Editorial Dia Despues

EDITORIAL EL PAÍS El texto y su contexto La prensa de ámbito catalán espolea la oposición a una sentencia adversa sobre el Estatuto 27/11/2009 El pronunciamiento conjunto de 12 diarios de ámbito catalán en defensa de la integridad del Estatuto y en contra de los recortes de esta norma que debate el Tribunal Constitucional ha levantado una oleada de reacciones. En Cataluña, en forma de adhesión muy mayoritaria de todo tipo de entidades sociales, económicas o deportivas, mientras que en el resto de España no han escaseado las voces que califican esta iniciativa como una "presión insoportable" al alto tribunal. Por los escasos precedentes, y también por su contenido, el texto y su contexto merecen algunas reflexiones. Ante todo es preciso subrayar que, a título individual o colectivo, estos rotativos ejercen el legítimo derecho a la libertad de expresión, como lo hacen quienes suelen pronunciarse en términos opuestos. Pero cada uno de estos diarios viene expresando idénticas o parecidas opiniones, por lo que no es ocioso señalar que nos hallamos ante una iniciativa de carácter eminentemente político, destinada más a incidir en la realidad, e incluso a ejercer una especie de liderazgo de sustitución, que a describirla o valorarla. No es fácil dilucidar si esa función corresponde o no a los medios de comunicación, o si éstos deben limitarse a ejercer y organizar el pluralismo y la libertad de expresión. Sembrar dudas sobre la legitimidad de la diezmada "corte de casación" que juzga el Estatuto, o instar a los magistrados a respetar el pacto constitucional para así preservar "el marco de convivencia español", como hace el citado editorial, puede en rigor describirse como una presión al tribunal. Idéntica calificación merecen las declaraciones del presidente, José Montilla, y otros líderes en respuesta a la proyectada supresión del Preámbulo del término "nación", desvelada el domingo por este diario. Menos honesto resulta escandalizarse ante estas advertencias y no hacer lo propio ante las injerencias mayores que protagonizó el PP tras interponer el recurso, con maniobras tan groseras como la recogida de firmas por toda España o la fabricación de falsas causas de recusación para articular en el tribunal una mayoría proclive a sus intereses. Desde la entrada en vigor del Estatuto, nada ha sucedido en torno al Tribunal Constitucional que no pueda ser percibido por cada una de las partes como "presiones insoportables", hasta el punto de que con la sentencia no sólo está en juego el futuro del texto autonómico sino también el del propio alto tribunal. Que en esta tesitura cabeceras heterogéneas consensúen un texto común debería mover a la reflexión a quienes aún se aferran al cliché de que los partidos catalanes no representan a la ciudadanía, o sostienen que el Estatuto concitó escaso apoyo social porque el referéndum registró una abstención del 50%, soslayando la aplastante mayoría (74%) que votó a favor del texto. En el debe de los promotores hay que apuntar su deslizamiento hacia el frentismo, pues se arrogan el monopolio de la catalanidad y apelan a una unanimidad política impropia de una sociedad moderna y compleja como es la catalana. EDITORIAL EL MUNDO La dignidad de los españoles (Incluidos al menos 2,7 millones de catalanes) 27.11.2009 LA «DIGNIDAD», «el respeto», «la solidaridad» y los principios a los que hacía referencia el editorial publicado ayer al unísono por 12 diarios catalanes no son valores atribuibles a los territorios, las instituciones o los colectivos sino a las personas. Ni Cataluña tiene dignidad ni España, honor. La tienen y lo tienen los catalanes y los demás españoles de uno en uno. Si, desde luego, es respetable la voluntad de los 1,9 millones de catalanes que votaron a favor del nuevo Estatuto hace tres años, ocho veces más respetable todavía es la voluntad de los 15,7 millones de ciudadanos que votaron en toda España a favor de la Constitución en 1978. 1

Como la memoria es débil, hay que recordar que 2,7 millones de catalanes votaron entonces «sí» a la Constitución, un 50% más que esos 1,9 millones que apoyaron este Estatuto con un censo mucho mayor. En términos porcentuales, lo cierto es que el Estatuto obtuvo el apoyo del 36% de los votos sobre el censo electoral de Cataluña, mientras que la Constitución obtuvo un 62% de respaldo. La Constitución está vigente no sólo porque fue refrendada por una amplia mayoría de los españoles, sino porque además ha sido revalidada en la práctica en todas las elecciones en las que los ciudadanos han acudido a las urnas en estos 31 años, votando en su gran mayoría a partidos como el PP o el PSOE que dicen respaldar la Carta Magna. Mientras no se modifique, la Constitución establece la existencia de un Tribunal al que encomienda el examen de la constitucionalidad de las leyes, tanto si proceden del Congreso como de los parlamentos autonómicos. Esa es su función y si a alguien no le gusta, lo que tiene que hacer es proponer un cambio de la Constitución. Los 12 periódicos contraponen la legitimidad del Estatuto aprobado por el Parlamento catalán y el Congreso y mediante consulta popular con la del Constitucional, al que llaman una «cuarta cámara». Es una comparación falaz y demagógica porque, como cualquiera sabe, la democracia se basa en la separación de poderes. Como adelantábamos ayer, resulta imposible decir más falsedades con peor intención en menos espacio. Pero antes de entrar en su análisis, lo primero que llama la atención es que 12 periódicos de tendencias ideológicas bien distintas olviden sus diferencias para defender un Estatuto que identifican con la construcción nacional de Cataluña. Ello recuerda mucho el planteamiento del llamado «nuevo orden informativo internacional», promovido por aquel director de la Unesco llamado Mbou, que alegaba que por encima del pluralismo estaba la contribución de la prensa a la lucha por la emancipación frente al colonialismo occidental. Los periódicos catalanes han optado por cerrar filas con el Estatuto en el que unos ven un elemento clave de la identidad de Cataluña y otros un peldaño más hacia una futura independencia. No hay precedentes en la prensa española de una iniciativa como ésta, salvo algunos editoriales conjuntos en defensa de la libertad de expresión contra el terrorismo al inicio de la Transición. Pero lo importante no es el burdo intento de presión al Constitucional ni los significativos aplausos de Montilla y los nacionalistas a la iniciativa de los periódicos. Lo esencial es que lo que dicen es un vademecum de disparates. Dicen que el Tribunal es «un corazón con las válvulas obturadas», ya que la mitad de sus integrantes está en situación de interinidad. Al margen de que no es culpa de los magistrados sino de los partidos que no se han puesto de acuerdo para renovarlos, eso no les resta legitimidad alguna, puesto que es un supuesto contemplado por la ley. Dicen que alguien sueña con «cirugías de hierro» desde «posiciones irreductibles» y que «el dilema real es avanzar o retroceder» en la pluralidad de España. Defender la Constitución frente al nacionalismo disgregador no es retroceder sino impedir el retroceso. Los autores de este texto son tan sectarios que llaman retrógrados a quienes no están de acuerdo con ellos. Dicen que está en juego «el espíritu que hizo posible la pacífica Transición» cuando son los impulsores del Estatuto quienes no han vacilado en cargarse 30 años de consenso constitucional alumbrando una norma intragable para el PP y celebrando su exclusión. Dicen que hay que respetar los pactos cuando ellos quieren pasar por encima de la Constitución y de la voluntad del conjunto de los españoles. Dicen que hay un «obsesivo escrutinio» sobre la lengua catalana cuando sus mentores políticos han erradicado el español de las aulas e incluso de los patios de recreo. Y amenazan con «una legítima respuesta» de «la solidaridad catalana», eufemismo que revela el intento de coaccionar al Constitucional y de sacar a los catalanes de sus casillas. Hagan lo que hagan, ahora que se ha adherido el Barça, será un gol en propia meta. 2

EDITORIAL ABC 27.11.2009 La mayoría de los periódicos editados en Cataluña y otros medios de comunicación se alinearon ayer pública y conscientemente con la estrategia de coacción y deslegitimación desarrollada por el tripartito catalán y CiU contra el Tribunal Constitucional. Un inédito editorial común —titulado «La dignidad de Cataluña»— vertió contra esta institución una larga serie de admoniciones sobre las razones por las que debe avalar el nuevo estatuto, todas ellas relacionadas no con la constitucionalidad de su contenido, sino con el hecho de tratarse de una norma situada al margen del control constitucional en virtud de su carácter pactado. Pero tal y como se ha hecho moneda de uso corriente en los discursos oficiales de la clase política catalana -que no de sus ciudadanos-, el editorial no se conforma con impartir doctrina histórica y política a los magistrados del TC, sino que incluye la consabida amenaza de una «legítima respuesta» a cargo de la sociedad catalana. Hora es ya de que los partidos nacionalistas -incluido el de los Socialistas de Cataluñaaclaren cuál va a ser su respuesta. En el pasado fue una violación flagrante de la Constitución republicana de 1931, con la creación en 1934 del «Estado Catalán». Resulta evidente que el problema de los nacionalistas catalanes, reforzados por el socialismo catalán y español, no es el TC, sino la Constitución misma, sea ésta cual sea. La amenaza contra el resto de España forma parte del método histórico de una parte de la clase política catalana, pero todos los españoles, empezando por los propios catalanes, tienen derecho a saber qué van hacer el presidente Montilla, los partidos que lo apoyan y los medios que los secundan, si el TC, en el ejercicio de sus legítimas funciones constitucionales, revisa y anula, total o parcialmente, el texto del estatuto de Cataluña. Nada dicen, pero amenazan. Por eso resulta cínico que el ultimátum publicado como editorial por los medios catalanes se refugie en un impostado constitucionalismo, que incluso sitúa en primera línea la figura de Su Majestad el Rey -«ahorcado» en una postal navideña por el nacionalismo radical- como excusa de sus diatribas. Es más, tanta apelación falsaria a la Constitución Española de 1978 desvela la raíz misma de las contradicciones insuperables del estatuto de Cataluña y su vicio absoluto de inconstitucionalidad. Si, como dice el ultimátum de los medios catalanes, de la decisión del TC sobre el estatuto de Cataluña dependen, ni más ni menos, «la aceptación de la madurez democrática de la España plural» y «la dimensión real del marco de convivencia español», y tiene «en juego los pactos profundos que han hecho posible los treinta años más virtuosos de la historia de España»; si todo esto, repetimos, depende de la sentencia del TC sobre el estatuto de Cataluña, entonces no hay prueba más evidente de que este estatuto encierra una modificación ilegal del orden constitucional de España, y debe ser derogado. Sólo a través de la reforma de la Constitución, avalada por la voluntad soberana del pueblo español, como sujeto nacional único e indivisible, pueden cambiarse las reglas de la convivencia y los pactos constituyentes. Porque ni el Congreso, ni el Senado, ni el Gobierno -aunque lo presida José Luis Rodríguez Zapatero-, ni el Parlamento catalán ni los ciudadanos catalanes son los titulares del poder constituyente de la Nación española. El desprecio por este fundamento de la realidad nacional de España está en el origen de esta atosigante demanda de privilegios. En todo caso, es de agradecer que, por fin, desde Cataluña se haya hecho un reconocimiento tan explícito de la verdadera dimensión constitucional de lo que debería haber sido únicamente un estatuto autonómico. Sólo a través de la reforma de la Constitución pueden cambiarse las reglas «Pacta sunt servanda», dice el editorial. «Los pactos deben ser cumplidos». En efecto, deben serlo con el pleno sentido de la reciprocidad que entraña este aforismo jurídico, que podría complementarse con muchos otros que harían recordar a la clase política catalana que el pacto 3

fundamental que vincula a todos los españoles es la Constitución de 1978. ¿Cuándo han aceptado y acatado realmente los nacionalistas catalanes la proclamación contenida en el artículo 1 de la Constitución, «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado», incluidos los autonómicos? ¿Respetan el principio de que «la Nación española es la patria común e indivisible de todos los españoles» (artículo 2 de la Constitución)? Por supuesto, los pactos deben ser respetados y cumplidos, como el pacto constituyente de 1978, que reconoce la autoridad del TC para decidir qué leyes o estatutos se ajustan o no a la Constitución. Nuevamente, los estamentos cívico-políticos de Cataluña se aferran al furor identitario haciendo de un proyecto nacionalista y de izquierda, como el del estatuto catalán, la seña de identidad de un pueblo que, ciertamente, ha mostrado su «hartazgo», pero no en el sentido que indican los medios catalanes, participados algunos de ellos por la Generalitat en compañía de quienes son capaces de cuadrar el círculo y defender una cosa y la contraria, en Madrid y Barcelona, en un desdoblamiento de la personalidad editorial contrario a la razón. El hartazgo es con su clase política, a la que da la espalda con una abstención endémica que supera la de cualquier otra comunidad autónoma. Este déficit democrático sí debería ser motivo de preocupación para quienes abanderan con tanto desparpajo la ortodoxia catalanista, porque mucho tiene que ver con aquel «3 por ciento» que el presidente Maragall espetó a la oposición nacionalista, o con la malversación masiva de fondos en informes ridículos, o con otros episodios de corrupción clavados en la entraña del sistema sociopolítico establecido en Cataluña. ¿Realmente no se sienten desautorizados por los propios catalanes estos portavoces de la esencia catalana cuando abogan por romper la convivencia y las reglas constitucionales en defensa de un estatuto refrendado por un exiguo 35 por ciento de los electores catalanes, mucho menor que el que recibió el anterior estatuto, y menor aún que el respaldo que dieron a la Constitución? A la hora de hablar de legitimidades, deberían hacer un ejercicio de honrada autocrítica. Es ridículo buscar la singularidad catalana en que, como pretende el editorial, «los catalanes pagan sus impuestos» y «contribuyen con su esfuerzo a la transferencia de rentas a la España más pobre». La mayoría de los españoles con recursos hacen lo mismo, vivan donde vivan, porque el dinero de los impuestos no tiene denominación de origen. Esto es vivir en una nación y compartir derechos y obligaciones. Ningún privilegio debe resultar de cumplir con los compromisos básicos que conciernen a todos los ciudadanos, y menos aún si se buscan a costa del victimismo frente a Madrid, presente, como no podía ser menos en una soflama nacionalista, en la mención a «los cuantiosos beneficios de la capitalidad del Estado». No es digno defender a Cataluña con estos argumentos rancios y hundidos No es digno defender a Cataluña y a los catalanes con estos argumentos rancios y hundidos en los localismos previos a la Ilustración, ni utilizar su cultura -que es tanto la escrita en catalán como la escrita en castellano- como arma arrojadiza. La dignidad de Cataluña está en su pasado, en su presente y en su futuro como parte fundamental de España, en su aportación al progreso del conjunto de la Nación con el dinamismo y la pujanza que han caracterizado su historia, en ser el factor de estabilidad institucional que le corresponde y en aspirar a ser la fuerza motriz de España, no su competidora. Pero conviene no acortar la memoria. Esta defensa del estatuto, arbitraria en lo político, banal en lo histórico y temeraria en lo social, se funda en la irresponsable decisión de José Luis Rodríguez Zapatero y del PSOE de convertirlo en el precio de un pacto político entre la izquierda socialista y el nacionalismo catalán para evitar una nueva victoria electoral de la derecha. Este es el monstruo creado por la ambición política de Rodríguez Zapatero, quien inauguró su mandato hace cinco años diciendo que iba a traer la paz a la política territorial en España. Aquí tiene las consecuencias de haber creído que España era una mercancía a disposición de sus acuerdos de poder. 4

EDITORIAL LA RAZÓN 27.11.2009 Respeto al TC y a las reglas de la democracia La obligación de todos, y especialmente de los poderes públicos, es acatar la decisión de los magistrados sobre el Estatut 27 Noviembre La excepcional iniciativa de doce diarios editados en Cataluña de publicar un mismo editorial sobre las deliberaciones del Tribunal Constitucional ha crispado todavía más el debate sobre la sentencia aún no dictada del Estatuto. Por supuesto, la prensa catalana está en su derecho de utilizar conjuntamente esa fórmula tan inusual. Pero lo que debe primar en estas circunstancias es el sosiego y el respeto más escrupuloso al trabajo de una institución clave del Estado de Derecho. Hace unos días, reprobábamos en estas mismas páginas el ejercicio de la condena preventiva del Alto Tribunal por parte de dirigentes y políticos catalanes, que se habían lanzado a un virulento ataque. Eran pronunciamientos alejados de la moderación y la contención que cabe exigir en un procedimiento absolutamente regular como el que está en marcha, aunque algunos hayan insistido en esparcir la doctrina de la excepcionalidad como método para deslegitimar y desacreditar al Tribunal y a su trabajo. Desde el mismo Gobierno catalán se ha prescindido de todo formalismo para irrumpir de lleno en el terreno de la presión, por momentos asfixiante, sobre unos magistrados que tienen entre manos una cuestión de enorme complejidad y profunda relevancia política, como el tono del debate ha puesto de manifiesto en los últimos días. Aunque, sin duda, es cierto que tres años de deliberaciones han creado un caldo de cultivo propicio para la especulación, la conjetura y la filtración, no lo es menos que las injerencias políticas han dificultado extraordinariamente los esfuerzos y los intentos de los miembros del TC por alcanzar un dictamen definitivo. Injerencias que se saltaron abruptamente todas las barreras institucionales que se derivan de la división de poderes, pilar ineludible en una democracia que se precie. El hecho de que esta misma semana, por ejemplo, el consejero catalán Joan Saura pidiera directamente la dimisión de todos los magistrados, o que el vicepresidente Carod Rovira amenazara con que Cataluña giraría los goznes del separatismo para emprender la independencia, es un ejemplo claro de las expresiones extemporáneas e irrespetuosas dirigidas hacia el Tribunal. Tampoco resultó más adecuado que una ministra del Gobierno de España como Carme Chacón exigiera al PP que retirase el recurso de inconstitucionalidad. O que otros miembros del Gobierno o del PSOE contribuyeran a la estrategia de acoso con pronunciamientos poco sutiles como el del titular de Justicia, Francisco Caamaño, cuando incidió en que el Tribunal no podía pasar por alto que el Estatut había sido aprobado por los representantes legítimos del pueblo español y por los catalanes, o el del portavoz socialista José Antonio Alonso, que apuntó que los magistrados, con absoluta independencia, decidirán que el Estatuto es constitucional. Más allá de las intromisiones políticas, el argumento manido estos días de que el Constitucional no era quién para fallar contra lo acordado por el Congreso y luego refrendado por los catalanes no se sostiene, porque directamente estaría vaciando de contenido la labor del Tribunal como guardián de las esencias de la Carta Magna. Resulta curioso también que nadie reparara en esta circunstancia, que nadie cuestionara esa competencia del Tribunal como garante final de los principios constitucionales hasta que apareció el debate de un Estatuto avalado por el propio presidente del Gobierno y que concedía a la Generalitat una capacidad política extraordinaria. Quienes esgrimieron que existe un clamor social en Cataluña, un descontento y una preocupación profundos en la sociedad por la suerte de la norma estatutaria, quienes se arrogan la representatividad de los catalanes, tendrán que convenir que el Estatuto fue respaldado sólo por el 30% de los electores, o lo que es igual, que un 70% no lo respaldó o no le interesó, y que pasó sin pena ni gloria porque nunca respondió a una inquietud ni una reivindicación popular. 5

En definitiva, creemos que arremeter contra el Alto Tribunal por una sentencia que aún no existe es tan irresponsable como amenazar al árbitro antes de empezar el partido por un presumible resultado adverso. Que se deformen interesadamente los mecanismos jurídicos e institucionales que están en la base de un régimen de libertades debilita a la propia democracia y abre un escenario de incertidumbres e inquietudes muy nocivo para el interés general. El Constitucional no es un invento de última hora ni son desconocidas sus competencias y reglas de actuación. Es un órgano emanado directamente de la Carta Magna para velar por la adecuación constitucional de toda ley, incluidos los Estatutos de autonomía. La obligación de todos, y especialmente de los poderes públicos, es acatar y respetar la decisión de los magistrados del Alto Tribunal sea cual sea, sin que ello suponga que quede exento de la crítica razonada y responsable. Que se cuestionen las reglas del juego desde gobiernos, parlamentos o editoriales de prensa en función de una determinada coyuntura sólo daña la imprescindible credibilidad del sistema.

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