal, las pérdidas de los bancos se trasladarían a los contribuyentes y el Gobierno acabaría dando un enorme subsidio a los bancos y a sus accionistas. La cuestión de fondo, que es la misma para todos los planes de rescate financiero, es a quién se debe rescatar: a los deudores que no pueden pagar o a los bancos que hicieron los préstamos. La ayuda a los deudores hipotecarios se puede hacer forzando la reestructuración de los créditos y disminuyendo su valor, como se hizo en Colombia con la reliquidación de las deudas en Upac, de manera que el dinero público que se utilice para cubrir ese descuento les llegue al bolsillo de los deudores y no a las utilidades de los bancos. Pero es un proceso lento ante una crisis que no da espera. La salida más fácil y expedita es rescatar a los bancos pero debe hacerse mediante aportes de capital, es decir, que la plata que ponga el Gobierno se utilice para comprar acciones de los bancos,

por supuesto a precios de mercado. Así se fortalecen estas entidades sin que los accionistas reciban subsidios inequitativos y el Gobierno tiene la posibilidad de recuperar su inversión. Derechos humanos Me convertí en una mujer incómoda” Por Margarita Vidal Gloria Cuartas, la mujer que presenció los horrores de la violencia en Urabá y levantó la voz para denunciar sin ser escuchada y sí satanizada por quienes han sido objeto de sus denuncias, rompe el silencio. Hace doce años, durante una visita a Cali, cuando era alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas, quien acababa de recibir un reconocimiento mundial de la Unesco por su trabajo en pro de la paz en el Urabá antioqueño, se emocionó hasta las lágrimas cuando los estudiantes del Colegio Berchmans no sólo la acogieron y le manifestaron su apoyo, sino que la aplaudieron a rabiar durante su exposición, inscrita en los actos de paz que se realizaban en Cali. Gloria pedía a los caleños aprovechar la capacidad de convocatoria, frente a los procesos de pacificación, del obispo monseñor Isaías Duarte Cancino, quien se había destacado por su heroica gestión en la mencionada zona bananera de Antioquia. El prelado sería asesinado seis años después cuando salía de celebrar una misa en la parroquia del Buen Pastor, del barrio Ricardo Balcázar. Gloria, una mujer hecha de garra y valor, que presenció los horrores de la violencia en Urabá, que levantó la voz para denunciar y señalar sin ser escuchada, que ha sido satanizada y estigmatizada por quienes han sido objeto de sus denuncias, que ha sido perseguida y amenazada de muerte, que levantó cientos de cadáveres en su condición de alcaldesa, es una sobreviviente. Ella ha afrontado estoicamente las duras consecuencias por su decisión de ser la voz de las víctimas y por librar sucesivas batallas en contra de la impunidad de los victimarios. Hoy continúa su labor comunitaria en la capital y ve cómo se cumple esa ley no escrita, pero inexorable de que “el pasado no perdona”: la Fiscalía General de la Nación ordenó la captura del General (r) Rito Alejo del Río, quizás el militar más cuestionado en la historia reciente del ejército colombiano y cuyo nombre aparece en varios informes de organismos internacionales sobre violaciones a los derechos humanos. Considerado por ONG como símbolo del terrorismo de Estado, el general Rito Alejo ha sido aclamado por algunos como el héroe que logró la pacificación de Urabá, a través de su gestión al frente de la XVII Brigada. Sólo que, según numerosas denuncias, ésta se hizo en alianza con los paramilitares. Gloria Cuartas y el sacerdote jesuita Javier Giraldo, vocero de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, han sido llamados a declarar en este nuevo proceso, luego de años en que sus voces han clamado en el desierto. ¿En vano? La justicia lo dirá.

Social

Marchas que mueven la política Analistas dicen que es legal, mientras no sea clandestino y vergonzante. Lograr algún beneficio de las necesidades y el inconformismo de la gente con fines electorales no es una estrategia nueva ni un acto ilegal en el que se incurra en el ejercicio público. Aunque en el marco constitucional es válido que los paros y marchas, fuente importante de votos, tengan motivaciones de carácter político, lo inaceptable es que la protesta social se convierta en un escenario de batalla acomodado a los intereses de un dirigente o un partido. Esas motivaciones, de acuerdo con algunos analistas, son las que habrían impedido una pronta solución a protestas como la que actualmente adelanta un amplio sector de corteros de caña de azúcar en el Valle del Cauca. El director del Partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, señaló que detrás de esto pueden existir intereses de naturaleza política interviniendo en una situación que debería circunscribirse a las cooperativas, los cooperados y los ingenios. “Mucha gente está pescando en río revuelto, pero mal hacemos los dirigentes políticos con ir a vincularnos al conflicto con el propósito de lograr protagonismo político o de otra naturaleza”, aseguró Vargas Lleras. Un espacio olvidado Un punto en el que logran un consenso políticos y analistas es en que las reivindicaciones sociales son un espacio que los partidos han abandonado y que deberían volver a mirar como escenarios lícitos para la actividad pública, independientemente de si se trata de gobierno u oposición. Entre ellos el politólogo Alfredo Rangel, quien considera “legítimo que haya una dirección política de los movimientos sociales” y que sectores de oposición o Gobierno se interesen en el tema de las reivindicaciones. “Lo que no me parece adecuado es que esa relación se haga de manera clandestina, oculta y vergonzante, eso es lo que creo que no es una actitud democrática”, indica Rangel. Para el politólogo Ancízar Marroquín es evidente que hay intereses políticos en las marchas, “y los debe haber”. “Es hora de que los padres de la patria se acerquen al país nacional y dejen de vivir en el país político. Nuestros senadores deben comprometerse más con las causas sociales. Eso sí, sobre la base de la ley y el estado de derecho”, indicó Marroquín. Un Estado de Derecho que no puede permitir que bajo el manto de la legítima protesta se camuflen intereses oscuros o participen grupos ilegales, como en los hechos que hoy son materia investigación en el llamado paro de corteros.

Para el representante a la Cámara Franklin Legro esas marchas, en principio, tienen un tinte eminentemente laboral y reivindicativo de cada una de las agremiaciones. No obstante, señala que “cuando un sector político se nutre de un conflicto, termina retrasando o imposibilitando que las partes logren un acuerdo”. No todo es política El analista Juan Manuel Charry comparte el concepto de que los congresistas en su actividad, por esencia, cada vez que actúan “van en busca de un interés político”. Pese a ello, advierte que, en realidad, “hay muchas posibles variables y los paros uno los suele asociar con manifestaciones con intereses políticos, pero pueden no tenerlos y responder a matices económicos o sociales”. De acuerdo con él se manifestó el ex viceministro Rafael Nieto “eso puede ser parte de la actividad del congresista. Por supuesto, depende de las condiciones y características del paro, siempre que éste no suponga acudir a la violencia”. Marroquín cree que el Gobierno debería tener en el Ministerio del Interior un grupo de expertos en movimiento sociales. “Más que tener listo un equipo de policías, lo que se necesita es un grupo de negociadores con autoridad para sentarse con los manifestantes a armar un plan de acción en el corto plazo”. Lo que para los analistas resulta claro es que los políticos que fomentan una marcha o un paro más que solucionar los factores sociales que podrían estar implícitos en ellos, lo que están pensando son en los réditos políticos que pueden obtener. Por lo cual no es raro que en la época previa a los comicios internos que hoy tendrán tres partidos, esas manifestaciones en apariencia social pero con un trasfondo político, hayan estado en pleno auge. La protesta La Constitución Política de Colombia consagra la protesta social como un derecho que tienen los colombianos. El Gobierno Nacional ha insistido en que es partidario de que la protesta social no se judicialice. No obstante, ha señalado en reiteradas ocasiones que no permitirá los desmanes y revueltas de los presionados externas. Actualmente están siendo juzgados dos asesores del senador Alexander López por incitar a la revuelta durante el paro de corteros de caña de azúcar.

Economía Mandatarios piden ser escuchados en crisis financiera Elpais.com.co-AFP La amenaza de que la crisis financiera mundial socave los cimientos de la economía real de los países iberoamericanos ha llevado a los mandatarios que participan en la XVIII Cumbre en El Salvador a exigir medidas y hacerse oír en la creación de una nueva arquitectura financiera internacional. La principal preocupación, según un comunicado especial aprobado el jueves por la noche en San Salvador, son los "potenciales efectos sobre el sector real de la economía" y sobre la "estabilidad política y social de la región". Por ello, se comprometen a "tomar las medidas necesarias para proteger el empleo y la inversión, garantizar la disponibilidad de financiamiento para las actividades productivas e impulsar políticas sociales que beneficien en particular a los sectores más vulnerables". Asimismo barajan la posibilidad de convocar urgentemente una reunión de jefes de Estado y de Gobierno, en el marco de la ONU ante la gravedad de la crisis, como había propuesto Venezuela, cuyo presidente Hugo Chávez ha sido el gran ausente de este encuentro, que finaliza este viernes. Pese a que el principal asunto de esta Cumbre Iberoamericana era la juventud y el desarrollo, la crisis estuvo en boca de prácticamente la totalidad de los mandatarios. Las críticas han llovido a la permisividad, falta de transparencia y codicia que llevaron a este colapso del sistema financiero internacional originado en Estados Unidos y Europa, y muchos han esbozado posibles soluciones, dependiendo del color político de los gobiernos. La mayoría ve en esta crisis la oportunidad para cambiar un sistema surgido en los acuerdos de Bretton Woods, que sólo favorece a unos pocos. Así, el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva reclamó un acuerdo internacional ya que la crisis, que "adquirió un carácter sistémico y estructural" , "no podrá ser contenida sin un esfuerzo de coordinación internacional". Y es que una crisis global requiere de soluciones globales, se ha oído repetir a lo largo de dos días de reunión. Pero en las soluciones deben participar los países emergentes y en desarrollo, dijo por su parte la presidenta chilena, Michelle Bachelet. "Queremos que nuestra voz sea oída" , exigió. Se trata, según el jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha recibido algunos apoyos de sus amigos latinoamericanos como México o Chile para participar en la conferencia de Washington del 15 de noviembre a la que no ha sido invitado, de crear un nuevo orden financiero internacional que incorpore mecanismos de control y transparencia. Mientras tanto, para el presidente colombiano, Alvaro Uribe, lo importante es estudiar medidas

para frenar el impacto de la crisis financiera internacional en las políticas sociales. "No podemos permitir que los daños que ha hecho el capital especulativo se tengan que pagar con la disminución de la política social en países como Colombia, o con la desfinanciación de las obras públicas", señaló Uribe. Según la declaración, una respuesta a la crisis pasa también por la "conclusión satisfactoria y equilibrada" de las negociaciones multilaterales de la Ronda de Doha para la liberalización del comercio agrícola mundial. Pero también hubo voces que consideran fracasado el capitalismo, como el boliviano Evo Morales o el nicaragüense Daniel Ortega. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, por su parte, reclamó una arquitectura financiera regional, para evitar que eventuales futuras crisis la vuelvan a salpicar, porque lo que se pretende ahora es "parchar (remendar) un sistema que no manejamos y al cual no le interesamos". Aunque la Cumbre concluye este viernes, los jefes de Estado y de Gobierno de los 22 países, entre los que tampoco estuvo el cubano Raúl Castro, también aprobaron el jueves por la noche una serie de documentos en los que se comprometen a mejorar la situación de 110 millones de jóvenes iberoamericanos, víctimas en su mayoría del desempleo, la violencia y la marginación.

Político Soy enemigo de cualquier reelección” El controvertido Magistrado de la Corte Constitucional Jaime Araujo Rentería explica el porqué de sus posiciones contra el Gobierno. Abogado del Externado, especializado en derecho internacional humanitario y en ciencias administrativas en universidades italianas, experto en ciencias penales y derecho financiero, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México. Profesor universitario y experto en derecho constitucional. Rebelde, categórico, radical en defensa del derecho y de la Constitución, sujeto de contundentes golpes mediáticos por haber votado en contra del primer referendo uribista, contra la reelección, contra la Ley de Justicia y Paz, por enfrentarse a sus pares en debates de alto vuelo, Jaime Araújo Rentería, nacido en el Valle de Upar, está próximo a terminar su período de 8 años como Magistrado de la Corte Constitucional, organismo encargado de velar por la preservación de la Carta Magna, que rige nuestros destinos a partir de la Asamblea Nacional Constituyente realizada en 1991. En esta entrevista se defiende y dice muchas de sus verdades. “Si se quiere tener una justicia independiente hay que privar a Gobierno y Congreso de su participación en la escogencia de los jueces”. “Los hechos muestran que éste es un Gobierno autoritario. Usted no puede responder con fuerza a la protesta social y que la solución sea la represión”. "En Colombia, el que está en un extremo considera que el del otro no tiene derecho a vivir. Y si está colocado en una posición de centro, recibe los golpes de los dos extremos”. “La parapolítica es apenas una parte de la tragedia nacional. Es bueno que los colombianos exijan el conocimiento de todo, no sólo de los políticos que intervinieron, sino de las fuerzas económicas y militares que hubo detrás”. “Ningún país tiene la cantidad de muertes de sindicalistas que presenta Colombia”.

Editorial La conspiración Octubre 26 de 2008 Hacía mucho tiempo no se veían en Colombia tantos movimientos y protestas sociales juntos: paro de empleados de la Justicia y de la Registraduría, huelga de corteros de caña en el Valle, marcha de pueblos indígenas en el Cauca, paro nacional sindical y varios otros que se están gestando. Ante la simultaneidad de las protestas, los asesores de la Casa de Nariño prontos y prestos lanzaron su diagnóstico que ha sido repetido hasta la saciedad en todos los medios de comunicación: se trata de un complot, de una conspiración de fuerzas oscuras para desestabilizar al Gobierno. Según esta explicación las protestas populares han sido motivadas, y hasta financiadas, por intereses distintos a los de los trabajadores e indígenas: por parlamentarios que buscan beneficios electorales, por políticos que quieren hacer oposición al gobierno, por líderes sindicales que quieren aumentar su campo de influencia, y hasta por terroristas infiltrados. La explicación oficial es parcialmente cierta. No hay duda que en todas las huelgas, paros y marchas están involucrados políticos y sindicalistas (y es totalmente válida y legítima su participación), y en algunos pocos casos hay vándalos y terroristas (que deben ser rechazados y condenados). También es cierto que en las protestas hay fuerzas oscuras. Al fin y al cabo la mayoría de los corteros de caña son afrodescendientes, los indios son por naturaleza mestizos, de la negra Piedad ni hablar, y fuera de Carlos Gaviria los políticos del Polo no son tan blancos como algunos quisieran. El problema para el Gobierno es que un representante de estas fuerzas oscuras, que parece que no le gustan, va a ser el próximo Presidente de los Estados Unidos. Lo que resulta ingenuo es pensar que estos dirigentes de la oposición tengan la capacidad para movilizar a tantos miles de personas y de convencerlos de que acepten los grandes costos y sacrificios que les implican los paros y las marchas. La verdad es que si hay una conspiración pero impulsada por otras fuerzas de carácter más económico que político. Los actores principales de este complot contra el Gobierno son la inflación y la falta de empleos de calidad, que están aumentando la pobreza y el hambre entre millones de colombianos. Para explicarlo con un ejemplo que se ha hecho popular en la campaña electoral norteamericana hablemos de ‘José el cortero de caña’. Él se gana $700.000 al mes (y es un privilegiado porque gana más que los demás trabajadores del campo) y debe dedicar un poco más del 40% de sus ingresos al mercado familiar, es decir unos $300.000. Pero resulta que en el último año los precios de los alimentos han subido un 14% y la canasta de bienes y servicio que su familia consume ha subido casi 10% (según el Dane esta es la inflación para el estrato bajo). Esto quiere decir que si ‘José el cortero’ comprara el mismo mercado de hace un año hoy le costaría $342.000 y todo su consumo mensual (incluyendo arriendo, transporte, etc.,) le costaría $770.000. El pequeño problema es que ‘José el cortero’ no tiene de dónde sacar esos $70.000 extras y ni siquiera los $42.000 que necesita para comprar la misma cantidad de arroz, plátano y papa que son su dieta básica, de manera que él y su familia están comiendo menos, están pasando hambre. Por eso según el Dane la ventas de alimentos y artículos del hogar (que son el 35% de las ventas del comercio minorista) han bajado casi 2% en lo que va del año ‘José el cortero’ puede aguantar 10 horas en el calor infernal de un cañadulzal, pero seguramente no aguanta que sus niños le pidan comida que él no puede comprar. Tal vez si estuviéramos en su pellejo también

saldríamos a protestar. La conspiración que se está gestando contra el Gobierno es la conspiración del hambre y el descontento social, y va a ser más grande cuando llegue la negociación del salario mínimo.