La Reforma Administrativa

Reforma Administrativa (Unidad IV)

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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR. UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN RODRÍGUEZ NÚCLEO DEL TUY. CÁTEDRA: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

REFORMA ADMINISTRATIVA (Unidad IV)

Facilitadota: Lic. Anggy Rodríguez Integrantes: González, Melitza. C.I. V- 16.093.009. Cubiano, Bahesa. C.I. V- 18.389.631.

STA. TERESA DEL TUY, JULIO DE 2007

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ÍNDICE INTRODUCCIÓN ……………………………………………………………………. 3. Concepto de Reforma …………………………………………………………………. 4. Evolución de la Reforma en Latinoamérica …………………………………………... 4. Objetivos de la Reforma Administrativa ……………………………………………… 5. Elementos para su conducción ………………………………………………………... 6. Reformas que ha realizado Venezuela………………………………………………… 8. Referéndum Popular …………………………………………………………………. 12. CONCLUSIONES ………………………………………………………………...… 15. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ………………………………………………. 17.

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INTRODUCCIÓN Para conocer el significado de “Reforma Administrativa” y todo lo que ella implica, primero es necesario definir lo que se quiere reformar. Es decir, debemos definir a la Administración Pública: “es una organización que el Estado utiliza para canalizar adecuadamente demandas sociales y satisfacerlas, a través de la transformación de recursos públicos en acciones modificadoras de la realidad, mediante la producción de bienes, servicios y regulaciones. Este concepto de administración publica nos muestra lo diverso que es esta “organización”, en el sentido de que incluye en su seno diferentes espacios y especialistas que se ocupan específicamente de una tarea, y que su interdependencia hace muy difícil establecer que se debe reformar y que no, y por ende realizar una reforma administrativa no es tarea de unos pocos, sino que abarca a todo el conjunto de ella y también a la sociedad como destino final de los “output” que ella produce. No solo en la administración pública hay instituciones. Hay algo dentro de ella que las mueve. Ese motor son las personas, mejor dicho los “funcionarios” que en su conjunto conforman la burocracia, y es esta burocracia la que se desenvuelve, cumpliendo su función impulsada por valores, patrones de conducta, emociones, sentimientos, intereses, etc. En cuanto a la reforma administrativa, podemos decir que es un proceso de transformación del aparato burocrático del Estado en sentido pleno

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LA REFORMA ADMINISTRATIVA “Proceso de transformación de actitudes, funciones, sistemas, procedimientos y estructuras administrativas de las dependencias y entidades del Gobierno Federal para hacerlas compatibles con la estrategia de desarrollo y fortalecer la capacidad ejecutiva del Estado en un contexto de planeación.” (http://www.definicion.org/reforma-administrativa) Respecto a los factores contenidos en la reforma administrativa, Egaña (2002), expresa: (…) las transformaciones al conjunto de instituciones del poder ejecutivo que realizan las operaciones de diseño y ejecución de políticas y de prestación de bienes y servicios públicos a los ciudadanos abarcan la denominada reforma administrativa. los ámbitos que incluye esta última consideran, básicamente, cuatro componentes: la estructura y gestión de los recursos humanos o servicio civil, las estructuras administrativas, los procedimientos decisionales y las relaciones con los ciudadanos. (Citado en: http://www.polisla.com/FILES/La%20reforma_del_estado_en_LA.pdf) A partir de este concepto, se puede inferir que, la esencia o lo invariable en la reforma administrativa, es que consiste en un proceso de transformación del aparato burocrático del Estado en sentido pleno y por ende, es evidente el inmenso consenso en que la reforma del Estado no es posible sin una verdadera reforma administrativa, es indispensable incluir en la propuesta de reforma del Estado el tipo de administración pública necesaria para responder y atender los desafíos de la situación actual.

Evolución de la Reforma Administrativa en Latinoamérica: En un compendio de las ideas de Cason y Brooks (1999), Llorente (1999), Myint (1996), May (1997), North (1998) y treissman (1999); la reforma del Estado en Latinoamérica tiene como causas las recurrentes crisis fiscales, la globalización de los mercados y los procesos democráticos, se realiza sin que se tenga una visión clara del papel

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que debe desempeñar el Estado y de las actividades que deben realizar las entidades públicas de tal forma que determinen su lugar en la reorientación del sector público. La reforma del estado en Latinoamérica ha experimentado grandes cambios, iniciándose basándose en los ajustes de la balanza de pagos y macroeconómico, la reestructuración de los incentivos y los precios relativos.; luego, en su segunda etapa, involucró la privatización y la contratación de un gran número de actividades del Estado que se consideran particularmente comerciables en un mercado y, por último comprende los ajuste institucionales a largo plazo necesario para consolidar y mantener las reformas anteriores. Esta última reforma implica dos acercamientos. En primer lugar hay un consenso de que el gobierno debería involucrarse solamente en aquéllas áreas donde el sector privado no tiene una ventaja comparativa y en segundo término, que la expansión selectiva o el fortalecimiento de las actividades gubernamentales se requiere para compensar la baja provisión de bienes públicos, incluyendo los servicios básicos. Al respecto, Pinto (2000), opina: La reforma y la modernización del estado hasta recientemente han sido tratadas como procesos evolutivos encerrados en el dominio de la soberanía nacional e impulsado exclusivamente por iniciativas de sus gobiernos. Es reciente el apelo a los organismos internacionales para apoyar estas iniciativas. Esto plantea la necesidad por parte de dichos organismos de prepararse para encarar este papel que les asignan sus clientes. (Disponible en http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CLAD/clad0038409.pdf ) Objetivos de la Reforma Administrativa: La reforma administrativa abarca dos grandes ámbitos de acción: el estrictamente administrativo y la economía política de la administración pública. Tener en claro estos ámbitos es de suma importancia para entender los procesos de reforma administrativa, sobre todo porque ésta suele presentarse como un paquete de técnicas administrativas y de medidas que buscan incrementar la eficiencia. Sin embargo, es un asunto sumamente político que afecta el balance de poder entre diversos actores (empleados públicos, secretarios de Estado o ministros, legisladores y altos funcionarios de la administración

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pública central, agencias, grupos de interés y ciudadanos). De acuerdo con Martner (1984), los propósitos u objetivos que persigue la Reforma Administrativa son: 1. La reforma administrativa es un proceso de cambios permanentes, no un solo acto de modificación legal. 2. La reforma administrativa no es en sentido estricto un proceso para la modernización, dependiendo del sentido de la modernización que se pretenda. 3. La reforma administrativa busca una racionalidad dirigida o focal. 4. La reforma administrativa no busca sólo la eficiencia por sí misma, sino un cambio significativo en el aparato gubernamental. 5. La reforma administrativa es un proceso multidisciplinario, donde participan diferentes especialistas en ciencias sociales 6. La reforma administrativa pretende incidir en los sectores estratégicos del gobierno. 7. La reforma administrativa es un proceso de cambios graduales y selectivos, en sectores estratégicos del gobierno.

Elementos para la conducción de la Reforma Administrativa: Al respecto, Pinto 2000 señala: Las reformas del estado y sus elementos subsidiarios como las reformas administrativas, siempre que sean de alcance integrado deben iniciarse con un diagnostico. Esto no quiere decir que siempre se presenta la oportunidad de empezar las reformas con diagnósticos, pues muchas reformas se realizan a partir de plataformas de nuevos gobiernos en que la problemática ha sido políticamente caracterizada y la estrategia políticamente formulada. Muchas reformas se inspiran más bien en visiones de un estado más eficaz o una administración pública moderna, o sea elementos subjetivos capaces de movilizar recursos y crear expectativas con relación a los resultados de una reforma. Las reformas concebidas de esta forma pueden no cuadrar con los diagnósticos pues en su objetividad estos pueden apuntar hacia cambios que no son compatibles con los requeridos por la visión reformista. Las ventajas de los diagnósticos son múltiples. Primeramente permiten escojas fundamentales, como saber cuando se requiere una reforma del estado y no una simple reforma administrativa, evitando un equivoco común que es tratar

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las falencias del estado con reformas administrativas o vise versa. Enseguida el diagnostico sustituye las hipótesis impresionistas por evidencia empírica, neutralizando los perjuicios que puedan haber acerca de los cambios a operar. El diagnostico aumenta la legitimidad de la reforma ya que le confiere objetividad, transparencia e imparcialidad, lo que puede ampliar sus bases políticas. Esto es el caso cuando los diagnósticos se hacen de tal forma que la demanda por las reformas sea explicitada y se descubran las motivaciones más bien de oferta tecnocrática que muchas veces son los motores de las reformas. Cuando es participativo, el diagnostico asocia los reformadores a los reformados, ya que todos son llamados a contribuir a la identificación de las falencias a tratar. Finalmente, un diagnostico es necesario si a la reforma se quiere dar un alcance amplio, programático y manejarla de forma integrada. Esto implica en desagregarla en módulos o proyectos en función de prioridades o segmentos que deben guardar relación con la problemática definida objetivamente por los diagnósticos. (Disponible en: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CLAD/clad0038409.pdf ) Heredia y Schneider encuentran que en los casos de reforma administrativa exitosos han estado presentes los siguientes elementos: •

Los programas de reforma generalmente fueron diseñados y dirigidos, por en un pequeño grupo de especialistas de alto nivel ubicados dentro del Ejecutivo.

•

En clara relación con el equipo reformador las reformas se organizan y su implementación, coordinación y supervisión está a cargo de una agencia creada ex profeso para desarrollar la reforma administrativa.

•

La influencia internacional, en particular las ideas sobre las mejores prácticas del gerencialismo, fueron incorporadas al diseño original del programa de reforma.

•

El apoyo inicial dentro del Ejecutivo dependió tanto de la ausencia de una fusión entre las elites burocráticas y políticas y la introducción de la reforma administrativa en otras metas gubernamentales de corto y largo plazo.

•

La crisis fiscal aceleró las iniciativas de reforma. Los factores institucionales y las coaliciones acompañaron los procesos en el mediano plazo durante la promulgación e implementación de los objetivos de la reforma.

•

Los factores estratégicos y el ‘empaquetamiento’ de la reforma (reforma parasitaria) en el seno de reformas más amplias (reformas huésped) fueron

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importantes en este nivel para superar los obstáculos institucionales y la construcción de coaliciones.

Reformas que ha hecho Venezuela Interpretando a Lindemann y Llambí (2001), El 17 de diciembre de 1984 es creada la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), en consecuencia con el VII Plan de la Nación, en cuyo enunciado parece anunciarse como próximo paso. Según se expresa en el decreto, se irá a un “Estado moderno, esencialmente democrático y eficiente, en el cual los postulados de la Constitución adquieran plena vigencia y la participación ciudadana constituya un elemento efectivo en la toma de decisiones de los poderes públicos”. Ramón J. Velásquez es designado presidente de la COPRE. Se inicia un amplio proceso de consultas a distintos sectores de la sociedad para recoger sus opiniones y sugerencias. A resultas de esto, la COPRE logra una amplia aceptación y consigue el respaldo de diversos grupos de opinión. A finales de 1985 comienzan a ser presentadas las propuestas: “Lineamientos generales para una política de descentralización territorial en Venezuela”; “Reformas inmediatas del Poder Judicial”; “Propuesta para impulsar el proceso de descentralización en Venezuela”; “Lineamientos generales para una nueva estrategia económica para Venezuela”. Un documento producido por este organismo, “Propuestas para reformas políticas inmediatas” es rechazado por el gobierno debido a que sale a la luz pública antes de su aprobación. Con esto disminuye el entusiasmo gubernamental por la COPRE, a pesar del importante lugar que ha alcanzado como escenario de debate y de intermediación social. El documento propone la elección popular, directa y secreta de los gobernadores de estado; profundización de la democracia en los partidos; reformas a la Ley Orgánica del Sufragio, y reforma de la Ley Orgánica del Régimen Municipal, en la cual se contempla la creación de la figura de los alcaldes. Acción Democrática no mira la propuesta con simpatía, por lo que el Parlamento demora su discusión hasta que finalmente alega falta de tiempo para considerarlo en el

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período de sesiones que concluyen con la presidencia de Lusinchi. No obstante, en julio de 1988 el Congreso aprueba la Ley de Régimen Municipal que crea la figura del alcalde y en agosto, la Ley sobre Elección y Remoción de Gobernadores de Estado, y la Ley sobre el Período de los Poderes Públicos de los Estados. En diciembre de 1989 se realizan las primeras elecciones de gobernadores y alcaldes regidas por esta ley. Los dos aspectos más conflictivos del programa de ajuste fueron la desregulación de los mercados agrícolas y la apertura económica. En 1990 el gobierno decidió la apertura casi total de la economía nacional. Sin embargo, ya en 1991, tuvo que dar marcha atrás y reestablecer alguna forma de protección para algunos productos agrícolas, ahora juzgados "vulnerables", y para algunos alimentos ahora juzgados "básicos". Así, se estableció una nueva lista de alimentos básicos, cuyos precios serían controlados por el estado, aunque se mantenía la desregulación del resto de productos del sector. Por un largo período, esta constituyó la política agrícola de facto, ya que cualquier otra forma de intervención fue juzgada inadecuada en un país que implementaba una política comercial sectorialmente "neutra". En febrero 1991 el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo aprobaron un préstamo de ajuste sectorial: el Programa de Inversión para la Transformación del Sector Agrícola (PITSA), con tres componentes principales: 1) un programa de inversión público; 2) un programa de reforma de las políticas públicas que abarcaba una reforma comercial y la desregulación del sector financieros y de los principales mercados de insumos y productos agrícolas; y 3) un programa de fortalecimiento del sector público agrícola que incluía, además de un plan de catastro de tierras, la reducción del empleo público en el sector, la transferencia de algunos servicios hacia los gobiernos subnacionales (descentralización territorial), y la transferencia de otros servicios hacia la empresa privada (privatización). El gobierno sabía perfectamente que estas reformas sectoriales generarían una fuerte oposición política por parte de la mayoría de los agricultores, quienes verían en peligro los beneficios logrados durante el modelo económico anterior. Por lo tanto, a fin de garantizar la irreversibilidad de las reformas se diseño una estrategia de atar las políticas a compromisos con la banca multilateral y a acuerdos internacionales. A pesar de estos esfuerzos, ya en junio de 1991 la persistencia del clima de inestabilidad política, particularmente en el medio rural, produjo un retroceso parcial en algunas de las políticas del programa de ajuste estructural. Estos retrocesos demostraban la gradual pérdida de legitimidad social y política del programa, exactamente lo mismo que se buscaba evitar desde el inicio.

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En junio 1993 el Congreso nombró un Presidente interino a fin de que culminara el período de gobierno iniciado por el presidente depuesto. La elección de la nueva administración manifestaba el consenso social que para ese momento existía en el país de que el programa de ajuste macroeconómico y de reforma del estado debía ser revisado en su totalidad. De modo que, el nuevo gobierno sancionó un programa de ajuste revisado, que ahora buscaba una apertura económica selectiva y negociada y el regreso a algunas formas de intervención en los mercados domésticos; aunque estas medidas sólo se planteaban como temporales. Por el contrario, el gobierno interino juzgaba prioritario el fortalecimiento de la descentralización territorial iniciada algunos anos antes. En 1993, el gobierno interino decidió transferir a los estados un gran número de responsabilidades, incluyendo algunos servicios de apoyo al sector agrícola. Sorpresivamente, algunos gobernadores resistieron la transferencia de muchas de estas funciones hasta tanto el gobierno central no procediera a su previa reestructuración. El temor de los gobernadores era que más bien se transfirieran deudas, así como la carga de unas nóminas de funcionarios públicos excesivamente onerosas. Por otra parte, los intereses electorales de corto plazo de algunos gobernadores favorecían la transferencia de los servicios sociales "urbanos", ya que incluso en los estados que dependen de la agricultura, la mayoría de la población habita en centros urbanos. Por el contrario, una descentralización de facto de algunas funciones por parte de algunos gobiernos locales (estaduales y municipales) también tuvo lugar. La mayoría de los gobernadores decidió, por ejemplo, la creación de agencias públicas regionales completamente nuevas, más que la transferencia de las ineficientes agencias centrales. Para esto, diseñaron organizaciones que, en gran medida, que contrataban a empresas privadas y a organizaciones nogubernamentales (ONGs) la prestación de los servicios. Fenómeno éste que en la literatura académica ha sido bautizado como "tercerización". El resultado final, muchas veces, fue el surgimiento de múltiples conflictos jurisdiccionales y el solapamiento de funciones por parte de organizaciones públicas de diferente tipo y origen. En 1994 un nuevo presidente fue electo, dando lugar a una tercera etapa de reformas. Algunos días después de la transmisión de mando, sin embargo, el sector financiero colapsó, amenazando no sólo la estabilidad de los demás sectores de la economía sino también de todo el sistema democrático de gobierno. La estabilidad política, y no el ajuste macroeconómico, pasó a ser la prioridad de la agenda gubernamental. Esta vez, la peligrosa coexistencia de una crisis política y una económica, se utilizó como argumento no solo para un regreso temporal a los controles, sino también para la postergación de gran parte del programa de reforma del estado. El fondo inter-gubernamental para el financiamiento de la descentralización (FIDES), creado anteriormente por el gobierno interino, se convirtió en el principal motivo de discordia. Para el GC, la prioridad era reducir el déficit fiscal

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público, mientras que para los gobernadores la creación del fondo era el logro más importante de todo el proceso de reforma. Aún así, el GC logró convertir el poder de negociación que le permitía el FIDES en una poderosa palanca para morigerar la hostilidad de los gobernadores estaduales. Paralelamente al proceso de descentralización "desde abajo", liderizado por los gobernadores estaduales, surgió también un programa de descentralización "desde arriba" centrado en la municipalización, y auspiciado por el GC y los organismos multilaterales. En 1994 el Banco Mundial y el Ministerio de Agricultura dieron inicio a un Programa de Extensión Agrícola (PEA), basado en una supuesta fórmula de cofinanciamiento GC-gobernaciones estadualesmunicipios-agricultores. A fin de acceder a los recursos proporcionados por el BM al GC, muchos alcaldes se apresuraron a crear agencias municipales de extensión agrícola, siguiendo los lineamientos del programa. No obstante, a muchos otros, y a pesar de que sus municipios eran rurales, el programa no les interesó. Un fenómeno que revelaba el sesgo urbano que aún poseían muchos gobiernos locales. El PEA fue diseñado a fin de dar cuenta de dos importantes debilidades en el anterior programa de reforma. Primero, la necesaria reconversión productiva de los sistemas productivos a fin de dar cuenta de las redefinidas ventajas comparativas locales como resultado de la apertura económica. Una reconversión que sólo podría ser lograda si se establecía un fuerte vínculo entre, por una parte la investigación agrícola, y por otra la diseminación de la información tecnológica y de mercados. A nuestro juicio, los parciales resultados del PEA sólo pueden ser explicados si tomamos en cuenta que el programa de Investigación Agrícola no ha podido ser reorganizado en función de la demanda, y que la mayoría de los agricultores han refutado vincularse a estos programas (menos aún pensar en financiarlos) ya que están aún a la espera de resultados concretos. Existen, no obstante, otros casos de exitosa descentralización en el sector público agrícola. El más importante, a nuestro juicio, ha sido la transferencia de facto (no de jure) del manejo de los pequeños sistemas de irrigación (mayormente en la región andina), anteriormente bajo la autoridad de agencias regionales del Ministerio de Agricultura. La transferencia ha sido sólo de facto, debido al no ejercicio por parte del Ministerio de las responsabilidades que anteriormente le competían en el manejo de los sistemas, no porque se haya tomado ninguna decisión sino debido a insuficiencia presupuestaria. Este ejemplo nos permite ilustrar otro importante aspecto del proceso. El súbito retiro del GC, como consecuencia de las reformas, no solo ha dado como resultado la creación de importantes vacíos sino también la ausencia de una estrategia de desarrollo agrícola coherente, capaz de establecer prioridades, y por lo tanto coordinar las iniciativas sectoriales de los gobiernos subnacionales. Durante 1998-99 comenzó una cuarta etapa del proceso de reforma. El viejo sistema de partidos políticos finalmente colapsó y una nueva Constitución fue aprobada. Aún es demasiado prematuro decidir hacia donde dirigen las nuevas

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reformas, aunque es evidente que la mayoría de las reformas pro-mercado y el proceso de descentralización "desde arriba" han sido detenidos, sino abortados. El país aún se encuentra en el proceso de forjar un nuevo pacto de gobernabilidad, para lo cual sería necesario nuevo consenso social. El resultado final no es aún previsible, pero la fortaleza que alguna vez tuvo el proceso de descentralización territorial, aunado en el pasado a un genuino proceso de democratización, permiten mantener la esperanza en el fortalecimiento de ambos procesos. Interpretando a Márquez (2007), El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha establecido una Comisión Central de Planificación que tiene como misión elaborar el nuevo modelo socialista, hecho que implica el fin de la autonomía que durante años tuvieron las reparticiones estatales para diseñar sus propios planes, programas y presupuestos. En realidad la Comisión, encabezada por el vicepresidente Jorge Rodríguez, es un comité del gabinete, pues la integran los ministros de Planificación, Finanzas, Trabajo, Industrias, Agricultura, Ciencia y Tecnología, Minería, Energía y Economía Comunal. El Referéndum Popular La Carta Magna (1999), en su Sección Segunda, sobre el Referendo Popular establece: Artículo 71. Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes; o a solicitud de un número no menor del diez por ciento de los electores y electoras inscritos en el registro civil y electoral. También podrán ser sometidas a referendo consultivo las materias de especial trascendencia municipal y parroquial y estadal. La iniciativa le corresponde a la Junta Parroquial, al Concejo Municipal y al Consejo Legislativo, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; el Alcalde o Alcaldesa y el Gobernador o Gobernadora de Estado, o a solicitud de un número no menor del diez por ciento del total de inscritos en la circunscripción correspondiente. Artículo 72. Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Artículo 73. Serán sometidos a referendo aquellos proyectos de ley en discusión por la Asamblea Nacional, cuando así lo decidan por lo menos las dos

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terceras partes de los las integrantes de la Asamblea. Si el referendo concluye en un sí aprobatorio, siempre que haya concurrido el veinticinco por ciento de los electores o electoras inscritos o inscritas en el registro civil y electoral, el proyecto correspondiente será sancionado como ley. Los tratados, convenios o acuerdos internacionales que pudieren comprometer la soberanía nacional o transferir competencias a órganos supranacionales, podrán ser sometidos a referendo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por el voto de las dos terceras partes los y las integrantes de la Asamblea o por el quince por ciento de los electores y electoras inscritos en el registro civil y electoral. Artículo 74. Serán sometidas a referendo, para ser abrogadas total o parcialmente, las leyes cuya abrogación fuere solicitada por iniciativa de un número no menor del diez por ciento de los electores inscritos en el registro civil y electoral o por el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros. También podrán ser sometidos a referendo abrogatorio los decretos con fuerza de ley que dicte el Presidente o Presidenta de la República en uso de la atribución prescrita en el numeral 8 del artículo 236 de esta Constitución, cuando fuere solicitado por un número no menor del cinco por ciento de los electores y electoras inscritos en el registro civil y electoral. Para la validez del referendo abrogatorio será indispensable la concurrencia del cuarenta por ciento de los electores y electoras inscritos en el registro civil y electoral. No podrán ser sometidas a referendo abrogatorio las leyes de presupuesto, las que establezcan o modifiquen impuestos, las de crédito público y las de amnistía, así como aquellas que protejan, garanticen o desarrollen los derechos humanos y las que aprueben tratados internacionales. No podrá hacerse más de un referendo abrogatorio en un período constitucional para la misma materia. (pp. 64-68) El hecho de que las materias de especial trascendencia nacional, parroquial, municipal y estadal, pueden ser sometidas a Referéndum Consultivo, es un mecanismo que permite en forma indiscutible la profundización del sistema democrático, por cuanto los electores y electoras tienen el derecho a ser consultados. Simultáneamente, se crea un mecanismo de retroalimentación entre los mandantes y mandatarios. Este sistema consultivo sobre materias de trascendencia, se perfecciona con el carácter esencialmente revocable de todos los cargos y magistraturas. El cumplimiento de los requisitos establecidos por la Constitución para el mecanismo de Consulta y Revocación

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está determinado por la naturaleza de las materias que deben ser sometidas al Referéndum Consultivo y el cumplimiento de un período de tiempo en el ejercicio de los cargos, que en el Referéndum Revocatorio es la mitad del período por el cual fueron elegidos los representantes. El Referéndum Revocatorio es un derecho de los electores inscritos en los porcentajes que indica la Constitución y su amplitud abarca también al conocimiento de aquellos proyectos de ley en discusión por la Asamblea Nacional, cuando así lo decidan por lo menos los dos tercios de sus integrantes. Estas disposiciones del Referéndum Popular Consultivo y Revocatorio que consigna la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, son únicas y originales.

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CONCLUSIONES: En el proceso de reforma el Estado, promovió la innovación política pues las actividades fundamentales que se realizaron se dirigieron a transformar el funcionamiento del mismo, retroalimentando su legitimidad, a través de la búsqueda de visiones comunes en torno a valores compartidos que se plasmaron en proyectos (los cuales fueron variando de acuerdo a los cambios de acuerdo a los cambios del contexto). La comisión presidencial para la reforma del estado, operó como mecanismo de innovación al hacer posible que se resquebrajaran ciertas costumbres políticas que acompañaron al pacto de punto fijo. En realidad, la corriente de opinión favorable a las reformas en pos de la profundización de la democracia, fue un logro efectivo de la COPRE, como se evidencia en la crecida vocación democrática de la ciudadanía venezolana, expresada en su adhesión a los valores institucionales de alternabilidad, justicia e igualdad. El aprendizaje interactivo que se llevó a cabo en el proceso de Reforma del Estado, es una de las experiencias democráticas más significativas de la sociedad venezolana, la cual había sido largamente excluida del debate creador por los partidos tradicionales, y fue invitada e incorporada por la COPRE, a la autorreflexión sobre la construcción de su vida colectiva. La Comisión Central de Planificación decretada por el Presidente Hugo Chávez, impulsará la transición hacia un Estado más centralizado, enfocándose a una estructura económica tanto estatal como privada. La reforma administrativa ha sido, y continúa siendo, una importante preocupación de los gobiernos en la mayoría de los países del mundo. Las reformas se han caracterizado por un amplio rango de “soluciones” y por una variedad de estilos de intervención. Ciertamente, la administración pública se ve ahora diferente de lo que se veía hace dos décadas atrás, y ahora se utiliza un lenguaje diferente para describir la manera en que funcionan los gobiernos. Sin embargo, al margen de todas las reformas (sean éstas exitosas o no), continúan existiendo una serie de problemas en la administración pública de estos

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países, y algunos de esos problemas constituyen justamente el producto de los procesos previos de reforma. Hemos reformado, y encontramos que algunas de esas reformas tuvieron sus beneficios, pero también tuvieron sus costos, de manera que existe todavía una gran cantidad de trabajo por hacer para lograr que el desempeño del gobierno sea como el que realmente quisieran, tanto los ciudadanos como los políticos.

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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Cason, J. y Brooks, D. (1999). "Los 400 más ricos de EU elevaron su capital 177% en una década", La Jornada, Domingo 26 de Septiembre de 1999, Pág. 65. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1999. Egaña, R. (2002), citado en Waisbluth, M. (2002) “La Reforma del Estado en América Latina”, diponible en: http://www.polisla.com/FILES/La%20reforma_del_estado_en_LA.pdf Heredia, B y Schneider, B. “The Political Economy of Administrative Reform in Developing Countries”, en Ben Ross Schneider, Blanca Heredia (Editors), Op. cit., pp. 14-20. http://www.definicion.org/reforma-administrativa Lindemann, T. y Llambí, L. (2001) “Reformas del estado y descentralización del sector público rural y agrícola: Lecciones de la experiencia latinoamericana”, disponible en: http://www.fao.org/sd/2001/IN0502a_es.htm Llorente, B. (1999). "No bastan la democracia y el mercado; hace falta el Estado de Bienestar", Milenio, número 70, enero 4 de 1999. México, D. F. Páginas 17-22. Márquez, H. (2007) “POLÍTICA-VENEZUELA: La hora de la centralización”, disponible en: http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=41415 Martner, Gonzalo; “El papel de la reforma administrativa en la estrategia de desarrollo, Kliksberg, Bernardo (comp.) La reforma de la administración pública en América Latina”, Madrid, INAP, 1984, pp. 57-61 May, C. (1997). “From international political economy to global political economy. The International Political Economy Yearbook Series: an assessment”, Political Geography, Vol. 16, No. 7, pp. 605-615. Myint H. (1996). “The political economy of poverty, equity and growth: A comparative study. Oxford”, Clarendon Press. North, L. (1998).”Reflections on democratization and demilitarization in Central America”, Studies in Political Economy 55, Spring. Pp.155-171.

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Pinto R. (2000),” Un enfoque institucional a la reforma del Estado “, disponible en: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CLAD/clad0038409.pdf Treisman, D. (1999). “The causes of corruption: a cross-national study”, Working paper. Stockholm Institute of Transition Economics and East European Economics.

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