Clase 7

Clase Nº 7 La presente clase ha sido elaborada por Pablo Imen exclusivamente para ser dictada en el Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales (PLED), en la Clase 7: “Universidad y políticas neoconservadoras: Hacia un modelo mercantil, clientelar, diversificado y competitivo.” del curso: “La crisis educativa en la Argentina”, Marzo 2009. Av. Corrientes 1543 (C1042AAB), Ciudad de Buenos Aires, Argentina Informes: (54-11) 5077-8024 [email protected]

Cómo citar: Imen, Pablo: ‘Universidad y políticas neoconservadoras: Hacia un modelo mercantil, clientelar, diversificado y competitivo.‘’ [CLASE], en el curso: “La crisis educativa en la Argentina”. (Programa Latinoamericano de Educación a Distancia, Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Buenos Aires, Marzo 2009).

Universidad y políticas neoconservadoras: Hacia un modelo mercantil, clientelar, diversificado y competitivo. Prof. Pablo Imen Introducción El presente trabajo tiene como objeto analizar algunos lineamientos centrales de las políticas

universitarias del actual gobierno nacional, tomando como punto de

partida una breve perspectiva histórica. El gobierno de Menem ha impulsado la profundización de un modelo social que ha combinado con singular eficacia el clientelismo político y la lógica de mercado como orientadora de todas las acciones de la dinámica social; con impactos claros en la vida universitaria. Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales PLED-CCC Página 1

Ha instalado, desde una transformación profunda del nivel estructural, de la normativa y de la propia dinámica universitaria , una orientación mercantilista, clientelar, diversificada y competitiva. El propósito de este trabajo es delinear las características de estos impactos a partir de un análisis crítico de: a) el

contexto

político

neoconservadora

del

y

social

actual

que

Poder

fue

reconfigurando

Ejecutivo

Nacional

la

(así

política como

el

tratamiento de sus antecedentes inmediatos). b) las política universitaria seguida por el oficialismo hasta la sanción de la Ley de Educación Superior. c) la propia Ley de Educación Superior d) Algunas conclusiones que considero pertinentes y relevantes para comprender los desafíos para la construcción de una política universitaria que recoja las mejores tradiciones de la Universidad Reformista, que confluya a un modelo polìtico-cultural, socioeconómico y educativo capaz de asegurar la igualdad social y la democracia sustantiva de nuestras sociedades. Se agrega como anexo un prolongado documento que intenta sintetizar los modelos universitarios que se extraen de un estudio de las fuentes disponibles. A pesar de su casi intolerable extensión, me ha parecido importante realizar dicho esfuerzo por cuanto , desde una concepción que reclama la centralidad de la historia para comprender el presente y orientar las acciones al futuro,

no es posible

entender las claves y las pugnas de hoy sin hacer una referencia clara a los modelos que iluminaron las luchas de tantos hombres y mujeres por una Universidad científica, democrática, al servicio de los intereses mayoritarios de la sociedad. Es en nuestras raíces, posiblemente, donde deberemos comenzar a construir otras respuestas alternativas al modelo universitario que el poder intenta imponer con, hasta ahora, éxito relativo.

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SECCIÓN PRIMERA: PARA COMPRENDER EL CONTEXTO DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS NEOCONSERVADORAS Este apartado tiene por objeto contribuir a la comprensión tanto de los alcances de la ideología neoconservadora, como a la explicitación de algunos indicadores relevantes para abordar el contexto en el que tienen lugar las políticas educativas vigentes. De allí que nuestro punto de partida será “ligeramente” histórico y teórico 1 para luego introducirnos, suscintamente, en el cuadro económico y social vigente durante la gestión menemista, entendida como continuidad ideológica y política de la dictadura militar de 1976. Apuntes teóricos: mitos y claves del neoconservadurismo Es menester avanzar en el pensamiento de Milton Friedman -premio nobel de economía en 1976-, quién se ha convertido en el vocero más autorizado del monetarismo, y ha expresado con una franqueza brutal los principios ordenadores de las concepciones de la Nueva Derecha. El hecho de que la prédica de Friedman date de los últimos ‘50, nos hace presuponer que sus fórmulas de ajuste sólo encontraron eco mucho más tarde montadas sobre la crisis del capitalismo mundial, a mediados de los setenta. En su diagnóstico se insiste en la hipertrofia de los aparatos de Estado, en los incontenibles desbordes democráticos a partir de la sobrecarga de las demandas provenientes de los sectores populares y en la inexorable agonía del keynesianismo propiciando diversas fórmulas de ajuste, cuya implementación dista de ceñirse al plano económico. "La importancia de las tesis fredmanianas radica en algo externo a su irrelevancia teórica. Es su influencia práctica como ideología burguesa en una situación de crisis y recomposición autoritaria y conservadora del capitalismo lo que instala el pensamiento de Friedman en el centro del debate contemporáneo. Su actualidad proviene pues del 1

Decimos “ligeramente” porque, dados los límites de este trabajo, no es posible - ni pertinente, ni relevante- profundizar en aspectos que merecerían de todos modos un más prolongado tratamiento

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hecho de que sus preceptos fundamentales: imperio del mercado, desmantelamiento del Estado de Bienestar y contención de los avances democráticos, han sido los principios racionalizadores de conocidas tentativas conservadoras que, con mayor o menor grado de violencia, se han ensayado en las más diversas latitudes.”

2

Todo el discurso fredmaniano se articula alrededor de la noción de mercado desde una perspectiva apologética y cuyas únicas vías de implementación real pasan por la violencia, por la anulación de los derechos adquiridos y vigentes durante décadas. La crítica muy fuerte al Estado de Bienestar, en un contexto de crisis profunda de la economía, se basa en la reformulación de un nuevo "contrato social" que provoque una fuerte retracción de la intervención estatal según los cánones del Estado Gendarme del liberalismo oligárquico: un Estado que se limite a garantizar el libre desenvolvimiento de las fuerzas económicas en un mercado cuasi-absoluto. De allí que las críticas más fuertes al Estado de Bienestar Keynesiano (en adelante EBK) se centren en las cargas impositivas progresivas (a la riqueza, a las ganancias, a los activos, etc.) que provocan una "desincentivación de la inversión": el empresario siente al EBK como un pulpo que succiona sus alicaídas ganancias y comienza a pensar hasta que punto es rentable la inversión productiva. Otra crítica nodal al EBK es que la excesiva protección otorgada a los trabajadores a través de la normativa laboral conduce a una "desincentivación de la mano de obra" , dado que la hace participar en un nivel extremadamente alto del producto, instala una densa red de seguridad social que ampara a los trabajadores incluso de la desocupación y convierte al asalariado en un verdadero "infante tutelado" por el Estado. C. Offe señala que, independientemente del grado de verdad que puedan contener estas premisas (y que expresa, debemos agregar, una perspectiva interesadamente clasista a favor del capital) hay un hecho que el discurso neoconservador calla y que expresa la profunda inviabilidad del planteo: la aniquilación de las conquistas sociales implementadas en el EBK conduciría a un conflicto social de imprevisibles

2

Borón, Atilio. “Estado, Capitalismo y Democracia”. Ed. Imago Mundi. Bs. As., 1991.

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consecuencias 3 . Por ello , a pesar de los postulados teóricos, ni Reagan ni Tatcher pudieron modificar radicalmente la distribución del PBI ni desmantelar absolutamente las instituciones de bienestar, aunque intentaron algunas medidas en esa dirección. La enorme difusión de los escritos de Friedman, que remiten a su "Capitalismo y Libertad" de 1959 inducen a pensar en una operación propagandística en gran escala. ¿Cuál es el hilo argumental del discurso friedmaniano? En las sociedades de masas, la coordinación de las actividades productivas serían viables a través de dos formas. Una coercitiva

implementada por el Estado; una cooperativa desplegada por el

Mercado. Y si bien nunca existen en forma pura, la lógica de una predomina sobre la lógica de la otra. La operación teórica fredmaniana consiste en oponer como antagónicos al Estado y al Mercado, asignándole un valor positivo al segundo en tanto garantiza la libertad económica, política y social; y un valor negativo al primero, en tanto que continente del autoritarismo y la coerción. Por lo tanto, el desmantelamiento del EBK no se puede comprender sino como un acto emancipador, en un imperativo irrenunciable para preservar la libertad. En todo el planteo de Friedman se "filtra" un supuesto al que no se atiende debidamente, y que es central para evaluar los niveles de libertad efectiva de los individuos como agentes económicos. Siguiendo el análisis de A. Borón, una pregunta clave es cuándo elige un individuo y hasta donde puede elegir. Porque no se trata, en principio, en elegir entrar o no en una transacción particular entre agentes económicos sino si existe la posibilidad de elegir o no la integración al mercado. Es decir, elegir antes y no después -cuando el productor ya está incorporado- es un interrogante básico para definir si existe realmente esa libertad tan declamada. Y la historia del capitalismo es contundente a este respecto: la separación entre capital y trabajo impuso cruelmente una de las dos opciones. El divorcio entre productores y

3

Offe, Clauss. “Contradicciones en el Estado del Bienestar”. Ed. Alianza 1a. Ed. en Español 1990. México.1991.

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los medios de producción se operó a través de dosis inéditas de violencia y con la inestimable colaboración del jóven aparato estatal burgués. Como señala Borón: "Producido de este modo la separación del productor directo de sus medios de subsistencia, la venta de su fuerza de trabajo en el mercado difícilmente podría concebirse como una expresión de su libertad, sino precisamente de su sometimiento. ¿Qué sentido tendría hablar de una 'libertad de respirar'? Simplemente ninguno, y lo mismo ocurre cuando los Friedman cantan sus loas al mercado como ámbito natural de la libertad. El origen histórico del mercado demuestra precisamente lo contrario, que el sometimiento de los productores independientes al mercado fue un proceso de una crueldad pocas veces visto, una imposición violenta y respaldada por la fuerza estatal y no el resultado de una parsimoniosa reflexión de unos cuantos Robinson Crusoes que, con el propósito de optimizar paretianamente sus beneficios, decidieron integrarse al mercado capitalista."

4

El planteo de Friedman reafirma sus costados ideológicos más groseros en los análisis sobre el monopolio en los capitalismo modernos. Volcamos aquí una cita de su libro Capitalismo y Libertad que nos exime de mayores comentarios: "En un aspecto existe una importante diferencia entre el monopolio laboral y el empresarial. Mientras parecería no haber existido ninguna tendencia ascendente en el último medio siglo, ciertamente la ha habido en la importancia del monopolio laboral.” Los datos existentes demuestran que el mercado conduce, inexorablemente, o bien al monopolio o bien al oligopolio. Y su ataque desembozado a los "monopolios laborales", es decir, a los sindicatos, no expresan sino un ataque frontal a los derechos económicos y sociales ganados trabajosamente por los sectores populares y en particular contra sus organizaciones. El mito del mercado autorregulado, tanto en la perspectiva histórica como en el análisis de los capitalismo acutales no es más , pues, que tráfico ideológico. "Se trata, contrariamente a lo que aducen los teóricos del liberalismo, de una forma de organización de la producción que requiere del persistente apoyo estatal a las clases dominantes, que juegan con cartas marcadas el juego del mercado. Por otra parte, no 4

Borón, Atilio. Ob. cit.

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es cierto que sea un juego donde todos ganen , sino que, en términos sociales, lo que unos pocos ganan muchos pierden; la fuente de la riqueza , apropiada por los dueños del capital, se encuentra en la combinación del trabajo humano con la naturaleza, a pesar de lo cual la distribución de los frutos que realiza 'naturalmente' el mercado es extremadamente desigual, reproduciendo las relaciones de explotación. Sólo la acción de un Estado democrático ha podido impedir que estas tendencias hayan conducido a una catástrofe social de impredescibles proporciones. Deberíamos subrayar lo de democrático porque no es cualquier Estado el que asume las acciones para atenuar las consecuencias desastrosas que se derivan del 'darwinismo social de mercado': sólo un Estado que haya desarrollado una cierta base social de masas y que, a raíz de ello, sea congruente con sus demandas, es capaz de cumplir la tarea reparadora y compensadora de la barbarie fomentada por el mercado."(A.Borón, ob.cit.) Según vimos, los datos de la realidad desmienten, primero que nada, la identidad de las nociones de libertad y mercado (a menos que definamos el concepto de libertad como libertad de comercio excluyentemente) Y en segundo lugar, también aparece refutado el supuesto antagonismo entre Estado y Mercado, en tanto el primero articuló políticas que han garantizado y garantizan el funcionamiento del segundo. El carácter de clase del Estado puede observarse con claridad meridiana en las coyunturas de crisis global, en las cuales el sistema es puesto en entredicho en bloque. Allí el aparato estatal abandona su posición "neutral" de los tiempos pacíficos y toda su maquinaria represiva es desplegada contra los grupos que intentan subvertir el orden existente. La orientación antikeynesiana, la negación de los espacios democráticos producidos a través de la rearticulación de Estado y Sociedad desde los '30, no esconde sino el terror a la democratización creciente -fundamentalmente al hecho de que la democracia se extienda a la fábrica, el santuario burgués- y al deseo de hacer recaer la crisis de acumulación sobre las espaldas de los sectores asalariados en forma diferencial.

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Esta y no otra es la razón de la apología frenética del Mercado, que ha sido y es la base de sustentación de las políticas monetaristas. La vinculación de estos análisis con la educación en general y con la educación universitaria en particular tiene que ver con la conversión de la educación a mercancía. Si tal hecho es consumado en la realidad, todo cambia: la función y el fin de las organizaciones educativas; sus parámetros de gobierno, organización y evaluación; las formas de acceso al conocimiento; etc. Poder analizar el discurso filosófico fredmaniano nos abre las puertas, en todo caso, a los fundamentos finales de las actuales políticas desenvueltas por la Nueva Derecha.

El Plan Económico de Martínez de Hoz y su prolongación en las democracias frágiles La política iniciada por Martínez de Hoz, como cualquier política económica del signo que fuere, dejó la “mano invisible del mercado” como imagen metafórica pero desmentida en la realidad concreta: en Argentina el Estado demostró una activa participación en la dinámica económica:

indujo la llamada incorrectamente

“promoción industrial”, los sobreprecios en las compras estatales, la “socialización” de la deuda externa privada fueron algunos de los instrumentos para distribuir regresivamente el ingreso y generar un reordenamiento global del orden social. Las palabras de Rodolfo Walsh en su Carta Abierta a la Junta Militar dan cuenta de los objetivos finales de las políticas implementadas por la dictadura genocida encabezada por Videla y Martínez de Hoz . A un año del golpe, decía Walsh: “El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, lo que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades. El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un Gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva, y cuyo término estaba señalado por

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elecciones convocadas para nueve meses más tarde. (...) Ilegítimo en su origen, el gobierno que ustedes ejercen pudo legitimarse en los hechos recuperando el programa en que coincidieron en las elecciones de 1973 el ochenta por ciento de los argentinos y que sigue en pie como expresión objetiva de la voluntad del pueblo, único significado posible de ese ‘ser nacional’ que ustedes invocan tan a menudo. Inviertiendo ese camino han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan a la Nación. Una política semejante sólo puede imponerse transitoriamente prohibiendo a los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando a la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina. (...) Quince mil desaparecidos, diez mil presos,

cuatro mil muertos, decenas de miles de

desterrados son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros y que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio. (...) De este modo han despojado a la tortura de su límite en el tiempo. Como el detenido no existe, no hay posibilidad de presentarlo al juez en diez días como manda una ley que fue respetada aún en las cumbres represivas de las últimas dictaduras. (...) Mediante sucesivas concesiones al supuesto de que el fin de exterminar a la guerrilla justifica todos los medios que usan, han llegado ustedes a la tortura absoluta, intemporal, metafísica, en la medida que el fin original de obtener información se exravía en las mentes perturbadas que la adminstran para ceder al impulso de machacar la sustancia humana hasta quebrarla y hacerle perder la dignidad que perdió el verdugo, que ustedes mismos han perdido.(...) A la luz de estos episodios cobra su signfiicado final la definición de la guerra pronunciada por uno de sus jefes: “La lucha que libramos no reconoce límites morales, ni naturales, se realiza más allá del bien y del mal”. Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones a los derechos humanos en que ustedes incurren. En la

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política económica de este gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crimenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. (...) En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40% , disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así las formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales. Congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambles y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9% y prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial, y cuando los trabajadores han querido protestar

los han calificado de

subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos, y en otros casos no aparecieron. (...) Tampoco las metas abstractas de la economía, a las que suelen llamar ‘el país’ , han sido ustedes más afortunados.” 5 Estos cambios originados en dosis

homeopáticas durante la brevísima gestión de

Celestino Rodrigo se han implementado orgánicamente con Martínez de Hoz y se han reflejado a partir de una concepción del mundo y unos intereses materiales muy concretos que fueron disfrazados bajo una incomprensible artillería verbal que abrevaba en las áridas fuentes neoclásicas: “menos intervención estatal y más mercado, interno y externo, porque la intervención impedía que la iniciativa privada desplegara su vocación de creatividad e inversión; menos despilfarro en el consumo y más austeridad, para que aumente el ahorro y la inversión; menos holganza y atraso tecnológico y más modernización y trabajo, para que aumente la productividad, que , al fin y al cabo, es la única forma de aumentar el bienestar. Privatización, apertura,

5

Rodolfo Walsh. “Operación Masacre”. Ediciones La Flor 12º Edición 1984. Bs. As. La voluntaria extensión de esta cita intenta justificarse en la incidencia de estas políticas en los desarrollos posteriores - económicos, culturales, políticos, sociales.

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desregulación y sacrificio presente para el bienestar futuro, que no son sino otras formas de decir lo mismo.”6 Continuidades y Rupturas del Programa Neoliberal Los autores de “El Desarrollo Ausente” hacen un interesante inventario de las fórmulas que se repiten desde la dictadura como una letanía; y que han servido de argumento para justificar su continuidad en gobiernos posteriores: Primero has que crecer para después poder distribuir Hay que sacrificar el bienestar presente para aumentar el bienestar futuro Hay que invertir para poder crecer y poder distribuir Hay que agrandar la torta para después repartirla. Hay una necesaria aclaración preliminar para entender los significados reales que se ocultan detrás del discurso: Neoclásicos, marxistas y keynesianos tienen como presupuesto que los capitalistas no consumen y los asalariados no ahorran. Por tanto, la referencia a achicar el consumo hace referencia expresamente a la mano de obra. Un dato interesante es que hasta 1994 -hablamos del boom del Plan de Convertibilidad- el consumo insumía el 85% del ingreso nacional; y los asalariados consumen aproximadamente un 30% del mismo. El restante 55% del ingreso fue producto de la demanda de los sectores más ricos de la sociedad civil. Se destacan algunas tendencias desde 1976 a 1993: 1) Desde 1976 el producto por habitante decreció. También decreció el coeficiente Inversión/PBI 1975-1993. 2) Desde 1976 la tasa de inversión cayó. 3) Es aceptado por la economía que la única medida de la productividad del conjunto de la sociedad es el producto por habitante.

Desde 1976 la productividad de la

sociedad argentina viene cayendo. Desde 1976 la economía argentina viene 6

Azapirazu y otros. “El Desarrollo Ausente”.

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atrasándose , no modernizándose. Y la caída de la productividad y el atraso tecnológico son una consecuencia de la caída en la tasa de inversión. Cuando nos preguntamos por los motivos en la caída de la inversión, la respuesta monetarista es: por el aumento irresponsable de los salarios. Veamos en el siguiente cuadro la evolución de los salarios según datos de la Secretaría Nacional de Seguridad Social e INDEC Variación del Salario Real, 1975-1993. Índice 1975=100 Año

Salario

Año

Salario

1975

100

1985

68,8

1976

66,4

1986

64,1

1977

51,3

1987

58,7

1978

53,9

1988

59,6

1979

57,7

1989

54,5

1980

66,3

1990

49,3

1981

61,9

1991

46,8

1982

53,6

1992

48,7

1983

63,6

1993

49,1

1984

76,5

Vistos estos datos, es difícil sostener lo que en realidad es insostenible: que el problema de la inversión se ha debido al costo salarial. Aún hoy los gurúes neoliberales sostienen con tesón místico dicha tesis.

Continuidades y Rupturas: secuelas de la dictadura De los datos disponibles ,entre 1974 y 1983, se extraen las siguientes conclusiones: 1) El volúmen físico de la producción se contrajo poco menos del 10% Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales PLED-CCC Página 12

2) La cantidad de obreros ocupados en la industria se redujo en más de un tercio (34,3%) y las horas-obrero trabajadas en poco más del 30% (30,4%). Esta disímil contracción refleja un incremento de la jornada media de trabajo equivalente al 5,9%. 3) La productividad media de la mano de obra muestra un crecimiento por demás significativo (37,6% si se refiere a obreros ocupados y 29,9% en función de las horas trabajadas). 4) El salario real y el costo salarial disminuyeron casi un 20% (17,3 y 18,6% respectivamente). 5) La relación productividad/ costo salarial o, en otras palabras, la distribución interna del ingreso industrial revela una creciente apropiación del excedente por parte del sector empresarial (se incrementó en un 69%) Estos cambios inducidos en la estructura económico social han generado una traumática transformación social,

y sus efectos han trascendido el plano

meramente económico para instalarse en los planos organizativo, político e ideológico desde la introducción del terror combinado con el individualismo a ultranza.

El neoliberalismo en clave menemista Los cambios operados en aquél lejano 1976 fueron continuados - de manera ciertamente difusa y contradictoria - por la gestión alfonsinista, que con sus diversos planes de estabilización y ajuste fue orientando las políticas económicas en el sentido propuesto por los organismos multilaterales de crédito. Independientemente de las intenciones formuladas por el gobierno radical, lo cierto es que el camino para las posteriores profundizaciones neoliberales quedó allanado. Y la crisis de 1989 fue un punto de inflexión en la definición e implementación de políticas públicas inducidas por el Consenso de Washington: privatización, desregulación y apertura son los renuevos gritos de guerra de la burguesía.

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Luego de siete años de Plan de Convertibilidad, parece oportuno dar cuenta de los cambios operados en el escenario económico y social. A continuación transcribimos en el Cuadro I algunos datos claves del escenario socioeconómico, con datos del INDEC y de los Ministerios de Economía, Educación, Salud y Acción Social, UNICEF, Centro de Estudios Bonaerenses.

Cuadro I- Indicadores Sociales en Argentina período 1980-1996 Indicadores

199

199

199

199

199

199

1

2

3

4

5

6

84

17,5

7,4

3,9

1,6

0,1

0,1

8,9

8,7

6

7,4

(3,9)

4,3

5,9

6,3

6

7

9,3

7,1

8,9

7,9

8,1

9,3

198

198

0

5

Tasas de Inflación*

1990

1343, 9

Crecimiento del PBI real* Tasa de

12,2 16,6 17,4

Desempleo*** Tasa de

9,4

12,5 13,6

Subempleo*** Empleo en Negro **

27,6

31,5 31,8 32,8 31,1 32,9 34,9

Empleo Marginal **

18,2

19,4 21,8 22,4 20,6 19,8 19,5

Ingreso Familiar per 29,2 31,2

36,6

34,1 32,5 34,9 33,7 36,5 37,1

54,6

57,1 57,8 56,4 57,3 55,4

cápita (10% más rico)** Ingreso fliar per

59,4 59,8

cápita (60% intermedio)** Ingreso fliar. per

11,4

9

8,8

8,8

9,7

8,8

9

8,1

cápita (30% más pobre) **

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Pobreza**

8,7

18,4

Indigencia** Tasa de Mortalidad

33,8 3,9

33,2 26,2

25,6

21,6 17,8 16,9 2,4

2,5

3,2

24,7 23,6 22,9

19

24,8 27,9

3

4,8

22

22,2

5,5

Infantil en º/ºº Retención Nivel

76,5

74,8

Primario* Retencion Nivel

41,6 40,9

Secundario * Tasa bruta de

5,9

5,6

5,8

25

21,3

21

5,4

4,7

4,7

4,3

4,3

nupcialidad en º/ºº Tasa bruta de

21,3 20,5 19,8 19,7 18,9

natalidad en º/ºº Nacimientos

29,5 33,3

37,5

39

39,7 41,7 43,5

46

Extramatrimoniales * Tasa de Delincuencia en

80

141, 172,1 154, 164, 182, 204, 9

5

5

8

3

p/10.000 * Total del País ** Área Metropolitana del Gran Buenos Aires *** Total de Aglomerados Urbanos (Sobre artículo periodístico de la Dra. Susana Torrado, Socióloga de UBA/ CONICET, publicado en el Diario Clarín el 28 de agosto de 1997. También tomamos aquí buena parte de los análisis allí volcados- Los datos se basan en ondas de la medición de Octubre de los años tomados) Este cuadro expresa, blanco sobre negro, los efectos de las políticas neoliberales llevadas por la gestión menemista hasta el paroxismo. Una primera lectura de los datos permite entrever que, aunque hubo crecimiento del PBI real , los indicadores sociales relevantes han empeorado en casi todos los Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales PLED-CCC Página 15

casos por los mecanismos económicos, sociales y políticos de distribución de la riqueza. Algunas voces señalan que el PBI per cápita, sin embargo, es inferior en términos constantes al de 1974, por lo cual el crecimiento económico sería , en todo caso , motivo de controversia. No tiene discusión, en cambio, el carácter desigualador del modelo económico-social basado en las privatizaciones, la apertura cuasi indiscriminada de la economía y al desregulación de aquellas normas que garantizaban un nivel aceptable de bienestar a los sectores populares. La distribución del ingreso acrecentó significativamente la brecha entre ricos y pobres. La tasa de desempleo casi se triplicó entre los extremos del período (5,9% a 17,4%); el subempleo abierto se duplicó; el porcentaje de asalariados en negro se incrementó en más de tres puntos; y la evolución del empleo marginal fue cíclica, respondiendo a la capacidad de absorción de bienes del mercado interno. El salario real promedio se deterioró en el caso de los trabajadores menos calificados. Por otra parte, en los casos en que se registraron incrementos salariales reales, estos fueron muy inferiores al correlativo aumento de la productividad. Se incrementaron sustancialmente los niveles de pobreza y de indigencia. Como efecto de este último fenómeno, se incrementó sustancialmente el número de personas que subsisten de la asistencia alimentaria. Por dar un caso, sólo Caritas atendió diariamente en 1996 a 428.719 personas. En salud, los indicadores son escasos. La información referida a tasa de mortalidad infantil demuestra que en 1995 se revirtió una tendencia a la baja que se sostenía desde 1980, pero en 1994 aumenta del 22 al 22,2 por mil. El dato es ciertamente grave, porque en la actualidad este indicador tiende a descender rápidamente aún en situaciones económicas desfavorables debido sobre todo al bajo costo de su prevención. Es tan así, que este indicador no se considera ya como válido para la medición del bienestar de las sociedades contemporáneas.

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Respecto a la educación: entre los dos años en que hay datos sobre el “rendimiento” del sistema educativo (y retoma una variable altamente privilegiada por el Banco Mundial y el BID: la retención, habiendo significativos silencios sobre otras cuestiones de las prácticas pedagógicas que inciden fuertemente en el servicio). Hay síntomas de deterioro. Sin embargo, agrega, el hecho más trascendente no puede cuantificarse: la “brutal devaluación de los títulos académicos.” La

Dra.

Torrado

agrega

,

finalmente,

que

hay

sólidas

evidencias

de

desorganización familiar; así como un notorio incremento de la tasa de delincuencia, que pasó de 148 delitos registrados por cada 10.000 habitantes a 204 desde 1991 a 1995. Aunque las cifras no puedan contarlo, es notorio igualmente que se han intensificado los niveles de peligrosidad y violencia en la acción delictiva que documentan a diario los medios de comunicación. Este mapa se completa con la disgregación y caída de las capas medias nacionales, el acotamiento de los sectores asalariados (tanto de obreros como de servicios) con puestos estables, la liquidación de procesos importantes de movilidad ascendiente y su reversión, ahora y en escala masiva , de la clase media a los sectores empobrecidos. La particular dinámica del sistema sumerge a la sociedad en una suerte de “presente perpetuo”, imposibilitando en los hechos el diseño de un futuro colectivo y un destino común. Las leyes de la selva, promovidas como política de Estado por los poderes públicos, tienen un impacto imposible de medir cuantitativamente pero que se trasluce en cualquier paseo por los suburbios capitalinos y de cualquiera de los tres cinturones bonarenses. Por diversos motivos, este proceso complejo ha tenido un impacto directo en la reconfiguración del orden social, cultural, político y económico. Los efectos sobre la educación han sido evidentes: el deterioro de las condiciones laborales docentes y la degradación de las condiciones de vida de la población han impactado de modo directo en las aulas; y especialmente en las aulas universitarias.

Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales PLED-CCC Página 17

Sobre estas nuevas realidades operó el gobierno neoconservador de Carlos Menem, y sólo en el marco de este proyecto concentrador y excluyente puede comprenderse el conjunto de políticas universitarias desarrolladas en esta gestión. La comprensión de estas políticas que reestructuraron en un sentido desiguador y excluyente a la sociedad argentina constituye un marco imprescindible para comprender algunas de las modificaciones en la universidad argentina. El estallido del Estado de Bienestar - de sus instituciones, sus prácticas, sus identidades - y la imposición de unas relaciones sociales mercantilizadas y clientelísticas típicas de la Nueva Derecha han impactado obviamente en la institución universitaria. SECCIÓN SEGUNDA: UN ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS ACTUALES El menemismo ha desarrollado en torno a la universidad una política coherente con su propuesta neoconservadora, en un proceso que tiene como punto de partida el cambio del rango de Políticas Universitarias, elevada ahora como de Secretaría de Estado en consonancia con las prioridades políticas de este gobierno

7

en materia

educativa. La sanción de la Ley de Educación Superior cierra una etapa conducida por el Licenciado Juan Carlos Del Bello, otrora combativo militante de la izquierda peronista, que daría un nuevo impulso a las políticas que aspiran a convertir la educación superior en un modelo competitivo y diversificado; luego de haber desarrollado estrategias clientelísticas (durante la gestión Salonia) en que florecieron multitud de Universidades tanto privadas como públicas. Es oportuno y pertinente realizar una pequeña reseña de los sucesivos intentos de reconversión de la Universidad; para luego realizar un análisis de los aspectos más significativos de la Ley de Educación Superior.

7

Así como, oportunamente, Derechos Humanos fue “descendida” al rango de Subsecretaría.

Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales PLED-CCC Página 18

Estrategias

graduales

de

imposición

hacia

un

modelo

clientelístico-

empresarial En 1993 se crea la Secretaría de Polílticas Universitarias

8,

y se forman equipos

técnicos que irán desarrollando el camino de transformación universitaria en un sentido clientelar y mercantilista simultáneamente. Su proyecto original se expresa en el documento Polìtica Presupuestaria Para El Sector Universitario, en que el Poder Ejecutivo fija las políticas a aplicarse el sector: modificaciones de orden institucional; modificaciones al régimen laboral; modificaciones en el financiamiento y gestión económico-financiera; modificaciones de orden académico.

9

En el plano institucional, la creación de la Secretaría de Políticas Universitarias, que según la norma de creación de dicho organismo tendría como funciones “definir lineamientos de política

y estrategias referidas a la enseñanza universitaria,

supervisar el cumplimiento de la legislación vigente y diseñar polìticas para el análisis, evaluación y seguimiento del sistema educativo universitario.

Estas

funciones se desarrollan a través de programas operativos: la planificación y evaluación universitaria; la reconversión y jerarquización del personal docentes; el fortalecimiento de la investigación universitaria y la vinculación con el medio social y productivo de acreditación y promoción de posgrados y el crédito educativo y programación y gestión presupuestaria.” 10 La resolución 1618/93 crea los Consejos de Planificación Universitaria Regional , a los fines de coordinar a las universidades públicas y privadas con el Gobierno y el contexto regional y social; que tiene como funciones examinar ofertas de formación superior, analizar los requerimientos regionales de formación de recursos humamos terciarios y universitarios; identificar y coordinar actividades de investigación científica, transferencia de tecnología y extensión; analizar y sugerir políticas de T8 Decreto 503- Febrero 1993. 9 Para este apartado nos basamos en el artìculo “La Política Universitaria Implementada Por El Gobierno Nacional Posterior A La Sanción De La Ley Federal De Educación”; elaborado por María Catalina Nosiglia y Mónica Marquina publicado en “Recomposición Neoconservadora. Lugar afectado: La Universidad”. Norma Paviglianiti, María Catalina Nosiglia y Mónica Marquina. Miño Y Dàvila Editores- Instituto de Investigación en Ciencias de la Educación - UBA. Bs. As., marzo de 1996. 10 Paviglianiti, N.; Nosigilia, M.C. y Marquina, M. Ob. Cit.

Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales PLED-CCC Página 19

articulación entre los distintos niveles del sistema educativo. Se expsan a través de “recomandaciones” de mayoría y minoría, y se organizan por regiones. Se crea por los Decretos 506/93 y 1075/93 y la Resolución 1228/93 el Consejo Nacional de Educación Superior - dentro de la estructura orgánica del Ministerio de Cultura

y

Educaciòn,

que

tiene

como

obejtivo

asesorar

al

Ministro

enla

determinación de las orientaciones para el desarrollo de los “niveles de excelencia” (¿?) en la educación superior. El decreto 1075/93 desagrega y especifica la organización y las funciones de este nuevo organismo: estará integrado por personas destacadas en áreas científicas, académicas, culturales, productivas, designados por el Ministro del ramo. Se propone que aborde el análisis de la evaluación, acreditación y

habilitación académica y profesional; acceso a la

educación superior y articulación con la escuela media; análisis de la oferta educativa, de la ciencia y la tecnología; organización y gestión de las instituciones universitarias y el sistema de posgrados. Este Consejo se expide a través de dictámenes. Otra medida dispuesta fue la limitación a las universidades nacionales para la creación de nuevas sedes o unidades académicas (Decreto 2282/93). Mediante esta medida, para hacerlo deberán contar con autorización del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El Decreto 2330/93 pone un límite a la creación de universidades privadas, luego del “festival” de autorizaciones para nuevas instituciones privadas durante la gestión del ministro Salonia 11 , a pesar de lo cual continúa este proceso de expansión institucional fragmentado hasta la sanción de la Ley de Educación Superior.

11

Se crean: Universidad Maimónides (1990); Universidad San Andrés (1990); Universidad Adventista del Plata(1990); Universidad de Palermo (1990); Universidad Blas Pascal (1990); Universidad Austral (1990); Universidad Torcuato Di Tella (1991); Universidad de las Fraternidades y Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (1991); Universidad Champagnat (1991); Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales (1991); Instituto Universitario de Ciencias de la Salud Fundación Barceló (1992) ; Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas Fundación Favaloro (1992); Universidad del Centro Latinoamericano (1992), Universidad del Cine (1994); Universidad Hebrea Argentina Bar Ilan d(1994); Universidad Atlántica Argentina (1994); Universidad Cuenca del Plata (1994); Universidad de Flores (1994); Universidad del Congreso (1994); Instituto Universitario Macroeconomìa (1995) y Universidad Empresarial Siglo XXI (1995)

Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales PLED-CCC Página 20

Este mismo proceso expansivo se expresa en el ámbito político, al aprobarse la sanción de leyes que creaban universidades nacionales que fueron atadas más a decisiones político-clientelares que una evaluación racional para su instalación.

12

Modificaciones al régimen laboral Con el documento Bases para la discusión del Régimen Laboral Docente se intenta avanzar en el establecimiento de nuevas categorizaciones y

dedicaciones del

personal docente; se reforman las características de la carrera académica, el nomenclador salarial y el régimen de licencias. Por vía del decreto 1610/93 se establece un criterio de asignación de un “adicional mensual remunerativo no bonificable” aplicable a los cargos de profesores y auxiliares con dedicación semiexclusiva y simple. Igualmente, se establece un adicional para el sector no docente. Otra medida polìtica fue la creación del “Programa de incentivos a docentesinvestigadores”, mediante el decreto 2427/93 con el cual “se crea un sistema de incentivos a los docentes que se dedican a tareas de investigación, previa categorización por parte de las universidades respectivas.” 13 El decreto 529/94 determina la “incompatibilidad del ejercicio de la docencia universitaria con el desempeño de cargos o contratos de prestación de servicios en la Administración

Pública

Nacional,

Provincial

o

Municipal,

centralizada

o

descentralizada, entes autárquicos o empresas públicas y con el desempeño de cargos no docentes o docentes en una misma universidad o distintas universidades nacionales, privadas o provinciales, cuando la acumulación de los mismos no implique una dedicación superior a las cincuenta horas semanales.” 14 Esta medida es rechazada por varias universidades. Así, el Consejo Superior de la UBA decide por 12

Así se crea en 1988 la Universidad Nacional de Formosa; en 1989 las Universidades Nacionales de Quilmes y La Matanza; en 1992 las Universidades Nacionales de General Sarmiento y de General San Martín; en 1993 la Universidad de La Rioja, creada en 1972 como Universidad provincial, es convertida en Universidad Nacional; en 1994 se nacionaliza también la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y, finalmente, se crean en 1995 las Universidades Nacionales de Villa María, Tres de Febrero y Lanús. 13 Paviglianiti, N.; Nosigilia, M.C. y Marquina, M. Ob. Cit. 14 Paviglianiti, N.; Nosigilia, M.C. y Marquina, M. Ob. Cit.

Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales PLED-CCC Página 21

unanimidad no aplicar este decreto amparándose en la reforma constitucional de 1994 que reconoce explícitamente la autonomía universitaria. En el Proyecto de Ley de Presupuesto de 1995, se propone la descentralización salarial de las universidades nacionales: las casas de estudios estarían facultadas y obligadas a determinar su régimen personal y de adminstración de personal y representar a la parte empleadora en las negociaciones colectivas de trabajo. Estas particulares nociones de “autonomía” y “descentralización” no implican en los hechos otra cosa que el desplazamiento del eje del conflicto al interior de cada universidad. Las mismas autoridades que son democráticamente electas se convierten de gobierno en patronal ; con el previsible impacto en la dinámica y las relaciones entre los diversos actores universitarios. Esta medida debe analizarse a la luz de la imposición de mecanismos meritocráticos y diferenciadores como, por ejemplo, el programa de incentivos. Otra disposición muy cuestionada fue la responsabilización del rector y los restantes miembros del Consejo Superior con su patrimonio personal ante administración negligente o dolosa. Finalmente, se excluye esta propuesta. Modificaciones en el financiamiento y gestión económico-financiera El PEN remite al Congreso el Proyecto de Ley de Modificación del Régimen económicofinanciero de las Universidadse Nacionales, previamente a la remisión del Proyecto de Ley de Educación Superior. En el mismo se contempla la posibilidad de arancelar los estudios de grado de las Universidades nacionales; y la determinación de una suma global asignada al Ministerio de Educación y Cultura para ser distribuida entre las Universidades Nacionales , legitimando dicha propuesta en otorgar dichos montos en función de parámetros de calidad y eficiencia establecidos por el propio Ministerio en consulta con el CIN. Se privilegia a su vez el financiamiento proveniente de organismos multilaterales de crédito; decisión con enormes implicancias como tanto en la economía pública como

Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales PLED-CCC Página 22

en la propia vida de las universidades. Estas definiciones político-financieras serían fuertemente criticadas incluso por los monetaristas ortodoxos, quienes desaconsejan la utilización de fuentes no genuinas y la lógica de un endeudamiento incremental. Estas medidas refuerzan la dependencia de los organismos de financiamiento, quienes se atribuyen potestades que violentan principios históricamente reconocidos de la autonomía universitaria y de soberanía nacional. Los técnicos de los bancos son quienes aprueban desde los planes económicos de gobierno; hasta la dinámica interna de las universidades. Una mirada a la legislación vigente, a las noticias difundidas en los medios o a los documentos oficiales - miradas que exceden los lìmites de este trabajo - demuestran de modo transparente la citada subordinación de los organismos multilaterales de crédito. La crisis del Tequila empujó medidas de recorte fiscal, entre las que nos importa destacar la reducción de los montos de las partidas asignadas a educación por vía del decreto 2360/94: las partidas destinadas a la educación se ven disminuidas globalmente en 145 millones; y las universidades sufren una quita de 100 millones; decisión que, entre otras consecuencias, implica el incumplimiento del compromiso del financiamiento educativo dispuesto en la vigente Ley Federal de Educación. Modificaciones de orden académico La temática de “evaluación de la calidad ya había sido desarrollada por el Ministerio de Cultura y Educación a partir de la ejecución del Sub proyecto 06 del Banco Mundial en 1991. La metodología propuesta fue oportunamente criticada por un grupo de universidades públicas. En los convenios firmados, se acordaron las características de la evaluación interna y externa;

estando a cargo de las

universidades la elaboración de indicadores para la evaluación interna - que sería financiada por las propias instituciones universitarias; mientras que la externa sería financiada con fondos ministeriales.

Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales PLED-CCC Página 23

El Fondo Para El Mejoramiento de la Calidad Universitaria (FOMEC): un dispositivo para la reconfiguración competitiva y diversificada de la educación universitaria Merece especial tratamiento la implementación del FOMEC, deinido como “un instrumento creado por el Gobierno Nacional en dependencia de la Secretaría de Políticas Universitarias para estimular la transformación universitaria, tanto en el grado como en el posgrado.” 15 En síntesis, el Fomec es definido en los siguientes términos: “- un instrumento del Poder Ejecutiva Nacional, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Cultura y Edudcación; un componente , una parte del denominado Programa de Reforma de la Educación Superior (PRES), acordado con el Banco Mundial; Una forma operativa de recibir y gastar recursos provenientes del monto total destinado por ley presupuestaria a la educación superior, recursos que aumentarían el presupuesto a ejecutar directamente por o bajo control de la Secretaría de Políticas Universitarias.”

16

Esta implementación descubre una serie de interrogantes sobre las relaciones entre el Banco Mundial , el Gobierno Nacional y las políticas universitarias: desde dónde interviene el Banco Mundial, bajo qué diagnóstico se sustenta esta intervención; cómo se distribuirían los fondos; cómo se articula la provisión de dichos fondos y las propuestas con las políticas gubernamentales; como se articula dicha implementación con la autonomía universitaria, etc. La línea desarrollada por los organismos financieros podría resumirse en estos puntos:

15

Cano, Jorge. “El Fondo Para el Mejoramiento de la Calidad Universitaria (FOMEC). Una estrategia del Poder Ejecutivo Nacional y del Banco Mundial para la Reforma de la Educación Superior en la Aergentina”. CEPRU (Centro de Estudios Para la Reforma Universitaria)- Serie Universidad en Debate Nº 1. 16 Cano, D. Ob. Cit.

Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales PLED-CCC Página 24

“1. Promover la creación de mecanismos competitivos de asignación de recursos públicos entre instituciones de educación superior. 2. Promover el establecimiento de aranceles u otros pagos por parte de los estudiantes y sus familias y de otras formas de “costos compartidos” para financiar a la educación superior. 3. Promover la creación de instituciones privadas de educación superior y facilidades para el funcionamiento de las ya existentes. 4. Promver una versión peculiar y parcial de la noción de autonomía universitaria: la autonomía para seleccionar su alumnado, para competir por el acceso a recursos financieros y para pagar remuenraciones diferenciales a los profesores e investigadores. 5. Promover la creación de organismos centrales de evaluación y monitoreo de la educación superior en los aspectos de docencia e investigación. “Es decir, coherentemente con su política global, fijada por las ‘mayorías accionarias’ ,

el Banco propone aplicar a la educación superior argentina y

latinoamericana los principios de librecompetencia económica (y social) entre instituciones e individuos, fijando al Estado un papel evaluador y monitor para garantizar la ‘transparencia’ de dicha competencia.”

17

El diagnóstico 18 que mencionan los Organismos Financieros Internacionales incluyen como problemas más relevantes: problemas institucionales de la gestión sectorial cuestiones de eficiencia, y cuestiones de calidad

17

Cano, D. Ob. Cit. Suele señalarse en diversas fuentes epistemológicas que la pregunta suele ser más importante que la respuesta; y que la formulación de los problemas expresan - por tanto - valores, cosmovisiones y proyectos no siempre explicitados. Parece, ciertamente, fundado, el hecho de que la perspectiva de los financistas tenga un sesgo francamente gerencial y controlador a expensas de la lógica, la historia y la opinión de los actores que diariamente construyen la institución universitaria. 18

Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales PLED-CCC Página 25

Habría por tanto una debilidad del Poder Ejecutivo; estaríamos en ausencia de infromación confiable, hecho que entorpece la capacidad de planificación y gestión; y habría ausencia de mecanismos y procesos de acreditación y evaluación de las instituciones y programas de educación superior. Consistentemente con el poder que exige para la instancia ministerial, la perspectiva bancaria incluye un fortalecimiento de las partidas presupuestarias a las instancias de control centrales ; de modo de otorgar poder para otorgar premios y castigos de acuerdo a los desempeños institucionales. Una de las causas por las cuales las instituciones universitarias son ineficientes es porque: “En la mayoría de las universidades los mecanismos de gobierno y gestión carecen de flexibilidad y de la capacidad para ser eficientes y adptarse a un entorno cambiante. Por una parte, la toma de decisiones en el Consejo Superior de la Universidad

está

altamente

politizada

y

decisiones

de

gestión

claves

son

frecuentemente desbaratadas por grupos de interés o posiciones ideológicas. En esta atmósfera a menudo de confrontación, los estudiantes que pueden obtener la mayoría de los votos, son muchas veces más fuertes. Por otra parte, muchas universidades carecen de herramientas administrativas suficientes y del personal calificado para producir información oportuna y adecuada a fin de tornar más transparente el proceso de gestión. En general, no existen objetivos claros, ni planes de

desarrollo,

ni

asignación

analítica

de

recursos

entre

los

diferentes

departamentos, ni mediciones de calidad y eficiencia.” 19 Como bien señala Daniel Cano - que caracteriza estas opiniones como de ingerencia en los asuntos internos de un país- el diagnóstico sugerido a la despolitización de los órganos de gobierno universitario (como si se tratara de una empresa que compite en el mercado, donde todo objetivo que contradiga los centrales de rentabilidad, eficiencia, eficacia y calidad son vistos como obstáculos a remover); la reducción de la participación estudiantil en los órganos de gobierno;

la

profesionalización de las funciones de gestión y gobierno universitario a través de la formación de una capa tecnoburocrática de funcionarios de alto rango. 19

Cano, D. Ob. Cit.

Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales PLED-CCC Página 26

En relación a los problemas de eficiencia interna, los técnicos bancarios observan como causales el acceso abierto y el bajo costo de los estudios universitarios; una excesiva rigidiez y el diseño uniforme de los cursos de grado

20 ;

los métodos de

enseñanza son afectados por la insuficiencia de recursos complementarios (bibliotecas, computadoras, etc.); hay escasos constreñimientos financieros o académicos para quienes toman una carga liviana de cursos cada año. Este visión es un tanto maniquea y la salida más bien autoritaria. Hecho que no implica, debemos agregar, que algunas de estas observaciones sean efectivamente así. El problema sigue siendo, entonces, quién , desde que perspectiva y para qué se formula el diagnóstico, los problemas y las estrategias de resolución de dichos problemas. En cuanto a la calidad , se señalan déficits en la composición y calificación del cuerpo docente; en la carencia de recursos físicos para el aprendizaje; y ausencia de adecuados

estímulos

para

la

competencia

interuniversitaria.

Se

reconoce,

expresamente, el bajo nivel salarial docente. La implementación del FOMEC implica tanto el diseño, implementación, control y evaluación sustantivos de la política universitaria por parte

del Banco Mundial

como la reconfiguración de la dinámica universitaria en un sentido diversificado y competitivo. Como puede apreciarse, las modificaciones implementadas con la sanción de la Ley de Educación Superior han sido precedidas de propuestas orientadas en una misma dirección mercantilista, competitiva, y subordinada triplemente a la lógica del capital: porque la induce (por “asfixia presupuestaria”) a adoptar estrategias de subordinación

a

las

demandas

del

aparato

productivo

(eufemismo

por

“empresariado vernáculo”); a resolver por via del endeudamiento propio así como la imposición de mercanismos mercantiles - y de acuerdo a los criterios externos a la

20

Esta perspectiva entra en colisión con el documento presentado por el Banco Mundial para el Encuentro de Educación Superior organizado por UNICEF en París, 1998, en el cual - contradictoriamente a este análisis - sugiere la estandarización de las instituciones , los procesos y los productos para poder generar evaluaciones estandarizadas. En rigor, esta contradicción expresa una fisura en las concepciones ideológicas y teóricas de la economía neoclásica, que promueve a la vez la máxima diversificación y la máxima homogeneidad de las mercancías. Ver en conclusiones.

Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales PLED-CCC Página 27

lógica

universitaria

-

el

financiamiento

institucional

(venta

de

servicios,

arancelamiento, etc.) ; y a adoptar criterios organizativos internos empresariales. La direccionalidad impuesta a la Ley de Educación Superior ha expresado la continuidad de estas políticas, como veremos a continuación. SECCIÓN

TERCERA:

ALGUNAS

CONSIDERACIONES

SOBRE

LA

LEY

DE

EDUCACIÓN SUPERIOR Entre los aspectos sobresalientes de la Ley de Educación Superior, que regula la educación superior sancionada el 20 de julio de 1995 tiene como notas distintivas: a. Fue hecha sin un debate ni un estudio serio y necesario; sin la consulta a la comunidad universitaria y contra los intereses de la comunidad universitaria que se expresó masivamente contra la norma aprobada (tanto en el ámbito de las movilizaciones callejeras como en el ámbito de la justicia, donde se presentaron numerosos recursos de amparo). b. Fue hecha a contramano de la historia y la tradición universitaria argentina especialmente el legado del movimiento reformista de 1918 - en consonancia con los

requerimientos

mercantilistas

del

Banco

Mundial,

nuestro

auditor

internacional en materia de definición, implementación y evaluación de las políticas sociales. (Ver anexo) c. Su redacción expresa flagrantes contradicciones que pretenden conciliar los reclamos de los defensores y los detractores de la Universidad Pública, con saldo final que favorece la mercantilización de la educación, el quiebre del co-gobierno y la liquidación de la autonomía en todos sus niveles.

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Análisis del articulado La norma legisla para todo el sistema de educación superior, e incluye en el artículo 1º - poniendo aquí en un pie de igualdad que luego será desmentido en artículos posteriores - al sector público y privado. Previsiblemente como efecto de los debates parlamentarios, el artículo 2º señala que “al Estado le cabe la responsabilidad indelegable en la prestación del servicio de carácter público, reconoce y garantiza el derecho a cumplir con ese nivel de la enseñanza y garantiza el derecho a cumplir con ese nivel de la enseñanza a todos aquellos que quieran hacerlo y que cuenten con la formación y la capacidad adquirida”. Esta formulación será contradicha luego con la “sugerencia” de arancelar la universidad pública. De todas formas, este artículo es un recurso que debería esgrimirse contra otras disposiciones de esta misma norma. 21 Un Modelo Diversificado Y Competitivo En su artículo 4º, donde constan los objetivos de la educación superior, aparecen naturalmente contradicciones. Así, en su inciso a) indica la misión de “Formar científicos, profesionales y técnicos, que se caractericen por la solidez de su formación y

por su compromiso con la sociedad de la que forman parte”,

complementado en el e) al requerir “profundizar los procesos de democratización en la Educación Superior, contribuir a la distribución equitativa del conocimiento y asegurar la igualdad de oportunidades”. Aquí merecería agregarse que la “distribución equitativa del conocimiento” podría en cierto punto contradecir la propuesta de democratización, pues en el idioma de los Organismos financieros internacionales la equidad implica “darle a cada uno lo que le corresponde” generando potenciales brechas en la apropiación de los recursos y reforzando desde un discurso autolegitimante - los niveles crecientes de desigualdad. En su 21

Parece una modalidad de esta norma el formular aseveraciones en un artículo que luego son desvirtuadas, recortadas o lisa y llanamente suprimidas, como ocurre palmariamente con el concepto de “autonomía”.

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inciso e) ordena “garantizar crecientes niveles de calidad y excelencia en todas las opciones institucionales del sistema”. El hecho de que permanezcan indefinidos los conceptos de “calidad” y “excelencia”, términos que integran el código lingüístico empresarial - hace difícil su verificación. Por otra parte, tal formulación debería relacionarse con otros dos incisos: el f) “articular la oferta educativa de los diferentes tipos de instituciones que la integran” y el g) “promover una adecuada diversificación de los estudios de nivel superior, que atienda tanto a las expectativas y demandas de la población como a los requerimientos del sistema cultural y de la estructura productiva”. En otras palabras, y en consonancia con documentos emitidos por el Banco Mundial, se trata de avanzar en un sistema diferenciador y competitivo que, al modo de un mercado, genere las “ofertas” que van a ser adquiridas por los consumidores. En una misma dirección propone en su inciso i) “incrementar y diversificar las oportunidades de actualización, perfeccionamiento y reconversión para los integrantes del sistema y para sus egresados.” Las

Universidades

conocimiento”,

y

serían también

reconvertidas hay

como

indicaciones

verdaderas

expresas

“empresas

hacia

el

del

gobierno,

administración y gestión de la institución al referir en su inciso h) “propender a un aprovechamiento integral de los recursos humanos y materiales asignados”. Es preciso adelantar que no se trata de negar la necesidad de cuidar los recursos existentes, sino de tener muy claro que este objetivo no puede ser un fin en si mismo, sino un medio para asegurar que se cumpla el sentido y las metas de la institución universitaria.

El artículo 6º, reforzando una concepción diferenciada y competitiva, propone “una estructura organizativa abierta y flexible”. En cuanto al artículo 13, abre la posibilidad de que los estudiantes obtengan “becas, créditos y otras formas de apoyo económico y social”, lo cual no sólo anticipa ya el arancel del grado, sino la imposición de mecanismos mercantiles que se refuerzan

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en el inciso d) donde se propone recibir información para el adecuado uso de la oferta de servicios de educación superior. Así planteado, la educación superior se convierte entonces en una mercancía, cuya “calidad” merece ser “informada” al “consumidor” que de tal manera comprará y venderá la que mejor quiera o pueda. En cuanto al a Educación Superior No Universitaria, en su artículo 15º atribuye la responsabilidad jurisdiccional a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires por la misma. Es grave, en principio, dejar librada a cada jurisdicción la formación docente porque esta forma fragmentará aún más al conjunto del sistema, que reproducirá las desigualdades (que no las legítimas diferencias) que se verifican de manera creciente entre las jurisdicciones y al interior de las jurisdicciones. En todo caso, habría que disponer las medidas para lograr la participación de todos los actores (jurisdicciones, docentes, sindicatos, estudiantes, padres, etc) en la definición de la formación docente; de manera de articular democracia e igualdad. Introducen también en este artículo la lógica mercantil al pautar la estructuración de “los estudios sobre la base de una organización curricular flexible y facilitar a sus egresados una salida laboral” (inc. a); “articular las carreras afines estableciendo en lo posible núcleos básicos comunes y regímenes flexibles de equivalencia y reconversión” ( inc. b) y “Prever como parte de la formación la realización de residencias programadas , sistemas de alternancias u otras formas de prácticas supervisadas, que podrán desarrollarse en las mismas instituciones o en entidades o empresas públicas y privadas” (inc. c) La idea de avanzar en la fragmentación del sistema se opera por vía de la “autonomía institucional” para los institutos de formación docente, una idea valiosa “en abstracto” pero francamente regresiva en una sociedad dividida y desigual como la nuestra. Así en su inciso d) propone “ampliar gradualmente el margen de autonomía de gestión de las instituciones respectivas”. Contradiciendo la direccionalidad de lo planteado hasta aquí, aparece la indicación de “establecer mecanismos de cooperación interinstitucional y de recíproca asistencia técnica y académica.”

Luego induce la realización de modalidades

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regulares y sistemáticas de evaluación institucional (inc. g). El artículo 25 desarrolla el tema de la evaluación institucional En su artículo 16º, por su parte, introduce la lógica de financiamiento por proyecto al indicar que “El Estado nacional podrá indicar programas de educación superior no universitaria, que se caractericen por la singularidad de su oferta, por su sobresaliente nivel de excelencia, por su carácter experimental y/o por su incidencia local o regional”. En el marco de una tendencia histórica al desfinanciamiento del sistema educativo en su conjunto, debe captarse la gravedad de este modo de asignación de recursos. Si tal modalidad es generalizada (y aunque así no sea), habrá que preguntarse por quien, bajo qué criterios, de qué modos serán determinada la “calidad” y “excelencia” del proyecto. En relación a la educación entendida como derecho, el art. 59 violenta este principio al incluir la posibilidad de arancelar el grado. Un Modelo De Ajuste Estructural Y Flexibilización Docente Las políticas de ajuste estructural y de “flexibilización” (léase “precarización”) del trabajo docente, se pueden analizar en distintos artículos de la ley: en su artículo 20 sostiene que “la estabilidad estará sujeta a un régimen de evaluación y control de la gestión docente, y cuando sea el caso, a los requerimientos y características de las carreras flexibles y a término”. Universidades: Qué Autonomía Y Que Cogobierno En su artículo 26 incluye

a todas las universidades (públicas y privadas) en el

Sistema Universitario Nacional. Comienza señalando que las Universidades tendrán “autonomía académica e institucional” que incluye el dictado y reforma de los estatutos ... que “serán

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comunicados al Ministerio de Educación” (art. 29º) (...) que verificará “su adecuación a la presente ley” (art. 34) y que podrán ser observados y denunciados a la Cámara Federal de Apelaciones. En el inciso b) del artículo 29 indica que la Universidad podrá “Definir sus órganos de gobierno, establecer sus funciones, decidir su integración y elegir sus autoridades de acuerdo a lo que prescribe la presente ley.” ¿Y qué prescribe a este respecto la ley? En su artículo 52 propone la existencia de órganos tanto “colegiados” - que tendrán la función de normativas generales, de definición de políticas y de control de sus respectivos ámbitos; como “unipersonales” que tendrán funciones ejecutivas. Tal esquema, es oportuno señalarlo aquí , rompe la concepción de go-gobierno como ámbito

democrático

,

colectivo

y

colegiado

para

la

toma

de

decisiones,

implementación y evaluación en el seno de las instituciones universitarias. En su artículo 53 pone condiciones a la composición del co-gobierno, que deberá contar con al menos un 50% de docentes. 22 En este mismo artículo exige las condiciones de integración del claustro estudiantil (30% materias aprobadas). En el artículo 50, exige hasta la cantidad de materias anuales que los alumnos deben aprobar (cayendo en un hiperreglamentarismo). En la última parte de este artículo , asigna a las facultades - para universidades con más de 50.000 estudiantes resolver sobre la admisión, permanencia y promoción de estudiantes; hecho que implica el desconocimiento de las atribuciones de la Universidad para definir estas cuestiones, y que de hecho implica una intromisión en el conflicto entre el rectorado de la UBA y el ex decano de Medicina. En relación a este último punto, en el artículo 29 inciso j) había establecido como atribución de la universidad la admisión, permanencia y promoción de los estudiantes, entrando en conflicto entonces con lo mencionado en el posterior artículo 50.

22

Es notable el contraste con la propuesta de los reformistas del 18, quienes sostenían la necesidad de un cogobierno en partes iguales para evitar que cualquier claustro tuviera la posibilidad de inducir medidas en función de sus intereses particulares. Distintos pensadores han señalado las tendencias corporativas del claustro docente, y la necesidad de ponerle límites a la defensa de sus intereses en detrimento de la enseñanza. Desde la “derecha”, otorgando potestades al Poder Ejecutivo; desde la “izquierda”, exigiendo igual participación a todas las partes en la definición de la “cosa pública universitaria”, llamando a una verdadera “república universitaria”.

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En cuanto a la participación de los graduados, en el mismo artículo, sostiene como condición que no tengan relación de dependencia de la facultad. En el art. 54 pone la duración de las funciones del rector o presidente. Este es un tema ciertamente delicado, por cuanto la idea original de incluir a graduados en el gobierno estaba asociada a vincular la formación a la evolución de cada disciplina en sus campos concretos de desarrollo. Es menester revisar por qué vías se constituye un cogobierno que establezca adecuadas relaciones de la institución con el medio social; privilegiando aquellos actores que permitan una permanente actualización de las disciplinas, como los sectores sociales que deben ser beneficiarios de las funciones de extensión universitaria (y con esto nos referimos a los sectores mayoritarios de nuestro pueblo, y no a la incierta categoría de “los requerimientos productivos”). La autonomía académica es liquidada con los artículos 42 y 43 de la ley. En el primer caso, se trata de que el ministerio se atribuye la potestad de fijar la carga horaria mínima. Y, en el siguiente artículo, señala que “Cuando se trate de títulos correspondientes a profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes, requerirá que se respeten, además de la carga horaria a que hace referencia el artículo anterior, (...) los contenidos curriculares básicos y los criterios sobre intensidad de la información práctica que establezca el Ministerio de Educación, en acuerdo con el Consejo de Universidades”. Las carreras deberían ser acreditadas por la CONEAU o por entidades privadas autorizadas. La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, fue creada a los fines de coordinar la evaluación externa, la acreditación del “proyecto institucional” así como las carreras de grado. (art. 46). La composición de este organismo de 12 miembros otorga siete al poder político: uno del Ministerio y seis a propuesta del Congreso Nacional. Esto marca a las claras un fuerte mecanismo de regulación de la vida de las universidades. Al mismo tiempo, incluye la posibilidad de pingües negocios al habilitar para a “entidades privadas constituidas para ese fin” (evaluación externa) en su artículo 44.

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Otra forma de recorte de la autonomía es la cuestión del financiamiento , en donde se reintroducen mecanismos de mercado: la distribución del aporte del Estado se efectuará teniendo “especialmente en cuenta indicadores de eficiencia y equidad”. 23 A

diferencia

de

otras

cuestiones

que

aparecen

recentralizadas

(como

el

financiamiento y la evaluación), esta ley descentraliza cuestiones ciertamente conflictivas: en el inciso b) del art. 59 le da a las universidades la atribución de fijar su régimen salarial y su administración de personal. Es casi una obviedad destacar dos consecuencias de esta decisión: el desplazamiento del conflicto al ámbito de cada universidad; y la posibilidad de fragmentar los salarios docentes. Pública No Es Igual Que Privada A las universidades públicas se le exige, con buen criterio, “convivencia pluralista de corrientes”. Sin embargo, en el mismo artículo 33 establece para las universidades privadas que “dicho pluralismo se entenderá en un contexto de respeto a las cosmovisiones y valores expresamente aclarados en sus estatutos.” La diferencia es clara: a la privada se le exige sólo coherencia con sus estatutos fundacionales o sus valores (algo que, por cierto, está bien lejos del pluralismo). En el artículo 66 se prevé la posibilidad de “apoyo económico para el desarrollo de proyectos de investigación que se generen en las mismas, sujeto ello a los mecanismos de evaluación y a los criterios de elegibilidad que rijan para todo el sistema”. Estos aspectos mencionados hasta aquí configuran algunas de las críticas centrales a la letra de una ley que ha consumado una normativa

23

Es posible que tengan particulares mecanismos de evaluación al asignar de ese fondo casi el 50% en el año 1996 a la Universidad de La Rioja, entre todas las universidades públicas...

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CUARTA SECCIÓN: UNA AGENDA PENDIENTE PARA EL PENSAMIENTO CRÌTICO Y DEMOCRATIZADOR Para nuestra preocupación, y como desafío, aparece

la reconfiguración de la

institución universitaria en consonancia con las modificaciones inducidas por las políticas de la Nueva Derecha. Las resistencias internas han logrado retrasar el proceso, y es posible que pueda revertirse en cierto sentido esta tendencia por su desprestigio en el ámbito nacional y mundial. Pero se ha avanzado decididamente en la conformación de un sistema diversificado y competitivo. Es preciso comenzar a debatir aspectos relevante que hoy aparecen explícitos en los discursos del poder: una universidad subordinada a los requerimientos de las empresas y configurada internamente por los paradigmas empresariales. Lo notable - y nos preguntamos si esta es

la única respuesta posible al avance

avasallador del modelo impulsado por los organismos financieros internacionales es el nivel de fragmentación

organizativa, la ausencia de ámbitos colectivos de

debate y construcción de alternativos; el vaciamiento de la actividad institucional universitaria , sostenida centralmente por una inercia burocrática e incapaz de impulsar acciones para dar respuestas al modelo empresarial que se impulsa desde todos los poderes hegemónicos de la cultura, de la economía y del Estado. En torno a la Agenda Neoconservadora Los organismos de financiamiento y el poder polìtico han avanzado exitosamente en la reconversión de las instituciones universitarias; a partir de una agenda que quisiéramos analizar y debatir desde las antípodas como aporte a una propuesta democratizadora en el ámbito universitario. 1) El

supuesto

según

el

cual

la

Universidad

debe

subordinarse

requerimientos del aparato productivo.

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a

los

2) El supuesto según el cual la Universidad debe reorganizarse como una empresa según cánones tayolristas- fordistas. 3) El supuesto según el cual la educación es una mercancía y debe, por tanto, privilegiarse una “evaluación externa” basada en el desempeño de satisfacción al cliente. 4) El supuesto según el cual el docente e investigador universitario debe ser tratado como un asalariado de una empresa taylorista-fordista. 1) El supuesto según el cual la Universidad debe subordinarse a los requerimientos del aparato productivo. Los documentos de los organismos financieros internacionales; y las polìticas universitarias inducidas en casi todo el mundo, machacan sostenidamente sobre la necesidad subordinar la producción del conocimiento a los requerimientos del aparato productivo. En rigor, si bien siempre los sistemas educativos han sido funcionales a los requerimientos de la acumulación capitalista; siempre han regsitrado contradicciones entre las funciones siempre coexistentes que apuntalan tanto la acumulación de capital como la legitimación de las instituciones del Estado capitalista; y el sistema educativo ha sido particularmente paradigmático de esta tensión. La lucha de múltiples proyectos ideológicos ha permitido instaurar como sentido común, durante la vigencia del extinto Estado benefactor en sus distintas variantes, la noción de educación como derecho de ciudadanía sustraído a las imposiciones de la lógica capitalista. Aunque la realidad ha demostrado concretamente las funciones reproductivas del sistema educativo (muy funcional a través de diversos dispositivos de asignar “legítimamente” funciones específicas a segmentos sociales predeterminados; siendo los hijos de trabajadores manuales en su mayoría trabajadores manuales y transmitiendo - con algunas excepciones significativas - la herencia social, ahora convalidada por la ímproba tarea de selección de la educación pública y privada); también se han registrado quiebres sustantivos. Y esto se ha registrado de varias

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maneras: por la producción de profesionales por encima de las necesidades del mercado; por la circulación de ideologías , teorías y acciones francamente contrahegemónicas; por la articulación en la políticas concretas con actores sociales comprometidos con un modelo social anticapitalista; etc. Como sea, a partir del embate neoliberal se ha difundido un nuevo sentido común tendiente a concebir las prácticas humanas como un gran mercado donde todo se compra y se vende; y donde cada uno es “artífice de su propio destino” en un espacio libre y voluntario de intercambio entre paretianos oferentes y demandantes. La Universidad, consistentemente con esta concepción, ha sido señalada como una institución cuyo norte debe ser elevar la competitividad de las empresas: todo el conocimiento debe tensarse (pensarse, crearse, producirse, difundirse) para aportar al crecimiento económico que debe leerse, en última instancia , como incremento de la tasa de ganancia. Nos preguntaremos aquí

sencillamente entonces tanto sobre las exigencias

explícitas como sobre los aspectos no dichos de la concepción mercantilista dominante. Así, parece oportuno preguntarse si tal dirección sugerida a la Universidad

no

implica - retomando la lógica del capital - un subsidio directo a funciones que ha desarrollado históricamente el Departamento de Organización y Método de las empresas - especialmente de las que hoy se consideran en condiciones de “competir” en el extenso mercado mundial. Lo que esta exigencia pone de relieve, en una lectura centralmente económica, es que las energías de la institución pública universitaria sean dirigidas a los requerimientos de la ganancia empresarial. Dado que la apropiación de los beneficios son privados, estamos en presencia de una estrategia indisimulada de subordinación lisa y llana a los intereses del capital; hecho que no debe oscurecer la dimensión ética, tanto por comisión como por omisión. Esto es: no sólo la universidad crearía conocimientos útiles para el incremento de la ganancia , sino que lo hace para una producción que desconoce y cuya finalidad es enajenada a la opinión de los actores universitarios. ¿Cómo saber

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si un determinado conocimiento es aplicado a la producción de armas u otros negocios que contrarían los principios más elementales de humanidad? En un sentido complementario, es menester preguntarse qué cosas no se hacen cuando se privilegia la aplicación del conocimiento a la elevación de la productividad empresarial. El concepto tradicional e histórico de “extensión universitaria” asociaba la tarea de la universidad a la cobertura de algunas necesidades de los sectores populares. En las políticas actuales, la universidad para la empresa redefine el término “extensión”, y sus prácticas correlativas. Si agregamos a esto la vigencia de un sistema tributario fundado en los impuestos indirectos; la tendencia neoliberal implicaría que el esfuerzo social sería dirigido a solventar recursos para elevar la rentabilidad de las empresas. El viejo lema de “privatizar las ganancias y socializar las pérdidas” tiene, en esta propuesta, una expresión concreta y acabada. 2) El supuesto según el cual la Universidad debe reorganizarse como una empresa según cánones tayolristas- fordistas. Las justificaciones para liquidar el co-gobierno están fundadas en razones de “calidad” y “eficiencia”; hecho que no oculta - antes bien, todo lo contrario - su analogía expresa con un modelo empresarial que reconoce su origen en el taylolrismo y el fordismo. En la práctica está subyaciente esta idea: el conocimiento es una mercancía que se produce, se compra, se vende, se administra. Si esto es así, cualquier obstáculo a esta

producción,

distribución,

transmisión,

compra

venta

o

locación

del

conocimiento es equivalente a la pérdida de competitividad; y por tanto, la “ventaja comparativa” de la institución universitaria se ve devaluada por dinámicas obstruccionistas como el debate, la búsqueda de acuerdos verdaderos y otras consideraciones inconducentes al fin propuesto. El “demos” universitario se convierte , en esta perspectiva, en un inhibidor de aquellas dinámicas que elevan la productividad y por tanto merece ser removido.

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La lógica de construcción del conocimiento, por analogía a la producción fabril, es concebida como una actividad sujeta a ritmos, controles, resultados determinados que se inducen a través de mecanismos concretos. Hacia el interior , la organización universitaria debiera estructurarse así en mecanismos similares al Taller, en su versión más simple: con autoridades y mecanismos de control de la producción en puestos individuales (el investigador, el docente). Una dinámica de papers y documentos que operan como dispositivos de control reemplazan tanto la meditación fecunda como el debate colectivo. La misión de la Universidad, por tanto, se desarrolla armoniosamente como institución proveedora de conocimientos para el aparato productivo a efectos de elevar la productividad. Sin embargo, los científicos sociales que investigan el mundo del trabajo; y los propios empresarios han elaborado modelos superadores de la empresa fordista (no por ello menos alienantes o amenazadores, como ocurre con el idealizado “toyotismo”, impuesto sobre la base del terror combinado con prerrogativas para un grupo privilegiado de trabajadores). Nos importa entonces contestar a esta propuesta que la lógica que rige la producción del conocimiento, y su difusión, no puede ser menos funcional al capitalismo que adquiriendo las características de una mercancía. En efecto, la imposición de ritmos y plazos externos desestimula la producción intelectual, la burocratiza: el docente se convierte en un generador de “papers” en lugar de un constructor creativo de conocimiento. Dicho esto desde la perspectiva del interés del capital; es menester agregar que en nuestra persectiva crìtica y democratizadora; entendemos que la Universidad portadora de una historia y de una misión que no pueden ser arrasadas por decreto - debe reconstruirse a partir de su carácter de generadora, difusora y aplicadora de conocimientos que den respuestas no solo ni fundamentalmente (aunque también) a los requerimientos de las empresas; sino capaz de contribuir al desarrollo social y al mejoramiento de las condiciones de vida de todos los miembros de la sociedad.

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3) El supuesto según el cual la educación es una mercancía y debe, por tanto, privilegiarse una “evaluación externa” basada en el desempeño de satisfacción al cliente. La educación concebida como mercancía tiene efectos directos en el diseño de las políticas educativas, como veremos. Es preciso sugerir que el punto de partida de esta concepción mercantil parte de la “utopía” (de derechas, pero utopía al fin) de los mercados de competencia perfecta. Tal noción hacia la cual debe tender la acción humana, si bien imposible de plasmar en la realidad, tiene los siguientes supuestos. 1. Multiplicidad de oferentes y demandantes. 2. Nadie puede por su propia voluntad fijar los precios; sino que el precio es producto del intercambio de la oferta y la demanda. 3. La calidad de los productos es homogénea. 4. Hay información completa para que el consumidor elija “libremente” su participación en el mercado. Dichos supuestos se expresan en algunos principios que han sido enunciados por los organismos financieros internacionales o sus intelectuales orgánicos: Se receta la diversificación creciente de la oferta, de modo de crear múltiples opciones donde el comprador tenga mayores capacidades de opción. Se propone homogeneizar el servicio y el producto (instituciones y currícula - ver anexo en Modelo Empresarial) de modo de responder al tercer supuesto de la competencia perfecta; esto es, lograr calidad homogénea. Se induce una evaluación externa de rendimientos , de modo de definir por esta vía la generación de la “demanda” y de la “oferta” y privilegiando esta dinámica mercantil como forma de asignación de recursos. La evaluación externa, por tanto, es concebida como un instrumento destinado a medir la “satisfacción del cliente”; o “el rendimiento de la inversión” pero es

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difícilmente aplicable a la “cuantificación en la producción del conocimiento”, su sistematización, su enseñanza y su transferencia a actores extra institucionales. Lo que aquí se produce, por tanto, - en consonancia con la mercantilización de la misión universitaria - es una invasión de lógicas extrañas a la dinámica universitaria en la producción del conocimiento. En otra palabras, se evalúa en términos de mercado una actividad que es extraña a las dinámicas de mercado. Tal forma de evaluación ( y, por tanto, de actividad universitaria) carece de validez (pues mide cosas distintas de las que exige una actividad vinculada a la producción del conocimiento) y confiabilidad (pues sus instrumentos tampoco dan cuenta de los procesos significativos de la actividad universitaria). 4) El supuesto según el cual el docente e investigador universitario debe ser tratado como un asalariado de una empresa taylorista-fordista. Un último elemento que aquí quisiéramos resaltar está vinculado a la idea de que el trabajador

docente

universitario

es

equiparable

-

como

una

estandarizada - a otra mano de obra que responde a estímulos castigos;

y

cuyo

desempeño

debe

medirse

en

términos

mercancía

como premios y

cuantititativos

de

productividad. Los dispositivos tendientes a agudizar la competencia y a generar “productos” sistemáticos (informes, papers, proyectos) han mutado significativamente la vida del docente universitario, quién ve gravemente recortada su autonomía profesional; agudizada su crisis económica; sometida su labor a ritmos acelerados para la presentación de documentos que implican formas de control externo y que tienen un impacto directo en sus condiciones de trabajo para producir conocimiento útil a la sociedad. La cuya relevancia y pertinencia de esta dinámica, para los fines de una universidad democrática y científica, están por demás a demostrarse. Las evidencias, por el contrario, apuntan en otro sentido: los docentes entran en una vertiginosa actividad de producción de papers, en una exigencia externa de capacitación cuya utilidad tampoco está clara. En rigor, se instala una dinámica de relaciones que , desde la coacción ejercida por vía de la presión salarial para la entrega de diversos documentos, convierten al docente en esclavo de las nuevas

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exigencias externas obstaculizaoras de condiciones adecuadas para el tratamiento (producción, organización, sistematización del conocimiento) y obturan otros desarrollos más profundos , individuales y colectivos. 24 Conclusiones Quienes defendemos una universidad científica , popular, democrática, autónoma y co-gobernada nos hemos quedado sin proyecto, sin discurso y a la defensiva anclados en un pasado que es francamente inviable. Las tendencias registradas en los últimos años requieren análisis reflexivo, el debate y compromiso colectivo (elementos que, hasta ahora, parecen ausentes en las instituciones universitarias excepto para pequeñas cuestiones de poder) . Estamos en presencia de incremento significativo de la matrícula; expansión anárquica del “archipiélago” institucional en un mercado que , en conjunto, presenta un funcionamiento irracional (aún, desde luego, desde la perspectiva mercantilista); el deterioro de las condiciones laborales docentes y , lo que es más grave , la ausencia de un proyecto político institucional que otorgue un sentido distinto al eficientismo empresarial o la rentabilidad de la Universidad. En nombre del realismo se han suprimido todas los proyectos de una Universidad democrática, científica, abierta al pueblo y capaz de dar respuesta a los requerimientos del conocimiento para un desarrollo cultural , económico y social compatibles con los derechos de las mayorías sociales. Es menester construir otras respuestas, y esto sólo será posible desde un trabajo colectivo. La cultura menemista de la urgencia - que instala una dinámica de “presente perpetuo”- y de las prebendas y el clientelismo se vienen imponiendo en las universidades públicas frente al deterioro sistemático de las condiciones laborales docentes; de la degradación de la democracia universitaria; de la incapacidad de la institución de dar respuesta a los requerimientos y necesidades de la sociedad que la sostiene (y particularmente los sectores populares).

24

Algunos docentes postulan que Emanuel Kant o Federico Hegel, hubiesen sido excluidos de la universidad argentina por la lentitud de sus producciones.

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Hay quienes, con un trabajo silencioso e individual, intentan construir espacios alternativos para generar propuestas serias para la formación de intelectuales, para la

producción

de

conocimiento.

Sin

embargo

,

se

ven

permanentemente

obstaculizados por la batería de dispositivos controladores e inhibidores de un trabajo serio y profundo implementados desde la implantación de las políticas neoconservadoras. Quienes, sin embargo, sostenemos el “pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad” apostamos a la construcción de una alternativa que será social, política, económica y educativa.

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