Reformas Para Desatar El Crecimiento

Reformas para desatar el crecimiento Si el Ecuador crece al 7-8% anual con las reformas adecuadas, puede reducir drásticamente su pobreza (ver Chile, con un avance del 40% a 17% de pobres, o El Salvador, con 55% pasó a 22% de pobres en pocos años) y duplicar el ingreso por habitante cada 8 años. Estas reformas además multiplican el empleo (pasar de un 12% actual a un 4-5% que es desempleo friccional simplemente es decir gente cambiando de trabajo, estudiando o iniciando actividades propias), atraen inversión extranjera, repatrian capitales y recuperan la fé en la economía ecuatoriana. No hay mejor programa social que una economía vigorosa. 1.- Masificación de la tenencia de títulos de propiedad El Instituto Libertad y Democracia, de Perú, calcula que el 83% de la economía ecuatoriana está sumergida. Esto significa que no sólo hay subempleo e informalidad, si no que incluso las empresas legalmente constituidas no reportan todo lo que hacen por los fuertes castigos que existen desde el Estado a la actividad productiva. Una de las razones de que una buena parte de los emprendedores estén fuera del sistema formal, es que carecen de títulos de propiedad sobre sus terrenos, viviendas y otros recursos. Una masificación del acceso a títulos de propiedad, permitirá que más micro, pequeñas y medianas empresas puedan financiar sus proyectos con garantías tangibles. Eso es un paso importante hacia la reducción de las tasas de interés para pequeños emprendimientos, y del spread (diferencia entre la tasa que cobran y la que pagan los bancos y entidades financieras) debido a que dotará de más certidumbre a quien tenga que cobrar un crédito, y eso se reflejará en un interés menos elevado. 2.- Eliminación del reparto obligatorio del 15% de utilidades El reparto de utilidades, en primer lugar casi no se cumple. Sólo las empresas más grandes, para las cuales evitar ese reparto ya no vale la pena pues no pueden deducir via gastos un monto significativo, pagan ese porcentaje. En segundo lugar, es un impuesto que no va al Estado, si no a los afortunados que trabajan en empresas grandes. Esto ocurre a costa de los desafortunados que trabajan en medianas y pequeñas empresas, pero sobre todo de quienes quedan desempleados por culpa de ese incentivo perverso. Es un incentivo perverso pues al castigar la generación de ganancias y riqueza, impide la expansión de la economía y la creación vigorosa de empleos. En tercer lugar, no existe en ninguna otra parte de Latinoamérica, y es un residuo de eras en que se veia al empresario como un “explotador” en vez de un creador de oportunidades. 3.- Eliminación del ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) de las Telecomunicaciones El uso de teléfono celular en el Ecuador está castigado con un ICE del 15%. Si le sumamos a eso el 12% de IVA (como podemos ver en una planilla cualquiera), tenemos que un 27% de la cuenta (o el prepago) de telefonía celular de las familias ecuatorianas, son impuestos. Ese 15% son llamadas que nunca llegan a realizarse y dado que el teléfono celular se ha vuelto una herramienta muy importante en la disminución de pobreza en el Ecuador (por su uso de trabajo y para el bienestar familiar), resulta indignante. Un ICE, es un impuesto arbitrario y abusivo que pretende decirnos a los ecuatorianos lo que es y lo que no es un lujo. Como indicó el gran economista Ludwig von Mises, los lujos de hoy son los productos estándares del mañana por lo tanto es bueno que haya competencia por masificar ese lujo a las grandes mayorías, y para empezar por lo tanto, que existan lujos. Si aceptaramos que un ICE tiene alguna razón de ser (no la tiene) en todo caso la telefonía movil no es un lujo. Debido al injusto monopolio de Pacifictel, Andinatel y Etapa en distintas zonas del país, impidiendo a otras empresas

hacerles la competencia, el teléfono celular se ha vuelto –a pesar de ser más caro- una herramienta básica para el bienestar y la productividad de las grandes mayorías. 4.- Apertura de todos sectores a la competencia En telefonía celular sólo se ha subastado tres frecuencias. Durante años hubo dos empresas de telefonía celular, y ahora el mercado no se ha abierto: peor aún, entró el Estado a hacer competencia (y lo hace de forma mediocre, como podemos ver) a empresas privadas. En otros países es el mercado (es decir el público, cada uno de nosotros al comprar o abstenernos de comprar) el que decide cuántas empresas y de que tamaño hay en las telecomunicaciones. Igual ocurre con la telefonía fija, el agua potable, la electricidad y otros servicios públicos en países como Chile y El Salvador. Ningún sector debe ser monopolizado por el Estado. Por otro lado, en el sector bancario existe una Ley de Bancos que asfixia a los participantes (cosa que puede gustarle mucho a algunos banqueros pues desalienta la competencia interna y externa). Con una Ley de Bancos más moderna y de estándares mundiales, atraeremos al país decenas de bancos internacionales para que se asocien, compitan y complementen a los bancos locales. El efecto sobre las tasas de interés y las condiciones de crédito serán enormes. Entonces, para la apertura de cada vez más sectores a la competencia, se requiere sobre todo eliminar las trabas actuales para el ingreso de nuevos participantes. Las trabas son jurídicas en casi todos los casos. En otras palabras, más que castigar a las empresas privadas que obtengan mayoría del mercado por gestión exitosa llamándoles (de forma antitécnica e injusta) “monopolios”, hay que enforcarse en los verdaderos casos de monopolio. Estos son siempre de factura estatal. 5.- Ciudadanización de empresas públicas Andinatel, Pacifictel, las empresas de la DINE (militares), Empresas Eléctricas, Alegro, etc supuestamente pertenecen a “todos los ecuatorianos”. En realidad son una fuente permanente de privilegios, contratos “a dedo” y monopolio de la propiedad. Para generar un capitalismo popular, es decir un sistema de libre empresa incluyente y masivo, es preciso ciudadanizar las empresas públicas. Eso implica entregar la mayor parte de su propiedad en acciones, a grandes números de ciudadanos. Pueden ser los afiliados al IESS, los perjudicados por la crisis bancaria de 1999, o cualquier otro grupo grande que haya sido perjudicado por la acción estatal. Lo importante es que pasen a manos de los ciudadanos. De ese modo los incentivos cambiarán radicalmente: en vez de ser una burocracia manejada por políticos de turno, serán verdaderas empresas que tendrán que rendir cuentas (literalmente) sobre sus costos y sus utilidades. El beneficio para la calidad de vida de los nopropietarios de esas acciones (títulos de propiedad) es igual o mayor que los beneficios que reciben los nuevos propietarios, simplemente porque mejora la calidad de los servicios para la comunidad. 6.- Reducción del Impuesto a la Renta Actualmente las empresas tienen un impuesto progresivo (¡quien más riqueza crea, más es castigado!) que llega hasta el 25% de las utilidades netas de la empresa. Eso es bastante desalentador si consideramos que el gran despegue de paises como Suecia, Italia o Estados Unidos se dio cuando carecían de ese tipo de impuesto. En otras palabras, luego de descontar los costos de operar, el Estado espera al final del año quedarse en principio con una cuarta parte de lo generado por la empresa. Aquí puede pagarse el 15% siempre y cuando se haga reinversión en la empresa según parametros dispuestos por el Estado. Si nos fijamos en los impuestos a las empresas en Europa del Este, encontramos que Estonia tiene un 0% y que en general esos paises tienen un promedio del 15% en ese rubro. La propuesta para el Ecuador sería un impuesto de 10%, no progresivo si no de tasa fija. Esa reducción no implicaría menos recaudación para el Estado (tema que en realidad es el menos preocupante dada su actual obesidad) si no inclusive más, debido a que la base tributaria se ampliaría grandemente. La gran mayoría de empresas que actualmente hacen doble contabilidad o simplemente utilizan todos los mecanismos legales posibles para no confrontar una consfiscación de la cuarta parte de sus resultados, se verian fuertemente motivadas a dejar de hacerlo. La experiencia de todos los

países en que se ha hecho reformas así (incluyendo las rebajas de impuestos de J.F. Kennedy y Ronald Reagan) es que la recaudación ha sido igual o casi siempre mayor que el año anterior. Pero por sobre consideraciones fiscalistas que privilegien la salud del Estado, debemos considerar que una reducción de ese tipo permitirá a las pequeñas y medianas empresas crecer más rápidamente. Los beneficios en creación de empleo (Estonia tiene un desempleo del 3% y subempleo casi inexistente), crecimiento económico (esos 8 paises crecen al 7% anual en promedio) y reducción de la pobreza, generarán una sociedad donde vale la pena mucho más el ser empresario y sobre todo, el ser ciudadano en primer lugar.

Preparado por: Juan Fernando Carpio, Master en Economía Empresarial Director, Instituto para la Libertad www.iplibertad.org

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