Eltelegrafo.01-09-2008

&. CONTRAPUNTO E N T R E V I S T A Cambios en turismo para Galápagos se dan entre dudas

Ecuador, lunes 1 de septiembre de 2008

Existe una Junta de Manejo Participativo, pero algunas nuevas disposiciones para la conservación no satisfacen al sector pesquero de las islas. Galápagos está en una carrera por salir de la lista de Patrimonios en Peligro, en donde la Unesco tiene al archipiélago desde 2007.

LENIN MORALES ZAVALA Armador pesquero, presidente de la Unión de Cooperativas de Producción Pesqueras Artesanales de la Provincia de Galápagos (Ucoopepgal) y representante del sector ante la Junta de Manejo Participativo del Archipiélago. También acude a encuentros y citas como delegado de los más de 700 pescadores que hay en las islas.

MANUEL BERNALES

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Coordinador de la Junta de Manejo Participativo en las Islas Galápagos desde hace 6 meses. Nació en Lima y es sicólogo social, especializado en solución de conflictos. Ha trabajado como asesor del Poder Judicial en Perú y mediador de conflictos ambientales en la Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA).

FOTOS: ALFREDO PIEDRAHÍTA / El Telégrafo

Cuál es el descontento del sector pesquero frente a las nuevas regulaciones turísticas que ha dispuesto el Gobierno?

El sector pesquero siempre ha venido reclamando las irregularidades que se han dado en la provincia de Galápagos con el sector turístico, y más ahora que vemos que nos hemos metido en un proceso para un cambio de actividad, en donde se deben presentar proyectos y hay bases que al sector pesquero se les hacen difícil cumplir, debido a los requisitos que se piden. Vemos que ahora se quiere regularizar a personas que han estado trabajando de forma irregular, sin cumplir con los requisitos que se nos exige al sector pesquero artesanal de las islas.

¿Ustedes están de acuerdo en cambiar su actividad pesquera por el turismo? En primera instancia estábamos dispuestos a dejar la actividad pesquera por la actividad turística, pero lastimosamente los requisitos que se implementaron ahora desbarataron todo el manejo participativo que veníamos haciendo y no se dio lo que pedimos. Todo eso se fue abajo con un decreto (el 1130).

Pero el cambio está estipulado en la ley de 1998… Exactamente, y mire, desde hace 10 años está estipulado que al sector pesquero se le dé una alternativa, pero recién se lo quiere hacer, sin embargo hay ciertas normas difíciles para nosotros.

¿Cuáles son esas normas difíciles para el sector? Una de ellas es que nosotros hagamos un estudio de impacto ambiental, eso es hacer un proyecto que cuesta 12.000 dólares; el sector pesquero no tiene recursos para esos requisitos.

Hay préstamos disponibles para que se financien los proyectos… Los préstamos nunca llegan a nosotros, eso es algo que venimos reclamando, pero lastimosamente no se le hace caso al sector pesquero de la provincia.

¿Cuál sería la alternativa del sector pesquero? Hay muchas que hemos venido planteando, en el sentido de que se

“Hay que hacer un proyecto de turismo no tan técnico ni costoso, para que el sector pesquero lo pueda realizar” respete el manejo participativo que se ha dado aquí en las islas Galápagos. Porque no puede ser que en un decreto se cambien las cosas. Han habido consultorías para este tema y no se las respetó, se hicieron cambios de lo planteado.

¿En qué consiste ese manejo participativo? Es donde todos los sectores consensuamos el trabajo en las islas y el manejo que se hace, para luego pasar los resultados a la autoridad y que eso se apruebe.

¿Eso es lo que se hace en la Junta de Manejo Participativo (JMP)? Sí, pero no es respetado, porque el Gobierno dice que debe ser de otra manera. Ha pasado muchas veces, por ejemplo con lo de las patentes turísticas, para lo que se trajo hasta consultorías. Nosotros planteamos otras opciones, otras formas para que las patentes lleguen a los pescadores de Galápagos. Hay que hacer un proyecto no tan técnico ni costoso para que el sector pesquero lo pueda realizar. (MG)

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Es cierto que el Gobierno ha irrespetado los consensos conseguidos en la Junta de Manejo Participativo?

Hoy en día no podemos hablar de eso, porque lo que estamos viendo en las últimas decisiones es que se están llegando a los consensos de forma muy escrupulosa. Por ejemplo, en los temas del reglamento de pesca; el Ministerio ha asumido el reto de que todas las decisiones que se toman en la Junta sean respetadas.

¿Con qué instancias se cuenta para que estas decisiones sean aprobadas? Hay dos instancias: la Junta de Manejo Participativo, que incluye al sector pesquero, turístico, científico, educativo y de conservación. Las decisiones que se tomen en la Junta, pasan a la instancia del Estado (Gobierno, Ministerios de Ambiente, de Turismo y de Defensa).

Entonces hay garantía de que se respetan las decisiones de la Junta… A veces se presenta el caso de que no se alcanzan algunos consensos, y cuando esto sucede es la segunda instancia la que decide, entonces ahí no hay nada que respetar, ahí hay que decidir.

“A veces se presenta el caso de que no se alcanzan consensos. Entonces ahí no hay nada que respetar, ahí hay que decidir (segunda instancia)” ¿Hay actualmente un tema no consensuado? El de tour de bahía y buceo. Hay gente que está operando porque hay un vacío legal, y el PNG lo reconoce, no tomó las precauciones en su debido momento y luego de 10 años

este problema ha crecido. Este es un tema en que no se respetará lo que diga la Junta por una sola razón: no hay decisión.

Dicen que en la Junta se aprobó una forma diferente al decreto para que los pescadores cambien su actividad a la turística y que tienen que invertir en proyectos y embarcaciones... Entiendo que se está dando un concurso de paquetes turísticos por cupos (concesiones del Estado para ejercer la actividad turística) y uno de los requisitos es que se tenga una embarcación. Es cierto que se está poniendo una valla alta, pero una de las cosas que está haciendo el PNG y otros sectores es que se permite la asociatividad.

¿Qué facilidades hay para un crédito que financie un proyecto individual? En ese punto, para su efecto, tengo que concordar ampliamente con el sector pesquero. Actualmente el sistema de crédito es muy pequeño, es una falencia todavía existente en las islas, pero hay el compromiso del Gobierno para revertir esa situación y quizás en los próximos meses se comience a implementar.

¿Se contaría con la CFN y el BFN? Se han dado conversaciones con ambas entidades pero sería bueno que otras instituciones internacionales colaboren con este asunto. Se necesitaría pensar entonces en una estrategia más integral, que permita que los capitales puedan venir con la certeza de que se cuenta con una seguridad jurídica.

Con una nueva Constitución, ¿se planifica fortalecer estos aspectos? Con o sin nuevo marco constitucional aún queda mucho trabajo por hacer. Por lo pronto muchos sectores del archipiélago esperan que la Junta siga al frente de este proceso. (DGZ)