Eutanasia

La eutanasia es el acto intencionalmente dirigido a privar de la vida a otra persona que voluntariamente solicita que su vida finalice, habitualmente un moribundo que sufre y pide al médico que lo ayude a morir. Es un acto prohibido por las leyes del país, los principios éticos y morales, las resoluciones y recomendaciones de las organizaciones y sociedades médicas de prestigio internacional que, sin embargo, tiene una creciente demanda social que pugna por su aprobación. La eutanasia se admite, legisla y practica sin sanción legal en países como Holanda y Suiza. El Dr. Luis A. Pando Orellana, autor del libro La tradición médica, define la eutanasia como: “muerte sin sufrimiento físico y en sentido estricto la que se provoca voluntariamente”. Otros la definen como “muerte buena” o “muerte feliz”. El análisis del dilema ético obliga a reflexionar, en primera instancia, sobre la vida y la muerte, no tan sólo en términos académicos, filosóficos, éticos y legales, sino también como un hecho personal-esencial a la propia existencia y a la práctica de la profesión médica.

Eutanasia es el nombre de una acción humana; realizada por un profesional de la Medicina; Solo y exclusivamente ante una enfermedad crónica e incurable que produce sufrimiento físico o psicológico; y que además solo se lleva a cabo ante la solicitud del propio paciente. Se establece entonces una diferencia de actitud del médico que en lugar de desahuciar al paciente y abandonarlo a su cruel evolución, le ayuda administrándole algún fármaco que acelere el proceso de morir pero sin sufrimiento ni físico ni moral. La vida de un ser humano no tiene el mismo valor para sí mismo en circunstancias diferentes. El valor de la vida no se asigna por los demás sino por el propio individuo y depende de elementos históricos, culturales, de capacidades realizables y bienestar psico-físico.Hay elementos suficientes para justificar la eutanasia activa voluntaria entendida cabalmente como se ha definido.

En México, 45% de enfermos terminales son sometidos a eutanasia pasiva, dice especialista en bioética; diputados del PRI llaman a debate para subsanar indefinición legal.

En reunión con especialistas en bioética de la UNESCO, diputados federales del PRI se pronunciaron por someter el tema de la eutanasia a un amplio debate nacional, con participación plural y multicultural debido a su carácter complejo y de indefinición jurídica, para estar en condiciones de legislar en la materia y evitar que la muerte asistida se convierta en un negocio. Y es que, refirió la diputada Beatriz Pagés Llergo Rebollar, la eutanasia como el aborto y la pena de muerte son temas que inevitablemente caen en el terreno de la moral individual, aunque el doctor en bioética, Horacio García Romero, dijo que en México 45 por ciento de los pacientes internos en terapia intensiva son sujetos de la eutanasia pasiva. “El punto es que —indicó Pagés en la reunión celebrada en el Palacio Legislativo de San Lázaro— está en juego el derecho a la vida, la autodeterminación, el principio de dignidad y la potestad a tener una muerte digna. De ahí su complejidad, polarización y desencuentro, por lo que no deben ser abordados superficial o frívolamente, porque se contraponen tanto la ética como el derecho, la ciencia, la antropología, la religión y la psicología”. Empero, adujo, oponerse a la eutanasia significa dejar un peligroso vacío jurídico “para que sigan aplicándose decisiones arbitrarias sobre el paciente o provocarle mayor sufrimiento”. En consecuencia, precisó, el gran desafío para el Congreso de la Unión es construir un sistema jurídico que garantice el derecho a la eutanasia y al mismo tiempo impidas convertir la muerte asistida en un negocio, en una salida fácil o en un recurso para ocultar la ineptitud médica. “La eutanasia —agregó Pagés—, es uno de los grandes asuntos del siglo XXI, por lo que los congresos, los parlamentos y gobiernos del mundo deben dar una respuesta justa. El gran desafío es legislar sin afectar los derechos fundamentales del hombre”. En tanto el legislador Salvador Barajas del Toro, presidente del Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, recordó que en México no ha sido normada la práctica de la eutanasia, considerándosele homicidio por omisión, penada hasta con cinco años de prisión, “pero ni siquiera está definida como tal, expresamente, en el Código Penal Federal”. Por tanto, señaló, el hecho de provocar acciones que pueden dar lugar a la muerte de un paciente sigue siendo controversial; desafortunadamente hay vacíos legales derivados de la dificultad para hablar sobre el tema y, sobre todo, para lograr acuerdos.

De ahí la importancia —refirió— de abrir el tema a debate nacional, porque la información que se derive “servirá para tomar decisiones acertadas, con el objetivo de que las comisiones (legislativas) empiecen a debatir los dictámenes referentes a la eutanasia y así reformar los artículos pertinentes”. En su turno el director de Estudios Sociales del CESOP, Francisco Sales Heredia, expuso que pese a no existir una definición exacta de la eutanasia, casi todos los especialistas coinciden al explicarla como la acción de un médico, que a través del consentimiento del paciente desahuciado, evita su sufrimiento y acelera la muerte, pero en la mayoría de los países donde se ha legislado sobre la materia, “generalmente se distingue entre eutanasia y otro tipo de intervenciones médicas que pueden llevar a la muerte del paciente”. Al respecto la directora del Doctorado en Bioética y Biojurídica de la UNESCO, María Dolores Vila Corzo, aseguró que la mayoría de los médicos rechaza la práctica de la eutanasia, por tratarse de un acto deliberado de dar fin a la vida de un paciente, porque antepone su ética a la petición, incluso expresa del paciente. Pero el doctor García Romero discrepó de Vila Corzo e informó que en los servicios de terapia intensiva de hospitales del país fallece 45 por ciento de los pacientes, porque los médicos, preocupados por el paciente desahuciado, aplican la eutanasia pasiva. Y explicó: “Suspenden todos los tratamientos. Los médicos valoran la situación y, en caso de coincidir en que el enfermo no podrá reincorporarse a una vida normal y digna, generalmente deciden suspender todos los medicamentos”, aunque la práctica no ha trascendido en denuncias. Desafortunadamente, aclaró, las leyes mexicanas sostienen que es un homicidio por omisión suspender los tratamientos a un paciente y provocarle el fallecimiento, sin importar si sufre o no, por lo que es importante legislar en la materia, con fundamento en el resultado de un gran debate plural y multicultural, como planteó la diputada Pagés Llergo Rebollar.