La Corrupción.docx

LA CORRUPCIÓN, LA SOCIEDAD Y EL NUEVO GOBIERNO

NOMBRE DEL ALUMNO: JONNY HERRERA VELASCO

SOCIOLOGÍA

CATEDRÁTICO: GILBERTO VALDEZ ENRIQUEZ

INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES JOSE MANUEL DE ROJAS

ESCUELA DE DERECHO

PRIMER SEMESTRE

TURNO MATUTINO

LA CORRUPCIÓN, LA SOCIEDAD Y EL NUEVO GOBIERNO Este tema de corrupción es muy amplio y muy delicado ya que nos solo nos vamos a referir a los altos servidores publico existen en nuestro país diversos tipos de corrupción. Ejerciendo un dominio de hecho y colusión en las instituciones mexicanas, causando la perdida de legitimidad, impunidad y graves perjuicios sociales. Este fenómeno que se ha desatado se puede sistematizar, cuando las organizaciones adquieren un apoderamiento, tal es el caso de los partidos políticos que solo buscan su bien común, sometiendo a las instituciones para obtener beneficios, afectando bienes jurídicos, tales como el orden público, la paz, la armonía social y la seguridad nacional. De acuerdo a la transparencia internacional y transparencia mexicana se ha suscitado que México es el último lugar entre los 34 países miembros de la organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE) en materia de corrupción. Además de ocupar el lugar 17 entre las 20 economías más importantes a nivel mundial (G 20), delos países con mayor corrupción. Y haciendo un análisis de los indicadores de la corrupción en México de acuerdo al IPC (Índice De Percepción De La Corrupción) de transparencia internacional en 215 ocupando México el lugar 65 de 160 países con una puntuación de 3,5 se puede decir con esto que el índice de corrupción era menor ahora si se analiza el del año 2017 ocupando un lugar de 135 de 180 países con una puntuación de 29 (donde “0” es el más corrupto) entonces esto es muy increíble pues la corrupción se desato en México como nunca en la historia, no cabe mencionar que si ha existido la corrupción en México pero en una percepción minoritaria.

Y esto significa un grave problema para México ya que es una de las consecuencias de la extrema pobreza que se vive en nuestro país que a la vez representa una barrera para combatirla ya que viene de los cargos políticos, del mal uso de los recursos generados por nuestra sociedad y dejando a cargo en persona equivocadas. Este flagelo sigue atrapando a la sociedad en un círculo minucioso en lo que se refiere a transparencia, apoyos, el buen uso de los recursos destinados a municipios y otras obras. La mayoría de los autores, coinciden, en afirmar que el fenómeno de la corrupción se ejerce en una forma vertical de arriba hacia abajo como en algún momento lo afirmo el nuevo presidente de nuestra república. En otros aspectos tratare de explicar los tipos de corrupción que existen; los actos más comunes de la corrupción institucional son: el cohecho, la extorsión, el abuso de autoridad, el peculado, el tráfico de influencias y la colusión, que afectan bienes jurídicos superiores como el orden público. No obstante, también existen diversas formas de ejercer un poder de hecho, no necesariamente encomendado por la ley, ni tampoco en el servicio público, cuando una organización civil en complicidad o protección de las autoridades, comete el abuso aprovechándose de una posición superior, ante la falta de legitimidad del gobierno, imponiendo su interés particular sobre el interés público, en todo caso, la conducta personal no es consistente con las normas del Estado, y por la tanto estamos hablando de corrupción social. Los actos más comunes en la corrupción social o ciudadana son la extorsión, el fraude y el soborno, que lesiona bienes jurídicos tutelados como la vida, la libertad y el patrimonio de las personas.

En casos muy especiales, cuando una organización criminal ejerce un poder de hecho por medio de la violencia sobre la colectividad y el Estado, ante la complicidad u omisión de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, se afectan bienes superiores como la paz social, el orden público y la seguridad nacional. Tal es el caso, del dominio que ejercen algunos líderes del crimen organizado sobre los agentes encargados de hacer cumplir la ley. En lo indicado podemos mencionar algunos aspectos específicos, como lo es; el poder encomendado, el ejercicio abusivo por alguna autoridad y el beneficio propio o de terceros. Es necesario pues de dos componentes el que corrompe y que se deja corromper, mediante el abuso del poder, siendo los funcionarios teniendo una complicidad con terceros, abusando de su poder, obteniendo beneficios y transgrediendo el orden público y la armonía social. La crisis de corrupción que vivimos en México, impide el crecimiento de la nación, manteniendo a la mayoría de la población sometida a intereses de grupo, a tal grado, que ningún buen proyecto podrá llevarse a cabo en forma eficiente, si no hacemos algo para construir una sociedad y gobierno libres de corrupción, como el principio básico de una nueva república. En consecuencia, la corrupción afecta la percepción de aspectos y valores básicos de la sociedad, tales como la libertad y los derechos humanos. Peor aún, pone en entredicho la credibilidad de las instituciones fundamentales de un Estado, gobierno y sociedad, así como su capacidad de acceder al desarrollo.

La complejidad del fenómeno nos debe llevar a tener un mayor uso y comprensión de variables analíticas para su mejor entendimiento y combate. Es común en México que se hable indistintamente de la corrupción política (por ejemplo, inhibir competencia electoral), la administrativa (extraer dinero o documentos) y la privada (fraude, estafa) y sin distinguir donde diversas formas que la caracterizan (como lo son el grado de organización u su grado de frecuencia). Más importante aún, en México ha prevalecido un reduccionismo analítico al explicar sus orígenes, simplificándolo a una sola variable política, como propia de un régimen o partido, o peor aún, a una sola variable social, como lo es la cultural.

En cuanto a la primera, el común denominador de estas expresiones era la denuncia o la descalificación, más allá que encontrar las variables explicativas para el caso mexicano. Esta perspectiva presentaba a la corrupción como una componente del sistema político mexicano y donde esta cumplía un papel primordial en su estabilidad, haciendo parecer al político mexicano como un cuasi señor feudal y a sus súbditos como indolentes. Esta perspectiva, buscaba en la denuncia de la supuesta la simbiosis entre sistema político y corrupción, su crítica al régimen político. El combate a la corrupción es solo uno de los elementos que poseen las democracias modernas para la vigilancia y control de la labor pública; otros elementos complementarios como la rendición de cuentas, el respeto a los derechos humanos y el acceso a la información pública, son necesarios para tener una correcta supervisión del actuar gubernamental. Estos deben de actuar complementariamente. Por otro lado, la creación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), obedecería entonces a la idea primaria de un control del poder por otro poder, al vigilar las acciones encomendadas al Ejecutivo por el Legislativo. Sin embargo, la Auditoría únicamente verifica el uso de los

recursos de acuerdo a los objetivos y los procedimientos aprobados mientras que las acciones preventivas, correctivas y persecutorias quedaron dentro de otras instancias, las cuales, trabajan de acuerdo a las prioridades políticas del momento, actuando a posteriori, más allá que a priori, como aquellas instituciones encargadas de velar por la transparencia y los derechos humanos. Esta atomización institucional dificulta la prevención, combate y erradicación de la corrupción en todos los niveles. A pesar de ello, esta división ha resultado extremadamente rentable para los gobernantes, pues al contar legalmente con instituciones formales para el combate a la corrupción, su separación permite dividir igualmente los incentivos de aquellos que quieren ocupar estas instituciones para obtener prebendas o revanchas políticas. Más aún, esto permite combatir una paradoja que persiste en el combate a la corrupción, mientras más se combate, y por ende está más presente en los medios, la ciudadanía percibe mayor corrupción. La corrupción es un síntoma de que las estructuras gubernamentales no están operando correctamente. Por lo que su combate es una oportunidad para crear y fortalecer instituciones

encargadas

de

su

prevención

y

erradicación,

modificando

el

comportamiento de organizaciones públicas y privadas que persiguen un beneficio personal y favoreciendo aquellas que propician un desarrollo global. Para mejorar esto se tiene que crear organismos capaces de llevar a cabo su labor de una forma adecuada acatándose a las leyes y las normas q las emane. Corrupción institucional. Podemos definirla como la forma más tradicional de abuso del poder público, que ejercen los funcionarios y servidores públicos, que se aprovechan de su posición que les fue encomendada conforme a la ley, para obtener beneficios propios o en favor de terceros, siendo esta la forma más representativa de corrupción en todos los gobiernos.

La estructura del gobierno federal mexicano está encabezada por el Presidente de la República y 18 Secretarios de Estado, que constituyen la administración pública centralizada, que tienen a su cargo la administración de la política interior y exterior, defensa, marina, salud, trabajo, educación, cultura, desarrollo social, turismo, hacienda, comunicaciones, agricultura, medio ambiente, energía, economía, función pública y desarrollo agrario; así como la administración pública paraestatal, integrada por un total de 201 organismos descentralizados, fideicomisos, órganos técnicos, financieros, centros de investigaciones, instituciones de salud y empresas de participación estatal tales como Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, que tienen a su cargo la administración, exploración, explotación y producción de los recursos estratégicos como el petróleo y energía eléctrica. Con una estructura similar en las 31 entidades federativas y la Ciudad de México, se estima que existen aproximadamente 5.4 millones de mexicanos empleados en el servicio público, tanto en el ámbito federal, en las 2,157 instituciones públicas del ámbito estatal y las 42,725 instituciones municipales. El rubro de adquisiciones es el más vulnerable, los actos más comunes en este caso son el fraude, cohecho y el peculado, puesto que los funcionarios que ejercen la administración de los bienes y servicios del estado, frecuentemente establecen un vínculo de negocios con los proveedores, una relación comercial que afecta los procesos de licitación y que van más enfocadas a pedir lo que en México conocen como el “diezmo”, consistente en exigir a los proveedores el pago del 10 por ciento del valor total de la obra o servicio que se va a proporcionar; facturación de sobreprecios, se utilizan materiales de mala calidad, y existen obras que no se realizan o insumos que no se adquieren pero sí se facturan, utilizando comercializadoras fantasma para obtener ganancias ilícitas que se reparten entre los titulares de las dependencias públicas y otros funcionarios.

Corrupción ciudadana. La corrupción ciudadana, existe como una práctica comúnmente repudiada, pero generalmente aceptada por la sociedad, en la que interviene la necesidad y el interés de la gente por acceder a los servicios públicos que oferta el estado. El abuso, consiste en corromper el orden jurídico, mediante la colusión y el soborno con los agentes públicos que ejercen el poder público para obtener un beneficio mutuo. El ciudadano realiza actos que corrompen al sistema, bien sea por necesidad, por falta de tiempo, por facilitarle el acceso a los servicios públicos o por evitar una sanción, entre otros casos, por tanto, el beneficio es mutuo, el ciudadano accede al servicio a veces sin cumplir con los requisitos de ley y el servidor público recibe una contraprestación económica. Corrupción política. Hace 35 años, los verdaderos políticos salían a las calles, pregonando por la democracia, la libertad y la justicia, utilizando recursos propios para comprar equipos de sonido o ir de gira por los poblados a hablar de la transformación y progreso del país. El financiamiento público comenzó en el año 1990, cuando por iniciativa del Ex Presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, el Congreso de la Unión destinó recursos públicos para evitar que recursos de procedencia ilícita, fueran utilizados para financiar campañas. Lo cierto es que, tras ese discurso, había toda una estrategia para fragmentar a la oposición en pequeños partidos políticos, puesto que, dos años antes, en 1989, un frente amplio opositor estuvo muy cerca de vencer al partido oficialista. A partir de ese momento, crear partidos políticos se convirtió en un negocio. Hoy en México, se destinan 4 mil 59 millones de pesos, que equivalen aproximadamente a 219 millones 416 mil dólares anuales al cambio, en el financiamiento de proselitismo, operación y gastos de campaña de nueve partidos políticos, asimismo se destinan 15 mil

millones de pesos, que representan al cambio 810 millones de dólares en sueldos, prestaciones, dietas y gastos de operación para los legisladores integrados por 500 diputados federales y 128 senadores, ello con independencia de las legislaturas locales de 32 entidades federativas. Las pequeñas agrupaciones políticas, mantienen su registro al realizar alianzas con los partidos más grandes para lograr superar el mínimo de votos que requieren para mantener su financiamiento, disfrazan los intereses políticos y económicos de ideologías políticas. Los legisladores, son también el sector con menor productividad y con un nivel de desaprobación del 91 por ciento, según los índices y encuestas sobre transparencia y combate a la corrupción, catálogo 2014, gozan de grandes privilegios y la actividad legislativa está expuesta a intereses partidistas, se llegan a arreglos siempre y cuando haya beneficios y contraprestaciones, se intercambian posiciones políticas, en la administración pública, en los órganos de fiscalización, o en cualquier lugar en donde puedan obtener jugosas ganancias de sus negocios y del presupuesto público. Las auditorías superiores de los Congresos de los Estados, al igual que de la Federación, son las encargadas de llevar a cabo la revisión autónoma de los recursos públicos erogados por la administración pública, aunque también ha servido para negociar con alcaldes y gobernadores, a fin de no realizarles observaciones a cambio de cuantiosas sumas, evitando responsabilidades administrativas o penales, lo cual, deja sin sustento a los medios de supervisión, control y fiscalización, que inclusive ya forman parte del nuevo Sistema Anticorrupción. El Sistema Político Mexicano, sobrevive gracias al populismo disfrazado de “asistencialismo”, con múltiples programas sociales que le permiten repartir millones de dólares a las comunidades más pobres y a las organizaciones sociales, ello como un

mecanismo de control de voluntades que a la postre le generan millones de votos, puesto que se condiciona la entrega de credenciales de elector en épocas de elecciones para garantizar el voto en favor del partido oficial y al mismo tiempo, mantiene a la gente necesitada y dependiente de los apoyos, sin lograr abatir el hambre y la miseria en que se encuentran más 40 millones de mexicanos. Valga decir, que muchos de estos recursos millonarios NO llegan a su destino y son canalizados para campañas políticas. Por su parte, los gobernadores mexicanos de las 31 entidades federativas y la Ciudad de México, representan una clase política oligarca, un linaje de familias poderosas que han ocupado prácticamente todos los cargos en la administración pública y las legislaturas, intercambiándose los cargos públicos y curules, protegen celosamente sus intereses, negocios y posiciones, garantizando que solamente sus operadores y testaferros mantengan relaciones de negocios con ellos. Hoy existen casos muy representativos de corrupción de los políticos, que se encuentran procesados o sentenciados, siendo los exgobernadores de Quintana Roo, Mario Villanueva (vínculos con el narcotráfico); Veracruz, Javier Duarte de Ochoa; de Tabasco, Andrés Granier; de Sonora, Guillermo Padrés; de Michoacán, Jesús Reyna; de Nuevo León, Rodrigo Medina; de Tamaulipas, Tomás Yarrington (vínculos con el narcotráfico); de Veracruz, Flavino Ríos; de Chihuahua, César Duarte; de Tamaulipas, Eugenio Hernández; de Quintana Roo, Roberto Borge. Andrés Manuel López Obrador pretende reducir la corrupción quitando los privilegios, el fuero constitucional y bajando los sueldos a los funcionarios de gobierno, así como reestructurando, reduciendo, algunas secretarías y centralizar las compras del gobierno y las delegaciones de las secretarías. Todos ellos del Partido Revolucionario Institucional que gobierna desde hace más de 80 años, con excepción de Guillermo Padrés, del Partido Acción Nacional, quienes

literalmente saquearon el dinero del erario público, dejando incluso de pagar sueldos y prestaciones a los trabajadores, así como los recursos destinados al gasto social y endeudamiento público estratosférico, que no habrían logrado los gobernadores, sin la complicidad de sus legislaturas.26 La oposición, por su parte, también hace el juego -del policía bueno y el policía malo- al sistema político, un ejemplo de ello, es el partido denominado Movimiento de Regeneración Nacional de corte populista, liderado por Andrés Manuel López Obrador, quien formó parte del Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática y hoy estrena partido político con un presupuesto anual de 21 millones de dólares, ha logrado sumar a su causa a la pobreza, la necesidad y la ignorancia, que le reditúan en votos, es el principal promotor de “grupos de choque” que hoy sirven de plataforma política para sus aspiraciones personales. En su trayectoria fomentó la creación de organizaciones de invasores de predios, taxis piratas, moto taxistas, vendedores ambulantes, tianguis de productos del contrabando, entre muchos otros, encausando a los grupos necesitados y al mismo tiempo fomentando el desorden, la división, el odio y la anarquía. También es importante mencionar que en repetidas ocasiones sus colaboradores más cercanos, han sido filmados recibiendo maletas de dinero para sus campañas27 y recientemente el delegado de Tláhuac en la Ciudad de México, cercano colaborador de su partido, está enfrentando un proceso de destitución, por haber protegido al líder de un cártel del narcotráfico

El Nuevo Gobierno El presidente electo está más preocupado por la austeridad y el control del aparato administrativo federal en un reducido grupo de incondicionales, que por establecer una verdadera estrategia anticorrupción que incluya desde la prevención hasta la fiscalización-sanción; los 50 puntos que fueron difundidos en su mayoría ya se encuentran comprendidos en las leyes mexicanas, AMLO entiende que el problema no son las leyes sino su inaplicación.

Su estrategia resulta muy clara, él y un reducido grupo de sus colaboradores concentrarán las compras gubernamentales y el ejercicio de los recursos de los programas federales en los estados. Al señor Andrés Manuel le gusta el control y la delegación selectiva en algunos de sus amigos-colaboradores.

Sin estar a favor de los privilegios y los fueros, tengo dudas sobre que el bajar los ingresos, los salarios de los funcionarios públicos contribuya a combatir la corrupción, entiendo que un funcionario público bien remunerado que cubre los gastos de la familia sería presa menos fácil de la corrupción.

Irma Eréndira Sandoval, propuesta para encabezar la Secretaría de la Función Pública (SFP), declaró que “el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es una mesa burocrática

de trabajo donde muy poco se logra”, señala que en el SNA hay un rol minimalista de los ciudadanos y grandes huecos, indica que se debe incorporar al INE, al TEPJF y la FEPADE.

La doctora Sandoval señaló que tres serán las directrices de la SFP: prevención de la corrupción; profesionalización y meritocracia en el servicio público; aplicación de sanciones para acabar con la impunidad.

Bajos salarios, concentración del poder, controles y sanciones no me parece que sean los mejores incentivos para acabar con la corrupción; el marco regulatorio mexicano en materia de adquisiciones, obra pública, licencias y concesiones es exhaustivo, a la fecha sólo ha logrado tecnificar la corrupción, hacerla más cara y al alcance de sólo unos cuantos despachos y empresas.

La propuesta teniendo elementos rescatables se queda muy corta; quizá sea la hora de avanzar en un sistema regulatorio menos abultado, más allá de los múltiples controles y requisitos burocráticos insalvables, que de poco han servido para combatir la corrupción. Ahora que asume el poder ejecutivo, el tabasqueño de 65 años enfrenta enormes retos heredados de los gobiernos pasados, principalmente la corrupción y la violencia, además de otros que se han convertido en parte ineludible de la coyuntura, como el medioambiente y la situación migratoria que involucra las políticas del presidente Donald Trump y las caravanas.

López Obrador también deberá cumplir con las expectativas que él mismo generó respecto de temas como el combate a la pobreza durante su campaña, tras la cual se convirtió en el primer presidente de izquierda en México desde los años treinta (cuando gobernó Lázaro Cárdenas, a quien el nuevo mandatario ha calificado como “el mejor presidente del siglo XX que ha habido en el país”). Violencia y corrupción

Entre las mayores preocupaciones de los mexicanos se destaca que en 2017 el país rompió un récord histórico de asesinatos; además, las más de 33.000 personas desaparecidas en todo el país y el hallazgo de alrededor de dos mil fosas clandestinas en la última década. En cuanto a corrupción, México tiene la peor calificación de toda América Latina en índices de sobornos y más del 60 por ciento de los ciudadanos considera que los policías y representantes electos son corruptos, según Transparencia Internacional.

No obstante, el nuevo presidente ya ha generado polémica por las medidas que ha anunciado para atender ambos problemas.

En materia de corrupción, hace unos días fue criticado por sugerir en una entrevista de radio: “Juzgar a grandes corruptos es conspirar contra la estabilidad del país”. Hasta el momento, las altísimas tasas de impunidad en México —organismos especializados calculan que la probabilidad de que se resuelva o castigue un delito es de 0,9 por ciento— han significado que tampoco suelen ser condenadas las figuras de alto rango por actos de corrupción, si acaso llegan a ser procesadas. No queda claro aún qué planes tiene el

nuevo presidente para mejorar el sistema de justicia en un país donde muchísimas personas llevan años en prisión preventiva sin que se hayan iniciado juicios en su contra. En cuanto a la seguridad, López Obrador parece haber dado un giro. Durante la campaña indicó que no se combate “fuego con fuego” y mencionó que quería retirar a las fuerzas armadas de las calles, donde han estado desplegadas de manera generalizada desde 2006, a partir del inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico. Ahora que asume el mando ha dicho que su plan para la seguridad y la pacificación requiere la creación de una Guardia Nacional formada por militares y policías con entrenamiento castrense, y que incluso cambiará la Constitución para legalizar la movilización de esos efectivos.

Un tema pendiente vinculado tanto a la violencia como a la corrupción es el asesinato de periodistas que ha convertido a México en uno de los países más mortíferos del mundo para ejercer; además, el Times ha reportado que herramientas de espionaje adquiridas por el gobierno de Peña Nieto supuestamente para combatir el crimen han sido utilizadas indebidamente contra reporteros y defensores de derechos humanos.

Respecto a las desapariciones, en particular el caso emblemático de los 43 estudiantes de Ayotzinapa cuyo paradero se desconoce desde septiembre de 2014, López Obrador ha dicho que formará una comisión especial para indagar lo sucedido (un fallo judicial que exigía rehacer la investigación no fue acatado por el gobierno de Peña Nieto). Migrar de una política de seguridad punitiva a una que busque la justicia y la reconciliación, advirtió, no es algo que pueda ocurrir de la noche a la mañana y que arroje resultados a corto plazo.

“Tú vas a tener todavía balaceras aquí y allá, vas a tener agresiones contra periodistas, agresiones contra políticos, enfrentamientos entre grupos y para lidiar con eso, con el día a día de la violencia cotidiana, la amnistía no te ayuda. No vas a retirar al Ejército de los lugares en donde está, no vas a reentrenar a los policías. En su discurso como candidato de Juntos Haremos Historia, López Obrador también prometió grandes transformaciones en el gasto público y eliminar la corrupción. López Obrador, vamos a decirlo amablemente- tiene ciertos problemas a la hora de reconocer y sancionar actos de despilfarro o de corrupción de personas que le son adeptas. Los que esperemos del nuevo gobierno es que se lleve a cabo las medidas necesarias para hacer cumplirlas leyes que es una obstrucción para que nuestro México siga avanzando

Bibliografía

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pueden

consultar

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http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5447909&fecha=15/08/2016 El Financiero. “El costo de la corrupción en México en gráficas”. Publicado el 2 de marzo de 2017, [Acceso el 7 de agosto de 2017. http://www.elfinanciero.com.mx/economia/elcosto-de-la-corrupcion-en-mexico-en-graficas.html

El Universal. Nación. Política. México. “Diputados se dan bono secreto por fin de año”. Publicado

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