Sme

En
defensa
del
SME
 
y
de
la
la
industria
eléctrica
 Documentos de la Coordinación Nacional del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, el Petróleo y la Soberanía Nacional.

Defender al SME es defender los derechos de todos 1.- La Lucha del SME y la izquierda. (p.2) 2.- En defensa de las industrias, eléctrica

de servicio público y petrolera (p.5) 3.-El negocio de la Fibra Óptica y el golpe

al SME - La ambición sin límites- (p. 7) 4. Del Comité de Intelectuales:

CUATRO PREGUNTAS AL GOBIERNO FEDERAL Y UN PUNTO DE VISTA (p.9) 23 de octubre del 2009

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1. La lucha del SME y la izquierda El decreto de extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro es ya un punto de saturación, porque es abrumadora la serie reciente de ataques y ofensas gubernamentales al pueblo mexicano. Lo esencial: el intento frustrado hace un año de privatizar a PEMEX, la iniciativa fiscal regresiva que aumenta los impuestos en perjuicio de los más pobres y en beneficio de los más ricos, y ahora el decreto que echa a la calle a cerca de 50 mil trabajadores precisamente cuando en el país aumenta en flecha la desocupación. Todo ello en un marco de profunda crisis económica y política. En su prisa por destruir el SME, un sindicato incómodo para los intereses oligárquicos que dominan el país, el titular del poder Ejecutivo se dio el lujo de ignorar la constitución y las leyes que protegen los derechos de los trabajadores. Así, a un acto moralmente reprobable y que pone en riesgo la ya precaria estabilidad social, se agrega una cadena de violaciones a las leyes que rigen el país. Mediante decreto infundado, se pretende a la extinción de LyFC y la liquidación de los miembros del SME, pasando por alto la Constitución y la Ley Federal del Trabajo. El encargado del Poder Ejecutivo intenta colocarse por encima de la carta magna y las leyes que de ella dimanan, lo que se expresa en el creciente uso de la fuerza. Está violando el estado de derecho y burlándose de la sociedad mexicana. En consecuencia, de acuerdo con el título IV de la constitución, en su momento procederá el juicio político contra el señor Calderón. Independientemente de la supuesta “incosteabilidad” de LyFC, el patrón debió obtener la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje, antes de proceder a la extinción del la empresa y la liquidación de los trabajadores, según ordena el artículo 435 de la ley federal del trabajo. Se incurre en un acto ilegal, arbitrario y despótico que, para colmo, se hace pretendiendo culpar a los trabajadores de la situación de la empresa. En un país que

se dice democrático es inaceptable que se califiquen como “privilegios” a las conquistas laborales. ¿Acaso en México la norma deben ser los salarios miserables y los trabajadores desprotegidos? El grupo dominante debería avergonzarse de hablar de privilegios de trabajadores en una sociedad en que unos pocos obtienen todo género de beneficios privados apoyándose en la palanca gubernamental. La obsolescencia técnica y administrativa de LyFC fue un proceso planeado por el Ejecutivo y reforzado por la ineptitud de los funcionarios que el mismo gobierno puso al frente de la empresa. Es aberrante que se culpe a los electricistas. La responsabilidad de la situación no recae en los trabajadores, sino en las administraciones federales sucesivas. ¿Por qué procede de manera tan irreflexiva e irresponsable el señor Calderón? La explicación de todo esto rebasa la improvisación y el encono contra el SME. En primer lugar, se trata de medidas en contra de todos los trabajadores y sus derechos. Es una arremetida contra el principal obstáculo para continuar con el desarrollo desbocado del neoliberalismo, esto es, el mismo proyecto que ha conducido a la ruina económica y a la descomposición social del país. Los operadores neoliberales en el gobierno ven en los sindicatos combativos y con conciencia social, de lo que el SME es un ejemplo notable, un sector que debe ser castigado y sometido. Se quiere enviar el mensaje al conjunto de los trabajadores de que nadie debe interponerse ni resistir al proyecto de seguir repartiendo la riqueza según la ley del león: la mayor parte para

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los ricos y privilegiados, una proporción en gradual disminución para la mayoría. Habría que recordar la historia: en sus orígenes los paladines del neoliberalismo (Ronald Reagan y Margaret Thatcher) entendieron que su proyecto sólo podía llevarse hasta las últimas consecuencias a condición de que sometiera sin piedad a los trabajadores organizados. El resultado general fue que, en los últimos lustros, la remuneración de los capitales se disparó hacia arriba, mientras los trabajadores recibieron cada vez menos. El proyecto de Calderón y sus aliados es llevar este plan hasta el extremo, incluso violando las leyes sin contemplaciones y desconociendo los derechos fundamentales del trabajo que aún se mantienen en nuestra carta magna. En segundo lugar, el decreto responde al propósito de asegurar y extender el dominio de una pequeña camarilla de privilegiados. Es el preámbulo de una embestida a fondo contra otros derechos fundamentales que están en la mira de la oligarquía que se atribuye el privilegio de dominar el país en todas sus esferas: ella debe imperar en la política, determinar lo que es válido en el ámbito de la cultura, aprobar las ideas que son aceptables y poner la totalidad de las ramas de la economía a su servicio (desde las comunicaciones hasta las manufacturas, desde los servicios hasta agricultura). Todo lo que se oponga a ese designio neoliberal, debe ser barrido sin contemplaciones. En tercer lugar, se busca asegurar las condiciones para completar el proceso de privatizaciones, cuyo mecanismo privilegiado ha sido el despojo y la apropiación de la riqueza pública ya creada. La meta es privatizar el sector eléctrico. Como lo ha demostrado la experiencia, la vocación privatizadora está en el profundo ADN de la derecha mexicana. El compromiso de Calderón y los funcionarios de su círculo cercano de que no se privatizará la industria eléctrica, tiene la misma credibilidad que sus promesas de que no sería privatizado el sector petrolero. Hay que recordar el enorme esfuerzo que la sociedad tuvo que desplegar el

año pasado para evitar que eso sucediera. Igual credibilidad que su promesa de que sería el “presidente del empleo”, comparada con su política de favorecer al sector financiero y otros grupos sin consideración alguna por el bienestar de las familias mexicanas, comenzando por un empleo digno, estable y bien pagado. Por el contrario, el que un sindicado como el SME haya logrado salarios mínimamente justos, le parece al grupo en el poder un pecado que deben ser expiado. En lo inmediato, el voraz grupo que colocó a Calderón en los Pinos tiene la vista puesta en el gigantesco negocio de la red de fibra óptica de LyFC. Para la ambición de este grupo, la posición progresista que tradicionalmente asumió el SME es un estorbo a remover a toda costa. Pero, en especial, el decreto que nos ocupa es contra la izquierda del país y su proyecto de una nueva nación. El decreto sintetiza el rechazo de todo lo que la izquierda mexicana, desde su pluralidad de enfoques y experiencias, ha planteado como condiciones mínimas para una sociedad justa, libre y próspera. Ante todo, las medidas gubernamentales atacan la idea de una sociedad cada vez más equitativa, incluyendo una auténtica igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos; una sociedad que responda al principio ético de que las personas están antes que los negocios, y los intereses privados deben subordinarse al interés público. Esto no se logra echando a la calle a miles de trabajadores. Igualmente, el decreto calderonista contradice la esencia misma del estado social de derecho que es un prerrequisito para el disfrute de las libertades fundamentales. La izquierda ha insistido fuertemente en este punto, frente a los abusos del gobierno. El uso de la fuerza que otorga el poder, en detrimento de los derechos, ahoga las garantías individuales y destruye los logros colectivos.

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Finalmente, el decreto es un ataque a la paz social. La convivencia a que todos aspiramos, sólo pueden garantizarse en una sociedad sin excluidos, desamparados, perseguidos y empobrecidos. No creando más desempleados y hostigando con saña a sindicatos independientes. Así, pues, es el proyecto de nación de la izquierda mexicana lo que está en juego y en riesgo, ni más ni menos. La manifestación del jueves 15 de octubre es una muestra impresionante de la saturación de tensiones que las acciones del gobierno han provocado en el pueblo de México. De ahí que fallaran los cálculos de los medios informativos al servicio de la oligarquía, quienes aseguraban que era sólo un reducto de la izquierda “dura” la que se oponía a la extinción de LyFC y a la liquidación del sindicato. Quedó claro que es la inmensa mayoría del pueblo de México la que repudia las acciones del gobierno. El malestar general se manifiesta en la rápida toma de conciencia de los mexicanos frente al inadmisible estado actual de la economía, de la política, de la educación, de la salud, de la cultura y la ciencia. El país vive un acelerado deterioro que golpea a los sectores populares y alcanza dramáticamente a las clases medias. Para México, en esta etapa crucial sólo hay una salida: la democrática y popular, comenzando en el caso con revertir el decreto de extinción, claramente contrario a derecho. A lo que debe seguir una modificación profunda de las políticas antipopulares que han ahondado tan gravemente la crisis múltiple que vivimos.

2.- En defensa de las industrias, eléctrica de servicio público y petrolera Uno de los problemas de nuestra industria petrolera y de Pemex en especial, es el creciente proceso privatizador que las autoridades han estado llevando a cabo. Por un lado, se contratan actividades que Pemex había llevado a cabo durante décadas sin problema. Por otro, hay cada vez más obras en áreas reservadas en exclusiva a la nación por nuestra Constitución. En las que se ha llamado zonas tradicionales petroleras, el crecimiento de actividades de esta naturaleza es gradual. Pero en las llamadas zonas nuevas, como Chicontepec y las llamadas aguas profundas, hay contratos gigantescos a una cuantas transnacionales para perforar todos los pozos que se trabajan en ellas. También existen estos, también llamados Contratos de Servicios Múltiples, en la extensa cuenca de Burgos. Estas violaciones a la ley y a la Constitución deben detenerse ya. Otro problema, ya en el área de refinación, es el

retraso extremo en la llamada nueva refinería, o nuevo tren de refinación. No sólo se ha retrasado hasta la adquisición del terreno, sino que en el presupuesto enviado a la Cámara de Diputados para 1910, la única obra incluida que tiene relación con ese nuevo tren de refinación, es la “Construcción de una cerca y barda perimetral” para ese mismo tren. Se destinan para esa obra 70 millones de pesos para 2010 y se estiman para 2011 otros 50 millones. ¡Dos años para una barda! Y nada de las obras de la refinería propia mente dicha. En la Comisión Federal de Electricidad (CFE) también hay un contratismo creciente. Varias actividades que antes se hacía por personal de esta entidad ahora se entregan bajo contrato con empresas privadas. Esto incluye las pocas nuevas plantas eléctricas que

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construye la CFE. Con las otras, el problema es peor. Son empresas privadas las dueñas de las plantas que todas consumen gas natural. El gas lo paga la CFE, que por lo mismo es la que corre con los riesgos derivados de los aumentos del precio de este hidrocarburo. Estas empresas ya producen una tercera parte de la electricidad que se distribuye como servicio público. La CFE, además de la energía, paga a cada empresa una cantidad fija regularmente por la “capacidad instalada”, con lo cual llega un momento en que ya pagó todo el valor de la planta, pero esta seguirá, indefinidamente, siendo propiedad de la empresa privada. Luz y Fuerza del Centro (LyFC), tenía hasta el momento de su cierre menos contratismo, más trabajo con medios propios, pero gradualmente se le va privando de su materia de trabajo. Ahora, se intenta el golpe final. Uno de los elementos importantes es la fibra óptica, medio muy eficiente de transmisión, aprovechando las líneas eléctricas en estos casos, para fines de telefonía, televisión e internet. En la CFE ya se arreglaron con una empresa gigantesca del ramo, para que sea ésta la que tenga los beneficios al vender estos servicios al público. En LYFC, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que en general se ha opuesto a las privatizaciones, plantea que se use la fibra óptica para beneficio social (escuelas, centros de investigación, hospitales, etc.) Y que la que llegue al público lo haga a precio más barato, para que sea el público, y no un monopolio, el que se beneficie de la eficiencia de estas instalaciones. Desde la nacionalización de este servicio, no se han instalado, en la zona de Luz y Fuerza del Centro y su antecesora, nuevas plantas para generación estable de electricidad. El propósito visible era que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) no tuviera la posibilidad de hacer una huelga o tomara alguna otra medida similar, que suspendiera la generación de electricidad.

Había una tradición de lucha del SME. Los daños de la falta de generación en el área central han sido importantes. Luz y Fuerza del Centro, en agosto de 2005, planteó que esa entidad “no instala centrales generadoras desde 1974” en que se pusieron en servicio tres plantas turbogás. Estas últimas son para emergencias o generación en momentos difíciles. También dijo que “la falta de generación cercana y el constante incremento de la demanda de energía eléctrica, han originado que el Área de Control Central se encuentre operando de manera continua en estado de alerta”. Del 37% que se generaban a menos de 200 kilómetros en 2004, se habría llegado en 2008 al 31 por ciento si no se tomaban medidas. El resto de la energía necesaria, la generación lejana proveniente de 300 a 700 kilómetros, equivale al restante 63% en 2004. El organismo agrega que “lo recomendable para un sistema eléctrico confiable es que la cercana sea al menos la mitad de la total requerida”, y que “Las condiciones actuales dan lugar a un riesgo permanente de colapso de voltaje en la zona”. Estos datos oficiales muestran la principal causa del mal estado de la red en el sector central. Los anteriores argumentos los dio LyFC para apoyar un proyecto de lo que llamaron Generación Distribuida, que estaría formada primero por 20 turbinas con una capacidad de 32 Megawatts cada una, como plantas para emergencias o momentos de baja considerable en la alimentación convencional. Luego, según el programa anunciado entrarían dos plantas para uso relativamente permanente con una capacidad total de 1,250 megawatts. Estas dos plantas debieron haber entrado en operación en 2007–2008.

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Sin embargo, sólo entró una parte de las turbogás, equivalente al 2 por ciento de la capacidad total y no entró nada de la generación más permanente. El estrangulamiento presupuestal no sólo no evitó que se aligerara el problema denunciado en 2005, sino que de hecho lo ha empeorado. La generación cercana se redujo a un tercio del total. Y este es sólo un ejemplo del castigo presupuestal a que ha sido sometida LyFC. La falta de presupuesto para renovar equipos de transmisión y distribución acaba de generar, en esta red eléctrica, una situación crítica. Estos problemas eran atenuados y contrarrestados por el conocimiento de años

del personal sobre estos equipos tan antiguos y desgastados. El despido masivo empeora la situación y explica la gran cantidad de apagones y el retraso en la reparación en un buen número de casos. Es muy fácil querer culpar a los trabajadores de un proceso totalmente ajeno a ellos, como es la paralización por vía presupuestal. Todo esto ha contribuido a un problema que vivimos y a la amenaza de privatizaciones en mayor escala que las ya llevadas a cabo. De ahí la importancia de rechazar estas medidas.

3.-El negocio de la Fibra Óptica y el golpe al SME (La ambición sin límites) La liquidación de Luz y Fuerza del Centro tiene consecuencias muy graves para el futuro del país. Representa el inicio de una ofensiva de la derecha en el poder contra las conquistas sociales del pueblo mexicano; es, además, un paso más en la privatización de la industria eléctrica nacional; es un golpe contra el sindicalismo democrático, uno de cuyos baluartes ha sido el SME; y, sobre todo, le permite al gobierno entregar el gran negocio de la fibra óptica a sus socios. Detrás de la extinción LyFC está el “capitalismo de amigos” que tanto practica el panismo en el gobierno. Es decir, hacer negocios al amparo del poder político. El verdadero problema del gobierno de Felipe Calderón contra el Sindicato Mexicano de Electricistas no era el tema de la democracia sindical como alegó durante semanas el secretario del Trabajo, Javier Lozano Gracia, al negar la “toma de nota” a la dirigencia del SME. Tampoco la ineficiencia de LyFC, el mal servicio, las elevadas tarifas eléctricas, el alto costo de la empresa, males de los que Calderón culpa, sin razón, a los trabajadores sindicalizados. Detrás del golpe al SME están intereses

corporativos, económicos y políticos que ambicionan el control de las redes de fibra óptica de LyFC en el Valle de México, el mercado más importante del país (por el número de habitantes y por el nivel de ingresos). Buscan administrar el negocio del triple play: la transmisión de datos, audio y video (televisión, teléfono e internet), y en el futuro también los servicios móviles. La fibra óptica y las telecomunicaciones son un sector fundamental para el desarrollo de México. Además, se trata de un negocio que, se calcula, en todo el país puede alcanzar ingresos por 6 mil millones de dólares anuales. Visto así, el manejo de la fibra óptica tiene una importancia estratégica en comunicaciones, en lo económico y en lo político. De ese tamaño y de esa dimensión es la disputa por este bien público. En la lucha por obtener el manejo de este negociazo están la poderosa trasnacional española Telefónica – encabezada por Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda de Fox- y 7

Cablevisión –propiedad de Televisa y con un mercado dominante en el Distrito Federal-; y del otro lado, está Telmex, el gigante telefónico al que la SCT no le ha dado aún el cambio de título de concesión para que pueda competir en el triple play contra Televisa y Telefónica y otras empresas intermediarias.

A esta mezcla de intereses entre políticos panistas y empresas, se suma el secretario del Trabajo, Javier Lozano, quien a fines de los noventa jugó un papel central en la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones cuando era presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

La Compañía LyFC, en extinción, tiene una red de fibra óptica de mil 100 kilómetros de longitud, que tardaron diez años en instalar los trabajadores electricistas. El SME y el director de la CLyFC, Jorge Gutiérrez Vera, presentaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el 30 de junio de 2009, una petición para obtener un título de concesión para operar la red de fibra óptica y ofrecer los servicios de triple play.

Así que no es la eficacia del servicio de energía eléctrica ni su posible colapso lo que llevó al gobierno a decretar la liquidación de LyFC, detrás está la ambición empresarial y de los panistas por apoderarse los negocios por venir de un sector que no ha dejado de crecer a pesar de la crisis financiera y económica.

Desde 1999 el ex secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno de Zedillo, Carlos Ruiz Sacristán, otorgó una concesión a la compañía WL Comunicaciones para operar servicios de este tipo en LyFC. Esta empresa es dirigida por dos panistas: Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens ex secretarios de Energía de Vicente Fox (el otro fue Felipe Calderón). Esta empresa impugnó la solicitud del SME y de LyFC para manejar la fibra óptica. Curiosamente, el despacho de abogados que ha llevado el caso es el de Diego Fernández de Cevallos, jefe político del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. La figura de Fernández de Cevallos vuelve a aparecer, como en todas y cada una de las más polémicas decisiones adoptadas recientemente por el gobierno de Felipe Calderón. Por eso no extraña que su aliado, ex socio y actual secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, aparezca en conferencias de prensa y en entrevistas con Televisa argumentando más como un integrante del Consejo de Administración de una gran empresa por venir y no como el responsable de la política interior y de la gobernabilidad del país.

En el conflicto con el SME podemos ver a Francisco Gil Díaz y la alianza de Televisa y la española Telefónica, ya que Calderón ha intervenido para limitar la expansión de Telmex al no ampliarle el título de concesión a los servicios para transmitir televisión, internet y teléfono a través de la red de fibra óptica. En el proyecto de presupuesto de ingresos de 2010, Calderón presentó como un hecho la licitación de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (único punto que ha objetado del presupuesto el senador priísta Manlio Fabio Beltrones, cuestión de negocios, por supuesto). La licitación de dos hilos (de diez ) de la fibra óptica, fue anunciada por Calderón el 18 de mayo pasado (21 mil 400 kilómetros). La industria de telecomunicaciones es una de las más importantes en el futuro de las naciones, por tanto es un sector estratégico del país, por lo que, antes de licitar estas redes de LyFC y de la CFE que son bienes públicos, debiera convocarse a un debate nacional acerca de las políticas de telecomunicaciones del Estado y establecer criterios para valorar

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si en este asunto, actúan correctamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Cofetel y la CFE, ya que pretenden dejar la fibra óptica bajo el control de las empresas privadas. El Estado debe utilizar la red pública para brindar servicios a bajo costo para los sectores más desprotegidos, para la educación, la salud, la cultura, el transporte. En el caso de las redes privadas, el Estado debe garantizar las inversiones y la competencia, así como regular su uso para evitar abusos protegiendo los derechos de los consumidores. La licitación consumada de la fibra óptica de LyFC debe cancelarse y la anunciada de CFE debe detenerse, porque se trata de bienes públicos que deben servir al desarrollo nacional. Se ha invertido mucho en la construcción de estas redes, tan sólo CFE ha invertido 300 millones de dóalres en los últimos años para construir 30 mil kilómetros de redes (las quieren licitar en dos mil millones de dólares, cuando las ganancias de un sólo año triplicarán esa cifra). De hecho, funcionarios de CFE se habían negado a abrir su red a privados, alegando razones de seguridad nacional. Pero su director Alfredo Elías Ayub ha

insistido en la licitación de la red y su comercialización. Se da casi por seguro que será Telefónica de España la empresa que gane la licitación. Elías Ayub pretende convertir en negocio este bien público, como hizo con la española Repsol en la compra de gas a Perú para CFE, operación que le dará ganancias por 20 mil millones de dólares, a costa del erario público. Por eso no debemos permitir que las redes públicas de fibra óptica pública sean entregadas mediante permisos y licitaciones a modo a los amigos y socios extranjeros como Movistar Telefónica de España, con lo que se estarían subsidiando y creando nuevos monopolios privados. México es el país más atrasado en el desarrollo de tecnologías de las telecomunicaciones. Las redes actuales son insuficientes y entregarlas al mercado o al favoritismo, con subsidios incluidos, podría llevar a la suspensión de inversiones privadas en la creación de nuevas redes, en la ampliación de los servicios, condenando al país al subdesarrollo en este sector estratégico.

4.- COMITÉ DE INTELECTUALES CUATRO PREGUNTAS AL GOBIERNO FEDERAL Y UN PUNTO DE VISTA 1.- ¿Qué entiende el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, por dialogar (“Primero liquídense y luego vemos”)? ¿Por qué un gobierno no puede negociar sino sólo conversar? ¿Todas las decisiones están tomadas de antemano y el papel de los partidos de oposición, los sectores de la sociedad civil o los sindicatos es confirmar esas decisiones? 2.- ¿Cómo se justifican afirmaciones como la del presidente Calderón de culpar al SME de la pérdida de 100 mil empleos? ¿De dónde obtuvo la cifra? ¿o ese dato le permite presumir una “conciencia tranquila” después de dejar sin empleo a 50 mil electricistas? 3.- La actual campaña contra el sindicalismo, sin duda una zona donde abundan la corrupción institucionalizada (SNTE, petroleros, ferrocarrileros, CTM), se está transformando en una campaña contra la idea misma de la existencia de sindicatos y de derechos laborales. El secretario del Trabajo, Javier Lozano habló de analizar “el costobeneficio de cada sindicato”, ¿para el gobierno, para la empresa o para los trabajadores? 9

En cambio, defendió al sindicalismo bueno y criticó al sindicalismo malo y no se tomó la molestia de definirlos. ¿Qué merece el sindicalismo bueno (SNTE, petroleros, ferrocarrileros, CTM) y por qué se elogia tanto a sí mismo al reprimir al sindicalismo malo? 4.- ¿Qué significan las leyes para el gobierno federal? La decisión de Felipe Calderón, al extinguir LyFC, contravino la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, además de pasar por alto, sin explicaciones, los contratos firmados por el propio gobierno. ¿Por qué no se declaró, si tal era el caso, la situación de emergencia que le hubiese permitido al régimen hacer a un lado la legislación expresa? 5.- Estamos claros: Luz y Fuerza del Centro ha tenido graves problemas de operación y de finanzas, las tarifas eléctricas se han disparado sin control (cortesía de la Secretaría de Hacienda), el servicio deja mucho que desear, se han generalizado los abusos en los cobros (curioso modo de buscar apoyo a la liquidación) y la atención a los usuarios ha sido pésima, cuando no deliberadamente insultante. Atribuirle al sindicato decisiones que han sido del gobierno federal es un pobre escamoteo de la realidad. Sin pretender eludir la parte significativa que le corresponde a los sindicalizados, la crisis de la empresa tiene que ver sobre todo con la política de desmantelamiento sostenida durante quince años por las administraciones sucesivas. En este tiempo y sin justificación alguna no se ha invertido nada en la modernización del equipo y su mantenimiento; se ha empeorado el servicio y encarecido para todos los usuarios (no favorecidos). Y se ha concesionado, sin explicaciones, la fibra óptica de LyFC a una empresa encabezada por dos ex secretarios de Energía panistas, se trata de un extraordinario negocio que en el país puede alcanzar ganancias por seis mil millones de dólares anuales. Atentamente Comité de Intelectuales Marco Antonio Campos

Carlos Pellicer López Hugo Gutiérrez Vega

Rolando Cordera

José María Pérez Gay David Ibarra

Arnaldo Córdova

Sergio Pitol Luis Linares Zapata

Laura Esquivel

Elena Poniatowska Guadalupe Loaeza

Bolívar Echeverría

Ida Rodríguez Prampolini Lorenzo Meyer

Héctor Díaz Polanco

Adolfo Sánchez Rebolledo Roberto Morales

Víctor Flores Olea

Carlos Tello Carlos Monsiváis

Luis Javier Garrido

Víctor Manuel Toledo Jorge Eduardo Navarrete

Antonio Gershenson

Héctor Vasconcelos Carlos Payán

Enrique González Pedrero

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