COASE, EL COSTO SOCIAL Y PERÚ La mayoría de conflictos sociales en el Perú actual se originan en el daño o presunción de daño que algunas inversiones de envergadura ocasionarían sobre una comunidad de individuos que han adquirido o ejercen derechos de usufructo sobre un espacio determinado. Este puede ser el caso de las minas Conga en Cajamarca, de la minería aurífera en Madre de Dios, del proyectado puerto de Ancón o de los transportistas obligados a cambiar de ruta porque compiten con el Metropolitano en Lima. El tratamiento de estos temas fue formalizado desde la ciencia económica, por Ronald Coase en un artículo publicado en 1960, denominado “El Problema del Costo Social”*. He mencionado cuatro casos aparentemente sin conexión. En el primero una empresa pretende efectuar la mayor inversión minera en el país pero enfrenta la resistencia de la población local que siente amenazadas sus fuentes de agua para consumo humano, animal y vegetal. La empresa minera ha obtenido la concesión de los yacimientos pero la ocupación humana en el lugar se pierde en el tiempo. En el segundo caso referido, un gran número de pequeños mineros informales y algunos no tan pequeños, sin ningún título que los respalde, llevan instalados años en medio del bosque, destruyendo la foresta y contaminando los ríos. Se estima que son más de 30 mil los individuos que viven de esta actividad. Su accionar daña a las poblaciones nativas que no han sido involucradas en el negocio, afectan a áreas naturales protegidas por el Estado y sus efectos alcanzan a una gran población dispersa con escasa capacidad de resistencia y presión. En el tradicional y algo venido a menos balneario de Ancón, uno de los mayores grupos empresariales nacionales se empeñó en construir un puerto alterno al Callao. Esta idea fue combatida y finalmente derrotada por una movilización de vecinos, principalmente veraneantes con no pocos recursos, y con el resto de la población al parecer dividida como resultado de la campaña e incentivos de la empresa portuaria. Los transportistas finalmente, llevan muchos años contribuyendo a la saturación de las vías públicas, a la contaminación del ambiente y prestando un servicio deficiente. Tienen las licencias para circular y se sienten agredidos por la pretensión del Municipio de de Lima, no por decisión de esta administración, de excluirlos de las rutas contiguas al Metropolitano. Como se aprecia en los casos citados, los derechos reconocidos o no, ejercidos o reclamados, pueden serlo por empresas poderosas, por comunidades de agricultores o poblaciones rurales, por veraneantes, mineros de ocasión, o dueños y operadores de cousters o combis. Pero ¿cómo se forma el derecho? En la tradición jurídica, si se prueba que un derecho ha existido y se ha ejercido durante cierto número de años sin oposición, la ley debería presumir que tuvo un origen legal.